Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01031-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Jamundí
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 71 de 1988. Docente vinculación
por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 11 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca1 mediante la cual accedió las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Blanca Cenobia López Vásquez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 36-49-1109 del 15 de
diciembre de 2021, por medio de la cual la Secretaría de Educación del municipio
1 El consejero de estado Jorge Edison Portocarrero Banguera en anteriores ocasiones y conforme a
la causal prevista en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en
segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya
decisión haya participado el magistrado Óscar Valero Nisimblat. No obstante, la Sala de Subsección
con auto del 18 de septiembre de 2024, declaró infundado su impedimento. Al respecto ver
expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
de Jamundí y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 le negó
el reconocimiento de la pensión por aportes.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes
equivalente al 75% de los salarios y primas devengados durante el año anterior al
estatus de pensionada [30 de setiembre de 2020], sin exigir el retiro definitivo del
servicio; ii) el cumplimiento del fallo de acuerdo con los artículos 192 y 195 del
CPACA; iii) el reajuste de las sumas adeudadas; iv) el pago de intereses moratorios
a partir de la ejecutoria de la sentencia; y v) la condena en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Blanca Cenobia López Vásquez nació el 30 de septiembre de 1965, por lo que
contaba con más de 55 años de edad.
3.2. Efectuó aportes a la Administradora Colombiana de Pensiones4 durante 637.71
semanas, «de las cuales para este proceso serán contabilizadas 539.11 semanas, en
virtud que desde el 01 de noviembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003 se
encontraba cotizando al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio».
3.3. Se vinculó como docente en el «sector público» entre el 10 de noviembre de
2001 y el 13 de diciembre de 2003, con ocasión de órdenes de prestación de
servicio.
3.4. Se vinculó como docente oficial a través de una relación legal y reglamentaria
con el municipio de Jamundí entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1° de enero de
2009.
3.5. La Secretaría de Educación del Municipio de Jamundí la designó en propiedad
mediante el Decreto 1238 de 2009, empleo que desempeña desde el 1° de enero
de ese año.
3.6. El Fomag le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, a
través de la Resolución 36-49-1109 del 15 de diciembre de 2021.
3 En adelante Fomag.
4 En adelante Colpensiones.
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003 y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional; lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.
5.2. Lo anterior, permite concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, se UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, con
el resto de empleados públicos del orden nacional, aplicando así mismo todas aquellas
disposiciones aplicables a los empleados públicos de esta denominación, completando, de
ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció el artículo 7 de la
ley 71 de 1988».
5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el « [e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; disposición que
debe ser entendida en el sentido de que « los docentes vinculadas con anterioridad al
año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley
71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad
se vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar
trabajo antes de menciona fecha, TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ANTERIORES
A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, le son aplicables» [sic].
5.4. Es decir que «si el docente se encontraba laborando como docente con anterioridad
al 26 de junio del año 2003, estuviera aportando a alguna de previsión del sector público o
al ISS, es preciso indicar que debe respetársele el régimen de transición que contiene el
art. 81 de ley 812 de 2003» [sic].
5.5. En ese orden y en consideración a que antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 la demandante efectuó aportes al ISS, se le debe respetar el régimen
contenido en la Ley 71 de 1988, puesto que la «expresión vinculado, desarrollado
expresamente en la norma, se refiere como lo contempl[ó] el Honorable Consejo de estado,
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
a estar laborando o haber realizado aportes al ISS, como normatividad aplicable a los
servidores públicos del estado, antes del 23 de junio de 2003» (sic).
5.6. En tanto demostró que se «encontraba vinculada antes del 23 de junio de 2003,
INCLUSO APORTANDO AL ANTIGUO ISS, NO PUEDE EL FONPREMAG, desconocer el derecho de
sus aportes realizados antes del 26 de junio de 2006, hacen parte del régimen de transición
a que tiene derecho […] por ser docente del orden nacional».
5.7. Asimismo, «reconocer la pensión de jubilación, en aplicación de la ley 100 de 1993 a
mi mandante, es vulnerar de manera directa las disposiciones establecidas en la
normatividad docente y en especial el contenido de la ley 812 de 2003, que permite haber
laborado antes del año 2003, para acogerse a las prerrogativas establecidas en la ley 71
de 1988, norma anterior aplicable para los docentes que demuestran actividad laboral,
realizando aportes al antiguo ISS, antes del 26 de junio de 2003» (sic).
1.2. Las contestaciones de la demanda
6. 1.2.1.La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
con sustento en los siguientes argumentos:
6.1. El acto demandado fue expedido de conformidad con el ordenamiento jurídico y
la interpretación jurisprudencial de este, según el cual, la demandante no tenía
derecho a la prestación pretendida porque se vinculó como docente en propiedad a
partir del año 2015, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, lo que «ubica su situación pensional bajo el régimen de la Ley 100 de 1993 y
797 de 2003».
6.2. En ese sentido, la decisión de negar lo pretendido por la educadora no estaba
«en contra los derechos laborales de la demandante, por el contrario, los mismos se
encuentran debidamente satisfechos y así como tampoco se han violado las disposiciones
incoadas por la parte actora, no puede alegarse error o inaplicación de la ley, por lo que no
resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes teniendo
en cuenta que no tiene derecho a la misma en razón a la fecha de vinculación y la perdida
de continuidad de la relación laboral con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio».
6.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación o cobro de lo no debido; ii) legalidad del acto administrativo; y iii) genérica.
7. 1.2.2. El municipio de Jamundí se opuso a las pretensiones de la demanda, en
especial a que «sea condenado el Municipio de Jamundí como quiera que no exista una
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orden legal o judicial que así lo amerite» [sic]. En ese sentido, a esa entidad territorial
«no le corresponde conocer el asunto que nos ocupa, debido a que, el reconocimiento y
pago de la Pensión de Jubilación como consecuencia de supuestamente haber reunido los
requisitos para tal fin, está a cargo, exclusivamente, del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, quien es el encargado de desembolsar el dinero al afiliado-
demandante» [sic].
7.1. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) cobro de lo no debido por
inexistencia de la obligación; ii) prescripción; iii) inexistencia de las obligaciones
reclamadas frente al municipio de Jamundí; iv) falta de legitimación en la causa por
pasiva; v) buena fe de la entidad territorial demandada; y vi) innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida 11 de
julio de 2024, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del
municipio de Jamundí y accedió a las pretensiones de la demanda, en ese sentido
ordenó al Fomag reconocer y pagar a Blanca Cenobia López Vásquez una pensión
por aportes a partir del 30 de septiembre de 2020.
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
9.1. La demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 71 de 1988, toda vez que se vinculó a la docencia oficial antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es, el 10 de noviembre de 2001 a
través de un contrato de prestación de servicios.
9.2. Ahora bien, «para que los contratos de prestación de servicios puedan ser tenidos en
cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, deben haberse
efectuado los respectivos aportes a la seguridad social, lo que, en este asunto, se acredita
con el reporte de semanas cotizadas expedido por COLPENSIONES, en el que se evidencian
las cotizaciones por los periodos en que estuvo vinculada a través de los referidos contratos
de prestación de servicios».
9.3. Asimismo acreditó la totalidad de los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988,
en tanto «cumplió los 55 años de edad el 30 de septiembre de 2020 y para esa fecha ya
había completado más de 20 años de servicios entre la docencia oficial y lo cotizado al
extinto ISS, de modo que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes sin que se le exija el retiro definitivo del servicio para devengar la mesada pensional
por ser compatible con el salario, garantía que le asiste por haberse vinculado al Magisterio
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003».
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9.4. En cuanto a lo manifestado por el municipio de Jamundí, concluyó que «aunque
las entidades territoriales intervienen a través de sus secretarías de educación en la
expedición de los actos administrativos que resuelven las solicitudes pensionales de los
docentes oficiales afiliados al FOMAG, lo hacen de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, correspondiéndole en definitiva al FOMAG en
cabeza del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL el reconocimiento y pago de la pensión»,
por lo que, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
9.5. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 361 del
Código General del Proceso, precisó que, si bien se «accederá a las pretensiones de
la demanda, no se condenará a la entidad demandada al pago de las costas procesales de
primera instancia, como quiera que no se encuentra acreditada su causación en el
expediente» [sic].
1.4. El recurso de apelación
10. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con sustento
en lo siguiente:
10.1. De conformidad con el material probatorio aportado al expediente, la docente
se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, por lo que su situación
pensional se gobernaba por el régimen de prima media con prestación definida
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, bajo el cual no acreditó la
totalidad de las exigencias para el reconocimiento de la prestación de vejez.
10.2. En relación con la vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 señaló que puede ser tenida en cuenta para efectos del reconocimiento
pretendido «siempre y cuando se verifique que esta Jurisdicción ha declarado la existencia
de la relación laboral mediante sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio y se han
efectuado aportes para pensión por dichos periodos en virtud de la actividad docente
oficial».
10.3. Adicionalmente, no es posible aplicar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 71
de 1988, puesto que, tampoco cumplió con «el requisito de las 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicio, demostrable al momento de entrada en vigencia del acto
legislativo 01 de 2005, el día 25 de julio de 2005, ya que para esa fecha, la demandante no
contaba con un acumulado de semanas requeridas» [sic].
10.4. De otra parte, «si en gracia de discusión existiere responsabilidad, lo cierto es que
deberá ser asumida en su totalidad por el ente territorial teniendo en cuenta que es este el
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encargado de elaborar y emitir el acto administrativo incluyendo la totalidad del mismo, es
decir incluyendo la totalidad de los valores a reconocer y pagar y es el legislador quien pone
en cabeza del FOMAG la revisión del Acto administrativo pero de una manera formal en
cuanto a que lo que se tiene que observar por mi representada es si el docente realmente
está afiliado al Fondo y si se hicieron los aportes por parte de la entidad territorial, pero
reitero en cuanto a establecer el valor de la prestación está a cargo del ente territorial razón
por la que me encuentro inconforme con la Decisión de primera instancia».
10.5. En consonancia con lo anterior, solicitó que, de mantenerse la condena en
contra del Fomag, subsidiariamente se condene a la Secretaría de Educación del
ente territorial a «girar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio los
valores correspondientes a las diferencias reconocidas entre el Acto Administrativo pagado
y los valores reconocidos en la presunta sentencia, los cuales de encontrarse probados se
solicitan se nos giren debidamente indexados».
1.5. Trámite en segunda instancia
11. Por medio de auto del 28 de febrero de 2025, el magistrado ponente negó la
solicitud probatoria presentada por el Fomag, al advertir que esta no se sustentó en
alguna de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA. Pese a lo anterior,
se encontró que «el documento aportado reúne los requisitos de pertinencia, utilidad y
conducencia para ser considerado como prueba y, asimismo, que también puede contribuir
a comprender de mejor manera la situación jurídica de la parte demandante», por lo que
fue decretado como prueba de oficio, de conformidad con el artículo 213 del referido
estatuto procesal.
12. De la anterior prueba se corrió el traslado previsto en el artículo 110 del Código
General del Proceso.
1.6. Concepto Ministerio Público
13. El procurador delegado ante esta corporación no emitió concepto en el presente
asunto.
2. Consideraciones
2.2. Los problemas jurídicos
14. Se circunscriben a resolver:
14.1. ¿Si para acceder al régimen de transición de la Ley 812 de 2003,
puede
computarse el tiempo de servicios prestado con ocasión de vinculaciones
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contractuales? Y si la respuesta al anterior interrogante es positiva ¿si para esos
efectos la jurisdicción debe declarar de manera previa la existencia de una relación
laboral encubierta?
14.2. ¿Si Blanca Cenobia López Vásquez era beneficiaria de la transición prevista en
la Ley 812 de 2003 y como consecuencia al reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
15. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte5. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas6.
16. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción7. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»8. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
17. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos9. Está integrado por dos regímenes
5 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
6 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
7 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
8 Preámbulo y artículo 6.
9 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
18. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
19. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
20. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200310.
21. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
22. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
10 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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23. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
24. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
25. La Ley 60 de 199311 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
26. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
11 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
11
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
27. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
28. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
12
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29. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
30. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se
entiende de la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con
excepción de los del nivel superior o universitario, vinculados a la nación, de
conformidad con las leyes vigentes, a partir del 1 de enero de 1990, quedarán
sometidos al sistema prestacional y de cesantías aplicable a los empleados
públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15 habría que referirse
finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación;
recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al
Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»12 (se destaca).
31. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
32. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
12
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República del 17 de octubre de
1989.
13
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sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
33. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes13 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
34. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
35. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»14 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
36. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
13
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
14
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los
clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
14
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provecho otorgue al trabajador15. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
37. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
38. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
39. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
15
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál es la
disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este conflicto se da
cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de causarse el derecho que se
reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su
integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del
Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de
una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador».
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-
000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
15
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la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación16.
40. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
41. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
42. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
43. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
44. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior17.
45. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
16
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el
ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en planteles oficiales y
no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define como «[…]el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de
2002 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…]
desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en
su proceso enseñanza aprendizaje […]».
17
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
16
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de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
46. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.
47. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
48. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
49. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
17
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50. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
51. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
52. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».
53. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
54. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
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Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior
al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho
salario, salvo lo previsto en la ley».
55. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 618 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
18 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
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del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.
2.3.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
56. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
57. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200319, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
19 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
20
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».
58. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201920, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
59. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
20 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
21
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]
60. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
22
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
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Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años21. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
61. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección22, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
61.1. i)
los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir
55 años de edad23 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20
años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de
reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
61.2. ii)
los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199424.
21 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
24 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
23
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62. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
63. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.3.5. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
64. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores25. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
65. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
66. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
25 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
24
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personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 26, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación27 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
67. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1628 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
68. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199429 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
69. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
26 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
27 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
29 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
25
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
70. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 30 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199431; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar32. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
71. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
30 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
31 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
32 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
26
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de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
72. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
73. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado33, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
74. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
27
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posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»34. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»35.
75. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
76. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
77. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
78. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 36, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
34 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
35 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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79. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200337 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
80. En efecto, el artículo 2338 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2439 y 5740 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
37 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
38 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
39 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
40 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
29
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
81. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
82. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
82.1. Blanca Cenobia López Vásquez nació el 30 de septiembre de 1965.
82.2. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones41, entre el 1° de
junio de 1987 y el 31 de diciembre de 2003 cotizó un total de 637.71 semanas en
Colpensiones.
82.3. Según consta en el certificado de tiempo de servicios expedido el 31 de mayo
de 2021 por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Jamundí, ejerció
como docente con ocasión de órdenes de prestación de servicios, así:
Institución Cargo Tipo de A.A. Desde Hasta Tiempo total
Colegio Satélite Ord. 1811
Docente básica
Santiago 10-11-2001 10-11-2001 15-12-2001 1 mes y 1 día42
secundaria
Rengifo Salcedo Tipo: OPS
Colegio Satélite Ord. 1811
Docente básica 5 meses y 28
Santiago 08-01-2002 08-01-2002 05-07-2002
secundaria días
Rengifo Salcedo Tipo: OPS
Ord. 3073
Docente básica 3 meses y 18
Ciudad Córdoba 26-08-2002 26-08-2002 13-12-2002
secundaria días
Tipo: OPS
CER S/N
Docente básica 10 meses y 29
Ciudad Córdoba 18-02-2003 15-01-2003 13-12-2003
secundaria días
Tipo: OPS
Tiempo total laborado «1 año, 9 meses y 21 días»
82.4. Copia de las órdenes de prestación de servicio suscritas entre la demandante
y el gobernador del departamento del Valle del Cauca: i) 1811 del 10 de noviembre
41 Actualizado al 18 de abril de 2018.
42 Aunque en el certificado se indica este resultado, entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre
de 2001 el tiempo total corresponde a 1 mes y 6 días.
30
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de 2001; ii) 1811 del 8 de enero de 2002 y iii) 3073 del 26 de agosto de 2002.
82.5. Mediante Decreto 1155 del 30 de octubre de 2003, el gobernador del
departamento del Valle del Cauca la nombró en provisionalidad en el cargo docente
en la Institución Educativa del municipio de Simón Bolívar.
82.6. Acta de posesión 2003-3034, según la cual el 31 de diciembre de 2003 se
posesionó en el empleo de docente de la Institución Educativa Simón Bolívar, para
el cual fue designada en provisionalidad mediante el «Decreto 0000001155» del 30
de octubre de esa anualidad.
82.7. Através del Decreto 1192 del 11 de agosto de 2004, el gobernador del
departamento del Valle del Cauca la incorporó «de manera provisional a la planta de
cargos de personal docente del departamento del Valle del Cauca».
82.8. Mediante el Decreto 0858 del 21 de diciembre de 2007 el gobernador del
departamento del Valle del Cauca la nombró en periodo de prueba en el cargo
docente. Empleo del cual tomó posesión el 9 de enero de 2008.
82.9. A través del Decreto 1104 del 21 de octubre de 2008, el gobernador del
departamento del Valle del Cauca la nombró en propiedad, «por haber superado
satisfactoriamente el periodo de prueba».
82.10. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 2499, expedido el 24 de mayo de 2021 por la Secretaría de
Educación del municipio de Jamundí «para efectos de ser tenida en cuenta dentro del
trámite prestacional adelantado ante el» Fomag, prestó sus servicios como docente,
así:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Secretaría de Educación Decreto 1155
31-12-2003 -
Departamental del Valle del 30-10-2003
Cauca
Ascensos
Resolución
IEM Central de Bachillerato
36490340 01-01-2016 -43
Integrado
31-08-2016
Jamundí (Val)
82.11. De acuerdo con el certificado expedido por la «Fiduprevisora S.A. Fondo
43
La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.
31
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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», la afiliación de la demandante
se encuentra activa, para lo cual tiene como fecha de posesión la del 31 de
diciembre de 2003 con ocasión del nombramiento en periodo de prueba efectuado
a través del acto administrativo 1155 del 30 de octubre de 2003.
82.12. El 26 de agosto de 2021 solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación
por aportes, el cual fue negado por el secretario de educación del municipio de
Jamundí con la Resolución 36-49-1109 del 15 de diciembre de 2021. Lo anterior por
cuanto «LA ÚLTIMA VINCULACIÓN DE LA DOCENTE FUE POSTERIOR A LA ENTRADA EN VIGENCIA
DE LA LEY 812 DE 2003».
2.4.2. Análisis sustancial
83. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la demandante tenía derecho al reconocimiento de la
pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, porque se vinculó como docente
oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y acreditó la totalidad
de las exigencias establecidas en el artículo 7 de la primera norma en mención.
84. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, en tanto la
situación pensional de Blanca Cenobia López Vásquez se gobernaba por el régimen
de prima media con prestación definida establecido en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, bajo el cual no acreditó la totalidad de las exigencias para el
reconocimiento de la prestación de vejez.
85. Asimismo, reprochó que para efectos de verificar si la docente era beneficiaria
de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 fueran tenidas en cuenta las
vinculaciones contractuales, con lo que desconoció que estas podían ser
computadas «siempre y cuando se verifique que esta Jurisdicción ha declarado la
existencia de la relación laboral mediante sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio
y se han efectuado aportes para pensión por dichos periodos en virtud de la actividad
docente oficial».
2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
86. Como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, el
legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad social integral»
con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]» el
cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional44», con excepción de,
entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
44
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
32
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esto es los docentes oficiales.
87. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema del régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo le sería aplicable a quienes a partir del
26 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
88. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].
89. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y del constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
90. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 del 25 de abril de 201945, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.
91. De acuerdo con lo anterior y con el certificado suscrito por la Secretaría de
Educación y Cultura del municipio de Jamundí, la demandante se vinculó por
primera vez como profesora el 10 de noviembre de 2001, con ocasión de la
45
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
33
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vinculación efectuada a través de la orden de prestación de servicios 1811 de esa
fecha. Así las cosas, acreditó el único requisito previsto por el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 para ser beneficiaria de la transición prevista en esa disposición, esto
es, una vinculación al servicio educativo oficial previa a su entrada en vigor.
92. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado en la apelación, es
irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
hubiera sido en virtud de contratos u órdenes de prestación de servicios y no a
través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen
de transición de la norma antes mencionada no establece condición alguna
adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea
como docente nacional, nacionalizado o territorial.
93. En ese sentido, esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»46.
94. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia
del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le permite el
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.
95. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
96. En suma, tal como lo concluyó el tribunal, Blanca Cenobia López Vásquez tenía
46 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
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derecho a mantener el régimen pensional del cual eran beneficiarios los empleados
públicos del orden nacional antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, por lo
que, su reconocimiento prestacional se regía por la Ley 71 de 1988, puesto que
pretendió dicho reconocimiento con base en el tiempo de servicios que había
prestado como empleada oficial y los aportes efectuados en Colpensiones.
2.4.2.1. En relación con el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
71 de 1988
97. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, para efectos del
reconocimiento de la prestación, en el caso de la demandante, por ser mujer debía
acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el
Instituto de Seguros Sociales [hoy Colpensiones] y en una o varias de las entidades
de previsión social del sector público; con una tasa de reemplazo del 75% y sobre
lo aportado durante el último año de servicio.
98. En ese sentido se observa que, acreditó los siguientes aportes: i) 637.71
semanas cotizadas en Colpensiones, las cuales corresponden a 12 años, 4 meses
y 24 días; ii) con ocasión de las vinculaciones a través de órdenes de prestación de
servicio 1 año, 9 meses y 21 días; y iii) con ocasión del periodo durante el que prestó
sus servicios como docente con una vinculación legal y reglamentaria 17 años, 4
meses y 23 días.
99. Se precisa que, en tanto el periodo durante el cual la docente prestó sus servicios
con una relación contractual coincide con el periodo durante el cual efectuó aportes
en el Instituto de Seguros Sociales [hoy Colpensiones], con el fin de no computar
doble vez el mismo periodo, para verificar el tiempo de servicio exigido por la Ley
71 de 1988, de estos últimos solo se tendrán en cuenta las semanas cotizadas
equivalentes a 10 años, 7 meses y 3 días.
100. Así las cosas, Blanca Cenobia López Vásquez adquirió el estatus pensional el
30 de septiembre de 2020, fecha en la que cumplió 55 años de edad [nació en 1965],
y en la que contaba con más de 20 años de cotizaciones47.
101. Por lo anterior, como lo ordenó el tribunal de primera instancia, la educadora
tenía derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación de conformidad con
lo dispuesto en las leyes 91 de 1989 y 71 de 1988, esto es con el 75% del salario
47 Contaba con 29 años, 1 mes y 23 días de cotizaciones: i) 10 años, 7 meses y 3 días de cotizaciones
en Colpensiones + ii) con ocasión de las vinculaciones a través de órdenes de prestación de servicio
1 año, 9 meses y 21 días + iii) con ocasión del periodo durante el que prestó sus servicios como
docente con una vinculación legal y reglamentaria entre el 1° de enero de 2004 y el 30 de septiembre
de 2020: 16 años, 8 meses y 29 días.
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devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus [30 de
septiembre de 2020], con la inclusión de los factores salariales que debieron servir
de base de cotizaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así
como los creados a favor de los docentes con posterioridad a esta disposición que
tengan carácter prestacional.
2.4.2.1. Consideraciones adicionales
102. El Fomag, en el recurso de apelación, señaló que, «si en gracia de discusión
existiere responsabilidad, lo cierto es que deberá ser asumida en su totalidad por el ente
territorial teniendo en cuenta que es este el encargado de elaborar y emitir el acto
administrativo incluyendo la totalidad del mismo, es decir incluyendo la totalidad de los
valores a reconocer y pagar y es el legislador quien pone en cabeza del FOMAG la revisión
del Acto administrativo pero de una manera formal en cuanto a que lo que se tiene que
observar por mi representada es si el docente realmente está afiliado al Fondo y si se
hicieron los aportes por parte de la entidad territorial, pero reitero en cuanto a establecer el
valor de la prestación está a cargo del ente territorial razón por la que me encuentro
inconforme con la Decisión de primera instancia».
103. En línea con lo anterior, solicitó que, de mantenerse la condena en contra del
Fomag, subsidiariamente se condenara a la Secretaría de Educación del ente
territorial a «girar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio los valores
correspondientes a las diferencias reconocidas entre el Acto Administrativo pagado y los
valores reconocidos en la presunta sentencia, los cuales de encontrarse probados se
solicitan se nos giren debidamente indexados».
104. Al respecto, se precisa que el artículo 348 de la Ley 91 de 198949 dispuso la
creación del Fomag como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica,
con independencia patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos deberían ser
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tuviera más del 90% del capital. Asimismo, según lo dispuesto en el numeral
1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, esta entidad se encargaría de realizar el pago
de las prestaciones sociales de sus afiliados.
48 «ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en
los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de
los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
49 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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105. De otra parte, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 962 de de 200550, las
prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2,
3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200551.
106. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)52.
107. Lo anterior es suficiente para concluir que tanto el Fomag como el municipio de
Jamundí se encontraban legitimados en la causa por pasiva en el sub judice, sin
embargo, su responsabilidad se encuentra limitada por la competencia otorgada en
el ordenamiento jurídico a cada entidad, esto es, en cuanto al ente territorial la
elaboración del proyecto de acto administrativo que, en el caso, resolviera la
solicitud de reconocimiento pensional y a la entidad de previsión lo relacionado con
la aprobación del referido proyecto y el pago de la correspondiente prestación.
108. Ahora bien, con el fin de verificar la responsabilidad del municipio de Jamundí
en el presente asunto, se encuentra pertinente transcribir algunos apartes de las
consideraciones de la Resolución 36-49-1109 del 15 de diciembre de 2021:
«Que la peticionaria aportó los documentos establecidos en el formato de solicitud de
reliquidación de pensión determinado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y en la ley, para acceder a la prestación económica ante la Secretaría de
Educación de Jamundí.
50 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
51 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91
de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
Que la Oficina de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación procedió a
elaborar el proyecto de acto administrativo, remitido mediante radicado 2021-PENS-
016684 de fecha 26 de agosto de 2021 a la Fiduprevisora para estudio y aprobación.
Que la Fiduprevisora devolvió la carpeta contentiva del trámite de la pensión de la
docente con hoja de revisión No. 2091578 elaborada por Marisol Requena Badel de
carácter NEGADA hace las siguientes observaciones:
1. UNA VEZ REVISADOS LOS TIEMPOS DE SERVICIO SE CONSTATÓ QUE LA ÚLTIMA VINCULACIÓN
DE LA DOCENTE FUE POSTERIOR A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 812 DE 2003.
QUE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 812 DE 2003 ESTABLECE: LOS
DOCENTES QUE SE VINCULEN A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY,
SERÁN AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y
TENDRÁN LOS DERECHOS PENSIONALES DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE PRIMA MEDIA
ESTABLECIDO EN LAS LEYES 100 DE 1993 Y 797 DE 2003, CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
ÉL, CON EXCEPCIÓN DE LA EDAD DE PENSIÓN QUE SERÁ DE 57 AÑOS PARA HOMBRES Y
MUJERES.
QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DE LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADOS
POR LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY 797 DE 2003, PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN DE VEJEZ
ES NECESARIO HABER COTIZADO MÍNIMO 1000 SEMANAS EN CUALQUIER TIEMPO, LOS CUALES
A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2005 SE INCREMENTARÁN EN 50 Y A PARTIR DEL 1º DE ENERO
DE 2006 SE INCREMENTARÁ EN 25 CADA AÑO HASTA LLEGAR A 1300 SEMANAS EN EL AÑO
2015.
2. LA DOCENTE NACIÓ EL 30/09/1965 POR LO QUE A LA FECHA NO TIENE 57 AÑOS, ASÍ QUE NO
CUMPLE CON EL REQUISITO DE EDAD PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN POR APORTES Y SE CONMINA A LA SECRETARÍA A PRESENTAR UN NUEVO
PROYECTO DONDE SOLICITE EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ CUANDO LA
DOCENTE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE 57 AÑOS DE EDAD Y 1300 SEMANAS DE
COTIZACIÓN.» [Se resalta]
109. La motivación del acto transcrita permite evidenciar que la Secretaría de
Educación adelantó el trámite que le correspondía de conformidad con la
competencia asignada por el ordenamiento jurídico, sin que se adujera o demostrara
incumplimiento de sus obligaciones en el trámite de la actuación administrativa. Sin
embargo, las consideraciones en cita sí dejan ver que la revisión del Fomag no solo
fue «formal» ni se limitó a verificar «si el docente realmente está afiliado al Fondo y si se
hicieron los aportes por parte de la entidad territorial», sino que, contrario a lo
manifestado en el recurso de apelación, sí efectuó un estudio de fondo, como
resultado del cual, después de hacer una interpretación de las normas que
consideró eran aplicables frente a la situación fáctica de la demandante, conminó a
la entidad territorial a modificar la decisión propuesta e, incluso, le señaló de manera
expresa el sentido en el que debía proferir el acto administrativo que definiera la
situación pensional de la educadora.
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
110. Asílas cosas, esta Subsección no encuentra procedente condenar a la
Secretaría de Educación del municipio de Jamundí a «girar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio los valores correspondientes a las diferencias
reconocidas entre el Acto Administrativo pagado y los valores reconocidos en la presunta
sentencia, los cuales de encontrarse probados se solicitan se nos giren debidamente
indexados». En ese orden, si bien se revocará el ordinal primero de la sentencia de
primera instancia, al encontrar que el ente territorial sí está legitimado en la causa
por pasiva, ciertamente su obligación se limitará a adelantar el procedimiento que
le corresponda de conformidad con el ordenamiento jurídico, para efectos de lograr
que se expida el acto administrativo que permita dar cumplimiento a la orden
impartida en el presente asunto.
111. Finalmente, se precisa que la decisión de computar la totalidad del tiempo de
servicio no desconoce la necesidad de contar con los recursos necesarios para la
financiación de la prestación, por lo que, de conformidad con las leyes 71 de 1988,
100 de 1993 y el Decreto 3752 de 2003, el Fomag tiene «derecho a repetir contra los
organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del
tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos», por lo que se exhortará a
esta entidad con el fin de que adelante ante Colpensiones las gestiones necesarias
para que la prestación sea financiada con los aportes que se efectuaron y debieron
efectuarse durante toda la vida laboral de la docente.
112. Así las cosas, se impone revocar el ordinal primero de la sentencia apelada en
cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del municipio de Jamundí y se confirmará en lo demás. Asimismo, se exhortará a
Colpensiones con el fin de que adelante las gestiones administrativas ante
Colpensiones que permitan que la prestación sea financiada con todos los aportes
que efectuó la demandante durante su vida laboral.
2.5. Costas
113. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
114. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
115. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma53.
116. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
117. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.
3. Conclusión
118. Con fundamento en lo expuesto, en tanto la demandante se vinculó por primera
vez al servicio público educativo oficial el 10 de noviembre de 2001, esto es antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 81 de esta, por lo que su situación pensional se
regía por las disposiciones contenidas en las leyes 91 de 1989 y 71 de 1988.
119. Así las cosas y en la medida en que acreditó más de 55 años de edad y 20 de
servicios, le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin
que tuviera que acreditar el retiro del servicio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida el 11 de julio de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Jamundí, y en su
lugar se dispone:
«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva alegada por el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ»
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 11 de julio de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Blanca Cenobia López Vásquez.
Tercero. Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para
que adelante las gestiones necesarias ante Colpensiones con el fin de que la
prestación sea financiada con los aportes patronales que se debieron efectuar
durante toda la vida laboral de la docente.
Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01031-01 (5047-2024)
Demandante: Blanca Cenobia López Vásquez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
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