Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01018-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01018-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01018-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01018-01 (2894-2025)
Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: IBL reliquidación pensional
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Guillermo Alberto Arias Marín presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 035527 del 25 de
noviembre de 2019 y RDP 001290 del 20 de enero de 2020 mediante las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
1 Inicialmente fue presentada en los juzgados administrativos de Cali y el 30 de septiembre de
2020 fue repartido al Juzgado 6 Administrativo Oral de Cali, el cual mediante auto proferido el 29
de septiembre de 2021 declaró la falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el cual fue repartido el 14 de octubre de 2021. Índice 3 de
Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuaciones denominadas:
2_EXPEDIENTEDIGITAL_01ACTAREPARTO(.PDF) NroActua 3,
8_EXPEDIENTEDIGITAL_07ACTADEREPARTO(.PDF) NroActua 3.
2 En lo sucesivo CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01018-01 (2894-2025)
Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
Parafiscales de la Protección Social3 reliquidó la pensión de vejez.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la reliquidación pensional con fundamento en lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo
6 del Decreto 546 de 1971, con el 75% de la asignación más alta devengada
durante el último año de servicio; ii) la reliquidación de la primera mesada con el
75% de lo devengado en el último de servicio; iii) el cumplimiento de la sentencia
en los términos de los artículos 192 y 193 del CPACA; y iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Guillermo Alberto Arias Marín nació el 27 de noviembre de 1951 y alcanzó el
estatus el 27 de noviembre de 2006.
3.2. A través de la Resolución RDP 052693 del 14 de noviembre de 2013, la Ugpp
reconoció que «’para determinar el ingreso base de liquidación se da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6 del decreto 546 de 1971, aplicando un 75% sobre un ingreso
base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada en
el último año de servicio, entre el 1 de septiembre de 2012 y el 30 de agosto de 2013’
[…] pero que en la misma resolución se ordenó en el Resuelve Segundo: ‘con efectos
fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del servicio’».
3.3. El 27 de mayo de 2017, se retiró del servicio y solicitó la reliquidación de la
pensión con fundamento en el régimen especial de la Rama Judicial, «el 02 de
septiembre de 2019 se radicó el agotamiento de la reclamación administrativa en la
UGPP […] solicitando la reliquidación de la pensión del convocante de conformidad con
el régimen especial y el derecho adquirido».
3.4. Mediante la Resolución RDP 035527 del 25 de noviembre de 2019, la Ugpp
le negó la reliquidación pensional al considerar que «la sentencia SU-395 de 2007
de la Corte Constitucional que no aplica al presente caso porque remite a la Ley 100 de
1993, para decir que la primera mesada pensional se debe liquidar con el promedio de
aportes de los últimos 10 años de servicio». La anterior decisión fue confirmada por
medio de la Resolución RDP 001290 del 20 de enero de 2020.
3.5. Según el peritaje financiero realizado por la Rama Judicial el salario promedio
del último año laborado fue de $13’342.620, «al liquidar el 75%, la mesada pensional
de mi representado al año de 2017, mes de mayo cuando se retiró del servicio, debe ser
3 En adelante Ugpp.
2
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
de $10’006.965.18».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política, el Acto
Legislativo 1 de 2005, Decreto 546 de 1971.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. La entidad previsional debió liquidar la primera mesada según lo previsto en
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, es decir con fundamento en la asignación
mensual más alta devengada en el último año de servicio. Si bien en el Acto
Legislativo 1 de 2005 se dispuso que los regímenes especiales expirarían el 31
de julio de 2010, lo cierto es que el pensionado adquirió el derecho el 27 de
noviembre de 2006, de manera que al tratarse de un derecho adquirido no era
posible desconocerlo.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones5:
6.1. Conforme con lo dispuesto en la Constitución Política y el precedente de la
Corte Constitucional, para la liquidación de las pensiones solo se incluirán los
factores sobre los cuales se hubieran realizado aportes, asimismo la Sentencia
de Unificación SU del 11 de junio de 2020, proferida por el Consejo de Estado
debe aplicarse «al caso que se realiza, pues se está ante un supuesto fáctico que
previamente fue objeto de análisis y unificación por parte del alto tribunal».
6.2. Porúltimo, propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; iii) compensación; iv) prescripción y v) subrogación
legal.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
4 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAPODERY(.PDF) NroActua 3.
5 Índice 23 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
23_CONTESTACIONDEDEMANDA_VALERO20210101800(.pdf) NroActua 23.
3
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
15 de agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en cuanto declaró la nulidad de la Resolución RDP 03527 del 25 de noviembre
de 2019, ordenó: i) el reajuste de la pensión de vejez en cuantía del 75% del
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, con inclusión
de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales haya
realizado aportes, esto es la bonificación judicial, la prima especial, la bonificación
por actividad judicial [desde el 1° de enero de 2009 en una sexta parte]; y ii) que
«luego de reliquidar la pensión de vejez […] deberá pagar al señor […] el valor diferencial
que resulte entre la pensión reajustada y la pensión pagada» con efectos fiscales
desde el 2 de septiembre de 2016, puesto que las anteriores mesadas están
prescritas y negó las demás pretensiones de la demanda, entre ellas la condena
en costas.
7.1. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, se pronunció en estos términos6:
7.2. En el presente asunto no fue objeto de estudio la condición de beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de
Guillermo Alberto Arias Marín. Además, se acreditó que había cumplido 55 años
de edad el 27 de noviembre de 2006 y 20 años de servicio el 16 de septiembre
de 1997, para la Rama Judicial durante toda la vida laboral.
7.3. En ese sentido, para el 1° de abril de 1994 le faltaban más de 12 años de
edad para alcanzar el estatus pensional, de manera que la prestación debió
liquidarse con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de
servicio, tal como lo estableció la Ugpp.
7.4. Ahora, en cuanto a la conformación del IBL, según la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020 deberá aplicarse lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y
demás normas concordantes, como el Decreto 1158 de 1994, la Ley 4 de 1992,
con la modificación de la Ley 332 de 1996, el Decreto 610 de 1998, el Decreto
1102 de 2012, entre otros, si bien la Ugpp tuvo en cuenta los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, lo cierto es que según la certificación laboral
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
[Valle del Cauca] el demandante devengó sueldo básico, bonificación por
servicios, prima especial de servicios, bonificación judicial, bonificación por
actividad judicial y las primas de vacaciones, navidad y servicios, de manera que
se incluirán la bonificación por actividad judicial, la prima especial y la bonificación
judicial y «al estar acreditado que respecto de dichos factores se efectuaron los
6 Índice 45 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
46Sentencia_20210101800NRDLReliq(.pdf) NroActua 45.
4
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
descuentos de ley con destino a aportes pensionales, los mismos deben ser incluidos en
el IBL pensional del actor, precisando que la bonificación por actividad judicial constituyó
factor pensional únicamente a partir del 1° de enero de 2009».
7.5. En cuanto a la prescripción, operó en el presente asunto respecto de la
diferencia entre la pensión inicial y el resultante tras el reajuste, porque implica
un incremento en el valor de la mesada, «la cual opera a los tres años de causado
el derecho […] en este caso, el término de prescripción se cuenta desde la solicitud de
reliquidación, es decir, desde el 2 de septiembre de 2019».
7.6. Finalmente, negó la condena en costas al no encontrar probados los gastos y
costas en las actuaciones de la primera instancia.
1.4. El recurso de apelación
8. La Ugpp apeló la decisión de primera instancia y la sustentó así7:
8.1. Los actos demandados fueron proferidos según la normatividad vigente y el
precedente jurisprudencial. Una vez vigente la Ley 100 de 1994 se estableció el
régimen de transición en el artículo 36 ibídem, de lo cual se concluyó que de la
norma anterior se respetará la edad, el tiempo o semanas cotizadas y el monto,
«así las cosas, es válido y pertinente […] el apartarse del que era el presente del H.
Consejo de Estado en relación con la aplicación del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no se puede perder de vista que conforme
a la exequibilidad condicionada declarada por la H. Corte Constitucional […] las
autoridades tienen la facultadas legal al momento de decidir los casos en estudio, el de
observar con preferencia los precedentes de la alta corporación constitucional, ello
atendiendo la jerarquía del sistema de fuentes previsto en la Norma Superior y el
principio de la supremacía constitucional».
8.2. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado profirió la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 la cual estuvo en concordancia con las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en las que se consideró que al
momento de liquidar las prestaciones debía respetarse la edad, el tiempo de
servicio cotizado y el monto, excepto el ingreso base de liquidación, de manera
que actuar en contravía de esas disposiciones vulneraría el principio de
solidaridad que rige la seguridad social, el Acto Legislativo 1 de 2005 y la
sentencia C-608 de 1999. «Así las cosas […] la controversia no radica en la condición
del actor como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, ni en el cumplimiento de los requisitos del Decreto 546 de 1971 […] [sino] la
7 Índice 49 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
47_MemorialWeb_Recurso-76001233300020210101(.pdf) NroActua 49.
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
inclusión de factores salariales no autorizados expresamente por la norma pensional
aplicable, para efectos de calcular el IBL».
8.3. En este sentido, la bonificación judicial, la prima especial y la bonificación por
actividad judicial no eran factores salariales, porque la bonificación judicial solo
fue comprendida como tal a partir del 1º de enero de 2009 y solo en una sexta
parte, según lo dispuso el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Mediante auto proferido el 24 de noviembre de 2025 fue admitido el recurso de
apelación interpuesto por la Ugpp y, en tanto no se presentó solicitud probatoria
no se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, según lo dispuesto en el
CPACA, artículo 247, numeral 58.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar ¿si Guillermo Alberto
Arias Marín tenía a derecho a que en el ingreso base de liquidación fueran
incluidas la bonificación judicial, la prima especial y la bonificación por actividad
judicial?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.2. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público
12. El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6 previó los
requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos
8 Índice 5 de Samai, actuación denominada: 5Autoqueadmite_28942025Admiterecurs(.pdf)
NroActua 5.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
6
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
de ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:
«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
13. De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978 10 se
encargó de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los
cuales se debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del
régimen en mención, frente a lo cual dispuso:
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la
ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».
14. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años,
durante un lapso continuo de seis meses o mayor.
15. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó
que: «(s)i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» (resalta la Sala).
16. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de
10«Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»
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1971, comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado
en el último año de servicios, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.
2.2.3. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993
17. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es
garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez,
la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos
adquiridos de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la
entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un
régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley».
18. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre
o iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo
de estos para gozar del derecho adquirido.
19. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a
los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público,
929 de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General
de la República, entre otros.
20. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
unificó la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión
de quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1996, en el sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte
del régimen de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las
disposiciones especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto
de 201011 esta corporación señaló:
«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados».
21. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201812, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso
base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debía aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición,
es decir, que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos
relacionados con la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.
22. En esa misma línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 13, señaló que el
funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea
beneficiario del régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las
disposiciones del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:
«(…) 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-
23-25-000-2006-07509-01.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01018-01 (2894-2025)
Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si
es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar
el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.»
«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de
liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según
el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado
por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores
de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. De 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».
23. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa
norma en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso
base de liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley
100 de 1993, según sea el caso.
24. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos
similares que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada
providencia. Asimismo, advirtió que en caso de presentarse recurso
extraordinario de revisión contra sentencias proferidas con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa
juzgada, en tanto no hay lugar a entender que lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley. En ese sentido dispuso:
«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los
siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».
25. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio
de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.
2.3. Lo probado dentro del proceso
26. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
26.1. Guillermo Alberto Arias Marín nació el 27 de noviembre de 1951.
26.2. El presidente del Tribunal Superior de Cali certificó que Guillermo Alberto
Arias Marín ejerció como Juez 11 Penal Municipal de Cali, desde el 16 de
septiembre de 1977 hasta el 30 de junio de 1982, como Juez 17 Penal del Circuito
de Cali desde el 1º de julio de 1982 hasta el 30 de agosto de 1985, como Juez 8
Superior de Cali desde el 1º de septiembre de 1985 hasta el 30 de junio de 1992,
como Juez 28 Penal del Circuito de Cali desde el 1º de julio de 1992 hasta el 10
de enero de 1997, como Juez 10 de Familia de Cali desde el 11 de enero de 1997
hasta, al menos, el 9 de junio de 2009 [fecha del documento].
26.3. Mediante la Resolución PAP 008970 del 12 de agosto de 2010, la Caja
Nacional de Previsión Social EICE14, en liquidación, reconoció y ordenó el pago
de una pensión de vejez en cuantía de $4’013.515 a partir del 1º de julio de 2009,
condicionada al retiro definitivo del servicio, en el cual concluyó «[q]ue en
aplicación del Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
respetó tres requisitos como son el tiempo de servicio, la edad y el monto del régimen
anterior vigente; se estableció que en el presente caso se aplicará el Decreto 546 de
1971 para estos requisitos y la liquidación como a continuación se aplica […] Que la
liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
14 En adelante Cajanal EICE.
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promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93 y
sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de julio de
1999 y el 30 de junio de 2009».
26.4. El2 de febrero de 2011, la coordinadora de recursos humanos de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial certificó los salarios
devengados por el demandante desde el 1º de enero de 1999 hasta el 31 de
enero de 2011 y desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre 2015 15,
así: salario básico, prima especial, vacaciones, bonificación por servicios, las
primas de servicio, vacaciones, navidad y la bonificación por actividad judicial
[devengada desde el 1º de enero de 2005].
26.5. Por medio de la Resolución UGM 035593 del 27 de febrero de 2012, Cajanal
EICE reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $5’500.733, efectiva a partir del
1º de julio de 2011, condicionada al retiro definitivo del servicio. Además, ordenó
«descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho […] $4’892.067 por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados» además indicó
«[q]ue para la presente liquidación se tuvo en cuenta la circular 054 de 2010, expedida
por la Procuraduría General de la Nación conmina a las administradoras de régimen de
Prima Media, entre ellos la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación a respetar
los derechos adquiridos en materia pensional […] Que para determinar el Ingreso Base
de Liquidación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de
1971, aplicando un 75.00% sobre un ingreso base de liquidación conformado por la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, entre el 1º de
julio de 2010 y el 30 de junio de 2011». Mediante la Resolución UGM 047723 del 25
de mayo de 2012 fue confirmada la anterior decisión.
26.6. A través de la Resolución RDP 048842 del 21 de octubre de 2013, la Ugpp
negó la reliquidación de la pensión de vejez. Sin embargo, mediante la
Resolución RDP 052693 del 14 de noviembre de 2013, la Ugpp revocó la anterior
decisión y reliquidó la prestación en cuantía de $6’492.219, a partir del 1º de
septiembre de 2013, condicionada al retiro definitivo del servicio, consideró «[q]ue
para determinar el Ingreso Base de Liquidación se da cumplimiento a lo establecido en
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando un 75.00% sobre un ingreso base de
liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicio, entre 1 de septiembre de 2012 y el 30 de agosto de 2013». Los factores
incluidos fueron:
Año Factor Valor IBL
2013 Asignación básica mes 4’553.696
15 Según la certificación suscrita el 9 de marzo de 2015, por la coordinadora de recursos humanos
del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
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2012 Bonificación actividad judicial 1’251.677
2013 Bonificación servicios prestados 132.816
2013 Bonificación judicial 539.991
2013 Sobresueldo 13.038
2012 Prima de navidad 407.777
2013 Prima de servicios 195.455
2012 Prima de vacaciones 195.733
2013 Prima especial servicios 1’366.109
Asimismo, se ordenó pagar la diferencia que resultara de aplicar lo anterior y «las
Resoluciones 8970 del 12 de agosto de 2010 y 35593 del 27 febrero de 2012 teniendo
especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa».
26.7. Mediante la Resolución 056 del 4 de mayo de 2017, el presidente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali ordenó el retiro definitivo del servicio
«motivado por edad» a partir del 27 de mayo de 2017.
26.8. El 21 de noviembre de 2018, solicitó la reliquidación de la pensión de vejez,
la cual fue negada mediante la Resolución RDP 006232 del 26 de febrero de
2019, decisión confirmada a través de la Resolución RDP 021981 del 25 de julio
de 2019 [la cual resolvió una solicitud de revocatoria directa].
26.9. A través de la Resolución RDP 029558 del 30 de septiembre 2019, la Ugpp
confirmó la Resolución RDP 029489 del 19 de julio de 2018.
26.10. A través de la Constancia 027 del 9 de mayo de 2019, la coordinadora del
área de recursos humanos y la tesorera certificaron los factores salariales
devengados desde el 1º de enero de 2016 hasta el 27 de mayo de 2017, así:
sueldo básico, prima especial de servicios, bonificación judicial, primas de
navidad, de vacaciones, de servicios y bonificación por actividad judicial.
26.11. Por medio de la Resolución 35527 del 25 de noviembre de 2019, la Ugpp
negó la reliquidación de la pensión de vejez, decisión que fue confirmada
mediante la Resolución RDP 001290 del 20 de enero de 2020, en tanto consideró
«[q]ue es de aclarar al peticionario, que si bien en su momento se reliquidó la prestación
con la asignación más elevada también lo es que en se encontraba vigente la circular 54
del 03 de noviembre de 2010, circular por la cual ya no es tenida en cuenta a raíz de las
sentencias 258 de 2013 y la SU-395 de 2017 […] no se puede acceder a liquidar la
pensión de vejez con la asignación más elevada del último año de servicio y la inclusión
de todos los factores salariales, toda vez que el [e]status jurídico de pensionado lo
adquirió en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto se le respeta el tiempo de servicio
y la liquidación se debe efectuar con los factores salariales contemplado en el Decreto
1158 de 1994 […] el peticionario tendría derecho a que se le reliquide la prestación pero
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con los 10 últimos años de servicio y teniendo en cuenta los factores establecidos en el
Decreto 1158 de 1994, y demás factores de salario de las cuales se realizaron aportes
para pensión».
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en ese sentido señaló que si bien la Ugpp tuvo en
cuenta los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, lo cierto es que según
la certificación laboral proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali [Valle del Cauca] el demandante devengó sueldo
básico, bonificación por servicios, prima especial de servicios, bonificación
judicial, bonificación por actividad judicial y las primas de vacaciones, navidad y
servicios, de manera que se incluirán la bonificación por actividad judicial, la
prima especial y la bonificación judicial y «al estar acreditado que respecto de dichos
factores se efectuaron los descuentos de ley con destino a aportes pensionales, los
mismos deben ser incluidos en el IBL pensional del actor, precisando que la bonificación
por actividad judicial constituyó factor pensional únicamente a partir del 1° de enero de
2009».
28. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de
primera instancia, en cuanto a la aplicación del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1994. «Así las cosas […] la controversia no radica en
la condición del actor como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, ni en el cumplimiento de los requisitos del Decreto 546 de 1971 […]
[sino] la inclusión de factores salariales no autorizados expresamente por la norma
pensional aplicable, para efectos de calcular el IBL». En este sentido, la bonificación
judicial, la prima especial y la bonificación por actividad judicial no eran factores
salariales, porque la bonificación judicial solo fue comprendida como tal a partir
del 1º de enero de 2009 y solo en una sexta parte, según lo dispuso el artículo
17 de la Ley 4 de 1992.
29. De los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se encuentra que la
competencia de la Sala se delimita a establecer si el demandante tenía derecho
a la inclusión en el ingreso base de liquidación la bonificación especial, la prima
especial y la bonificación por actividad.
30. Al respecto, de acuerdo con lo explicado en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, quienes con ocasión del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, tuvieren derecho al reconocimiento
pensional en los términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las
disposiciones de esa norma en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de
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reemplazo; pero el ingreso base de liquidación será el establecido en los artículos
21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, tal como lo definió el
tribunal de instancia.
31. Ahora bien, según se precisó en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-
2016, el ingreso base de liquidación de la prestación de la que era beneficiario
Guillermo Alberto Arias Marín se establecería con «el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado
por el DANE», toda vez que, a la entrada en vigor del sistema pensional le faltaban
más de 10 años para adquirir el estatus pensional. Asimismo, para determinar la
base de liquidación se debían incluir «los factores de liquidación contemplados por
el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. De
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y
1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público».
32. En ese sentido, en la providencia de unificación en cita se precisó que, «[v]ista
la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir del 1.º de abril de 1994 los
servidores de la Rama Judicial quedaron incorporados al sistema general de pensiones,
y que, en virtud de tal incorporación a través del artículo 6.º del Decreto 691 de 1994
modificado por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, fueron fijados como factores de
salario para liquidar su ingreso base de cotización la asignación básica mensual; los
gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración
por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas
extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados, lo cierto
es que estos servidores, precisamente en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez
dio cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes»: prima especial, bonificación por
compensación, prima de productividad, bonificación por actividad judicial y la
bonificación judicial.
33. En relación con los factores que son objeto de discusión, esta Corporación
precisó17:
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
33.1. Bonificación judicial: el Decreto 383 de 2013 «estableció para los servidores
de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar […] una bonificación judicial, que se
reconocerá mensualmente a partir del 1° de enero de 2013 mientras el servidor público
permanezca en el servicio, y constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al sistema general de pensiones». Así las cosas, este factor debe ser
incluido en la base de liquidación de la pensión, porque por disposición legal debe
incluirse en el ingreso base de cotización al sistema de pensiones.
33.2. Prima especial: fue creada por la Ley 4 de 1992 para «el caso particular de los
magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de lo
Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial, jueces de la República, magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar,
auditores de Guerra y jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la
escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 1.º de
enero de 1993»; y, de conformidad con la Ley 332 de 1996, esta hace «parte del
ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación,
siempre que se hicieren las cotizaciones respectivas».
33.3. Bonificación por actividad judicial: «el Decreto 3900 de 2008, que así mismo fue
proferido por el presidente de la República «en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992», en su artículo 1.º dispuso que la denominada
bonificación por actividad judicial que se paga semestralmente a algunos jueces
y que fue creada por el Decreto 3131 de 2005 en su artículo 1.º , modificada por el
Decreto 3382 de 2005 y ajustada por los Decretos 403 de 2006 , 632 de 2007 y 671 de
2008 para jueces, fiscales y procuradores judiciales 1, constituye factor para efectos de
determinar el ingreso base de cotización del sistema general de pensiones»
34. Descendiendo al caso en estudio, se advierte que entre el 27 de mayo de 2007
y el 27 de mayo de 2017 [fecha de retiro del servicio], Guillermo Alberto Arias
Marín devengó los siguientes factores: salario básico, prima especial,
vacaciones, bonificación por servicios, las primas de servicio, vacaciones,
navidad y la bonificación por actividad judicial [devengada desde el 1º de enero
de 2005].
35. En la sentencia que es objeto de apelación el tribunal ordenó incluir «en el
ingreso base de liquidación además de los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 ya
incluidos, aquellos factores sobre los cuales cotizó durante los últimos diez (10) años de
servicios, tales como la bonificación judicial, la prima especial, la bonificación por
actividad judicial (desde el 1º de enero de 2009 y en una sexta parte), los cuales fueron
devengados por la accionante».
36. Lo anterior, permite evidenciar que la decisión adoptada por el a quo se
encuentra en línea con las normas y la jurisprudencia que rigen el reconocimiento
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
de la prestación de jubilación a los servidores que, por ser beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a que su situación
pensional se rija por el Decreto 546 de 1971. Asimismo, se advierte que solo se
ordenó tener en cuenta, para efectos de determinar la base de liquidación,
aquellos factores que por mandato legal [Decreto 1158 de 1994, Ley 332 de 1996
y Decreto 3900 de 2008] debían ser incluidos en el ingreso base de cotización y,
como consecuencia, tenido en cuenta para determinar el valor de la mesada
pensional.
37. Finalmente, la entidad de previsión puso de presente en el recurso de
apelación que a la bonificación judicial solo se le dieron efectos prestacionales a
partir del 1° de enero de 2009, en ese sentido, le asiste razón al apelante por
cuanto fue el Decreto 3900 de 2008 que dispuso que «a partir del 1° de enero de
2009, la bonificación de actividad judicial […], constituirá factor para efectos de
determinar el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones, y de
acuerdo con la Ley 797 de 2003, para cotización al Sistema General de Seguridad Social
en Salud». No obstante, no resulta procedente modificar la sentencia de primera
instancia en ese sentido, toda vez que, dicho marco temporal fue tenido en cuenta
por el tribunal, por lo que, en la parte resolutiva precisó que ese factor debía ser
incluido «desde el 1º de enero de 2009 y en una sexta parte».
38. En consonancia, esta Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia, al encontrar que en esta solo se ordenó la inclusión de aquellos
factores devengados por el demandante que, por disposición expresa de la
autoridad competente, debían ser tenidos en cuenta para efectos pensionales.
2.6. Costas
39. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
40. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
41. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma18.
42. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
43. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el
15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
encontrar que en esta solo se ordenó la inclusión de aquellos factores
devengados por el demandante que, por disposición expresa de la autoridad
competente, debían ser tenidos en cuenta para efectos pensionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda presentada por Guillermo Alberto Arias Marín.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
18 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1º de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Guillermo Alberto Arias Marín
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
VMT
19
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