RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2021-00894-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00894-02

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00894-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: REVOCAR numeral primero de la sentencia del quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal del Valle del Cauca, para en su lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero: CONDENAR en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00894-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)
Demandante: Mario Andrés Posso Nieto
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Mario Andrés Posso Nieto interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto ficto, frente a la petición radicada el 23 de
marzo de 2021, a través del cual, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial negó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales y las diferencias adeudadas por dicho concepto, en virtud de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la prima
especial de servicios y a reliquidar, sobre el 100 % de la remuneración, sin
descontar el 30 % de la prima, el salario y las prestaciones sociales desde el 6
de agosto de 2018 y en adelante; también a pagar las diferencias debidas por
concepto de salarios y prestaciones sociales por ese mismo periodo.

4. Se reajusten las sumas reconocidas, se paguen los intereses, se cancele la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)

sanción moratoria correspondiente y se condene en costas y agencias en
derecho, de acuerdo con lo previsto en los artículos 187, 188, 192 y 195 del
CPACA

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que prestó sus servicios en la Rama Judicial en calidad de juez de la República,
desde el 6 de agosto de 2018 hasta la fecha y el 23 de marzo de 20211 solicitó
a la demandada reconocer, reliquidar y pagar el salario y las prestaciones
sociales y demás conceptos percibidos, sobre el 100 % de la remuneración, sin
descontar el 30 % de la prima especial de servicios. Petición que fue negada a
través del acto administrativo demandado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos: 2, 13, 25, 53, 123 y 209 de la Constitución
Política; 2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992 y numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270
de 1996.

7. Que el acto acusado fue expedido con desconocimiento de la Constitución, la
Ley y el precedente desarrollado por esta corporación, porque la entidad
interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima especial
correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del mismo y
no como una adición, lo que generó una disminución en la asignación básica y
en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó entre otras,
la decisión del 29 de abril de 20142 emitida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

8. El 13 de septiembre de 2023 fue admitida la demanda. La entidad3 se opuso a
las pretensiones, bajo el argumento de que carece de asignación presupuestal
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de cubrir el
reconocimiento de las acreencias laborales anteriores al 1.º de enero de 2021,
en razón a lo establecido en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 emitida
por esta corporación.

9. Que, por esta misma razón, le es imposible establecer una formula conciliatoria,
pues la ausencia de disponibilidad presupuestal impide precisar el plazo de

1 Se advierte que la reclamación se realizó en realidad el 25 de marzo de 2021, de conformidad con la constancia

de envío allegada con la demanda. Ver en gestión de documentos en SAMAI del Tribunal, el archivo digital
denominado «1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAMARIOPOSS.PDF» pág. 24.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
3 Ver en gestión de documentos en SAMAI del Tribunal el archivo digital denominado
«022_CONTESTACIONDEDEMANDA_09086_ILOVEPDF_MERGED20.pdf».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)

pago, lo que se constituye en un requisito necesario para lograr un acuerdo con
el demandante, conforme lo consagra la Ley 640 de 2001.

10. Propuso como excepciones las de ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales, inexistencia de causa para demandar, prescripción e
innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del quince
(15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)4, accedió parcialmente a las
pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la
remuneración básica de los servidores beneficiarios. De ahí que, condenó a la
entidad a reconocer la prima especial de servicios como adicional al salario y a
reliquidar las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario, incluyendo el 30
% de la asignación que se había descontado, desde el 6 de agosto de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2020, periodo en el que el demandante laboró como
juez de la República. Además, condenó al pago de aportes al sistema de
seguridad social en pensiones y salud por el periodo reconocido.

12. Que resulta inviable el argumento presentado por la entidad relacionado con la
imposibilidad presupuestal para atender el pago de los valores que surjan como
consecuencia del reconocimiento del derecho reclamado por el actor, pues en
virtud de la sentencia T-098 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, la
administración no puede invocar la falta de presupuesto como excusa para no
reconocer derechos laborales.

13. En cuanto a la sanción por mora ante el pago incompleto de cesantías, afirmó
que dicha penalidad no se origina ante la tardanza en el pago de una diferencia
generada por una reliquidación de la prestación, sino que con dicha figura se
determina el término perentorio para el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas. Por tanto, estimó que en este caso no procede el pago de dicho
emolumento.

14. En cuanto a la excepción de prescripción, señaló que teniendo en cuenta que
el actor realizó reclamación administrativa el 25 de marzo de 2021, es decir,
dentro de los 3 años contados a partir del 6 de agosto de 2018, fecha desde la
cual operó la exigibilidad del derecho y considerando que la demanda se
presentó sin que feneciera el lapso de 3 años contados desde la fecha de
presentación de la reclamación administrativa, declaró no probada la excepción
de prescripción. Igual determinación realizó respecto de la excepción de
inexistencia para demandar e inaplicó por inconstitucional el artículo 8 del
Decreto 194 de 2014.

4 Ver archivo digital denominado «36Sentencia_202100894Sentenciapr(.pdf) NroActua 46» visible a índice
00046 de SAMAI del Tribunal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)

RECURSO DE APELACIÓN

15. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación, en el cual reiteró la
excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, propuesta
en la contestación. Al respecto, señaló que el demandante no cumplió con el
requisito de agotar la vía gubernativa, pues no presentó la reclamación
administrativa correspondiente.

16. Indicó que, de acuerdo con lo afirmado por el demandante, el 25 de marzo de
2021 se radicó petición sobre la inclusión del 30 % de la prima especial de
servicios al correo dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, dirección
electrónica a la que la entidad le asignó el uso exclusivo de la recepción de
notificaciones judiciales, excluyendo los trámites administrativos, de
conformidad con las circulares emitidas por ese mismo organismo desde el
2012.

17. Que además, la demandada ha dispuesto una respuesta automática en donde
se informan los diferentes canales de atención con sus respectivos asuntos,
incluyendo como único correo válido para la recepción de las reclamaciones
administrativas el cldisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el cual no se ha
recibido reclamación alguna por parte del actor, por lo que se debe concluir que
no se configuró el silencio administrativo negativo y por ende, no existe el acto
ficto que se pretende enjuiciar.

18. De otro lado, afirma que existe una imposibilidad presupuestal, pues a la fecha
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recurso del
presupuesto para cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales, lo
que a su vez imposibilita el establecimiento de fórmulas conciliatorias por no
tener respaldo económico para ello.

19. Por último, reiteró las diferencias entre la caducidad y la prescripción, expuestas
por esta Corporación en sentencia del 9 de julio de 20156. Al respecto señaló
que, «[..] la prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual se adquieren o
se extinguen derechos, mientras que la caducidad se relaciona con la oportunidad de
acudir a la jurisdicción competente para instaurar la correspondiente acción legal,
según sea el caso».

20. Por todo lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5 Ver archivo digital denominado «39Recepcionrecur_Recurso202100894Mari(.pdf) NroActua 49» visible a
índice 00049 de SAMAI del Tribunal.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 27001-23-33-000-2013-00346-01 (0327-2014) CP: Sandra

Lisset Ibarra Vélez del 9 de julio de 2015.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)

21. El 22 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación y ni las partes ni el
agente del Ministerio Público se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

22. Deberá resolver la Subsección si en el presente caso operó la prescripción y si
la imposibilidad presupuestal que alega la entidad constituye un obstáculo para
el reconocimiento del derecho.

Resolución del caso concreto

23. Sea lo primero señalar, que en el recurso de apelación la entidad reitera los
argumentos expuestos en la contestación, al considerar que el demandante no
agotó la vía gubernativa, pues no presentó la correspondiente reclamación
administrativa. Al respecto, se advierte que los argumentos invocados fueron
objeto de estudio por medio de auto del 3 de mayo de 2024 proferido en primera
instancia, en el cual se declaró impróspera la excepción de inepta demanda7.
En ese contexto, se precisa que su planteamiento ya fue estudiado y resuelto
en el mencionado auto.

24. En este sentido, de encontrarse la parte demandada en desacuerdo con dicha
decisión, ha debido interponer los recursos de ley pertinentes para controvertir
lo señalado por el Tribunal. Sin embargo, dentro del expediente no se advierte
que la entidad manifestará su inconformidad al respecto, por lo que se
procederá con el análisis de los demás cargos.

De la prescripción

25. En lo que se refiere a la prescripción, se advierte que esta corporación ha
sostenido, de forma pacífica8, que el hecho constitutivo del derecho a la prima
especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero
de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En
consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 el interesado podía haber
interrumpido la prescripción trienal. Es decir, que no fue con la ejecutoria de la
sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la
prescripción, dada su naturaleza declarativa.

26. Así las cosas, tal como lo señaló el Tribunal, el demandante tiene derecho a

7 Ver en gestión de documentos en SAMAI del Tribunal, el archivo digital denominado
«030AUTOCORRETRAS_00020210089400AUTOAN.pdf».
8 Para el efecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del

6 de junio de 2023. Radicación: 25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales
Trujillo; Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón; Consejo de Estado, Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-
2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)

que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de
percibir, desde el 6 de agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, debido
a que en este caso no operó la prescripción. Lo anterior, si se tiene en cuenta
que la petición fue radicada ante la administración el 25 de marzo de 20219 y
que la fecha de vinculación del actor a la Rama Judicial data del 6 de agosto de
201810. Por lo tanto, se confirmará la sentencia en este sentido.

27. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración
fue definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014
y del 9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales
disposiciones reglamentarias, por lo que, resulta improcedente declarar la
excepción de inconstitucionalidad para inaplicar los decretos. En consecuencia,
la sala revocará el numeral primero de la decisión y, en su lugar, dispondrá
estarse a lo resuelto en la providencia del 9 de abril de 2024, en la que se
precisó que el referido emolumento constituye una adición al salario.

28. Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste a
la demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de
Derecho.

De la condena en costas en segunda instancia.

29. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

30. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público.
Esto creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

31. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación

9 Ver en gestión de documentos en SAMAI del Tribunal, el archivo digital denominado

«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAMARIOPOSS.PDF».
10
Ibidem.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00894-02 (6601-2024)

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

32. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: REVOCAR numeral primero de la sentencia del quince (15) de octubre de
dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal del Valle del Cauca, para en su
lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado
Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, radicado:
1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del quince (15) de octubre de
dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

Tercero: CONDENAR en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.