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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01180-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01180-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 1. ° de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. En su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 031906 del 24 de octubre de 2019 y RDP 001755 del 24 de enero de 2020, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a la actora. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora Ana Cristina Pizarro Valencia, identificada con cédula de ciudadanía 31.839.900, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores devengados en el año anterior a la Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 14 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001 23 33 000 2020 01180 01 (2840-2025) Demandante: Ana Cristina Pizarro Valencia consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 30 de abril de 2010 y 29 de abril de 2011. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 1.° de agosto de 2016, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta sentencia. QUINTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01180-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2020 01180 01 (2840-2025)
Demandante: Ana Cristina Pizarro Valencia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 1° de agosto de 2025, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2. La señora Ana Cristina Pizarro Valencia, por intermedio de apoderado
judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 031906
de 24 de octubre de 2019 y RDP 001755 de 24 de enero de 2020, por medio
de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió negativamente un
recurso de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia; el pago del reajuste en los términos del artículo 14 de la Ley 100
de 1993; el ajuste de la condena de conformidad con el artículo 187 del
CPACA; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento a la sentencia de
conformidad con el ibidem; y la condena en costas.

4. Argumentó que cumplió 50 años el 4 de octubre de 2009 y prestó servicios
como docente de la siguiente manera: Entre el 17 de septiembre de 1979 y el 16

1 Visible en el archivo 01.EXPEDIENTEDIGITAL.PDF del expediente digital de primera instancia que reposa

en la aplicativo SAMAI
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Demandante: Ana Cristina Pizarro Valencia

de diciembre de 1979, nombramiento efectuado a través de la Resolución 0240
del 05 de octubre de 1979, suscrito por el Jefe del Distrito Educativo No. 1-B del
departamento del Valle del Cauca. Ii) Desde el 31 de julio de 1991 hasta el 24 de
agosto de 2015, por orden de los Decretos 1090 del 18 de julio de 1991 y 0243
del 12 de febrero de 2004, proferidos por el gobernador del departamento del
Valle del Cauca. Y iii) desde el 25 de agosto de 2015 hasta el 27 de mayo de
2019, como docente en el municipio de Cali, nombramiento el cual contó con
algunas novedades laborales.

5. Señaló que, con el proceso de descentralización del servicio público
educativo iniciado con la Ley 60 de 1993, el departamento del Valle del Cauca fue
certificado por el Ministerio de Educación Nacional para ser el prestador del
servicio de educación según Resolución 6017 de 22 de diciembre de 1995, por
lo que la labor prestada a partir del acta de entrega de la administración a dicho
ente (22 de abril de 1996), es de carácter territorial, y por tanto es válido para la
pensión gracia.

6. Precisó que, el vínculo laboral de carácter departamental mutó luego a
municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que el municipio de Cali
fue certificado según Resolución No. 2749 del 03 de diciembre de 2002, proferida
por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Valle del Cauca,
mediante la cual le entregaron el servicio educativo a este último, según el Acta
del 27 de junio de 2003; ejerciendo su labor hasta el 27 de mayo de 2019 (fecha
de ultimo certificado).

7. El 1° de agosto de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa a través
de los actos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Indicó que la entidad demandada desconoció los artículos 1, 2, 13,
25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como
las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de
1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 715 de 2001, 1437 de
2011; y los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.

9. Explicó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con
falsa motivación al determinar que el docente prestó servicios como docente
nacional y no territorial.
10. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio
docente nacionalizado, departamental y municipal; sosteniendo que, en caso que
se entienda que tuvo una vinculación del orden nacional, esta cambió a territorial
con la expedición de la Ley 60 de 1993 y, específicamente, cuando el
departamento del Valle del Cauca asumió la educación en atención al acuerdo
alcanzado con la Nación, momento en el cual fue incorporado a la planta de

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personal territorial, completando así el tiempo de labor docente requerido para la
pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

1.4 Contestación de la demanda2
11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Expuso que, revisado el expediente
administrativo, la actora no acredita los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia, en tanto los periodos que invoca corresponden a vinculaciones
del orden nacional, por lo que no son computables para esta prestación.

12. Precisó que, conforme a certificación expedida por la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali, la demandante laboró desde el 31 de julio de
1991 hasta el 24 de agosto de 2015 con vinculación de naturaleza nacional,
circunstancia que impide la acumulación de dicho tiempo para efectos de la
pensión gracia. Además, que si bien obra certificación en la que se registra un
periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 1979 y el 17 de diciembre de
1979 como nacionalizado, este resulta insuficiente para completar los veinte (20)
años de servicios exigidos por la normativa aplicable; sumado a que existen
inconsistencias en las certificaciones allegadas y que la información debe
validarse a través del sistema CETIL.

13. Para culminar, propuso las excepciones denominadas i) presunción de
legalidad de los actos administrativos; ii) inexistencia del derecho reclamado; iii)
cobro de lo no debido; iv) buena fe; v) prescripción; y vi) la innominada o genérica.

1.5 Sentencia de primera instancia3
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 1°
de agosto de 2025, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas.

15. En primer lugar, reconoció como tiempo válido el comprendido entre el 17
de septiembre de 1979 y el 16 de diciembre de 1979 (3 meses), correspondiente
al nombramiento efectuado mediante el Decreto 0240 de 1979 por autoridad
distrital, al considerar que se trató de una vinculación del orden territorial y,
además, anterior al 31 de diciembre de 1980. No obstante, frente al periodo
comprendido entre el 31 de julio de 1991 y el 26 de febrero de 2004, derivado del
Decreto 1090 de 1991, el Tribunal estimó que se trató de una vinculación del
orden nacional, por cuanto en el acto de nombramiento intervino no solo el
gobernador del Valle del Cauca sino también un delegado del Ministerio de
Educación Nacional, circunstancia que, a su juicio, impedía computar ese lapso
para efectos de la pensión gracia.

2 Visible en el archivo «011_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda_Indice_21_1», que reposa en el
expediente digital.
3 Visible en el archivo 084Sentenciaquen_170Sent1rainst202001 que reposa en el expediente digital.

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16. Posteriormente, consideró válido el tiempo comprendido entre el 27 de
febrero de 2004 y el 24 de agosto de 2015, en virtud del Decreto 0243 de 2004,
mediante el cual la actora fue incorporada expresamente a la planta de personal
docente departamental, con lo que acumuló 11 años, 5 meses y 26 días como
docente territorial. De igual forma, tuvo como computable el periodo comprendido
entre el 25 de agosto de 2015 y el 27 de mayo de 2019, correspondiente a su
vinculación con la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, en el
cual acumuló 3 años, 9 meses y 2 días adicionales.

17. En consecuencia, el Tribunal determinó que la demandante acreditó
únicamente 15 años, 5 meses y 28 días de servicio territorial para obtener la
pensión gracia, por lo que no alcanza la exigencia de veinte (20) años establecida
por la ley. Asimismo, descartó la tesis de la parte actora según la cual el vínculo
iniciado en 1991 habría mutado a territorial por efecto de la descentralización
prevista en la Ley 60 de 1993, al considerar que la naturaleza de este debe
establecerse con base en el acto de nombramiento y no en el origen de los
recursos o en la evolución posterior del sistema educativo. Por estas razones,
negó las pretensiones de la demanda.

1.6 Recurso de apelación4
18. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de
que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda. Sostiene que el Tribunal incurrió en error al no
contabilizar como tiempo válido para la pensión gracia el período comprendido
entre el 31 de julio de 1991 y el 26 de febrero de 2004.

19. La recurrente argumentó que el Decreto 1090 del 18 de julio de 1991 fue
expedido por el Gobernador del Valle del Cauca en ejercicio de sus atribuciones
legales, y señaló que la intervención del delegado del Ministerio de Educación
Nacional en el acto de nombramiento no transforma la naturaleza de la
designación en nacional, conforme a la regla fijada por la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, según la cual lo determinante es
la naturaleza de la plaza y la autoridad nominadora, no el origen de los recursos
ni la participación de un delegado ministerial.

20. Asimismo, sostuvo que el Decreto 0243 del 12 de febrero de 2004 no
constituyó un nuevo nombramiento, sino un acto de incorporación a la nueva
planta departamental adoptada en desarrollo de la Ley 715 de 2001, sin solución
de continuidad. Destacó que el propio decreto señala expresamente que el
personal incorporado “mantendrá su vinculación sin solución de continuidad”, y
que no existe en el expediente prueba de retiro o ruptura del vínculo iniciado en
1991. Por ello, afirma que el período comprendido entre el 31 de julio de 1991 y

4 Visible en los archivos085_MemorialWeb_Respuesta-APELACIÓNESPECIAL y
087Apelacióndese_demandante que reposan en el expediente digital
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el 24 de agosto de 2015 constituye un solo vínculo nacionalizado continuo, que
debe ser computado íntegramente.

21. Con apoyo en precedentes de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
la apelante insistió en que la participación del delegado del Ministerio de
Educación Nacional o el pago con recursos del situado fiscal o del Sistema
General de Participaciones no convierten automáticamente el vínculo en
nacional. En consecuencia, sostiene que, si se contabiliza el período discutido, la
demandante supera los veinte (20) años de servicio como docente territorial o
nacionalizado y consolidó el estatus pensional el 1° de mayo de 2011, cumpliendo
además los requisitos de edad y buena conducta.

1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
22. Mediante auto del 17 de septiembre de 20255, se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandante.

23. En esta instancia solo intervino el agente del Ministerio Público6, quien
conceptuó que la señora Ana Cristina Pizarro Valencia no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto, si bien acreditó el requisito de
edad y una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, únicamente logró
demostrar 15 años, 5 meses y 28 días de servicios como docente territorial y/o
nacionalizado, tiempo inferior a los veinte (20) años exigidos por las Leyes 114
de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989. Señaló que lo determinante para establecer
la naturaleza del vínculo es la plaza ocupada y el acto de nombramiento, y
concluyó que no se probó el cumplimiento integral de los requisitos legales y
jurisprudenciales, por lo que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones.

24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7. Y en atención al artículo 328
del Código General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

5 Visible en el índice 05 de la plataforma SAMAI.
6 Visible en el índice 11 de la plataforma SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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2.2. Problema jurídico
26. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Ana
Cristina Pizarro Valencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 La pensión gracia
27. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales y exige además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

28. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

29. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales.9

9 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997

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30. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201810 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el
entendimiento que había que darse en los casos en que los pagos a docentes
provienen del situado fiscal, lo que no implica que se traten de docentes
nacionales; y tampoco tienen está naturaleza por el hechos que en el acto de
vinculación intervenga además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado de la junta administradora del fondo educativo regional, así este último
certifique la vacancia del cargo y la disponibilidad presupuestal; y tampoco
porque se aluda que los recursos destinados para el sostenimiento tiene origen
o fuente en la Nación.

31. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de
la calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto
es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados
por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago
de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través
de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

32. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los
docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».11

33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa
34. La demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 01 de
agosto de 2019, ante la UGPP, solicitud de reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada mediante la Resolución RDP 031906 del 24
de octubre del mismo año12, por considerar que los tiempos de servicio
laborados por la demandante eran de carácter nacional.

35. Inconforme con dicha respuesta interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado a través de las Resolución RDP 001755 del 14 de enero de 202013
confirmando la negativa.

2.5 Caso concreto
36. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la
Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

37. Edad. Se encuentra acreditado que La señora Ana Cristina Pizarro
Valencia nació el 4 de octubre de 1959, razón por la que, el 4 de octubre de
200914, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

38. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

39. Vinculación del demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se
observan las siguientes novedades laborales de la actora como docente oficial:

-Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 17 de septiembre
de 1979 hasta el 16 de diciembre de 1979 (3 meses)
40. De la revisión del expediente se observa, que a través de la Resolución
0240 del 5 de octubre de 197915, el jefe del distrito educativo nro. 1-B del

12 Visible en las páginas 101 a 105 del expediente digital
13 Visible en las páginas 110 a 114 del expediente digital
14 Visible en la página 47 del expediente digital.
15 Visible en la página 48 del expediente digital.

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departamento del Valle del Cauca en uso de sus atribuciones legales nombró a
la señora Ana Cristina Pizarro Valencia como maestra seccional para cubrir la
licencia no remunerada de la docente Betzaida Pizarro Valencia en la escuela
nro. 27 «Marino Rengifo Salcedo» de Santiago de Cali.

41. Se aclara que si bien el acta de posesión fue suscrita el 30 de octubre de
16
1979 , esta contiene una anotación en el que se evidencia que la prestación de
servicio data desde el 17 de septiembre de 1979.

42. Además, figura en el plenario certificado de historia laboral de fecha 27 de
mayo de 201917, expedido por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali,
que coincide y corrobora el periodo ante dicho.

43. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, se estima que la
naturaleza del vínculo es como nacionalizado, lo anterior encuentra respaldo en
el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975».

44. A lo que se suma que, la actuación de los jefes de distrito al efectuar dichos
nombramientos se puede considerar como la ejecución del proceso de
nacionalización de la educación, como se dispone en la Ley 43 de 1975, al igual
que en el marco de la descentralización de los servicios educativos contemplada
en el Decreto Extraordinario 102 de 22 de enero de 198618. Ello, por cuantos los
jefes de distrito educativo fueron posteriormente integrados formalmente en la
estructura organizacional educativa mediante los Decretos 017919 y 018120
ambos expedidos el 22 de enero de 1982. Dichos decretos establecieron que
estos funcionarios eran directivos docentes designados mediante nombramiento
previo concurso de méritos efectuado por el gobernador, intendente, comisario o
alcalde mayor de Bogotá, con la firma del delegado regional del ministro de
educación como certificación de que se han cumplido todos los requisitos legales
y reglamentarios, encargados de la administración de dos o más núcleos de
Desarrollo Educativo y que dependían administrativamente de las secretarías de
educación de los respectivos entes territoriales y sus funciones eran establecidas

16 Visible en la página 49 del expediente digital.
17 Visible en las páginas 170 y 171 del expediente digital.

18 por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan
otras disposiciones
19 Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre jornada
laboral, asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los funcionarios
docentes directivos y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-escolar, básica y
media vocacional.
20 Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de
planificación y administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Link:
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709830

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por el Ministerio de Educación Nacional21. Por lo demás, los distritos educativos
eran determinados en cada entidad territorial por la Junta Administradora del
Fondo Educativo Regional22.

45. Aun cuando en el Formato Único para la Expedición de Historia Laboral se
indica que el régimen pensional tipo de vínculo de la actora fue nacional, lo cierto
es que ello es un aspecto que difiere de la naturaleza del vínculo; y en todo caso
como se mencionó, del análisis del acto de nombramiento se puede concluir que,
no se observa manifestación alguna en orden a que la plaza ocupada por la
docente fuera del orden nacional, o que la designación se hubiera dispuesto por
autoridad de ese nivel.

46. Precisado lo anterior, la Sala considera que durante este interregno la
actora acreditó un total de tres (3) meses, tiempo que debe ser computado para
los efectos de la prestación reclamada.

47. Así, se encuentra acreditada la existencia de un vínculo anterior al 31 de
diciembre de 1980, como docente nacionalizado. Es pertinente indicar que sobre
este periodo las partes no plantean controversia.

• Desde el 31 de julio de 1991 hasta el 24 de agosto de 2015 (24 años
y 24 días)
48. Se evidencia del acervo probatorio que a través del Decreto 1090 del 18
de julio de 199123, el gobernador del departamento del Valle del Cauca en uso de
sus atribuciones legales, nombró a la demandante como seccional del centro
docente nro. 2 Francisco de Paula Santander, cargo que desempeñó desde el 31
de julio de ese año hasta el 24 de agosto de 2015; fechas que se corroboran con
el Formato Único para la Expedición del 27 de mayo de 201924.

49. A partir del contenido del acto de nombramiento y las autoridades que
participaron en su expedición (gobernador, secretario de educación
departamental y delegado del Ministerio de Educación Nacional), se advierte que
contrario a lo afirmado por el a quo, en este caso se trató de una vinculación de
carácter nacionalizada, dado que, si bien obedeció a la voluntad de la autoridad
territorial, lo cierto es que la decisión se adoptó con la intervención del delegado
del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de dicha entidad territorial,
quien intervino directamente con su firma en el decreto.

50. Sobre este aspecto, conviene recordar que el carácter nacionalizado de
estas designaciones está soportado en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989,

21 Decreto 0181 de 1982, artículo 12
22 Sobre ello se refirió esta Subsección A del Consejo de Estado, en providencia expedida el 26 de
junio de 2025, expediente con radicado 76001 23 33 009 2018 00846 01 (5544–2024)
23 «Por el cual se hacen unos nombramientos y unos traslados en la Secretaría de Educación Departamental

– Fondo Educativo Regional “FER”»
24 Visible en las páginas 168 y 169 del expediente digital.

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disposición que reconoce como tales a los «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados
a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

51. De igual forma, resulta necesario reiterar que, el hecho de que en el acto
de designación haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
educación como miembro de la junta administradora del FER, junto con el
representante legal, no conlleva a concluir que se trate de un docente nacional.
Así lo sostuvo esta Sección en sentencia de unificación de 21 de junio de
2018.11Y en virtud de esta misma decisión, tampoco puede interpretarse que el
pago de las acreencias laborales de los educadores territoriales y nacionalizados
con cargo «[…]a las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas -situado fiscal- […] hoy sistema general de participaciones.», genere
que los recursos que enmarcan la prestación del servicio sean de naturaleza
nacional y por consiguiente le otorguen dicha calidad a la plaza que el profesor
oficial ostenta.

52. Ahora, aunque en el expediente administrativo figura el Formato Único
para la Expedición de Historia Laboral de mayo de 2019, en el que se indica que
la actora laboró desde el 31 de julio de 1991, asignándole como tipo de vínculo
nacional, la Sala le resta merito probatorio a este documento, pues, del análisis
del acto de nombramiento se puede concluir que, por el contrario, se trató de un
docente nacionalizado, porque su expedición fue con posterioridad al 1° de enero
de 1976, es decir, en el marco del proceso de nacionalización contenido en la
Ley 43 de 1975 y contó con el aval de las autoridades pertinentes; sin que se
observe manifestación alguna en orden a que la plaza ocupada por el actor fuera
del orden nacional, o que la designación se hubiera dispuesto por autoridad de
ese nivel.

53. En efecto, la firma del delegado del Ministerio de Educación Nacional
evidencia que el nombramiento atendió a los mandatos en comento, la cual
dispuso que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el
Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

54. De otro lado, se advierte que si bien mediante el Decreto 0243 del 12 de
febrero de 200425, expedido por el gobernador del Valle del Cauca, la docente
fue incorporada a la plata de personal docente del orden departamental, ello no
altera el vínculo primigenio de la demandante, el cual es nacionalizado.

25 Visible en las páginas 54 a 57 del expediente digital.

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55. En ese orden de ideas, el tiempo de servicios objeto de estudio, en un total
de 24 años y 24 días, es válido para acreditar el requisito exigido para obtener
la pensión gracia.

56. La Sala pone de presente que la demandante con posterioridad a los
extremos analizados, tuvo otras vinculaciones territoriales. En efecto, desde el 25
de agosto de 2015 fue vinculada en periodo de prueba por el secretario de
Educación de Santiago de Cali como directivo docente (coordinadora) en la
institución educativa Villa del Sur de la misma municipalidad y posteriormente fue
nombrada en propiedad26; sin embargo, no se ahondará en estos periodos,
precisamente porque la actora cumplió el estatus con anterioridad; y en todo
caso, la entidad no cuestionó la naturaleza de esta designación.

57. Así las cosas, contrario a lo expuesto por el tribunal en primera instancia,
estima la Sala que la señora Ana Cristina Pizarro Valencia acreditó los requisitos
para obtener la prestación en comento, conforme se analizó, y puntualmente
frente a los 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizada, aspecto
en discusión, ello quedó suficientemente probado, por lo que son computables
así:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo
ocupada laborado
Nacionalizada 17 de septiembre de 16 de diciembre de 3 meses
1979 1979
Nacionalizada 31 de julio de 1991 24 de agosto de 24 años y 24
2015 días
Total: 24 años, 3
meses y 24
días.

58. Cabe destacar que, para el momento en que la actora cumplió los 50 años
-4 de octubre de 2009-, aún no había cumplido con los 20 años de servicios, lo
cual solo ocurrió hasta el 30 de abril de 2011.

59. Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
la nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los
factores devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación
de su estatus pensional, comprendido entre el 30 de abril de 2010 y
29 de abril de 2011.

60. La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de
1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados
por esta Corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión
gracia debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional».

26 Visible en las páginas 240 a 246 del expediente digital.

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61. En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, siendo exigible el
derecho a partir del 30 de abril de 2011, cuando adquirió el estatus, la actora
tenía hasta el 30 de abril de 2014 para presentar la reclamación administrativa.
Así, se observa que una primera petición la elevó el 22 de julio de 2011,
interrumpiendo el término de prescripción. Luego, radicó otra solicitud el 1.° de
agosto de 2019, que dio origen a la expedición de los actos administrativos
acusados; mientras que la demanda fue presentada el 11 de septiembre de
202027, es decir, dentro del plazo de los 3 años contados desde la última petición,
razón por la que se encuentran prescitas las mesadas causadas con anterioridad
al 1.° de agosto de 2016.

62. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

63. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.

64. De otro lado, no se negará el reconocimiento de los reajustes consagrados
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Ello, en razón a que esta corporación en
la antedicha sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, definió que la
pensión gracia es una prestación de naturaleza especial, prevista en favor de los
docentes oficiales territoriales como estímulo a su trayectoria, dedicación y
servicios prestados al sector educativo por un término mínimo de 20 años, entre
otros requisitos legales.

65. Así las cosas, al tratarse de una prestación sometida a una regulación
específica y autónoma, no resulta procedente acceder al reajuste previsto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, porque dicha norma regula lo concerniente a
las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o sustitutivas,
categorías dentro de las cuales no se encuentra comprendida la pensión gracia.

2.6. Condena en costas en primera y segunda instancia
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida

27 Visible en el PDF 002ActaDeReparto del expediente digital.

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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, y su
liquidación y ejecución se regirán conforme a lo previsto en el artículo 366 del
Código General del Proceso, de acuerdo con la remisión contenida en el primer
inciso del artículo 188 del CPACA.

69. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la entidad
demandada -parte vencida-, por cuanto se revocará en su totalidad la sentencia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

2. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 1. ° de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. En su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 031906
del 24 de octubre de 2019 y RDP 001755 del 24 de enero de 2020, mediante
las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a la actora.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora Ana Cristina Pizarro
Valencia, identificada con cédula de ciudadanía 31.839.900, en cuantía del 75%
del promedio de todos los factores devengados en el año anterior a la

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consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 30 de abril de
2010 y 29 de abril de 2011. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 1.°
de agosto de 2016, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.

CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en
el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de
inflación certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en
esta sentencia.

QUINTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandada, por
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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