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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01254-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01254-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones. En su lugar: SE CONDENA A LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a pagar al señor Jorge Raimundo Molina Castañeda, el monto de lo debido por la sanción moratoria causada a partir del 15 de diciembre de 2017 al 18 de enero de 2018 los cuales deben ser liquidados conforme al salario que devengaba en el año 2.009 por tratarse de cesantías definitivas. La suma que se consolide en el período reconocido deberá ser ajustada, desde la fecha en que cesó la mora hasta la ejecutoria de la sentencia. 18 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 76001-23-33-000-2020-01254 (6834-2024) CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a favor del señor Jorge Raimundo Molina Castañeda, la siguiente suma: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Tres pesos ($2.863.043). La sentencia deberá ser cumplida en los términos y en forma establecida en el artículo 192 y ss. del CPACA. Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. tercero. Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01254-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01254 (6834-2024)
Demandante: Jorge Raimundo Molina Castañeda
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Tema: Sanción Moratoria. Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006. REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones, en cuanto accedió a la nulidad del acto acusado, pero negó el
restablecimiento del derecho por pago de la obligación.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Raimundo Molina Castañeda instauró demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo generado por el
silencio administrativo frente a la petición presentada el 21 de enero de 2020, a través
del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

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Que, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada reconocer y
pagar la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta cuando
se hizo efectivo el pago; que el monto sea indexado acorde con el IPC, que la
liquidación de la condena se realice en sumas liquidas de dinero en moneda legal en
Colombia y se ajuste conforme lo previsto en los artículos 192 y 196 del CPACA; y
finalmente, que se le condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 01 de septiembre de 2017 solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional –
Fomag, el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

Que por medio de la Resolución 4143.010.21.10414 de 29 de diciembre de 2017 le
fueron reconocidas, sin embargo, solo recibió el pago el 22 de julio de 2019 a través
de entidad bancaria. Es decir, que no se produjo dentro de los 70 días hábiles
siguientes a la reclamación, por lo que, considera se causó la sanción moratoria
establecida en la Ley 244 de 1995, por un total de 584 días de mora.

Que el 21 de octubre de 2019 reclamó ante la respectiva entidad territorial el
reconocimiento de la sanción moratoria por las cesantías pagadas tardíamente y la
administración guardó silencio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas las Leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de
2006.

En el concepto de la violación manifestó que el acto administrativo acusado infringe
las normas en que debía fundarse, pues pese a producirse el retraso en el pago de
las cesantías, se negó el reconocimiento de la sanción moratoria.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 3 de septiembre de 2021 se admitió la demanda y se notificó a la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Al contestar
se opuso a las pretensiones expresando que no existe en el proceso sentencia judicial
que declare la existencia de la mora, así como acto administrativo en el cual se ordene
el pago de algún dinero por dicho concepto.

Que tampoco reposa dentro del expediente prueba idónea que logre demostrar que
la entidad incurrió en mora del pago de las cesantías definitivas, pues estaba
supeditado a que el acto administrativo quede en firme para luego proceder a realizar

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dicho pago. Con relación a la pretensión de indexación de la condena, sostuvo que
debe negarse debido a que es incompatible con la sanción moratoria.

Propuso como excepciones: no comprender la demanda a todos los litisconsortes
necesarios, legalidad de los actos administrativos, improcedencia de la indexación de
las condenas, caducidad, prescripción, cobro de lo no debido, compensación y falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Se impartió el trámite para dictar sentencia anticipada 1, no obstante, de manera
previa, se resolvió la excepción “no comprender la demanda todos los litisconsortes
de forma desfavorable” 2, se requirió a la demandada en cuatro (4) oportunidades para
que allegara los antecedentes administrativos tanto de la solicitud de las cesantías
definitivas como de la sanción moratoria reclamada 3 y una vez allegados 4 se corrió
traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión. La demandante
reiteró sus argumentos, la parte demandada manifestó que la obligación producto de
la sanción moratoria reclamada se encontraba satisfecha, adjuntando prueba del
pago y el Ministerio Público no se pronunció.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia en la que declaró la
nulidad del acto demandado a través del cual se negó al señor Jorge Raimundo
Molina Castañeda el derecho a la sanción moratoria. Sin embargo, negó el
restablecimiento del derecho al concluir que el valor $8.248.588 producto de los 161
días de mora causados desde 19 de enero de 2018 hasta el 28 de junio de 2018
fue cancelado al actor en su totalidad, tal como se comprobó en el curso del proceso.
Que, por fuera de ese pago, no se adeuda suma alguna.

Para efectos de calcular los días causados por la sanción moratoria, tuvo como fecha
de presentación de la reclamación de la cesantía el 3 de octubre de 2017, por lo que
la demandada tenía hasta el 25 de octubre de 2017 para resolver la solicitud y como
el acto se expidió el 29 de diciembre de 2017, concluyó, se dio por fuera del término
establecido en la Ley 1071 de 2006.

Que los (45) días vencieron el 18 de enero de 2018 y el pago efectivo de las cesantías
parciales se realizó el 29 de junio de 2018, por ello, la sanción moratoria se causó
hasta el día anterior, 28 de junio de 2018.

Sin condena en costas.

1 Ver auto 2 de noviembre de 2023 en índice de Samai 00020.
2 Concluyó que en este asunto no puede aplicarse la Ley 1955 de 2019, porque la solicitud de cesantías definitivas

fue radicada en 1 de septiembre de 2017, es decir, antes de que se encontrara vigente.
3 Ver oficios en índices 00026, 00028, 00030 y 00032 en Samai del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
4 Ver oficios en índice 00034 de Samai del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

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RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que no está de
acuerdo con la sentencia con respecto a la fecha que tomó el tribunal como de
reclamación de las cesantías definitivas, los extremos de la sanción moratoria y la
conclusión que negó el restablecimiento del derecho por el supuesto pago de la
obligación.

Sostuvo que, de acuerdo con la prueba allegada en su demanda a folio 18, la
reclamación de las cesantías definitivas fue presentada el 1° de septiembre de 2017,
y no el 3 de octubre 2017 como lo consideró el tribunal. Que, siendo así, el plazo para
cancelarlas fue el 14 de diciembre de 2017 sin embargo, el pago se efectuó de
manera parcial el 29 de junio de 2018.

Que el actor se vio obligado a radicar una reclamación con respecto a la liquidación
de las cesantías definitivas la cual provocó un nuevo acto administrativo
4143.010.21.03172 del 09 de mayo de 2019 en el que fue corregido el valor liquidado.
Por lo anterior, concluyó que el pago completo y total de las cesantías definitivas se
realizó el 22 de julio de 2019 por lo que transcurrieron 584 días de mora.

Adicionalmente, precisó que el nombre del actor es Jorge Raimundo Molina
Castañeda y no como erróneamente se indicó en el caso concreto “Señora Chávez
García”.

Finalmente, citó pronunciamientos de esta Sección relacionados con la sanción
moratoria según la Ley 1071 de 2006, los términos para liquidarla y sobre la
indexación los cuales considera le son aplicables. También refirió una providencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se tuvo en cuenta la fecha de
pago del reajuste de las cesantías reconocidas como finalización de la sanción
moratoria.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio.

El ministerio público conceptuó bajo los siguientes argumentos:

Que, conforme a la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
allegada con la demanda, la fecha en que se solicitó fue 1° de septiembre de 2017 y
no 3 de octubre de 2017 como lo manifestó el tribunal.

Que a la parte demandante le asiste derecho al pago de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, la que equivale a (195) días. Sin embargo,

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como la Fiduprevisora acreditó que pagó al actor el valor de $8.248.588, el cual cubrió
el período comprendido entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2018, concluy ó que
aún se le adeuda los días causados desde el 15 de diciembre de 2017 y el 18 de
enero de 2018. En consecuencia, sugirió modificar la sentencia de primera instancia
y en su lugar, acceder a las pretensiones en los extremos indicados.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

La Sala debe determinar los siguientes problemas jurídicos; i) si el período de la
sanción moratoria fue debidamente contabilizado por el tribunal y si es acorde a los
términos establecidos en la jurisprudencia de esta corporación ii) si la negativa al
restablecimiento del derecho por encontrar pagada la obligación reclamada, es
acertada conforme con las pruebas allegadas al proceso y iii) si hay lugar a indexar o
no las sumas adeudadas producto de la sanción moratoria pretendida.

Sobre las cesantías en el sector docente

El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y la
aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».

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La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9° 5 dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 2018 6 unificó jurisprudencia
sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 a los
maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por la cancelación
extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella se especificó la
naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la categoría de servidores
públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues, aunque el
estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que
en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto
de empleado público. En ese sentido a los docentes les son aplicables las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo
haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará
a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se
contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión
(Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia
del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45
días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente,
al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará
la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»

Resolución al caso concreto

En el recurso de apelación se manifestó inconformidad sobre la forma como el
tribunal contabilizó los días en que se causó la mora y respecto a la negativa de las
pretensiones por el pago de la obligación.

5 «(…) Artículo 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará
de tal manera que se realice en las entidades territoriales».
6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018.

Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

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Frente al primer motivo, la Subsección analizará las pruebas oportunamente
allegadas por las partes, para efectos de establecer cuál es la fecha de la solicitud
de las cesantías definitivas y luego de ello, proceder a su contabilización.

De la revisión de la demanda se advierte que la parte actora, aportó a folio 19 7
petición presentada el 1° de septiembre de 2017 ante la secretaría de educación de
Santiago de Cali y de su lectura se desprende que para efectos del trámite de
cesantías definitivas hizo entrega de los siguientes documentos: a) formato de
solicitud de cesantías debidamente diligenciado. b) dos fotocopias de la cédula
ampliada al 150% c) Resolución 4143.21.11293 de 2008 de la secretaría de
educación municipal por la cual se le retira del servicio activo. d) certificado de la
historia laboral y tiempo de servicios. e) Certificado de salarios años 2008-2009. f)
Reporte anual de cesantías. g) Paz y salvo del fondo nacional del ahorro.

La anterior petición fue conocida por la demandada, quien no se opuso ni allegó
prueba que permitirá desvirtuarla. Adicionalmente, observa la Subsección que omitió
dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA 8,
siendo su deber allegar tanto las pruebas que se encuentren en su poder y que
pretenda hacer valer en el proceso, como el expediente administrativo que contenga
los antecedentes de la actuación objeto de este.

Fue aportado también por la parte demandante, el acto administrativo
4143.010.2110414 de 29 de diciembre de 2017 a través del cual se le reconocieron
las cesantías definitivas y del mismo se observa que según lo allí anotado por la
entidad, fue expedido en respuesta a una reclamación presentada el 3 de octubre de
2017 bajo el número 2017-CES-489969.9

El Tribunal, en auto 5 de septiembre de 2024 10, decretó como prueba que el Fomag
allegara los antecedentes administrativos tanto de la solicitud de las cesantías
definitivas como de la sanción moratoria aquí reclamada, siendo requerido en 4
oportunidades para que diera respuesta a los oficios enviados 11.

Según consta en el índice de Samai 00034 de primera instancia, el Fomag contestó
el último requerimiento y, de lo allegado, se desprende que corresponden a los
antecedentes de ambas solicitudes en (12) folios y (22) folios12. Sin embargo, en
ninguno de los dos archivos aportó prueba de la supuesta reclamación de las
cesantías definitivas presentada el 3 de octubre de 2017.

7 Índice 00018 Samai del Tribunal del Valle del Cauca, documento identificado nombre
14_ED_ONEDRIVE_1_2510202(.zip) NroActua 18.
8 «Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza

funciones administrativas demandado deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes
de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder»
9 Ver folios 19-22 documento denominado 001Demanda en el índice 00018 Samai de primera instancia.
10 Ver índice 00050 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
11 Ver oficios en índices 00026, 00028, 00030 y 00032 en Samai del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
12 Documento denominado: 24_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 34

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De acuerdo con lo anterior, no es posible tener como fecha de presentación de la
reclamación el día 3 de octubre de 2017, como lo hizo el Tribunal, pues no existe
prueba de que efectivamente haya sido radicada ese día, contrario a ello, la parte
actora sí allegó con su demanda la petición radicada el 1° de septiembre de 2017
ante la Secretaría de educación municipal de Santiago de Cali, la cual, al no ser
desvirtuada, cuenta con pleno valor probatorio.

Aclarado lo anterior, procede la Subsección a contabilizar los términos del trámite de
las cesantías definitivas para efectos de determinar si se incurrió o no en la pretendida
sanción moratoria y posteriormente, si la obligación fue o no pagada a su interesado.

Atendiendo a lo probado, tenemos, entonces, que la solicitud de reconocimiento se
elevó el 1° de septiembre de 2017 y la entidad contaba con 15 días hábiles para emitir
el acto administrativo respectivo, esto es, hasta el 22 de septiembre de 2017 plazo
que, como se ve, se incumplió; pues fue proferido el 29 de diciembre de 2017 por lo
que no existen dudas de que la decisión que reconoció el derecho perseguido fue
expedida en forma extemporánea.

En esta línea, la regla de contabilización para el pago de las cesantías establecidas
por esta Corporación -Sentencia SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018-13, teniendo en
cuenta las normas previstas en el CPACA, es la segunda, que contempla:

HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
ACTO Aplica, pero no se 45 días, posteriores 70 días posteriores
ESCRITO tiene en cuenta 10 días, después a la ejecutoria a la petición
EXTEMPORAN para el cómputo de cumplidos 15
EO (después del término de para expedir el acto
de 15 días) pago

Aplicando la regla citada al caso en estudio, se observa:

Fecha solicitud de Cumplimiento de Fecha de pago de Dia anterior a la
cesantías los 70 días las cesantías fecha en que se
posteriores a la según certificado puso en
petición allegado por la disposición el
demandada dinero
1° de septiembre 14 de diciembre de 29 de junio de 2018 28 de junio de
de 2017 2017 2018.

De acuerdo con lo anterior, en este caso la sanción moratoria tuvo lugar desde el 15
de diciembre de 2017 hasta el 28 de junio de 2018, día anterior al pago por el valor
de $12,314,257.00 según la certificación allegada por el Fomag en cumplimiento del
acto administrativo del 29 de diciembre de 2017. No siendo posible tener como fecha
final el 21 de julio de 2019, como lo pretende la parte actora pues ésta obedeció a un

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018- Exp.

73001-23-33-000-2014-00580-01.

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pago efectuado producto de un posterior reajuste de las cesantías definitivas
reconocidas por el valor de $1.610.909 14, y en estos eventos, la Subsección A 15 ha
manifestado que no opera el pago de la sanción moratoria:

«(…) Conforme a lo establecido y contrario a lo señalado por la parte actora, la
sanción moratoria solo tiene lugar en el evento en que la administración no
cumpla con la obligación de cancelar las cesantías dentro del plazo legal
previsto por el legislador, que puede variar de acuerdo a la situación concreta
de cada beneficiario, de manera que el hecho de que la administración haya
liquidado un monto por cesantías definitivas que luego haya sido objeto de un
reajuste, no conlleva a determinar que desde la fecha de la solicitud de
reconocimiento de la prestación hasta el pago de la misma, no se hayan cumplido
con los términos establecidos por la ley para tal efecto.

En ese sentido, no encuentra la Sala de recibo los argumentos de la alzada
fundadas en que la penalidad por mora se causó a su favor ante el supuesto
pago incompleto de la prestación social, cuya cancelación total tuvo lugar
una vez fue reajustado el monto reconocido mediante la Resolución 11136 del
29 de enero de 2018 en la que se reconoció la suma $6.854.765.oo por concepto
de la diferencia causada con ocasión a la liquidación de la prestación reconocida,
pues esta Corporación en varias oportunidades ha señalado, que una indebida
liquidación de las cesantías por un pago que en sentir del actor fue incompleto,
no implica que el empleador haya incurrido en el supuesto de la norma que lo
penaliza con una sanción económica al no haber cancelado dentro de la
oportunidad legal las cesantías definitivas, pues una cosa es efectuar la
liquidación y cancelación de la prestación social de acuerdo a las directrices
tomadas por la entidad demandada en su momento y, otra es, reconocer fuera
del plazo determinado por el legislador la prestación aludida» (negrillas y
subrayado fuera del texto).

Finalmente se analizará si le asiste razón al tribunal al negar la pretensión por pago
de la sanción moratoria.

La Subsección observa que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio allegó certificaciones de pago por el valor de $8.248.588 realizado el día
26 de junio de 2023, producto de la sanción moratoria por cancelación extemporánea
de las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución 10414 de 29 de diciembre
de 2017, período 19 de enero de 2018 a «29 de junio de 2018», equivalente a 161
días. (En el cálculo la entidad tuvo en cuenta como fecha de reclamación de las
cesantías el 3 de octubre de 2017 y no 1° de septiembre de 2017).

En ese sentido, tal como lo conceptuó el Ministerio público, no es posible tener como
pagado el derecho, pues los extremos temporales de la sanción moratoria se
recuerdan tuvieron lugar desde 15 de diciembre de 2017 hasta el 28 de junio de

14 Ver folios 8 a 10 del documento identificado 24_760012333000202001254003MemorialWeb2024212225021

allegado como antecedentes administrativos en índice 00046 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 6 de agosto de 2020, Exp. 17001-23-33-

000-2019-00135-01(0651-20) C.P, Sandra Lisset Ibarra Vélez

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01254 (6834-2024)

2018. Por tanto, al actor se le adeuda aun desde el 15 de diciembre de 2017 al 18
de enero de 2018. Días que deberán ser cancelados teniendo en cuenta el salario
devengado al momento de su retiro del servicio (año 2009) por tratarse de cesantías
definitivas, por lo que se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia para
en su lugar ordenar su reconocimiento en los extremos indicados.

La suma que se consolide en el período reconocido deberá ser ajustada, desde la
fecha en que cesó la mora hasta la ejecutoria de la sentencia 16

Ahora, sobre la suma que le fue reconocida y pagada por sanción moratoria, la cual
fue de $8.248.588, la Sala encuentra que la entidad tardó más de 5 años en cancelarla
(término calculado desde que se hizo exigible la sanción moratoria “2017”), por tanto,
si bien se imputa como parte de pago, hay lugar a reconocer a su interesado, por
equidad la actualización de la suma pagada conforme el artículo 187 del CPACA,
pues la indexación es una herramienta que busca evitar la depreciación que ocurrió
en este caso entre la fecha en que, según la liquidación realizada por la entidad,
habría finalizado la mora –29 de junio de 2018 y aquella en que se produjo el pago
de la indemnización moratoria –26 de junio de 2023.

Para dichos efectos la Sala tendrá en cuenta que en estos asuntos se ha permitido la
aplicación del citado artículo, para efectos de no reconocer un valor devaluado y en
ese sentido, por regla general se ha ordenado que la suma total consolidada por
sanción mora debe ajustarse desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria
de la sentencia – art. 187. Ahora, esa interpretación resulta en aquellos eventos en
los cuales el monto consolidado por sanción moratoria es objeto de discusión y
reconocimiento en providencia judicial. En este asunto, se advierte que a la parte
actora estando en curso este proceso se le reconoció la suma adeudada por sanción
moratoria de manera parcial, sin embargo, su pago se reitera fue tardío, por tanto, el
reajuste deberá realizarse teniendo en cuenta el IPC vigente a la fecha en que cesó
la mora (28 de junio de 2018) hasta el pago parcial realizado (26 de junio de 2023).

El ejercicio realizado teniendo en cuenta la serie de empalme 2003-2025 del DANE,
(actualizado a 7 de abril de 2025) 17 arroja lo siguiente:

La suma reconocida fue de $8.248.588
El IPC final (26 de junio de 2023) es 133,78

16 Lo anterior, conforme a lo dispuesto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 26 de agosto del 2.019 Radicado número 68001233300020160040601 (1728-2018): «De lo anterior
se colige que la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la siguiente: Por lo tanto, a)
mientras se causa la sanción moratoria día a día ésta no podrá indexarse b) cuando termina su causación se
consolida una suma total, ese valor sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria
de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada la condena no procede indexación, sino que se
generan los intereses según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA».

17 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01254 (6834-2024)

El IPC inicial (28 de junio de 2018) es 99,31

$8.248.588*133,78/99,31 = $11.111.631

De lo anterior, tenemos que a la actora se le debió pagar la suma de $11.111.631
como resultado de los días de sanción moratoria ajustados al día del pago y no
$8.248.588, por lo que se ordenará en favor del señor Jorge Raimundo Molina
Castañeda, el reconocimiento y pago de la diferencia de $2.863.043.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 18 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte vencida en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses e incluso efectuó pago parcial de la obligación reclamada, de manera
que no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 10 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones.
En su lugar:

SE CONDENA A LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a pagar al
señor Jorge Raimundo Molina Castañeda, el monto de lo debido por la sanción
moratoria causada a partir del 15 de diciembre de 2017 al 18 de enero de
2018 los cuales deben ser liquidados conforme al salario que devengaba en el
año 2.009 por tratarse de cesantías definitivas.

La suma que se consolide en el período reconocido deberá ser ajustada, desde
la fecha en que cesó la mora hasta la ejecutoria de la sentencia.

18 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01254 (6834-2024)

CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a favor del señor Jorge
Raimundo Molina Castañeda, la siguiente suma: Dos Millones Ochocientos
Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Tres pesos ($2.863.043).

La sentencia deberá ser cumplida en los términos y en forma establecida en el
artículo 192 y ss. del CPACA.

Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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