Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2021-00264-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2021-00264-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2021-00264-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de agosto de 2023
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00264-01 (27455)
Demandante: Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores
de Buenaventura S.A. TCBUEN S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad
Radicación 76001-23-33-000-2021-00264-01 (27455)
Demandante SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA S.A. – TCBUEN S.A.
Demandado DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Estampilla Pro-Universidad del Pacífico. Poder Tributario derivado.
Hecho gravable. Alcance de la ley habilitante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que resolvió1:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del numeral 2, artículo 10, de la Ordenanza 473 del 21
de diciembre de 2017.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los fragmentos subrayados de los artículos 6 y 7 de la
Ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017:
• Artículo sexto: “Sujeto pasivo: son sujetos pasivos de la estampilla (...) las personas
naturales o jurídicas que soliciten, suscriban o se beneficien de los actos gravados con la
estampilla. Son también sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que realicen
actividades comerciales o industriales en los municipios donde haya sede de la Universidad
del Pacífico con utilización o aprovechamiento de sus recursos naturales o su posición
estratégica y cuya actividad económica está prevista en el hecho generador.
• Artículo séptimo: “Hecho generador: el hecho generador de la estampilla pro (...) está
constituido por la solicitud, suscripción o expedición de actos o documentos en los cuales
se hace obligatorio el cobro de la estampilla, así como la realización de alguna de las
actividades industriales o comerciales gravadas.
TERCERO: ARCHIVAR el proceso previa anotación en el programa SAMAI. EXPEDIR las
copias que soliciten las partes su la sentencia no fuere apelada.
CUARTO: SIN condena en costas». (Énfasis y subrayado del texto original).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), la sociedad demandante formuló las siguientes pretensiones2:
«(...) solicito se ordene la NULIDAD del numeral 2 del artículo décimo – Bases y Tarifas de la
Ordenanza No. 473 del 21 de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual se
ordenó la emisión de la Estampilla Pro-Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo y se
dictaron otras disposiciones.
1 SAMAI del Tribunal. Índice 23. Página 14.
2 SAMAI del Tribunal. Índice 3. PDF de la demanda. Página 8.
1
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00264-01 (27455)
Demandante: Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores
de Buenaventura S.A. TCBUEN S.A.
El texto del aparte demandado, consagra:
2.- Actividades Gravadas: las Personas Naturales o Jurídicas que realicen Actividades
Comerciales o Industriales que se realicen e (sic) los Municipios donde haya sede de la
Universidad del Pacifico (sic) con utilización o Aprovechamiento (sic) de sus recursos naturales
o su posición Estratégica, deberán liquidar y pagar en su declaración anual del Impuesto de
Industria y Comercio a título de Estampilla Pro Universidad del Pacifico (sic) Omar Barona
Murillo, una suma equivalente al cinco por mil (5x1000) de los ingresos brutos obtenidos en el
respectivo año gravable».
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas los artículos
1, 2, 287, 300, 313, y 338 de la Constitución Política; 32 y 33 de la Ley 14 de 1983;
61 y 71 del Decreto Ley 1222 de 1986. El concepto de la violación se resume así3:
Señaló que, de conformidad con los principios de autonomía y descentralización,
las entidades territoriales gozan de cierta libertad en la gestión de sus intereses. Sin
embargo, esa facultad debe sujetarse a los límites establecidos en la Constitución
Política y en la Ley, conforme los artículos 287 y 313 de la norma superior.
Manifestó que en las sentencias C-538 de 2002, C-873 de 2003, C-121 de 2006 y
C-587 de 2014, la Corte Constitucional ha precisado que la autonomía de las
entidades territoriales no es absoluta, pues su competencia para establecer y
regular los tributos debe ejercerse dentro de los límites dispuestos en la Constitución
y la Ley.
Indicó que, en este caso, aunque la Asamblea Departamental del Valle del Cauca
se encuentra autorizada para establecer y reglamentar la estampilla Pro Universidad
Pacífico, lo cierto es que dicha facultad está subordinada a lo previsto en el numeral
1 del artículo 61 y el numeral 5 del artículo 71 del Decreto Ley 1222 de 1986, que
prohíben a estas corporaciones imponer tributos sobre objetos o actividades que se
encuentren gravados por la ley.
Discutió que en el numeral 2 del artículo 10 de la Ordenanza Nro. 473 de 2017,
demandado, la asamblea fijó como base gravable y tarifa de la estampilla las
mismas que sirven para determinar el impuesto de industria y comercio. En efecto,
como base gravable tomó los ingresos brutos obtenidos en el respectivo año
gravable. Destacó que, «sobre la utilización de los ingresos brutos en el año gravable, ya
gravado mediante los artículos 32 y 33 de la Ley 14 de 1983, existe una prohibición clara que se
encuentra establecida en el numeral 1 del artículo 61 y en el numeral 5 del artículo 71 del Decreto
Ley 1222 de 1986». Anotó que dicha prohibición es lo suficientemente clara y que se
revela como el principal motivo de nulidad del acto administrativo demandado.
Advirtió que los artículos 3 y 5 de la Ley 1685 de 2013, crearon la estampilla Pro
Universidad Pacífico como una «contribución parafiscal documentaria, cuya anulación» está
a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los
actos y hechos sujetos al gravamen autorizado. Que no obstante, la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca estableció el mencionado tributo sobre un
documento o trámite en cuya elaboración o trámite no intervienen funcionarios
departamentales y municipales.
Enfatizó en que la norma demandada excede las facultades otorgadas a la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca, ya que crea a cargo de los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, la obligación de liquidar y pagar
en su declaración anual de dicho impuesto, a título de la estampilla Pro Universidad
3 Fls. 12 a 26 del cuaderno principal.
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Demandante: Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores
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del Pacífico, una suma equivalente al cinco por mil de los ingresos brutos obtenidos
en el respectivo año gravable.
Reiteró que el documento sobre el cual se establece el pago no interviene
funcionario departamental o municipal. Que quien interviene es la persona natural
o jurídica que desarrolla la actividad gravada con la estampilla.
Oposición de la demanda
El Departamento del Valle del Cauca no contestó la demanda.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad del numeral 2 del artículo 10 de la Ordenanza Nro.
473 del 21 de diciembre de 2017, así como de varios apartes de los artículos 6 y 7
de ese mismo acto administrativo, con fundamento en las siguientes
consideraciones.
Puso de presente que la Ley 1685 de 2013 autorizó a las asambleas de los
departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la emisión, distribución
y recaudo de la estampilla Pro Universidad del Pacífico. Que mediante la Ordenanza
Nro. 473 de 2017, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca adoptó y
estableció los elementos esenciales del tributo.
Respecto al cargo de nulidad por la transgresión de la prohibición prevista en el
artículo 71 del Decreto Ley 1222 de 1986, en primer lugar, señaló que, si bien esa
norma fue derogada por la Ley 2200 de 2022, «lo cierto es que durante su vigencia
constituyó ordenamiento superior del acto acusado, por lo tanto, en esta sentencia se debe declarar
si fue o no vulnerado mientras estuvo vigente, para corregir los efectos jurídicos que hubieren
alterado el ordenamiento durante ese período de tiempo».
Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado4, advirtió que el
impuesto de industria y comercio, y la estampilla, son tributos diferentes. Que no
obstante, los elementos estructurales de la estampilla Pro Universidad del Pacífico
(hecho generador, base gravable y sujeto pasivo), definidos en el numeral 2 del
artículo 10 de la Ordenanza Nro. 473 de 2017, coincidían con los del impuesto de
industria y comercio, según se evidenciaba del análisis de los artículos 32 a 35 de
la Ley 14 de 1983.
En efecto, dijo que la estampilla se estableció sobre el mismo hecho y base gravable
del impuesto de industria y comercio: los ingresos derivados de la realización de
actividades comerciales o industriales, y que también coincidía el sujeto pasivo: las
personas naturales o jurídicas que realizaran tales actividades.
En esas condiciones, precisó que quienes realicen actividades comerciales e
industriales en municipios en donde haya una sede de la Universidad del Pacífico,
con utilización o aprovechamiento de recursos naturales o su posición estratégica,
deberán pagar doble tributo «(estampilla e ICA), calculado sobre los ingresos brutos de esas
actividades». Precisó, además, que esta situación fáctica ya había sido evaluada por
el Consejo de Estado en sentencia del 9 de diciembre de 2010 (Exp.17853).
Conforme con lo expuesto, determinó que el numeral 2 del artículo 10 de la
Ordenanza Nro. 473 de 2017 vulnera la prohibición de doble tributación, consagrada
4 Citó la sentencia del 10 de septiembre de 2014, exp. 19387, entre otras.
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en el artículo 71 del Decreto Ley 1222 de 1986. En adición, advirtió que, también
declaraba la nulidad de varios apartes de los artículos 6 y 7 de la mencionada
ordenanza, porque, aunque no fueron demandados, «conforman unidad normativa con el
artículo demandado -artículo 10.2-, pues reproducen su contenido normativo que constituye doble
tributación».
Destacó que el artículo 5 de la Ley 1685 de 2013 condicionó el hecho generador de
la estampilla Pro Universidad del Pacífico a que intervinieran funcionarios
municipales y departamentales para que adhirieran y anularan la estampilla en los
documentos que representan el hecho gravado. Sin embargo, manifestó que ese
condicionamiento no fue previsto en el numeral 2 del artículo 10 de la Ordenanza
Nro. 473 de 2017. En ese sentido, planteó que esa indeterminación conducía a que
la estampilla se causara, incluso, por la ejecución de actos comerciales e
industriales entre particulares infringiendo la condición prevista en la Ley 1685 de
2013.
Sostuvo que mantenía la legalidad del numeral 1 del artículo 10 de la Ordenanza
Nro. 473 de 2017, «consistente en “la solicitud, suscripción o expedición de actos o documentos”
porque no fue objeto de esta demanda».
Finalmente, no condenó en costas, por tratarse de un asunto de interés público.
Recurso de apelación
La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia con el fin de se
revoque y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
Destacó que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca fue habilitada por el
legislador, mediante la Ley 1685 de 2013, para señalar la tarifa de la estampilla Pro
Universidad del Pacífico sin exceder del 2% del valor del hecho gravable, así como
otros asuntos inherentes al uso del tributo.
Indicó que «en la reglamentación» quedó establecido que sólo en aquellos entes
territoriales donde la Universidad del Pacífico cuente con una sede, «las personas
naturales o jurídicas que realicen actividad comercial o industrial deberán liquidar y pagar en su
declaración anual de impuestos de industria y comercio, a título de la estampilla pro universidad del
pacífico, una suma equivalente al 5X1000 de los ingresos brutos obtenidos».
Señaló que no está en discusión el hecho de que las entidades territoriales carecen
de soberanía tributaria. En ese sentido, esgrimió que si bien, las asambleas
departamentales no pueden crear tributos, en desarrollo de la autonomía impositiva,
puedan regular los aspectos no desarrollados por el legislador.
Recalcó que no se incurre en doble tributación porque la estampilla sólo recae sobre
las actividades industriales o comerciales que se ejecuten donde haya una sede de
la Universidad Pacífico «con utilización o aprovechamiento de sus recursos naturales o su
posición estratégica siendo algo que diferencia el hecho generador».
Precisó que la estampilla debe ser liquidada, declarada y pagada en forma conjunta
con la declaración del impuesto de industria y comercio, haciendo uso del formato
que para el efecto prescriba el Departamento del Valle del Cauca, en caso de que
el formulario único nacional de dicho impuesto no incluya un renglón especial para
la estampilla. Por lo anterior, expuso que «no existe identidad de sujeto activo, toda vez que
uno es un tributo de orden municipal y otro es un tributo de orden departamental».
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Demandante: Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores
de Buenaventura S.A. TCBUEN S.A.
Oposición a los recursos de apelación
La parte demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por
la entidad apelante.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Publico guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación formulado por la parte
demandada en contra de la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad
del numeral 2 del artículo 10, así como de varios apartes de los artículos 6 y 7 de la
Ordenanza Nro. 473 del 21 de diciembre de 2017, expedida por la Asamblea
Departamental del Departamento del Valle del Cauca.
El problema jurídico a resolver en esta instancia consiste en establecer si las
actividades gravadas con la estampilla previstas en el numeral 2 del artículo 10 de
la Ordenanza Nro. 473 del 2017, observan los parámetros fijados en la Ley 1685 de
2013 que autorizó el tributo, y la prohibición de doble tributación.
1. El hecho generador de la Estampilla Pro Universidad del Pacífico.
A la luz de los artículos 287.3, 300.4 y 338 de la Constitución Política, esta
Corporación ha sentado un criterio reiterado según el cual la adopción de impuestos
locales por parte de las respectivas entidades territoriales requiere siempre de la
existencia previa de una ley que así lo autorice (i. e. ley de autorización)5. En ese
sentido, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que a dichas entidades «les
asiste la facultad de establecer los elementos del tributo a través de sus órganos de representación
democrática, siempre que dicha competencia normativa sea ejercida dentro de los límites y conforme
con los parámetros mínimos fijados por la ley de creación o autorización del impuesto»6.
Esos parámetros mínimos, según se desprende de la jurisprudencia constitucional7
y contenciosa administrativa8, son dos: (i) la autorización del gravamen por el
legislador y (ii) la delimitación del hecho gravado con el mismo (i. e. el aspecto
material del elemento objetivo del hecho imponible).
En este contexto, el artículo 1 de la Ley 1685 de 2013 autorizó a la Asamblea
Departamental del Departamento del Valle del Cauca para ordenar, mediante
acuerdo, la emisión de la estampilla Pro Universidad del Pacífico. En concordancia,
el artículo 3 ibidem estableció que «Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los
cuales se obliga el uso de la estampilla», la Asamblea Departamental del Valle del Cauca
5
Al respecto, ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del
06 de agosto de 2009 (Exp. 16315, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), del 11 de marzo de 2010 (Exp.
16667, CP: ibidem), del 10 de marzo de 2011 (Exp. 18141, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 19
de mayo de 2011 (exp. 17764, CP: William Giraldo Giraldo), del 07 de junio de 2011 (Exp. 17623, CP: Martha
Teresa Briceño de Valencia) y del 06 de agosto de 2014 (Exp. 20678, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez),
entre otras.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de abril de
2020. Exp. 22674. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7 Al respecto ver, Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias C-035 del 2009 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), C-459 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y C-132 de 2020 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 9 de julio de
2009, Exp. 16544, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 29 de abril de 2020, Exp. 22674, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
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podía incluir «actividades comerciales o industriales que se realicen en los municipios donde haya
sede de la Universidad del Pacífico con utilización o aprovechamiento de sus recursos naturales o
su posición estratégica». A su vez, el artículo 4 autorizó a ese órgano de representación
popular para determinar las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes «al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban
realizar en la jurisdicción del departamento», y el artículo 5 precisó que la «obligación de adherir
y anular la estampilla a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y
municipales que intervengan en los actos y hechos económicos que sean sujetos al gravamen que
se autoriza por la presente ley».
El legislador utilizó una redacción similar en las leyes 71 de 1986 (que autorizó la
emisión de la Estampilla Pro-Universidad de la Guajira), 26 de 1990 (que autorizó
la emisión de la Estampilla Pro-Universidad del Valle), 122 de 1994 (que autorizó la
emisión de la Estampilla Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor)
y 334 de 1996 (que autorizó la emisión de la Estampilla Universidad de Cartagena).
y al analizar su contenido, la Sala concluyó que estos tributos solo se causan cuando
un funcionario de la respectiva entidad territorial interviene en el acto gravado9.
En este caso concreto, se reitera que el artículo 3 de la Ley 1685 de 2013
expresamente autorizó a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para
incluir dentro de los hechos y actividades gravadas con la estampilla Pro
Universidad del Pacífico a «las actividades comerciales o industriales que se realicen en los
municipios donde haya sede de la Universidad del Pacífico con utilización o aprovechamiento de sus
recursos naturales o su posición estratégica».
Sin embargo, para la Sala, lo anterior no implica que dicha asamblea pueda gravar
todas las actividades comerciales o industriales que se lleven a cabo en los
municipios en donde exista una sede de la Universidad Pacífico, pues esa
autorización debe ser interpretada en armonía y de forma sistemática con los
artículos 4 y 5 de la misma Ley 1685 de 2013.
En ese orden de ideas, debe entenderse que la autorización prevista en el artículo
3 de la Ley 1685 permite a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca gravar
con la estampilla Pro Universidad del Pacífico los actos relacionados con
actividades comerciales o industriales que se lleven a cabo en los municipios donde
haya sede de la Universidad del Pacífico, siempre y cuando en ellos intervenga un
funcionario municipal o departamental, que son los competentes para adherir la
respectiva estampilla, por mandato legal 10.
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el artículo 7 de la Ordenanza Nro. 473
de 2017 definió el hecho generador de la estampilla Pro Universidad del Pacífico
como la solicitud, suscripción o expedición de actos o documentos en los cuales se
hace obligatorio el cobro de la estampilla, «así como la realización de alguna de las
actividades industriales o comerciales gravadas». El artículo 5 ibidem estableció que el
sujeto activo sería el Departamento del Valle del Cauca y, a su turno, el artículo 6
dispuso que serían sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que soliciten,
suscriban o se beneficien de los actos gravados con la estampilla y, adicionalmente,
aquellas «Personas Naturales o Jurídicas que realicen actividades Comerciales o Industriales en
9 En ese sentido, ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. i) Sentencia
del 10 de septiembre de 2014, Exp. 19387, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; ii) Sentencia del 29 de
abril de 2020, Exp. 22674, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, iii) Sentencia del 25 de junio de 2020, Exp.
23100, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y iv) Sentencia del 24 de marzo de 2022, Exp. 25638, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
10 Artículo 5 de la Ley 1685 de 2013.
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los Municipios donde haya sede de la Universidad del Pacífico con utilización o aprovechamiento de
sus Recursos Naturales o su posición estratégica y cuya actividad económica está prevista en el
Hecho Generador».
El artículo 9 de la Ordenanza Nro. 473 de 2017 previó que la estampilla se causa
en el momento de la suscripción o expedición del acto o documento gravado. Y, en
cuanto a la base gravable y la tarifa, el numeral 2 del artículo 10 (norma acusada)
dispuso lo siguiente:
«2. Actividades Gravadas: las Personas Naturales o Jurídicas que realicen Actividades
Comerciales o Industriales que se realicen en los Municipios donde haya sede de la
Universidad del Pacífico con utilización o Aprovechamiento de sus Recursos Naturales o su
Posición Estratégica, deberán liquidar y pagar en su declaración anual del Impuesto de
Industria y Comercio a título de Estampilla Pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo,
una suma equivalente al cinco por mil (5x1000) de los ingresos brutos obtenidos en el
respectivo año gravable».
A partir de este recuento normativo, la Sala observa que el numeral 2 del artículo
10 de la Ordenanza Nro. 473 del 2017 no identificó ningún acto o documento como
gravado, con la intervención de un funcionario en la operación.
En efecto, en las actividades gravadas dispuestas en el norma acusada, no implican
o involucran la emisión de ningún documento por parte de un funcionario
departamental o municipal, como lo exigen los artículos 4 y 5 de la Ley 1685 de
2013.
Por el contrario, los artículos 6, 7 y 10 de la Ordenanza Nro. 473 de 2017 establecen
que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales o
industriales en «los Municipios donde haya sede de la Universidad del Pacífico con utilización o
Aprovechamiento de sus Recursos Naturales o su Posición Estratégica», tienen la obligación de
declarar y pagar la estampilla en los mismos plazos y condiciones para declarar y
pagar el impuesto de industria y comercio. Esto quiere decir que el sistema de
recaudo regulado en la ordenanza no está relacionado con la adhesión de una
estampilla en un determinado acto documental asociado con la ejecución de
actividades comerciales o industriales, sino en la presentación de una declaración.
En esas circunstancias, para la Sala es claro que, tal y como fue expuesto por el
Tribunal, el hecho generador de la estampilla Pro Universidad del Pacífico definido
en el numeral 2 del artículo 10 de la Ordenanza Nro. 473 de 2017 desconoció los
parámetros establecidos por el legislador en la Ley 1685 de 2013, porque no
determinó un acto documental en el que interviniera un funcionario departamental o
municipal relacionado con la ejecución de actividades comerciales o industriales,
sino que gravó la ejecución de «Actividades Comerciales o Industriales que se realicen en los
Municipios donde haya sede de la Universidad del Pacífico con utilización o Aprovechamiento de sus
Recursos Naturales o su Posición Estratégica».
En conclusión, no prospera el cargo de apelación.
Lo anterior es suficiente para confirmar la nulidad del acto acusado ordenada por el
Tribunal, y releva a la Sala para abordar los demás cargos de la apelación
propuestos por la entidad demandada.
2. Decisión
Como quedó demostrado, el numeral 2 del artículo 10 de la Ordenanza Nro. 473 de
2017 vulneró las normas superiores en las que ha debido fundarse, en especial, la
Ley 1685 de 2013.
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Lo expuesto es suficiente entonces para confirmar la sentencia impugnada.
Además, no se impondrá condena en costas porque se ventiló un asunto de interés
público, tal como lo prevé el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por los motivos expuestos en esta
providencia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
8
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