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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2021-01030-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2021-01030-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la improcedencia, pero por las razones expuestas. SEGUNDO: Denegar en lo demás las pretensiones planteadas, de conformidad con las razones esbozadas en este proveído. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2021-01030-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de febrero de 2022

Demandante: Gloria Inés Cortés Arango
Demandados: Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali y otro
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01030-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01030-01
Demandante: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Demandados: JUZGADO 19 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ORAL DE
CALI Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – inmediatez -
subsidiariedad – niega amparo por defecto fáctico y
desconocimiento de precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de impugnación presentado por la señora
Gloria Inés Cortés Arango en contra de la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 4 de noviembre
de 2021, en la que se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
encontrar satisfecho el requisito adjetivo de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Gloria Inés Cortés Arango, por medio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Juzgado 19 Administrativo del Circuito
Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, en procura de
la defensa de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

2. En sentir de la accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en los autos del 3 de diciembre de 2020 y
del 18 de marzo de 2021, proferidos por el Juzgado 19 Administrativo del
Circuito Oral de Cali dentro del trámite incidental de desacato de radicado N.°
76001-33-33-019-2018-00157-00. En las citadas providencias se denegó la
solicitud de inaplicación de una sanción impuesta a la accionante por el
desacato de un fallo de tutela.

1 La tutela se envió el 27 de septiembre de 2021 al buzón web
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Demandante: Gloria Inés Cortés Arango
Demandados: Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali y otro
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01030-01

1.2. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

3. Mediante fallo de acción de tutela proferido el 6 de julio de 2018 dentro del
expediente de radicado N.º 76001-33-33-019-2018-00157-00, el Juzgado 19
Administrativo del Circuito Oral de Cali amparó los derechos fundamentales de
petición y a la salud de la señora Lidia Tatiana Ramírez Hernández. La anterior
decisión fue modificada por sentencia del 15 de agosto de 2018 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, pero mantuvo el amparo.

4. Específicamente se ordenó lo siguiente a la Fiduprevisora S.A. y a la Unión
Temporal Cosmitet LTDA.:

…como contratante y supervisora del contrato de prestación de servicios
de salud No. 12076-006-2017 (proceso de selección INVP_002_2017-
FOMAG) que una vez notificado (sic) de la presente providencia de
manera inmediata, inicie los trámites administrativos y contractuales para
articular y gestionar con COSMITET LTDA la prestación integral y continua
de los servicios médicos del plan de Salud del Magisterio a la señora
LIDIA TATIANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ (incluyendo la emisión de
“recomendaciones o restricciones médicas” en caso de que estas sean
necesarias), sin que en ningún caso, pueda imponérsele a la accionante la
carga de iniciar o impulsar algún tipo de actuación…”, y a Cosmitet Ltda.,
que: “…en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, preste de manera adecuada,
integra y continua los servicios médicos del Plan de Salud del Magisterio
requeridos por la señora LIDIA TATIANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ,
incluyendo la emisión de “recomendaciones o restricciones médicas” en
caso de que éstas continúen siendo necesarias, previo concepto médico
experto en salud laboral adscrito a la prestadora del servicio de salud…

5. El 14 de octubre de 2020 la señora Lidia Tatiana Ramírez Hernández solicitó
que se diera apertura al incidente de desacato por el incumplimiento fallo del 15
de agosto de 2018, dado que ni la Fiduprevisora S.A. ni Cosmitet LTDA., le
habían brindado la atención médica ordenada.

6. Por lo anterior, mediante auto del 19 de octubre de 2020 el Juzgado 19
Administrativo del Circuito Oral de Cali requirió a la Fiduprevisora S.A. a través
de la señora Gloria Inés Cortés Arango – presidente de la entidad – y a
Cosmitet LTDA., por medio de Miguel Ángel Duarte Quintero – representante
legal de la unión temporal – para que en el término de los tres días siguientes a
la notificación del proveído se pronunciaran y acreditaran el acatamiento del
fallo de tutela del 15 de agosto de 2018.

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7. Teniendo en cuenta que tanto la Fiduprevisora S.A. como Cosmitet LTDA.
guardaron silencio, el 26 de octubre de 2020 el Juzgado 19 Administrativo del
Circuito Oral de Cali dio apertura de incidente de desacato contra Gloria Inés
Cortés Arango y Miguel Ángel Duarte Quintero. De dicha decisión se les corrió
traslado a los incidentados por el término de tres días, pero no se pronunciaron.

8. Por auto del 5 de noviembre de 2020 el Juzgado 19 Administrativo del
Circuito Oral de Cali declaró que los citados sujetos procesales incumplieron la
sentencia de tutela del 15 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, sancionó a cada uno con
multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y se les
requirió para que de manera inmediata atendieran las órdenes contenidas en la
citada decisión judicial.

9. Surtido el grado jurisdiccional de consulta, por medio de auto del 13 de
noviembre de 2020 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la
providencia consultada. Para adoptar la decisión, hizo un recuento de las
actuaciones judiciales efectuadas en el trámite incidental e insistió en el silencio
de los incidentados. Finalmente concluyó que hasta el momento no se había
acreditado el acatamiento del fallo de tutela.

10. Posteriormente, la señora Gloria Inés Cortés Arango presentó un escrito
ante el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali en el que solicitó que
se inaplicara la sanción impuesta en su contra, en el auto del 5 de noviembre de
2020. Como fundamento, expuso que había cumplido lo dispuesto en el fallo del
15 de agosto de 2020, dado que requirió a Cosmitet LTDA. a que informara
sobre el estado de salud de la señora Lidia Tatiana Ramírez Hernández y esta
le reportó que le realizó una valoración médica el 27 de octubre de 2020 y allí
se generaron las respectivas recomendaciones que debía seguir hasta el 27 de
octubre de 2021. Adicionó que el 25 de noviembre de 2020 se le hizo una
consulta con psiquiatría y se le dispensaron los medicamentos prescritos para
su plan de salud.

11. La referida autoridad judicial, por auto del 3 de diciembre de 2020 negó la
solicitud de cesación de los efectos de la sanción con base en que “…dictada
una providencia sobre la cual no procede ningún recurso, la misma adquiere
firmeza, como lo es el caso del auto del 13 de noviembre de 2020, por medio de
cual se confirmó la decisión del a quo…”.

12. El 3 de febrero de 2021, la accionante presentó nueva solicitud ante el
Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali requiriendo la inaplicación
de la sanción impartida por desacato. No obstante, en proveído del 18 de marzo
de 2021 la citada autoridad judicial negó nuevamente lo pretendido. Reiteró que
contra el auto del 13 de noviembre de 2020, en el que se resolvió el grado de
consulta, no proceden recursos.

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1.3. Sustento de la vulneración

13. Precisó que los autos del 3 de diciembre de 2020 y de 18 de marzo de 2021
adolecen de desconocimiento del precedente de las siguientes decisiones:

• De la Corte Constitucional:

(i) Sentencia T-421 de 2003 que dispuso que “en caso de que se haya
adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para
que la sanción no se haga efectiva el renuente a cumplir podrá evitar
ser sancionado acatando”.
(ii) Sentencia T-171 de 2009 que explicó que la finalidad del trámite
incidental de desacato es obtener el acatamiento de lo ordenado en la
respectiva sentencia.
(iii) T-482 de 2013 que señaló que “…en caso de que se empiece a tramitar
un incidente de desacato y el accionando, reconociendo que se ha
desentendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la
imposición de una sanción, deberá proceder a acatar la sentencia.”

14. Añadió que “en un asunto similar al que se pone en su conocimiento, la
Corte Suprema de Justicia en sentencia STL5695-2019, trajo a colación lo
señalado por la misma corporación en el Exp. T. No. 11001-02-03-000-2012-
01552-00, criterio que ha sido reiterado desde entonces en sentencias STL
6000-2016, STL16340-2016, STL16490-2016, STL10065-2020 y STL4801-
2020”.

15. Agregó que las decisiones referenciadas están viciadas también del defecto
fáctico, toda vez que “… el juez de tutela no ha valorado el acervo probatorio
allegado al proceso, de tal suerte que se niega a declarar el hecho superado y
así mismo se ha negado a subsanar inconsistencia frente a la individualización
de la persona responsable del cumplimiento a fallo de tutela correspondiente al
patrimonio autónomo FOMAG, aun cuando se le ha indicado y reiterado que
son los doctores: Jaime Abril Morales en calidad de Vicepresidente del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

16. Insistió en que los encargados de dar cumplimiento al fallo de tutela son los
doctores Jaime Abril Morales – vicepresidente del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – y José Fernando Arias, quienes
“…realizan las labores de supervisión y auditoria de la prestación de servicios
de salud de la población afiliada al FOMAG, lo cual fue debidamente informado
por la entidad fiduciaria en oficio 20200582871611 dentro de proceso de
referencia…”.

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1.4. Pretensión constitucional

17. En concreto la parte actora solicitó:

PRIMERO: Se sirva DECLARAR LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES al debido proceso, igualdad y al buen nombre de la
doctora Maria Cristina (sic) Gloria Inés Cortes Arango.

SEGUNDO: Se sirva declarar que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial del JUZGADO DIECINUEVE (19) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI constituye una VIA DE HECHO, y
que, por ende, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y debido
proceso de la doctora Gloria Inés Cortes Arango.

TERCERO: Se sirva ORDENAR al JUZGADO DIECINUEVE (19)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI proceder a
declarar el levantamiento de las medidas sancionatorias en contra de la
doctora Maria Cristina (sic) Gloria Inés Cortes Arango conforme al
cumplimiento al fallo de tutela con radicado 76001-33-33-019-2018-00157-
00 reportado por la entidad FIDUPREVISORA S.A. que actúa como
administradora y vocera del patrimonio autónomo Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio FOMAG.

1.5. Trámite de primera instancia

18. El escrito de tutela fue enviado inicialmente al Consejo de Estado y el
asunto le fue asignado por reparto a la Sección Cuarta. No obstante, en auto
del 1 de octubre de 2021 se dispuso remitir el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dado que de los hechos y pretensiones se
concluía que los reparos solamente se dirigían contra el actuar del Juzgado 19
Administrativo Oral de Cali.

19. Por lo anterior, en proveído del 20 de octubre de 2021 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca admitió la presente solicitud de amparo y
notificó como accionado al Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado 19 Administrativo Oral de Cali

20. Afirmó que el juez encargado de asumir el conocimiento de la acción de
tutela de la referencia era el Consejo de Estado, de acuerdo a las reglas de
competencia dispuestas en el Decreto 333 de 2021, porque la solicitud de
amparo cuestionaba el actuar del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

21. Aludió que la apoderada de la accionante no aportó el poder especial
conferido por la señora Gloria Inés Cortés Arango para representar sus

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intereses, y, por ende, en el asunto se configuraba la falta de legitimación en la
causa por activa.

22. Replicó las actuaciones judiciales surtidas en el trámite incidental de
desacato y reiteró que en el curso de dicho proceso tanto la Fiduprevisora S.A.
como Cosmitet LTDA. guardaron silencio. Asimismo, concluyó que no se
encontraba facultado para ordenar la cesación de los efectos de una decisión
judicial ejecutoriada como el auto del 13 de noviembre de 2020, y que acceder
a ello implicaría incurrir en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del
artículo 133 del Código General del Proceso.

1.7. Sentencia de primera instancia

23. En proveído del 4 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional.
Dentro de sus fundamentos, esgrimió que, de conformidad con los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias emitidas dentro del
trámite incidental de desacato, solo procede la solicitud de amparo
constitucional contra el auto que se abstiene de imponer la sanción o aquel que
resuelve el grado de consulta, es decir, que resulta improcedente contra los
autos proferidos con posterioridad a este.

24. Agregó que la acción de tutela no puede utilizarse como tercera instancia
para ventilar asuntos que no fueron planteados en el curso del incidente de
desacato.

1.8. Impugnación

25. La señora Gloria Inés Cortés Arango solicitó que se revocara el fallo del 4
de diciembre de 2021 y se ordenara inaplicar la sanción impuesta en el trámite
incidental de desacato. Argumentó que ya se encuentra cumplido el fallo de
tutela del 15 de agosto de 2018.

26. Alegó que, si bien el acatamiento de la decisión de tutela ocurrió con
posterioridad a que se impartiera la sanción, aun después de la ejecutoria de
dicha decisión es posible solicitar que se levante la sanción.

27. Mencionó que en decisión del 24 de septiembre de 2015 el Consejo de
Estado aclaró que “…es posible levantar la sanción de desacato cuando se
haya cumplido la orden tutelar, incluso cuando se haya decidido el grado
jurisdiccional de consulta, pues la finalidad del desacato es persuasiva y no
sancionatoria”.

28. Precisó que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para lograr
que se levante la sanción impuesta, máxime cuando a su juicio, se probó que
cesó la vulneración de los derechos de la señora Lidia Tatiana Ramírez
Hernández.

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29. Agregó que se debió hacer la “respectiva valoración probatoria” por parte de
la autoridad judicial accionada y declarar que con posterioridad a la sanción, ya
no se encontraba en desacato.

30. Aludió nuevamente que “en un asunto similar al que se pone en su
conocimiento, la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL5695-2019, trajo a
colación lo señalado por la misma corporación en Exp. T. No. 11001-02-03-000-
2012- 01552-00, criterio que ha sido reiterado desde entonces en sentencias
STL 6000-2016, STL16340-2016, STL16490-2016, STL10065-2020 y STL4801-
2020”, y conforme a esas sentencias no existe razón para que se mantenga la
sanción impuesta al incidentado, cuando ya se cumplió con la orden de amparo
constitucional como acontece en el presente caso.

31. Finalmente, reiteró que “el juez de tutela no ha valorado el acervo probatorio
allegado al proceso, de tal suerte que se niega a declarar el hecho superado y
así mismo se ha negado a subsanar inconsistencia (sic) frente a la
individualización de la persona responsable del cumplimiento a (sic) fallo de
tutela correspondiente al patrimonio autónomo FOMAG”.

1.9. Trámite de segunda instancia

32. Por auto del 6 de diciembre de 2021 el magistrado ponente ordenó que se
vinculara en calidad de terceros con interés al presente trámite, a los señores
Lidia Tatiana Ramírez Hernández, Miguel Ángel Duarte Quintero, a la
Fiduprevisora S.A., al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– FOMAG – y a la unión temporal Cosmitet LTDA.

1.10. Intervención de la Fiduprevisora S.A.

33. Presentó un escrito idéntico al de la tutela en el que reiteró que los autos del
3 de diciembre de 2020 y 18 de marzo de 2021 adolecían del defecto por
desconocimiento del precedente fijado en las sentencias T-421 de 2003, T-171
de 2009 y T-482 de 2013, así como de las mismas decisiones de la Corte
Suprema de Justicia.

34. Igualmente manifestó que “el juez de tutela no ha valorado el acervo
probatorio allegado al proceso, de tal suerte que se niega a declarar el hecho
superado y así mismo se ha negado a subsanar inconsistencia (sic) frente a la
individualización de la persona responsable del cumplimiento a (sic) fallo de
tutela correspondiente al patrimonio autónomo FOMAG”.

35. Pese a que se surtió en debida forma la vinculación de los señores Lidia
Tatiana Ramírez Hernández, Miguel Ángel Duarte Quintero, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG – y la unión temporal
Cosmitet LTDA., guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 4 de diciembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa2

37. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

38. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

39. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

40. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.

41. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

2 Ver posición reiterada y reciente: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de

noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.

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42. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda3.

43. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
accionante en su condición de sancionada dentro del trámite incidental de
desacato en el que se dictaron los autos que cuestiona, en los que se le denegó
el levantamiento de la sanción, está legitimada en la causa por activa.

44. Respecto al argumento expuesto por el Juzgado 19 Administrativo del
Circuito Oral de Cali sobre la presunta falta de poder de la abogada Aydee
Johanna Galindo para actuar en nombre de la señora Gloria Inés Cortés
Arango, aclara la Sala que en el índice 2 dispuesto en la plataforma Samai se
encuentra visible el mandato. De este poder se desprende que la accionante
faculta a la citada profesional del derecho a promover puntualmente acción de
tutela contra el Juzgado mencionado y el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca.

45. Si bien no se incluyó dentro del poder la radicación del proceso contra el
cual se le concedió el mandato a la apoderada, al precisarse con claridad los
sujetos accionados y relacionarse dentro de los hechos las providencias y el
proceso sobre el que se presentan los cargos, se estiman satisfechos los
requisitos del poder para promover la solicitud de amparo de la referencia.

46. Por otro lado, la Sala evidencia que el Juzgado 19 Administrativo del
Circuito Oral de Cali, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en tanto
que dictó los autos del 3 de diciembre de 2020 y 18 de marzo de 2021 dentro
del incidente de desacato de rad. N.° 2018-00157.

2.3. Problema jurídico

47. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso de la señora Gloria Inés Cortés Arango, con ocasión de
los autos del 3 de diciembre de 2020 y 18 de marzo de 2021, en los que
el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali denegó el

3 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de

2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.

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levantamiento de la sanción impuesta por el incumplimiento de un fallo
de tutela?
48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) procedencia de la acción de tutela contra incidentes de desacato,
(iii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de cara al sub-lite y de
superarse, (iv) caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

49. Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela
contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión
judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos
que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado
que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma
individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

50. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31
de julio de 20124 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por
cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema.5

51. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.6

52. Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente
AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».

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estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.7 Énfasis
propio.

53. A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación modificó su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las
acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si
ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

54. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

55. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, 8
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial
y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la
Constitución Política y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no
puede ser ajeno a esas características.

56. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede
interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del
Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos
fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y en donde el actor
tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

57. En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma
amplia9 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la
acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se
conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles
impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

58. Por tanto, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el

7 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

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agotamiento de los mecanismos judiciales, ordinarios y extraordinarios de
defensa, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado.

59. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar
será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del
asunto.

60. Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i)
que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción
no intente reabrir el debate de instancia.

61. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en
el marco de incidentes de desacato

62. El Decreto 2591 de 1991 dispone en su artículo 27 que el fallo que “concede
la tutela”, es decir, aquel que ordena el amparo constitucional, se deberá acatar
por el responsable dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
notificación. De no hacerse dentro del citado término, una de las consecuencias
jurídicas es la sanción por desacato. De ahí, que el mecanismo judicial que
dispuso el legislador para alegar el incumplimiento de los fallos de tutela es el
incidente de desacato y por ello no procede, por regla general, la acción de
tutela contra un proceso de la misma naturaleza.

63. No obstante, en relación con la conducta que desarrolla el obligado o el
mismo juez constitucional, una vez se le abre el incidente de desacato, no hay
medio de defensa judicial en el que se pueda someter a juicio un eventual litigio.

64. La Corte Constitucional aclaró, en la sentencia SU-034 de 2018, que
procede la acción de tutela contra las vulneraciones de derechos fundamentales
acaecidas en los trámites incidentales de desacato, en los siguientes términos:

En este contexto, previo a ventilar mediante acción de tutela cualquier
eventual vulneración acaecida en la instrucción de un desacato, es
condición sine qua non que el auto que pone fin al trámite esté
debidamente ejecutoriado: “Tal exigencia tiene que ver tanto con las
amplias facultades con que cuenta la autoridad judicial para materializar
las órdenes de protección impartidas y garantizar los derechos
fundamentales de quienes intervienen en el trámite incidental como con el
hecho de que las partes puedan hacer valer sus argumentos y reclamar la

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práctica de las pruebas que correspondan en ese escenario. Para esta
Corporación, tales aspectos hacen inadmisibles las tutelas que se dirigen
contra decisiones distintas a las que le ponen fin al incidente.”[24]

Bajo este entendimiento, como presupuesto formal de procedencia –
tratándose del requisito de subsidiariedad–, la Corte ha establecido que
para censurar por vía de tutela una providencia dictada al interior de un
incidente de desacato, es necesario que el respectivo trámite haya
culminado, teniendo en cuenta que, como se viene de decir, el grado
jurisdiccional de consulta es la instancia obligatoria donde la sanción por
desacato cobra firmeza.

65. En la sentencia de unificación referenciada, se estableció además como
requisitos puntuales de procedibilidad de la solicitud de amparo, en casos como
el presente, los siguientes:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración
una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

66. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
superado por cuanto, la parte actora cuestiona el actuar del Juzgado 19
Administrativo del Circuito Oral de Cali al proferir los autos del 3 de diciembre
de 2020 y 18 de marzo de 2021 dentro del incidente de desacato de rad. N.°
2018-00157, e indica que con dicha decisión se le desconocieron sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

67. En igual sentido, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión. En efecto, la accionante estima vulneradas las referidas garantías
constitucionales por parte del Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de
Cali porque le denegó el levantamiento de la sanción impuesta por
incumplimiento del fallo del 15 de agosto de 2018, desconociendo con dicha

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decisión, sentencias de tutela de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema
de Justicia, “el acervo probatorio allegado al proceso” y obviando que no es la
llamada a atender la orden impartida en la citada providencia.

68. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
de garantías superiores, que después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, se acuda al
mecanismo constitucional establecido para la salvaguarda de los derechos
fundamentales.

69. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su
eficacia y la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso.

2.6.2. Tutela contra tutela

70. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de
la presente acción constitucional se cuestionan dos de las decisiones
adoptadas por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali dentro del
incidente de desacato de rad. N.° 76001-33-33-019-2018-00157-00.

71. En este punto, precisa la Sala que si bien no se cuestiona la providencia
que le puso fin al trámite de incidente de desacato, lo cierto es que resulta
procedente la acción de tutela contra los autos del 3 de diciembre de 2020 y 18
de marzo de 2021, en tanto que el incidente ya cuenta con la decisión
debidamente ejecutoriada que culminó el proceso a través del grado de
consulta surtido ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.6.3. Inmediatez

72. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable10, el cual debe ser ponderado por el juez en
cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo11.

10 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.

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73. De acuerdo con lo anterior, esta Sección12 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el
cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia.

74. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

75. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201513, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida
en un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual14”.

76. Se tiene que dentro de las decisiones cuestionadas por la tutelante se
encuentra el auto del 3 de diciembre de 2020.

77. Si bien no se cuenta con el informe de notificación de dicha providencia
judicial, se encuentra incorporado en el expediente un nuevo informe
presentado el 3 de febrero de 2021, en el que la accionante en atención a la
decisión negativa que obtuvo en el auto del 3 de diciembre de 2020, solicitó
nuevamente el levantamiento de la sanción impuesta.

78. Así, respecto del citado auto la solicitud de amparo se ejerció fuera del
término razonable que la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado
ha considerado, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo se radicó el 27
de septiembre de 2021, e incluso tomando desde el 3 de febrero de 2021, día

12 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P.
Rocío Araújo Oñate.
13 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha

Victoria Sáchica Méndez.
14 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110

de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.

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en el que se requirió nuevamente el levantamiento de la sanción, el plazo de los
6 meses para acudir a cuestionar la providencia judicial se excedió.

79. Ligado a ello, la demandante no puso de presente ninguna condición
especial, que pueda ser analizada por este juez de tutela para establecer si es
procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez
para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales en lo que atañe a la providencia que se estudia.

80. Así las cosas, habrá que declararse improcedente la acción de tutela de la
referencia en relación con el auto del 3 de diciembre de 2020, en el que se le
negó a la actora el levantamiento de la sanción impuesta en su contra.

81. No ocurre lo mismo con el auto del 18 de marzo de 2021, respecto al cual la
tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente a la
ejecutoria (art. 30215 CGP) de la decisión cuestionada, toda vez que, el
proveído se notificó el 21 de mayo de 2021, y la acción constitucional se radicó
vía correo electrónico el 27 de septiembre del mismo año.
82. Así, la Sala considera razonable el término transcurrido entre el proveído
cuestionado y la presentación de la solicitud de amparo, aun sin escudriñar en
la fecha de ejecutoria de dicha decisión.

83. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200517, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

15 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando

no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos». Énfasis de la Sala.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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2.6.4. Subsidiariedad

84. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

85. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.

86. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia18.

87. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

88. En el caso bajo estudio, no se supera lo relativo a este requisito en lo que
atañe al argumento consistente en que el Juzgado 19 Administrativo del Circuito
Oral de Cali no examinó que el verdadero responsable de atender el fallo del 15
de agosto de 2018, que le amparó los derechos fundamentales a la señora Lidia
Tatiana Ramírez Hernández, era el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG - y no la Fiduprevisora S.A.

89. Lo anterior, dado que al ser notificada del auto del 19 de octubre de 2020 en
el que se le solicitó que se pronunciara sobre el cumplimiento del fallo de tutela
del 15 de agosto de 2018, guardó silencio. Acto seguido, reiteró su actuar tras
darse la apertura al incidente de desacato, e incluso luego de ser sancionada
en el proveído del 5 de agosto de 2020.

90. Es decir, que para la Sala el momento procesal idóneo para que la actora
discutiera que no era la obligada a atender el fallo de tutela era el requerimiento

18 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

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previo a abrirse el incidente, e incluso en el curso del trámite. No obstante, su
actuar fue sustraerse por completo del pronunciamiento que la autoridad judicial
accionada requería para determinar si había o no desatención de la orden de
tutela.

91. Frente a los demás supuestos de la vulneración, esto es, el
desconocimiento del precedente de las sentencias de tutela de la Corte
Constitucional y que “… el juez de tutela no ha valorado el acervo probatorio
allegado al proceso”, se encuentra que la actora no cuenta con otro mecanismo
de defensa judicial, teniendo en cuenta que el legislador no contempló recursos
contra autos como el del 18 de marzo de 2021.

92. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en
el caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248 y
257 de la Ley 1437 de 2011.

93. Así las cosas, pasa la Sala a estudiar de fondo los cargos frente a los
cuales resultaron satisfechos los requisitos de procedencia adjetiva, para
vislumbrar si se concretó la vulneración de los derechos fundamentales sobre
los que se solicita protección.

2.7. Caso concreto

94. La señora Cortés Arango impugnó la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción, con fundamento en que el Juzgado 19
Administrativo del Circuito Oral de Cali, al denegar mediante el auto del 18 de
marzo de 2021 el levantamiento de la sanción que le impuso, desconoció lo
establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T-421 de 2003, T-171
de 2009 y T-482 de 2013.

95. Para la Sala el desconocimiento del precedente es aquella regla de
derecho creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción
correspondiente para solucionar un determinado conflicto, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha
regla sea considerada como tal. Esta decisión es vinculante para los demás
operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea una regla aplicable a
los demás asuntos que se funden en los mismos supuestos de hecho.

96. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho
que ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma
aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos
en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos
constitucionales.

97. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir

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directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

98. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación
al caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al
caso, sin que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal19.

99. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima
de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera
desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

100. Descendiendo al sub lite se advierte que es tesis reiterada de esta Sala
que:

En relación con las providencias de la Corte Constitucional, esta Sección
ha indicado que solo considera como precedente las sentencias de
constitucionalidad (C) o de unificación (SU) proferidas por la Sala Plena de
dicha Corporación, ya que contienen una regla o subregla de derecho
plasmada por el órgano de cierre en la materia.

En tal sentido, las providencias (T) dictadas por sus salas de revisión no
son precedente en los términos expuestos en precedencia y únicamente
constituyen un criterio auxiliar de interpretación20.

101. Así las cosas, de conformidad con el criterio mayoritario de la Sala, no se
estudiarán los fallos planteados como desconocidos en el escrito de
impugnación porque no se trata de decisiones judiciales que constituyan
precedente judicial21.

102. Ahora bien, respecto al acervo probatorio que aduce que “el juez de tutela
no ha valorado”, se advierte que la actora no cumplió con la carga mínima
requerida para el estudio de este cargo en tanto no indicó cuáles fueron los
medios de prueba que no valoró el juez al momento de adoptar la decisión del
18 de marzo de 2021.

19 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.

No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Quinta, consejero

Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Proceso Rad. No. 11001-03-15-000-2021-06703-00.
21 Sobre las razones por las que el magistrado sustanciador se aparta de esta postura, véase

las aclaraciones de voto de las sentencias de radicados: 11001-03-15-000-2021-06530-00,
11001-03-15-000-2021-06610-00, 11001-03-15-000-2021-03737-01, 11001-03-15-000-2021-
05127-01, 11001-03-15-000-2021-05692-01, 11001-03-15-000-2021-07155-00, entre otras.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gloria Inés Cortés Arango
Demandados: Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali y otro
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01030-01

103. Se recuerda que para que se estudie el presunto desconocimiento de
pruebas dentro de una decisión judicial es menester que el tutelante precise los
elementos de prueba dejados de valorar, demuestre que fueron debidamente
aportados al proceso y la incidencia de estos en la decisión que cuestiona.

104. En consecuencia, se sustrae la Sala del estudio del defecto fáctico ante la
falta de carga argumentativa requerida el efecto.

2.8. Conclusión

105. Con base en lo expuesto, se confirmará parcialmente la sentencia de
primera instancia proferida el 4 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia, pero solo respecto a lo relacionado con el estudio que
se realizó en los acápites de inmediatez y subsidiariedad, y se negará el
amparo frente a los defectos fáctico y por desconocimiento de precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 4 de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la
improcedencia, pero por las razones expuestas.

SEGUNDO: Denegar en lo demás las pretensiones planteadas, de
conformidad con las razones esbozadas en este proveído.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gloria Inés Cortés Arango
Demandados: Juzgado 19 Administrativo del Circuito Oral de Cali y otro
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01030-01

Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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