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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01097-02

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01097-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 19 de julio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Elssy Otero Martínez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO. DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada en este trámite, al verificarse la identidad de partes, objeto y causa con el proceso radicado bajo el número 76001-23-31-000-2007-01466-00, cuya sentencia fue proferida por el Tribunal Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14). 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 76001-23-33-000-2020-01097-02 (6322-2023) Demandante: Elssy Otero Martínez Demandado: UGPP Administrativo del Valle del Cauca el 30 de septiembre de 2011. Lo anterior, conforme a las consideraciones expuestas. TERCERO. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Edgar José Polanco Pereira, identificado con cédula de ciudadanía 16.918.747 de Cali y tarjeta profesional 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura. CUARTO. RECONOCER personería a Jhonier Alejandro Trejos Valencia, representante legal de la firma Asproint Asesores S.A.S., identificado con cédula de ciudadanía 1.088.261.587, con tarjeta profesional 268.679 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y a Elizabeth Valencia Giraldo, identificada con C.C. 1.088.018.535 y tarjeta profesional 332.677 del CSJ, para actuar como apoderados principal y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01097-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de junio de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2020-01097-02 (6322-2023)
Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01097-02 (6322-2023)
Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: elementos de la cosa juzgada. Subtema
2: identidad de partes, de objeto y de causa; acreditación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 19 de julio de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Elssy Otero Martínez, en virtud del nombramiento realizado por el Ministerio de
Educación Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP,
entidad que negó la prestación al considerar que su vinculación docente fue de
carácter nacional. La actora adujo que los actos administrativos demandados deben
ser declarados nulos por falsa motivación y desconocimiento de las normas en que
debían fundarse, porque el vínculo que inicialmente fue nacional cambió a territorial
con motivo de la descentralización de la educación. El Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que la actora no
demostró el ejercicio de la labor docente en plazas territoriales o nacionalizadas
durante 20 años.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Elssy Otero Martínez, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la UGPP el 20 de agosto de 2020, con las siguientes1:

1
Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas.
1

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 036356 del 28 de septiembre de 2016,
mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; RDP
002833 del 27 de enero de 2017, que confirmó la anterior al resolver el recurso de
apelación y del auto ADP 003790 de 24 de mayo de 2017, que decidió no emitir
pronunciamiento sobre el tema definido mediante los actos citados.

(ii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a que tiene derecho la
demandante, a partir del 1 de diciembre de 2000, en cuantía equivalente a
$1.394.810.29, con los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

(iii) Condenar a la UGPP a ajustar el valor de las sumas adeudadas conforme al índice
de precios al consumidor en los términos del artículo 187 del CPACA y a cumplir la
sentencia de acuerdo con el artículo 192 ibidem.

(iv) Condenar en costas al ente demandado conforme al artículo 188 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) Nació el 29 de marzo de 1950.

(ii) Mediante la Resolución 5603 del 3 de abril de 1979, fue nombrada por el
Ministerio de Educación Nacional en un cargo docente que ejerció desde el
15 de marzo de 1979 hasta el 21 de abril de 1996.

(iii) El gobernador del Valle del Cauca, mediante Decreto 1671 del 29 de octubre
de 1980, la nombró docente de tiempo parcial, cargo que ejerció desde el 1
de diciembre de 1980 hasta el 14 de agosto de 2000, esto es, durante 19
años, 8 meses y 14 días.

(iv) Como consecuencia de la descentralización de la educación, el vínculo
laboral de carácter nacional cambió a departamental, desde el 22 de abril de
1996 hasta el 26 de junio de 2003, pues a partir de esa fecha el Ministerio
de Educación Nacional entregó el servicio público de educación al
departamento del Valle del Cauca.

(v) En virtud de la entrega de la educación pública del departamento del Valle
del Cauca al municipio de Cali, el vínculo departamental cambió a municipal
desde el 27 de junio de 2003 hasta el 12 de enero de 2016.

(vi) Alcanzó el estatus pensional el 1 de diciembre de 2000 y solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia el 25 de mayo de 2016.

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

(vii) La UGPP, mediante Resolución núm. RDP 036356 del 28 de septiembre de
2016, negó el reconocimiento de la pensión por no contar con 20 años de
servicio en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal
o nacionalizado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357; la Ley 39 de 1903,
artículos 3, 4 y 13; la Ley 114 de 1913, artículos 1 a 4; la Ley 116 de 1928, artículo 6;
la Ley 37 de 1933, artículo 3; la Ley 24 de 1947, artículo 1; la Ley 4 de 1966, artículo
4; el Decreto reglamentario 1743 de 1966, artículo 5; la Ley 43 de 1975, artículos 1 y
10; el Decreto Ley 2277 de 1979, artículos 1, 2, 3, 5 y 6; la Ley 91 de 1989, artículos
1, 15 numeral 2, literal a); la Ley 100 de 1993, artículo 14; la Ley 60 de 1993, artículos
2, 3, 6, 14 y 15; la Ley 715 de 2001, artículos 7, 34, 37, 38 y 41 y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), artículos 42
y 80.

4. En el concepto de violación, la actora expuso que los actos demandados
incurrieron en falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse al
desconocer que el proceso de descentralización de la educación generó el cambio de
la naturaleza de las vinculaciones a partir del 22 de abril de 1996, que pasaron de
nacionales a departamentales y, posteriormente, a municipales.

5. Asimismo, afirmó que los recursos del Sistema General de Participaciones
destinados al cumplimiento de las obligaciones de que trata el numeral 15.1 del artículo
15 de la Ley 715 de 2001 pertenecen a la respectiva entidad territorial, lo que permite
afirmar que el vínculo y la relación laboral de los docentes está a cargo de esas
entidades y no de la nación. Concluyó que por virtud el proceso de descentralización
de la educación, el tiempo de servicio prestado debe ser catalogado como
nacionalizado, por tanto, válido para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que la señora Elssy Otero Martínez no acreditó el requisito de tiempo de
servicio en plazas nacionalizadas o territoriales2.

7. Advirtió que, según el certificado de historia laboral 9592 del 5 de abril de 2016,
Elssy Otero Martínez laboró como docente para la Secretaría de Educación Municipal
de Santiago de Cali desde el 15 de marzo de 1979 hasta el 12 de enero de 2016,
mediante una vinculación de carácter nacional, motivo por el cual no tiene derecho a
acceder a la pensión gracia.

2 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
ContestaciónDemandaUGPP.

3

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

8. Con el escrito de contestación allegó copia del expediente administrativo en el
que obra certificación expedida el 31 de mayo de 2012 por la coordinadora jurídica de
CAJANAL, en la que consta lo siguiente:

Que al ser consultados los sistemas de información por el Grupo de Levantamiento
Jurídico Procesal, así como los aplicativos que el Grupo de Defensa Judicial implementó
para el ingreso y control de los procesos judiciales en los que la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación, figura como parte procesal se encontró
que el señor (a) ELSSY OTERO MARTÍNEZ (…) instauró el día 11/22/2007, ante el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALI (sic), en contra de esta entidad el proceso No.
76001233100020070146600, el cual tiene como pretensión principal
RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA y que en la actualidad se encuentra en estado
TERMINADO.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 19 de
julio de 2023, negó las pretensiones al considerar que el servicio docente prestado por
la actora en el colegio Eustaquio Palacios, desde el 15 de marzo de 1979 hasta el 12
de enero de 2016, fue en virtud de un nombramiento de carácter nacional, tal y como
lo reconoció la actora en la demanda3.

10. Manifestó que los docentes territoriales son aquellos vinculados por
nombramiento de una entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin la «previa
autorización» del Ministerio de Educación, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975; presupuesto que no se cumple en este caso.

11. Concluyó que la demandante no acreditó el requisito de veinte años de servicio
como docente nacionalizada o territorial, por lo que no tiene derecho a la pensión
gracia. En este orden, impuso condena en costas a la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

12. La demandante afirmó que la sentencia desconoció el fenómeno de la
descentralización de la educación que generó el cambio de la naturaleza de la
vinculación, la cual pasó de nacional a territorial, circunstancia que permite el cómputo
del tiempo prestado a partir de la entrega de la educación a los entes territoriales para
acceder al reconocimiento y pago del derecho pensional4.

13. Señaló que el tribunal no analizó los efectos de la descentralización de la
educación, pues no tuvo en cuenta el tránsito normativo que operó con la Ley 60 de
1993, a partir de la cual los maestros nacionales y nacionalizados cambiaron a
departamentales, distritales y municipales. En este orden, afirmó que el tiempo de
servicio prestado desde el 22 de abril de 1996 hasta el 26 de junio de 2003 es válido
para acceder al derecho pensional porque se sustentó en una vinculación
departamental. El periodo de servicio comprendido entre el 27 de diciembre de 2003 y
el 12 de enero de 2016 (fecha de retiro), es igualmente válido, porque fue prestado en
una plaza municipal.

3 Samai, Gestión en Otros Despacho, índice 0048.
4 Samai, Gestión en Otros Despacho, índice 0053

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14. Sostuvo que el tribunal no valoró la Resolución 6017 del 22 de diciembre de
1995, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional certificó al Departamento
del Valle del Cauca para prestar el servicio educativo, ni la Resolución 2749 del 3 de
diciembre de 2002, por la cual certificó al municipio de Cali con igual propósito.

15. Por último, solicitó revocar la condena en costas por no existir prueba que
sustente la imposición.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia5

16. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, el magistrado sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. No hubo lugar a la presentación de
alegatos de conclusión porque las partes no solicitaron el decreto y práctica de pruebas
en esta instancia.

17. La Sala, mediante auto del 3 de abril de 20256, al hacer uso de la facultad
oficiosa de que trata el inciso segundo del artículo 213 del CPACA, dispuso oficiar al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que enviara a este proceso la copia
íntegra del expediente radicado bajo el número 76001-23-31- 000-2007-01466-00, en
el que actuó como parte demandante Elssy Otero Martínez, decidido mediante
sentencia dictada por esa corporación el 30 de septiembre de 2011, con constancia de
ejecutoria. De la prueba allegada se corrió traslado a las partes7, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110 del CGP.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según el inciso
primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión previa

19. En primer lugar, la Sala considera oportuno reiterar frente a la caducidad de la
acción que de acuerdo con lo previsto por el artículo 164 del CPACA sobre la
oportunidad para presentar la demanda, el literal c) establece que puede presentarse
en cualquier tiempo cuando «se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas». Como en este caso los actos administrativos
cuestionados versan sobre la negativa del reconocimiento de una prestación como lo
es la pensión gracia, el medio de control se podía ejercer en cualquier tiempo, «al
margen de si el acto acusado [la] reconoce o niega»8.

5 Samai, Gestión en Otros Despachos, Índice 053.
6 Samai, índice 16.
7 Samai, índice 26.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2016, exp. 47001-23-31-
000-2011-00134-01(2734-14).

5

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20. En segundo lugar, la Sala constata que tanto los anexos de la demanda como
los de su contestación incluyen el expediente administrativo de los actos demandados.
De este se desprende que la señora Elssy Otero Martínez ya había solicitado el
reconocimiento de la pensión de jubilación gracia por vía administrativa y judicial, con
anterioridad a la expedición de los actos ahora debatidos.

21. Lo anterior se logra evidenciar del auto UGA 010257 de 9 de agosto de 20129
suscrito por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E., en el que se
indicó, lo siguiente:

«[…]
Que mediante resolución No. 31471 del 14 de diciembre de 2000 se negó la
pensión gracia a la señora OTERO MARTÍNEZ ELSY identificada con la C.C. No.
31246908 de Cali.

Que mediante resolución No. 2612 del 31 de mayo de 2001 se resuelve recurso
de apelación en el cual se confirma la resolución No. 31471 del 14 de diciembre
de 2000.

Que mediante resolución No. 42929 del 14 de septiembre de 2007 se niega la
pensión gracia.

[…]

Que obra oficio de la Coordinación Jurídica de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN,
de fecha 31 de mayo de 2012 donde se manifiesta que:

Que al ser consultadas las bases de datos y los aplicativos que la entidad
implementó para el ingreso y control de los procesos judiciales en los que la Caja
Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en liquidación figura como parte
procesal (sic) (…) se encontró que la señora ELSSY OTERO MARTÍNEZ
identificada con la C.C. 31246908, instauro el día 11/22/2007 ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALI en contra de esta entidad el proceso No.
76001233100020070146600 el cual tiene como pretensión principal la (sic)
RECONOCIMIENTO PENSION GRACIA y que en la actualidad se encuentra en
esta TERMINADO».

22. Al consultar el expediente referido en el Sistema de Gestión Judicial ( SAMAI)
aparece la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30
de septiembre de 2011, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Elssy Otero Martínez en contra de
CAJANAL, dirigida a lograr la nulidad de los actos por medio de los cuales esa entidad
denegó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, con el argumento de que
«incumple uno de los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Ley 114 de 1913, como
es el de prestar los servicios docentes (…) en entidades territoriales del orden
oficial»10.

23. Ahora bien, como en este expediente no obraba copia del proceso judicial
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la sentencia del

9 Samai, Gestión en Otros Despachos, archivo 76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno

Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00, 001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 136 a 139.
10 Samai, proceso radicado bajo el nro. 76001-23-31-000-2007-01466-00, Tribunal Administrativo del Valle del

Cauca.
6

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30 de septiembre de 2011, la Sala, por auto del 3 de abril de 202511, requirió el envío
de este para tener claridad sobre la causa y el objeto debatidos.

24. Por lo expuesto, la Sala procederá a verificar la posible configuración de la cosa
juzgada en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 A del CPACA, que permite dictar
sentencia anticipada «en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre
probada» dicha figura12. De no configurarse la cosa juzgada, se estudiarán los reparos
presentados por la parte actora en el recurso de apelación contra la sentencia que
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Para ello, se abordarán los
siguientes problemas jurídicos:

3.2. Problemas jurídicos

25. ¿El presente proceso presenta identidad de partes, objeto y causa con el
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 30 de
septiembre de 2011, por medio de la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia a favor de Elssy Otero Martínez, por no acreditar el requisito de tiempo de
servicio en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizado?

26. En caso de que no se encuentre configurada la cosa juzgada, la Sala procederá
al análisis del siguiente problema jurídico:

27. ¿La naturaleza del nombramiento que realizó el Ministerio de Educación
Nacional a Elssy Otero Martínez cambió a una vinculación del nivel territorial con
ocasión de la descentralización de la educación que sustentó la entrega del servicio
oficial al departamento a partir del 22 de abril de 1996?

3.3. Cosa juzgada

28. La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que otorga a las decisiones
judiciales el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, con el objeto de terminar
definitivamente la controversia y garantizar el principio de seguridad jurídica 13, que
busca dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición permanente de las
controversias y evitar decisiones judiciales contradictorias frente a los mismos hechos
y derechos reclamados14.

29. En lo atinente a los elementos configurativos de la cosa juzgada, el artículo 303
del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 30615 del CPACA,
establece que la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada «siempre que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior
y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».
11 Samai, índice 16.
12
CPACA, artículo 175. Parágrafo 2. (…) Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación,
falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia
anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.
13 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
14 Corte Constitucional, sentencias C-191 de 2017, SU-072 de 2018, C-126 de 2019 y C-416 de 2019. La figura de

la cosa juzgada «promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las
personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales».
15
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
7

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Demandado: UGPP

30. Existe identidad de objeto cuando la demanda versa sobre la misma pretensión
material o inmaterial que el proceso decidido mediante sentencia ejecutoriada. Por otra
parte, la identidad de causa se presenta cuando el caso en estudio y el que se
encuentra decidido mediante una providencia ejecutoriada, comparten los mismos
fundamentos de hecho y de derecho. Por último, existe identidad de partes cuando en
ambos procesos concurren los mismos sujetos procesales16.

31. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los efectos de la
cosa juzgada, surgidos «por disposición expresa del ordenamiento jurídico», derivan
dos consecuencias, a saber, «una función negativa, que consiste en prohibir a los
funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función
positiva, que es proveer seguridad a las relaciones jurídicas»17.

32. Sobre el tema, esta corporación ha señalado que la providencia que hace
tránsito a cosa juzgada tiene los siguientes efectos: «la presunción de veracidad de lo
resuelto; la inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido
objeto de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de
fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial; y, en los casos
en que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la
prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene
fundamento legal en el artículo 237 del CPACA»18.

33. Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que la cosa juzgada o «res
iudicata, conforme con la cual se otorga a aquellas decisiones emanadas de la
autoridad judicial el carácter de definitivas y vinculantes», está dirigida a evitar que los
hechos y conductas definidas mediante una providencia ejecutoriada sean debatidos
en un juicio posterior en el que concurran las mismas partes, con identidad de objeto
y de causa. El debate jurídico puede «plantearse nuevamente siempre y cuando se
trate de nuevos hechos suscitados con posterioridad a la sentencia proferida»19.

3.3. Análisis del caso concreto

34. En punto a la naturaleza de la vinculación de la demandante, el Decreto 1671
del 29 de octubre de 198020 expedido por el gobernador del departamento del Valle
del Cauca da cuenta de que fue nombrada docente de tiempo parcial en el Liceo
Departamental Femenino, Distrito Educativo de Cali21.

16 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001.
17 Corte Constitucional, sentencia C-220 de 2011. En igual sentido, sentencia T-249 de 2018: «Por tanto, la
jurisprudencia constitucional ha atribuido dos de tipos de caracteres a la institución de la cosa juzgada, por un lado,
el negativo, el cual consiste en prohibir a los funcionarios judiciales proceder nuevamente sobre lo ya resuelto y,
por el otro, el positivo, ligado estrictamente con la seguridad inherente a las relaciones jurídicas».
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2022, exp. 11001-03-
25-000-2021-00376-00 (1885-2021).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 5 de julio

de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00 (6280).
20 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imagen 164.
21
Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imagen 50.
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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

35. El subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación Municipal de
Cali22 certificó que la demandante laboró al servicio del departamento del Valle del
Cauca como maestra en la institución educativa Liceo Departamental Femenino entre
el 1 de diciembre de 1980 y el 14 de agosto de 2000, para un total de 19 años, 8 meses
y 14 días.

36. El certificado de tiempo de servicio de personal nacional núm. 1483, expedido
el 30 de marzo de 200023 por la Subsecretaria de Administración de Recursos de la
Secretaría de Educación del departamento Valle del Cauca, informa que Elssy Otero
Martínez prestó servicio en los siguientes periodos:

«En: CALI
DESDE: 1979.03.15. FECHA DE POSESIÓN (RETROACTIVO)
HASTA: 2000.03.30 FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO RES:0603/79
DECRETOS: D/02780/96 (INCORPORACIÓN) PROFESORA
TIEMP.COMPL.SECUND.CENTR
OBSERVACIONES: CCIAL EL AMPARO (J.A). COLEGIO EUSTAQUIO PALACIOS
[…]
TIEMPO TOTAL LABORADO AÑOS 21 MESES 0 DÍAS 16».

37. El acta de posesión 092 de 5 de febrero de 1997 24 hace constar que la
demandante fue incorporada a la planta de cargos del departamento del Valle del
Cauca, con cargo al situado fiscal para el municipio de Cali, en el colegio Eustaquio
Palacios, Distrito Educativo 1E Cali. El acta señala lo siguiente:

«INCORPORAR A LA PLANTA DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, EL PERSONAL DIRECTIVO-DOCENTE Y DOCENTES PAGADOS
CON CARGO AL SITUADO FISCAL PARA EL MUNICIPIO DE CALI, A ELSY
OTERO MARTÍNEZ, C.C. 31.246.908 DE CALI, EN EL COLEGIO “EUSTAQUIO
PALACIOS” DISTRITO EDUCATIVO 1B CALI, COMO DOCENTE».

38. De otra parte, la rectora de la institución educativa Eustaquio Palacios certificó
que la actora laboró al servicio de la aludida institución desde el 29 de agosto de 1996
hasta enero de 201625, con una vinculación nacional.

39. Asimismo, se encuentra demostrado que el Ministerio de Educación Nacional,
a través de la Resolución No. 6017 del 22 de diciembre de 199526, certificó el
cumplimiento de los requisitos por parte del departamento del Valle del Cauca para
asumir la administración directa de los recursos del situado y la prestación de los
servicios educativos.
22 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imagen 177.
23 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imagen 52.
24 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imagen 284.
25 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imagen 182.
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76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 218 a 220.
9

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

40. El gobernador del Valle del Cauca, por medio del Decreto 780 de 1996,
incorporó a la planta de cargos del departamento el personal directivo y docente
pagado con fondos del situado fiscal del municipio de Cali27.

41. Finalmente, el alcalde de Santiago de Cali, a través del Decreto 0500 del 21 de
octubre de 2003, modificó el Decreto Municipal 0326 del 15 de julio de 2003 por medio
del cual incorporó el personal docente y directivo docente proveniente del
departamento del Valle del Cauca a la planta de cargos de la administración central
municipal financiada con recursos del sistema general de participaciones28.

42. La demandante, representada por su apoderado, solicitó a Cajanal el
reconocimiento y pago de una pensión vitalicia de jubilación el 6 de julio de 2000,
conforme con lo previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. Dicha
solicitud fue negada mediante la Resolución 031471 del 14 de diciembre de 200029,
confirmada por la Resolución 002612 de 31 de mayo de 2001 30 y por la Resolución
42929 de 14 de septiembre de 200731. La negativa se fundamentó en los siguientes
aspectos:

«[…]
Que de los documentos aportados en la solicitud se establece que el (a)
peticionario (a) labora(ó) en el PROGRAMA DE JORNADAS ADICIONALES Y
COLEGIOS DEPARTAMENTALES dependiente del Ministerio de Educación
Nacional.
[…]
Que de acuerdo con las normas antes transcritas se advierte que para el
reconocimiento de la pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913, no es
admisible completar o computar tiempos de servicios prestados en la nación cuyo
nombramiento provenga del Ministerio de Educación por ser estos incompatibles
con los prestados en un departamento, municipio o distrito, razón por la cual los
tiempos laborados en el PROGRAMA DE JORNADAS ADICIONALES Y
COLEGIOS COOPERATIVOS del 15-03-79 al 30-03-2000 mediante Resolución
No 5603/79 emanada del Ministerio de Educación Nacional en su carácter de
docente del orden nacional se deben desestimar»

43. La Resolución 42929 de 14 de septiembre de 2007, citada en precedencia, fue
demandada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el propósito de
lograr su nulidad y como restablecimiento del derecho obtener el reconocimiento y
pago de la pensión gracia. Este proceso cursó bajo el radicado número 76001-23-31-
000-2007-01466-00 y concluyó mediante sentencia denegatoria de las pretensiones
27 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 281 a 283.
28 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 285 a 287.
29 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 65 a 70.
30 Samai, Gestión en Otros Despachos, Expediente Digital, archivo
76001233300020200109700_T133842592793269622, Cuaderno Principal, 76001-23-33-000-2020-01097-00,
001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 79 a 84.
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001Demanda,AnexosyPruebas, imágenes 122 a 127.
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Demandante: Elssy Otero Martínez
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dictada el 30 de septiembre de 2011.

44. En este escenario, es del caso precisar que Elssy Otero Martínez, en virtud del
nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP. Esa entidad negó la prestación
al considerar que la vinculación docente fue de carácter nacional. La actora adujo que
las resoluciones 036356 del 28 de septiembre de 2016 y 002833 del 27 de enero de
2017, que negaron el reconocimiento de la pensión gracia y el auto ADP 003790 de
24 de mayo de 2017, que decidió no emitir pronunciamiento sobre el tema definido
mediante los actos citados, son ilegales por falsa motivación y desconocimiento de las
normas en que debían fundarse, porque el vínculo que inicialmente fue nacional
cambió a territorial con motivo de la descentralización de la educación.

45. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda mediante la sentencia del 19 de julio de 2023, con el argumento de que la
actora no demostró el ejercicio de la labor docente en plazas territoriales o
nacionalizadas durante 20 años. Que el tiempo parcial laborado en el Liceo
Departamental Femenino hasta el 14 de agosto de 2000, en virtud del Decreto 1671
del 29 de octubre de 1980 dictado por el gobernador del Valle del Cauca, no alcanza
para completar el requisito de tiempo, y el servicio prestado en el colegio Eustaquio
Palacios con motivo de la incorporación a la planta departamental realizado mediante
Decreto 2780 del 18 de diciembre de 1996 como docente nombrado mediante
Resolución 5603 de 1979, conservó la naturaleza de nacional, dado que el acto de
vinculación inicial fue dictado por el Ministerio de Educación Nacional.

46. El tribunal afirmó que «la tesis de la demanda que pretende rotular como
vinculación territorial aquellas que suceden a partir de la Ley 60 de 1993», no prospera,
porque la Ley 91 de 1989 establece que los docentes territoriales son los «vinculados
por nombramiento de entidad territorial a partir de 1 de enero de 1976 sin el
cumplimiento del requisito establecido en artículo 10 de la Ley 43 de 1975, es decir, la
autorización del Ministerio de Educación».

47. La actora interpuso recurso de apelación con el argumento de que el tribunal no
tuvo en cuenta el tránsito normativo que operó con la Ley 60 de 1993, a partir de la
cual los maestros nacionales y nacionalizados cambiaron a departamentales,
distritales y municipales por motivo de la descentralización de la educación. Conforme
a esa tesis, afirmó que la vinculación docente que tenía desde 1979 cambió a
departamental desde el 22 de abril de 1996 hasta el 26 de junio de 2003 y a municipal
desde el 27 de diciembre de 2003 hasta el 12 de enero de 2016 (fecha de retiro).

48. Expuesto lo anterior, la Sala procede a determinar si en el presente caso
concurren los elementos configurativos de la cosa juzgada, a partir del análisis
comparativo de las partes, el objeto y la causa debatida en el proceso radicado bajo el
número 76001-23-31-000-2007-01466-00 y el que ahora es objeto de análisis, así:

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01097-02 (6322-2023)
Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

76001-23-31-000-2007-01466-00 76001-23-33-000-2020-01097-02
Proceso anterior32 Proceso actual
Demandante: Elssy Otero Martínez Demandante: Elssy Otero Martínez
PARTES Demandado: Cajanal E.I.C.E Demandado: UGPP

Pretensiones Pretensiones
Declarar la nulidad de la Resolución 42929 del Declarar la nulidad de las Resoluciones 036356
14 de septiembre de 2007 que negó el del 28 de septiembre de 2016 y 002833 del 27 de
reconocimiento de la pensión gracia a la enero de 2017, por medio de las cuales la UGPP,
demandante. le negó a la hoy demandante la pensión gracia
reclamada; y el Auto ADP 003790 del 24 de mayo
Condenar a la entidad demandada a de 2017, a través del que se reiteró la negativa.
reconocerle el derecho a la pensión gracia
incluyendo todos los factores salariales «Condenar a la Unidad Administrativa Especial
percibidos durante el último año de servicio. de Gestión Pensional y Contribuciones
OBJETO Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a
«Se ordene a CAJANAL el reconocimiento y que reconozca a favor de mi mandante una
pago de una pensión de jubilación gracia a pensión gracia de jubilación, a partir del 01 de
favor del (la) señor (a) ELSSY OTERO diciembre de 2000, en cuantía de
MARTÍNEZ, junto con sus aumentos legales, $1.394.810.29».
teniendo en cuenta la totalidad de los factores
salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al cumplimiento de los
requisitos para obtener el reconocimiento y
pago de la pensión (…)».

«1°. Una vez cumplidos de facto los requisitos «PRIMERO: Mi mandante nació el día 29 de
exigidos en los artículos 1º y 4° de la Ley 114 marzo de 1950, luego cumplió 50 años de edad
de 1913 (tiempo de servicio y edad), el (la) el día 28 de marzo de 2000.
señor(a) ELSSY OTERO MARTINEZ solicitó
ante CAJANAL, el reconocimiento y pago de la SEGUNDO: Mi mandante fue nombrada como
pensión de jubilación vitalicia denominada maestra de tiempo parcial, en el Liceo
PENSIÓN GRACIA. Departamental Femenino Distrito Educativo No.
1A, Municipio de Santiago de Cali, mediante
2°. Para demostrar el cumplimiento de los Decreto No. 1671 del 29 de octubre de 1980,
requisitos exigidos en la Ley que reglamenta la suscrito por el gobernador del Valle del Cauca,
Pensión Gracia, el (la) peticionario(a) aportó la tomando posesión del cargo en forma legal según
certificación de tiempos de servicio expedida acta de posesión No. 1985 del día 1 de diciembre
por la secretaria de educación Municipal de de 1980.
Santiago de Cali, con la que se demuestra su
vinculación como docente al servicio del TERCERO: Con el vínculo laboral reseñado en el
Estado antes del 31 de diciembre de 1980 (Ley hecho precedente mi mandante prestó servicios
91 de 1989), así como, los demás documentos a la educación pública entre el 1 de diciembre de
necesarios para el reconocimiento y liquidación 1980 hasta el 14 de agosto de 2000, en el
CAUSA de la prestación solicitada, tal como consta en Departamento del Valle de Cauca, para un total
la actuación administrativa que dio origen al de 19 años, 8 meses, 14 días, tiempos de
derecho citado. carácter Departamental, que quedaron cobijados
por la nacionalización de la educación prevista en
3°. Que dentro de tal tiempo de servicio se la Ley 43 de 1975 y por tanto tiempos válidos para
certificó que el (la) señor(a) ELSSY OTERO la pensión gracia.
MARTINEZ, fue vinculado(a) al servicio del
Estado como docente mediante el Decreto N° CUARTO: Además del vínculo laboral,
5603 de Abril 3 de 1979; labor en la que se ha Departamental – Nacionalizado con el Valle del
desempeñado más de 26 años como Docente Cauca, mi mandante se vinculó con la Nación –
nombrado mediante Decreto Nacional. Ministerio de Educación Nacional según
Resolución No. 5603 del 03 de abril de 1979,
4º. El (la) Subdirector(a) General de empezando a ejercer funciones desde el 15 de
Prestaciones Económicas de la CAJA marzo de 1979. Con vínculo nacional laboró
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, le negó hasta el 21 de abril de 1996.
el derecho de gozar de la PENSIÓN DE
JUBILACIÓN GRACIA a mi representado(a) QUINTO: El vínculo laboral de carácter nacional,
con el argumento de no cumplir con el lleno de descrito en el hecho precedente, mutó a
los requisitos, pues consideró de manera Departamental por mandato de la Ley 60 de 1993,

32 Samai, proceso con radicado 76001-23-31-000-2007-01466-00 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

12

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

discriminatoria, que la labor que desempeñó dado que el Departamento de Valle del Cauca,
como docente había sido por designación del fue certificado según Resolución No. 6017 del 22
gobierno nacional y en consecuencia, recibiría de diciembre de 1995, proferida por el Ministerio
dos Pensiones provenientes del Tesoro de Educación Nacional y la Nación – Ministerio de
Nacional. Decisión administrativa que se Educación Nacional le entregó la educación al
configuró por medio de la resolución N° 31471 Departamento del Valle del Cauca, según acta
de Diciembre 14 de 2000 y se confirmó del 22 de abril de 1996, suscrita entre las dos
mediante la resolución N° 2612 de Mayo 31 de entidades mencionadas. Como consecuencia de
2001, quedando agotada la vía gubernativa la descentralización los tiempos de servicio que
frente a la petición realizada. corren desde el 22 de abril de 1996 hasta el 26
de junio de 2003 son de carácter Territorial –
5°. El día 12 de Abril de 2007, el (la) Señor(a) Departamental y por tanto aptos para el
ELSSY OTERO MARTINEZ presentó reconocimiento de la pensión gracia.
nuevamente ante CAJANAL por intermedio de
apoderado, Solicitud o Derecho de Petición, SEXTO: Mediante Decreto No. 2780 del 18 de
donde pidió el Reconocimiento y Pago de una diciembre de 1996, el Gobernador del
Pensión Gracia, según lo preceptuado en la Departamento del Valle del Cauca, incorporó a la
Ley 114 de 1913, Ley116 de 1928, Ley 37 de “Planta de Cargos del DEPARTAMENTO DEL
1933 y sus concordantes; teniendo en cuenta VALLE DEL CAUCA, el Personal – Directivo-
los nuevos argumentos jurídicos que se Docente y Docente pagado con cargo al
vislumbraban a la luz del derecho SITUADO FISCAL…”, esto en cumplimiento de la
constitucional, en virtud del derecho a la Ley 60 de 1993, sobre descentralización de la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad educación.
social, al mínimo vital, y de los principios de
"favorabilidad" y de "a trabajo igual, salario SÉPTIMO: Mediante acta No. 092 del 5 de
igual"; además de la interpretación jurídica que febrero de 1997, mi mandante tomó posesión del
se realiza sobre las normas que reglamentan la cargo de docente del Colegio Eustaquio Palacios
pensión gracia, en especial sobre las leyes 37 del Distrito Educativo 1B de Cali y en observación
de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989. Petición de dicha acta de posesión se dice que se
ésta, que fue negada por la entidad CAJANAL incorpora “A LA PLANTA DE CARGOS DEL
mediante la Resolución N° 42929 de DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA…”
Septiembre 14 de 2007, objeto de la presente
demanda». OCTAVO: El vínculo laboral de carácter
Departamental, descrito en el hecho Quinto, mutó
a Territorial – Municipal por mandato de la Ley
715 de 2001, dado que el Municipio de Cali, fue
certificado según Resolución No. 2749 del 3 de
diciembre de 2002, proferida por el Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Valle
del Cauca le entregó la educación al Municipio de
Cali, según acta del 27 de junio de 2003, suscrita
entre las dos entidades mencionadas. Como
consecuencia de la descentralización los tiempos
de servicio que corren desde el 27 de junio de
2003 hasta el 12 de enero de 2016 (fecha de
retiro) son de carácter municipal y por tanto aptos
para el reconocimiento de la pensión gracia.

NOVENO: Mi mandante fue incorporada a la
planta de docentes del Municipio de Santiago de
Cali según Decreto No. 500 del 21 de octubre de
2003, expedido por el Alcalde de Santiago de
Cali.

DÉCIMO: Mediante decreto No. 563 del 08 de
octubre de 2004, el Alcalde de Cali en ejercicio de
facultades propias (no de desconcentración, Ley
115 de 1994, y 715 de 2001) incorporó, “sin
solución de continuidad a la planta de cargos del
Municipio de Santiago de Cali, financiada con
recursos del Sistema General de Participaciones,
el personal docente, directivo docente y
administrativo que presta el servicio educativo en
las instituciones educativas oficiales…”, entre
otros docentes a mi mandante en la institución
educativa Eustaquio Palacios».

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

49. La comparación de los elementos descritos en el cuadro anterior muestra, en
primer lugar, que en el caso bajo estudio se presenta identidad de partes, ya que en
los dos procesos participaron Elssy Otero Martínez y Cajanal, hoy UGPP, como
integrantes de los extremos del litigio33.

50. La descripción del objeto en ambos procesos revela igualmente que las
pretensiones versan sobre el reconocimiento de la pensión gracia bajo el supuesto de
que la actora reunía el requisito de tiempo de servicio en la docencia oficial con
vinculaciones realizadas por el departamento del Valle del Cauca como docente de
tiempo parcial y por el Ministerio de Educación Nacional en marzo de 1979,
nombramiento que sustentó su «incorporación» a la planta de personal docente
departamental mediante el Decreto 2780 del 18 de diciembre de 1996.

51. Ahora, si bien los actos administrativos demandados en los dos procesos son
diferentes, porque en el primero se demandó la nulidad de la Resolución 42929 del 14
de septiembre de 2007, mientras que en este se pretende la nulidad de las
Resoluciones 036356 del 28 de septiembre de 2016 y 002833 del 27 de enero de
2017, el objeto resulta coincidente al centrarse en el análisis de cumplimiento del
requisito de tiempo de servicio en la docencia oficial, en plazas de carácter
departamental, distrital, municipal o nacionalizado, con el propósito de obtener la
pensión de jubilación gracia.

52. Entonces, el hecho de que los actos demandados en los dos procesos sean
disímiles no desvirtúa la identidad de objeto, pues resulta claro que en ambos se
pretendió el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sustentada en el tiempo de
servicio docente prestado por la actora desde abril de 1979, en virtud de vinculaciones
de naturaleza departamental y nacional.

53. En lo atinente a la causa se observa que en los dos procesos la pretensión de
reconocimiento de la pensión gracia se sustentó en iguales razones de hecho y de
derecho. Esto por cuanto en el primer proceso la demanda relató que «fue vinculado(a)
al servicio del Estado como docente mediante el Decreto N° 5603 de Abril 3 de 1979;
labor en la que se ha desempeñado más de 26 años como Docente nombrado
mediante Decreto Nacional».

54. Este hecho coincide con el expuesto en la demanda que inició este proceso,
según el cual la actora prestó servicio en la docencia oficial mediante «vínculo laboral,
Departamental – Nacionalizado con el Valle del Cauca, mi mandante se vinculó con la
Nación – Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 5603 del 03 de abril
de 1979, empezando a ejercer funciones desde el 15 de marzo de 1979. Con vínculo
nacional laboró hasta el 21 de abril de 1996», época en la que afirma que su
vinculación cambió a departamental y luego a municipal con motivo de la
descentralización de la educación.

55. Esta coincidencia muestra entonces que el tiempo de servicio que sustentó la
pretensión en los dos casos es el mismo, porque según lo narrado en precedencia, la
vigencia de la vinculación a la docencia oficial desde abril de 1979 «con vínculo

33
Corte Constitucional, sentencias T-219 de 5 de junio de 2018 y T-322 del 19 de julio de 2019, que en lo pertinente
cita la sentencia C-774 de 2001.

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

nacional» motivó la «incorporación» a la planta docente departamental en el colegio
Eustaquio Palacios en febrero de 1997, hecho en el que sustenta el cambio de
naturaleza de la vinculación.

56. Asimismo, se observa que el tiempo de servicio prestado mediante una
vinculación nacionalizada, según lo narrado en los hechos que sustentan este caso,
inició en diciembre de 1980 y culminó en noviembre de 2000, por lo que se trata de un
hecho conocido desde el inicio del primer proceso.

57. En este orden, resulta evidente que la pretensión de reconocimiento de la
pensión gracia comparte la misma causa, tal y como lo corroboran los tiempos de
servicio que la actora presentó en los dos procesos para acceder al derecho pensional
con sustento en los nombramientos realizados por el Ministerio de Educación en abril
de 1979 y por el departamento del Valle del Cauca en octubre de 1980.

58. En este orden, es válido afirmar que en el caso bajo estudio se encuentran
configurados los elementos de la cosa juzgada, porque el análisis comparativo de las
partes, el objeto y la causa en el proceso anterior y el presente revela identidad entre
ambos.

3.4. Conclusión

59. En el caso bajo estudio se encuentran acreditados los elementos configurativos
de la cosa juzgada porque se presenta identidad de partes, de objeto y de causa con
el proceso radicado bajo el número 76001-23-31-000-2007-01466-00, definido
mediante la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30
de septiembre de 2011 que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
pretensión que la actora reiteró en este contencioso con iguales fundamentos de hecho
de derecho.

60. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada expedida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 19 de julio de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda y declarará de oficio la excepción de cosa juzgada.

4. Costas

61. En lo atinente al argumento expresado por la entidad demandada frente a la
condena en costas, la presente providencia acoge, por razones de seguridad jurídica
e igualdad, el criterio de interpretación mayoritario34 de la Subsección sobre el artículo

34 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.

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Demandado: UGPP

188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas
debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

62. Por lo tanto, como la sentencia apelada no sustentó la condena en costas en la
acreditación de una conducta temeraria o de mala fe de la entidad demandada, se
revocará dicha decisión, conforme a lo solicitado en el recurso de apelación.

63. En igual sentido, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la UGPP haya incurrido en las anteriores conductas.

5. Otras disposiciones

64. Por cumplir con los presupuestos del artículo 76 del Código General del
Proceso, la Sala aceptará la renuncia al poder presentada por Edgar José Polanco
Pereira, quien actúa como abogado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

65. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a través del subdirector de Defensa Judicial
Pensional, confirió poder general a la firma Asproint Asesores S.A.S. Dicha firma está
legalmente representada por el abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia, según el
certificado de existencia y representación legal allegado al expediente.

66. La abogada Elizabeth Valencia Giraldo radicó poder de sustitución que le fue
conferido por el profesional del derecho Jhonier Alejandro Trejos Valencia, para que
represente los intereses de la UGPP, por lo que se le reconocerá personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 19 de julio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Elssy Otero Martínez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

SEGUNDO. DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada en este trámite, al
verificarse la identidad de partes, objeto y causa con el proceso radicado bajo el
número 76001-23-31-000-2007-01466-00, cuya sentencia fue proferida por el Tribunal

Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandante: Elssy Otero Martínez
Demandado: UGPP

Administrativo del Valle del Cauca el 30 de septiembre de 2011. Lo anterior, conforme
a las consideraciones expuestas.

TERCERO. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Edgar José
Polanco Pereira, identificado con cédula de ciudadanía 16.918.747 de Cali y tarjeta
profesional 140.742 del Consejo Superior de la Judicatura.

CUARTO. RECONOCER personería a Jhonier Alejandro Trejos Valencia,
representante legal de la firma Asproint Asesores S.A.S., identificado con cédula de
ciudadanía 1.088.261.587, con tarjeta profesional 268.679 del Consejo Superior de la
Judicatura (CSJ) y a Elizabeth Valencia Giraldo, identificada con C.C. 1.088.018.535
y tarjeta profesional 332.677 del CSJ, para actuar como apoderados principal y
sustituta de la UGPP, respectivamente, en los términos del inciso 3 del artículo 75 del
CGP.

QUINTO. Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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