Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00914-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2021-00914-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00914-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00914-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandada: Blanca Aleyda Giraldo Soto
Tema: Sustitución pensional. Decreto 758 de 1990
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 28 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Resolución 6001 del 22 de abril de 2005 por medio de la cual el Instituto de
Seguros Sociales3 reconoció una pensión por vejez a favor de Luis Aureliano Erazo
Patiño en cuantía de 589.046, efectiva a partir del 1° de febrero de 2005.
1.2. Resolución SUB132785 del 2 de junio de 2021, mediante la cual el subdirector
de determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones
1 En lo que sigue Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
3 En lo que sigue ISS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
sustituyó a favor de Blanca Aleyda Giraldo Soto la pensión por vejez causada por
Luis Aureliano Erazo Patiño, a partir del 1° de febrero de 2021.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reintegro de todas las sumas de dinero pagadas «por concepto de
mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de
vejez y sustitución de la misma, desde su ingreso en nómina hasta que se decrete la nulidad
de las resoluciones No. 6001 del 22 de abril de 2005 y la Resolución SUB 132758 del 02
de junio de 2021» [sic]; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas, de conformidad con lo previsto por el artículo 187 del CPACA; y iii) la
condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. Luis Aurelio Erazo Patiño nació el 15 de julio de 1942 y falleció el 27 de enero
de 2021.
3.2. Por medio de la Resolución 6001 del 22 de abril de 2005, según lo previsto por
el Decreto 758 de 1990, el ISS le reconoció una pensión por vejez, efectiva a partir
del 1° de febrero de 2005. Dicha prestación se liquidó «acreditando un total de 1.001
semanas cotizadas, aplicando una tasa de remplazo del 75%» [sic].
3.3. En la Resolución SUB16291 del 19 de enero de 2018, Colpensiones le solicitó
el consentimiento para revocar el acto de reconocimiento pensional porque
«revisada la historia laboral, el asegurado no cuenta con las 500 semanas en los 20 años
anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad […] así como tampoco cuenta con 1000
semanas cotizadas acreditando solo 992 semanas de cotización» [sic].
3.4. Con ocasión del fallecimiento de Luis Aurelio Erazo Patiño, a través de la
Resolución SUB132785 del 2 de junio de 2021, Colpensiones reconoció a favor de
Blanca Aleyda Giraldo Soto la sustitución de la pensión, a partir del 1° de febrero de
2021.
3.5. Colpensiones realizó un análisis del reconocimiento pensional en cual evidenció
que «el causante no cuenta con las 500 semanas en los 20 años anteriores a la fecha de
cumplimiento de la edad, es decir desde el día 15 de julio de 1982 al 15 de julio de 2002
lapso en el cual tan solo acredita 152,29 semanas de cotización, así como tampoco cuenta
con 1000 semanas cotizadas acreditando solo 997 semanas de cotización» [sic].
3.6. Mediante Auto APSUB1620 del 15 de junio de 2021, Colpensiones le solicitó a
Blanca Aleyda Giraldo Soto el consentimiento para autorizar la revocatoria de los
4 Para mayor comprensión se realizará una descripción fáctica acorde con el material probatorio
allegado al plenario.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
actos de reconocimiento y sustitución pensional.
3.7. Comoquiera que, vencido el termino previsto por la ley, la beneficiaria de la
sustitución pensional no allegó la autorización para revocar, el subdirector de
determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones con la
Resolución SUB167382 del 21 de julio de 2021 remitió el asunto a la Gerencia de
Defensa Judicial, Dirección de Procesos Judiciales para iniciar las acciones
judiciales.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 48 Constitución Política; y 12 del Decreto
758 de 1990.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que el reconocimiento pensional del
causante no cumplió con los requisitos previstos por la ley, toda vez que no contaba
con 500 semanas «en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad», además,
tampoco alcanzó las 1000 semanas de cotización previstas por el artículo 12
Decreto 758 de 1990 «y luego de realizar el estudio del reconocimiento conforme a la Ley
797 del 2003, se evidencia que tampoco cumple con los requisitos de esta norma, en ese
sentido tampoco era posible la sustitución pensional a favor de la demandada»5 [sic].
1.2. Contestación de la demanda
6. Blanca Aleyda Giraldo Soto se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
las razones que se expresan a continuación6:
6.1. El causante de la pensión de vejez acreditó los requisitos previstos por la ley
para beneficiarse de la prestación; no obstante, «el único obstáculo que expone
Colpensiones para revocar el reconocimiento, liquidación y pago de la sustitución pensional
ha sido la falta de nueve (9) semanas según la historia laboral o cuatro (4) semanas según
acto administrativo revocando prestación económica» [sic], situación que correspondió
al resultado del «no cobro de periodos en deuda presunta del empleador» [sic], obligación
que únicamente recae en la administradora.
6.2. Resulta inadmisible que la administradora de pensiones se escude en un
«desorden de sus archivos» para disminuir las semanas de cotización «escudándose
en la deuda o no pago por parte del empleador» [sic].
5 Samai Tribunal, índice 3; 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01CC_6090547_LUIS_HE(.PDF) NroActua 3;
folios del 1 al 11.
6 Ibidem, índice 14; 15_CONTESTACIONDEDEMANDA_REC0914_MERGED(.pdf) NroActua 14;
folios 2 al 19.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
6.3. Según lo previsto por la jurisprudencia7 la mora en el pago de aportes no es
razón para que los fondos de pensiones nieguen el derecho al reconocimiento
pensional.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 28 de junio
de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un
recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo
siguiente8:
7.1. Luis Aurelio Erazo Patiño era beneficiario del régimen de transición previsto por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a su entrada en vigor contaba
con más de 40 años de edad.
7.2. No obstante, si bien existe contradicción entre la historia de ingresos de
liquidación y el resumen de semanas cotizadas por distintos empleadores, lo cierto
es que en «el documento con el que la entidad reconoció la prestación certificó 1001
semanas de cotización […] documento que fue aportado en la etapa procesal pertinente,
sin que la demandante haya cuestionado su contenido, por ende, la resolución que
reconoció la pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990 aún se presume legal,
consecuencialmente, el reconocimiento de la pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993
igualmente conserva su presunción» [sic].
1.4. El recurso de apelación
8. Colpensiones interpuso recurso de apelación con base en las siguientes
consideraciones9:
8.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con violación de las
normas en que debían fundarse, porque el causante de la prestación no «cuenta con
las 500 semanas en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad, es decir
desde el día 15 de julio de 1982 al 15 de julio de 2002, lapso en el cual tan solo acredita
152,29 semanas de cotización, así como tampoco cuenta con 100 semanas cotizadas
acreditando solo 997 semanas de cotización» [sic]; de tal manera que, la demandada
tampoco podía beneficiarse de la sustitución de una prestación reconocida sin
fundamento legal.
8.2. El reconocimiento de la prestación sin el cumplimiento de los requisitos previsto
7 Corte Constitucional, sentencia de tutela del 4 de marzo de 2018, expediente T-236 de 2008; y
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de julio de 2008, expediente
34270.
8 Samai del tribunal, índice 28; 26Sentencia_20210091400COLPENSIO(.pdf) NroActua 28.
9 Samai del tribunal, índice 34; 31_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 34.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
por la ley genera un detrimento patrimonial del erario.
8.3. Procede la devolución de sumas percibidas sin fundamento legal, esto es desde
el momento en que se incluyó al causante en la nómina de pensionados.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El Ministerio Público no presentó concepto.
II. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación10, los
problemas jurídicos consisten en determinar: ¿si se debe declarar la nulidad de las
resoluciones por medio de las cuales se reconoció una pensión vejez a favor de
Luis Aureliano Erazo Patiño y con ocasión de su fallecimiento, se sustituyó a favor
de Blanca Aleyda Giraldo Soto, porque la prestación se otorgó sin el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la ley? y en caso afirmativo ¿si hay lugar a ordenar la
devolución de las sumas percibidas sin que contara con el tiempo requerido para
ello?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990
12. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 1977 11,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte
y asignaciones familiares.
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
11 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
13. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
[creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un organismo del gobierno que
tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen de
dichos seguros] la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud».
14. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del 1
de febrero de 199012 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social obligatorio
i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o extranjeros que
prestaran sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de
aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales
y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con
las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas
totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores independientes; b) los
sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y, c) los
servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros sectores de
población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen de los seguros
sociales obligatorios.
15. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder a
la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
16. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia13 consideraba que no era posible sumar
los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía que esos
tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la posibilidad de
12 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte»
13 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los artículos 13, literal
f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de prima media con
prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones, de manera que
no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de cada una de
ellas14.
17. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló15:
«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden
consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y
los tiempos laborados a entidades públicas» [Se resalta].
18. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a los
afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector público y
privado. Esto dijo16:
«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se
invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más
beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de
vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
14 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
16 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso
a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados
concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las
cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos
de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de
1993 y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales,
cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las
pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado.
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990
en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Sic] [Se resalta].
19. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201417. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a caja o fondo alguno de previsión social, con las aportadas al ISS; y
ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión
para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva
al ISS.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
20. Al
respecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicio prestado en entidades públicas con el cotizado en el
ISS:
«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:
7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios
exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las
semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese
Instituto”;
(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de
1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y
las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”18.
En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente19:
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
18 Sentencia T-201 de 2012.
19 Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.
Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».
21. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte
y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:
«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el
régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación
en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la
segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los
artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución20.
Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
20 Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En
el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se
consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como
fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las
personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr.
Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a
empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez». [se resalta].
22. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en las
que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:
«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para
acceder a la pensión de vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional». [Se resalta].
23. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
providencias del 7 de noviembre de 201921 y del 23 de abril de 202022 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones efectuadas
en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
24. Sin embargo, no puede pasarse por alto que, en todos los asuntos analizados
por la Corte en la referida sentencia de unificación, se abordó la problemática
generada por la imposibilidad de acceder al beneficio pensional, para trabajadores
que no completaban los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988, ni en la Ley
797 de 2003. Por ejemplo, en la sentencia T-090 de 2009, conoció de un caso en el
que el ISS le negó la pensión de vejez a una persona que, sumado el tiempo
laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, acreditaba un total de 1007
semanas, las cuales no eran suficientes para acceder a la prestación en virtud de lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que, para ese momento, exigía un
total de 1075 semanas. En aquella oportunidad, esa corporación consideró que la
negativa a la prestación reclamada en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de
1990 «perjudicaba al peticionario porque implicaba la pérdida de los beneficios del régimen
de transición, ya que debía regirse de forma integral por la Ley 100 de 1993».
25. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las disposiciones
que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía que aquellas
personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto
de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir que solo
quienes se encuentren en la situación de los demandantes que dieron lugar a esa
interpretación, pueden acceder a la pensión prevista en el Acuerdo 049 de 1990,
esto es, aquellos que no completaron los requisitos para pensionarse con las leyes
71 de 1988 o 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003).
2.2.2. Pensión de sobrevivientes y la sustitución de la prestación
26. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
27. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación.
28. Para la Sala no cabe duda de que, en los asuntos relativos al derecho a una
pensión de sobrevivientes, la prestación se genera a partir de la muerte del causante
y, por lo tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente al momento de la
ocurrencia del deceso.
29. Respecto de la pensión de sobrevivientes el artículo 25 del Decreto 758 de 1990
dispuso lo siguiente:
«Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la
muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad
de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por
riesgo común y,
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la
pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.
Artículo 26. Causación y percepción de la pensión de sobrevivientes. El derecho a
la pensión de sobrevivientes se causa cuando se reúnen los requisitos establecidos en
el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir de la fecha del fallecimiento del
asegurado o del pensionado.
Artículo 27. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo
común. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los
siguientes derechos habientes:
1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la
compañera permanente del asegurado […]» [Se resalta].
30. De acuerdo con las normas antes transcritas tienen derecho a la pensión de
sobrevivientes los beneficiarios del asegurado que cumpla con los requisitos para
la pensión de invalidez, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 6 del
mencionado decreto, así:
«Artículo 6° Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez.»
31. Por lo anterior, se concluye que la pensión de sobrevivientes contenida en el
Decreto 758 de 1990 se causa para los beneficiarios que dependen
económicamente del trabajador, siempre que se pruebe que cotizó 150 semanas
dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 semanas en cualquier época.
32. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del
beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo23. Si no existe convivencia
23 Aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
33. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente24, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho;
y iii) hermanos con derecho.
34. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos25:
Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Cónyuge o Compañero Afiliado o Edad cumplida al momento del
Vitalicia
permanente mayor de pensionado fallecimiento y demuestre vida marital y
de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa
o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido» [se resalta]
24 Valga precisar que en la sentencia C-1035 de 2008, la Corte Constitucional precisó que, además
del cónyuge, serán también beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, la compañera o compañero permanente.
25 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-
000-2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
30 años de edad. convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero
Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor de
pensionado años- causante.
30 años de edad.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia y demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente26 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de
Afiliado o
con separación de Cuota parte la separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante
permanente los 5 años anteriores a la muerte
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36. Luis Aurelio Erazo Patiño nació el 15 de julio de 1942 27 y falleció el 27 de enero
de 202128.
37. Mediante la Resolución 6001 del 22 de abril de 2005, según lo previsto por el
Decreto 758 de 1990, el ISS le reconoció una pensión por vejez, efectiva a partir del
1° de febrero de 2005. Dicha prestación se liquidó «acreditando un total de 1.001
26 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
27 Samai del tribunal, índice 14; 15_CONTESTACIONDEDEMANDA_REC0914_MERGED(.pdf)
NroActua 14; folio 24.
28 Según las resoluciones i) SUB38943 del 16 de febrero de 2021, por medio del cual Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de un auxilio funerario con ocasión del fallecimiento de Luis Aurelio Erazo
Patiño; y ii) SUB13278 del 2 de junio de 2021, Colpensiones reconoció a favor de Blanca Aleyda
Giraldo Soto la sustitución de la pensión, a partir del 1° de febrero de 2021.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
semanas cotizadas, aplicando una tasa de remplazo del 75%» [sic], así29:
38. El 7 de julio de 2017, solicitó a la entidad que realizará un nuevo estudio «para
hallar, posiblemente el calculo del ingreso base de liquidación y del monto de liquidación o
tasa de remplazo correctos, para el reconocimiento liquidación y pago de la reliquidación
de la mesada pensional más elevada que la que recibe hasta la fecha y la misma sea
ajustándola desde la fecha de causación de la misma»30 [sic].
39. Con las resoluciones APSUB4348 del 23 de octubre31, APSUB5392 del 20 de
29 Samai del tribunal, índice 14; 15_CONTESTACIONDEDEMANDA_REC0914_MERGED(.pdf)
NroActua 14; folio 26 y 27.
30 Samai Tribunal, índice 3; 3_EXPEDIENTEDIGITAL_03CC6090547(.ZIP) NroActua 3; 02CC-
6090547; GEN-ANX-CI-2017_6989784-20170707094226.pdf.
31 Ibidem, 2_EXPEDIENTEDIGITAL_026090547(.ZIP) NroActua 3; 01 6090547; ADM6090547.1.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
diciembre de 201732 y SUB16291 del 19 de enero de 201833 el subdirector de
determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones le
solicitó el consentimiento para la revocatoria de la Resolución 6001 del 22 de abril
de 2005. Lo anterior, porque revisada la historia laboral «el asegurado no cuenta con
las 500 semanas en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad, es decir
desde el día 15 de julio de 1982 al 15 de julio de 2002, lapso en el cual tan solo acredita
152,29 de cotización, así como tampoco cuenta con 1000 semanas cotizadas acreditando
solo 997 semanas» [sic].
40. Con ocasión del fallecimiento de Luis Aurelio Erazo Patiño, a través de la
Resolución SUB132785 del 2 de junio de 2021, Colpensiones reconoció a favor de
Blanca Aleyda Giraldo Soto la sustitución de la pensión, a partir del 1° de febrero de
202134.
41. Por medio del Auto APSUB1620 del 15 de junio de 2021, Colpensiones le solicitó
a Blanca Aleyda Giraldo Soto el consentimiento para autorizar la revocatoria de los
actos de reconocimiento y sustitución pensional35.
42. Comoquiera que, vencido el termino previsto por la ley, la beneficiaria de la
sustitución pensional no allegó la autorización para revocar, el subdirector de
determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones con la
Resolución SUB167382 del 21 de julio de 2021 remitió el asunto a la Gerencia de
Defensa Judicial, Dirección de Procesos Judiciales para iniciar las acciones
judiciales36.
43. Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido el 19 de agosto
de 2021 [periodo de informe: enero 1967-agosto 2021], el causante de la prestación
realizó las siguientes cotizaciones:
32 Ibidem, ADM6090547.2.pdf.
33 Ibidem, ADM6090547.3.pdf.
34 Ibidem, ADM6090547.5.pdf.
35 Ibidem, ADM6090547.6.pdf.
36 Ibidem, ADM6090547.7.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
2.3.2. Análisis sustancial
44. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda porque, si bien existe contradicción entre «la historia de ingresos de
liquidación y del resumen de semanas cotizadas por los distintos empleadores», lo cierto
es que en «la hoja de prueba de liquidación pensión IVM por Vejez» que sirvió de
fundamento para el reconocimiento pensional, se estableció que para la pensión de
vejez Luis Aurelio Erazo Patiño «certificó 1001 semanas de cotización en cualquier
tiempo», documento «aportado en la etapa procesal pertinente, sin que la demandante
haya cuestionado su contenido, por ende, la resolución que reconoció la pensión con
fundamento en el Decreto 758 de 1990 aún se presume legal, consecuencialmente, el
reconocimiento de la pensión en vigencia de la ley 100 de 1993 igualmente conserva tal
presunción» [sic].
45. Colpensiones apeló la decisión al considerar que los actos demandados fueron
expedidos con violación de las normas en que debían fundarse porque con ocasión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
de la investigación adelantada se verificó que el causante de la prestación no
«c[ontaba] con las 500 semanas en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la
edad, es decir desde el día 15 de julio de 1982 al 15 de julio de 2002, lapso en el cual tan
solo acredit[ó] 152,29 semanas de cotización, así como tampoco c[ontaba] con 1000
semanas cotizadas acreditando solo 997 semanas de cotización» [sic]; razón por la cual,
Blanca Aleyda Giraldo Soto tampoco podía beneficiarse de la sustitución de una
prestación reconocida sin fundamento legal.
46. Al respecto, el material probatorio allegado al expediente da cuenta de que para
el reconocimiento pensional el ISS tuvo en cuenta que el causante cotizó 1001
semanas; no obstante, en el resumen de semanas cotizadas por el empleador
expedido el 19 de agosto de 2021 por Colpensiones, se indicó que Luis Aurelio
Erazo Patiño solo acreditó 992,14.
47. En relación con las semanas en discusión en los actos por medio de los cuales
se les solicitó la revocatoria del acto de reconocimiento pensional, la entidad
demandante indicó lo siguiente:
«[E]l interesado acredita un total de 6985 días laborados correspondientes a 997
semanas.
[…]
Que revisada la historia laboral, el causante NO cuenta con las 500 semanas en los 20
años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad, es decir desde el día 15 de julio
de 1982 al 15 de julio de 2002 lapso en el cual tan solo acredita 152,29 semanas de
cotización, así COMO TAMPOCO cuenta con 1000 semanas cotizadas acreditando solo
997 semanas de cotización.
Frente a dicha situación se procedió a requerir mediante radicado 2017_9378227 a la
Dirección de Historia Laboral, a fin se obtener información sobre el estado real de las
cotizaciones efectuadas por el peticionario respondiendo lo siguiente:
Una vez revisadas tanto las bases de datos de Colpensiones como la historia laboral del
Afiliado y la resolución de pensión número 6001 de 2005 se evidencia la diferencia de 3
semanas menos que acredita la historia laboral con respecto a lo pronunciado por la
resolución (1001 semanas), dado que para los ciclos de cotización 200411 y 200412 el
Afiliado cotizó simultáneamente como beneficiario del régimen subsidiado y régimen
contributivo con el empleador DISCON LTDA, quien realizó cotizaciones a nombre del
mismo por periodos por debajo de los 30 días, 23 y 17 días para cada ciclo
respectivamente, y es así como lo reportado como régimen subsidiado no se contabiliza
en el total de semanas de la liquidación de historia laboral.
Así mismo se explica que cuando un afiliado cotiza tiempos simultáneos, estos NO
suman como periodos adicionales al total de semanas cotizadas, se toman como una
unidad de tiempo, de conformidad con lo señalado por el artículo 81 del Decreto 3063
de 1989, aplicable por reenvío del artículo 31 de la Ley 100 de 1993;“(…) En los casos
en que un trabajador hubiere prestado servicios en forma simultánea con varios
patronos, los diferentes aportes serán tenidos en cuenta para establecer el promedio del
salario de base correspondiente, para efectos del pago de las prestaciones económicas,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
sin que sobrepase el salario base máximo asegurable al momento de causarse el
derecho ” […]
Por tanto y en ese orden de ideas cuando se prestan servicios simultáneos a varios
empleadores, los aportes destinados a adquirir el derecho a pensión solo se tienen
cuenta para fijar el promedio del salario base y el pago de las prestaciones económicas,
sin que esa circunstancia signifique un aumento en el tiempo de cotización
Respecto a las cotizaciones para pensión las semanas siempre se cuentan por días
calendario, razón por la cual no es posible hacer más de una cotización para conseguir
un doble de semanas en un periodo que cronológicamente no puede tener más semanas
de lo matemáticamente posible. Finalmente se resalta que esta situación ya fue dirimida
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 42299 del 5 de junio
de 2012, con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, quien determinó
que las cotizaciones simultaneas no se pueden sumar como tiempo doble» [sic].
48. Ahora, en el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido el 19 de
agosto de 2021 [periodo de informe: enero 1967-agosto 2021], se acreditaron los
siguientes pagos:
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995
Días reportados por el
Nombre o
Desde Hasta Asignación aportante en el periodo Observación
razón social
registrado
Dist Arco de Pago aplicado al
24/07/1967 31/10/1967 $660 100
Cali LTDA periodo declarado
FCA Pago aplicado al
retenedores 15/11/1967 31/07/1969 $660 625 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/08/1969 30/06/1971 $930 699 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/07/1971 31/08/1971 $1.290 62 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/09/1971 29/02/1972 $1.770 182 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/03/1972 31/07/1973 $2.430 518 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/08/1973 31/01/1975 $3.300 549 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/02/1975 30/04/1977 $4.410 820 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/05/1977 28/02/1979 $9.480 669 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/03/1979 31/01/1980 $11.850 337 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
retenedores 01/02/1980 31/03/1981 $9.480 425 periodo declarado
ARCO LTDA
FCA Pago aplicado al
01/04/1981 23/06/1982 $14.610 449
retenedores periodo declarado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
ARCO LTDA
Manuf Caucho Pago aplicado al
23/02/1985 31/01/1986 $21.420 340
Armavel LTDA periodo declarado
Manuf Caucho Pago aplicado al
01/02/1986 31/01/1987 $25.530 365
Armavel LTDA periodo declarado
Manuf Caucho Pago aplicado al
01/02/1987 27/01/1988 $30.150 361
Armavel LTDA periodo declarado
Total días
6501
cotizados
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995
Días
Nombre o Fecha de Referencia de IBC reportados
Periodo Observación
razón social pago pago reportado / días
cotizados
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2003/07 16/07/2003 54807225017656 $332.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2003/08 21/08/2003 54807225017871 $332.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2003/09 29/09/2003 23001001170787 $332.000 30/30 régimen
subsidiado
Valor del
subsidio
Consorcio
2003/10 01/10/2003 940310M0000014 $332.000 0/0 devuelto al
prosperar Hoy
Estado por
Decreto 3771
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2003/11 28/11/2003 23023501058526 $332.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2003/12 28/11/2003 23023501058528 $332.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2004/02 04/02/2004 23001001183636 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2004/03 04/02/2004 23001001183637 $358.000 30/24 régimen
subsidiado
Erazo P Luis Pagó como
Aurelio 2004/04 07/04/2004 23001001190233 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Erazo P Luis Pagó como
Aurelio 2004/05 07/04/2004 23001001190234 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2004/06 07/04/2004 230010S0022483 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2004/07 07/05/2004 19016302012880 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2004/08 23/07/2004 23001001198112 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2004/09 23/07/2004 23001001198113 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Luis Aurelio 2004/10 18/08/2004 23001001200185 $358.000 30/30 Pagó como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
Erazo Patiño régimen
subsidiado
Luis Aurelio Saldo a favor del
2004/11 09/09/2004 19016303014132 $358.000 30/0
Erazo Patiño Afiliado
No vinculado
Discon LTDA 2004/11 09/12/2004 40792001009043 $274.459 23/0
está pensionado
Consorcio Valor del
prosperar Hoy subsidio
2004/11 01/11/2004 940411M0000137 $358.000 0/0 devuelto al
Estado por
Decreto 3771
Luis Aurelio Saldo a favor del
2004/12 30/1/2004 190163S00002363 $358.000 30/0
Erazo Patiño Afiliado
No vinculado
Discon LTDA 2004/12 29/12/2004 40792001009224 $202.867 17/0
está pensionado
Valor del
subsidio
Consorcio
2004/12 01/12/2004 940412M0000138 $358.000 0/0 devuelto al
prosperar Hoy
Estado por
Decreto 3771
Luis Aurelio Pagó como
Erazo Patiño 2005/01 20/12/2004 190163S0002364 $358.000 30/30 régimen
subsidiado
Total días
444
cotizados
49. De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que entre el 24 de julio de 1967 y
el 31 de enero de 2005, Luis Aurelio Erazo Patiño acreditó un total de 6945 días
cotizados, los cuales al ser divididos entre 7, equivalen a un total de 992,14
semanas.
50. Ahora bien, en la contestación de la demanda Blanca Aleyda Giraldo Soto
manifestó que el causante de la prestación acreditó los requisitos previstos por la
ley para beneficiarse del régimen del Decreto 758 de 1990, pero el único obstáculo
expuesto por la entidad demandante para revocar el reconocimiento es «la falta de
nueve (9) semanas según la historia laboral o cuatro (4) semanas según acto administrativo
revocando prestación económica» [sic], situación que correspondió al resultado del «no
cobro de periodos en deuda presunta del empleador» [sic], obligación que únicamente
recae en la administradora.
51. Así las cosas, comparada «la historia de los ingresos base de liquidación»37 con el
reporte de semanas cotizadas en pensiones y detalle de pagos, expedido el 19 de
agosto de 2021, la Sala encuentra que contrario a lo expuesto por Colpensiones, la
diferencia de las «3 semanas que acredita la historia laboral con respecto a lo pronunciado
por la resolución (1001 semanas)» [sic] no tuvo origen en el hecho de que «para los
ciclos de cotización 200411 y 200412 el Afiliado cotizó simultáneamente como beneficiario
del régimen subsidiado y régimen contributivo con el empleador DISCON LTDA» [sic], sino
a que, si bien los ciclos de noviembre y diciembre de 2004 aparecen reportados en
el resumen de semanas cotizadas, lo cierto que estos no se encuentran registrados
37 Que sirvió de fundamentó para la expedición de la Resolución 6001 del 22 de abril de 2005.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
en el detalle de pagos efectuados y por tanto, fueron restados del total de los días
cotizados.
52. De ahí que, sumados los 6945 días cotizados con los 60 correspondientes a los
ciclos 11 y 12 de 200438, completó un total de 7005 días, los cuales al ser divididos
entre 7, equivalen a un total de 1000,714 semanas, número que, en efecto, coincide
con el que, en su momento, tuvo en cuenta el ISS para el acto de reconocimiento
pensional.
53. Precisamente, al acreditar el cumplimiento de los requisitos del Decreto 758 de
1990, justificó que el ISS a través de la Resolución 6001 del 22 de abril de 2005
reconociera a Luis Aurelio Erazo Patiño la pensión por vejez en consideración a ser
beneficiario del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, prestación que con su deceso se
sustituyó a favor de Blanca Aleyda Giraldo Soto, toda vez que generó en ella la
garantía de confianza legítima.
54. En consecuencia, lo expuesto por Colpensiones no era suficiente para concluir
que Luis Aurelio Erazo Patiño no tenía el derecho al reconocimiento pensional, en
tanto que solo se cuestionaron 8,58 de las 1001 semanas que fueron tenidas para
el reconocimiento de la prestación, las cuales como aquí quedó expuesto, no fueron
reportadas en el certificado de detalle de pagos efectuados, pero sí en el resumen
de semanas cotizadas, inconsistencia que no puede ser atribuible a la parte
demandada.
55. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en
las providencias del 12 de septiembre de 202439 y del 5 de diciembre de 202440 en
las que se consideró que si el acto censurado surgió de una decisión propia de la
administración, y que además se expidió en vigencia de un criterio normativo y
jurisprudencial vigente, que generó en el ciudadano la confianza legítima de que su
derecho pensional se reconoció y liquidó conforme a derecho, lo que impedía
desconocer el derecho que en virtud de ello adquirió.
56. En consecuencia, esta Sala concluye que los actos demandados no están
viciados de nulidad pues la prestación se otorgó en consideración al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual se confirmará la sentencia
apelada que negó las pretensiones de la demanda.
38 Los cuales se tuvieron en cuenta para el reconocimiento pensional y aparecen reportados en el
resumen de semanas cotizadas, pero omitidos en el detalle de pagos efectuados.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024,
radicado 17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024,
radicado 76001-23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
2.4. Costas
57. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
58. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
59. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.
60. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
61. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara con
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en ambas
instancias.
2.5. Conclusión
62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no es procedente la
nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se reconoció una pensión vejez
a favor de Luis Aureliano Erazo Patiño y con ocasión de su fallecimiento, se
sustituyó a favor de Blanca Aleyda Giraldo Soto, por cuanto dicho beneficio fue
otorgado por cumplir con los requisitos exigidos por la ley para tal fin.
41En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00914-01 (6627-2024)
Demandante: Colpensiones
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Colpensiones contra Blanca Aleyda Giraldo Soto, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.