Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00103-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00103-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00103-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024)
Demandante: Javier Arévalo Tamayo
Demandado: Municipio de Cali (Valle del Cauca)
Tema: Gerente de Empresa Social del Estado. Pretensión de reintegro
laboral
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Javier Arévalo Tamayo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Decreto 4112.010.20.0897 del 15 de mayo de 2020 por
medio de la cual el alcalde de Santiago de Cali nombró al gerente de la Red de
Salud del Oriente Empresa Social del Estado ESE.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro al cargo que venía
ocupando, esto es de gerente de la Red de Salud del Oriente Empresa Social del
Estado ESE de Santiago de Cali, o en otro de igual o superior jerarquía, sin solución
de continuidad; ii) el pago de todos los emolumentos dejados de percibir, desde el
momento de su remoción y hasta cuando sea reincorporado al servicio; iii) el
1 En adelante CPACA.
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cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del
CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en derecho.
3. En subsidio y a título de indemnización, solicitó el pago de todos los emolumentos
dejados de percibir, desde el momento de su retiro y hasta el 31 de marzo de 2024.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
4.1. Javier Arévalo Tamayo fue designado en el empleo de gerente de la Empresa
Social del Estado Red de Salud del Oriente de Santiago de Cali, código 085, para
el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2020 por
medio del Decreto 411.0.20.0085 del 18 febrero de 2016 expedido por el alcalde del
municipio. Tomó posesión del cargo a través del acta 0161 del 1° de abril de 2016.
4.2. En el marco de la emergencia económica, social y ecológica causada por el
coronavirus Covid-19, el gobierno nacional expidió el Decreto 491 de 2020 que en
su artículo 13 otorgó la facultad a los gobernadores y alcaldes de ampliar el periodo
institucional de los gerentes o directores de las ESE que culminara en marzo de
2020.
4.3. Mediante el Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020 el alcalde de
Santiago de Cali amplió por el término de 30 días el periodo institucional de los
gerentes de las ESE del municipio, entre ellas, la ESE Red de Salud del Oriente,
esto es hasta el 15 de mayo de 2020. No obstante, tal ampliación fue por 45 días.
4.4. A través del Decreto 4112.010.20.0897 del 15 de mayo de 2020 el alcalde
municipal nombró en el empleo de gerente de la Red de Salud de Oriente ESE,
grado 2. código 085, a Oscar Ipia López.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como disposiciones violadas invocó los artículos 20 de la Ley 1797 de 2016 y 13
del Decreto 491 de 2020.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
6.1. El acto censurado fue emitido con desconocimiento de las normas legales y
reglamentarias en que debía fundarse.
6.2. Fue expedido de forma extemporánea y sin competencia, al desconocer lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, el cual prevé que el
2 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, página 2 a 9.
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
nombramiento de los directores o gerentes de las ESE debe efectuarse dentro de
los 3 meses siguientes al inicio del periodo del alcalde. En este caso, dicho plazo
se extendía hasta el 30 de abril de 2020, conforme con la facultad otorgada en el
artículo 13 del Decreto 491 de 2020 [expedido en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica], sin embargo, fue emitido el 15 de mayo de 2020.
6.3. No existió causal de retiro del cargo o evaluación insatisfactoria del plan de
gestión, razón por la cual su nombramiento se prorrogó automáticamente por un
nuevo periodo de 4 años, es decir, hasta marzo de 2024.
6.4. Si bien el acto acusado generó una situación particular y concreta a favor de una
tercera persona [quien fue designado en el cargo de gerente de la ESE Oriente de
Cali], también afectó su situación laboral pues con él quedó automáticamente
desvinculado del cargo que desempeñaba.
6.5. El decreto acusado, mediante el cual se nombró a Oscar Ipia López en el cargo
de Gerente de la Red de Salud de Oriente, fue expedido el 15 de mayo de 2020.
Por lo tanto, no cumplió con el requisito temporal previsto en el Decreto 491 de
2020, toda vez que la ampliación de su periodo institucional fue de 45 días, con lo
que se superó los 30 días autorizados por dicha norma. Además, el nombramiento
del nuevo gerente no se efectuó dentro de los 3 meses siguientes al inicio del
periodo del alcalde municipal [según el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016]. Por
ende, su periodo se prorrogó de forma automática.
1.2. Contestación de la demanda
7. El municipio de Santiago de Cali se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
con fundamento en los siguientes argumentos3:
7.1. El alcalde municipal ejerció en debida forma la potestad de ampliar por un
término de 30 días el período institucional de los gerentes o directores de las ESE,
según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 491 de 2020. Para tal efecto,
expidió el Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020, que en su artículo 1
estableció que dicho periodo iría hasta el 15 de mayo de 2020. Así pues, una vez
finalizado dicho lapso se nombraron los nuevos gerentes de las ESE, en aplicación
del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016.
7.2. El término de ampliación del periodo institucional autorizado por el artículo 13
del Decreto 491 de 2020 no especificó que los días fueran calendario. En tal sentido
y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 los términos previstos en días
por las leyes y los actos administrativos se entienden hábiles. Por ende, el acto
acusado fue expedido en la oportunidad para ello y de acuerdo con las normas en
3 Índice 11 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, carpeta
«11_760012333000202100103002CONTESTACIONDE20211026112500», archivo «3.Contesta
demanda de nulidad y rest del derecho nombramiento de Oscar Ipia López»
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
las que debieron fundarse [artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, reglamentado por el
Decreto 1427 de 2016, y artículo 13 Decreto Nacional 491 de 2020].
7.3. Pese a que en el análisis de constitucionalidad del artículo 13 del Decreto 491
de 2020 realizado en la Sentencia C-242 de 2020 la Corte Constitucional empleó
varias veces la expresión «mes» para referirse al lapso dentro del cual debía
ejercerse la facultad otorgada a los alcaldes para ampliar el periodo institucional de
los gerentes de las ESE, de igual forma utilizó la expresión « treinta días» y, en todo
caso, entre los presupuestos que analizó para determinar la constitucionalidad del
decreto no se incluyó la forma de interpretar el conteo de los plazos o términos que
se expresan en días por el legislador pues, tal asunto no estaba dentro del ejercicio
del control constitucional.
7.4. La desvinculación de Javier Arévalo Tamayo no se generó como consecuencia
del acto acusado, sino por la finalización del periodo institucional que cobija a los
gerentes y directores de las ESE. En ese sentido, su desvinculación devino de la
naturaleza jurídica del empleo que previó un periodo fijo y para el cual la ley no
dispuso una prórroga automática. Luego, la causal de desvinculación fue objetiva
por vencimiento del periodo institucional previsto en la ley y autónoma al
nombramiento y posesión de Oscar Ipia López.
7.5. No existió fundamento legal que determinara de manera expresa la prórroga
automática para los periodos institucionales de los gerentes y directores de las ESE.
Aunque la figura fue prevista en los artículos 192 de la Ley 100 de 1933 y 28 de la
Ley 1122 de 2007, en los cuales el legislador fijó el período en un mínimo de 3 años
prorrogables y la reelección por una sola vez del gerente, la norma vigente [artículo
20 de la Ley 1797 de 2016] no lo hizo y una interpretación en contrario sería una
«flagrante equivocación conceptual».
8. Propuso las siguientes excepciones: i) debido ejercicio de la potestad de
ampliación del periodo institucional de los gerentes de las empresas sociales del
estado por parte del alcalde de Santiago de Cali; ii) naturaleza del cargo de gerente
de una empresa social del estado; y iii) no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia proferida el 30 de
junio 2023 negó las pretensiones de la demanda y para tal efecto señaló lo
siguiente4:
9.1. El empleo de gerente de una ESE tenía un periodo fijo, por lo tanto, a su
finalización procedía el retiro automático del servicio. Por ende, la desvinculación
4 Índice 24 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
de Javier Arévalo Tamayo obedeció a una causal objetiva de retiro del servicio,
relativa al cumplimiento de dicho término, razón por la cual no había lugar a la orden
de reintegro pretendida por el demandante.
9.2. En el caso particular, el alcalde estaba facultado para nombrar a los gerentes de
las ESE, dentro de los 3 meses siguientes a su posesión, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas
correspondientes. Los cuáles serían nombrados para periodos institucionales de 4
años. Ahora bien, en uso de la facultad otorgada mediante el Decreto 491 de 2020
a los alcaldes para ampliar dicho periodo se expidió el Decreto 4112.010.20.0755
del 30 de marzo de 2020 que la hizo efectiva hasta el 15 de mayo de 2020.
9.3. Sibien, el periodo para el cual fue nombrado inicialmente el demandante
terminaba el 30 de marzo de 2020 y el Decreto que se impugna judicialmente se
expidió el 15 de mayo de 2020, ello no se tradujo, como lo indican los argumentos
de la demanda, en una prórroga automática del nombramiento o que el alcalde
hubiese perdido la oportunidad para nombrar un nuevo gerente de la ESE Red de
Salud del Oriente; pues se itera; para los empleados que desempeñan empleos de
periodo institucional, «no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática,
que les obliga a la separación inmediata del cargo al vencimiento de su periodo, sin que
ello produzca abandono del cargo».
9.4. Hay lugar a condenar en costas, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales
1 y 8 del artículo 365 del CGP, al constatarse que fueron causadas en el trámite del
proceso.
1.4. El recurso de apelación
10. Javier Arévalo Tamayo recurrió la sentencia de primera instancia en escrito en el
cual reiteró los argumentos expresados en la demanda con fundamento en la
aplicación del principio pro homine y el derecho al trabajo5.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar6.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto 7.
5 Índice 27 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados.
6 Así se indicó en el auto del 22 de abril de 2024 visible a índice 4 del aplicativo Samai.
7 Así se extrae del informe secretarial del 21 de junio de 2024 visible a índice 8 del aplicativo Samai.
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
13. Previo a la formulación de los problemas jurídicos, resulta pertinente señalar que,
si bien el municipio de Cali propuso la excepción previa de «no comprender la
demanda a todos los litisconsortes necesarios» y esta no fue resuelta en el auto del 6
de junio de 2016, mediante el cual se prescindió de la audiencia inicial y se
adoptaron medidas para dictar sentencia anticipada, frente al aludido auto no se
interpusieron recursos.
14. Sin embargo, esta Sala considera necesario aclarar que, aunque mediante el
acto demandado se efectuó el nombramiento de Oscar Ipia López como gerente de
la ESE de la Red de Salud de Oriente ESE, grado 2 código 085, lo que en principio
pudo hacerlo susceptible de ser considerado litisconsorte necesario, al momento de
proferirse esta sentencia su período institucional ya habría finalizado, razón por la
cual no se verá afectado por la decisión que en esta instancia se adopte.
15. En este sentido, se tiene que el artículo 61 del Código General del proceso
aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8 regula la figura
del litisconsorcio en los siguientes términos:
«[…]Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando
el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su
naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea
posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales
relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas
o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda,
ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio,
en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá
la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se
haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término
para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.
Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez
resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.
Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás.
Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán
eficacia si emanan de todos.
8 «Artículo 306.Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda,
podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio«[…]».
16. En virtud de la norma trascrita se configura el litisconsorcio necesario y, por lo
tanto, es obligatoria la concurrencia o vinculación de otros sujetos para que integren
una de las partes dentro del proceso cuando, por disposición legal o por la
naturaleza del asunto (i) la decisión del litigio debe ser uniforme respecto de las
relaciones o actos jurídicos sujetos a debate; y (ii) se requiere para resolver de fondo
el asunto la comparecencia obligatoria al proceso de los sujetos de derecho que
resulten afectados con la relación jurídica en cuestión o que hubiesen intervenido
en tal relación o en la formación de los actos, caso en el cual deben ser llamados
para integrar una de las partes para hacer valer su derecho9.
17. De acuerdo con lo anterior, la comparecencia de Oscar Ipia López al proceso no
resulta obligatoria, en la medida en que no se vería afectado por la relación jurídica
debatida. En consecuencia, su falta de vinculación no genera una causal de nulidad
procesal y, conforme con la jurisprudencia, podría ser considerado un litisconsorte
cuasinecesario, que es señalado por la jurisprudencia como un tercero10.
2.2. Los problemas jurídicos
18. Se circunscriben a establecer ¿si el acto administrativo acusado fue expedido de
forma extemporánea y sin competencia, en tanto que el alcalde municipal de
Santiago de Cali no nombró al gerente de la ESE Red de Salud del Oriente conforme
con los parámetros legales de los artículos 20 de la Ley 1797 de 2016 y 13 del
Decreto 491 de 2020? y de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta ¿si se
prorrogó automáticamente el periodo institucional del demandante como gerente de
la ESE Red de Salud del Oriente?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los
empleos públicos
19. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12511 que, por
9Auto del 10 de noviembre de 2023, radicado 25000-23-42-000-2020-00772-01 (1791-2022), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar
10 Consejo de Estado, Sección Tercerea, Subsección C, auto 24 de mayo de 2024, radicado: 85001-
23-33-000-2017-00115-02 (67048).
11 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
20. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199212, 443 de 199813 y 909 de 200414, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y
iv) los temporales.
21. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos15 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si
estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias
exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una
diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se
establece la siguiente clasificación:
22. De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del
talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
12 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre
administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
13 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
14 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones».
15 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el
núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».
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eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública16, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.
23. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente17 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador18; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.
24. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:
«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna».
25. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no
será removido de él19. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la
función pública será prestada acorde con los principios de eficacia y eficiencia.
26. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.
16 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
17 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó
la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
18 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
19 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
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27. De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la
discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán
ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica
una decisión política20, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan
obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de
plena confianza de sus colaboradores21. La provisión de dichos cargos responde a
la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir sin sujeción a ciertas
formalidades para su designación.
28. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de
los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de
establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los
criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se
encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
29. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional22 en reiteradas oportunidades, ha señalado que
el cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener
fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera;
ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de
confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.
30. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los
cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se
ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece lineamientos
institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan
actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo,
siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos
funcionarios.
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
20 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
21 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-
553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.
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contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para
producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar,
debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador
no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma
naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la
Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la
función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una
decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder
a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia
y evaluación»23.
32. De período. Por mandato constitucional24 o legal25 son aquellos empleos que se
proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en razón
a su representación política o democrática o a la independencia e imparcialidad que
se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración se
ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo, como es el caso de
los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el registrador nacional
del estado civil, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, el auditor
general de la nación, los rectores de universidades públicas, miembros de las
Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones, gerentes o
directores de las empresas sociales del Estado, entre otros.
33. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.
33.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole26.
33.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra
dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo, este
tipo de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e
23 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
24 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del
A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual
este fue elegido.
25
A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994; 15, 34, 44,
53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.
26 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,
expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
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imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la designación son
variados27.
34. Los temporales. Como una categoría especial de empleos al que se vinculan
con la administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u
otro motivo, no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las
actividades permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del
servicio lo requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales
existe sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:
«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las
siguientes condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza
de la institución.
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas.
De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.
4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración,
al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.
Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.
De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la
Ley 909 de 2004».
27 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,
expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
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35. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 28, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la
entidad y las tareas oficiales que se le asignan29; de ahí que exista una diferencia
sustancial entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por
las razones aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus
labores; esto es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales
de retiro están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los
principios de especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una
fecha cierta de inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable
en relación con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento
objetivo del empleo30 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que
no se extiende más allá del lapso fijado para su culminación31.
2.2.2. Formas de provisión de los empleos
36. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.
37. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 32.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.
38. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 33, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y
28 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
29 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,
radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,
C.P. Gustavo Aponte Santos.
32 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
33 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras
disposiciones».
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e) hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.
39. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.
40. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye
en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del
personal de carrera34.
41. iii) La provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal de
las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera
administrativa»35.
42. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:
«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.
El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se
extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.36
Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo
o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá
de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser
encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
36 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».
43. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya
naturaleza es de carrera administrativa.
44. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 197337, las leyes 61 de 1987, 27
de 1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por
falta de personal.
45. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con respeto
del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la carrera,
designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos
en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño
de las funciones»38 del empleado en su capacidad de adaptación, sus
competencias, habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una
vez finalizado dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera
o en caso contrario se declarará insubsistente su nombramiento.
46. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»39.
37 «Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil»
38 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
39 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,
expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
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2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
47. En el expediente se encuentra demostrado que:
47.1. Mediante el Decreto 4110.20.0085 del 18 de febrero de 2016 el alcalde del
municipio de Santiago de Cali designó a Javier Arévalo Tamayo en el empleo de
gerente de la ESE Red Salud de Oriente, código 085, para el periodo comprendido
entre el 1° de abril de 2016 y el 31 de marzo de 202040. Tomo posesión el 1° de abril
de 2016 según consta en el acta 016141.
47.2. A través del Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020 el alcalde
municipal amplió el periodo institucional de los gerentes de las ESE de Santiago de
Cali42, así:
« Que consecuentes con la situación de emergencia sanitaria que se presenta en el País,
y ante la declaratoria de Alerta Naranja decretada por la Secretaría de Salud Pública
Municipal, la cual guarda consonancia con las medidas adoptadas a nivel nacional,
atendiendo lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de
2020, se hace necesario ampliar por un término de 30 días, el período institucional de
quienes se desempeñan actualmente en el empleo de Gerente en propiedad o
encargado de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo Primero: Ampliar por el término de 30 días el período institucional de los actuales
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali, hasta el 15 de mayo
de 2020, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 13 del Decreto Legislativo N°
491 del 28 de marzo de 2020, expedido en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, correspondiente a las siguientes entidades prestadoras
del servicio de salud: Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Red de Salud
del Norte Empresa Social del Estado, Red de Salud del Centro Empresa Social del
Estado, Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado, Red de Salud del
Suroriente Empresa Social del Estado y la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico
y Ancianato San Miguel.
Parágrafo 1°: Una vez finalizados los 30 días a que se refiere el inciso anterior, se
nombrarán los nuevos gerentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1797 de 2016. El período institucional de los nuevos gerentes iniciará con la posesión y
culminará tres (3) meses después del inicio del período constitucional del próximo
alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali en el 2024.
Parágrafo 2°: La ampliación del período institucional de los Gerentes de las Empresas
Sociales del Estado de Santiago de Cali, tiene un carácter eminentemente transitorio y,
en consecuencia, no genera derecho alguno para quienes desempeñan actualmente el
40 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, página 10.
41 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, página 11.
42 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, páginas 12 a 16.
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
empleo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali.
Artículo Segundo: Prorrogar el encargo del actual Gerente de la Red de Salud del Centro
Empresa Social del Estado, por el término de 30 días, hasta el día 15 de mayo de 2020,
de conformidad con lo previsto en el 13 del Decreto Legislativo N° 491 del 28 de marzo
de 2020» (sic).
47.3. Por medio del Decreto 411201020.0897 del 15 de mayo de 2020 el alcalde
municipal nombró a Oscar Ipia López en el empleo de gerente de la ESE Red Salud
de Oriente, código 085, para el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2020
y el 31 de marzo de 202443. Tomó posesión el 18 de mayo de 2020 según consta
en el acta 032144.
47.4. El profesional especializado de la ESE Red Salud de Oriente hizo constar que
Javier Arévalo Tamayo laboró para el municipio de Santiago de Cali dependiente de
la Secretaría de Salud Pública Municipal desde el 1° de mayo de 1990 hasta el 30
de noviembre de 2003. Se incorporó a la ESE el 1° de diciembre de 2003 y a la
fecha [14 de mayo de 2020] se encontraba activo, desempeñándose en el cargo de
gerente45.
2.3.2. Análisis sustancial
48. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados la Sala encuentra
necesario recordar que el tribunal negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que, en los empleos de período fijo, como el de gerente de una ESE,
la finalización del término institucional conlleva la desvinculación automática del
cargo, sin que sea necesaria una decisión adicional por parte de la administración.
En ese sentido, consideró que la salida del demandante había obedecido a una
causal objetiva de retiro del servicio, por lo que no procedía la orden de reintegro.
49. De manera que, el alcalde contaba con la competencia para efectuar el
nombramiento del nuevo gerente dentro de los 3 meses siguientes a su posesión,
previa verificación de los requisitos legales, para un período de 4 años. No obstante,
mediante el Decreto 491 de 2020 se le había facultado para prorrogar los períodos
institucionales. En el caso del demandante su período institucional culminaba el 30
de marzo de 2020, pero por motivo de la ampliación se extendió hasta el 15 de mayo
de ese año, fecha en la que el alcalde expidió el acto acusado en ejercicio de la
competencia que le otorga la ley. El a quo concluyó que dicha circunstancia no
implicaba una prórroga automática en el empleo, ni la pérdida de competencia del
nominador para efectuar un nuevo nombramiento.
50. Porsu parte, el demandante alegó que el acto administrativo acusado fue
expedido de manera extemporánea y sin competencia, al haberse emitido el 15 de
43 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, páginas 17 y 18.
44 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, página 19
45 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, página 20
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mayo de 2020, esto es, por fuera del plazo de 3 meses siguientes al inicio del
período del alcalde, establecido en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y ampliado
excepcionalmente por 30 días calendarios de acuerdo con el artículo 13 del Decreto
491 de 2020 y el estudio de constitucionalidad que de él había realizado la Corte
Constitucional. Es decir, que el alcalde tenía hasta el 30 de abril de 2020 para
ejercer su competencia, pero lo hizo el 15 de mayo de ese año.
51. Asimismo, señaló que no se había acreditado la existencia de una causal legal
de retiro ni de una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, circunstancias que,
de conformidad con la normativa vigente, habrían habilitado su desvinculación. En
consecuencia, su nombramiento se había prorrogado automáticamente por un
nuevo período institucional de 4 años, hasta marzo de 2024.
52. Delimitado el marco de la decisión de esta corporación, se pasará a resolver el
problema jurídico planteado.
53. De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, está demostrado
que mediante el Decreto 4110.20.0085 del 18 de febrero de 2016 el alcalde del
municipio de Santiago de Cali designó a Javier Arévalo Tamayo en el empleo de
gerente de la ESE Red Salud de Oriente, código 085, para el periodo fijo
comprendido entre el 1° de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2020.
54. No obstante, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por causa
del coronavirus Covid-19, en cuyo artículo 3 se facultó al presidente de la República
para que, además de las medidas anunciadas en él, adoptara las que encontrara
necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos de la
pandemia, se emitió el Decreto 491 de 2020 «[p]or el cual se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» que en
su artículo 13 dispuso:
«ARTICULO 13. Facultad para ampliar el periodo institucional de gerentes o
directores de las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes podrán
ampliar, por un término de 30 días, el periodo institucional de los gerentes o directores
de Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020.
Si el alcalde o gobernador no amplia el periodo, deberá proceder a nombrar al gerente
o director, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 20 de la Ley 1797 de
2016. Si deciden ampliar el periodo, una vez finalizados los 30 días a que se refiere el
inciso anterior, el alcalde o gobernador nombrara el nuevo gerente o director, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. El periodo institucional del
nuevo gerente o director iniciara con la posesión y culminara tres (3) meses después del
inicio del periodo constitucional del gobernador o del alcalde respectivo». [se resalta]
55. En atención a dicha facultad, el alcalde del municipio de Santiago de Cali expidió
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el Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020 por medio del cual amplió el
periodo institucional de los gerentes o directores de las ESE en esa jurisdicción por
el término de 30 días, al cabo del cual nombró en la ESE Red Salud de Oriente a
Oscar Ipia López en el empleo de gerente, por medio del Decreto 411201020.0897
del 15 de mayo de 2020.
56. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 que alude:
«ARTÍCULO 20. Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales
del Estado. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel
nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán
nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la
República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a
su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas
correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento
Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas
Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años,
el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del
periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde.
Dentro de dicho periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una
evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos
establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por
orden judicial.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para el caso de los Gerentes o Directores de las
Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan
sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo
hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos.
Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se
encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes
continuarán hasta su culminación y el nombramiento del Gerente o Director recaerá en
el integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá proceder
al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En el evento
que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el
nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del presente
artículo.
Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se
presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva
Entidad Territorial o el Presidente de la Republica procederá al nombramiento de los
Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley, en los términos señalados en el presente artículo46» (sic)
57. De acuerdo con lo transcrito, resulta claro que, el gerente de la ESE es nombrado
por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo que señalen las normas
correspondientes y la respectiva evaluación de las competencias conforme a lo que
46 Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-046 de 2018
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disponga al respecto el Departamento Administrativo de la Función Pública. De ahí
que, con la referida ley se suprimió el sistema de provisión de ese cargo, a través
del concurso público de méritos [previsto en la Ley 1122 de 2007 y, posteriormente,
la Ley 1438 de 2011].
58. Sobre el particular, le correspondía al alcalde dentro de los 3 meses siguientes a
su posesión nombrar, previa verificación de los requisitos del cargo, a los gerentes
de las ESE por el periodo institucional de 4 años, el cual empezaría con la posesión
de estos y culminaría 3 meses después del inicio del periodo institucional aquel.
59. Ahora bien, el periodo por el cual fue designado como gerente Javier Arévalo
Tamayo culminaría el 31 de marzo de 2020, sin embargo, con fundamento en el
artículo 13 del Decreto 491 de 2020 el alcalde amplió el término 30 días más, cuyo
vencimiento implicó la desvinculación automática del servidor, sin que fuera
necesario la expedición de un acto administrativo adicional que la decretara. En
consecuencia, tal y como lo consideró el a quo, la finalización del periodo
institucional es una causa objetiva para la terminación del vínculo laboral.
60. En todo caso, el artículo 13 del Decreto 491 de 2020 dispuso la ampliación del
periodo institucional en términos de «30 días» los cuales, contrario a lo expuesto
por el recurrente, se entienden hábiles pues así lo prevé el artículo 62 de la Ley 4
de 1913, aún vigente, y que determina:
«ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario.
Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado
o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
61. Luego, la ampliación de los 30 días inició el día hábil siguiente a la finalización
del periodo institucional establecido el 31 de marzo de 2020 y terminó el 15 de mayo
de ese año, fecha en la cual el alcalde en uso de la competencia otorgada en el
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 nombró a Oscar Ipia López en el empleo de
gerente de la ESE Red Salud de Oriente, según el Decreto 411201020.0897. En
esa medida, el acto acusado no fue expedido de forma tardía y sin competencia.
62. Toda vez que el acto administrativo acusado no fue expedido de forma
extemporánea ni por autoridad incompetente, en la medida en que el alcalde
municipal de Santiago de Cali efectuó el nombramiento del gerente de la ESE Red
de Salud del Oriente conforme con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1797 de
2016 y el artículo 13 del Decreto 491 de 2020, la respuesta al primer problema
jurídico es negativa. En consecuencia, la Sala se releva de continuar con el análisis
del segundo problema jurídico
63. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala confirmará la sentencia proferida el 30
de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
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Demandante: Javier Arévalo Tamayo
pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
64. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
65. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
66. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.
67. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
68. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condena en costas en esta instancia.
69. Ahora bien, del recurso de apelación se deriva que lo pretendido era que se
revocara la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, incluida la condena
en costas. Al respecto y de conformidad con el criterio expuesto con anterioridad, la
entidad no debió haber sido condenada en costas, toda vez que no se evidencia
que el tribunal haya realizado un análisis de la conducta de las partes. Por ende, se
revocará la impuesta en primera instancia.
3. Conclusión
70. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia apelada,
toda vez que no se demostró que el acto administrativo acusado hubiese sido
expedido de forma extemporánea y sin competencia, contrario a ello se fundamentó
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en los parámetros legales establecidos en los artículos 20 de la Ley 1797 de 2016
y 13 del Decreto 491 de 2020.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en la sentencia proferida el 30 de junio de 2023, y en su lugar, no
condenar en costas en primera instancia.
Segundo Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 30 de junio de 2023, en tanto, negó las
pretensiones de la demanda incoada por Javier Arévalo Tamayo contra el municipio
de Santiago de Cali (Valle del Cauca).
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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