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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00879-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00879-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Leonardo Díaz Londoño contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00879-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2021 00879 01 (1404-2024)
Demandante: Leonardo Díaz Londoño
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

Tema: Reconocimiento de asignación de retiro de la Policía
Nacional. Aplicación del régimen de transición de la Ley 923
de 2004. Alcance de los Decretos 4433 del 2004 y 754 de
2019. Relación entre «separación absoluta» y «mala
conducta» en el marco del retiro en la Policía Nacional.

Decisión: Se confirma la sentencia por cuanto el demandante es
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923
del 2004 y cumple con los requisitos para gozar de una
asignación de retiro

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 1 de diciembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
202121000024711 ID: 634578 de fecha 25 febrero de 2021, mediante el cual la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) negó el
reconocimiento de una asignación de retiro a su favor.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a que reconozca y pague a su favor la reliquidación de las
prestaciones sociales y la asignación de retiro equivalente al 62% del sueldo
devengado al momento de su retiro, así como el retroactivo causado desde el 14
de septiembre de 2012, fecha en que fue separado del servicio en forma absoluta.

3. Asimismo, requirió el pago de las mesadas debidamente ajustadas
conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, conforme a lo

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Demandante: Leonardo Díaz Londoño

dispuesto en el artículo 192 del CPACA. Por lo demás, que se le paguen los
daños y perjuicios causados a raíz de su desvinculación de la entidad policial.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que ingresó a la
Policía Nacional el 13 de septiembre de 1993 en el nivel ejecutivo, en el grado de
patrullero, bajo la normativa contenida en los Decretos 1212 y 1213 de 1990.
Posteriormente, el régimen prestacional aplicable a los miembros de la Fuerza
Pública fue objeto de modificación mediante el Decreto 1091 de 1995, cuyo
artículo 51 fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

5. Reseñó que con la expedición de la Ley 923 de 2004 se estableció un
régimen de transición que dispuso que a quienes se encontraran en servicio
activo al momento de su entrada en vigencia no se les podían exigir requisitos
más gravosos para acceder a la asignación de retiro, particularmente en lo
concerniente al tiempo de servicio, fijado inicialmente en 15 años. Dicha ley fue
reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, cuyo parágrafo 2 del artículo 25 —
que establecía requisitos superiores de tiempo— también fue posteriormente
declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al igual que el
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, con efectos ex tunc.

6. En ese contexto, el actor señaló que fue retirado del servicio activo
mediante Resolución 03421 del 14 de septiembre de 2012 por separación
absoluta habiendo laborado aproximadamente 18 años. Con base en ese tiempo
de servicio, solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro en un porcentaje
del 62% del salario devengado al momento del retiro. No obstante, mediante
respuesta del 25 de febrero de 2021, CASUR negó dicha prestación
argumentando que el interesado no cumplía con el requisito de 20 años de
servicio exigido por el Decreto 4433 de 2004 y normas posteriores.

7. El demandante sostuvo que tal negativa desconoce el régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004, así como los efectos de las decisiones
de nulidad proferidas por el Consejo de Estado que implican la desaparición de
las normas contrarias al régimen más favorable desde su expedición. En esa
medida, afirmó que le resulta aplicable el régimen anterior que exigía 15 años de
servicio para acceder a la asignación de retiro, requisito que supera ampliamente.

8. Finalmente, adujo que la negativa de la administración le ha ocasionado
perjuicios económicos y morales reflejados en afectaciones a su estabilidad
emocional, condiciones de vida y sostenimiento familiar, por lo que solicita el
reconocimiento de la prestación, su reliquidación y el pago de los perjuicios
correspondientes.

Contestación de la demanda

9. La parte demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda al
considerar que el demandante no cumple los requisitos legales para acceder a la
asignación de retiro. Para tal efecto señaló que el actor ingresó a la Policía

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Demandante: Leonardo Díaz Londoño

Nacional el 13 de septiembre de 1993 y fue retirado del servicio el 14 de
septiembre de 2012, completando un tiempo aproximado de 17 años, 8 meses y
10 días de servicio, inferior al exigido por la normativa aplicable.

10. Sostuvo que el reconocimiento de la prestación se rige por lo dispuesto en
los Decretos 1212 de 1990 y 4433 de 2004, los cuales establecen, especialmente
para eventos de retiro como el del actor, la necesidad de acreditar un mínimo de
20 años de servicio para tener derecho a la asignación de retiro, requisito que no
fue cumplido en el caso concreto. Añadió que el demandante ingresó
voluntariamente al escalafón de oficiales, por lo que su situación jurídica debía
regirse por las disposiciones propias de dicho régimen, sin que se hubieran
modificado las condiciones exigibles para acceder a la prestación.

11. De igual manera, afirmó que los actos administrativos demandados fueron
proferidos con fundamento en la hoja de servicios expedida por la Policía
Nacional y en las normas vigentes al momento del retiro, por lo que se encuentran
amparados por la presunción de legalidad. Indicó que no se acreditó la existencia
de causal alguna de nulidad, tales como incompetencia, expedición irregular,
falsa motivación, desviación de poder o vulneración del debido proceso, razón
por la cual no existen elementos probatorios que permitan desvirtuar su validez.

12. En consecuencia, concluyó que, al no cumplirse el requisito del tiempo
mínimo de 20 años de servicio, no existe el derecho reclamado por el
demandante, motivo por el cual solicitó desestimar íntegramente las pretensiones
de la demanda.

Sentencia apelada

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera
instancia el 1 de diciembre de 2023, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

14. Al respecto, el a quo encontró acreditado que el actor ingresó a la Policía
Nacional el 13 de septiembre de 1993 y permaneció en servicio activo hasta el
20 de septiembre de 2012, cuando fue retirado por la causal de separación
absoluta mediante Resolución 03421 de 2012, para un total de 17 años, 8 meses
y 10 días de servicio.

15. Asimismo, constató que el demandante, al momento de entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004, se encontraba en servicio activo, circunstancia
que lo hace beneficiario del régimen de transición previsto en dicha normativa.

16. Con fundamento en lo anterior, consideró que la norma aplicable para
resolver el caso es el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, en razón a la
declaratoria de nulidad de las disposiciones del Decreto 4433 de 2004 que
regulaban el acceso a la asignación de retiro. En virtud de este régimen, se

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concluyó que al actor no podía exigírsele un tiempo de servicio superior a 15 años
para acceder a la prestación, requisito que se encuentra cumplido.

17. De igual manera, precisó que, si bien la causal de retiro del demandante
—separación absoluta— no está expresamente prevista en el citado artículo 144,
esta puede asimilarse a la causal de retiro por mala conducta, lo que no impide
el reconocimiento de la asignación de retiro cuando se acrediten los requisitos
legales. En consecuencia, reconoció el derecho del actor a percibir la asignación
de retiro a partir de la fecha de su desvinculación, con fundamento en el tiempo
servido.

18. En cuanto a la liquidación, dispuso que la prestación debía calcularse
conforme a lo previsto en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, esto es, con
una base del 50% de las partidas correspondientes por los primeros 15 años de
servicio, incrementado en un 4% por cada año adicional.

19. No obstante, el Tribunal declaró la prescripción trienal de las mesadas
causadas con anterioridad al 25 de febrero de 2018, en atención a que la solicitud
administrativa fue presentada el 25 de febrero de 2021. Asimismo, ordenó la
actualización de las sumas reconocidas conforme al índice de precios al
consumidor.

20. Finalmente, negó el reconocimiento de perjuicios morales al considerar
que las pruebas aportadas no resultaban suficientes para acreditar su causación
y se abstuvo de imponer condena en costas al no evidenciarse su acreditación ni
conductas temerarias o de mala fe por parte de la entidad demandada.

Recurso de apelación

21. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoque la sentencia de primera instancia arguyendo que el demandante no tiene
derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, por no cumplir con los
requisitos legales exigidos, particularmente en lo relacionado con el tiempo
mínimo de servicios.

22. En sustento de su inconformidad, sostuvo que para quienes son retirados
por causales como la separación absoluta o destitución, el reconocimiento de la
asignación de retiro exige acreditar un mínimo de 20 años de servicio, requisito
que resulta acorde con el artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y que, en su criterio,
es plenamente aplicable al caso concreto.

23. En relación con los hechos probados, reiteró que el señor Leonardo Díaz
Londoño prestó sus servicios en la Policía Nacional entre el 13 de septiembre de
1993 y el 20 de septiembre de 2012, completando aproximadamente 17 años, 8
meses y 10 días de servicio, y que fue retirado por la causal de separación
absoluta mediante Resolución 03421 de 2012. De ello concluyó que no cumple
con el tiempo mínimo exigido para acceder a la prestación.

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24. Adicionalmente, cuestionó la aplicación que hizo el Tribunal del artículo
144 del Decreto 1212 de 1990 bajo el régimen de transición, al estimar que dicha
interpretación desconoce la normatividad vigente y la evolución jurisprudencial,
en particular la aplicación del Decreto 754 de 2019, el cual, a su juicio, es la
disposición aplicable al caso.

25. Por último, la entidad argumentó que reconocer la asignación de retiro con
un tiempo inferior al previsto para quienes fueron retirados por causales como la
separación absoluta implicaría otorgar un trato más favorable a quienes
incurrieron en conductas reprochables, en detrimento de quienes se retiraron sin
incurrir en tales situaciones.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

26. Mediante auto del 27 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandante que tenían hasta la ejecutoria de
dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio
Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.

27. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

29. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro, pese a haber sido retirado del servicio
activo por la causal de separación absoluta y contar con un tiempo de servicios
mínimo de 15 años conforme lo dispone el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990,
o si, por el contrario, le resultan aplicables los Decretos 4433 del 2004 y 754 del
2019 que exigen 20 años.

Análisis del problema jurídico

30. La Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro por cuanto es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004 y cumple con los requisitos establecidos en el

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Decreto Ley 1212 de 1990, en particular el tiempo mínimo de servicios y el retiro
por una causal no voluntaria susceptible de ser subsumida dentro de la mala
conducta.

31. En el expediente se observa copia de la Resolución 03421 del 14 de
septiembre de 20121, mediante la cual el director general de la Policía Nacional
separó en forma absoluta del servicio activo de la institución al intendente
Leonardo Díaz Londoño. Además, se dispuso que el periodo comprendido entre
el 25 de febrero de 2011 y el 26 de agosto de 2012, no se le computaría como
tiempo de servicio ni se le tendrá en cuenta para ningún efecto laboral, por haber
sido suspendido del ejercicio de sus funciones durante ese tiempo mediante
Resolución 1952 del 3 de junio de 2011.

32. Las razones se explican en la parte considerativa del acto, en el que se
menciona que el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Tuluá, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2011,
condenó al demandante y a otros policiales a la pena de 32 meses de prisión
como responsables del delito de prevaricato por omisión. Asimismo, que la Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga, en sentencia del 13 de
diciembre de 2011, confirmó el referido fallo, cobrando ejecutoria el 19 de enero
de 2012.

33. Igualmente, se avizora la Hoja de Servicios 94308150 del 12 de octubre
de 2012 emitida por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional2, en
la cual se detalla que el actor prestó los siguientes servicios con algunas
deducciones:

Grado Policial / Desde Hasta Tiempo laborado
Deducción Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Alumno del nivel 13/09/1993 08/09/1994 0 11 25
ejecutivo
Suspensión penal 25/02/2011 28/08/2012 1 6 0
Otras deducciones 27/08/2012 20/09/2012 0 0 23
Nivel ejecutivo 09/09/1994 20/09/2012 18 0 11
TOTAL CON DEDUCCIONES 17 8 10

34. A partir de los anteriores supuestos fácticos debidamente acreditados, la
Sala procede a determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto. En ese
sentido, se tiene que el Decreto 1212 de 1990 reguló la asignación de retiro para
los miembros del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y
dispuso en su artículo 144 que esta prestación se reconoce cuando el uniformado
es retirado con un mínimo de 15 años de servicio por causales distintas a la
solicitud propia, como la mala conducta.

1 SAMAI, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAADMINISTRT.pdf», págs. 15-18.
2 Ibidem, archivo «94308150-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.pdf», pág. 2.

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35. Posteriormente el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 estableció un
régimen de transición en favor de los miembros de la Fuerza Pública que se
encontraban en servicio activo al momento de su entrada en vigencia con el fin
de proteger sus expectativas legítimas en materia prestacional, sobre el cual el
Consejo de Estado3 ha señalado que a quienes cumplían esa condición no se les
pueden imponer requisitos más gravosos que los previstos en el régimen anterior.

36. La anterior norma fue desarrollada por el presidente de la República, quien
expidió el Decreto 4433 de 2004, en el que se fijaron, entre otros aspectos, los
requisitos para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro de los
oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. El cual en su artículo 14 previó:

«Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del
presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más años de
servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el
caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma
absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de
la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
[…]».

37. Se resalta que el artículo transcrito fue declarado nulo por esta Sección
Segunda mediante sentencia del 23 de octubre de 20144, por considerar que el
Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria al aumentar la edad para
acceder a la asignación de retiro de 15 a 18 años y vulnerar la cláusula de reserva
legal. Lo anterior, conforme se cita:

«[…] Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la
vigencia de la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que: ‘no se les exigirá
como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de expedición de esta ley cuando
el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal’.

Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al
contenido de los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó así
expresamente delimitado por el legislador. Ello significa, entonces, que si no obra el
Ejecutivo dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se dicte fuera de
ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del artículo 150 numeral
19 literal e) de la Constitución Política.

En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que el
personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de ese
Decreto sea retirado “después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a

3 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento

jurisprudencial: i) sentencia del 17 de febrero del 2022, rad. 76001-23-33-000-2016-01514-01 C.P. William
Hernández Gómez, y ii) sentencia de 16 de julio de 2013, rad. 25000-23-41-000-2013-00659-01, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
4 Radicación: 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), demandante: José Luis Tenorio Rosas.

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calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda y los
que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte
(20) años de servicio” tendrán derecho al pago de la asignación mensual de retiro
como allí se determina, es evidente que se está exigiendo para poder ser asignatario
de la misma el cumplimiento como mínimo de dieciocho (18) años de servicio en unos
casos y veinte (20) años de servicio en otros, lo cual resulta superior a lo
establecido para el personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional,
por el artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados
a calificar servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de
la Policía y, de la misma manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a
que tendrían derecho con 15 años de servicio en las hipótesis contempladas en
el artículo 144 del mismo Decreto mencionado.
[…]

Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las normas acusadas y
que ahora son objeto de análisis quebrantaron entonces lo dispuesto en la Ley 923
de 2004, dentro de cuyo marco deberían haber sido expedidas, lo cual acarrea como
consecuencia que también se quebrantó el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución Política y, por consiguiente se encuentran viciadas de nulidad […]».
(Negrillas intencionales).

38. Por consiguiente, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado5, al quedar
en firme dicha providencia que declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433
de 2004 que reglamentó el tiempo de servicios para acceder a la asignación de
retiro, las condiciones previstas para el personal que se encontraba en servicio
activo a la entrada en vigencia del referido decreto, deben examinarse de
conformidad con la Ley 923 de 2004.

39. Ahora, tampoco resulta procedente la aplicación del artículo 1 del Decreto
754 de 20196, que exige 20 años de servicios cuando el retiro es por la causal de
separación en forma absoluta o destitución, en la medida en que dicha
disposición fue expedida el 30 de abril de 2019 y entró en vigor a partir de su
publicación, esto es, con posterioridad al retiro del servicio activo del
demandante, ocurrido en el año 2012.

40. En ese orden de ideas, al momento en que el demandante fue retirado del
servicio activo, el marco normativo aplicable debía definirse con base en las
disposiciones vigentes para la fecha de su ingreso a la institución, interpretadas
a la luz del régimen de transición consagrado en la Ley 923 de 2004, lo que
excluye la aplicación de normativas posteriores que establecen condiciones más
gravosas o diferentes para el reconocimiento del derecho.

41. Por tanto, el régimen aplicable al actor debe determinarse con fundamento
en el Decreto Ley 1212 de 1990, en concordancia con la Ley 923 de 2004. Al
respecto, esta Subsección ha precisado que a los miembros de la Fuerza Pública
que cumplían dicha condición les resultan aplicables las disposiciones anteriores

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de

16 de julio de 2013, radicación 25000-23-41-000-2013-00659-01.
6 Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,

que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004.

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a la referida ley, dentro de las cuales se encuentra el citado decreto7.

42. En el caso concreto, se encuentra acreditado que el demandante se
hallaba en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de
2004, toda vez que ingresó como alumno del nivel ejecutivo el 13 de septiembre
de 1993 y continuó su carrera como patrullero desde el 9 de septiembre de 1994.
Asimismo, al momento de su retiro —esto es, el 20 de septiembre de 2012—
contaba con más de quince (15) años de servicio, razón por la cual es beneficiario
del régimen de transición, sin que pueda exigírsele el cumplimiento de
condiciones más gravosas.

43. En efecto, se acreditó que el accionante prestó un tiempo de servicios de
17 años, 8 meses y 10 días, cumpliendo con lo establecido en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro en los
eventos de retiro por causales no voluntarias, como la mala conducta.

44. Pues bien, en lo que respecta a la causal de retiro, la Sala advierte que la
entidad demandada alegó que la «separación absoluta» no es equiparable a la
«mala conducta». No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha adoptado
un sentido abierto del artículo 144 del Decreto Ley 1212 de 1990, estableciendo
que ambos términos pueden subsumirse y encajar en el canon mencionado.

45. A propósito, en sentencias del 14 de septiembre del 20178 y del 4 de
septiembre de 20259 esta Subsección estableció que los conceptos de retiro por
separación absoluta y destitución previstos en las disposiciones disciplinarias de
la Policía Nacional son equiparables a la causal de mala conducta comprobada
contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990.

46. Cabe resaltar que en fallo del 27 de mayo de 202110 esta Subsección
precisó lo siguiente:

«Ahora bien, respecto del argumento de la demandada para negar la prestación
reclamada, debe precisarse que si bien el Artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, no
señala expresamente la posibilidad de obtener asignación de retiro para aquellos
funcionarios que hayan sido retirados del cargo bajo la causal de separación absoluta
o destitución del servicio activo, sí indica la eventualidad de obtener dicha prestación
para aquellos empleados que han sido retirados del servicio después de 15 años,
bajo la causal de mala conducta, razón por la cual al hacer una interpretación amplia
de la norma, debe entenderse tal causal como un tipo en blanco en donde se
encuentran incluidos acontecimientos que al verse cuestionados pueden devenir en
una sanción bien sea de carácter penal, fiscal, o disciplinario y que al ser llevadas al

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-

23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicación

76001-23-31-000-2006-02942-01.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2025, radicación

52001-23-33-000-2020-00821-01 (0119-2024).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de mayo del 2021, radicación

18001-23-33-000-2017-00317-01 (2458-19), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicación: 76001 23 33 000 2021 00879 01 (1404-2024)
Demandante: Leonardo Díaz Londoño

caso concreto evidencian que la separación del servicio se realizó con fundamento
en la existencia de una mala conducta y que en nada excluyen al peticionario para
que luego de verificado el cumplimiento de los requisitos legales, le reconozcan la
asignación de retiro que solicita. […]»

47. Lo anterior significa que, aunque el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990
no contempla expresamente la destitución como causal para acceder a la
asignación de retiro, sí prevé dicho reconocimiento cuando el retiro obedece a
mala conducta y el servidor acredite 15 o más años de servicio, considerándose
que la destitución constituye una manifestación concreta de la causal de mala
conducta, de modo que no excluye el derecho prestacional cuando se cumplen
los demás requisitos legales.

48. En ese sentido, al encontrarse acreditado que el demandante cumple con
los requisitos legales exigidos, esto es, haber superado el tiempo mínimo de 15
años de servicio policial y haber sido retirado por una causal no voluntaria
susceptible de ser subsumida en la noción de mala conducta, la Sala concluye
que le asiste el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro. Por lo
anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.

Condena en costas

49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las

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Radicación: 76001 23 33 000 2021 00879 01 (1404-2024)
Demandante: Leonardo Díaz Londoño

expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1 de diciembre de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda promovida por el señor Leonardo Díaz Londoño
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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