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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00419-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00419-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Once (11) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Pedro Hernando González Sevillano contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. – Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. – Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00419-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, Veintiocho (28) de mayo de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00419-01 (1051-20251)
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. El señor Pedro Hernando González Sevillano, por intermedio de apoderado
judicial, solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP: (i) la Resolución No. 02888 del
Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil Tres (2003), mediante la cual, se negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y (ii) la Resolución No. 1582 del Tres (3)
de marzo de Dos Mil Cuatro (2004), que confirmó la decisión inicial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicita que, se declare que tiene

1
Expediente digital, disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202100419011100103
2
Sala compuesta por los Magistrados: Oscar Alonso Valero Nisimblat, Patricia Fuillet Palomares y Luz Elena Sierra
Valencia. El consejero de Estado sustanciador del proceso aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a la causal
contenida en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en segunda instancia asuntos
tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya decisión haya participado el Dr. Óscar Valero
Nisimblat, con quien me une una amistad íntima. No obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía
procesal, en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección, con auto de 18 de
septiembre de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro del expediente 76001-23-
33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
3
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00003.

2

Número Interno: 1051-2025
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación, en
cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de la
remuneración mensual del año anterior a la causación del derecho.

3. Igualmente pretende que, se ordene a la entidad demandada el pago de las
sumas adeudadas por concepto de mesadas pensionales, junto con los
reajustes automáticos de ley, la indexación de las condenas y el
reconocimiento de intereses comerciales y moratorios.

4. Finalmente, solicita que, se ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y se condene a la entidad demandada al pago de las costas y
demás erogaciones a que haya lugar.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

5. El señor Pedro Hernando González Sevillano, indicó que, se vinculó al
magisterio, mediante nombramiento contenido en la Resolución No. 1044 del
Seis (6) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), tomando
posesión del cargo el Primero (1°) de marzo del mismo año, en el INEM Jorge
Isaacs de la ciudad de Cali, razón por la cual afirma haber quedado vinculado
con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980).

6. Señaló que, cumplió veinte (20) años de servicio, el Primero (1°) de marzo
de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), y que, nació el Veinticinco (25)
de abril de Mil Novecientos Cincuenta y Dos (1952), por lo que, cumplió
cincuenta (50) años de edad el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Dos (2002),
fecha en la cual consolidó su estatus pensional.

7. Indicó que, acreditó buena conducta y cumplió los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia, razón por la cual, solicitó su reconocimiento ante
la entidad competente.

8. Señaló que, pese a cumplir los requisitos legales, la entidad demandada,
negó el reconocimiento de la prestación mediante Resolución No. 02888 del

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Número Interno: 1051-2025
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil Tres (2003), decisión confirmada
mediante Resolución No. 1582 del Tres (3) de marzo de Dos Mil Cuatro (2004).

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

9. La parte actora, invocó como normas vulneradas, entre otras, las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989; los artículos 13, 53 y 128 de
la Constitución Política, así como jurisprudencia constitucional y del Consejo
de Estado, en materia de pensión gracia.

10. Sostuvo que, los actos administrativos demandados vulneraron el régimen
jurídico aplicable a la pensión gracia, al negar su reconocimiento pese a
encontrarse acreditados los requisitos de edad, tiempo de servicios y
vinculación docente anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980).

11. Afirmó que, la entidad demandada, incurrió en una interpretación restrictiva
y errónea de las normas que regulan la pensión gracia, al excluir a los docentes
nacionales del reconocimiento prestacional, pese a que las disposiciones
invocadas no establecen dicha limitación.

12. Indicó que, conforme a la Ley 37 de 1933, la pensión gracia se hizo
extensiva a los docentes oficiales de secundaria, sin distinguir la naturaleza
nacional, departamental o municipal de la vinculación, razón por la cual, no
resultaba jurídicamente procedente negar el reconocimiento con fundamento
en dicha diferenciación.

13. Finalmente, señaló que, los actos acusados desconocieron el principio de
favorabilidad laboral y el precedente constitucional aplicable, al efectuar una
interpretación restrictiva del régimen de pensión gracia, razón por la cual,
solicitó su nulidad y el reconocimiento del derecho reclamado.

2. Contestación de la demanda4.

14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

4
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00013.

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Número Interno: 1051-2025
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que, los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho y se encuentran
amparados por la presunción de legalidad.

15. Sostuvo que, el señor Pedro Hernando González Sevillano, no cumple con
los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, dado que, no
acreditó veinte (20) años de servicios docentes con vinculación territorial,
departamental, municipal o nacionalizada, exigidos por la Ley 114 de 1913.

16. Indicó que, conforme a las certificaciones laborales y al expediente
administrativo, el demandante registró tiempos de servicio con vinculación de
carácter nacional desde el Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Setenta y
Cuatro (1974) hasta el Tres (3) de mayo de Dos Mil Dos (2002), los cuales, no
pueden ser computados para efectos del reconocimiento de la prestación
reclamada.

17. Señaló que, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, ha precisado que, la pensión gracia no puede ser reconocida a
docentes nacionales, ya que dicha prestación fue concebida en favor de
docentes territoriales o nacionalizados, vinculados antes del proceso de
nacionalización educativa.

18. Precisó que, las certificaciones allegadas al proceso, no desvirtúan la calidad
de docente nacional del demandante, y que, conforme a la jurisprudencia
unificada, la acreditación de la naturaleza territorial del vínculo, exige prueba
específica sobre la plaza y fuente de financiación.

19. Finalmente, propuso como excepciones de mérito, la inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, buena fe de la entidad demandada y prescripción
de las obligaciones que legalmente puedan resultar afectadas por dicho
fenómeno.

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Número Interno: 1051-2025
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

3. La sentencia de primera instancia5.

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
Once (11) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó las pretensiones
de la demanda y dispuso abstenerse de condenar en costas en primera
instancia.

21. El Tribunal consideró que, la pensión gracia, constituye una prestación
excepcional, dirigida a docentes territoriales o nacionalizados, vinculados
antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980),
razón por la cual, los docentes nacionales, no son beneficiarios de dicha
prestación.

22. Señaló que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, el
señor Pedro Hernando González , acreditó más de veinte (20) años de
servicio, y una vinculación anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980); sin embargo, determinó que, sus servicios
fueron prestados en calidad de docente nacional, particularmente en el
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada – INEM «Jorge Isaacs»
de Cali, circunstancia que impedía el reconocimiento de la prestación
reclamada.

23. Finalmente, el Tribunal concluyó que, el demandante no acreditó la
totalidad de los requisitos exigidos por la normativa y la jurisprudencia
aplicable, para acceder a la pensión gracia, por lo que, negó las pretensiones
y se abstuvo de imponer condena en costas.

4. Del recurso de apelación6.

24. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia, al manifestar
su inconformidad con la decisión que negó las pretensiones de la demanda y
el reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

5
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00069.
6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00044.

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Número Interno: 1051-2025
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

25. Como fundamento de la alzada, sostuvo que, el Tribunal interpretó
erradamente el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al excluir a los docentes
nacionales del reconocimiento de la pensión gracia, pese a que, el
demandante fue vinculado con anterioridad al Primero (1°) de enero de Mil
Novecientos Ochenta y Uno (1981), y cumplió los requisitos exigidos para
acceder a dicha prestación.

26. Afirmó que, la decisión desconoció los principios de favorabilidad e
igualdad, así como la interpretación normativa y jurisprudencial que, en su
criterio, permite el reconocimiento de la pensión gracia, a docentes nacionales
vinculados antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980).

27. Finalmente, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda, al considerar que, se acreditaron los
requisitos legales para el reconocimiento del derecho pensional reclamado.

5. Trámite de segunda instancia

28. Por medio de auto del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7,
el consejero ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto
en el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

6. Concepto del Ministerio Público.

29. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

30. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

7
Samai - índice 00005.

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Número Interno: 1051-2025
Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.

31. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

¿Debe confirmarse la sentencia del Once (11) de diciembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, o, por el contrario,
revocarse conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante? Con tal fin, se debe verificar:

i) ¿Los tiempos de servicio prestados por el señor Pedro Hernando
González Sevillano en calidad de docente nacional pueden ser
computados para efectos del reconocimiento de la pensión gracia?

33. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia; y 2.2. Caso concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

34. En principio debe señalarse que, la pensión gracia se considera una
prestación especial, otorgada a los docentes estatales territoriales, como

8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio
de la actividad educativa, cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre
otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes
párrafos:

35. El artículo 1º de la Ley 114 de 19139, consagró por primera vez la pensión
gracia a los maestros de escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años. El numeral 3° del artículo 4°
de esta norma determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso
que el interesado compruebe «que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional (…)». No obstante, dicha previsión, debe ser
interpretada de manera sistemática, con el régimen posterior, en particular con
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el cual, dispuso expresamente la
compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación, « aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación », lo que evidencia, que se

trata de una prestación especial, que opera como excepción a la prohibición de
doble asignación del erario, prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política10.

36. Posteriormente, la Ley 116 de 192811, amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así: « Artículo
6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás
que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.»

37. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, mantuvo en su momento
la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional, en consonancia con
la prohibición de percibir doble asignación del erario. Esta previsión obedecía al
contexto normativo vigente para la época de su expedición; sin embargo, como
se indicó, el régimen jurídico de la pensión gracia fue posteriormente objeto de

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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

9

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Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

modificación por el legislador, particularmente mediante el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que redefinió su alcance y permitió su compatibilidad con otras
prestaciones.

38. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199812,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que, en cuanto al aparte
acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para
gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las facultades que
la misma carta confirió al legislador para regularla.

39. Dijo, además que, los recursos del Estado para el pago de las prestaciones
sociales son limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para
acceder a esta pensión.

40. A raíz del proceso de nacionalización de la educación, ordenado por la Ley
43 de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a
la Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de

esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos
docentes del sector oficial.

41. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º),
respecto de las pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980, que, por disposición de las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, y demás normas que las hubiesen desarrollado o
modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

42. Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a

12
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
13
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

10

Número Interno: 1051-2025
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Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá solo una pensión de jubilación, equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año.

43. Las normas trascritas permiten concluir que, el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación,
en fallo de 26 de agosto de 199714, en el sentido que, el artículo 15 (numeral
2°) de la Ley 91 de 1989, es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.

44. Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura, se ocupó de
dilucidar la interpretación aplicable de la letra a, del numeral 2° del artículo 15
de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017), en la que precisó que, se puede acceder a la
pensión gracia antes y después del Veintinueve (29) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta y Nueve (1989), siempre que, se acredite una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 198015.

45. De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que, en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al Veintinueve (29) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y
Nueve (1989) [entrada en vigor de la Ley 91 de ese año], sirvió al sector

14
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización;
ii) la norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculos
hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de
hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente S-699 del 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
15
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…)
«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes
oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su
estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

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Número Interno: 1051-2025
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Parafiscales de la Protección Social, UGPP

educativo antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), umbral que precisamente previó el legislador como plazo
máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

46. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y
que estuviere vinculado antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980); cumplir cincuenta (50) años de edad; y
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

2.4 Material probatorio.

47. Con fundamento en el material probatorio, se tiene por acreditado lo
siguiente:

48. Obra copia de la cédula de ciudadanía, del señor Pedro Hernando
González Sevillano, en la cual, consta que, nació el Veinticinco (25) de abril
de Mil Novecientos Cincuenta y Dos (1952)16, por lo que, cumplió cincuenta
(50) años de edad, el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Dos (2002).

49. Mediante Resolución No. 1044 del Seis (6) de febrero de Mil Novecientos
Setenta y Nueve (1979)17, se nombró al señor Pedro Hernando González
Sevillano en el cargo de Profesor IV de Sociales, en el Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada – INEM «Jorge Isaacs» de Cali.

50. Obra certificado de tiempo de servicios No. 14.700 del Tres (3) de mayo
de Dos Mil Dos (2002)18, expedido por la Secretaría de Educación de la
Gobernación del Valle del Cauca, en el que, consta el tiempo laborado por el

16
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00003 -
4_760012333000202100419004EXPEDIENTEDIGI20210406114642.PDF – folio 4.
17
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00003 -
4_760012333000202100419004EXPEDIENTEDIGI20210406114642.PDF – folio 6.
18
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00013 – folio 33.

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Demandante: Pedro Hernando González Sevillano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

demandante en el sector educativo oficial.

51. Mediante solicitud radicada el Diez (10) de julio de Dos Mil Dos (2002) 19,
ante la entonces Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, el señor Pedro
Hernando González Sevillano, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia.

52. Mediante Resolución No. 02888 del Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil
Tres (2003)20, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada.

53. Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de
apelación, el cual, fue resuelto mediante Resolución No. 1582 del Tres (3) de
marzo de Dos Mil Cuatro (2004)21, a través de la cual, se confirmó
íntegramente la decisión inicial.

54. Finalmente, obra Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral No. 12664 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Trece (2013)22,
en el que se registran los tiempos de servicio acreditados por el demandante.

2.5 Caso concreto.

55. De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la
pensión gracia, constituye una prestación de carácter especial y transitorio,
cuyo reconocimiento exige el cumplimiento concurrente de varios
presupuestos: i) haber prestado servicios docentes durante un término no
inferior a veinte (20) años; ii) acreditar cincuenta (50) años de edad; iii)
demostrar una vinculación anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980); y iv) que los servicios computables
correspondan a tiempos prestados como docente territorial o nacionalizado.

19
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00013 – folio 39.
20
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00003 -
4_760012333000202100419004EXPEDIENTEDIGI20210406114642.PDF – folio 15 a 21.
21
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00003 -
4_760012333000202100419004EXPEDIENTEDIGI20210406114642.PDF – folio 23 a 25.
22
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00003 -
4_760012333000202100419004EXPEDIENTEDIGI20210406114642.PDF – folio 8 a 10.

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Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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56. Ahora bien, la Sala precisa que, la sola circunstancia de haberse vinculado
al servicio educativo oficial antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980), no genera automáticamente el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia; en efecto, el requisito temporal, previsto
en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, debe interpretarse armónicamente, con
la naturaleza de la vinculación docente, toda vez que, la jurisprudencia ha
señalado de manera reiterada que, la prestación fue concebida para amparar
a docentes territoriales y nacionalizados, mas no a quienes ostentaron la
condición de docentes nacionales.

57. Sobre este aspecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
sentencia del Veintiséis (26) de agosto de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997), precisó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 tiene naturaleza
transitoria y fue establecido con el propósito de preservar situaciones
consolidadas derivadas del proceso de nacionalización educativa. En esa
oportunidad indicó:

«Los docentes nacionales no fueron destinatarios de la pensión gracia, pues
esta prestación se estableció en favor de los docentes territoriales y
nacionalizados, vinculados antes del proceso de nacionalización educativa».

58. De igual forma, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de
unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del Once (11) de agosto de Dos Mil Veintidós
(2022), reiteró que, el reconocimiento de la pensión gracia exige acreditar una
vinculación anterior al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), pero ello no releva al interesado de demostrar que, los
tiempos computados, corresponden a servicios prestados bajo una modalidad
compatible con la finalidad y alcance de dicha prestación.

59. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra acreditado que, el señor
Pedro Hernando González Sevillano, nació el Veinticinco (25) de abril de Mil
Novecientos Cincuenta y Dos (1952), por lo que cumplió cincuenta (50) años
de edad el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Dos (2002); asimismo, se
evidencia que acreditó más de veinte (20) años de servicios en el sector

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educativo oficial.

60. No obstante, el punto central del debate no radica en la acreditación de la
edad o del tiempo de servicios, pues tales aspectos no fueron objeto de
controversia entre las partes, sino en determinar si los tiempos de servicio
prestados por el demandante, en calidad de docente nacional, pueden ser
computados para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, conforme
al marco normativo y jurisprudencial aplicable.

61. Sobre este particular, adquiere especial relevancia la Resolución No. 1044
del Seis (6) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), mediante
la cual, el Ministerio de Educación Nacional, nombró al señor Pedro Hernando
González Sevillano, como Profesor IV de Sociales en el Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada —INEM— «Jorge Isaacs» de Cali.

62. En efecto, del contenido mismo del acto administrativo, se observa que, el
nombramiento fue efectuado directamente por el ministro de Educación
Nacional y dispuso la provisión del cargo en una institución educativa de
carácter nacional, así:

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63. La anterior circunstancia, reviste especial importancia para la Sala, ya que
el acto de nombramiento, constituye el medio idóneo, para determinar la
naturaleza de la vinculación docente, al contener la manifestación formal de
voluntad de la administración respecto de la autoridad nominadora, la
institución educativa y la plaza provista.

64. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el apelante, el material probatorio
demuestra que, desde su ingreso al servicio educativo oficial, ocurrido antes
del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), la
vinculación del demandante correspondió a una plaza nacional, provista por el
Ministerio de Educación Nacional; en consecuencia, el debate no se centra en
desvirtuar la naturaleza nacional de dicha vinculación, sino en determinar si
los tiempos de servicio prestados bajo esa modalidad pueden ser computados
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, en los términos
planteados en el recurso de apelación

65. Bajo ese entendido, aunque el actor fue vinculado antes del límite temporal
previsto en la Ley 91 de 1989, lo cierto es que, tal circunstancia, por sí sola,
resulta insuficiente para consolidar el derecho reclamado, dado que, no
acreditó uno de los presupuestos estructurales de la prestación, esto es, que
los servicios computados correspondieran a tiempos prestados como docente
territorial o nacionalizado.

66. Para la Sala, tampoco prospera el argumento expuesto en el recurso,
relativo a que las Leyes 37 de 1933 y 91 de 1989, no distinguieron entre
docentes nacionales y territoriales, ni aquel según el cual, la negativa del
reconocimiento reclamado vulnera el derecho a la igualdad. Ello por cuanto, la
jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, ha precisado de manera
uniforme que, el régimen de pensión gracia debe interpretarse
sistemáticamente y atendiendo su finalidad histórica, la cual, estuvo dirigida a
compensar las diferencias existentes entre docentes territoriales y nacionales
antes del proceso de nacionalización educativa.

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67. En ese contexto, para la Sala es claro que, la exclusión de los docentes
nacionales no constituye un trato discriminatorio injustificado, sino una
consecuencia derivada de la naturaleza excepcional y transitoria de la
prestación, así como, del ámbito subjetivo definido por el legislador y precisado
jurisprudencialmente

68. Bajo este entendido, para la Sala no resulta jurídicamente procedente,
equiparar, para efectos de la pensión gracia, la situación de los docentes
nacionales, con la de quienes ostentaron una vinculación territorial o
nacionalizada, ya que se trata, de categorías diferenciadas desde el origen
mismo del régimen prestacional aplicable

69. Con fundamento en lo expuesto en líneas precedentes, la Sala concluye
que, los actos administrativos acusados, fueron expedidos conforme al marco
normativo y jurisprudencial aplicable, puesto que, la parte demandante no
acreditó la totalidad de los requisitos exigidos para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia.

70. Siendo así las cosas, la Sala confirmará integralmente, la sentencia del
Once (11) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.

2.7 Condena en costas.

71. Revisada la conducta de las partes en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA,
por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

72. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. – CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Once (11) de
diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
promovida por el señor Pedro Hernando González Sevillano contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. – Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. – Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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