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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01033-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01033-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 8 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2021-01033-01 (3394-2025) Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada, las cuales serán liquidadas de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-01033-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01033-01 (3394-2025)
Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, municipio de Palmira

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988 – compatibilidad entre la prestación y el salario
que devenga como docente oficial.

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto al
reconocimiento de la la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988, compatible con el salario de
docente oficial.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Olga Lucia Valderrama Pereira interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo que se configuró el 21 de octubre de 2021, por la omisión en atender la
petición presentada el 21 de julio de 2021.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en
el año anterior al 13 de octubre de 2019, fecha en la que adquirió el estatus
pensional, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar las mesadas
causadas desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas adeudadas y
ordenar e incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria
del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como hechos relevantes, expuso que nació el 13 de octubre de 1964 y que
se vinculó como docente en propiedad en el departamento del Valle del Cauca
en el periodo comprendido entre el 19 de enero de 1995 y el 12 de enero de 2000.

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Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira

4. Adicionalmente, sostuvo que trabajó en el sector privado y efectuó aportes
al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) entre 1986 y 2006, de
manera discontinua.

5. Por otra parte, indicó que el 14 de abril de 2010 se posesionó como docente
en propiedad en la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, cargo que
ejercía al momento de la presentación de la demanda.

6. En el concepto de violación argumentó que la administración desconoció
las normas1 que sustentaban sus pretensiones, teniendo en cuenta que la señora
Valderrama Pereira se vinculó al servicio docente y efectuó aportes al ISS con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen
aplicable para el reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el previsto en
la Ley 71 de 1988.

Contestación de la demanda

7. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el régimen pensional aplicable a la demandante es el previsto
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que su vinculación «como
docente en propiedad» se produjo a partir del año 2015, esto es, durante la
vigencia de la Ley 812 de 2003.

8. Manifestó que no había lugar a la condena en costas, por cuanto esta no
obedecía a un criterio objetivo, sino que era necesario desvirtuar la buena fe de
la entidad.

9. En ese contexto, propuso como excepciones: la legalidad del acto
acusado; cobro de lo no debido; y la genérica.

10. Por su parte, el municipio de Palmira no contestó la demanda.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto
ficto acusado y de las Resoluciones 1010 del 17 de diciembre de 2021 y 976 del
10 de mayo de 20222, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2025 y condenó
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la actora la pensión de jubilación
por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

1
Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115
de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.
2
Mediante auto del 24 de abril de 2025, el Tribunal modificó lo resuelto en los numerales 2 y 3 del Auto 413
del 2 de octubre de 2023 y precisó que la controversia se circunscribe a establecer si procede declarar la
nulidad del acto ficto configurado el 21 de octubre de 2021, así como de las Resoluciones 1010 del 7 de
diciembre de 2021 y 976 del 10 de mayo de 2022.

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Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira

12. Como fundamento principal, sostuvo que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se determina con base en la fecha de su vinculación al
servicio público. Así, quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003, día en
que entró en vigor la Ley 812 de 2003, se rigen por las normas anteriores;
mientras que aquellos que se vincularon con posterioridad se someten al régimen
de prima media con prestación definida contenido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.

13. Con base en el material probatorio, estableció que la actora se vinculó al
servicio público docente el 19 de enero de 1995, es decir, antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el régimen aplicable era el
consagrado en la Ley 71 de 1988, la cual permite acumular tiempos cotizados en
los sectores público y privado.

14. Al estudiar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación por aportes, el Tribunal constató que la demandante tenía acumulados
«10 años, 4 meses y 25 días de servicio» al 12 de enero de 2000, y que dicha
contabilización se reanudó el 26 de abril de 2010, cuando volvió a efectuar
aportes. A partir de ello, estableció que alcanzó los 20 años de servicios el 1.º de
diciembre de 2019, fecha en la que también había cumplido los 55 años de edad
exigidos para consolidar el estatus pensional.

15. En virtud de lo anterior, determinó que la demandante tiene derecho a (i)
la mesada pensional a partir del 1.º de diciembre de 2019, equivalente al 75 %
del promedio de la asignación básica devengada en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional; y (ii) percibir de manera simultánea la
pensión de jubilación y el salario que devenga como docente oficial.

16. En relación a los factores salariales que integran el ingreso base de
liquidación, el a quo precisó que, aunque entre 2018 y 2019 la señora Valderrama
Pereira percibió la asignación básica, bonificación mensual, bonificación
pedagógica, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, solo
era procedente incluir los conceptos previstos en el artículo 1.º de la Ley 62 de
1985.

17. Asimismo, ordenó al FOMAG adelantar las gestiones administrativas
necesarias para efectuar el cobro de las cuotas partes correspondientes a los
aportes pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la demandante.

18. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.

Recurso de apelación

19. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia argumentando que el régimen pensional aplicable a la
señora Valderrama Pereira no era el consagrado en la Ley 71 de 1988, sino el
de prima media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, en tanto su vinculación al servicio docente oficial ocurrió en el año 2010.

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Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira

20. Igualmente, mencionó que la demandante no cumplía los requisitos para
ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues no acreditaba la edad ni el tiempo de servicios exigidos.

21. Hizo referencia al término de solución de continuidad previsto en el artículo
10 del Decreto 1045 de 1978 pero no estableció de qué manera esto puede
resultar relevante para resolver la controversia, e indicó que la pensión
reconocida resulta incompatible con el salario que percibe la actora como
docente oficial, en atención a la prohibición de recibir doble asignación del tesoro
público consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política.

22. Afirmó que la mesada pensional debía liquidarse únicamente con los
factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran previstos en
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, en atención a los principios de solidaridad y
sostenibilidad fiscal, así como a la sentencia de unificación SUJ-014 del 25 de
abril de 2019.

23. Finalmente, en relación con la prescripción, señaló que el legislador
estableció para las mesadas pensionales un término de tres (3) años, el cual se
interrumpe con la presentación de la solicitud de reconocimiento, sin formular una
petición concreta ni precisar la incidencia de dicho planteamiento en el caso
objeto de estudio.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. En auto del 5 de diciembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada3.

25. El agente del ministerio público4 solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, al estimar que la actora es beneficiaria de la pensión de jubilación
prevista en la «Ley 33 de 1985», dado que su vinculación al servicio docente se
produjo el 19 de enero de 1995, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003. Añadió que dicha prestación es compatible con el salario que
percibe en su calidad de docente oficial.

26. Asimismo, indicó que los factores salariales que integran la liquidación de
la mesada pensional deben limitarse a aquellos previstos en el artículo 1.º de la
Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones en
el año anterior a la consolidación del estatus pensional.

27. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

3
Índice 4 del aplicativo Samai.
4
Índice 11 del aplicativo Samai.

4
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Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si la señora Valderrama Pereira tiene
derecho a pensionarse de acuerdo con el régimen especial de los docentes. En
caso afirmativo, se establecerá si esta prestación social es compatible con el
salario que devenga como educadora pública.
Análisis del problema jurídico

30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al verificarse que la
actora se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y que reúne los requisitos previstos en
el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por
aportes, compatible con el salario que percibe en ejercicio de la docencia oficial.

31. Como cuestión preliminar, la Sala advierte que la accionante consolidó el
estatus pensional el 28 de octubre de 20195, cuando completó 20 años de
servicio en los sectores público y privado; sin embargo, este aspecto no será
objeto de modificación, por cuanto no fue materia de inconformidad por parte de
la entidad demandada y la actora no apeló la decisión.

32. Igual conclusión merece la determinación relativa a los factores salariales
que integraron la liquidación de la mesada pensional, pues el Tribunal incluyó
únicamente con los conceptos previstos en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985,
pese a que los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el Decreto
2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales aplicables
a los docentes oficiales6, los cuales también conforman el ingreso base de
liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al sistema
pensional.

33. Ahora bien, se observa que la entidad demandada no explicó la incidencia
que eventualmente podría tener la solución de continuidad a la que se refiere el
artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 en la prestación del servicio en el
reconocimiento de la prestación, ni desarrolló con precisión el alcance del
fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales.

5
Esta fecha se determinó a partir de la sumatoria de 4.685 días, equivalentes a 12 años, 10 meses y 5 días
laborados como docente oficial y 7 años, 1 mes y 25 días prestados en el sector privado.
6
Estos factores son: (i) la asignación adicional para directivos docentes; (ii) la bonificación mensual para
docentes; y (iii) la bonificación pedagógica.

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34. Al no cumplir la carga mínima de argumentación, tales reproches no
constituyen cargos concretos contra lo resuelto en primera instancia que
justifique su revocatoria.

35. A continuación, la Sala relacionará los hechos probados con fundamento
en los documentos que obran en el expediente, que la llevan a las conclusiones
que se han enunciado:

i) La señora Olga Lucía Valderrama Pereira nació el 13 de octubre de
19647, y prestó sus servicios como docente en propiedad en el sector
público en los siguientes periodos:

Tipo de Entidad Desde - Hasta Tiempo de
vinculación empleadora servicios
Resolución 26248 Secretaría de 19/01/95 al 12/01/00 1.820 días - 620
de 1995 Educación días = 1.200 días
Departamental del (Se advierte que
Valle del Cauca hubo simultaneidad
con tiempos en el
sector privado).
Decreto 2469 de Secretaría de 14/04/10 a 29/06/2110 4.095 días
2010 Educación
Municipal de
Palmira
5.915 días,
equivalentes a 16
años, 2 meses y 15
días.

ii) La actora también registra 372,86 semanas de cotización en
Colpensiones11, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 16 de octubre de 1986 y el 30 de abril de 2006, de manera
discontinua, equivalentes a 7 años, 1 mes y 25 días.

iii) En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones se
registran los períodos comprendidos entre el 1.º y el 31 de enero de
1995 (31 días); 1.º de octubre y 31 de diciembre de 1996 (92 días); 1.º
de enero y 30 de septiembre de 1997 (273 días); 1.º y 31 de octubre
de 1998 (31 días); 1.º y 28 de febrero de 1999 (28 días); 1.º de mayo y
30 de septiembre de 1999 (153 días); y el 1.º y el 31 de enero de 2000
(31 días)12, durante los cuales los aportes fueron realizados por el
Colegio la Presentación.

7
Folio 28, índice 2 del aplicativo Samai. Expediente digital, demanda y anexos.
8
Folios 29 a 30, ibidem.
9
Folios 30 a 35, ibidem.
10
Fecha de expedición de la última certificación.
11
Folios 36 a 38, ibidem.
12
Para contabilizar el periodo en que hubo simultaneidad solo te tendrán en cuenta los 12 días del mes de
enero del 2000.

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En consecuencia, para evitar una doble contabilización del mismo
lapso, la Sala solo tendrá en cuenta dicho periodo una vez dentro del
cómputo total del tiempo de servicios.

36. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003) es el previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión
a la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 198813.

37. En el presente asunto, se encuentra demostrado que la señora
Valderrama Pereira ingresó al servicio público docente el 19 de enero de 1995,
mediante nombramiento en propiedad en la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca. Dicha vinculación se produjo con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que resulta aplicable el régimen
pensional contenido en la Ley 71 de 1988, que permite acumular tiempos
servidos en los sectores público y privado.

38. La Sala precisa que, contrario a lo afirmado por la parte demandada, el
acceso al régimen pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al
cumplimiento de los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pues la pensión de jubilación puede reconocerse por dos vías
normativas, y en este caso, el fundamento es la vinculación a la docencia oficial
antes del 27 de junio de 2003 (artículo 81 de la Ley 812 de 2003).

39. En cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario que
percibe la demandante como docente oficial, la Sala observa que, al tratarse de
una prestación reconocida en virtud de la Ley 71 de 1988, no resulta aplicable la
prohibición de doble asignación prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política.

40. Lo anterior, se fundamenta en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, que
exceptúa de dicha prohibición a las asignaciones «que a la fecha de entrar en
vigencia [esa] ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados»,
así como en el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, que establece expresamente
la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia y el disfrute de la pensión de
jubilación.

41. En ese sentido, los docentes que se vincularon al servicio educativo oficial
antes del 27 de junio de 2003, y cuyo régimen pensional no está regido por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pueden percibir simultáneamente la pensión
de jubilación y el salario derivado de su labor docente.

13
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente 52001-23-33-000-2018-00464-01 (1334-2022).

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42. Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 1157 de 2003, declaró la inexequibilidad del artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, en el que se estableció la incompatibilidad entre el ejercicio de la
docencia y la pensión de vejez.

43. En consecuencia, al tratarse de una servidora beneficiaria de la Ley 91 de
1989, y por remisión de esta, del régimen de la Ley 71 de 1988, su mesada
pensional es compatible con el salario que devenga como docente oficial, como
acertadamente lo reconoció el a quo para el caso de la accionante.

44. Por lo expuesto, se confirmará íntegramente la sentencia apelada.

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

47. Por lo tanto, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandante: Olga Lucia Valderrama Pereira

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, las cuales serán liquidadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 366 del CGP.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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