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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01176-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01176-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones esbozadas previamente. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor de la señora Edelbelly Velásquez Salgado. El valor de las agencias en derecho tendrá que ser definido por el a quo según las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso9. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01176-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01176-01 (3263-2024)
Demandante: Edelbelly Velásquez Salgado
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 33 de 1985 –
vinculación al servicio docente antes de la Ley 812 de
2003 – CONFIRMA la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra la sentencia
dictada el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió a las pretensiones de la demanda. Se anuncia que se confirmará
dicha providencia.

II. ANTECEDENTES

Demanda

1. La accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad
de la Resolución 1.210-68 02396 del 23 de julio de 2019, expedida por la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y aprobada por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a través de la
cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) otorgar y pagar a su favor
la citada prestación desde el 27 de septiembre de 2017, liquidada con el 75 % de
los salarios y primas devengados en el año anterior a la consolidación del estatus
jurídico, compatible con el salario; ii) efectuar los ajustes de valor a que haya
lugar y ordenar el pago de los intereses moratorios que se causen después de la
ejecutoria del fallo; iii) cancelar el retroactivo generado desde que se adquirió el
derecho; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; y v) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de violación argumentó que se vinculó como docente
oficial y empleada pública el 16 de abril de 1994, es decir, antes de que entrara
en vigor la Ley 812 de 2003, por lo que le resulta aplicable la Ley 33 de 1985.

Contestación de la demanda

1
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01176-01 (3263-2024)
Demandante: Edelbelly Velásquez Salgado

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones porque la demandante
no tiene derecho a que se le reconozca una pensión de jubilación con base en la
Ley 33 de 1985, ya que su situación jurídica está gobernada por la Ley 100 de
1993, toda vez que se vinculó al FOMAG después del 27 de junio de 2003,
cuando entró en vigor la Ley 812 de 2003.

5. Propuso las excepciones de legalidad de los actos acusados, inexistencia
de la obligación, caducidad, prescripción y la genérica.

Sentencia apelada

6. Mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, el Tribunal declaró la nulidad
del acto enjuiciado y le ordenó a la demandada reconocer y pagar una pensión
de jubilación a favor de la actora, con base en la Ley 33 de 1985, liquidada con
el 75 % del promedio de la asignación básica y la bonificación mensual docente
devengadas durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico,
efectiva a partir del 27 de septiembre de 2017. Además, ordenó indexar las
sumas adeudadas y decidió no imponer condena en costas.

7. Determinó que la accionante se vinculó como docente oficial en
provisionalidad desde el 27 de septiembre de 1993 y acumuló 25 años, 4 meses
y 6 días de servicio hasta la fecha de expedición del certificado aportado al
proceso.

8. Señaló que la demandante nació el 27 de septiembre de 1962, por lo que
cumplió 55 años de edad el 27 de septiembre de 2017, fecha en la que consolidó
el estatus pensional.

Recurso de apelación

9. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación sobre la base de que la actora se vinculó al servicio educativo después
del año 2019, por lo que su régimen pensional está previsto en la Ley 100 de
1993, cuyos requisitos no cumple para acceder a la pensión.

Intervención en segunda instancia

10. En sus alegatos, la demandante insistió en que ingresó a la docencia
oficial antes del «26» de junio de 2003, por lo que tiene derecho a que se le
conceda la pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985.

11. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la actora se vinculó al servicio
docente antes de que entrara en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene
derecho a una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, ya que
cumple las condiciones que esta última establece.

12. La entidad accionada guardó silencio en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01176-01 (3263-2024)
Demandante: Edelbelly Velásquez Salgado

Problema jurídico

13. La Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la demandante se
vinculó al servicio educativo oficial antes de que entrara en vigor la Ley 812 de
2003 y, por consiguiente, cumple las condiciones para que se le reconozca y
pague una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985?

El caso concreto

14. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos y pruebas:

i) La demandante nació el 27 de septiembre de 1962.

ii) De acuerdo con las pruebas documentales allegadas al proceso, la actora
acredita los siguientes tiempos de servicio como docente oficial:

Desde - Tipo de Entidad contratante o
Tiempo
Hasta vinculación empleadora
27/9/1993 a Nombramiento en Departamento del Valle
62 días
27/11/19931 provisionalidad del Cauca
28/11/1993 a Nombramiento en Departamento del Valle
31 días
28/12/19932 provisionalidad del Cauca
16/4/1994 a Nombramiento en Departamento del Valle
5239 días
18/8/20083 provisionalidad del Cauca
27/01/2009 a Nombramiento en Departamento del Valle
248 521 días
1/7/20104 provisionalidad del Cauca
6/3/2013 a
30/7/2019 Nombramiento en Departamento del Valle
2338 días
(fecha del provisionalidad del Cauca
certificado)5
8191 días, equivalentes a
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
22 años, 9 meses y 1 día

iii) La accionante también registra 368,71 semanas de cotización en
Colpensiones6, entre el 1.° de septiembre de 1995 hasta el 31 de marzo
de 2013, de manera discontinua7.

15. El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
solamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que aquella se revoque o se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone
que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los

1
Folios 30 y 31 del expediente escaneado.
2
Folios 32 y 33 ibidem.
3
Folios 24 y 25 ibidem.
4
Folios 26 y 27 ibidem.
5
Folios 28 y 29 ibidem.
6
En la casilla de «Observaciones» del reporte de semanas cotizadas se indica lo siguiente: «Pago
recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado».
7
Con los siguientes empleadores: municipio de El Cairo, Fondo Departamental Educativo FODE,
Caja de Compensación Familiar Valle del Cauca y Fundación Prodesarrollo de la Educación.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Edelbelly Velásquez Salgado

argumentos expuestos por quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que
deba tomar de oficio o según la ley.

16. En ese contexto, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por
el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-
014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985.

17. En tales condiciones, la Sala comparte la decisión del Tribunal en tanto
determinó que la situación pensional de la demandante está regida por la Ley 33
de 1985, pues demostró que tuvo vinculaciones a la docencia oficial desde el 27
de septiembre de 1993, en provisionalidad, es decir, antes del 27 de junio de
2003, cuando entró en vigor la Ley 812 de 2003.

18. Aunque en el recurso de apelación se mencionó que la actora no estaba
vinculada al FOMAG para el 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, ello no impide el reconocimiento de los lapsos anteriores,
puesto que los docentes vinculados con anterioridad y que cumplen con los
requisitos previstos en la Ley 91 de 1989 son beneficiarios del mismo en atención
a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el cual se distingue
porque: «(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de
transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el
destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que
con la nueva ley se le desmejora»8.

19. Lo anteriores argumentos son suficientes para confirmar la sentencia
apelada, dado que no se plantearon más reproches contra esta.

Condena en costas de segunda instancia

20. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

21. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos
por la entidad accionada en el recurso de apelación carecen de fundamento legal,
teniendo en cuenta que para el 10 de abril de 2024, cuando se promovió la
alzada, ya se había expedido la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005
(que adicionó el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Carta Política), y se
había dictado la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de

8
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011,
Radicación: 40.662.

4
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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01176-01 (3263-2024)
Demandante: Edelbelly Velásquez Salgado

2019, de suerte que en aquella fecha existía suficiente claridad normativa y
jurisprudencial en torno a que el régimen pensional de los docentes vinculados
al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.

22. Por lo tanto, se condenará en costas de segunda instancia a la entidad
accionada, a favor de la demandante, y se liquidarán conforme con lo dispuesto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones esbozadas
previamente.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor de la señora Edelbelly Velásquez
Salgado. El valor de las agencias en derecho tendrá que ser definido por el a quo
según las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo
con el artículo 366 del Código General del Proceso9.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

9
Respecto de la competencia del juez o magistrado ponente de primera instancia para establecer
el monto de las agencias en derecho debido a una condena en costas impuesta en segunda
instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, auto de ponente del 25 de julio de 2024, expediente 63001-23-33-000-2017-
00159-01 (4553-2017).

5
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