Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00178-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00178-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00178-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00178-01 (1539-2025)
Demandante: María Luz Márquez González
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social1
Temas: Indexación de la primera mesada. Pensión compartida
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Luz Márquez González presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 38283 del 17 de diciembre
de 2019 y 6144 del 3 de marzo de 2020, por medio de las cuales la Ugpp le negó
1 En lo que sigue Ugpp
2 La demanda fue presentada el 28 de enero de 2021. Documento 4 del expediente digitalizado de
la primera instancia en Samai.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00178-01 (1539-2025)
Demandante: María Luz Márquez González
la indexación de la primera mesada pensional.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) la indexación de la primera mesada pensional reconocida por el Instituto
del Seguro Social4 (patrono) por medio de la Resolución 603 del 27 de febrero de
1992, con la actualización de cada uno de los factores salariales utilizados para la
liquidación de la pensión; ii) el pago de las diferencias causadas desde el 11 de
septiembre de 1991 hasta el 21 de febrero de 2001, fecha en la que Colpensiones
reconoció la pensión de vejez legal; iii) la declaración de que la pensión es
compartida entre la Ugpp como sucesor patronal del extinto ISS y Colpensiones
como administradora pensional; iv) la indexación del valor de la condena; v) los
intereses de mora de que trata el artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en
costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Luz Márquez González nació el 11 de septiembre de 1941 y al momento
de la radicación de la demanda ya había alcanzado los 79 años de edad.
3.2. Laboró en el ISS entre el 7 de noviembre de 1961 y el 23 de mayo de 1983,
tiempo por el que esa entidad le reconoció una pensión de jubilación compartida a
través de la Resolución 603 del 27 de febrero de 1992, con base en el artículo 19
del Decreto 1653 de 1977.
3.3. Por medio de la Resolución 10654 del 29 de junio de 2005, Colpensiones le
reconoció la pensión legal y compartida de vejez en la que asumió el reconocimiento
principal de la prestación y la Ugpp, como sucesora del ISS empleador, continuó
pagando el mayor valor que le correspondía.
3.4. El 5 de septiembre de 2016 solicitó ante Colpensiones la indexación de la
primera mesada que fue concedida por el ISS empleador, pretensión que fue
atendida por medio de la Resolución 375018 del 7 de diciembre de ese año, en la
que le informó que no tenía la competencia para decidir sobre lo pedido por ser una
obligación del patrono, hoy en cabeza de la Ugpp, y corrió traslado a esa entidad
por medio del Oficio BZ2018-8198755.
4 En lo siguiente ISS
2
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Demandante: María Luz Márquez González
3.5. Ante la falta de pronunciamiento por parte de la Ugpp, el 5 de [septiembre]5 de
2019 presentó una nueva solicitud de indexación de la primera mesada pensional
directamente ante esa autoridad.
3.6. El anterior requerimiento fue negado por medio de la Resolución 38283 del 17
de diciembre de 2019 con base en información que no guardaba relación con su
historia laboral6, razón por la que interpuso recurso de apelación que fue resuelto
de manera negativa a través de la Resolución RDP 6144 del 3 de marzo de 2020.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 48 y 53 de la Constitución
Política; 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley 4ª de 19137; 11 de la Ley 100 de 1993; 19 del
Decreto 1653 de 1977; y 18 del Decreto 758 de 1990.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 8:
5.1. La pensión que fue concedida por el ISS empleador en el año 1992 se liquidó
con base en los salarios percibidos durante los años 1982 y 1983, es decir, 10 años
antes del momento del reconocimiento. Sin embargo, los factores salariales que
hicieron parte del ingreso base de liquidación9 no fueron actualizados, de modo que
el valor de la mesada se encontraba afectado por la pérdida del poder adquisitivo
del dinero.
5.2. El valor liquidado en el año 1991 fue de $51.720, cuando en realidad debió
corresponder a $184.079, es decir una diferencia de $133.259. Lo anterior evidencia
la ocurrencia de un perjuicio económico que debió ser corregido por la Ugpp cuando
asumió las obligaciones patronales del ISS.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos10:
6.1. La demandante no tenía derecho a la indexación de la pensión que le fue
5 La parte demandante señaló que ocurrió en agosto, pero de las pruebas se encontró que ocurrió
en septiembre de 2019.
6 Así se indicó en los hechos de la demanda, aunque con el material probatorio se evidenció que la
razón en realidad fue el reconocimiento legal de la mesada.
7 Régimen político y municipal.
8 Folios 16 al 19 del documento 2.
9 En lo siguiente IBL
10 Documento 21.
3
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Demandante: María Luz Márquez González
concedida porque entre la fecha de retiro definitivo del servicio y la fecha de
efectividad del derecho no transcurrió un período que hubiera generado la pérdida
del poder adquisitivo de la mesada y un consecuente detrimento patrimonial,
argumentos que fueron expuestos en las resoluciones RDP 39452 del 28 de
septiembre de 2018 y RDP 38283 del 17 de diciembre de 2019.
6.2. Aunque la indexación de la primera mesada pensional constituye una garantía
derivada de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, no opera de manera
automática en todos los casos, sino únicamente cuando existe una afectación real
del valor adquisitivo del salario que sirve de base para liquidar la prestación,
circunstancia no probada en este caso.
6.3. Acceder a las pretensiones de la demanda implicaría desconocer el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional, incorporado al ordenamiento
constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 y que debe regir todas las
decisiones de las autoridades públicas.
7. Propuso las siguientes excepciones: no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios, al considerar que debía vincularse a Colpensiones;
inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido; ausencia de vicios
en los actos administrativos demandados; buena fe; y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no
impuso condena en costas. La orden fue la siguiente11:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la
Resolución No. 038283 del 17 de diciembre de 2019 y la Resolución No. 006144 del 3
de marzo de 2020 proferidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP y mediante los cuales se negó la reliquidación de la
pensión percibida por la demandante, según las razones expuestas.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, que reliquide la pensión de
jubilación de la demandante, señora MARÍA LUZ MÁRQUEZ GONZÁLEZ, realizando la
indexación de su primera mesada pensional, esto es, la reconocida en valor de TREINTA
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($30.772) desde el 15 de mayo de 1983
hasta el 11 de septiembre de 1991, en la forma y términos señalados en la parte
considerativa de esta providencia.
11 Documento 51.
4
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Demandante: María Luz Márquez González
TERCERO: CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, a pagar en favor de la señora MARÍA LUZ MÁRQUEZ GONZÁLEZ,
las diferencias pensionales dejadas de percibir que resulten entre lo que pagó como
consecuencia del reconocimiento pensional realizado inicialmente y lo que debió pagar
tras realizar la respectiva reliquidación de conformidad con la orden impartida en el
numeral anterior. El pago de estas diferencias pensionales se realizará a partir del 5 de
septiembre de 2016, teniendo en cuenta la prescripción que fue advertida en la parte
considerativa de esta providencia; no obstante, la reliquidación deberá efectuarse desde
el momento en que se causó el derecho pensional; esto es, 11 de septiembre de 1991.
Dichas sumas se ajustarán dando aplicación a la fórmula antes indicada hasta la
ejecutoria de la sentencia y devengarán intereses moratorios a partir de dicho momento,
siguiendo las indicaciones de los artículos 192 y 195 del CPACA.
CUARTO: No hay lugar a condenar en costas en esta instancia».
9. Como fundamento de su decisión, señaló lo siguiente:
9.1. María Luz Márquez González se retiró del servicio el 15 de mayo de 1983 y se
le reconoció una pensión de jubilación por medio de la Resolución 603 del 27 de
febrero de 1992, es decir que transcurrió un periodo superior a 8 años en el que el
salario utilizado para calcular la mesada, que correspondía al promedio de lo
percibido entre los años 1982 y 1983, perdió su poder adquisitivo.
9.2. El extinto ISS se limitó a ajustar el valor de la mesada al salario mínimo legal
mensual vigente del año 1992, circunstancia que no sustituyó la indexación de la
mesada pensional, pues actualizarla al salario mínimo era jurídicamente distinto a
corregir monetariamente el salario histórico utilizado para calcular la prestación.
9.3. El ejercicio matemático de indexar la primera mesada pensional arrojó que el
monto del año 1992 debió corresponder a $185.838, cifra muy superior a los
$51.720 efectivamente reconocidos, hecho que demuestra que sí existió un
detrimento económico real.
9.4. Al tratarse de una pensión compartida, el empleador debió asumir cualquier
diferencia existente entre la inicialmente reconocida y la pensión legal concedida
por Colpensiones, que para el año 2001 correspondió a $764.588, desfase
económico que se ha mantenido en el tiempo.
9.5. Aunque el ISS desapareció como entidad, las obligaciones derivadas de su
condición de empleador fueron transferidas a la Ugpp por mandato del Decreto 2013
de 2012. En consecuencia, la diferencia causada por la falta de indexación debe ser
asumida por dicha entidad y no por Colpensiones, entidad que únicamente debe
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00178-01 (1539-2025)
Demandante: María Luz Márquez González
responder por las obligaciones derivadas de la administración del régimen de prima
media. Así, la indexación pretendida por la demandante no era un beneficio nuevo
ni una prerrogativa que desconociera el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional.
9.6. A pesar de que la obligación se hizo exigible el 12 de septiembre de 1991, día
siguiente a la adquisición del estatus pensional, la demandante solo interpuso la
reclamación administrativa ante la Ugpp el 5 de septiembre de 2019, fecha en la
cual interrumpió el fenómeno de la prescripción, razón por la que se entienden
prescritas las sumas causadas antes del 5 de septiembre de 2016.
9.7. Finalmente, no se comprobó la causación de costas.
1.4. El recurso de apelación
10. La Ugpp interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente 12:
10.1. Lapensión de María Luz Márquez González fue reconocida con plena
observancia de las normas y la jurisprudencia vigente en esa época, sin que se haya
acreditado la existencia de nuevos elementos que permitieran modificar las
condiciones pensionales que le fueron aplicadas.
10.2. En todo caso, aun cuando la demandante sí tuviera derecho a la indexación de
la primera mesada pensional, la liquidación realizada por el a quo no era correcta13,
razón por la que deberá revocarse la sentencia de primera instancia y proteger el
patrimonio económico de la entidad, pues «de lo contrario la entidad incurriría en una
trasgresión al principio de sostenibilidad presupuestal, consagrado en el artículo 1° del Acto
Legislativo 1 de 2005».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.
12. Sinembargo, María Luz Márquez González solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia y reiteró los argumentos expuestos en la demanda15.
12 Documento 52.
13 No se indicó en qué consistía el error en la liquidación.
14 Tal y como se indicó en el auto del 22 de octubre de 2025.
15 Documento 3 del expediente digital de la segunda instancia en Samai.
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Demandante: María Luz Márquez González
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto y solicitó que
se confirmara la sentencia de primera instancia, al estimar que transcurrió un tiempo
considerable entre el retiro del servicio, que ocurrió en el año 1983, y el
reconocimiento de la mesada que tuvo lugar en el año 1992 sin que se advirtiera
que la base de liquidación o la mesada hubiera sido actualizada al momento en el
que empezó a surtir efectos fiscales16.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
14. Se circunscribe a establecer ¿si María Luz Márquez González tenía derecho a
la indexación de la primera mesada pensional reconocida por el extinto ISS, en
calidad de patrono, a través de la Resolución 603 del 27 de febrero de 1992?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Indexación de la primera mesada pensional
15. En virtud de lo previsto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, el
Estado tiene el deber de establecer mecanismos con el fin de que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo y que las pensiones
reconocidas sean reajustadas de manera periódica, en esa línea la norma
constitucional estableció:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.
16 Documento 9 del expediente digital de la segunda instancia en Samai.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00178-01 (1539-2025)
Demandante: María Luz Márquez González
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]».
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [se resalta]
16. Frente al deber constitucional contenido en las disposiciones transcritas, en
armonía con los derechos a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional17 ha entendido que el derecho a mantener
el poder adquisitivo de las pensiones se enmarca dentro de la categoría de
fundamentales, el cual a su vez contiene: i) el derecho a la actualización del ingreso
base de liquidación de la primera mesada pensional y ii) la garantía al reajuste
periódico de las pensiones. Esta clasificación fundamental conlleva, entre otras
cosas, al deber de garantizar la efectividad del derecho a mantener el poder
adquisitivo de la pensión, aunque no existe un desarrollo normativo frente a este.
17. En materia de indexación de la primera mesada pensional esta Corporación 18 en
17 Sentencia T-953 de 2013
18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de diciembre de 2016.
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 23001-23-33-000-2013-00212-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 7 de mayo de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
radicación: 23001-23-33-000-2013-00208-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
20 de febrero de 2020. C.P. César Palomino Cortés, Radicación: 23001-23-33-000-2013-00438-01;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, radicación: 23001-23-33-000-2014-00006-01; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 28 de octubre de 2021. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 25000-23-42-000-
2018-01819-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 11 de noviembre de 2021. C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter, radicación: 05001-23-33-000-2015-00537-01.
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Demandante: María Luz Márquez González
reiteradas oportunidades ha advertido que, si bien no existe norma que de manera
expresa establezca la actualización de dicha prestación, diferente del reajuste anual
de las mesadas pensionales, no es menos cierto que en desarrollo de los artículos
48, 53 y 230 Constitucionales ningún trabajador está obligado a soportar las
consecuencias de la devaluación y pérdida del valor adquisitivo de la moneda, razón
por la cual el mecanismo de indexación se convierte en una solución acorde con los
principios de equidad y justicia.
18. Ciertamente, se reitera que aquel reconocimiento que no esté en armonía con el
valor real del dinero [salario, pensión, entre otros] resulta una carga inequitativa para
el trabajador la cual no está en el deber jurídico de soportar, pues se estaría no solo
frente a un agravio patrimonial, sino ante un empobrecimiento que atenta contra el
principio laboral protectorio19 y la garantía constitucional del pago oportuno y el
reajuste periódico de las pensiones.
19. En efecto, esta Corporación en sentencia del 12 de abril de 2012 concluyó que,
en atención al criterio de equidad y al principio de igualdad, la actualización del
salario base para liquidar la mesada pensional es procedente no solo judicialmente,
sino también en sede administrativa. Esto señaló:
«si bien no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia ha desarrollado,
con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48,
53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos
notorios y, por tanto, el trabajador no tiene por qué soportar las consecuencias
negativas de dicha situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas
de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario que
devengaba cuando prestaba sus servicios. En sentencia del 15 de junio de 2000, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, se establecieron las
siguientes reglas:
‹No aceptar la indexación del ingreso base del demandante, pretextando que los
últimos años no estuvo vinculado laboralmente luego de haber prestado sus servicios,
por más de 23 años, y de esa manera reconocer su mesada pensional, con valores
deteriorados, constituiría una afrenta a la justicia e iría en contravía de los postulados
Constitucionales citados.
Negar la revalorización de la base de liquidación de la pensión de jubilación,
argumentando ausencia de una disposición precisa que así lo establezca, no obstante
la evidente pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, es desconocer la
primacía de los principios y valores constitucionales que por mandato de nuestra Carta
se deben observar en las actuaciones judiciales y se incurre en el pecado que señala
el aforismo latino de “sumum jus summa injuria” – derecho estricto injusticia suprema
– que se suele utilizar para indicar que al juez no puede considerársele como un
19 Según el cual se protege a la parte más vulnerable en la relación laboral, es decir el trabajador.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00178-01 (1539-2025)
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autómata, o esclavo de la norma escrita, por ley debe entenderse el ordenamiento
jurídico como un todo. Incluso, en los casos como el aquí examinado, la doctrina
constitucional permite dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que
contraríen el orden justo, valor este constitutivo de nuestro ordenamiento
Constitucional›.
Así las cosas, no se trata del imperio de los criterios auxiliares de la justicia y de la
equidad sobre la ley como estima el recurrente, sino que, al no existir una disposición
legal que se refiera a la indexación de la primera mesada pensional el juez debe acudir
a tales preceptos para evitar que se vulneren los derechos del trabajador en cuanto a
que su ingreso laboral, después de más de veinte años de servicios, se convierta en
una pensión liquidada sobre sumas desvalorizadas por el paso del tiempo, debido a
que al servidor le faltaba cumplir únicamente el requisito legal de la edad para adquirir
el estatus de pensionado.
(…)
Lo contrario sería admitir una situación de desigualdad entre quienes cumplen todos
los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión al momento de su retiro del
servicio y quienes se retiran del mismo por haber cumplido el tiempo de servicios
quedándoles faltando únicamente tener la edad para acceder a dicha prestación,
como ya se anotó, pues mientras tanto ven disminuido el monto de la mesada inicial,
por cuanto las normas del sistema general de pensiones en especial, el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, contemplan es la actualización anual de las pensiones que ya
fueron concedidas, en forma equivalente al Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE (reajuste en el IPC) y, por excepción, cuando las pensiones
sean de cuantía equivalente al salario mínimo legal, se reajustan en el porcentaje que
sea mayor entre el IPC o el porcentaje en que se haya aumentado el salario mínimo»20.
21
20. En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional indicó:
«Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del
Legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la
materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales configuran
realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una
interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales.
(…)
Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser
reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por
tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta
insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional
del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine,
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a
los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas
20 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 25000-23-25-000-2008-00800-01.
21 C-862 del 19 de octubre de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
10
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00178-01 (1539-2025)
Demandante: María Luz Márquez González
excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a
la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha
denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de
manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos –los
pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto
exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es
un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera
edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al
conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han
establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el
derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es
simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor
de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y
por lo tanto sujetos de especial protección constitucional.
(…)
Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al
contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a juicio
de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una
vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también incluye la
actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe
destacar que las numerosas decisiones de tutela proferidas por esta Corporación en las
cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de
jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho
a la actualización de las mesadas pensionales.
(…)
Independientemente de la línea argumentativa que se siga, es decir, bien sea que se
entienda que la indexación de la primera mesada pensional es una pretensión específica
que hace parte del derecho a la actualización de la mesada pensional, o bien sea que
se afirme que se trata de un derecho autónomo que encuentra también fundamento en
el derecho al mínimo vital y en los artículos 53 y 48 constitucional, esta Corporación lo
ha protegido en numerosas ocasiones en sentencias de revisión de fallos de tutela. En
dichas oportunidades la Corte Constitucional encontró también fundamento para la
protección en el artículo 29 constitucional por considerar que las decisiones judiciales
proferidas por la jurisdicción laboral que desconocían el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional configuraban una vulneración del derecho al debido proceso
de los trabajadores».
21. Así las cosas, frente al vacío normativo sobre la indexación del IBL de las
prestaciones pensionales y sus consecuencias negativas, es necesario y acertado
ordenar su reajuste en atención al carácter especial del que gozan las pensiones.
2.3. Caso en concreto
22. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
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Demandante: María Luz Márquez González
22.1. María Luz Márquez González laboró en el ISS desde el 7 de noviembre de 1961
hasta el 15 de mayo de 1982. Con posterioridad acreditó tiempos de servicio
adicionales e interrumpidos entre los años 1994 y 200322.
22.2. Por medio de la Resolución 60323 del 27 de febrero de 1992, el extinto ISS, en
calidad de empleador, le concedió una pensión de jubilación en aplicación del
artículo 19 del Decreto 1653 de 197724, que disponía el reconocimiento de una
mesada en cuantía del 100% del promedio de lo percibido durante el último año de
servicio, para los empleados del ISS que acreditaran 20 años de servicio y 50 de
edad en el caso de las mujeres. Así, el promedio de lo devengado entre el 15 de
mayo de 1982 y el 15 de mayo de 1983 fue de $30.772, cifra inferior al salario
mínimo legal mensual vigente para el año 1991, año de causación del derecho, que
fue de $51.720, razón por la que la mesada se ajustó hasta ese monto. En el acto
no se señaló si se haya indexado el valor de la primera mesada o del IBL25.
22.3. A través de la Resolución 10654 del 29 de junio de 2005 26, el ISS, esta vez en
calidad de administradora de pensiones, le reconoció una pensión de vejez
compartida en cuantía de $286.000 a partir del 21 de febrero de 2001. Esta
prestación se reconoció en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y, en consecuencia, del régimen pensional de que trata el Decreto 758 de
199027.
22.4. La mesada fue reliquidada por medio de la Resolución GNR 259318 del 15 de
julio de 2014. Sin embargo, se mantuvo el régimen pensional aplicado en la
Resolución 10654 del 29 de junio de 2005 y el único cambio que se advierte es el
incremento de las semanas de cotización computadas que pasaron de 1.116 a
1.404 por unos tiempos adicionales cotizados de manera interrumpida entre los
años 1984 y el 200328. Por virtud de la Resolución GNR 135115 del 10 de mayo de
2015 se le reconoció un retroactivo pensional relacionado con la citada
22 Según se extrae del acto de reconocimiento de la pensión en el documento 3 del expediente digital
de la primera instancia.
23 El número de la resolución no es legible. Sin embargo, tanto la parte demandante como la
demandada citaron la Resolución 603 del 22 de febrero de 1992 como la que reconoció el derecho
pensional cuya indexación se solicitó, de modo que es un punto de acuerdo entre las partes.
24 «Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de
seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales».
25 Folios 1 al 4 del documento 3.
26 Según se extrae de la Resolución GNR 375018 del 7 de diciembre de 2016, en el folio 7 del
documento 3.
27 En el acto se señaló que se aplicó una tasa de reemplazo del 81% y, aunque no anunció cómo se
conformó el IBL, sí afirmó que se aplicaron las condiciones del Decreto 785 de 1990. Además,
tampoco se explicó el periodo utilizado. Folio 23 del documento 3.
28 Folios 44 al 50 del documento 3.
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Demandante: María Luz Márquez González
reliquidación29. En ninguno de los actos se indicó que la mesada sería indexada o
actualizada.
22.5. El 5 de septiembre de 2016 solicitó ante Colpensiones la indexación de la
primera mesada pensional reconocida en la Resolución 603 del 27 de febrero de
1992. Por medio de la Resolución GNR 375018 del 7 de diciembre de 2016,
Colpensiones declaró la falta de competencia para resolver la anterior solicitud y
trasladó el requerimiento a la Ugpp30. En el expediente no hay constancia de que
esa reclamación haya sido resuelta.
22.6. El 5 de septiembre de 2019, presentó una nueva solicitud, esta vez ante la
Ugpp, en la que insistió en la indexación de la primera mesada pensional31.
22.7. La anterior solicitud fue negada por medio de la Resolución RDP 38283 del 17
de diciembre de 2019, con base en que el reajuste de que trata el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 no se encontraba vigente al momento del reconocimiento de la
pensión32.
22.8. El 21 de enero de 2020 presentó recurso de apelación contra esa decisión en
el que insistió en que tenía derecho a la indexación de su mesada pensional en
atención a los más de 8 años transcurridos entre el retiro del servicio y el
reconocimiento del derecho33. La alzada fue resuelta negativamente por medio de
la Resolución RDP 6144 del 3 de marzo de 202034.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que la primera mesada pensional de
María Luz Márquez González sí debió ser indexada porque la base de liquidación
utilizada para su reconocimiento se conformó con los haberes percibidos 9 años
antes de la fecha en que se causó el derecho.
24. La Ugpp apeló la anterior decisión y argumentó que la pensión fue concedida con
estricto apego a las normas y la jurisprudencia aplicable y vigente en el momento
del reconocimiento y que, en todo caso, la liquidación realizada por el a quo no era
correcta, aunque no sustentó dicha afirmación.
29 Folios 52 al 60 del documento 3.
30 Folios 7 al 12 del documento 3.
31 Folios 14 al 22 del documento 3.
32 Folios 23 al 27 del documento 3.
33 Folios 29 al 34 del documento 3.
34 Folios 35 al 40 del documento 3.
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Demandante: María Luz Márquez González
25. Antes de abordar el problema jurídico propuesto la Sala considera oportuno
recordar que la competencia del juez de segunda instancia está definida, por regla
general, por los disentimientos planteados por la parte apelante. En tal sentido, debe
precisarse que en esta oportunidad no se han discutido ni los tiempos de servicio ni
el derecho pensional de la demandante, sino únicamente la procedencia o no de la
indexación de la primera mesada pensional en atención a la aparente disminución
del poder adquisitivo de los rubros con los que se conformó la base de liquidación.
26. Pues bien, de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, en el año 1992 el
ISS, en calidad de empleador, le reconoció a María Luz Márquez González una
pensión de jubilación en los términos indicados en el artículo 19 del Decreto 1653
de 1977, por los tiempos de servicios prestados en esa institución entre los años
1961 y 1983. La mesada se calculó aplicando una tasa de reemplazo del 100%
sobre una base de liquidación conformada por todo lo devengado durante el último
año de servicio que, de acuerdo con el contenido de los actos, trascurrió entre el 15
de mayo de 1982 y el 15 de mayo de 1983.
27. En efecto, tal como afirmó la demandante, la base de liquidación de esa mesada
no fue actualizada o traída al valor real del año 1991, cuando se causó el derecho,
sino que fue calculada y pagada de acuerdo con los salarios efectivamente
percibidos por la demandante entre los años 1982 y 1983, es decir, alrededor de 9
años antes de la causación. Tanto es así que el monto final no logró alcanzar
siquiera el valor del salario mínimo legal mensual vigente y debió ser ajustado de
manera oficiosa por el empleador.
28. En ese sentido, si bien se determinó que el promedio de lo percibido por la
demandante durante el último año de servicio correspondió a la suma de $30.772,
dicho valor debió ser actualizado al año a partir del cual se reconoció la pensión
(1991), pues lo contrario implicaría aceptar la devaluación de la mesada pensional
en detrimento de la pensionada.
29. Ahora bien, la Sala advierte que con posterioridad al reconocimiento de la
pensión de jubilación la demandante acreditó tiempos adicionales de cotización que
fueron tenidos en cuenta por la administradora del régimen de prima media al
reliquidar, mediante la Resolución GNR 259318 de 15 de julio de 2014, la pensión
legal de vejez que le había sido reconocida en el año 2005. No obstante, dicha
circunstancia no desvirtúa la procedencia de la indexación de la primera mesada
pensional.
30. Lo anterior obedece a que la reliquidación que tuvo lugar en el año 2014 recayó
sobre la pensión legal de vejez concedida por el ISS, hoy Colpensiones, en calidad
de administrador de pensiones y obedeció a la incorporación de semanas de
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Demandante: María Luz Márquez González
cotización adicionales. Sin embargo, esa actuación administrativa no tuvo por objeto
modificar la pensión de jubilación reconocida por el ISS en calidad de empleador
mediante la Resolución 603 de 27 de febrero de 1992, ni subsanar la ausencia de
actualización de la base salarial utilizada para liquidar esa prestación.
31. Lo anterior es importante porque a partir del reconocimiento de la pensión legal
de vejez operó el fenómeno de la compartibilidad pensional, de manera que la
obligación inicialmente asumida en su integridad por el empleador fue sustituida
parcialmente por la administradora del régimen de prima media. En consecuencia,
mientras Colpensiones quedó obligada al pago de la prestación legal de vejez, la
Ugpp, en su condición de sucesora del ISS empleador, únicamente conservó la
obligación de asumir el mayor valor existente entre ambas prestaciones.
32. Así las cosas, la incorporación de nuevas semanas de cotización para efectos de
reliquidar la pensión legal no elimina el interés de la demandante en obtener la
indexación de la primera mesada reconocida por el empleador. Por el contrario, la
correcta determinación del monto de esa pensión patronal continúa produciendo
efectos patrimoniales, pues constituye uno de los extremos de comparación para
establecer la diferencia que le correspondería asumir a la Ugpp en desarrollo de la
citada compartibilidad.
33. En otras palabras, la actualización de la primera mesada de la pensión patronal
no constituye un reconocimiento aislado de la pensión legal administrada por
Colpensiones, sino un presupuesto indispensable para determinar el verdadero
monto de la obligación residual que permanece a cargo de la Ugpp. En esa medida,
mientras subsista la obligación de cubrir un mayor valor entre ambas prestaciones,
persiste igualmente el interés jurídico en que la pensión de jubilación reconocida por
el antiguo empleador refleje el valor que en realidad le correspondía desde el
momento mismo en que se causó el derecho.
34. En cuanto al argumento según el cual acceder a las pretensiones de la demanda
implicaría desconocer la sostenibilidad fiscal del sistema pensional debe decirse que
este principio no tiene la virtualidad de limitar o desconocer los derechos
pensionales de los trabajadores. En consecuencia, las consideraciones
presupuestales invocadas por la entidad no prevalecen sobre el derecho de la
demandante a obtener una liquidación correcta de su prestación y a que la primera
mesada pensional conserve su poder adquisitivo, pues dicho derrotero constituye
un criterio para la actuación estatal, mas no un parámetro que permita limitar la
efectividad de los derechos prestacionales reconocidos por la Constitución y la ley.
35. En tal sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, pues de las pruebas aportadas al proceso no se
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Demandante: María Luz Márquez González
advirtió que el ISS empleador actualizara el IBL con el que calculó la pensión de
jubilación de la demandante o la mesada final concedida, de modo que se le pagó
una prestación desmejorada en su poder adquisitivo.
36. Finalmente, en relación con el segundo argumento de la apelación, la Sala
observa que la Ugpp únicamente sostuvo que la liquidación efectuada por el
Tribunal era incorrecta y que, por tal razón, debía revocarse la sentencia para
proteger el patrimonio público. No obstante, dicha afirmación no estuvo
acompañada de ninguna explicación sobre el supuesto error en el que habría
incurrido el a quo, pues la entidad no cuestionó la fórmula utilizada, los factores
tenidos en cuenta, el período objeto de actualización ni el resultado obtenido. En
consecuencia, ese planteamiento constituye una manifestación genérica de
inconformidad que carece de la fundamentación necesaria para desvirtuar la
decisión apelada y, por tanto, no ofrece elementos que justifiquen un examen
adicional sobre ese aspecto.
2.5. Costas
37. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
38. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
39. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
35 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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40. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
41. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que María Luz Márquez
González tenía derecho a la indexación de la primera mesada pensional de
jubilación que le fue reconocida por el ISS empleador, en atención a que
trascurrieron más de 9 años entre los salarios que fueron utilizados para calcular la
mesada y el reconocimiento del derecho, cifra que sigue generando efectos
patrimoniales a pesar de la reliquidación de la mesada, en atención a la
compartibilidad y al monto residual que debe seguir pagando la Ugpp como
sucesora patronal del ISS, aspecto que las administradoras deberán analizar luego
de calcular en debida forma la mesada pensional que en la actualidad está a cargo,
en el mayor valor, por la Ugpp.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la que se accedió parcialmente a las
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por María Luz Márquez González en contra de la Ugpp.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: María Luz Márquez González
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC
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