RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2021-00833-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00833-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00833-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Gloria Inés Calderón López en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el municipio de Jamundí. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. 47En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 26 Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025) Demandante: Gloria Inés Calderón López Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 27

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00833-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y municipio de Jamundí

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Gloria Inés Calderón López presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto presunto negativo generado por la falta de
pronunciamiento frente a la reclamación administrativa del 10 de mayo de 2021, en

1 En adelante Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

la que pidió el reconocimiento de una pensión de vejez por aportes.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de una pensión de vejez por aportes equivalente al 75%
del promedio mensual de los salarios y primas devengadas «a partir del 17 de abril de
2019», por el cumplimiento de 55 años de edad y 1.000 semanas cotizadas; ii) el
reajuste del valor de la condena; iii) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; iv) los intereses moratorios a partir del día siguiente
de la ejecutoria de la sentencia; y v) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Gloria Inés Calderón López nació el 17 de abril de 1964.

3.2. Laboró como docente en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) mediante
órdenes de prestación de servicios de manera interrumpida entre marzo de 1998 y
abril de 2001. Posteriormente se vinculó en «provisionalidad» a la Secretaría de
Educación de esa entidad territorial mediante la Resolución 128 del 19 de noviembre
de 2002 y finalmente ejerció dicho empleo en propiedad3.

3.3. El 10 de mayo de 2021 solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
vejez por aportes en los términos del régimen especial docente, pero la demandada
no emitió pronunciamiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 115 de
la Ley 115 de 1994; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:

5.1. La pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos tuvo origen en la
Ley 6ª de 1945, posteriormente fue regulada por la Ley 33 de 1985 y más adelante
complementada por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, disposición que permitió

3 La parte demandante no especificó desde qué fecha tuvo la calidad de empleada en propiedad y

los certificados tampoco ofrecen una fecha.
4 Índice 11 de Samai tribunal, expediente digital, archivo en formato pdf
«9_080012333000202100475001PROCESOABONADPROCESOAB20220630102809», páginas 4
a 8.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

acumular aportes efectuados tanto al ISS como a entidades públicas de previsión
social para consolidar la denominada pensión por aportes. La posibilidad de sumar
tiempos públicos y privados también cobijó a los docentes oficiales, especialmente
a partir del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, además de que los educadores que
acreditaron una vinculación al servicio público antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 conservaron la posibilidad de pensionarse bajo ese marco
normativo anterior, sin quedar automáticamente sometidos a la Ley 100 de 1993.

5.2. La entidad demandada desconoció el régimen pensional de transición aplicable
a docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
requisitos que debe entenderse satisfechos incluso en la modalidad de prestación
de servicios. El artículo 1 de la citada norma protegió la expectativa legítima de los
docentes vinculados antes del 26 de junio de ese año, sin que sea necesario
acreditar que para esa fecha el educador estuviera necesariamente prestando sus
servicios.

5.3. Acreditó los tiempos de servicios necesarios y la edad requerida por la norma
para que se le reconociera la pensión de vejez por aportes en los términos de la Ley
71 de 1988, la cual además era compatible con el salario de modo que no era
correcto que se le exigiera el retiro definitivo del servicio público.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag no contestó la demanda. Sin embargo, el municipio de Jamundí sí se
pronunció sobre los hechos y pretensiones con fundamento en lo siguiente5:

6.1. Aunque Gloria Inés Calderón López cumplía con la edad mínima para
pensionarse no reunió el número mínimo de semanas cotizadas ya que únicamente
acreditó 205.43 semanas, cifra inferior a las exigidas para el reconocimiento
pensional que solicitó. Además, no era posible computar los tiempos o aportes
realizados con ocasión de los contratos de prestación de servicios previos al año
2003 porque dicha modalidad no generaba vínculo laboral ni derecho al
reconocimiento de prestaciones sociales.

6.2. A la demandante no le resultaba aplicable el régimen pensional anterior invocado
en la demanda, toda vez que su afiliación al Fomag ocurrió en el año 2004, esto es,
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por ello, su
situación debía resolverse de conformidad con el régimen de prima media regulado
por la Ley 100 de 1993.

5 Documento 10 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

6.3. Finalmente propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues su competencia se limitaba al trámite administrativo de recepción y
remisión de la reclamación administrativa, pero no al reconocimiento del derecho
pretendido; ineptitud formal de la demanda; cobro de lo no debido; prescripción y la
innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 30 de
septiembre de 2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda por las
siguientes razones6:

7.1. Si bien Gloria Inés Calderón López estaba cobijada por el régimen pensional
anterior a la Ley 812 de 2003 por encontrarse vinculada al servicio educativo oficial
antes del 26 de junio de 2003, de acuerdo con los contratos de prestación de
servicios que sí debían ser computados para tales efectos7, y por lo tanto podía
aspirar al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley
71 de 1988, no acreditó el cumplimiento integral de los requisitos exigidos por dicha
norma.

7.2. Deacuerdo con el material probatorio aportado al proceso la demandante
acumuló 12 años, 10 meses y 3 días en el servicio educativo oficial, y más 3 años
derivados de cotizaciones válidas en el sector privado para un total de 15 años, 10
meses y 3 días de servicios.

7.3. A pesar de que la actora sí cumplía con el requisito de edad, al haber alcanzado
los 55 años el 17 de abril de 2019, no satisfacía el requisito temporal de 20 años
exigidos por la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes.
Finalmente, no procedía estudiar el caso bajo las reglas de la Ley 100 de 1993,
porque además de que las semanas resultaban igualmente insuficientes, ese
análisis no fue solicitado ni en la demanda ni en sede administrativa.

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente8:

8.1. La sentencia de primera instancia incurrió en un error al contabilizar sus tiempos
de servicio, pues omitió sumar integralmente los periodos laborados mediante

6 Documento 32 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
7 Postura reiterada en sentencia del 23 de mayo de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2019-01673-

01 (1950-2023) M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 Documento 33 del expediente digital de primera instancia en Samai.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

órdenes de prestación de servicios, la totalidad de los tiempos trabajados con
nombramiento en propiedad y las semanas cotizadas al antiguo Instituto del Seguro
Social, hoy registradas en Colpensiones. El conteo correcto da como resultado más
de 23 años de servicios, es decir más de los 20 años exigidos por la Ley 71 de 1988.

8.2. El régimen aplicable era el previsto en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de
1994, que permitía acumular aportes realizados en el sector público y privado para
obtener la pensión por aportes; y los tiempos laborados en la modalidad de
prestación de servicios debían reconocerse para efectos pensionales, en aplicación
del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y la actual posición
del Consejo de Estado9 sobre ese particular.

8.3. Finalmente, por ser beneficiaria del régimen especial docente tenía derecho a
que se declarara la compatibilidad de la mesada pensional con el salario, de modo
que no es correcto que se le exija su retiro del servicio.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia11.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a establecer

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación número: 13001-

23-33-000-2013-00022-01 (1291 – 14)
10 Tal y como se indicó en el auto del 20 de febrero de 2025 en Samai.
11 Así se desprende del informe secretarial del 11 de abril de 2025.
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

5

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

¿si Gloria Inés Calderón López era beneficiaria de las prerrogativas dispuestas en
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 por tener una vinculación a la docencia oficial
con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia y, en consecuencia, podía
acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte13. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas14.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción15. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»16. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
14 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
15 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
16 Preámbulo y artículo 6.

6

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos17. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

17 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

7

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200318.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag

18 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

8

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

22. La Ley 60 de 199319 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

9

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»

24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,

10

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así porque en el debate legislativo del proyecto que condujo a
la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»20 (se destaca).

28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de

20 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.

11

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.

30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes21 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»22 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor

21 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
22El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».

12

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

provecho otorgue al trabajador23. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

35. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, porque se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en

23 «[E]l principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál

es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este
conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.

13

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación24.

37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

37.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

37.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

37.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

37.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior25.

38. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado

24 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas

sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
25 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

14

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

39. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .

40. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, porque no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.

41. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

42. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

15

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

43. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

44. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

2.2.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988

45. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».

46. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.

47. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

16

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más
de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

48. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 626 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%

26 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su

artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.

17

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.

2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

49. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

50. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200327, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

51. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201928, precisó:

27 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
28 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

18

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».

52. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

19

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]

53. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años29. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».

54. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección30, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

29 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,

radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

20

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

54.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad31
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

54.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199432.

55. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

56. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

31 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
32 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

57. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

57.1. Gloria Inés Calderón López nació el 17 de abril de 1964 según consta en el
registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía33.

57.2. De acuerdo con el reporte expedido por Colpensiones el 8 de mayo de 2021
entre el 11 de abril de 1994 y 31 de octubre de 2001 realizó cotizaciones por 205.43
semanas34.

57.3. Prestó sus servicios como docente en el municipio de Jamundí en los siguientes
periodos y modalidades:

Tipo de
Acto Desde Hasta Años Meses Días
vinculación
Resolución 44 del 1
OPS 01 03 1998 28 06 1998 0 3 27
de marzo de 199835
Resolución 138 del 1
OPS de septiembre de 01 09 1998 30 12 1998 0 4 0
199836
Orden de servicio 39
OPS del 18 de enero de 18 01 1999 30 06 1999 0 5 12
199937
Orden de prestación
OPS 11 10 1999 17 12 1999 0 2 6
de servicios 5138
Orden de prestación
OPS de servicios del 31 04 09 2000 15 12 2000 0 3 11
de agosto del 200039
Orden de prestación
OPS 22 01 2001 21 04 2001 0 3 0
de servicios 1940
Decreto 128 del 19
«Propiedad»41 de noviembre de 19 11 2002 30 09 2008 5 10 11
2002
Decreto 912 del 1 de
No especificado 01 10 2008 31 12 2008 0 3 0
septiembre de 2008

33 Folios 27 y 28 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
34 Folios 45 al 49 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
35 Folios 32 y 33 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
36 Folios 36 y 37 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
37 Folios 34 y 35 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
38 Sin fecha. Folios 38 y 39 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
39 Folio 40 al 42 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
40 Sin fecha. Folios 43 y 44 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
41 Todos los nombramientos a partir del año 2002 se encuentran enlistados en el certificado proferido

por la Secretaría de Educación de Jamundí el 4 de mayo de 2021, en los folios 29 al 31 del
documento 1 del expediente digital de la primera instancia en Samai. El certificado no diferencia la
calidad de cada nombramiento (provisionalidad o propiedad) y solo indica que para el momento en
que fue expedido la demandante desempeñaba el empleo en propiedad, pero no existe certeza
desde qué momento tuvo esa calidad.

22

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

Decreto 1879 del 31
No especificado de diciembre de 03 02 2010 23 02 2010 0 0 20
2009 [sic]
Decreto sin
No especificado consecutivo del 24 24 02 2010 31 12 2010 0 10 7
de febrero de 2010
Resolución
No especificado 36490248 del 1 de 01 01 201742 31 12 202043 4 0 0
agosto de 2017 [sic]
Total 12 10 5

57.4. Colpensiones certificó que Gloria Inés Calderón López cuenta con 205.43
semanas cotizadas a ese fondo de manera interrumpida entre el 11 de abril de 1994
y el 31 de octubre de 2001, por servicios prestados tanto en el sector público como
en el privado.

57.5. El 10 de mayo de 2021 solicitó ante el Fomag el reconocimiento de una pensión
de vejez por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988, en su condición de
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
200344, sin embargo, en el expediente no hay constancia de que la demandada haya
proferido una respuesta a esa solicitud.

2.3.2. Análisis sustancial

58. Tal y como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, el
pronunciamiento de esta Sala se limitará a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, esto es, si Gloria Inés Calderón López era beneficiaria de las
prerrogativas dispuestas en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 por tener una
vinculación a la docencia oficial con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia
y, en consecuencia, podía acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988.

59. A efectos de resolverlo, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda por considerar que, a pesar de que
la demandante sí era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003
y contaba con más de 55 años de edad, no acreditó los 20 años de servicio que
exige el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

42 En el material probatorio existe una inconsistencia en relación con esta fecha. En el certificado

global expedido por el Fomag y visible en los folios 29 y siguientes del expediente se indicó que el
inicio del último periodo correspondía al 1 de agosto del año 2017, sin embargo, en el certificado de
ingresos, también expedido por esa misma entidad, se señaló que la fecha de inicio fue el 1 de enero
de 2017, en consecuencia se mantendrá el 1 de enero de 2017 por ser la fecha más favorable a la
demandante de la que existe prueba en el expediente.
43 Fecha de finalización de acuerdo con el certificado expedido en 24 de febrero de 2021. Folio 68

del documento 1 del expediente digital de la primera instancia.
44 Folios 85 al 91 del documento 1 del expediente digital de la primera instancia.

23

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

60. La demandante presentó recurso de apelación contra esa decisión y argumentó
que contaba con más de 23 años de servicio así: 1 año, 9 meses y 26 días como
docente en la modalidad de prestación de servicios, 18 años, 5 meses y 15 días
como docente en propiedad y 2 años, 9 meses y 14 días aportados a Colpensiones
en los sectores público y privado45.

61. Revisadas las pruebas allegadas al proceso la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia por las siguientes razones:

62. De acuerdo con el certificado proferido por Colpensiones y allegado al
expediente, los primeros aportes al sistema general de seguridad social en
pensiones a favor de la demandante se realizaron a esa administradora de manera
interrumpida desde el 11 de abril de 1994 hasta el 31 de octubre de 2001, para un
total de 205.43 semanas de aportes que equivalen a 3 años, 11 meses y 13 días.
Sin embargo, de esas semanas solo hay lugar a computar 156 debido a que la
demás ya se encuentran incluidas en los tiempos certificados por el Fomag, de
modo que no hay lugar a computarlas nuevamente, pues ello implicaría un doble
conteo de los mismos aportes. En el citado documento se indicó que las
cotizaciones fueron realizadas tanto por empleadores particulares como por el
municipio de Jamundí.

63. También se suministró copia de los actos por medio de los cuales la demandante
fue contratada por el municipio de Jamundí a través de órdenes de prestación de
servicios entre los años 1998 y 2001, para un total de 1 año, 9 meses y 27 días. Los
periodos laborados por la demandante a través de contratos de prestación de
servicio sí deben ser tenidos en cuenta para efectos de definir el ingreso al servicio
docente y la sujeción al régimen de transición de la Ley 812 de 2003, en atención a
la reiterada postura de esta corporación que así lo ha definido46.

64. Finalmente, de acuerdo con el certificado expedido por el Fomag el 24 de febrero
de 2021, Gloria Inés Calderón López laboró como docente en propiedad de manera
interrumpida entre el 19 de noviembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2020, periodo
en el que acreditó un total de 12 años, 10 meses y 5 días.

65. La suma de todos los tiempos laborados por la actora, públicos y privados, en
prestación de servicio y en propiedad, da un gran total de 15 años, 7 meses y 5
días, lapso insuficiente para el reconocimiento de la pensión por aportes solicitada,

45 Así se indicó en el recurso de apelación.
46 Sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado: 15001-23-33-000-2021-00407-01 (6687-2022)

M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

24

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

que exige la acreditación de al menos 20 años de cotizaciones al sistema.

66. En el recurso de apelación la parte demandante afirmó que en realidad contaba
con más de 23 años de servicio, pues computó de manera ininterrumpida el periodo
comprendido entre el 19 de noviembre de 2002 y el 4 de mayo de 2021, que
corresponde a un tiempo de poco más de 18 años. Sin embargo, de las pruebas
aportadas al proceso no se advierte que la demandante haya laborado de manera
continua durante esas fechas, sino que, por el contrario, los certificados dan cuenta
de una serie de intermitencias importantes de meses e incluso años que no fueron
controvertidas ni explicadas por la interesada.

67. En ese sentido, en el presente proceso solo está probado que Gloria Inés
Calderón acreditó poco más de 15 años de servicios y no los más de 23 años
alegados en el recurso de apelación. La recurrente tampoco aportó otros medios de
prueba en los que constaran más tiempos de servicio y de los documentos
valorados tanto en primera como en segunda instancia no era posible concluir que
la demandante cumpliera con los requisitos establecidos en la norma para el
reconocimiento del derecho que pretende.

68. Valga precisar que el análisis del reconocimiento pensional a la luz de las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 tampoco es posible por iguales
razones, esto es que la demandante no acreditó el tiempo de servicio requerido en
la norma.

2.4. Costas

69. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

70. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

71. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al

25

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma47.

72. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

73. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

74. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Gloria Inéz Calderón López
a pesar de ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, no acreditó cumplir con el requisito del tiempo mínimo de
servicio para ser titular de una pensión de vejez por aportes en los términos pedidos,
de modo que se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Gloria Inés
Calderón López en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) y el municipio de Jamundí.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

47En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

26

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00833-01 (0204-2025)
Demandante: Gloria Inés Calderón López

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MLBC

27

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.