Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00993-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00993-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-00993-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00993-01 (0774-2025)
Demandante: Noridia Álvarez Rendón
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Condena en costas. Análisis de la temeridad y mala fe
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Noridia Álvarez Rendón presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto administrativo ficto generado frente a la petición del
23 de julio de 2019, por medio de la cual le fue negado el reconocimiento de la
pensión de jubilación «a los 55 años de edad […] equivalente al 75% de los salarios y las
primas recibidas, anteriores al cumplimiento del [e]status jurídico de pensionada».
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación «equivalente al 75%
de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de
pensionado (a), es decir a partir de 15 de marzo de 2014»[sic]; ii) el cumplimiento del
fallo de acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) el reajuste de las sumas
adeudadas; iv) el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2020-00993-01 (0774-2025)
Demandante: Noridia Álvarez Rendón
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Noridia Álvarez Rendón nació el 15 de marzo de 1959, por lo que contaba con
más de 55 años de edad.
3.2. Entre el 4 de diciembre de 1979 y el 30 de abril de 2006 prestó sus servicios
como empleada pública.
3.3. El 14 de julio de 2006 se vinculó como docente oficial, empleo que se encontraba
desempeñando en la fecha de presentación de la demanda.
3.4. Una vez cumplió 55 años de edad y 20 de servicio oficial, solicitó el
reconocimiento de una pensión de jubilación ordinaria, a partir del 15 de marzo de
2015, fecha en la que adquirió el estatus de pensionada. Petición frente a la cual se
configuró silencio administrativo negativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003 y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional; esto es, que «para los servidores públicos
docentes vinculados después de 1990, se UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES, con el resto de empleados públicos del orden nacional».
5.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el « [e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculadas al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; disposición según
la cual, «los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas
anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores
públicos regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado la ley
71 de 1988 para la pensión por aportes».
5.3. No obstante la claridad de las normas que regulan el reconocimiento pretendido,
la administración continúa negándolo, pese a que se encuentra demostrado que se
«encontraba vinculada antes del 23 de junio de 2003», puesto que la Ley 812 de 2003
«estableció un RÉGIMEN DE TRANSICIÓN para aquellos docentes que ya tenían cierta edad al
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momento de entrada en vigencia, o tenían alguna experiencia laboral y luego fueron
vinculados después» de la mencionada data.
5.4. La expedición de la Ley 812 «coincidió con una reforma al régimen salarial (estatuto
docente decreto 1278 de 2002) y se qued[ó] pensando el Fondo Prestacional del Magisterio,
QUE TODO DOCENTE DEL RÉGIMEN DEL 1278 DE 2002, se le aplica la ley 100 de 1993, cuando
este tema no es absoluto» [sic]; sin embargo, la transición establecida por el legislador
en el año 2003, resulta aplicable a docentes que se encontraban, entre otros, en el
supuesto de haber ejercido «alguna actividad en el sector público diferente a la docencia,
como por ejemplo, haber trabajado en la DIAN, en la POLICÍA, EN LA CONTRALORÍA, EN LA RAMA
JUDICIAL, EN EL AGUSTÍN CODAZZI, EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, EN UN DISTRITO O ALCALDÍA,
etc. y se le aplica la ley 33 de 1995, dentro de la normatividad anterior como lo contempla
la ley 812 de 2003» [sic].
5.5. Así las cosas, el acto demandado es contrario a las disposiciones en las que
debió sustentarse, puesto que «se encuentra vinculado con anterioridad al 23 de junio
de 2003 y a partir de ese momento se entiende como vinculado para los efectos del
cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [sic].
1.2. Contestaciones de la demanda
6. 1.2.1.La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio no se pronunció en esta etapa procesal.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia proferida el 20
de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte demandante. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
7.1. De conformidad con las pruebas aportadas, «se tiene que la accionante no cumple
con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión por aportes, pues el hecho de que
haya completado 20 años cotizados y sea docente oficial no le otorga el derecho, puesto
que para acceder a ella, es presupuesto indispensable estar vinculada al servicio docente
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, que es la norma que mantuvo el
régimen anterior, Ley 33 de 1985 para tiempos públicos, o Ley 71 de 1988 para tiempos
mixtos» [sic]. Así las cosas, en tanto se vinculó a la docencia oficial en el año 2006,
era beneficiaria del régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993, excepto la
edad, para lo cual debería acreditar 57 años.
7.2. Según lo establecido en los artículos 188 del CPACA y 365.1 del Código General
del Proceso, condenó «en costas a la parte demandante, por ser la parte vencida». En
ese orden fijó como «agencias en derecho en esta instancia el 3% de lo pedido, ello en
virtud de lo dispuesto en el artículo 366.4 del C.G.P. y el artículo 5° del Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura».
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Demandante: Noridia Álvarez Rendón
1.4. El recurso de apelación
8. Noridia Álvarez Rendón solicitó que se revocara «el numeral segundo de la
Sentencia 285 del 20 de noviembre de 2024, notificada el 26 de noviembre de 2024, por
cuanto considero que la condena en costas no es procedente, no se actuó con temeridad y
mala fe, puesto que fue comprobada la negligencia de la entidad al expedir de manera
tardía la resolución que reconoció las cesantías parciales de la docente».
9. Asimismo, cuestionó que se condenara en costas «desconociendo la valoración de
la conducta procesal asumida dentro del proceso. Situación ésta, que no fue tenida en
cuenta por la Honorable Magistrada de Primera instancia, puesto que asumió la posición
de no acceder a las pretensiones de la demanda y condenó en costas, pero en ningún
momento tuvo en cuenta la conducta de mi representado, pues el acudir al sistema judicial
nunca fue de manera temeraria, ni tratando de evadir responsabilidades, pues si se supiera
cuáles van a ser los resultados de un proceso no se acudiría a los mismos».
1.5. Trámite en segunda instancia
10. Por medio de auto del 30 de abril de 2025, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. Concepto Ministerio Público
11. El procurador delegado ante esta corporación no emitió concepto en el presente
asunto.
2. Consideraciones
2.2. El problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia2, se circunscribe a establecer
¿si procedía la condena en costas impuesta a la demandante por haber sido vencida
en el proceso?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Noridia Álvarez Rendón
2.3.1. La condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo
13. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
14. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
15. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma3.
16. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existen acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
2.3.2. En torno a la temeridad. Del principio de la buena fe y su tratamiento
jurisprudencial
17. La Real Academia de la Lengua Española define la temeridad como un adjetivo,
dicho de una persona excesivamente imprudente que arrostra peligros, o de una
cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. En igual sentido, de
acuerdo con lo que señala el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la
temeridad procesal es una «actitud propia del que, resistiéndose a aceptar una
pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando acciones totalmente infundadas,
ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de contrario una acción fundada»4.
18. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la temeridad se da
3 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
4 https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal
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en 2 dimensiones: i) cuando se actúa de mala fe5; y ii) cuando se acude a la
administración de justicia de manera desmedida, por iguales hechos, sin una
justificación razonable sobre dicho actuar6.
19. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración7.
20. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos8, «[l]a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española9, como honradez.
21. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199510, sostuvo que «[l]a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
22. El principio de la buena fe surgió en el Código Civil, en especial, en su artículo
769 que establece:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto
en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»11.
23. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispone que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 prevé el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
5 Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
6 Ver entre otras, sentencias: SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de 2004
M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, SU-168 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
7 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
8Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
9 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
10 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
11 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
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ejecución.
24. A su turno, el Código Contencioso Administrativo12 en su artículo 136, numeral
2, establecía que «[l]os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
25. Actualmente, el desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual prevé:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
26. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional en la sentencia T-475 del 29 de julio de 199213 ha sostenido
que el principio de la buena fe es aquel que exige, tanto a las autoridades, como a
los particulares acomodar sus comportamientos y actuaciones a una conducta
honesta y leal, tal y como lo haría una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena
fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se
refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
27. En esa providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del
particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad.
La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar
situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de
los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el
abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta
enumeración limitar el principio a tales circunstancias. No es posible reducir la
infracción de la buena fe a casos tipificados legalmente. De ahí que la
aplicación de este principio suponga incorporar elementos ético-jurídicos que
trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas ocasiones
la intervención judicial para calificar la actuación pública según las circunstancias
jurídicas y fácticas del caso». [Se resalta].
28. La Corte en la sentencia C-131 de 200414, en cuanto a la aplicación del principio
de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la
12 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
13 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
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palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las
autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las
disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el
sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se
deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor
ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración
de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los
mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual
manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico». [Se
resalta].
29. El artículo 79 del Código General del Proceso15 señala que se presumirá que ha
existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: i) cuando sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; ii) cuando se
aduzcan calidades inexistentes; iii) cuando se utilice el proceso, incidente o recurso
para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; iv) cuando
se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; v) cuando por cualquier
otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; y vi) cuando
se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.
30. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros16.
31. De lo expuesto se advierte que para calificar una conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto, pero
el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
32. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que la persona cuya
conducta se analiza actuó en forma deshonesta al momento de reclamar
determinado derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe
i) ser previa al pronunciamiento en torno a un derecho; y ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito
de acceder a ese derecho.
15 En lo sucesivo CGP.
16 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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33. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual, cuando se pretenda acreditar lo contrario,
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho o beneficio a efectos de demostrar que actuó
con desconocimiento de los postulados de la buena fe, o dicho en otras palabras,
que se incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación que, a la postre, conllevó a otra situación en particular.
34. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con, por ejemplo, la devolución de
los dineros recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de una
prestación17.
35. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de una actuación, y que ello desemboque en el reconocimiento de
un derecho, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos
del peticionario.
2.4. Análisis sustancial
36. El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al concluir que no se logró desvirtuar la legalidad de los actos
demandados y condenó en costas a la parte vencida.
37. Noridia Álvarez Rendón solicitó que se revocara «el numeral segundo de la
Sentencia 285 del 20 de noviembre de 2024, notificada el 26 de noviembre de 2024, por
cuanto considero que la condena en costas no es procedente, no se actuó con temeridad y
mala fe, puesto que fue comprobada la negligencia de la entidad al expedir de manera
tardía la resolución que reconoció las cesantías parciales de la docente».
38. Previamente a abordar el problema jurídico propuesto, es necesario precisar que,
en el recurso de apelación se hace referencia a «la resolución que reconoció las
cesantías parciales de la docente», pese a que en el sub judice el litigió se centró frente
17 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».
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Demandante: Noridia Álvarez Rendón
al reconocimiento de la pensión de jubilación de la demandante. No obstante, la
sala encuentra que no hay lugar a declarar la apelación fallida, porque en el escrito
contentivo del recurso se solicitó de manera expresa la revocatoria del ordinal
segundo, mediante el cual el tribunal de primera instancia condenó en costas a la
parte vencida, por lo que, más allá de las imprecisiones de la recurrente, lo expuesto
por ella permite determinar, de manera inequívoca, que su pretensión era que esta
Corporación revisara dicha condena.
39. En ese orden, como el único reparo expuesto en el escrito de apelación se
circunscribió a la decisión de condenar en costas a la demandante, la Sala se
abstendrá de emitir pronunciamiento alguno en torno a las particularidades de la
reclamación en litigio, esto es la relativa a la nulidad del acto ficto a través del cual
le fue negada la pensión de jubilación a la docente.
40. Sobre el particular, el a quo encontró que había lugar a condenar en costas a la
parte actora con sustento en lo que siguiente:
«32. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365.1 del C.G.P. se
condenará en costas a la parte demandante, por ser la parte vencida.
33. Se fija como agencias en derecho en esta instancia el 3% de lo pedido, ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 366.4 del C.G.P. y el artículo 5° del Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.»
41. En efecto, el a quo acudió a un criterio objetivo valorativo para condenarla, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 365 del CGP. De la lectura de la norma se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas
del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultare
vencida en el juicio, sin que para tal efecto indique la necesidad de verificar la
temeridad o mala fe.
42. Sin embargo, tal conclusión se deriva de una lectura aislada del artículo 188 del
CPACA, pues el enunciado deóntico dispondrá que establece la norma puede
asimilarse a decidirá, lo que no necesariamente implica concluir un criterio
eminentemente objetivo y que suprima el subjetivo valorativo, con base en el cual
es necesario analizar la conducta de las partes al interior del proceso.
43. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer, tiene
una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que significa:
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica que aludido
enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas», el cual
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio, sino que exige
un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las
partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o
discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma18.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00993-01 (0774-2025)
Demandante: Noridia Álvarez Rendón
44. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy Código GGP] no implica que
deba atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que procede la
condena en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación y
ejecución seguirá esas disposiciones. A efectos de una mayor comprensión del
argumento expuesto, a continuación, se transcribe la norma aludida:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
45. De lo anterior se advierte que la remisión a las normas del procedimiento civil
está precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir
un pronunciamiento sobre la condena en costas y que solo en caso de encontrar
acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución debe acudirse al
CGP.
46. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA refuerza
el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues deja
en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique
ser condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento
legal.
47. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.
48. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento19. Al respecto, esta Corporación ha acudido a
los criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos
en los que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-00993-01 (0774-2025)
Demandante: Noridia Álvarez Rendón
o citas deliberadamente inexactas.
49. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe
realizar un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es
necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente,
identifique si las referidas costas se causaron.
50. Distinto es que, luego de concluir que hay lugar a condenar en costas, la cuantía
de la condena se fije en atención a lo dispuesto en el CGP y a la posición de los
sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el
trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal [Acuerdo
1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
modificado por el Acuerdo PSAA13-9943 de 2013].
51. En este sentido, la condena en costas no procede automáticamente por el solo
hecho de que una de las partes resulte vencida en el proceso. El juez debe emitir
siempre un pronunciamiento sobre ellas, pero su imposición requiere un análisis
subjetivo valorativo de la conducta procesal de aquellas, con verificación de si hubo
temeridad, mala fe o manifiesta carencia de fundamento legal.
52. En el caso concreto, el a quo no realizó el análisis subjetivo valorativo en torno a
la conducta procesal de las partes para determinar si existieron actuaciones
temerarias, de mala fe o con manifiesta carencia de fundamento legal que
justificaran la imposición de costas. La condena impuesta, por tanto, constituye una
medida arbitraria y discrecional, sin que del expediente se adviertan
comportamientos orientados a entorpecer o dilatar el trámite.
53. En consecuencia, como esta Sala no evidenció que en esa instancia la
demandante hubiese actuado de forma temeraria o con mala fe, ni se advirtió
conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, que
habilitara la condena en costas, se revocará la condena impuesta en primera
instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto.
2.5. Costas en segunda instancia
54. En esta instancia, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Noridia Álvarez Rendón
no actuó en forma temeraria, ni con desconocimiento de los postulados de la buena
fe, razón por la cual no procedía la condena impuesta por el a quo.
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Demandante: Noridia Álvarez Rendón
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 20 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En
su lugar, se dispone: no condenar en costas de primera instancia, de conformidad
con las consideraciones expuestas en la presente providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negó las
pretensiones de la demanda presentada por Noridia Álvarez Rendón contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC
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