RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2021-00527-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00527-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00527-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

Tema: pensión gracia - demanda contra acto de reliquidación. Subtema 1.
Reliquidación de la pensión gracia teniendo en cuenta lo devengado en el año anterior
a la adquisición del estatus pensional. Subtema 2. Presunción de buena fe.
Devolución de sumas de dinero.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16
de diciembre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La UGPP solicita la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
extinta Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) reliquidó una
pensión gracia y reconoció a la señora Gloria Amparo Salgado Quintero como
beneficiaria de dicha prestación a título de cónyuge sobreviviente. El Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó lo solicitado, por lo que la demandante apeló
la decisión con fundamento en que las pruebas dan cuenta de que para dicha
reliquidación se tuvo lo devengado por el causante en el último año de servicio, cuando
para el efecto debió tenerse en cuenta lo percibido durante los 12 meses anteriores a
que adquirió el estatus pensional. La Sala revoca parcialmente la decisión de primera
instancia, en la medida en que la reliquidación efectuada en la Resolución 018102 del
13 de julio de 2001, se hizo en los términos expuestos por la accionante, lo que no se
acompasa con la normativa y la jurisprudencia en la materia.

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1. La UGPP, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de mayo de 20211, en contra
de Gloria Amparo Salgado Quintero, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad de la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001,
por medio de la cual CAJANAL reliquidó una pensión gracia, y la Resolución
002784 del 8 de febrero de 2021 que reconoció frente a la anterior prestación a
la demandada como beneficiaria a título de cónyuge sobreviviente.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reintegrar a favor de la demandante, todas las sumas de dinero
pagadas de manera indebida.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La accionante indicó que consta en el expediente administrativo que Arneiro
Zúñiga Sánchez -causante- nació el 6 de agosto de 1940 y que prestó el servicio
docente del 2 de febrero de 1966 hasta el 31 de agosto de 2000, en virtud del Decreto
0095 de 1966, en la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.

4. El señor Zúñiga Sánchez solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante
CAJANAL, quien accedió a la petición, mediante la Resolución 005041 del 8 de junio
de 1994, efectiva a partir del 6 de agosto de 1990, en una cuantía de $73.185, para lo
cual se aplicó una tasa de remplazo del equivalente al 75 % y se tuvo en cuenta lo
devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional
($1.170.960.00).

5. A través de la Resolución 4015 del 1 de septiembre de 2000, la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca aceptó la renuncia de Arneiro Zúñiga Sánchez al cargo
de docente que venía ejerciendo en el Centro Docente Presbítero Ángel Piedraita de
Cali.

6. Luego, CAJANAL procedió a reliquidar la pensión gracia, por medio de la
Resolución 018102 del 13 de julio de 2001, elevando la cuantía a $921.693,17, con
una tasa de remplazo del 75% y teniendo en cuenta lo devengado en año anterior al
retiro definitivo del servicio ($14.747.090,60). Posteriormente, lo hizo a través de la
Resolución 26253 del 17 de junio de 2008, con inclusión del auxilio de transporte; las
primas de navidad, de vacaciones y de alimentación y la bonificación de licenciado,
con efectos fiscales desde el 17 de marzo de 2005.

1 Samai, Tribunal, índice 0001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, RADICACIONDELPROCESO.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

7. El señor Zúñiga Sánchez falleció el 26 de septiembre de 2020.

8. Mediante la Resolución RDP 002784 del 8 de febrero de 2021, la UGPP
reconoció y ordenó el pago una pensión sobreviviente a favor de la señora Gloria
Amparo Salgado Quintero, en calidad de cónyuge del señor Arneiro Zúñiga Sánchez,
en un porcentaje del 100%, desde el 27 de septiembre de 2020.

9. Por medio de la Resolución RDP 06484 de 12 de marzo de 2021, la UGPP
modificó la Resolución RDP 002784 de 8 de febrero de 2021, en el sentido de indicar
que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se haría en los términos de la
Resolución 5041 del 8 de junio de 1994, esto es, teniendo en cuenta lo devengado
durante el año anterior a la fecha del estatus pensional, pues la que la reliquidó tuvo
en cuenta lo percibido 12 meses antes del retiro definitivo del servicio.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 91 de 1989.

11. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
sostener que CAJANAL reliquidó esta de manera irregular en la Resolución 018102
del 13 de julio de 2001, toda vez que lo hizo teniendo en cuenta lo devengado a la
fecha del retiro definitivo del señor Zúñiga Sánchez, cuando debió hacerse con
atención al momento en que este adquirió el estatus pensional, es decir, cuando
cumplió 50 años de edad y 20 años de servicio docente con vinculaciones del orden
territorial – nacionalizado, lo que ocurrió el 6 de agosto de 1990.

2.2. Contestación de la demanda

12. La parte demandada se pronunció frente a las pretensiones de la demanda. Al
respecto, sostuvo que se deben mantener incólumes los actos administrativos
demandados, puesto que, por un lado, el señor Arneiro Zúñiga Sánchez cumplió con
los requisitos legales establecidos para el reconocimiento de la pensión gracia y, por
el otro, para efectos de la reliquidación de esa pensión se tuvo en cuenta lo devengado
por aquel en los últimos 12 meses a que adquirió el estatus pensional, por lo que no
tienen asidero las pretensiones de la demanda.

13. Añadió que la sustitución pensional de la demandada, reconocida mediante la
Resolución RDP 002784 del 8 de febrero de 2021, se concedió en una cuantía de
$2.404.801,54, suma que venía recibiendo el pensionado a la fecha de su muerte; sin
embargo, la UGPP, por medio de la Resolución RDP 06484 del 12 de marzo de 2021,

3

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

la modificó procediendo a reconocerle la suma de $1.346.367.34, violando toda
institucionalidad jurídica, al aplicar por vía de hecho un nuevo monto del valor de la
pensión de jubilación2.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 16 de
diciembre de 20243, negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

15. Indicó que está acreditado que, por medio de la Resolución 005041 del 8 de
junio de 1994, se reconoció una pensión gracia a Zúñiga Sánchez, al cumplir los
requisitos legales establecidos para el efecto, a partir del 6 de agosto de 1990, en un
promedio del 75 % sobre el salario promedio de 12 meses.

16. Que efectivamente dicha pensión fue reliquidada por medio de las resoluciones
018102 del 3 de julio de 2001 y 26253 del 17 de junio de 2008. No obstante, sostuvo
el tribunal, que para tal efecto se tuvo en cuenta la fecha de consolidación del estatus
pensional, esto es, el 6 de agosto de 1990, por lo que no se trató de un reajuste por
retiro definitivo del servicio, como equivocadamente lo afirmó el extremo activo.

17. Al respecto, sostuvo el fallador de primera instancia que al leer el contenido de
los actos encontró que la entidad relacionó los factores salariales y el monto del total
devengado durante 1989 – 1990, y obtuvo como cantidad total de esa sumatoria el
valor de $1.228.924, lo que promedió para determinar el valor mensual, $925.693,
valor sobre el cual aplicó el 75%, como lo indica la norma.

18. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Recurso de apelación

19. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para
que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

20. La reliquidación de la pensión gracia por el retiro del servicio es improcedente,
habida cuenta de que debe liquidarse conforme el régimen de la Ley 4 de 1966 y su
decreto reglamentario 1743 de 1966, esto es, tomando como base el promedio
mensual de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del derecho,
es decir, cuando cumplió la edad de 50 años de edad y 20 de servicio docente, por lo
que no es necesario el retiro definitivo del servicio para empezar a percibirla.

21. Indicó que en la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con número de radicado 76001-
23-33- 000-2014-00958-01(1159-20), se indicó que «no procede la reliquidación de la

2 Samai, Tribunal, índice 00020, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 20, 23_CONTESTACIONDEMANDA.
3 Samai, Tribunal, índice 00040, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 40, 41_SENTENCIA.
4 Samai, Tribunal, índice 00044, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 44, 44_RECURSODEAPELACION.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

pensión gracia por retiro definitivo del servicio, pues el derecho a esta prestación se
perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que estableció el legislador y
constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley».

22. En ese orden, manifestó que la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001, por
medio de la que CAJANAL reliquidó la pensión gracia del señor Zúñiga Sánchez,
desconoció las normas aplicables a la liquidación de dicha prestación y la referida
sentencia del 14 de octubre de 2021.

23. Además, señaló que el daño al erario aún persiste, en virtud de la Resolución
005041 del 8 de junio de 1994, acto que sustituyó el derecho pensional a la señora
Gloria Amparo Salgado Quintero, con los mismos valores con que se reliquidó la
pensión gracia, en un primer momento, a través de la Resolución 018102 del 13 de
julio de 2001.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante auto del 22 de octubre de 20255, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación según el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón de la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

27. ¿Los actos administrativos demandados, atinentes a la reliquidación de una
pensión gracia y del reconocimiento de esta a la cónyuge supérstite, deben anularse
porque al parecer en el primero de ellos se tuvo en cuenta como periodo del ingreso

5 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 4_AUTOQUEADMITE.
6 CGP, artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
5

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

base de liquidación lo percibido durante el año anterior al retiro del servicio docente?

28. De ser positiva la respuesta al anterior interrogante, ¿hay lugar a la devolución
de los dineros pagados con ocasión de la reliquidación de la pensión gracia?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

29. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 7,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

30. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

31. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

32. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

33. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

6

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

34. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

35. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
7

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.

36. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con

14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

37. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.3.2. Base de liquidación de la pensión gracia

38. En no pocas oportunidades se ha discutido ante esta Sección, si le asiste el
derecho a los beneficiarios de la pensión gracia a que se reliquide teniendo en cuenta
lo percibido durante el último año de servicios, particularmente en los eventos en que
los requisitos de la mencionada prestación se cumplieron con anterioridad, instante a
partir del cual pueden disfrutar de ella sin retirarse de la labor docente.

39. En cuanto a la reliquidación por retiro la Sección Segunda, en sentencia del 25
de enero de 200716, consideró que «la pensión gracia no puede liquidarse con base
en el valor de los aportes durante el último año de servicios, como lo prescribe el inciso
1.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, toda vez que esta pensión, a pesar de estar
a cargo del Tesoro Nacional, está sujeta a un régimen especial que no requiere
afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social ni hacer aportes para
el efecto».

40. Así pues, la Sección Segunda estimó que los factores devengados en el año
anterior al retiro del servicio no pueden incluirse en la liquidación de la pensión gracia
porque esta pensión queda consolidada definitivamente a la fecha de su causación,
cuando se adquiere el estatus pensional, y el docente puede continuar laborando y
percibiendo el salario, toda vez que según el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el
hecho devengar la pensión no es incompatible con el ejercicio de la docencia. En este
orden de ideas, en razón de la especialidad de la pensión gracia no puede aplicarse
el artículo 9 de la Ley 71 de 1988 que estableció la reliquidación de la pensión, con el
promedio de los salarios del último año sobre los cuales se hicieron aportes al ente de
previsión.

41. Al respecto es importante precisar que la Sección Segunda, Subsección B del

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de enero de 2007, exp. 25000-23-25-000-2002-08879-

01 (2748-05), M.P. Jesús María Lemos Bustamante.
9

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

Consejo de Estado al decidir las acciones especiales de revisión reguladas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contra las sentencias que ordenaron la reliquidación
de la pensión gracia con los salarios devengados en el último año de servicios, ha
accedido a declarar fundada la acción especial17. Esto en atención a que la
corporación incluso desde la providencia dictada el 2 de septiembre de 200418, precisó
que previamente la jurisprudencia había admitido la reliquidación por retiro, sin
embargo, reconsideró la tesis en atención a que cuando el docente adquiere el estatus
pensional se hace un reconocimiento definitivo pensional y dicha pensión se reajusta
año tras año19. Al respecto se anota que la referida providencia del 2 de septiembre
de 2004 refiere que incluso desde la sentencia del 11 de octubre de 1994, con
ponencia del magistrado Carlos Orjuela Góngora, dictada en el proceso con radicado
7339, se indicó la pensión gracia se liquidaba «sobre los factores devengados en el
año precedente a la adquisición del [e]status pensional».

42. Asimismo, al amparo de las anteriores consideraciones, en un caso como el de
autos, esta Subsección concluyó20:

Por consiguiente, asiste la razón a la entidad recurrente sobre que la pensión gracia no
se podía reliquidar con los salarios devengados en el año anterior al retiro del servicio,
por ello, como el señor Rodrigo León Ramírez Agudelo adquirió el estatus pensional el
15 de julio de 1998, el cálculo de la mesada debía atender solamente los salarios
devengados en el año previo a la consolidación del derecho.

Contrario a lo afirmado por el Tribunal, no se considera que haya lugar a la aplicación
de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, pues en este caso en
particular, el precedente pacífico desde hace 20 años indica que no es posible la
reliquidación de la pensión gracia por retiro del servicio, de modo que frente a este punto
de derecho no se considera que el demandado tuviese un derecho adquirido. Máxime
cuando el Consejo de Estado ya ha accedido a las acciones de especiales de revisión
interpuestas por la UGPP21 y a los medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en sede de lesividad22.

3.4. Hechos probados

43. La copia de la Resolución 005041 del 8 de junio de 199423 da cuenta de que
CAJANAL reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor del señor Arneiro
Zúñiga Sánchez en una cuantía de $73.185, efectiva a partir del 6 de agosto de 1990,
fecha en la que, según ese acto, se adquirió el estatus pensional. Tal suma resultó de
calcular el 75 % sobre el salario promedio de los 12 meses anteriores al 6 de agosto

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, exp. 11001-03-25-

000-2017-00461-00 (2113-2017), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 25000-23-25-000-2001-09709-01 (4581-03), M.P. Tarcisio Cáceres

Toro.
19 El mismo sentido, se pueden consultar las sentencias dictadas en los procesos 25000-23-25-000-2003-04682-

01(5408-05) de la Subsección B de la Sección Segunda y sentencia del 14 de abril de 2016, Subsección A de la
Sección Segunda 66001-23-33-000-2012-00160-02(0633-14).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de 2024, exp. 05001-23-

33-000-2018-01777-01 (0610-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado

11001-03-25-000-2017-00461-00 (2113-2017), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
22 Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Segunda 66001-23-33-000-2012-00160-02(0633-14), M.P.

William Hernández.
23 Samai, Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,2 _DEMANDAPODERANEXOS pp. 76.

10

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

de 1990, así:

Total salarios Salario mensual Cálculo del 75% Cuantía de la
percibidos 12 sobre el salario mesada pensional
meses antes al 6 mensual
agosto de 1990
$1.170.960.00 $97.580.00 $97.580.00 x 75% $73.185

44. Según la copia de la Resolución 4015 del 1 septiembre de 200024, la Secretaría
de Educación del Departamento del Valle del Cauca aceptó la renuncia del señor
Arneiro Zúñiga Sánchez al cargo de docente del Centro Docente No. 50 Presbitero
Ángel Piedraita del municipio de Cali.

45. En la certificación del 29 de enero de 200125, expedida por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, se hizo constar que el señor Zúñiga Sánchez para el
año 1999 tenía un sueldo de $1.155.734, mientras que para el año 2000 fue de
$1.262.408.

46. La copia de la Resolución 018102 del 13 de julio de 200126 da cuenta que, en
atención a una petición formulada por el señor Arneiro Zúñiga Sánchez, CAJANAL
procedió a reliquidar la pensión gracia de la que gozaba en una cuantía de
$921.693.17, teniendo en cuenta para el efecto el 75 % «sobre el salario promedio de
12 meses», así:

Total salarios Salario mensual Cálculo del 75% Cuantía de la
percibidos sobre el salario mesada pensional
mensual
$14.747.090.60 $1.228.924.22 $1.228.924.22 x 75% $921.693.17

47. Obra copia de la Resolución 26253 del 17 de junio 200827, según la cual, en
respuesta a una petición del señor Arneiro Zúñiga Sánchez, CAJANAL procedió a
reliquidar nuevamente la pensión gracia en una cuantía de $94.283.75, teniendo en
cuenta los factores salariales de los últimos 12 meses en que el peticionario adquirió
el estatus pensional, esto es, el 6 de agosto de 1990, así:

24 Samai, Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,2 _DEMANDAPODERANEXOS pp. 87.
25 Samai, Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,2 _DEMANDAPODERANEXOS pp. 93.
26 Samai, Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,2 _DEMANDAPODERANEXOS pp. 95 A 97.
27 Samai, Tribunal, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,2 _DEMANDAPODERANEXOS pp. 161 A 164.

11

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

48. Según la copia de la Resolución 002784 del 8 de febrero de 202128, la UGPP
reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora
Gloria Amparo Salgado Quintero –en calidad de cónyuge–, con ocasión del
fallecimiento del señor Arneiro Zúñiga Sánchez, a partir del 27 de septiembre de 2020,
en un «porcentaje: 100.00 %» de la cuantía devengada por el causante.

49. Obra copia de la Resolución 006484 del 12 de marzo de 2021, que aclaró la
anterior –002784 de 2021–, fundamentalmente, bajo el argumento de que se debía
tener en cuenta la cuantía de la pensión sustituida en los términos de la Resolución
005041 del 8 de junio de 1994, esto es, a partir de lo devengado en el año anterior al
estatus pensional y no al retiro del servicio, como se dijo en el acto administrativo
018102 de 2001, porque esa posición es contraria a la jurisprudencia que ha dicho
que la liquidación de la pensión se debe efectuar tomando como base el 75 % del
promedio mensual de salarios durante el último año al estatus pensional. Según se
indicó, tal aclaración obedeció al memorando interno No. 2020700102044122, en el
que se solicitó lo siguiente:

SE SOLICITA AL ÁREA DE DETERMINACIÓN ESTUDIAR LA RDP 2784 DEL
08/02/2021, EN EL SENTIDO DE VALIDAR LA CUANTÍA PARA EFECTOS DE
APLICAR LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. LO ANTERIOR, POR CUANTO SI
BIEN ES CIERTO SE INDICÓ EN LA MISMA CUANTÍA DEVENGADA POR EL
CAUSANTE, TAMBIÉN LO ES QUE AL VERIFICAR LA ÚLTIMA MESADA COBRADA
POR EL CAUSANTE FUE CON LA RESOLUCIÓN NO. 18102/2001, LA CUAL FUE
UNA RELIQUIDACIÓN DE UNA PENSIÓN GRACIA A RETIRO

50. Finalmente, se tiene de la consulta del software de gestión judicial Samai, que
ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se surtió el trámite de la segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de expediente 76001-33-33-014-2022-00105-01, dentro del cual, a través de
sentencia del 27 de junio de 2025, se declaró la nulidad de la Resolución 006484 del

28 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.214.

12

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

12 de marzo de 2021, básicamente porque se probó que al interior del procedimiento
administrativo respectivo no le fueron garantizados los derechos de audiencia y
defensa de la señora Gloria Amparo Salgado Quintero, al punto de no ser informada
sobre el inicio de aquel.

3.5. Caso concreto

3.5.1. Resolución del primer problema jurídico

51. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se tiene que las
normas especiales que gobiernan el reconocimiento de la pensión gracia –referidas
en el marco normativo– se aplican bajo el entendido de que el 75 % del promedio de
lo obtenido en el último año de servicios, debe calcularse a partir de lo devengado en
el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus de pensionado.
Consecuentemente, la reliquidación de la pensión gracia solo es posible respecto de
los factores devengados al momento de la consolidación del estatus pensional y no
de la época del retiro, como sí ocurre en las pensiones ordinarias, en cuyo caso existe
afiliación y, por ende, aportes que llevan a la mejora en el monto de la pensión al
momento de la desvinculación.

52. Esta corporación, en relación con la reliquidación de la pensión gracia ha dicho
que en ella se deben incluir todos los factores de salario que el docente hubiese
percibido en el año anterior al cumplimiento de los requisitos de tiempo y edad, de
conformidad con el artículo 4.º de la Ley 4.ª de 1966 y el artículo 5.º del Decreto 1743
del mismo año. Así se lo ha expresado29:

Es claro que en la liquidación de la pensión gracia se deben incluir todos los factores
salariales percibidos por la actora, durante el año inmediatamente anterior a aquél en
que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, vale decir los que regían para el
momento en que consolidó el derecho. En síntesis, las normas especiales que rigen el
reconocimiento de la pensión gracia (artículo 4º de la Ley 4ª de 1966 y el artículo 5º
del Decreto 1743 de 1966), se aplican bajo el entendido de que el setenta y cinco
(75%) del promedio obtenido en el último año de servicios, es el año inmediatamente
anterior a aquél a la consolidación del [e]status de pensionado. Consecuentemente, la
reliquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de factores devengados al
momento de la consolidación del [e]status pensional y no de la época del retiro, como
sí ocurre en las pensiones ordinarias, en cuyo caso existe afiliación y, por ende,
aportes que llevan a la mejora en el monto de la pensión al momento de la
desvinculación. Descendiendo al caso en examen, cuando la actora consolidó su
[e]status pensional, es decir, cumplió con 50 años de edad y 20 años de servicio oficial,
mediante Resolución 40090 de 5 de noviembre de 1993, CAJANAL le reconoció una
pensión gracia con base en los factores de las Leyes 33 y 62 de 1985 y, por ende, con
exclusión de los factores de horas extras y la prima de navidad. En esas condiciones,
para la Sala no cabe duda de que la Resolución que reconoció la pensión gracia a la
actora desconoció los factores reclamados y que según la normativa referida debieron
ser tenidos en cuenta para su reconocimiento.

53. En pronunciamiento más reciente, la corporación sostuvo, en lo que respecta a

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 08001-23-31-000-

1998-01020-01(2142-06), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.
13

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

la reliquidación de la pensión gracia, lo siguiente30:

En cuanto al régimen aplicable para efectos de la liquidación de la pensión gracia, se
tiene que el artículo 1.° de la Ley 114 de 1913, en principio determinó que la cuantía
de la prestación correspondería a la mitad del sueldo que hubiere devengado el
empleado en los dos últimos años de servicio. (…). Para resumir, las normas
especiales que rigen el reconocimiento de la pensión gracia (artículos 4° de la Ley 4a
de 1966 y 5° del Decreto 1743 de 1966), se aplican bajo el entendido de que el 75%
del promedio obtenido en el último año de servicios, es del año inmediatamente
anterior a la consolidación del estatus de pensionado, en la que se deben incluir todos
los factores salariales percibidos por el docente que ha cumplido los requisitos de
tiempo y edad entre otros, vale decir, los que regían para el momento en que se
consolidó el derecho y no de la época del retiro como sí ocurre en las pensiones
ordinarias, en cuyo caso existe afiliación y por ende aportes que conducen a la mejora
en el monto de la pensión al momento de la desvinculación. En consecuencia[,] de lo
anterior, las leyes 33 y 62 de 1985 no son aplicables a la pensión gracia.

54. A efectos de resolver el caso concreto, se tiene probado que a través de la
Resolución 005041 del 8 de junio de 1994 se reconoció y ordenó el pago de una
pensión gracia a favor del señor Arneiro Zúñiga Sánchez. Para el efecto, se tuvo en
cuenta que adquirió el estatus pensional el 6 de agosto de 1990, por lo cual se
promediaron los factores salariales devengados durante el último año de servicio a la
consolidación del derecho pensional, en un total de $1.170.960.00, y se calculó el 75%
sobre el promedio mensual del último valor, $97.580.00, para fijar la cuantía de la
mesada pensional en la suma de $73.185.

55. Ahora, se encuentra acreditado que dicha pensión gracia fue reliquidada a
través de la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001, en la que se fijó una nueva
cuantía por la suma de $921.693.17, que se obtuvo, según esa resolución, de
promediar la totalidad de los factores salariales devengados por el peticionario en el
último año de servicio (1999-2000), en un valor de $14.747.090.60.

56. Conforme al anterior designio probatorio, para la Sala es claro que tal promedio
–$14.747.090.60– no se acompasa con el otro que fue indicado en la Resolución
005041 del 8 de junio de 1994 –$1.170.960.00–, lo que fuerza a concluir que la
reliquidación de la pensión en cuestión fue promediada, como lo sostuvo la parte
demandante, con la asignación del último año de servicio docente del señor Zúñiga
Sánchez.

57. La anterior cobra mayor fuerza porque se encuentra la certificación del 29 de
enero de 2001, expedida por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, en la
que consta que Arneiro Zúñiga Sánchez devengaba un sueldo de $1.155.734 para el
año 1999, mientras que para el año siguiente –2000– era de $1.262.408, valores que
al considerar lo transcurrido entre el 1 de septiembre de 1999 y el 1 septiembre de
2000 –cuando le fue aceptada la renuncia Zúñiga Sánchez – ascienden a la suma de

30 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, exp. 23001-23-31-000-

2012-00005-01(3940-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

$14.722.20031, que se aproxima al que se tuvo en cuenta en la Resolución 018102 del
13 de julio de 2001.

58. En ese orden de ideas, se tiene que la parte demandante demostró con éxito
la ilegalidad de la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001, puesto que para la
reliquidación de la pensión gracia se tuvo en cuenta lo que devengó el peticionario en
el año anterior a la fecha en que se retiró del servicio docente, cuando ha debido
considerarse —según el criterio jurisprudencial referido— lo percibido en el año
anterior a que adquirió el estatus pensional, esto es, el 6 de agosto de 1990. En ese
orden de ideas, es procedente declarar la nulidad del mencionado acto administrativo.

59. Ahora, la Sala no pierde de vista que la Resolución 018102 del 13 de julio de
2001 surtió efectos, por lo menos hasta que el señor Arneiro Zúñiga Sánchez recibió
su última mesada pensional, según lo subrayó en su parte motiva la Resolución
006484 del 12 de marzo de 2021. Lo anterior, a pesar de que con posterioridad a la
Resolución 018102 de 2001, CAJANAL dictó la Resolución 26253 de 2008
reliquidando, por segunda vez, la pensión gracia, bajo el criterio de tener en cuenta lo
percibido en el año anterior al estatus pensional, que se itera, no fue el aplicado en la
Resolución 018102 de 2001.

60. Esta situación confirma, que al menos hasta el fallecimiento del causante la
pensión efectivamente se reconoció en los términos de la Resolución 018102 de 2001.
De allí, el interés de la entidad demandante en que se declare su nulidad, a lo cual
accederá la Sala ante la evidente ilegalidad de esta.

61. Lo anterior, no se predica de la Resolución RDP 002784 del 8 de febrero de
2021, que aquí también se demanda, por las razones que se pasan a exponer:

62. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que a través de la Resolución 002784
del 8 de febrero de 2021 se ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes en favor
de la señora Salgado Quintero en un «porcentaje [del] 100.00 %» de la cuantía
devengada por el causante, sin definir los términos de la liquidación correspondiente,
esto es, si debía realizarse a partir de lo percibido por el señor Arneiro Zúñiga Sánchez
durante el año anterior del retiro del servicio o de la adquisición del estatus pensional,
motivo por el cual dicha decisión, en estricto sentido, no contiene el yerro por el cual
se presentó la demanda y se anulará la Resolución 018102 de 2001.

63. En segundo lugar, no se pasa por alto que la parte accionante, aparte de
demandar el acto de reliquidación de la pensión gracia, la Resolución 018102 del 13
de julio de 2001, también solicitó la nulidad de la Resolución RDP 002784 del 8 de
febrero de 2021, a través de la cual, como se dijo, se reconoció y ordenó el pago de
la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Gloria Amparo Salgado Quintero, en
la medida en que la prestación se venía pagando teniendo en cuenta lo percibido por

31 Teniendo en cuenta que del 1 de septiembre de 1999 al 31 de diciembre de 1999 (4 meses), con un sueldo de

$1.155.734, se habría percibido $4.622.936. También, que del 1 de enero 2000 al 1 de septiembre de 2000 (8
meses), con un sueldo de $1.262.408, habría devengado $10.099.264.
15

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

el causante durante el último año de servicio, a partir de lo dispuesto en el acto
administrativo 018102 del 13 de julio de 2001. Sin embargo, como este se anulará, la
mesada pensional, en favor de la accionante como beneficiaria, se reconocerá a partir
de lo percibido durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, como lo
señalaron las resoluciones 005041 del 8 de junio de 1994 y 26253 del 17 de junio
2008 que, actualmente, están amparadas por el principio de presunción de legalidad.

64. En relación con estas dos últimas resoluciones, se recuerda, que fijaron la
cuantía de la pensión teniendo en cuenta los factores salariales devengados por el
señor Zúñiga Sánchez 12 meses antes al 6 de agosto de 1990, cuando adquirió el
estatus de pensionado, lo que está conforme a la normativa y la jurisprudencia en la
materia.

65. En tercer lugar, la anterior conclusión, a la que también había llegado la
Resolución 006484 del 12 de marzo de 2021, que aclaró la Resolución RDP 002784
del 8 de febrero de 2021 (que reconoció la sustitución pensional), no se desvirtúa por
el hecho de que haya sido anulada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en sentencia del 27 de junio de 2025, en la medida en que el error en los términos de
la liquidación de la prestación se supera como consecuencia del juicio de legalidad
que se realiza de la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001, en virtud del cual, se
reitera, la pensión gracia solo se liquida, reconoce y paga a partir de lo percibido en el
año anterior a la adquisición de estatus pensional.

66. Así las cosas, se declarará la nulidad de la Resolución 018102 del 13 de julio
de 2001, porque para la reliquidación de la pensión gracia tuvo en cuenta lo que
devengó el peticionario en el año anterior a la fecha en que se retiró del servicio
docente. Conclusión que no se extiende a la Resolución RDP 002784 del 8 de febrero
de 2021, en atención a que el reconocimiento pensional de sobrevivientes debe
entenderse en los términos de los actos administrativos 05041 del 8 de junio de 1994
y 26253 del 17 de junio 2008, que reconocieron y reliquidaron la pensión gracia
teniendo en cuenta los factores salariales devengados por el señor Zúñiga Sánchez
antes del 6 de agosto de 1990, cuando adquirió el estatus pensional.

3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico

67. De otra parte, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas,
y, principalmente, cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la
devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de
cualificar la manera en que ello es posible.

68. Al respecto, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 201132,
dispone que:

La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:

32 CPACA.

16

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe;

69. Expresamente, consagra el legislador que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe; ello guardó correspondencia con lo que se había
dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 198433, y principalmente con la
presunción contenida en el artículo 83 de la Constitución Política.

70. En tal virtud, para que sea viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
pública demandante debe centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la
ilegalidad de la reliquidación pensional, sino también, que la obtención de tal derecho
por parte de la accionada se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena
fe, que como hemos precisado son presumibles.

71. En otros términos, tratándose del ejercicio del referido medio de control contra
actos que versan sobre prestaciones periódicas, no opera de forma automática el
consecuencial restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al estado
anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a la
consecución del derecho inicialmente obtenido.

72. Descendiendo al caso concreto y valorando los medios de prueba que fueron
aducidos de manera regular al proceso, no encuentra la Sala que el señor Arneiro
Zúñiga Sánchez en ejercicio del derecho de acción, que es legítimo, haya actuado de
mala fe frente a CAJANAL para el reconocimiento y reliquidación de la pensión gracia,
ni mucho menos que lo haya hecho la señora Gloria Amparo Salgado Quintero para
obtener el reconocimiento de la pensión sobreviviente.

73. Con fundamento en lo anterior, no se evidencia que las sumas percibidas con
ocasión de los actos acusados sean producto de actuaciones de mala fe imputables
a la parte demandada. En consecuencia, se negará el restablecimiento del derecho.

3.5.3. De la condena en costas

74. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario34 de la Subsección sobre el artículo 188 de la

33 CCA
34 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
17

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

3.6. Conclusión

75. La Sala concluye que la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001 no está
acorde con el ordenamiento jurídico, porque para la reliquidación de la pensión gracia
tuvo en cuenta lo que devengó el peticionario en el año anterior a la fecha en que se
retiró del servicio docente, cuando, conforme a la normativa y jurisprudencia de la
materia, para la liquidación de la pensión se debe tomar como base el 75 % del
promedio mensual de salarios durante el último año al estatus pensional. No obstante,
no hay lugar a ordenar la devolución de las sumas pagadas con ocasión de aquel acto,
en la medida que no se acreditó que fueron percibidas de mala fe. Finalmente,
tampoco se advierte del análisis de la conducta de la parte vencida, razón alguna para
condenarla en costas.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 16 de diciembre de 2024, que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 018102 del 13 de julio de 2001, por
medio de la cual CAJANAL reliquidó la pensión gracia del señor Arneiro Zúñiga
Sánchez.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Cuarto. Sin condena en costas.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
18

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00527-01 (1156-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Amparo Salgado Quintero

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.