Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00962-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00962-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00962-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de septiembre de 2025
1
Numero interno: 2045-2025.
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP.
Demandado: Jorge Díaz Peña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).
Radicado : 76-001-23-33-000-2021-009-62-01 (2045-2025)1.
Demandante : Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Parafiscales-UGPP.
Demandado : Jorge Díaz Peña.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad.
Tema : Caducidad-aplicación del artículo 86 de Ley 2381 de
2024.
Decisión : Apelación de sentencia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del Cuatro (4) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad, conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024.
I. ANTECEDENTES.
1.1 La demanda3.
1.1.1. Pretensiones.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, con el fin de solicitar:
• La nulidad de las Resoluciones Nos. 37448 del 4 de octubre de 1993 y 44168
del 19 de diciembre de 2005, expedidas por la extinta CAJANAL, mediante las
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Expediente digital.
2
Sala conformada por: Eduardo Antonio Lubo Barros, Juan Pablo Dossman Cortez y Omar Edgar Borja Soto (este último con
salvamento de voto).
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Expediente digital, Samai, gestión de otros despachos, Índice 00003. Archivo de nombre
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOSP.
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Numero interno: 2045-2025.
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP.
Demandado: Jorge Díaz Peña
cuales se reconoció indebidamente al señor Jorge Díaz Peña una pensión gracia
con inclusión de tiempos nacionales.
A título de restablecimiento del derecho, se solicitó:
• Declarar que el señor Jorge Díaz Peña, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.928.199, no tiene derecho al reconocimiento ni pago de la pensión gracia.
• Ordenar la devolución de las sumas pagadas sin justa causa, debidamente
actualizadas conforme al artículo 187 del CPACA, con intereses moratorios
según el artículo 192 ibidem.
• Condenar en costas a la parte demandada, conforme al artículo 188 del mismo
estatuto.
1.2 Hechos.
Señaló el apoderado que, el señor Jorge Díaz Peña nació el 19 de febrero de 1943.
Indicó que, de acuerdo con los certificados de información laboral, el demandante
prestó sus servicios en diferentes entidades, así:
Entidad Inicio Fin Soporte
Departamento del Huila (1er período) 22/09/1962 30/12/1962 Decreto No. 580 de 1962
Departamento del Huila (2do período) 01/02/1963 30/01/1966 Decreto No. 055 de 1963
Colegio Nacional San Sebastián - La
01/03/1972 31/12/1973 Resolución No. 2722 de 1972
Plata (Huila)
Instituto Nacional Mixto de Piendamó 01/01/1974 30/08/1974 Certificado laboral 1993
Colegio Nacional de Bachillerato - Resolución Ministerial No.
01/09/1974 31/10/1976
Quilichao (Cauca) 7720 de 1974
Municipio de Cali 01/11/1976 31/08/2003 Resolución No. 486 de 1974
Relató que, al cumplir el requisito de edad, adquirió la condición de pensionado el
19 de febrero de 1993, y por Resolución No. 037448 del 4 de octubre de 1993, la
extinta Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia, liquidada en un
75% de lo devengado en el año anterior, en cuantía de $262.950,97, efectiva a partir
del 19 de febrero de 1993, incluyendo la asignación básica.
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Numero interno: 2045-2025.
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Demandado: Jorge Díaz Peña
Señaló que, posteriormente, la Secretaría de Educación de Cali, mediante
Resolución No. 1819 del 30 de julio de 2003, aceptó la renuncia presentada por el
señor Díaz Peña, con efectos a partir del 1° de septiembre de 2003.
Adujo que, mediante sentencia del 16 de julio de 2004, el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Bogotá D.C., dentro de la acción de tutela No. 00015-2004, ordenó
a Cajanal iniciar el proceso de liquidación de la pensión del señor Díaz Peña con la
aplicación íntegra del Decreto 547 de 1975, incluyendo todos los factores salariales
que integraban su salario, debidamente indexados.
Precisó que, en cumplimiento de la orden judicial, la entidad expidió la Resolución
No. 044168 del 19 de diciembre de 2005, reliquidando la pensión gracia en cuantía
de $284.415,32, efectiva a partir del 19 de febrero de 1993, y que mediante
Resolución No. 044169 de la misma fecha, negó la reliquidación por retiro definitivo
del servicio.
Agregó que posteriormente, la UGPP, mediante Auto No. ADP 006434 del 2 de
octubre de 2019, solicitó el consentimiento expreso del señor Díaz Peña para
revocar las Resoluciones Nos. 037448 de 1993 y 044168 de 2005, al no proceder
el reconocimiento de la pensión gracia con tiempos nacionales; lo cual no fue
otorgado por el titular, según se aclaró en el Auto No. ADP 007185 del 13 de
noviembre de 2019.
1.1.4 Normas violadas y concepto de violación.
El apoderado de la parte actora fundamentó su demanda en la vulneración de los
artículos 48 y 128 de la Constitución Política, así como en las disposiciones
previstas en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de
1989, como normas superiores y legales transgredidas. Sostuvo que el acto
administrativo acusado adolece de falsa motivación y presenta infracción de las
disposiciones que debieron servirle de fundamento jurídico.
Explicó que el señor Díaz Peña prestó sus servicios como docente en la Secretaría
de Educación del Departamento del Huila, la Secretaría de Educación de Cali y el
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Demandado: Jorge Díaz Peña
Ministerio de Educación Nacional, acreditando veinte (20) años de servicio docente
y cincuenta (50) años de edad.
Indicó que la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL–, mediante Resolución
No. 037448 del 4 de octubre de 1993, reconoció una pensión gracia al causante,
considerando que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 1° y 4° de
la Ley 114 de 1913, el artículo 6° de la Ley 116 de 1928 y el artículo 15, numeral 2,
literal a), de la Ley 91 de 1989, toda vez que había alcanzado los 50 años de edad
el 19 de febrero de 1993, su vinculación a la docencia fue anterior al 31 de diciembre
de 1980 y acreditó veinte (20) años de servicio.
Sostuvo, sin embargo, que conforme a lo previsto en la Ley 114 de 1913, la pensión
gracia no admite completar ni computar tiempos de servicio prestados a la Nación
bajo nombramiento expedido por el Ministerio de Educación Nacional, por resultar
estos incompatibles con los tiempos laborados en un Departamento, Municipio o
Distrito. En consecuencia, afirmó que los periodos de orden nacional deben ser
desestimados para efectos del reconocimiento del beneficio.
1.2 Contestación de la demanda4.
La entidad demandada, a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones formuladas en la demanda. Indicó que la pensión reconocida al
demandado fue otorgada en estricta observancia de los preceptos legales y
jurisprudenciales vigentes para la época de su concesión, motivo por el cual carece
de sustento la solicitud de nulidad planteada en su contra.
Precisó que la actividad laboral desempeñada por el docente no tuvo el carácter de
nacional, circunstancia que, a su juicio, determina la improcedencia de las
pretensiones de la parte actora. Añadió que, de conformidad con la normativa y la
jurisprudencia aplicable, los dineros recibidos de buena fe por el pensionado no son
susceptibles de reintegro, pues se encuentran amparados por el principio de
confianza legítima y la protección al mínimo vital.
4
Expediente digital, Samai, gestión de otros despachos, Índice 00003. Archivo de nombre
19_CONTESTACIONDEDEMANDA_GETFILEATTACHMENTPD.
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Demandado: Jorge Díaz Peña
En sustento de sus afirmaciones, efectuó la transcripción de diversos artículos de la
Constitución Política y de las leyes que regulan la materia pensional, resaltando su
pertinencia para la resolución del caso.
Propuso, como excepciones de mérito, las que denominó: caducidad, inexistencia
de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, compensación, no pago de
diferencias retroactivas y prescripción, solicitando en consecuencia que se declare
probada alguna de ellas y se niegue en su totalidad la prosperidad de las
pretensiones.
1.3 La sentencia de primera instancia5.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del Cuatro (4) de
Abril de Dos Mil Veinticinco (2025), declaró de oficio la configuración de la excepción
de caducidad del medio de control.
Como fundamento de su decisión, sostuvo que a Jorge Díaz Peña (demandado en
este asunto) le fue reconocida una pensión de vejez por la entonces Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL, mediante la Resolución No. 37448 del 4 de octubre
de 1993, y posteriormente, a través de la Resolución No. 44168 del 19 de diciembre
de 2005, dicha entidad procedió a reliquidar la pensión gracia, incorporando nuevos
factores salariales.
En ese sentido, consideró que, al haberse reconocido la pensión de vejez desde el
4 de octubre de 1993, al presente asunto le resulta aplicable la figura de la
caducidad, conforme lo prevé la normatividad vigente, toda vez que, la entidad
demandada promovió la acción contenciosa administrativa el 30 de septiembre de
2021, es decir, más de cinco (5) años después del acto de reconocimiento.
En consecuencia, declaró de oficio, la excepción de caducidad de la acción.
5
Expediente digital, Samai, gestión de otros despachos, Índice 00043.
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Demandado: Jorge Díaz Peña
No obstante, el magistrado Omar Edgar Borja Soto salvó su voto 6 al estimar que la
mayoría aplicó de manera automática el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, el cual
fijó un término de cinco años para demandar pensiones ya reconocidas, incluso en
procesos en curso.
Señaló que la aplicación retroactiva de la norma desconocía el artículo 48 de la
Constitución, al sancionar a quienes actuaron diligentemente bajo las reglas
vigentes, vulnerando la seguridad jurídica, la confianza legítima y el acceso a la
justicia.
Finalmente, en el salvamento se recordó que esta Subsección, había inaplicado por
inconstitucional la expresión “y que estén en curso”, y sostuvo que, en el caso
concreto el tribunal debía estudiar de fondo si el demandado cumplía o no los
requisitos para acceder a la pensión gracia.
4. Recurso de apelación7.
La entidad demandante, interpuso recurso de apelación por considerar que, la
primera instancia aplicó de manera indebida la figura de la caducidad prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, desconociendo precedentes de la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
Señaló que, pese a que el Tribunal acogió el criterio de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, inobservó la postura de la Subsección B de
la Corporación, en sentencias del 29 de noviembre y del 16 de diciembre de 2024,
donde se precisó que el término de caducidad no podía aplicarse a actos de
reconocimiento pensional que ya habían sido cuestionados judicialmente antes de
la entrada en vigencia de la nueva norma, por respeto a los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica.
6
Expediente digital, Samai, gestión de otros despachos, Índice 00045.
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Expediente digital, Samai, gestión de otros despachos, Índice 00047.
7
Numero interno: 2045-2025.
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP.
Demandado: Jorge Díaz Peña
En consecuencia, solicitó revocar la decisión de primera instancia en lo relativo a la
caducidad y proceder al análisis de fondo de la controversia. Asimismo, pidió que
no se impusiera condena en costas.
5. Trámite de la apelación8.
Mediante auto del 15 de agosto de 2025, el despacho del magistrado sustanciador
admitió el recurso de apelación conforme lo previsto en el artículo 247 del CPACA; al
no existir pruebas por decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para
que las partes alegaran de conclusión.
El Ministerio Público, rindió concepto solicitando la revocatoria del fallo de primera
instancia.
II. CONSIDERACIONES.
2.1 Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación. Sin embargo, en el caso que ambas partes apelen, el juez
decidirá sin limitaciones.
2.2 Problema jurídico.
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, la Sala
8
Expediente electrónico – Samai – índice 4
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
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Numero interno: 2045-2025.
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deberá establecer si en el presente caso es posible dar aplicación al término de
caducidad previsto en la Ley 2381 de 2024 conforme lo realizó el tribunal.
En el evento que no sea posible dar aplicación a lo dispuesto en la citada norma
deberá analizarse si: i) resulta procedente emitir pronunciamiento de fondo por parte
de esta instancia respecto a las pretensiones incoadas o, ii) en aras de garantizar
los principios de acceso material a la administración de justicia, doble instancia y
debido proceso, lo pertinente es devolver el expediente al tribunal de origen para
que se pronuncie de fondo sobre aquellas.
Para abordar la resolución del primer problema jurídico formulado, conviene precisar
previamente que:
Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción
fueron consagrados inicialmente en el artículo 164 del CPACA; no obstante, con
posterioridad se expidió la Ley 2381 de 2024 -hoy suspendida su aplicación según lo
dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 841 de 202510-, norma que establecía
una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.»
10 En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024
y devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de procedimiento en el que se incurrió en el proceso
de discusión y votación, por ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará definitivamente
de fondo sobre la constitucionalidad de dicha ley.
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Numero interno: 2045-2025.
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Demandado: Jorge Díaz Peña
La citada disposición comportó una modificación del régimen de oportunidad
contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata,
incluso para los procesos en los que se debatía la legalidad de actos administrativos
que reconocieron una pensión y se encontraban en trámite al 16 de julio de 2024,
fecha de promulgación de la comentada ley.
No obstante, esta Subsección en distintos pronunciamientos11 sostuvo que, durante
el tiempo en que aquella ley estuvo en vigencia, el artículo en comento no podía ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
consagradas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las
normas de derecho procesal son de orden público y «[…] prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», tampoco es menos cierto
que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones».
En línea con lo anterior, esta Subsección, concluyó que el término de caducidad
establecido por la Ley 2381 de 2024 solo resultaba oponible respecto de las
demandas presentadas con posterioridad a su promulgación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, sin que fuera viable imponer a
los procesos en curso un término inexistente al momento de su iniciación. Tal
conclusión obedecía a la necesidad de garantizar los principios de confianza
legítima y legalidad, así como el derecho fundamental al debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política, junto con las prerrogativas
constitucionales que rigen el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva. En consecuencia, se disponía la inaplicación de la norma en cita.
Ahora bien, vale precisar que, recientemente la Corte Constitucional, mediante Auto
841 de 2025, dispuso suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 y
11
Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-06078-01 (0187-
2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Numero interno: 2045-2025.
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Demandado: Jorge Díaz Peña
ordenó devolverla a la Cámara de Representantes para que subsanara un vicio de
procedimiento en que se incurrió durante su trámite legislativo. Solo una vez se
cumpla con lo dispuesto, la Corte podrá emitir un pronunciamiento definitivo de
fondo respecto de la constitucionalidad de dicha ley12.
2.3 Caso concreto.
La Sala considera (como lo ha dicho en otras oportunidades) que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no debió aplicar lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 para declarar la caducidad del medio de control, por cuanto
ello comporta la vulneración de los derechos previamente señalados, los cuales
deben ser garantizados por los operadores judiciales.
En ese sentido, y con el propósito de salvaguardar el debido proceso y asegurar un
acceso efectivo a la administración de justicia, la Sala revocará de la decisión
adoptada, a efectos que se adelante un estudio de fondo de las pretensiones
planteadas, máxime cuando la referida normativa —como ya se indicó—
actualmente se encuentra suspendida por la Corte Constitucional.
Cabe señalar que, si bien en asuntos como el que ocupa la atención de la Sala, lo
correspondiente sería adoptar una decisión de fondo en sede de segunda instancia,
en este caso no es procedente, en la medida en que, debe prevalecer la garantía
de los principios de acceso material a la administración de justicia, doble instancia
y debido proceso.
Lo anterior, en atención a que, tanto en la demanda como en la contestación, las
partes expusieron los argumentos orientados a la defensa de sus intereses. En
efecto, la parte actora solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual se
reconoció al demandado una pensión gracia y, en consecuencia, el reintegro de las
sumas pagadas; mientras que la parte demandada pidió la denegatoria de tales
pretensiones. No obstante, el estudio de dichos argumentos no fue efectuado por el
12
Así se indicó en el citado auto “Cumplido nuevamente el trámite en la Cámara de Representantes, el asunto deberá ser
devuelto a la Corte Constitucional para que esta proceda a decidir sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, en este
proceso y en relación con el cargo admitido”
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Demandado: Jorge Díaz Peña
tribunal, al acoger lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, en
consecuencia, declarar probada la excepción de caducidad.
Así las cosas, como se indicó, en aplicación de los principios de acceso material a
la administración de justicia, doble instancia y debido proceso, la Sala estima
necesario remitir nuevamente el expediente a la autoridad judicial de origen, con la
finalidad que se adelante un análisis de fondo de las pretensiones y excepciones
propuestas, así como de los argumentos expuestos por ambas partes.
Ello obedece a que, de emitirse un pronunciamiento de fondo en esta instancia, el
examen se restringiría únicamente a los argumentos de la entidad apelante —
conforme a lo previsto en el artículo 328 del CGP—, lo que desconocería los
planteamientos de la parte pasiva no recurrente y, por ende, afectaría su derecho
de defensa. En cambio, lo procedente es que el juez de primera instancia efectúe
un análisis integral de las posiciones procesales planteadas por las partes.
Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 25 de
mayo de 202313 y en más reciente pronunciamiento del 10 de abril de 202514, en la
que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera instancia y, en su lugar,
que el A- quo se pronunciara de fondo; en la primera providencia en cita se indicó:
«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo, correspondería
examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se encuentra que no es posible
emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad presentados por la parte actora,
habida cuenta que aquellos no fueron analizados por el Tribunal de primera instancia,
autoridad a la que le correspondía adelantar dicho examen.
Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que estudie
los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda
instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta manera a la parte
desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa y contradicción,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia».
Finalmente, en cuanto a la solicitud de condena en costas efectuada por el
recurrente, la Sala considera que no hay lugar a acceder dicha solicitud. Esto,
13
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
14
Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
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Demandado: Jorge Díaz Peña
comoquiera que, en el trámite procesal no se evidenció que el demandado hubiera
actuado con temeridad, mala fe o desplegado conductas dilatorias o abiertamente
contrarias a los deberes de lealtad procesal. Antes bien, la oposición a las
pretensiones de la demanda corresponde al ejercicio legítimo de su derecho de
defensa, resultando razonable que ejerciera el mismo.
Debe recordarse que, la decisión del tribunal de declarar la caducidad de la acción
no tuvo origen en la conducta de la parte pasiva, sino en la aplicación de la Ley 2381
de 2024, de manera que, no puede trasladarse a aquella una carga procesal que se
deriva de la valoración normativa efectuada por el juez. En consecuencia, no existe
fundamento para acceder a la condena en costas solicitada por el recurrente.
Vistas así las cosas, se revocará la sentencia recurrida en los términos antes
expuestos y, en consecuencia, se dispondrá la devolución del expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, para que profiera la decisión que en derecho
corresponda.
2.2.4. Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA.
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Cuatro (4) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró
probada de oficio la excepción de caducidad, conforme lo establecido en la Ley 2381
de 2024 y, en su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo
en el presente asunto.
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Numero interno: 2045-2025.
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP.
Demandado: Jorge Díaz Peña
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de
su cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de voto.
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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