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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2021-00363-01

Acción de tutela

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2021-00363-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación formulada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca respecto de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y el Municipio de Palmira, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.1. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: PREVENIR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado. TERCERO: ADICIONAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021 y, en consecuencia, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL POR HECHO SUPERADO en relación con las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.5. de la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2017 para establecer que el amparo de los derechos fundamentales de la señora Amparo Jiménez Velásquez es definitivo, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6. de la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que, en el término de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta sentencia, emita el acto administrativo que reconoce la pensión de sobrevivientes de la señora Amparo Jiménez Velásquez. SEXTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2021-00363-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

19 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO – Respecto del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali / REQUERIMIENTO A CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA HACER CUMPLIR SENTENCIA JUDICIAL – En el trámite de la presente acción constitucional

La señora [A.J.V.] aseguró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali vulneró sus derechos fundamentales con ocasión del auto del 6 de octubre de 2020, mediante el cual se negó la solicitud que presentó su apoderado relacionada con “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”. (…) es claro que durante el trámite de la acción de tutela el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali “rectificó su actuación procesal” y en dos oportunidades ha requerido a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que cumpla con la obligación de hacer, consistente en emitir el acto administrativo que reconozca la pensión de sobrevivientes de la señora [A.J.V.]. En ese orden de ideas, el hecho que motivó la interposición de la acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali se superó y, por ello, se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto

ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Para solicitar el cumplimiento de órdenes judiciales / OBLIGACIÓN DE HACER / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – Incumplimiento / ENFOQUE DIFERENCIAL / PROTECCIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD – Por situación económica y condición de salud especial / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA - Comprendido en el núcleo esencial del derecho al debido proceso / PROCESO EJECUTIVO – Ordenes han sido insuficientes para obtener el cumplimiento de la sentencia / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA – De primera instancia para conceder el amparo definitivo de los derechos fundamentales / VULNERACIÓN DEL DERECHO DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL

Desarrollo del problema jurídico relacionado con la omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (…) la Sala advierte que modificará el fallo de primera instancia y, en su lugar, concederá el amparo definitivo de los derechos fundamentales de la señora [A.J.V.], por las razones que se exponen a continuación: En primer lugar, en esta sede constitucional no se discute el derecho pensional de la accionante y tampoco cuál es la entidad a cargo del reconocimiento, comoquiera que ello ya fue resuelto por el juez natural de la causa desde el año 2014. (…) Lo anterior, significa que existe una decisión judicial ejecutoriada hace 6 años que ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca reconocer una pensión de sobrevivientes a la señora [A.J.V.]. Posteriormente, la accionante promovió un proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento de la referida orden y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución a través de los autos del 9 de abril de 2018 y 19 de febrero de 2019, respectivamente. Por lo tanto, la presente controversia constitucional versa sobre el incumplimiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de lo dispuesto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el proceso ejecutivo. En segundo lugar, el incumplimiento de una orden judicial afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso real, material y efectivo a la administración de justicia. En efecto, las personas acuden a los jueces de la República para obtener una solución a sus controversias o defender sus derechos, luego esperan que las decisiones de las autoridades judiciales sean eficaces y respetadas por los demás ciudadanos y, en especial, por las entidades del Estado. (…) A hora bien, en el caso de la señora [A.J.V.] el incumplimiento de la orden impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y del 2 de diciembre de 2014 no solo vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino también sus garantías constitucionales a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior, dada la naturaleza del derecho que le reconoció el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues, la orden que se impuso en el año 2014 fue clara en señalar que a la accionante se le debía reconocer una pensión de sobrevivientes. De ahí que, el referido incumpliendo además impida que la señora [A.J.V.] perciba una prestación económica periódica que le permita satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de la accionante y esa afectación solo cesará hasta que la entidad cumpla con la obligación de hacer, consistente en emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional. En tercer lugar, el proceso ejecutivo que promovió la señora [A.J.V.] sigue en trámite, porque la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca no ha cumplido con la obligación de hacer que le fue impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y del 2 de diciembre de 2014, sin embargo, es necesario y urgente que se adopte una decisión con el fin de que se evite una afectación más gravosa a las garantías constitucionales de la tutelante. (…) resulta claro que el proceso ejecutivo que promovió la accionante ha sido insuficiente para que la referida entidad cumpla con la orden de reconocer su pensión de sobreviviente y el amparo transitorio concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca también. Sobre este último punto, se pone de presente que el fallo de tutela se notificó el 26 de marzo de 2021, no obstante, el 10 de julio de 2021 se requirió nuevamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que informara sobre el cumplimiento.

Es decir, que la Corporación Regional del Valle del Cauca incluso desconoció la orden del juez constitucional de primera instancia. En ese orden de ideas, comporta una carga desproporcionada que la señora [A.J.V.] siga esperando a que el Juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali adopte una decisión eficaz para que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca cumpla con la referida orden. Por ello, en el caso concreto de la accionante procede el amparo definitivo de sus derechos fundamentales y que el cumplimiento que solicita se garantice a través de un juez constitucional. Esta decisión encuentra sustento en lo que la Corte Constitucional ha considerado en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de las obligaciones de hacer, que tiene sustento en una decisión judicial. (…). Ahora, si bien la señora [A.J.V.] no puede ser considerada como una persona de la tercera edad debido a que tiene 71 años de edad, lo cierto es que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su situación económica y a su condición de salud, sumado a que es evidente y flagrante la vulneración de sus derechos por parte de la entidad accionada. (…) Lo expuesto en precedencia, refuerza la necesidad y urgencia de la intervención del juez constitucional para que la situación de la señora [A.J.V.] no sea más gravosa, comoquiera que una mujer de avanzada edad, en una situación económica desfavorable y que padece varias enfermedades. En ese orden de ideas, se modifiracá la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021, para establecer que el amparo de los derechos fundamentales de la accionante es definitivo

CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL - Aplicación del artículo 27 / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL / EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE – Obligación de hacer incumplida / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO – En caso de no cumplirse la orden de tutela

Finalmente, teniendo en cuenta las especiales condiciones de la señora [A.J.V.] y que actúa en nombre propio, la Sala estima conveniente dirigirle unas consideraciones en los términos del artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. (…) Señora [A.J.V.] queremos indicarle que evidenciamos que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, porque no ha cumplido con su obligación de emitir el acto administrativo que reconoce su pensión de sobrevivientes. También observamos que el proceso ejecutivo que usted inició no ha sido efectivo para exigirle a la entidad el cumplimiento de la orden que le impusieron el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Igualmente, nos dimos cuenta que la orden del juez de tutela de primera instancia no ha sido cumplida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Por esas razones, vamos a modificar la sentencia de primera instancia para proteger de manera definitiva sus derechos fundamentales y ordenarle a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que en 48 horas le reconozca su pensión de sobrevivientes. Finalmente, nos gustaría informarle que si la entidad no cumple con la orden que le estamos dando, usted cuenta con el incidente de desacato para solicitarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que exija el cumplimiento y sancione al responsable de hacerlo.

REMISIÓN DE EXPEDIENTE –Tardanza / PRINCIPIO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – Se desconoce por la inobservancia de los términos para tramitar las solicitudes de amparo / EXHORTO - Al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado

La Sala advierte que el expediente del vocativo de la referencia fue enviado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hasta el 4 de agosto de 2021 a las 7:05 p.m., a pesar de que la impugnación se presentó el 7 de abril de 2021 y se concedió mediante auto del 4 de agosto de 2021. Es decir, transcurrieron 4 meses para que se le diera trámite a la impugnación que interpuso la señora [A.J.V.]. Esta situación afecta gravemente los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, comoquiera que los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, para resolver la impugnación, se superaron con creces .Ahora bien, la acción de tutela se caracteriza por ser un mecanismo judicial expedito, por cuanto con ella se pretende la protección de derechos fundamentales y ello significa que la intervención del juez es urgente, pues, el debate gira en torno a garantías de orden superior. Por lo anterior, la inobservancia de los términos para el trámite de las solicitudes de amparo constituye un desconocimiento del principio de la tutela judicial efectiva y produce que los ciudadanos pierdan confianza en la administración de justicia. En ese orden de ideas, se prevendrá al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado.

FUETE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 32 / CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL - ARTÍCULO 27

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 76001-23-33-000-2021-00363-01(AC)

Actor: AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ

Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI Y OTRO

Temas: Tutela de fondo – carencia actual de objeto por hecho superado – procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de órdenes judiciales – análisis de enfoque diferencial – aplicación del artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Amparo Jiménez Velásquez contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021, mediante la cual se ampararon transitoriamente sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de marzo de 2021 al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la señora Amparo Jiménez Velásquez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de:

El auto dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali el 6 de octubre de 2020, mediante el cual se negó la solicitud presentada por el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez dirigida a “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”, en el trámite del proceso ejecutivo con radicado N° 76001-33-33-007-2018-00011-00.

La omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca de cumplir íntegramente con las órdenes dadas en las sentencias proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de octubre de 2012 y el 2 de diciembre de 2014, respectivamente, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 76001-33-31-007-2011-00294-01.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“2. Ordenar al JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI rectificar su actuación procesal y conminar a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA cumplir con la obligación de hacer contenida en el mandamiento de pago expedido Mediante auto interlocutorio 279 del 9 de abril del 2018.

3. Ordenar al JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI en adelante no realizar actuaciones que limiten o anulen los derechos adquiridos de los ciudadanos en los litigios que por imperio de la ley conozcan o lleguen a conocer.

4. Se ordene a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, expida el acto administrativo de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ordenada por el JUZGADO SEPTIMO ADMINSITRATIVO ORAL DE CALI y cancelen el retroactivo pensional que se ha causado desde el 1 de abril del 2018, hasta que se haga efectiva la inclusión en nómina de pensionados de la señora AMPARO JIMENEZ VELASQUEZ.

5. Se ordene a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, no realizar conducta dilatoria alguna para el reconocimiento y pago inmediato de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho AMPARO JIMENES VELASQUEZ por mandato judicial.” (Sic a toda la transcripción)

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.2.1. Respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

4. La señora Amparo Jiménez Velásquez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor Álvaro Crespo Calero y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara reconocer la referida prestación económica.

5. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, a través de fallo del 8 de octubre de 2012, accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso:

“PRIMERO. - DECLARESE NO PROBADAS las excepciones propuestas por el apoderado judicial de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC-, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la comunicación de fecha 05 de noviembre de 2008, por medio del cual la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC-, negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a la señora AMPARO JIMENES VELASQUEZ en su condición de cónyuge supérstite del causante ALVARO CRESPO CALERO.

TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- a reconocer y pagar a la señora AMPARO JIMENEZ VELASQUEZ, una pensión de sobrevivientes, a partir del día 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del régimen general de pensiones en el orden nacional, en la cuantía que resulte de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la ley 100 de 1993, con efectos fiscales a partir del 15 de octubre de 2005 por efectos de la prescripción trienal, con los reajustes previstos en la ley. Igualmente se condena a la demandada a pagar las mesadas adicionales que se hayan causado desde la fecha en que se reconoce la pensión.

CUARTO. - ORDENESE a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- que sobre las mesadas insolutas le pague a la actora el reajuste de su valor, conforme al índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula reseñada en la parte motiva de este fallo.

QUINTO. - La entidad deberá dar cumplimiento a este fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A, y si así no lo hiciere, se condenara al pago de los intereses previstos en el artículo 177 ibídem.

(…)” (Sic a toda la transcripción)

6. Inconforme con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca apeló y el recurso de alzada le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión, autoridad judicial que, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014, decidió lo siguiente:

“1. CONFIRMAR la Sentencia No 247 del 08 de octubre de 2012, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, en cuanto a la declaración de nulidad del acto administrativo con consecutivo No. 0320-5-050123-2008(2) del 05 de noviembre de 2008, pero por las razones expuestas en este proveído.

2. MODIFICAR el numeral tercero de la providencia impugnada para indicar lo siguiente:

“TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho CONDENASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- a reconocer a la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ la sustitución pensional a partir del día 22 de febrero de 1994, fecha de retiro por fallecimiento del ex empleado público, en el equivalente al 75% del promedio devengado por el causante de conformidad con lo dispuesto la Ley 71 de 1988 y los Decretos Reglamentarios 1160 de 1989, 2709 de 1994 y demás concordantes, ordenando el pago y los efectos fiscales a partir del 15 de octubre de 2005 por efectos de la prescripción trienal, con los reajustes previstos en la ley. Igualmente se condena a la demandada a pagar las mesadas adicionales que se hayan causado desde la fecha en que se reconoce la pensión.”

3. Una vez ejecutoriada la presente providencia DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

(…)” (Sic a toda la transcripción)

7. Contra la anterior decisión, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca presentó solicitud de “ACLARACIÓN, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN”, la cual fue resuelta mediante auto del 28 de enero de 2015 en el sentido de “NEGAR lo solicitado por el apoderado de la parte demandada”.

1.2.2. Respecto del proceso ejecutivo

8. El 22 de enero de 2018, la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó demanda ejecutiva contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de exigir el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014.

9. El proceso le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, a través de auto del 9 de abril de 2018, libró mandamiento de pago y, expresamente, dispuso:

“PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago a cargo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC y a favor de la señora AMPARO JIMÉNES VELÁSQUEZ, por las sumas de dinero a las que está obligada a cancelar como consecuencia de la condena contenida en la sentencia No. 247 del 08 de octubre de 2012 proferida por este despacho judicial, modificada por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia No. 474 del 02 de diciembre de 2014 con ponencia del Magistrado Carlos Eduardo Chaves Zúñiga; y que se discriminan a continuación:

Por ciento cuarenta y cinco millones ochocientos nueve mil quinientos nueve pesos ($145.809.509) por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente causado entre el 15 de octubre de 2005 y el 31 de diciembre de 2017.

Por tres millones trescientos veinticinco mil treinta y cinco pesos ($3.325.035), por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente causado entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de marso de 2018.

ORDENAR a la parte ejecutada, cancelar las sumas anteriores a la demandante dentro del término de cinco (5) días (artículo 431 del Código General del Proceso).

SEGUNDO: LIBRAR mandamiento ejecutivo a cargo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC y a favor de la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, para que dicha entidad emita el acto administrativo con el que reconozca la pensión de sobreviviente a la ejecutante, en los términos de la orden judicial contenida en la sentencia No. 247 del 08 de octubre de 2012 proferida por este despacho judicial, modificada por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia No. 474 del 02 de diciembre de 2014 con ponencia del Magistrado Carlos Eduardo Chaves Zúñiga.

ORDENAR a la parte ejecutada dar cumplimiento a esta obligación dentro del término de quince (15) días, con el fin de que la entidad expida el acto administrativo correspondiente (numeral 1° artículo 433 del Código General del Proceso).

(…)”

10. Inconforme con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca interpuso recurso de reposición y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali lo resolvió, mediante auto del 11 de octubre de 2018, en el sentido de no reponer la decisión del 9 de abril de 2018.

11. Posteriormente, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 19 de febrero de 2019, ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, al advertir que “la ejecutada no contestó la demanda y omitió así formular excepciones de mérito”.

12. El apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó liquidación del crédito, la cual fue objetada por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 30 de septiembre de 2019, dispuso:

“1.- DECLARAR no probadas las objeciones que la ejecutada CVC formuló frente a la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

2.- MODIFICAR la liquidación del crédito presentada por el extremo ejecutante, y en su lugar establecer que la ejecutada adeuda a la fecha en que se expide esta providencia la suma de ciento cuarenta millones setecientos veinte mil doscientos veinte pesos ($140.720.220).

3.- Una vez ejecutoriada esta providencia se ORDENA la entrega, a favor de la parte ejecutante, de los dineros embargados a la entidad ejecutada por el monto señalado en el numeral anterior. En caso de que esta decisión sea apelada, la suma que se entregará a la parte actora será aquella sobre el cual no exista controversia de conformidad con el numeral 3° del artículo 446 del C.G.P., y en cualquiera de tales eventos se ordenará el fraccionamiento del título judicial No. 469030002353899 en providencia separada, por el monto pertinente.”

13. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 12 de noviembre de 2019, ordenó el fraccionamiento y entrega de los títulos judiciales, en los siguientes términos:

“PRIMERO: ORDENAR el fraccionamiento del título judicial No. 469030002353899 por valor de $223.701.816 del Banco Agrario, y con esta suma la constitución de dos títulos judiciales nuevos por los siguientes montos:

• El primero, por valor de $144.952.227 a favor de la señora Amparo Jiménez Velásquez identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.939.498.

• El segundo, por valor de $78.749.589 a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC con NIT 890.399.002-7.

SEGUNDO: ORDENAR la entrega y pago del título judicial que conforme al numeral “PRIMERO” anterior se constituya a favor de la señora Amparo Jiménez Velásquez identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.939.498 por valor de $144.952.227, al abogado Diego Alberto Median Díaz identificado con cédula de ciudadanía No. 9.868.013 y portador de la tarjeta profesional No. 163.779 del C.S. de la J., quien está facultado para recibir conforme al memorial poder visible a folio 248 del cuaderno principal.

TERCERO: ORDENAR la entrega y pago del título judicial que conforme al numeral “PRIMERO” anterior se constituya a favor de la Corporación Autónoma Regional del Calle del Cauca –CVC con NIT 890.399.002-7 por valor de $78.749.589, a quien dicha entidad faculte expresamente para ello, habida cuenta que la facultad concedida al abogado Arnul Andrés González Varela por medio de poder visible a folio 51 del cuaderno No. 2 se otorgó expresamente para el cobro de otros títulos judiciales.

(…)”

14. El 15 de enero de 2020, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó memorial en el que solicitó “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”.

15. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 6 de octubre de 2020, negó la solicitud presentada por el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez, al considerar lo siguiente:

“Pues bien, se advierte que con auto No. 279 de abril 9 de 2018 este despacho libró mandamiento ejecutivo, y posteriormente, con auto interlocutorio No. 142 de febrero 19 de 2019, se dispuso seguir adelante la ejecución de los mismos términos de dicho mandamiento, no habiendo sido objeto de recursos tales providencias por parte del extremo ejecutante.

En el referido mandamiento de pago se consideró que la orden de inclusión en nómina no encontraba sustento en el título ejecutivo. Por ello, se libró ordenando el pago de sumas de dinero y por la obligación de hacer de emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional en los términos de las sentencias que sirven de base a la ejecución.

En consecuencia, considerando que dentro del (sic) este juicio ejecutivo no existen decisiones pendientes, encontrándose incluso liquidado el crédito y ordenada la entrega de títulos de acuerdo a los dineros embargados, no se accederá a la solicitud impetrada por la parte ejecutante, pues se reitera, ello no se contempló en el auto que libró el mandamiento de pago.”

16. Inconforme con lo anterior, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez interpuso “recurso de reposición en subsidio de apelación” y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 12 de marzo de 2021, resolvió no reponer la decisión del 6 de octubre de 2020 y rechazar el recurso de apelación, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

“Producto de lo anterior, se rechazará por improcedente el recurso de apelación formulado por la parte ejecutante en contra del auto interlocutorio de octubre 6 de 2020, pues se reitera, lo resuelto en esta providencia no guarda relación con aquellas que señala el pluricitado artículo 243 del CPACA como susceptibles del recurso de apelación.

(…)

Se concluye entonces que sí se han cumplido y agotado por parte del Despacho todas actuaciones procesales y se han proferido las decisiones judiciales en congruencia con lo que legalmente corresponde frente a la demanda ejecutiva, esto es, librando el mandamiento ejecutivo por la obligación de hacer de expedir el acto administrativo de reconocimiento pensional. Cosa distinta es que la ejecutada se haya sustraído de dar cumplimiento a la orden, sin que esta sea razón para que se expida una nueva, distinta a la que ya ha cobrado ejecutoria.

Así las cosas, no encuentra esta agencia judicial que se haya omitido alguna decisión que, en el marco de este proceso ejecutivo, se imponga adoptar, toda vez que el Despacho ya se pronunció sobre este aspecto que ahora se discute desde el auto que libró mandamiento de pago y por tanto no se repondrá auto recurrido.”

17. Inconforme con lo anterior, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez interpuso “recurso de reposición en subsidio queja” y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 24 de marzo de 2021, resolvió no reponer la decisión del 12 de marzo de 2021 y remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que se tramitara el recurso de queja.

18. Posteriormente, de oficio y teniendo en cuenta el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el trámite constitucional del vocativo de la referencia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 11 de mayo de 2021, resolvió:

“PRIMERO: ORDENAR a la ejecutada Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, que en el término máximo de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe acerca del cumplimiento de la obligación de emitir el acto administrativo de reconocimiento de la pensión a favor de la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ (C.C. 24.939.498), en los términos dispuestos en este juicio ejecutivo a través de los autos interlocutorios No. 279 de abril de 9 de 2018 (mandamiento ejecutivo), No. 142 de febrero 19 de 2019 (providencia con la que se siguió adelante la ejecución) y de la sentencia de tutela de 17 de marzo de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

(…)”

19. Ante el silencio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 10 de junio de 2021, resolvió:

“PRIMERO: ORDENAR por segunda vez al representante legal de la ejecutada Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, o quien haga sus veces, que en el término máximo de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia informe acerca del cumplimiento de la obligación de emitir el acto administrativo de reconocimiento de la pensión a favor de la actora, en los términos dispuestos en este juicio ejecutivo a través de los autos interlocutorios No. 279 de abril 9 de 2018 (mandamiento ejecutivo) y No. 142 de febrero 19 de 2019 (providencia con la que se siguió adelante la ejecución).

Este requerimiento deberá ser atendido dentro del término indicado, so pena de iniciarse trámite incidental de imposición de sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, parágrafo 1° del C.G.P., en concordancia con el art. 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución, a favor de la demandada Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC de los dineros constituidos en el título judicial No. 469030002457658, depositados en el Banco Agrario de Colombia a órdenes de este Juzgado. Para este efecto, REQUERIR al apoderado de la entidad, con el fin de que en el término máximo de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, allegue certificación bancaria en la que se indique la entidad financiera, número y tipo de cuenta en la que deberá realizarse el depósito a favor de su representada; información que deberá corresponder a su mandante como beneficiario.

ADVERTIR a la ejecutada que el depósito de los dineros del título judicial en su cuenta bancaria, estará supeditado al acatamiento de lo ordenado en el numeral anterior.

TERCERO: Cumplido lo dispuesto en los dos numerales previos, el Despacho realizará la transferencia a la demandada de los dineros constituidos en el título judicial No. 469030002457658.”

20. De conformidad con la información registrada en el sistema de información “Consulta de Procesos – Rama Judicial”, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca guardó silencio ante los requerimientos hechos por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

1.3. Fundamentos de la solicitud

21. La accionante aseguró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, por las razones que se exponen a continuación:

22. De manera preliminar, advirtió que la acción de tutela cumplía con el requisito de la subsidiaridad, toda vez que había “desplegado toda la actividad administrativa y judicial” para que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, pero no lo había conseguido.

23. Por ello, señaló que la solicitud de amparo era el único mecanismo judicial con el que contaba para hacer cesar la vulneración de sus garantías constitucionales y evitar que se configurara un perjuicio irremediable.

24. Afirmó que, el auto proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali el 6 de octubre de 2020 era incoherente, porque inicialmente indicaba que no existían “decisiones pendientes” pero aceptaba que no se había expedido el acto administrativo que reconocía la pensión de la señora Amparo Jiménez Velásquez.

25. Por lo anterior, arguyó que la autoridad judicial accionada permitía que la Corporación Autónoma del Valle del Cauca incumpliera con las órdenes dadas en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014.

26. Señaló que, la omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca de no reconocer la pensión de sobrevivientes era “contraria a derecho”, comoquiera que hace 6 años se profirió una sentencia que así lo ordenó y la entidad solo ha estado “burlándose descaradamente de la administración de justicia”.

27. Puso de presente que, había sido paciente durante el proceso ejecutivo, que no contaba con ingresos propios, que vivía de la colaboración económica de sus familias y que era un sujeto de especial protección constitucional, porque tenía 71 años y por su “condición de salud”.

28. Finalmente, adujo que no era justo que se desconociera su derecho adquirido al reconocimiento de la pensión, porque “simplemente”: (i) la autoridad judicial accionada no era diligente para exigir el cumplimiento de las órdenes dadas en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014; y (ii) la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca actuaba de manera “negligente y malintencionada”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

29. El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 9 de marzo de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en calidad de autoridades accionadas.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

30. Con escrito enviado por correo electrónico el 11 de marzo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Valle del Cauca, la Directora Administrativa y de Talento Humano de la entidad, sostuvo que las actuaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca siempre han sido acordes con el ordenamiento jurídico y nunca se ha negado a cumplir las órdenes que profieren los jueces de la República.

31. Afirmó que, había elaborado el proyecto de resolución “0300 No. 0320 ____ de 2017 “POR LA CUAL SE RECONOCE UNA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL”” que fue trasladado a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y al Hospital San Vicente de Paul de Palmira, por cuanto estas entidades debían aportar su “cuota parte” para financiar la pensión de sobrevivientes de la accionante.

32. Hizo referencia a 13 documentos relacionados con el procedimiento para expedir el acto administrativo de reconocimiento pensional y aseguró:

“Como se puede apreciar Honorable Magistrado Ponente Omar Edgar Borja Soto, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, HA REALIZADO TODAS LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS JUDICIALES, PERO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS Y QUE HAN SIDO NOTIFICADOS Y ENTREGADOS AL Apoderado de la Señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, nos encontramos frente a una IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO DEFINITIVO POR OBJECIÓN DE CUOTA PARTE Y POR RECHAZO, por parte del ISS, HOY COLPENSIONES Y EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PALMIRA. Para el caso en concreto objetaron el tiempo de servicios prestados por el causante ALVARO CRESPO CALERO (QEPD) en el HSOPITAL (sic) SAN VICENTE DE PAÚL DE PALMIRA (LIQUIDADO), quien hace sus veces, es decir al Municipio de Palmira, aludiendo que:

(…)” (Sic a toda la transcripción)

33. Indicó que, no era procedente “otorgar el amparo en forma transitoria”, porque no existían situaciones excepcionales que demostraran la existencia de un perjuicio irremediable, pues, en el año 2019 la señora Amparo Jiménez Velásquez recibió un pago a través del título judicial entregado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

34. Señaló que, la accionante “no padece ninguna enfermedad grave”, no se encuentra en una situación económica difícil y tampoco puede ser considerada como un adulto mayor, comoquiera que tiene 71 años y para la Corte Constitucional solo las mujeres con más de “79.4. años” ostentan la referida condición.

35. En ese orden de ideas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y que se vinculara al trámite del vocativo de la referencia a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y al Municipio de Palmira.

1.5.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali

36. Con escrito enviado por correo electrónico el 13 de marzo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Secretaria del despacho, remitió la copia digital del expediente del proceso ejecutivo con radicado N° 76001-33-33-007-2018-0001-00 y aseguró que “mediante providencia fechada del 12 de marzo de 2021 se resolvió (sic) los recursos objeto de la tutela, providencia notificada mediante estado electrónicos del 15 de marzo de 2021”.

1.6. Sentencia de primera instancia

37. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 17 de marzo de 2021, resolvió:

“1°. AMPARAR de forma TRANSITORIA los derechos a la seguridad social y mínimo vital de la accionante hasta tanto se defina en el curso del proceso ejecutivo lo relativo a la obligación de hacer y sin perjuicio de lo que pueda definir el operador judicial, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2°. En consecuencia, ORDENAR a la CVC para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia expida el acto administrativo de reconocimiento de pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Jiménez Velásquez. La mesada pensional reconocida transitoriamente en esta providencia, quedará sujeta a lo que se definido en el proceso ejecutivo en forma definitiva.

3°. EXHORTAR al Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Cali para que prosiga con especial celeridad la etapa respectiva en el ejecutivo a fin de definir lo relativo a la obligación de hacer: expedir el acto administrativo de reconocimiento de pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Jiménez Velásquez.

(…) ”

38. Para llegar a esta decisión, sostuvo que el proceso ejecutivo culminó en relación con el pago del retroactivo, pero se encontraba vigente respecto de la obligación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca de expedir el acto administrativo de reconocimiento pensional.

39. Afirmó que, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez incurrió en una imprecisión en el proceso ejecutivo cuando solicitó la “inclusión en nómina”, porque ello no fue ordenado en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014.

40. Indicó que, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali no había incurrido en alguna irregularidad procesal que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela y que le correspondía a la accionante “aguardar la ritualidad procesal en la continuidad del trámite ejecutivo”.

41. Sin embargo, advirtió que la señora Amparo Jiménez Velásquez era una “persona de la tercera edad” y que llevaba 10 años reclamando su derecho pensional, por lo que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneraba sus derechos fundamentales.

42. Adujo que, la referida entidad insistía en excusarse del cumplimiento de su obligación en el hecho de que la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y el Municipio de Palmira habían rechazado las cuotas partes pensionales que les correspondía, pero ignoraba que las sentencias proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho habían sido claras en impartir la orden exclusivamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

43. Sostuvo que, en todo caso la entidad contaba con mecanismos judiciales para “repetir o recobrar a las otras entidades el pago de la cuota respectiva”, y que su argumento de defensa no podía constituir un impedimento para cumplir con la orden de expedir el acto administrativo de reconocimiento pensional de la tutelante, porque esa situación era “inherente a ella”.

44. Señaló que, la referida omisión vulneraba los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Amparo Jiménez Velásquez, comoquiera que le impedía acceder a un ingreso económico para satisfacer sus necesidades básicas.

45. En ese orden de ideas, concluyó que debía flexibilizarse el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que a pesar de que estaba en trámite el proceso ejecutivo resultaba necesaria la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que “la actora afirmó no poseer más ingresos”.

1.7. Impugnación

46. Con escrito enviado por correo electrónico el 7 de abril de 2021 a las 3:27 p.m. al buzón web de la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la señora Amparo Jiménez Velásquez impugnó la decisión de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

47. Indicó que, el amparo transitorio que se le concedió dejaba la posibilidad de que posteriormente se le vulneraran sus derechos fundamentales.

48. Al efecto, transcribió un párrafo de la sentencia de primera instancia en el que se aseguró que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estaba vulnerando sus derechos fundamentales y que se excusaba en lo que consideraban otras entidades, para preguntar “por qué entonces el despacho no ordeno (sic) tutelar los derechos de manera definitiva”.

49. Lo anterior, al advertir que la referida entidad ha sido renuente en incumplir lo ordenado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en el proceso ejecutivo y que la autoridad judicial accionada no ha exigido el cumplimiento “teniendo todas las facultades para hacerlo”.

50. En ese orden de ideas, solicitó que se revocara el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para, en su lugar, conceder el amparo de sus derechos fundamentales de manera definitiva y, en consecuencia, que se ordenara a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que en el término de 48 horas emitiera el acto administrativo de reconocimiento pensional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

51. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora Amparo Jiménez Velásquez contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Relativa a la solicitud de vinculación de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y del Municipio de Palmira

52. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en su intervención, solicitó que se vinculara al trámite constitucional del vocativo de la referencia a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y al Municipio de Palmira, al advertir que estas entidades debían aportar su “cuota parte” para financiar la pensión de sobreviviente de la accionante.

53. La Sala negará la referida solicitud, comoquiera que la controversia constitucional gira en torno al incumplimiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca de la orden impuesta por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014, respectivamente, relacionada con la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la accionante.

54. Igualmente, en la demanda de tutela la señora Amparo Jiménez Velásquez puso de presente que, a pesar de que promovió un proceso ejecutivo, la entidad tampoco ha cumplido con lo dispuesto por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en los autos del 9 de abril de 2018, mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo, y del 19 de febrero de 2019, a través del cual ordenó seguir adelante con la ejecución.

55. Desde este panorama, es claro que las inconformidades planteadas por la tutelante no se dirigen a cuestionar una acción u omisión de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- o del Municipio de Palmira.

56. Además, como quedó expuesto en el acápite de “hechos probados y/o admitidos” de esta providencia, se precisa que: (i) los jueces del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho le impusieron la orden del reconocimiento pensional únicamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; y (ii) la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y el Municipio de Palmira no hicieron parte del proceso ejecutivo, que es objeto de esta acción constitucional.

57. Por último, se resalta que, la acción de tutela no se dirige contra las decisiones adoptadas en el proceso ordinario en el cual se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la tutelante en cabeza de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

2.2.2. Relativa a la remisión del expediente para resolver la impugnación

58. La Sala advierte que el expediente del vocativo de la referencia fue enviado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hasta el 4 de agosto de 2021 a las 7:05 p.m., a pesar de que la impugnación se presentó el 7 de abril de 2021 y se concedió mediante auto del 4 de agosto de 2021.

59. Es decir, transcurrieron 4 meses para que se le diera trámite a la impugnación que interpuso la señora Amparo Jiménez Velásquez. Esta situación afecta gravemente los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, comoquiera que los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, para resolver la impugnación, se superaron con creces.

60. Ahora bien, la acción de tutela se caracteriza por ser un mecanismo judicial expedito, por cuanto con ella se pretende la protección de derechos fundamentales y ello significa que la intervención del juez es urgente, pues, el debate gira en torno a garantías de orden superior.

61. Por lo anterior, la inobservancia de los términos para el trámite de las solicitudes de amparo constituye un desconocimiento del principio de la tutela judicial efectiva y produce que los ciudadanos pierdan confianza en la administración de justicia.

62. En ese orden de ideas, se prevendrá al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado.

2.3. Legitimación en la causa

63. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

64. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

65. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

66. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

67. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

68. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

69. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la señora Amparo Jiménez Velásquez es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que funge como demandante en el proceso ejecutivo en el que se profirió el auto censurado y es la beneficiaria de la orden de reconocimiento pensional impuesta a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014.

70. En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

71. En relación con la autoridad accionadas, se advierte que la demanda se dirigió contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que, a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, por lo que se encuentran legitimadas por pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

72. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 17 de marzo de 2021, que amparó transitoriamente los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Amparo Jiménez Velásquez, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

2.4.1. Respecto de las actuaciones procesales del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali

¿Se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, con ocasión de los autos proferidos por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali el 11 de mayo de 2021 y 10 de junio de 2021, mediante los cuales requirió a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que informara sobre el cumplimiento de la obligación de emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional de la señora Amparo Jiménez Velásquez?

73. Para resolver este cuestionamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el fenómeno de la carencia actual de objeto; y (ii) el análisis del caso concreto.

2.4.2. Respecto de la omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

¿Vulneró la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la señora Amparo Jiménez Velásquez, por incumplir con la orden impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014, relacionada con emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional, y lo dispuesto por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en los autos del 9 de abril de 2018, mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo, y del 19 de febrero de 2019, a través del cual ordenó seguir adelante con la ejecución?

74. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿Es procedente modificar el amparo transitorio concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y proteger de manera definitiva los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Amparo Jiménez Velásquez?

75. Para resolver estos interrogantes, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección constitucional; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Desarrollo del problema jurídico relacionado con las actuaciones procesales del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali

2.5.1. El fenómeno de la carencia actual de objeto

76. La Sala ha explicado en varias ocasiones que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

77. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

78. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

79. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 2016, señaló que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente” (Negrita propia del texto).

80. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

81. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”.

82. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia, lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

83. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.

84. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado”.” (Negrita y subrayado fuera de texto).

85. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva”. (Negrita y subrayado fuera del texto)

86. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.

87. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y hecho superado.

88. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para declarar la carencia actual de objeto:

“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada” (Negrita y subrayado fuera del texto).

2.5.2. Análisis del caso concreto

89. La señora Amparo Jiménez Velásquez aseguró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali vulneró sus derechos fundamentales con ocasión del auto del 6 de octubre de 2020, mediante el cual se negó la solicitud que presentó su apoderado relacionada con “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”.

90. Las pretensiones de la demanda que se dirigen contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, son las siguientes:

“2. Ordenar al JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI rectificar su actuación procesal y conminar a la CORPORACIO AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA cumplir con la obligación de hacer contenida en el mandamiento de pago expedido Mediante auto interlocutorio 279 del 9 de abril de 2018.

3. Ordenar al JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI en adelante no realizar actuaciones que limiten o anulen los derechos adquiridos de los ciudadanos en los litigios que por imperio de la ley conozcan o lleguen a conocer.

(…)” (Sic a toda la transcripción)

91. Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 17 de marzo de 2021 advirtió que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali no había incurrido en ninguna irregularidad procesal que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional, sin embargo, lo exhortó para que prosiguiera “con especial celeridad la etapa respectiva en el juicio ejecutivo a fin de definir lo relativo a la obligación de hacer”.

92. Posteriormente, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 11 de mayo de 2021, requirió de oficio a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que informara sobre el cumplimiento de la obligación de emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional.

93. Ante el silencio de la referida entidad, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de proveído del 10 de junio de 2021, nuevamente hizo el requerimiento de oficio y, expresamente, dispuso:

“PRIMERO: ORDENAR por segunda vez al representante legal de la ejecutada Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, o quien haga sus veces, que en el término máximo de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia informe acerca del cumplimiento de la obligación de emitir el acto administrativo de reconocimiento de la pensión a favor de la actora, en los términos dispuestos en este juicio ejecutivo a través de los autos interlocutorios No. 279 de abril 9 de 2018 (mandamiento ejecutivo) y No. 142 de febrero 19 de 2019 (providencia con la que se siguió adelante la ejecución).

Este requerimiento deberá ser atendido dentro del término indicado, so pena de iniciarse trámite incidental de imposición de sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, parágrafo 1° del C.G.P., en concordancia con el art. 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

(…)”

94. Desde este panorama, es claro que durante el trámite de la acción de tutela el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali “rectificó su actuación procesal” y en dos oportunidades ha requerido a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que cumpla con la obligación de hacer, consistente en emitir el acto administrativo que reconozca la pensión de sobrevivientes de la señora Amparo Jiménez Velásquez.

95. En ese orden de ideas, el hecho que motivó la interposición de la acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali se superó y, por ello, se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto.

96. Así las cosas, se adicionará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021 y se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial del Cali.

2.6. Desarrollo del problema jurídico relacionado con la omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

2.6.1. Panorama general de la acción de tutela

97. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

98. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio o definitivo, según las particularidades del caso.

2.6.2. Sujetos de especial protección constitucional

99. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

100. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y “todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”.

101. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos 13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea material, es decir, real y efectiva.

2.6.3. Análisis del caso concreto

102. La señora Amparo Jiménez Velásquez aseguró que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, con ocasión del incumplimiento de la orden impuesta por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014, respectivamente, relacionada con la expedición del acto administrativo del reconocimiento de su pensión de sobrevivientes.

103. Igualmente, en la demanda de tutela la señora Amparo Jiménez Velásquez puso de presente que, a pesar de que promovió un proceso ejecutivo, la entidad tampoco ha cumplido con lo dispuesto por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en los autos del 9 de abril de 2018, mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo, y del 19 de febrero de 2019, a través del cual ordenó seguir adelante con la ejecución.

104. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en su intervención, sostuvo que nunca se ha negado a cumplir las órdenes de los jueces de la República y aseguró que la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y el Municipio de Palmira habían rechazado su “cuota parte” para financiar la pensión de sobrevivientes de la accionante.

105. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 17 de marzo de 2017, indicó que el proceso ejecutivo continuaba en trámite y solo culminaría hasta que la entidad cumpliera con la obligación de hacer.

106. Sin embargo, el juez constitucional de primera instancia amparó transitoriamente los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Amparo Jiménez Velásquez, y ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo, emitiera el acto administrativo de reconocimiento pensional.

107. Inconforme con lo anterior, la accionante impugnó y solicitó que el amparo de sus derechos fundamentales fuera definitivo, porque existía la posibilidad de que posteriormente se vulneraran sus garantías constitucionales. Asimismo, reiteró que la entidad no ha cumplido lo ordenado por los jueces del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el proceso ejecutivo.

108. En ese orden de ideas, la Sala advierte que modificará el fallo de primera instancia y, en su lugar, concederá el amparo definitivo de los derechos fundamentales de la señora Amparo Jiménez Velásquez, por las razones que se exponen a continuación:

109. En primer lugar, en esta sede constitucional no se discute el derecho pensional de la accionante y tampoco cuál es la entidad a cargo del reconocimiento, comoquiera que ello ya fue resuelto por el juez natural de la causa desde el año 2014.

110. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014, confirmó parcialmente el fallo dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali el 8 de octubre de 2012 y dispuso:

“1. CONFIRMAR la Sentencia No 247 del 08 de octubre de 2012, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, en cuanto a la declaración de nulidad del acto administrativo con consecutivo No. 0320-5-050123-2008(2) del 05 de noviembre de 2008, pero por las razones expuestas en este proveído.

2. MODIFICAR el numeral tercero de la providencia impugnada para indicar lo siguiente:

“TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho CONDENASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC- a reconocer a la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ la sustitución pensional a partir del día 22 de febrero de 1994, fecha de retiro por fallecimiento del ex empleado público, en el equivalente al 75% del promedio devengado por el causante de conformidad con lo dispuesto la Ley 71 de 1988 y los Decretos Reglamentarios 1160 de 1989, 2709 de 1994 y demás concordantes, ordenando el pago y los efectos fiscales a partir del 15 de octubre de 2005 por efectos de la prescripción trienal, con los reajustes previstos en la ley. Igualmente se condena a la demandada a pagar las mesadas adicionales que se hayan causado desde la fecha en que se reconoce la pensión.”

3. Una vez ejecutoriada la presente providencia DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

(…)” (Negrita y subrayado fuera del texto)

111. Lo anterior, significa que existe una decisión judicial ejecutoriada hace 6 años que ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca reconocer una pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Jiménez Velásquez.

112. Posteriormente, la accionante promovió un proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento de la referida orden y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución a través de los autos del 9 de abril de 2018 y 19 de febrero de 2019, respectivamente.

113. Por lo tanto, la presente controversia constitucional versa sobre el incumplimiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de lo dispuesto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el proceso ejecutivo.

114. En segundo lugar, el incumplimiento de una orden judicial afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso real, material y efectivo a la administración de justicia.

115. En efecto, las personas acuden a los jueces de la República para obtener una solución a sus controversias o defender sus derechos, luego esperan que las decisiones de las autoridades judiciales sean eficaces y respetadas por los demás ciudadanos y, en especial, por las entidades del Estado.

116. De ahí que, exista una estrecha relación entre el derecho de acceso a la administración de justicia y el efectivo cumplimiento de las providencias judiciales.

117. Ello ha sido destacado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

“El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la administración de justicia para plantear un problema jurídico, ni en su resolución, sino que implica, también, que “se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas oportunidades este tribunal lo ha amparado por medio de la acción de tutela, “bajo el entendido de que la administración de justicia, además de expresarse en el respeto a las garantías establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jurídico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que está destinada”. (Negrita y subrayado fuera del texto)

118. Siguiendo la misma línea de pensamiento, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que cumplir las providencias judiciales es un imperativo del Estado Social y Democrático de Derecho y que el derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, que se cumpla de manera efectiva lo ordenado, por lo que su desconocimiento acarrea sanciones pecuniarias, penales y disciplinarias para quienes desconocen el mandato contenido en un fallo judicial ejecutoriado.

119. Tales consecuencias jurídicas referidas al incumplimiento de fallos judiciales han llevado a la Corte a concluir que el incumplimiento de las órdenes prolonga la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de la persona que acude ante la administración de justicia.

120. En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte señaló que el cumplimiento de las providencias judiciales se erige como un componente del derecho fundamental al debido proceso, en los siguientes términos:

“El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos (CP arts. 86 a 89) para impedir su autodestrucción. Uno de ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas consagrado en el artículo 29 de la Constitución (CP. Preámbulo, arts. 1, 2, 6, 29 y 86).” (Subrayado propio del texto)

121. Por su parte, en la sentencia T-048 de 2019, la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales reiteró que la ejecución de los fallos judiciales se traduce en la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y que el incumplimiento de esa garantía constituye un grave atentado al Estado de Derecho, argumentación de la cual concluyó que: “Al analizar esta garantía en relación con los principios constitucionales de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, como presupuestos de la función judicial y administrativa, es posible hablar del cumplimiento de las providencias judiciales, como una faceta del núcleo esencial del debido proceso.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

122. Corrobora la trascendencia del asunto, el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020 en la que, en ejercicio del control automático de constitucionalidad de los decretos dictados en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica, declaró inexequible el parágrafo 1º del artículo 6º del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, que permitía suspender los pagos de sentencias judiciales.

123. La Corte, en este nuevo pronunciamiento resaltó que “el obligatorio cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado social y democrático de derecho y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29, 95, 228 y 229 de la Constitución”.

124. Ahora bien, en el caso de la señora Amparo Jiménez Velásquez el incumplimiento de la orden impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y del 2 de diciembre de 2014 no solo vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino también sus garantías constitucionales a la seguridad social y al mínimo vital.

125. Lo anterior, dada la naturaleza del derecho que le reconoció el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues, la orden que se impuso en el año 2014 fue clara en señalar que a la accionante se le debía reconocer una pensión de sobrevivientes.

126. De ahí que, el referido incumpliendo además impida que la señora Amparo Jiménez Velásquez perciba una prestación económica periódica que le permita satisfacer sus necesidades básicas.

127. En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de la accionante y esa afectación solo cesará hasta que la entidad cumpla con la obligación de hacer, consistente en emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional.

128. En tercer lugar, el proceso ejecutivo que promovió la señora Amparo Jiménez Velásquez sigue en trámite, porque la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca no ha cumplido con la obligación de hacer que le fue impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y del 2 de diciembre de 2014, sin embargo, es necesario y urgente que se adopte una decisión con el fin de que se evite una afectación más gravosa a las garantías constitucionales de la tutelante.

129. En efecto, en el caso concreto de la accionante el proceso ejecutivo no ha sido un mecanismo judicial idóneo y eficaz para obtener la protección de sus derechos fundamentales y que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca emita el acto administrativo de reconocimiento pensional.

130. Obsérvese que, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 9 de abril del 2018, libró mandamiento ejecutivo en los siguientes términos:

“SEGUNDO: LIBRAR mandamiento ejecutivo a cargo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC y a favor de la señora AMPARO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, para que dicha entidad emita el acto administrativo con el que reconozca la pensión de sobreviviente a la ejecutante, en los términos de la orden judicial contenida en la sentencia No. 247 del 08 de octubre de 2012 proferida por este despacho judicial, modificada por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia No. 474 del 02 de diciembre de 2014 con ponencia del Magistrado Carlos Eduardo Chaves Zúñiga.

ORDENAR a la parte ejecutada dar cumplimiento a esta obligación dentro del término de quince (15) días, con el fin de que la entidad expida el acto administrativo correspondiente (numeral 1° artículo 433 del Código General del Proceso).

(…)” (Negrita y subrayado fuera del texto)

131. Posteriormente, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de auto del 19 de febrero de 2019, ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, al advertir que “la ejecutada no contestó la demanda y omitió así formular excepciones de mérito”.

132. Se adelantaron varias actuaciones procesales y el 15 de enero de 2020, el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez presentó memorial en el que solicitó “conminar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que proceda a dar cumplimiento definitivo a la sentencia judicial y proceda a realizar la inclusión en nómina de mi poderdante”.

133. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 6 de octubre de 2020, negó la solicitud presentada por el apoderado de la señora Amparo Jiménez Velásquez, al considerar que la “inclusión en nómina” no encontraba sustento en el título ejecutivo.

134. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 17 de marzo de 2021, amparó de manera transitoria los derechos fundamentales de la accionante y exhortó al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali para que prosiguiera “con especial celeridad la etapa respectiva en el juicio ejecutivo a fin de definir lo relativo a la obligación de hacer”.

135. Posteriormente, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a través de autos del 11 de mayo de 2021 y el 10 de junio de 2021, requirió de oficio a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que informara sobre el cumplimiento de la obligación de hacer, sin embargo, la entidad guardó silencio y tampoco emitió el acto administrativo de reconocimiento pensional.

136. Desde este panorama, resulta claro que el proceso ejecutivo que promovió la accionante ha sido insuficiente para que la referida entidad cumpla con la orden de reconocer su pensión de sobreviviente y el amparo transitorio concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca también.

137. Sobre este último punto, se pone de presente que el fallo de tutela se notificó el 26 de marzo de 2021, no obstante, el 10 de julio de 2021 se requirió nuevamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que informara sobre el cumplimiento. Es decir, que la Corporación Regional del Valle del Cauca incluso desconoció la orden del juez constitucional de primera instancia.

138. En ese orden de ideas, comporta una carga desproporcionada que la señora Amparo Jiménez Velásquez siga esperando a que el Juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali adopte una decisión eficaz para que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca cumpla con la referida orden.

139. Por ello, en el caso concreto de la accionante procede el amparo definitivo de sus derechos fundamentales y que el cumplimiento que solicita se garantice a través de un juez constitucional.

140. Esta decisión encuentra sustento en lo que la Corte Constitucional ha considerado en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de las obligaciones de hacer, que tiene sustento en una decisión judicial.

141. Al respecto, la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales, en la sentencia T-261 de 2018, precisó:

“4.2.3. Sin embargo, en oportunidades anteriores, cuando a la Corte Constitucional le ha correspondido analizar este escenario jurídico en particular, ha considerado la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de una providencia judicial, circunstancia que ha dependido, fundamentalmente, del tipo de obligación que el actor reclama, su repercusión en el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados judicialmente y, por consiguiente, la posibilidad de hacerlos exigibles a través del proceso ejecutivo.

4.2.4. Por ello, en desarrollo de esta línea, la Corte ha distinguido entre obligaciones de hacer y de dar. Esta distinción no constituye una simple aclaración de la Corte o un criterio eventual para el juicio de procedibilidad, sino que se instituye como un límite a la actuación de juez constitucional, que deberá ceñirse a determinar la idoneidad y eficacia del medio ordinario, a partir del tipo de obligación que se exige constitucionalmente.

4.2.5. De esta manera, el Tribunal se ha encargado de desarrollar el alcance de las obligaciones de hacer, sosteniendo que es preciso sopesar la idoneidad del medio ordinario. Es decir, valorar la capacidad que realmente tiene el juez ordinario para exigirle a la parte vencida el desarrollo de una conducta específica ordenada judicialmente. Ello, por cuanto el proceso ejecutivo no propicia las mismas garantías respecto de esta clase de obligaciones que frente a otro tipo de condenas, como serían las monetarias. Ante esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela resulta procedente para exigir el acatamiento de obligaciones de hacer, en los casos que se solicita, por ejemplo: i) el reintegro del actor al cargo público que venía desempeñando, ii) la nivelación a un puesto equivalente o superior al momento del retiro injustificado o, iii) el respeto de los derechos laborales fijados en un convención colectiva, que se decidió judicialmente su vigencia.

(…)

A juicio de esta Corporación, lo que debe demostrarse, de forma evidente, es que la inobservancia de la decisión judicial causa una afectación cualificada de los derechos al mínimo vital y vida en condiciones dignas del actor, que lo releva de acudir a la jurisdicción ordinaria, en vista de lo desproporcionado que sería que la persona, en las condiciones en que se encuentra, tenga que esperar la adopción de una nueva decisión judicial sobre una controversia ya decidida.

Solo bajo este entendido, la Corte Constitucional ha ordenado: i) la inclusión en nómina de personas a quienes judicialmente le reconocieron la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, incluyendo las mesadas dejadas de percibir, así como ii) el reajuste o reliquidación de la pensión, ordenada por la autoridad judicial competente” (Negrita y subrayado fuera del texto)

142. Ahora, si bien la señora Amparo Jiménez Velásquez no puede ser considerada como una persona de la tercera edad debido a que tiene 71 años de edad, lo cierto es que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su situación económica y a su condición de salud, sumado a que es evidente y flagrante la vulneración de sus derechos por parte de la entidad accionada.

143. En efecto, al consultar el número de cédula ciudadanía de la tutelante en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBEN-, se observa lo siguiente:

144. Por otra parte, con la demanda de tutela se allegó copia de la historia clínica de la accionante expedida por la “IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE”, en la que el médico tratante certificó:

“PTE DE 69 AÑOS EN LA QUE SE PUEDE CERTIFICAR ENFERMEDAD MULTIPLE ASI COMO INSUFICIENCIA VENOSA SUPERFICIAL Y PROFUNDA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, HIPERTENSION ARTERIAL DE MAS DE 20 AÑOS EN TRATAMIENTO, ARTRITIS REMATOIDEA DEGENERATIVA DEFORMANTE Y LIMITANTE EN GENERAL DE PREDOMINIO EN MANOS.” (Sic a toda la transcripción)

145. Lo expuesto en precedencia, refuerza la necesidad y urgencia de la intervención del juez constitucional para que la situación de la señora Amparo Jiménez Velásquez no sea más gravosa, comoquiera que una mujer de avanzada edad, en una situación económica desfavorable y que padece varias enfermedades.

146. En ese orden de ideas, se modifiracá la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021, para establecer que el amparo de los derechos fundamentales de la accionante es definitivo y ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, para que en el término de cuarenta y ocho (48) contados a partir de la notificación de esta providencia, emita el acto administrativo que reconoce la pensión de sobrevivientes de la accionante.

147. Esto último, por cuanto se constató que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que se ha rehusado a cumplir las órdenes impuestas por el juez del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho –hace 6 años-, la autoridad judicial que tramitó el proceso ejecutivo –hace 3 años- y el juez constitucional de primera instancia –hace 5 meses-.

148. Finalmente, teniendo en cuenta las especiales condiciones de la señora Amparo Jiménez Velásquez y que actúa en nombre propio, la Sala estima conveniente dirigirle unas consideraciones en los términos del artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

2.7. Consideraciones dirigidas a la señora Amparo Jiménez Velásquez

149. Señora Amparo Jiménez Velásquez queremos indicarle que evidenciamos que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, porque no ha cumplido con su obligación de emitir el acto administrativo que reconoce su pensión de sobrevivientes.

150. También observamos que el proceso ejecutivo que usted inició no ha sido efectivo para exigirle a la entidad el cumplimiento de la orden que le impusieron el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

151. Igualmente, nos dimos cuenta que la orden del juez de tutela de primera instancia no ha sido cumplida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

152. Por esas razones, vamos a modificar la sentencia de primera instancia para proteger de manera definitiva sus derechos fundamentales y ordenarle a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que en 48 horas le reconozca su pensión de sobrevivientes.

153. Finalmente, nos gustaría informarle que si la entidad no cumple con la orden que le estamos dando, usted cuenta con el incidente de desacato para solicitarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que exija el cumplimiento y sancione al responsable de hacerlo.

2.8. Conclusión

154. Se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con las pretensiones que se dirigen contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

155. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de la señora Amparo Jiménez Velásquez, porque no ha cumplido con la orden impuesta en las sentencias del 8 de octubre de 2012 y 2 de diciembre de 2014, relacionada con emitir el acto administrativo de reconocimiento pensional

156. El proceso ejecutivo que promovió la accionante para exigir el cumplimiento de la referida obligación no ha sido idóneo y eficaz, por lo que procede el amparo definitivo de los derechos fundamentales de la señora Amparo Jiménez Velásquez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación formulada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca respecto de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y el Municipio de Palmira, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.1. de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: PREVENIR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de incumplir los términos establecidos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en los eventos en los que se presenten impugnaciones contra sus decisiones, remita inmediatamente los expedientes de tutela a la Secretaría General del Consejo de Estado.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2021 y, en consecuencia, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL POR HECHO SUPERADO en relación con las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.5. de la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de marzo de 2017 para establecer que el amparo de los derechos fundamentales de la señora Amparo Jiménez Velásquez es definitivo, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6. de la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que, en el término de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta sentencia, emita el acto administrativo que reconoce la pensión de sobrevivientes de la señora Amparo Jiménez Velásquez.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co" tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
Igualmente, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se vinculó al Instituto de Seguros Sociales. El señor Álvaro Crespo Calero falleció el 22 de febrero de 1994. Al consultar el Sistema de Información SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se advierte que a la fecha no se ha resuelto el recurso de queja y que la última actuación registrada es del 23 de abril de 2021 a las 9:26 p.m., titulada “18TRASLADORECURSODEQUEJA_13MOMORIALRECURSOREPOSICIONQUEJA201200011”. Al respecto, consultar: HYPERLINK "https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=wXtbb5%2b3fWnUTECQXt%2fQzN6%2fowM%3d" https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=wXtbb5%2b3fWnUTECQXt%2fQzN6%2fowM%3d
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca transcribió apartes un oficio remitido por el Municipio de Palmira en el que se afirmó que “No se encontró en la base de datos ni en los documentos del Hospital San Vicente de Paúl liquidado que se encuentra custodia en el Archivo Central del Municipio de Palmira”. Así mismo, transcribió apartes del Oficio BZ2017-8693724-2324332 del 31 de agosto de 2017, en el que la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- aseguró que reconoció una indemnización sustitutiva de sobrevivientes al señor Andrés Felipe Crespo Jiménez, con ocasión del fallecimiento del señor Álvaro Crespo Calero, y por ello rechazaba la “cuota parte pensional”. La sentencia de primera instancia se notificó por correo electrónico, enviado el viernes 26 de marzo de 2021 a las 3:55 p.m. La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 3:55 p.m. y la impugnación se presentó el miércoles 7 de abril de 2021 a las 3:27 p.m. Lo anterior, por cuanto los días 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2021 la Rama Judicial disfrutó de vacaciones colectivas con ocasión de la semana santa y, por ello, los términos judiciales estuvieron suspendidos.
“ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión” (Negrita y subrayado fuera del texto). Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.

11001-03-15-000-2019-05083-00. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00. Corte Constitucional, Sentencia T-481 01.09.16., M.P. Carlos Bernal Pulido
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”». Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19., M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Sentencia T-481 del 01.09.16., M.P. Carlos Bernal Pulido
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009”».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09”».
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera». Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El artículo 229 de la Constitución Política establece que el derecho de acceso a la justicia es la facultad que tiene toda persona de acudir, en igualdad de condiciones, a los jueces y tribunales y, en este sentido, poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías previstas en las leyes –debido proceso–. En cuanto a las obligaciones del Estado en materia de acceso a la administración de justicia, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”  y, en consecuencia, corresponde al Estado “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-367 del 11.06.14., M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1006 del 15.10.08., M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-034 del 03.05.18., M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-048 del 08.02.19., M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-242 del 09.07.20., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-261 del 09.07.18., M.P.

Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ob. Cit. “Corte Constitucional, Sentencias T-329 de 1994, T-537 de 1994, T-478 de 1996, T-262 de 1997, T-084 de 1998 y T-1222 de 2003.”
Ob. Cit. “Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995.”
Ob. Cit. “Corte Constitucional, Sentencia T-1686 de 2000.”
Ob. Cit. “Corte Constitucional, Sentencias T-342 de 2002, T-103 de 2007, T-631 de 2003, T-440 de 2010 y T-560A de 2014.”
Ob. Cit. “Corte Constitucional, Sentencias T-363 de 2005, T-031 de 2007 y T-628 de 2014.”
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-013 del 2020 precisó “32. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el documento titulado “Indicadores Demográficos Según Departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-013-20.htm" \l "_ftn114" , la esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres), se encuentra estimada en los 76 años. Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que certifique el DANE para cada periodo específico.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
“Artículo 27. Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa compresión de las razones expuestas.”
El incidente de desacato es una herramienta para que las personas puedan solicitarle a los jueces de tutela que exijan el cumplimiento de las órdenes que dan en las sentencias. Este mecanismo es rápido y sencillo, porque en su trámite se desarrolla aplicando los principios de celeridad, informalidad y eficacia.

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