Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01241-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01241-01 (1653-2025)
Demandante: Víctor Hugo García Rengifo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del
Valle del Cauca
Vinculados: Administradora Colombiana de Pensiones – Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
a través de contratos de prestación de servicios- Aportes
pensionales
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión1,
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por el señor
Víctor Hugo García Rengifo en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Valle del Cauca.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Víctor Hugo García Rengifo, por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
1 Con ponencia del magistrado Ronald Otto Cedeño Blume.
2 Índice 2 correspondientes a la primera instancia.
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01241-01 (1653 -2025)
Demandante : Víctor Hugo García Rengifo
Resolución 1.210-68-00796 de 1.° de abril de 2020 que le negó su solicitud de
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, equivalente al
75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior al cumplimiento del
estatus pensional el 29 de marzo de 2017, que se le paguen las diferencias en
las mesadas dejadas de percibir desde la adquisición del estatus pensional con
los ajustes de valor a que haya lugar, así como los intereses moratorios a partir
del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia; que se dé
cumplimiento a la sentencia de acuerdo con los artículos 187, 192 y 195 del
CPACA y finalmente que condene en costas a la entidad demandada de acuerdo
con el artículo 188 del CPACA.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El señor García Rengifo nació el 29 de marzo de 1962, por lo que a la fecha
de la presentación de la demanda contaba con más de 55 años de edad.
6. Se desempeñó como empleado público por más de 20 años, en principio, como
jefe de Unidad Básica en Asuntos Empresariales en la Alcaldía Municipal de
Pradera desde el 28 de junio de 1995 hasta el 14 de julio de 1998; luego en la
docencia oficial, a través de órdenes de prestación de servicios en varios
periodos desde el 18 de enero de 1999 hasta el 13 de noviembre de 2003;
posteriormente como docente en provisionalidad desde el 14 de noviembre de
2003 y como docente en propiedad desde el 8 de enero de 2008 hasta la fecha
de presentación de la demanda.
7. Al considerar que acreditó los requisitos, solicitó ante el departamento del Valle
del Cauca- Secretaría de Educación el reconocimiento de la prestación, de
acuerdo con lo señalado en la Ley 33 de 1985. La entidad negó su petición a
través de la Resolución 1.210-68-00796 de 1.° de abril de 2020.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
8. Como normas vulneradas citó los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1.° de la
Ley 33 de 1985, 3.° de la Ley 62 de 1985, 15 numerales 1.° y 2.° de la Ley 91 de
1989, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003; 1 .° y 2.° del Decreto
2277 de 1979.
9. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado incurrió
en violación directa de la ley toda vez que desconoció que la labor como docente
oficial, sumada a la actividad en el sector público, acredita los requisitos exigidos
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Demandante : Víctor Hugo García Rengifo
en la Ley 812 de 2003 para que el demandante sea merecedor de la pensión de
jubilación a los 55 años de edad.
10. Además, a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les
aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de
1985 como servidores públicos regulares. En este sentido como el accionante se
encuentra vinculado a la docencia con anterioridad al 23 de junio de 2003, a partir
de ese momento se entiende como vinculado para los efectos del cumplimiento
del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio3 se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en que se le deben aplicar al accionante las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003 en atención a su fecha de vinculación al Fondo, tal como lo
dispone la Ley 812 de 2003.
11. En ese sentido, explicó que el docente se encuentra vinculado al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio a partir del año 2004, por lo que no le es
aplicable lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, además, nació el
1.° de enero de 1963 con lo que cumplió la edad el 1.° de enero de 2020, fecha
en la que no acreditaba la densidad de semanas o tiempo de servicios
necesarios. En consecuencia, no era posible reconocer la condición de empleado
público al demandante mientras se desempeñó bajo la modalidad de OPS por el
período [ aceptado por la RAE] 1995 a 2003, toda vez que, si bien existen
algunos pronunciamientos del Consejo de Estado que han tenido en cuenta tal
modalidad para otras prestaciones, ellos se profirieron para casos concretos.
12. Formuló las excepciones de «ineptitud de la demanda por falta de
reclamación administrativa», «inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido», «prescripción», «legalidad de los actos administrativos demandados»,
«buena fe e improcedencia de imposición de costas procesales».
2.2.2. Colpensiones4.
13. Esta entidad presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las
pretensiones formuladas. Para ello señaló que no es la competente para el
reconocimiento pensional reclamado y si lo que pretende el actor, para alcanzar
el requisito de semanas requeridas, es acumular el tiempo laborado como
docente y con otros servicios, ello es improcedente, pues la Ley 71 de 1988 se
aplica por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debiendo cumplirse con
los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición y en lo que respecta
3 Índice 12. Primera instancia.
4 Índice 11 de la primera instancia.
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a los docentes, su transición se verifica bajo lo dispuesto en la Ley 812 de 2013
y del Acto Legislativo 01 de 2005.
14. Además, las semanas cotizadas al régimen de prima media administrado por
Colpensiones, como docente, pueden ser objeto de garantía de una eventual
prestación a reconocerse por el FOMAG, por lo que se puede solicitar la
devolución de esos aportes o emisión del respectivo bono, al fondo al cual se
encuentra afiliado – FOMAG, tal como determina la ley.
15. De igual manera, se debe tener en cuenta que los periodos de cotización
doble no suman respecto de las semanas, toda vez que está expresamente
prohibido en la Ley 100 de 1993, pero si en la liquidación del ingreso base de
liquidación y los aportes que no se efectuaron en calidad de docente no pueden
acumularse para el reconocimiento de una pensión bajo la Ley 91 de 1989 o Ley
812 de 2013.
16. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva de
COLPENSIONES», «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido»,
«prescripción» y «buena fe».
2.2.3. Departamento del Valle del Cauca5.
17. Esta entidad territorial contestó la demanda en oposición a las pretensiones
del actor. En esa línea señaló que por virtud de la ley a quien le concierne, en
caso de ser probado y ordenado el reconocimiento pensional con cuotas partes
a favor del señor Víctor Hugo García Rengifo, es al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria LA PREVISORA S.A., y no
al Departamento del Valle del Cauca, toda vez que la función de éste a través de
la Secretaría de Educación, es la de recibir las solicitudes de la prestación
económica, proyectar la resolución, enviarla al Fondo y una vez aprobada, emitir
el acto administrativo de reconocimiento, notificarlo y remitir la orden de pago a
la FIDUPREVISORA S.A., para el trámite de inclusión en nómina cuando se trata
de pensionados.
18. Propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva, la
prescripción» y la innominada.
2.3. La sentencia apelada6.
19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 28 de
febrero de 2025 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el departamento del Valle de Cauca, declaró la nulidad
5 Índice 14 de la primera instancia.
6 Expediente digitalizado primera instancia. Opción «visualizar expediente», archivo
«047Sentenciaquea_Sentencia_20200124100NRDPensio.pdf»
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del acto demandado, ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocer la pensión de jubilación del actor y se abstuvo de imponer
condena en costas.
20. Para ello, precisó que lo relevante para determinar si al docente debe
aplicársele el régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley 33 de
1985 o Ley 71 de 1988, no es si cumplió con los requisitos del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 sino la fecha de vinculación con la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En cuanto a los factores estableció que
había lugar a aplicar lo señalado en la sentencia de unificación de 15 de abril de
2019 y además los tiempos laborados por un docente con una vinculación
contractual a través de sucesivos contratos u órdenes de prestación de servicios
con entidades públicas o a su servicio, debían ser contabilizados a efectos de ser
tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión.
21. Sin embargo, estimó que en este caso pese a que el demandante suscribió
órdenes de prestación de servicios docentes con la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca, no obstante, no allegó certificados o la prueba
de la realización de los contratos y actas de liquidación por lo que no atendería
tales periodos.
22. Empero estableció que la vinculación en propiedad del demandante como
empleado público con la Alcaldía de Pradera ocurrió el 30 de agosto de 1999 y
luego fue nombrado como docente en propiedad, con lo cual, el tiempo laborado
en el sector público podía contabilizarse a efectos de acreditar el tiempo de
servicio previsto en la Ley 33 de 1985, como lo había señalado el Consejo de
Estado en anteriores oportunidades7.
23. En ese sentido, como también laboró como docente nombrado en propiedad
y fue afiliado por primera vez al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en virtud del nombramiento realizado a través del Decreto 0166 del
25 de febrero del 2004, el tiempo previo como empleado público (3 años y 16
días) sumado a la docencia oficial (18 años, 9 meses y 1 día) generaba 21 años,
9 meses y 17 días y a la fecha de la solicitud de reconocimiento pensional ya
acreditaba los 20 años de servicios y la edad requerida.
24. En consecuencia, declaró la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva frente COLPENSIONES y la UGPP, ordenó la nulidad del acto
demandado accedió al reconocimiento pensional, para lo cual ordenó al FOMAG
reconocer la pensión de jubilación al señor VICTOR HUGO GARCÍA RENGIFO,
liquidada teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985,
esto es, sobre un 75% de lo devengado en el último año de servicio, anterior a la
7 Citó la sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda –
Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, radicación 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023),
consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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adquisición del estatus pensional, esto es, a partir del 29 de marzo de 2017, pero
incluyendo como factores salariales solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, conforme a lo explicado en la parte motiva de
esta sentencia. Para efectos de lo anterior, la NACIÓN-MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO también deberá solicitar el giro de las
cotizaciones provenientes de la relación que sostuvo el demandante con la
Alcaldía municipal de Pradera, Valle desde el 28 de junio de 1995 hasta el 14 de
julio de 1998, pues tales períodos fueron considerados para el reconocimiento de
la pensión bajo estudio».
Es de anotar que en la parte motiva señaló que para los aportes debería
atenderse a lo señalado en el «artículo 1º de la Ley 62 de 1985, tal como lo
dispuso la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en la sentencia del 25 de abril de 20198».
Finalmente ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187 y s.s. del CPACA.
2.4. Recurso de apelación
25. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio9 presentó recurso de
apelación, donde solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
26. Para ello 26. Indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la interpretación
jurisprudencial del Consejo de Estado señalan que la fecha de vinculación del
docente determina su régimen pensional; por lo que debe tenerse en cuenta que
el accionante se vinculó como docente en propiedad el 10 de marzo de 2006 por
lo cual su caso es regulado por la Ley 100 de 1993 y no le es aplicable la Ley «71
de 1988» dado que no le aplicó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
27. Sostuvo que el señor García Rengifo fue vinculado a la docencia el 14 de
noviembre de 2003 y se encontraba activo, por lo que era sujeto del régimen de
prima media de la Ley 100 de 1993 en el que debía acreditar 1350 semanas
cotizadas, que no reunió al momento de realizar la solicitud de reconocimiento
pensional.
28. Luego se refirió a los contratos de prestación de servicios para acumular
tiempos para pensión y al fenómeno de la solución de continuidad a la luz del
artículo 10.º del Decreto 1045 de 1978.
8 Cita de cita. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero
Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, expediente:
680012333000201500569-01.
9 Índice 64 ibidem.
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29. Finalmente sostuvo que los factores salariales para tener en cuenta al liquidar
la pensión que son los considerados por la sentencia de unificación SUJ-014 del
25 de abril de 2019, es decir, aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo. Además, que no puede accederse a la compatibilidad
solicitada pues hay prohibición de percibir más de una asignación proveniente
del erario conforme al artículo 128 superior y al artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
Por último, precisó que no procede condenar en costas a la entidad demandada
porque no está acreditada en el proceso actuación alguna del accionado afectada
por la temeridad.
30. Finamente solicitó que se condene a la Secretaría de Educación
Departamental girar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
los valores correspondientes debidamente indexados, puesto que se observa que
el ente territorial solo hasta el 2004 vinculó a la docente y desde allí empezó a
efectuar los respectivos aportes al Fomag.
2.5. Alegatos de segunda instancia
31. En esta oportunidad las partes guardaron silencio.
2.6. Concepto del Ministerio Público10
32. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia.
33. Para ello, señaló en síntesis que, se logró acreditar que el señor Víctor Hugo
García Rengifo dio pleno cumplimiento a los requisitos contemplados en la Ley
33 de 1985, norma aplicable al presente caso, por cuanto las vinculaciones en
calidad de docente se dieron con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la
entro en vigencia la Ley 812 de 2003; razón por la cual, fue acertada la postura
tomada dentro del fallo de primera instancia, en el entendido de aplicar al actor
lo contemplado en la norma aludida, esto, para acceder a la pensión de jubilación;
bajo ese mismo orden de ideas, se destaca que el demandante cumplió con cada
uno de los presupuestos contemplados en la norma aludida, toda vez que del
material probatorio allegado se constató que el mismo laboró como docente
oficial por 21 años. 9 meses y 17 días, así mismo, frente a la edad contemplada
en la norma, el actor acreditó haber cumplido con la edad exigida en la misma –
55 años de edad – el 29 de marzo de 2017.
34. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
10 Índice 12. Segunda instancia.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
35. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15011 de la Ley 1437 de 2011.
37. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problemas jurídicos
37. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Víctor
Hugo García Rengifo tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
a la luz de la Ley 33 de 1985? En caso de que la respuesta al anterior
interrogante sea afirmativa deberá determinar si ¿es compatible el salario con la
pensión de jubilación cuyo reconocimiento se ordena?
38. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al (i) Régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019, (ii) La vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional; (iii) la compatibilidad entre
la pensión de jubilación docente y el salario y (iv) se verificará el acervo
probatorio.
3.3. Primer problema jurídico. ¿El señor Víctor Hugo García Rengifo tiene
derecho a que su labor como docente a través de órdenes de prestación de
servicios le sea computada para que la pensión de jubilación le sea
reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?
3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
39. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado12 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
12Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»
40. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
41. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.
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3.3.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.
42. Esta Subsección en múltiples pronunciamientos13 ha tenido en cuenta el
tiempo laborado por el docente mediante contratos de prestación de servicios
para el reconocimiento de prestaciones de carácter periódico y donde se ha
considerado que los tiempos de servicios desarrollados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, son aptos para lograr el
reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989 y que remite
para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del orden
nacional.
43. En estos casos se ha determinado que en estas contrataciones el ejercicio
material de la labor educativa bajo una relación laboral encubierta, si bien no se
declara como tal en los procesos de reconocimiento pensional, sí son atendidos
para efectos prestacionales como es el caso de la pensión ordinaria de jubilación.
Esto se señaló en la sentencia en cita: «[…] Lo expuesto se asegura en la medida
en que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por la accionante durante el
tiempo que celebró contratos de prestación de servicios con el distrito capital de
Bogotá, dan cuenta de que en atención al principio de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin necesidad de
concederle judicialmente la calidad de empleada pública, aquella sí puede ser
asimilada a una docente con un vínculo oficial formal a lo largo de los lapsos
enlistados».
3.3.3. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de
los docentes.
44. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
45. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.
13 Se pueden consultar entre otras, la sentencia de esta Subsección de 23 de mayo de 2024, dentro del
proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-01.
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46. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
[…]».
47. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
48. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».
49. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
50. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
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d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.
51. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute14:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 199215 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
52. El artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para
la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta
y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
53. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio,
como ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación16.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
15 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
16 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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54. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
55. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública17.
3.3.3. Caso concreto.
56. Como ya se vio, la apelante indicó que en este caso la vinculación del
demandante a la docencia fue posterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, por lo que en este caso no es posible aplicar las disposiciones de la Ley
33 de 1985, sino de la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos no acredita en la
actualidad. Además, es incompatible la pensión de jubilación docente con el
salario percibido.
57. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.
3.3.3.1. Hechos demostrados
➢ Edad del demandante: De acuerdo con copia de la cédula de ciudadanía
y el registro civil de nacimiento allegado en el archivo «064DEMANDA Y
ANEXOS.PDF», folio 25 pdf18, el señor Víctor Hugo García Rengifo nació el 29 de
marzo de 1962 y por tanto cumplió los 55 años de edad el 29 de marzo de 2017.
➢ Tiempos de servicios.
Al efecto se acreditaron dos etapas:
17 Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
18 Archivo correspondiente a la demanda y anexos visible en el expediente digitalizado de la primera
instancia.
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• Primera etapa: De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones
de Colpensiones visible en el folio 26 pdf ibidem se indicaron 286 semanas de
cotizaciones por empleadores del sector privado como «MUEBLES DÍA LTDA»,
«ALMACÉN SU PROVEEDOR», «CORVACAL LTDA», SERV Y «ASESORÍAS DEL»,
• Segunda etapa: Empleado público en el municipio de Pradera Valle del Cauca.
Desde el 28 de junio de 1995 hasta el 14 de julio de 1998, desempeñando el
cargo de jefe de Unidad Básica de Asuntos Empresariales desde el 28 de junio
de 1995 hasta el 14 de julio de 1998, como lo señala la certificación expedida por
el secretario general de la alcaldía municipal de Pradera, de 19 de junio de 2018
visible en el índice 29 del documento PDF ibidem.
• Tercera etapa: Docente a través de órdenes de prestación de servicios.
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca.
Al proceso se allegó copia de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre el demandante y el departamento del Valle del Cauca, visibles a folios 49 y
s.s. del documento pdf, que dan cuenta de los siguientes servicios:
ÓRDENES DE OBJETO DESDE HASTA TIEMPO
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
244 Servicios de docencia en el 18 de enero de 30 de junio de 5 meses y
municipio de Pradera Valle 1999 1999 13 días
del Cauca
Valor: $
2’000.040
089 Servicios de docencia en el 1 de septiembre 17 de 3 meses y
municipio de Pradera Valle de 1999 diciembre de 17 días
del Cauca. Instituto Técnico 1999
Alfredo Posada Correa
Valor: $
1’317.069
089 Servicios de docencia el 17 de enero de 30 de junio de 5 meses y
municipio de Pradera Valle 2000 2000 13 días
del Cauca
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
2’024.431
069 Servicios de docencia el 1 de septiembre 15 de 3 meses y
municipio de Pradera Valle de 2000 diciembre de 15 días
del Cauca 2000
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
1’395.762
697 Servicios de docencia el 15 de enero de 30 de junio de 5 meses y
municipio de Pradera Valle 2001 2001 16 días
del Cauca
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
2’224.607
697 Servicios de docencia el 1.° de octubre 15 de 2 meses y
municipio de Pradera Valle de 2001 diciembre de 15 días
del Cauca 2001
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
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Valor: $
1’098.993
697 Servicios de docencia el 8 de enero de 15 de julio de 6 meses y
municipio de Pradera Valle 2002 2002 7 días
del Cauca
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
2´511.943
702 Servicios de docencia el 26 de agosto de 22 de 2 meses y
municipio de Pradera Valle 2002 noviembre de 27 días
del Cauca 2002
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
1´387.685
697 Servicios de docencia el 7 de enero de 4 de abril de 3 meses y
municipio de Pradera Valle 2003 2003 28 días
del Cauca
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
1´354.417
697 Servicios de docencia el 7 de abril de 4 de julio de 2 meses y
municipio de Pradera Valle 2003 2003 28 días
del Cauca
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
1´369.808
697 Servicios de docencia el 25 de agosto de 30 de octubre 2 meses y
municipio de Pradera Valle 2003 de 2003 5 días
del Cauca
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
1´031.204
697 Servicios de docencia el 31 de octubre 19 de 1 mes y 19
municipio de Pradera Valle de 2003 diciembre de días
del Cauca 2003
Instituto Técnico Alfredo
Posada Correa
Valor: $
766.555
Total tiempo de servicios: 4 años, 5 meses y 9 días.
• Cuarta etapa. Desempeño docente a través de relación legal y
reglamentaria.
58. Al proceso se allegaron los siguientes documentos que dan cuenta de su
nombramiento como docente en el departamento de del Valle del Cauca, en
provisionalidad, periodo de prueba y en propiedad, como se aprecia a
continuación:
• Decreto 1142 del 28 de octubre de 2003 por el cual se nombró al
demandante en el cargo de docente en provisionalidad al servicio del
departamento del Valle del Cauca. Fecha de posesión. 24 de marzo del 2004
(folios 63 y s.s. ibidem). A folio 66 ibidem obra copia del acta de posesión.
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• Decreto 1392 de 3 de septiembre de 2004 (f. 67 ibidem) por el cual se
nombró a unos docentes en provisionalidad en la Secretaría de Educación del
Departamento del Valle del Cauca. Si bien el decreto fue allegado parcialmente,
a folio 38 obra el acta de posesión 2004-3724 del demandante en el cargo.
• Decreto 0850 de 21 de diciembre de 2007 por el cual se nombra en periodo
de prueba al demandante como docente de la planta de personal de la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca. En la página 70 idem aparece relacionado su
nombre asignado a la Institución Educativa Alfredo Posada Correa. El acta de
posesión de 8 de enero de 2008 obra a folio 72.
• Decreto 1115 de 21 de octubre de 2008 del departamento del Valle del
Cauca, obra el nombramiento realizado en propiedad a varios docentes entre
ellos el actor ( f. 74 idem). Fecha de posesión: 22 de octubre de 2008). Según la
certificación de 30 de mayo de 2018 visible a folio 62 ibidem, el demandante
continuaba laborando.
• Folio 32 y 33 idem ahora en los certificados de salarios percibidos durante
los años 2016 y 2017 por el demandante en donde figura que recibió asignación
básica, bonificación mensual docentes, prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones docentes.
➢ Reclamación Administrativa
• El señor Víctor Hugo García Rengifo solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación el 3 de mayo de 2019, teniendo en cuenta los tiempos
laborados como docente a través de órdenes de prestación de servicios y los
aportes que había hecho en virtud de su afiliación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. (Así se indica en el acto demandado a folio
22 ibidem.).
• A través de la Resolución 1.210-68-00796 de 1.° de abril de 2020,
proferida por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca se le negó su
solicitud pensional, con base en que no cumplió con los requisitos previstos en
las Leyes 100 de 1993. (fl. 23-23 ibidem.).
3.3.4. Análisis sustancial
59. Para resolver la controversia, la Sala de Subsección precisa que, a diferencia
de lo señalado por el a quo, los tiempos laborados por el demandante mediante
órdenes de prestación de servicios son computables a efectos de cumplir con el
tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación como se dejó
expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, pues en ellos se aprecia el
objeto del contrato, el lugar al cual se le asignó en sus labores, la existencia de
certificado de disponibilidad presupuestal, el valor y, además, tales pruebas
fueron puestas en conocimiento del departamento del Valle del Cauca. Entidad
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que también compareció al proceso, sin que hayan sido objeto de tacha alguna.
60. De acuerdo con esto, los tiempos así acreditados, de forma interrumpida, en
el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1999 y el 19 de diciembre de
2003, ascienden a 4 años, 5 meses y 9 días que debieron ser atendidos para el
reconocimiento pensional.
61. Igualmente advierte la Sala que revisado el certificado de tiempo laboral
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que obra
a folio 30 del archivo PDF19, indica el 30 de agosto de 1999 como fecha de inicio
de labor, no obstante estima la Sala que la información allí suministrada no es
congruente pues entra en contradicción con todos los contratos de prestación de
servicios que fueron allegados y según los cuales el periodo laborado desde el
18 de enero de 1999 hasta el año 2003 el demandante se encontraba laborando
bajo la modalidad de OPS.
62. Sin embargo, pese a ello, se advierte que sumado el tiempo de labor a través
de contrato de prestación de servicios, más la labor como empleado público y la
labor como docente oficial (relación legal y reglamentaria) de la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca es evidente que el demandante
superó los 20 años de servicios exigidos en la Ley 33 de 1985 así como la edad
requerida dado que nació el 29 de marzo de 1962 y por tanto cumplió los 55 años
de edad el 29 de marzo de 2017, fecha de adquisición del estatus.
63. Por tanto, está acreditado que se encuentra vinculado al servicio docente
desde el 18 de enero de 1999 cuando ingresó por contrato de prestación de
servicios en el departamento del Valle del Cauca, esto es, con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como se advierte del análisis de los
tiempos de servicios desarrollado en el acápite anterior, en consecuencia, goza
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33
de 1985.
64. En tal sentido, le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985, como lo determinó el
Tribunal, aunque por otros motivos, pues como se dejó expuesto, los docentes
vinculados a través de contratos de prestación de servicios con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en este caso, se encuentran
exceptuados de la aplicación del régimen general de pensiones allí previsto. Por
tanto, la normatividad que regula la situación pensional del accionante es la Ley
33 de 1985, de acuerdo con el literal b) del numeral 2.° del artículo 15 de la Ley
91 de 1989, y los factores pensionales son aquellos sobre los que se efectuaron
los respectivos aportes, de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
19 Archivo «001DEMANDA Y ANEXOS VICTOR HUGO GARCIA RENGIFO».
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65. Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación, comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.»
66. En el caso concreto, del certificado de factores salariales referido, se
desprende que el accionante, devengó los siguientes factores salariales:
asignación básica, bonificación mensual docentes, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones docentes.
67. Es de precisar que, pese a el Tribunal ordenó la liquidación de la pensión
sobre un 75% de lo devengado en el último año de servicios incluyendo como
factores salariales solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, tal como lo dispuso
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la
sentencia del 25 de abril de 2019, no obstante no se pronunció sobre la
bonificación mensual docentes, creada por los Decretos 1566 de 2014, 123 de
2016, 983 de 2017 con carácter de factor salarial para todos los efectos legales,
empero la Sala no se pronunciará al respecto dado que esto no fue objeto de
apelación por el demandante.
68. Igualmente es pertinente señalar que el Tribunal le ordenó a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del
Magisterio solicitar el giro de las cotizaciones provenientes de la relación que
sostuvo el actor con la Alcaldía municipal de Pradera, Valle «desde el 28 de junio
de 1995 hasta el 14 de julio de 1998».
69. Sin embargo, como en esta decisión se señala que los tiempos de servicios
desplegados a través de contratos de prestación de servicios son válidos aprecia
la Sala que debe adicionarse la sentencia de primera instancia frente a los
aportes en pensión por esa labor desarrollada entre el 18 de enero de 1999 y el
19 de diciembre de 2003, pues tales períodos fueron considerados para el
reconocimiento de la pensión bajo estudio y además, están a cargo de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca – municipio de
Pradera.
70. En este sentido, al docente le correspondía realizar los aportes a pensión en
algún fondo de previsión -diferente al FNPSM-, por los honorarios percibidos en
razón de los contratos que celebró con ente territorial en el periodo comprendido
entre el 18 de enero de 1999 y el 19 de diciembre de 2003, sin embargo, no obra
prueba en el expediente que respalde tal hecho, lo cual no es óbice para ordenar
su contabilización en la liquidación de la pensión del señor García Rengifo, siendo
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, dentro de sus
competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, realizar las gestiones
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interadministrativas necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total
de la cotización sobre los honorarios, pues tales períodos se van a considerar
para el reconocimiento de la pensión bajo estudio y además, están a cargo de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca – municipio de
Pradera.
71. Por ello, deberán recaudarse, en la proporción correspondiente al empleador
en el porcentaje que legalmente les corresponde, siempre y cuando estos giros
no se hayan hecho.
72. En caso de que la demandante haya efectuado aportes a pensión a otro fondo
diferente al FOMAG por los tiempos mencionados, la autoridad accionada
gestionará que tales autoridades asuman la obligación legal de concurrir con el
pago de la pensión en la cuota parte que le corresponda en aplicación directa del
artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, el cual debe ser tenido en cuenta
exclusivamente para asuntos como el presente donde la pensión se reconoce en
virtud de la Ley 33 de 1985 que es la que precisamente dicha norma reglamenta.
73. Así mismo se advierte que en este caso no operó el fenómeno de la
prescripción comoquiera que la prestación se causó desde el 29 de marzo de
2017 y la petición de reconocimiento pensional la realizó el 3 de mayo de 2019 y
la demanda se presentó el 25 de septiembre de 202020, por lo que le asistió razón
al Tribunal frente a dicho fenómeno.
74. Por último es de indicar que, para el caso del demandante fue vinculado al
servicio docente desde el año 1999 por lo que le es compatible el percibir el
salario y la pensión de jubilación en los términos de la ley acorde con el marco
jurídico señalado en acápite anterior.
75. Como se aprecia de lo anterior se impone confirmar parcialmente la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda, sin embargo se adicionará un numeral
para señalar la forma correcta en que debe realizarse el cobro de los aportes en
pensión a cargo del departamento del Valle del Cauca y el municipio de Pradera
en el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1999 y el 19 de diciembre de
2003.
3.5. De la condena en costas
77. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
20 «002ActaDeReparto 2020-01241-00.pdf».
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Demandante : Víctor Hugo García Rengifo
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
78. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
79. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
80. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, específicamente frente a ordenar el cobro de los aportes
pensionales a la Secretaría de Educación Departamental por manera que no
puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
81. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 28 de febrero de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por el señor Víctor Hugo García Rengifo contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
pero con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: ADICIONAR dos incisos al numeral TERCERO de la parte resolutiva
de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que quedará en los siguientes términos:
«En el eventual caso en que no se hubiesen hecho descuentos para pensión
sobre los emolumentos a incluir en el IBL frente al periodo comprendido entre el
18 de enero de 1999 y el 19 de diciembre de 2003, la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG dentro de sus competencias y por tratarse de aportes
imprescriptibles, deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias
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para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización sobre dichos
conceptos por parte del departamento del Valle del Cauca y el municipio de
Pradera en su proporción como empleadores les corresponde.
De igual forma, en aplicación de lo previsto en el artículo 5.°, numeral 5.°, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que
el FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro
de las cuotas partes que correspondan por todos los aportes que otras entidades
de previsión hubieren recibido a nombre del accionante. Dicho trámite tiene como
finalidad garantizar la financiación de la pensión de jubilación y no afectará en
ningún caso el pago de la mesada correspondiente.”
TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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