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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01087-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. Confirmar la sentencia proferida el dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 76001-23-33-000-2020-01087-01 (4295-2024) Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01087-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01087-01 (4295-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Germán Aya Silva

Temas: Compatibilidad entre pensiones reconocidas en virtud de
tiempos de servicio públicos y privados. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones instauró demanda
contra Germán Aya Silva en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, bajo la modalidad
de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de la Resolución 017491 del 27 de septiembre de 2006,
a través de la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció una pensión de vejez
en favor del señor Germán Aya Silva, por existir incompatibilidad con la prestación
otorgada por la UGPP.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado la devolución de
lo pagado por concepto de las mesadas, retroactivos y aportes de salud recibidas
entre el 19 de agosto de 2006 y el 30 de noviembre de 2020, conforme lo señalado
en la Resolución SUB 280916 del 28 de diciembre de 2020. Que las sumas
adeudadas sean indexadas y se paguen los intereses a los que hubiere lugar. Que

1SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
(8_ALLEGAMEMORIAL_REFORMA_DE_DEMANDA_P(.ZIP) NroActua 10).

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se compense cualquier valor presente o futuro que deba cancelarle al señor Germán
Aya Silva. Que se condene en costas al accionado.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que por Resolución 23849 de 19 de agosto de 2005, la Caja Nacional de Previsión
Social – Cajanal, hoy UGPP concedió una pensión de vejez a Germán Aya Silva,
efectiva desde el 19 de agosto de 2001, por un monto de $1.636.590.

Que el 22 de agosto de 2006, el demandado solicitó al Instituto de Seguro Social el
reconocimiento de la pensión de vejez, omitiendo informar sobre la prestación
otorgada por Cajanal.

Que el Instituto de Seguro Social, mediante Resolución 017491 del 27 de
septiembre de 2006, reconoció pensión de vejez en favor de Germán Aya Silva por
$2.286.046, efectiva desde el 1.° de agosto de 2006. Que el tiempo considerado
para efectos de otorgar dicha acreencia fue considerado por Cajanal, lo que genera
incompatibilidad, pues se encuentra devengando dos asignaciones del Estado, que
cubren el mismo riesgo.

Que el demandado actuó de mala fe al declarar bajo juramento, que no estaba
afiliado a otra administradora de pensiones, ni había tramitado ninguna prestación
económica, devolución de aportes o saldos que fuera incompatible con que estaba
reclamando para ese momento.

Que a través de Resolución SUB 330869 del 2 de diciembre de 2019, Colpensiones
revocó el acto de reconocimiento, con fundamento en las consideraciones de la
investigación administrativa especial. Decisión confirmada por medio de las
Resoluciones SUB 17503 del 21 de enero de 2020 y DPE 3289 del 22 de febrero
del mismo año.

Que por Resolución SUB 188398 del 2 de septiembre de 2020 dio cumplimiento a
un fallo de tutela, en el que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de
Palmira ordenó reanudar el pago de la pensión de vejez. Que, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, revocó la sentencia y en su lugar,
dispuso negar por improcedente la acción. Que de acuerdo con esa decisión,
procedió a revocar la resolución del 2 de septiembre de 2020.

Que emitió Resolución SUB 280916 el 28 de diciembre de 2020, modificando la
Resolución SUB 20784 del 24 de enero de la misma anualidad, en el sentido de
indicar que el monto girado a favor del señor Germán Aya Silva, por concepto de
mesadas, retroactivos y aportes a salud derivados del reconocimiento pensional,

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asciende a $584.809.074, correspondiente al periodo del 19 de agosto de 2006 al
30 de noviembre de 2020.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 128 constitucional, 19 de la Ley 4ª de 1992 y 17
de la Ley 549 de 1999.

Sostuvo que la Caja Nacional de Previsión, hoy UGPP reconoció la pensión
mediante la Resolución 23849 del 19 de agosto de 2005, en la que se relacionaron
los tiempos privados cotizados al ISS y se indicó que se solicitaría la devolución de
los respectivos aportes.

Que, posteriormente, el ISS otorgó la pensión de vejez al demandado, quien omitió
información relevante con el fin de obtener un beneficio propio, al diligenciar el
formulario afirmando que no percibía ninguna prestación económica de otra entidad.

Que esta concesión presenta incompatibilidad, ya que contraviene lo estipulado en
los artículos 128 de la Constitución y 19 de la Ley 4ª de 1992, que prohíben recibir
más de una asignación del tesoro público, salvo excepciones que no son aplicables
en este caso.

Que, conforme a la sentencia del 17 de abril de 2013, 2 si bien es posible recibir una
pensión de jubilación por servicios en el sector público y una pensión de vejez del
ISS por períodos trabajados en el sector privado, no ocurre lo mismo cuando la
segunda prestación incluye tiempos públicos, pues bajo ese supuesto se involucran
dineros que provienen del erario.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 22 de septiembre de 2021 3 y notificada
al demandado, quien afirmó que la pensión de vejez reconocida se ajusta a derecho.
Que no actuó de mala fe ni incurrió en falsedad, pues su declaración se limitó a
expresar la verdad sobre su situación al momento de solicitar la prestación a
Colpensiones. “no me encuentro afiliado a otra Administradora de Pensiones ni he
tramitado ningún tipo de prestación económica o devolución de aportes o saldo del Seguro
IVM que sea incompatible con la pensión de vejez”.

Que para esa fecha, no se encontraba afiliado a ninguna administradora, ya que no
laboraba y, por ende, no cotizaba para la pensión de vejez. Que, en su criterio, lo
percibido no era incompatible con las asignaciones relacionadas en el formato de
reclamación. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe, y la
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales.

2 Radicación: 25000-23-25-000-2009-00274-01
3 Mediante providencia del 18 de julio de 2022 se admitió la reforma de la demanda y se corrió traslado al
demandado. SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índices 7 y 17.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones argumentando
que no existe incompatibilidad entre las pensiones reconocidas por Cajanal y
Colpensiones, dado que la primera proviene del tesoro público y la segunda, de los
fondos de una entidad de derecho privado. Que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, es totalmente procedente que una persona goce de ambas
prestaciones, siempre que la última se obtenga por servicios prestados en el sector
privado, como en este caso.

Que, según la Resolución 6983 del 21 de octubre de 2005, los empleados
vinculados a Corpoica se afiliaron al Instituto de Seguro Social como trabajadores
privados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Que, en el acta de
constitución del 25 de enero de 1993, se estableció dicha institución como una
entidad de participación mixta de carácter científico y tecnológico sin ánimo de lucro,
y en su artículo 4.° se indicó que se trata de una persona jurídica de derecho privado.

Que la concesión de Cajanal obedece al período en el que trabajó en el Instituto
Colombiano Agropecuario, de 1973 a 1993, acumulando un total de 7.979 días,
equivalente a 1,054 semanas; mientras que la pensión del extinto ISS se otorgó en
virtud del tiempo laborado en la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria - Corpoica, desde 1994 hasta 2006, correspondiente a 622 semanas.

Finalmente, condenó en costas a la demandante, de acuerdo con lo preceptuado
en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

Colpensiones interpuso recurso de apelación, argumentando que la pensión
concedida infringe los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4ª de
1992, en razón a que el beneficiario recibe simultáneamente dos prestaciones
económicas, una de la UGPP y otra de Colpensiones, otorgadas con base en las
mismas semanas cotizadas.

Que la UGPP reconoció una pensión de vejez a través de Resolución 23849 del 19
de agosto de 2005, indicando dentro de sus consideraciones, los tiempos privados
que habían sido cotizados al ISS (1994 a 2006), y de los cuales se iba a solicitar su
devolución con el grupo de cartera de la entidad.

Que debe revocarse la resolución demandada toda vez que el Instituto de Seguros
Sociales al reconocer la pensión de vejez involucró tiempos que habían sido tenidos
en cuenta por CAJANAL para el reconocimiento de la pensión de jubilación al
demandado.

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Que dicha situación genera incompatibilidad y afecta la sostenibilidad del sistema
general de pensiones, pues ambas prestaciones tienen su origen en una misma
fuente y cubren un único riesgo. Que en este caso no aplican las excepciones que
permiten la doble asignación del tesoro público.

Que inició investigación administrativa por posible fraude, ya que el señor Aya Silva,
al solicitar su pensión de vejez, indicó no recibir pensión de otra entidad, a pesar de
la concesión previa de Cajanal. Que la evidencia recopilada sugiere que existió
omisión de información relevante por parte del demandado con el fin de obtener un
beneficio propio, lo que condujo al reconocimiento indebido de la prestación. Con
base en lo expuesto, solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de septiembre de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si la pensión de vejez otorgada por Cajanal al señor
Germán Aya Silva, mediante la Resolución 23849 del 19 de agosto de 2005, es
incompatible con la prestación reconocida por el extinto ISS, a través de la
Resolución 017491 del 27 de septiembre de 2006.

Igualmente, deberá analizar si procede declarar la nulidad de este último acto
administrativo, por estar presuntamente acreditado que, el demandado incurriendo
en fraude, hizo que Colpensiones le concediera la pensión discutida y, si en
consecuencia, hay lugar a ordenar la devolución de los dineros pagados por dicho
concepto.

Marco normativo y jurisprudencial

El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia reza lo siguiente:

«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.».

Esta norma fue desarrollada a través de la Ley 4.ª de 1992, en la cual se regularon
las respectivas excepciones a la prohibición citada en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes

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asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.».

La Corte Constitucional a través de la sentencia C133 de 1993 declaró la
exequibilidad de la anterior norma, al considerar que esta se ajusta al postulado
supralegal de la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario.

La prohibición constitucional para recibir dos o más pagos con fuente de financiación
de recursos públicos abarca también a las pensiones, en términos generales, desde
el concepto amplio de asignación, ello siempre y cuando su causa u origen sea
común mientras provengan de aportes derivados de sendas vinculaciones con el
Estado.

La Sala precisa que el hecho de que una de las prestaciones sometidas a examen
de compatibilidad haya sido reconocida por el Instituto de Seguros Sociales no
conlleva por sí misma la naturaleza de erogación del erario; aun si el artículo 49 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, preveía la
improcedencia de devengar las pensiones reconocidas por dicha institución con las
demás contempladas para el sector público.

Se destaca que, en sentencia del 2 de diciembre de 2019, 4 esta Subsección señaló:

«[…] Pues bien, como quedó expuesto, el Consejo de Estado aclaró que el Instituto
de Seguros Sociales se convirtió en un mero administrador de los dineros que
aportaban asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlos, lo cual
significa que no todas las pensiones pagadas por ese instituto denoten per se
la calidad de públicas o provenientes del tesoro público, pues muchas de ellas
son sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares.

Por eso, la naturaleza jurídica de las pensiones debe ser determinada por la calidad
del patrono o de quien realice los aportes, pues dependiendo del origen o la fuente
de los dineros con que se hayan hecho los aportes se denominará si es pública o
privada. […]» (Negrilla del texto original. Líneas intencionales).

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2
de diciembre de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15).

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Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado 5 precisó que tal
aseveración relativa al entendimiento abstracto de la incompatibilidad entre
asignaciones del Estado, tenía fundamento respecto de las situaciones pensionales
configuradas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, pues al entrar
en vigor, esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon
constitucional precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos
prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de vejez, tal como se adujo de
la siguiente forma:

«Bajo estas consideraciones, puede concluirse, que no es acertada la decisión de
la Administración relativa a la negativa del derecho pensional reclamado,
fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como en el presente
asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado de aportes
eminentemente privados, efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993. […]

(i) De la compatibilidad pensional. Al respecto, establece el artículo 128 de la
Constitución Política que: "Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo
los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.".

Consagra el anterior precepto constitucional la imposibilidad de (I) desempeñar más
de un empleo público y (II) percibir más de una asignación que provenga del (a)
tesoro público o (b) de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado.

Dentro de esta prohibición ha de entenderse no sólo la percepción de más de un
"sueldo" que provenga de más de un empleo público, sino la de otras
remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como pensiones,
entre otros.». (Negrita de la Sala).

Esta aclaración de la compatibilidad cuando una de las pensiones proviene de
aportes privados, halla sustento en la medida en que el fin del Sistema General de
Seguridad Social implementado con la promulgación de la Ley 100 de 1993, es
unificar las condiciones y exigencias para toda la población, en orden de acceder
en clave de igualdad e integralidad a todas las prestaciones que este consagra, y
de aquella forma suplir las contingencias derivadas de la actividad laboral, máxime
cuando como en el presente asunto, la pensión reconocida por el ISS es resultado
de aportes eminentemente privados.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 22

de octubre de 2009. Radicado: 05001233100020010042301 (0262-2008).

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Esta Sección ha manifestado que el contenido del artículo 128 superior, al referirse
a la noción de asignación del tesoro público, debe entenderse de manera irrestricta
y, en consecuencia, los aportes al mentado sistema no podían hacer parte de este
criterio.

En sentencia del 19 de febrero de 2015 6 se indicó en un caso similar, en el que
había cotizaciones del sector privado y del sector público, que, en definitiva, no es
posible devengar dos pensiones de vejez consolidadas por tiempos prestados al
servicio del Estado; pero que sí resultaba viable la compatibilidad cuando una
tuviera como base aportes del sector privado y, la otra, aportes de empleadores de
derecho público:

«De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por
servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por
parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos
particulares.

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social
incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran
dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con la pensión de
jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público.». (Negrita fuera de
texto).

Bajo este contexto, el ordenamiento jurídico y la línea jurisprudencial vigentes
habilitan la compatibilidad entre dos pensiones de vejez en favor de un mismo
beneficiario, aun cuando estas busquen proteger el mismo riesgo o compartir un
objeto análogo, siempre y cuando sus fuentes de financiación en materia de aportes
sean diferentes en punto a la esencia de los vínculos laborales que sustentan ambas
prestaciones, esto es, que se trate de cotizaciones derivadas en cada caso
exclusivamente de tiempos de servicio a diferentes empleadores del sector público
y privado, respectivamente.

Resolución del caso concreto

Con relación al primer motivo de apelación, la imposibilidad de devengar las dos
prestaciones en discusión, la Sala observa que el señor Germán Aya Silva le fue
reconocida una pensión de jubilación por Cajanal, mediante Resolución 23849 del
19 de agosto de 2005, al cumplir con los requisitos de edad (55 años) y 20 años de
servicio laborados en el Instituto Colombiano Agropecuario, como servidor público 7,
desde el 2 de julio de 1973 hasta el 30 de diciembre de 1993 8.

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19

de febrero de 2015. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13).
7
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto 2143 de 1995.
8 SAMAI. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 14. Archivo
(21_ALLEGAMEMORIAL_GMAIL1SUBSANACI(.PDF) NroActua 14). Descargar (CC-16238767.zip). Ver (GEN-
REQ-IN-2019_16054524_9-20200302033752.pdf).

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Esta información fue corroborada con el certificado expedido el 4 de junio de 2004, 9
en el que consta que laboró durante dicho período como gerente regional, grado
2035-15, y que los aportes se efectuaron a la referida caja de previsión.

Que a través de Resolución 017491 de 2006, el extinto ISS concedió pensión de
vejez en favor del asegurado 10 a partir del 19 de agosto de 2006, con base en el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año,
considerando las 622 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Social a lo largo
de su relación laboral con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
• Corpoica, del 1.° de enero de 1994 al 31 de marzo de 2006.11

Datos que fueron comprobados con la constancia del 11 de agosto de 2006,12 que
indica que el demandado «laboró en Corpoica mediante contrato individual de trabajo a
término fijo, a partir del 01 de enero de 1994 y hasta el 31 de marzo de 2006» en el cargo
de profesional I.

Se concluye que las cotizaciones se realizaron en períodos distintos y provienen de
diferentes empleadores, incluso en su naturaleza. Lo anterior, en consideración a
que se demostró que el señor Germán Aya laboró como empleado público,
cumpliendo los requisitos para pensionarse bajo la edad, tiempo de servicio y monto
de la Ley 33 de 1985 y posteriormente, tuvo una relación contractual en el sector
privado, respecto de la cual efectuó los aportes correspondientes, tal como era su
obligación, para beneficiarse de la prestación otorgada bajo el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Por lo anterior, si bien ambos beneficios cubren la misma contingencia relacionada
con la vejez, los tiempos de cotización y la fuente de los recursos con los que se
paga cada uno son totalmente diferentes. Por lo tanto, no puede afirmar que se
configura una doble asignación por parte del Estado, prohibida por el artículo 128
de la Constitución. En este sentido, se concluye que las pensiones mencionadas
son compatibles.

Ahora, frente al segundo argumento, se destaca que la inconformidad de
Colpensiones radica en lo señalado por Cajanal en la Resolución 23849 del 19 de
agosto de 2005, al mencionar que el pensionado también había realizado aportes
al ISS desde el 1.° de enero de 1994 hasta el 30 de abril de 2004, y al disponer que:
«una vez ejecutoriada la presente providencia, se enviará copia al grupo de Cartera de esta
entidad para que inicie el trámite tendiente obtener la devolución de las cotizaciones,
teniendo en cuenta lo establecido en el dcto 1474/97 y 3527/2000».

9 Índice 14. Archivo (GEN-ANX-CI-2018_8208076-20180713110844.pdf).
10 Índice 14. Archivo (GEN-REQ-IN-2019_16054524_9-20200302033748.pdf).
11 De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, emitido por Colpensiones. Índice 14. Archivo

(GEN-ANX-CI-2018_8208076-20180713110844.pdf).
12 Índice 14. Archivo (GEN-REQ-IN-201819460819_5-20180803093922.pdf).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01087-01 (4295-2024)

Al respecto, se advierte que, el acto citado no fue demandado en este asunto; sin
embargo, teniendo en cuenta que lo allí mencionado fue utilizado por Colpensiones
para justificar la incompatibilidad de las prestaciones económicas reconocidas, la
Subsección, señala lo siguiente:

De su lectura se concluye que, para efectos del reconocimiento de la pensión,
Cajanal consideró el período laborado por el interesado como empleado público en
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de 1973 a 1993, el cual sumaba un total
de 20 años y 6 meses de tiempo de servicio y aunque, en dicha resolución resolvió
iniciar las gestiones para la devolución de las cotizaciones cuestionadas 13, lo cierto
es que Colpensiones no demostró que tal orden se hubiera ejecutado y que le
generara un perjuicio. En ese sentido, no existe prueba de que efectivamente se
hayan utilizado los mismos periodos en los actos de reconocimientos pensionales.

En gracia de discusión, si se hubiera materializado, en virtud del principio de
coordinación y colaboración entre entidades, les corresponde resolver lo
relacionado con el referido cobro, sin que sea aceptable imponer una carga
desproporcionada a la parte más débil del sistema, respecto de quien quedó
plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos para ser acreedor de las
pensiones concedidas tanto por Cajanal 14 como por Colpensiones.15

Tampoco es cierto que el demandado omitiera información relevante que hiciera
incurrir en error a Colpensiones al conceder el derecho, pues desde que se inició la
investigación administrativa, el señor Aya Silva puso de presente que, en el
momento en que reclamó la acreencia laboral ante dicha entidad, no percibía
pensión de vejez por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones.
Además, a su juicio, la pensión de jubilación otorgada por la Caja Nacional de
Previsión Social no era incompatible con la solicitada; toda vez que respondía a
aportes realizados en el sector público (1973 a 1993); y la reconocida por
Colpensiones solo consideraba aportes privados (1994 a 2006). 16

Por lo expuesto, se estima que no está acreditado que los períodos relacionados
como cotizados al ISS hayan sido tenidos en cuenta para el cómputo del requisito
de los 20 años de servicio para efectos pensionales, como se explicó. Igualmente,
se destaca que la orden de gestionar el reintegro de dineros emitida por la Caja
Nacional de Previsión Social no genera ningún vicio en un beneficio que fue
legalmente concedido al actor.

13
1.° de enero de 1994 hasta el 30 de abril de 2004.
14
Que corresponde a tiempos de servicio público, desde el 2 de julio de 1973 hasta el 30 de
diciembre de 1993.
15
Por los aportes realizados desde el 1.º de enero de 1994 al 31 de marzo de 2006, como
trabajador del sector privado.
16 Según escrito del 14 de marzo de 2019 presentado por el demandado. Índice 14. Archivo. GRF-RCO-AF-

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En consecuencia, se confirmará la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, se observa de las actuaciones de primera instancia y del
recurso de apelación, que no hay lugar a la condena en costas, pues no se advierte
carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte demandante expuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no
se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. Confirmar la sentencia proferida el dos (2) de abril de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso promovido
por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

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Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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