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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2021-01073-01

Fecha
4 de febrero de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2021-01073-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Revocar la sentencia del 26 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se declara improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2021-01073-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: MARTHA LUCÍA ÁLVAREZ CASTAÑO
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide 1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 17 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

La señora Martha Lucía Álvarez Castaño interpuso acción de tutela contra los
procuradores judiciales 18, 166 y 60 para asuntos administrativos, y los concejales
del municipio de Guadalajara de Buga, porque consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a los cargos públicos por
méritos2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se protejan mis derechos fundamentales al Debido Proceso administrativo,
al Trabajo en relación con el mérito y al acceso y ejercicio de cargos públicos,
derechos adquiridos, confianza legítima y buena fe, vulnerados por no
expedirse y usar la lista de elegibles que hace parte del proceso de selección
para personera municipal y en la que ocupo legalmente, el primer lugar y, así
dotar de transparencia el procedimiento electoral que realiza el Concejo
Municipal de Buga y con el propósito legal de que se me garantice el mérito.

2. Como consecuencia de dicha protección a mis derechos fundamentales, se
ordene al Concejo Municipal de esta localidad, FINALICE el concurso de

1 La Sala advierte que, el 7 de diciembre de 2021, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También alegó la vulneración de los «derechos adquiridos» y el desconocimiento de los principios

de confianza legítima y buena fe.

Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

méritos definido en la resolución 574 del 1º de noviembre de 2019 expedida por
los mismos y, por tanto, sin margen discrecional:

a.) Retome la etapa del trámite en dicho proceso de concurso público de
méritos, para la selección de personero, en lo atinente a la lista de elegibles y
expida el acto administrativo reclasificando las personas que
conformamos lista de elegibles por puntajes de calificación en orden
descendente como acto de trámite, con quienes participamos y
superamos todas las etapas, en el marco de dicho concurso de mérito para
la elección del personero, según la convocatoria contenida en la Resolución
574 del 1º de noviembre de 2019 cuyo proceso, reitero, AUN SE ENCUENTRA
VIGENTE Y EN CURSO O TRÁMITE y culmine con la provisión del cargo,
dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.27.4 del Decreto
1083 del 26 de mayo de 2015 que compiló lo señalado en el artículo 4º Decreto
2485 de 2014, obrando así, no solo de acuerdo a la legalidad sino acorde con
la decisión judicial contencioso administrativa -según el quantum de los
puntajes también allí referidos-. Y,

b) Proceda sin margen facultativo, por tratarse de un procedimiento reglado, a
proveer la vacante de personero municipal, de la lista de elegibles, en la cual -
por mi derecho adquirido-, ocupo el primer lugar (86.90 Véase sentencia),
seguida del señor Efraín Rojas Doncel (86.55) en segundo lugar, -quien
renunció al cargo de personero más NO al concurso, etc.-, como consecuencia
y en consonancia con lo definido por la jurisdicción contencioso administrativa
en la Sentencia del 10 de junio de 2021 de segunda instancia, denominada
“Puntajes mínimos en etapa de entrevistas de concurso de méritos para elegir
personero”, obrante en el proceso Radicado 76001-23-33-000-2020-00243-01,
del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, M.P. doctor Luis Alberto Álvarez Parra.

c) Se ordene al Concejo Municipal de Guadalajara de Buga Valle del Cauca,
por los efectos vinculantes del estricto orden de méritos descendente de la lista
de elegibles, proceda también en acatamiento de los principios de mérito,
legalidad, transparencia y, objetividad que gobiernan los tramites de tal
convocatoria, a designarme con efecto inmediato, -por ocupar el primer
puesto para el cargo ofertado-, como PERSONERA MUNICIPAL DE ESTA
CIUDAD por el período restante.

d) Efectuado el respectivo acto administrativo de mi nombramiento como
Personera, que el Honorable Concejo Municipal, señale fecha y hora para llevar
a cabo el acto de mi posesión en el tantas veces referido cargo de Personera
Municipal de Guadalajara de Buga y se me expida el acta correspondiente.

3. Se ordene a los señores Procuradores Judiciales Administrativos Delegados
de la Procuraduría General de la Nación, -accionados- den cumplimiento a sus
funciones constitucionales y legales e inicien las acciones judiciales que
correspondan y hagan los traslados de queja y denuncia correspondiente por
los hechos arbitrarios en que han incurrido todos los Honorables Concejales
que conforman el Órgano Corporativo de Guadalajara de Buga Valle del Cauca,
aquí accionados.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Guadalajara de Buga, mediante

2

Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Resolución 574 del 1º de noviembre de 2019, convocó a un concurso público de
méritos para la elección del personero municipal del periodo 2020-2024.

La demandante Martha Lucía Álvarez Castaño obtuvo en las pruebas de
conocimientos y competencias laborales un puntaje que la ubicó en el primer lugar
y, una vez realizadas las entrevistas, pasó a ocupar el segundo puesto en la lista
de elegibles. A juicio de la actora, ello obedeció a la ponderación arbitraria y
caprichosa que de los puntajes de la entrevista hizo el Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de Guadalajara de Buga, mediante Resolución 7 de enero
2020, eligió personero al abogado Efraín Rojas Doncel, por ocupar el primer lugar
en la lista de elegibles.

Inconforme con esa decisión, la señora Álvarez Castaño la demandó por vía de la
nulidad electoral, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el que, en sentencia del 1º de marzo de 2021,
negó las pretensiones de la demanda. Con todo, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 10 de junio de 2021, revocó la decisión y, en su lugar,
declaró la nulidad de la Resolución 7 del 13 de enero de 2020, por medio de la cual
el Concejo Municipal de Guadalajara de Buga designó al abogado Efraín Rojas
Doncel personero municipal para el periodo 2020-2024.

Posteriormente, la corporación edilicia de Buga declaró la vacancia del cargo de
personero y designó en dicha calidad y de manera transitoria al abogado Gonzalo
Valencia Ramírez, a pesar de las solicitudes de la señora Álvarez Castaño para que
se continuara con el concurso anterior, se conformara una nueva lista de elegibles
y se le designara personera por el periodo restante.

1.3. Argumentos de la tutela

En esencia, la señora Martha Lucía Álvarez Castaño argumentó que el Concejo
Municipal de Buga vulneró sus derechos fundamentales, al abstenerse de
conformar nuevamente la lista de elegibles y continuar con la convocatoria vigente,
en la que, según lo estableció la sentencia de la nulidad electoral proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, ocuparía el primer lugar.

3

Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Cuestionó que el Concejo Municipal comunicara la intención de iniciar nuevo
concurso de méritos abierto para la elección del personero en lo que resta del
periodo, pues, en su sentir, ese proceder desconoce sus derechos y la decisión
adoptada en el contencioso electoral y en virtud de la cual se debe continuar con
las etapas del concurso anterior.

Sostuvo que es tan evidente la vulneración de sus derechos fundamentales que los
procuradores judiciales para asuntos administrativos 18, 166 y 60 hicieron dos
visitas al Concejo Municipal para verificar el cumplimiento de la sentencia de la
nulidad electoral proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, luego de lo
cual denunciaron disciplinariamente a los concejales por las decisiones que tomaron
frente al concurso adelantada para la elección del personero municipal.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 3 de noviembre de 2021, el despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (i) admitió la tutela contra los procuradores
judiciales administrativos 18 y 166 Judicial II y 60 Judicial I, delegados para asuntos
administrativos, y contra los concejales del municipio de Guadalajara de Buga; (ii)
ordenó que se vinculara a los integrantes de la lista de elegibles del cargo de
personero y (iii) negó la medida provisional con la que se pretendía suspender la
realización de una nueva convocatoria para el cargo de personero municipal.

2.1. El presidente del Concejo Municipal de Guadalajara de Buga se opuso a las
pretensiones de la tutela, porque consideró que no era posible continuar con la
convocatoria anterior desde la fase de entrevistas, toda vez que, de la interpretación
del fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se desprende que se incurriría
nuevamente en uno de los vicios que conllevó la nulidad de la elección del
personero.

Sostuvo, además, que no había lugar a adoptar ninguna medida de restablecimiento
del derecho, dado el carácter objetivo del proceso de nulidad electoral, como lo
reiteró el mismo Consejo de Estado y, por ende, no era obligación del Concejo
Municipal posesionar, por mandato judicial, a la demandante como personera.

4

Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Expresó que, según la sentencia, la irregularidad se presentó desde la Resolución
2 de 2020, en la que se estipularon puntajes iguales para asuntos no asimilables,
pero también por la expedición extemporánea del reglamento para la evaluación de
las entrevistas, pues se hizo cuando se conocían los resultados de las demás
pruebas; situación que se seguirá presentando si se reanuda el concurso desde la
etapa de la entrevista.

Adujo que, en sentencia de unificación, la Sección Quinta del Consejo de Estado
estableció que en aquellos eventos en los que se declare la nulidad de la elección,
la autoridad puede continuar con el concurso anterior en los aspectos que no fueron
objeto de vicio, o abrir una nueva convocatoria, tal y como lo reiteró al resolver la
solicitud de aclaración y adición de la sentencia objeto de debate en esta tutela.

Finalmente, explicó que el Concejo Municipal de Buga autorizó el inicio de un nuevo
concurso para la elección del personero municipal, el cual se encuentra en etapa de
solicitud de cotizaciones.

2.2. Los concejales, Alba Stella Anacona Ortiz, Juan Pablo Ramírez Molina y
Melissa Urdinola Rodríguez afirmaron que disienten de las mayorías del Concejo
Municipal de Buga, en cuanto a la evaluación de las entrevistas de los candidatos a
personeros y que, por no haber calificado a ninguno de los entrevistados con cero,
no han vulnerado los derechos reclamados en la demanda.

Por lo demás, señalaron cada una de las actuaciones desarrolladas dentro de la
convocatoria para la elección del personero municipal, periodo 2020-2024.

2.3. Los procuradores judiciales 18, 166 y 60 para asuntos administrativos
solicitaron ser desvinculados de la tutela y que se negaran las pretensiones respecto
de sus funciones, dado que este mecanismo no era apto para los fines pretendidos.

Sostuvieron que en el ejercicio de sus funciones formularon queja disciplinaria
contra los concejales que decidieron iniciar un nuevo proceso de elección del
personero de Buga, en lugar de continuar en la etapa inmediatamente anterior a la
ocurrencia del vicio.

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Finalmente, indicaron que no fueron las acciones u omisiones de los agentes del
Ministerio Público las que presuntamente causaron la amenaza y/o vulneración de
los derechos de la demandante.

2.4. La Procuraduría Provincial de Buga presentó informe sobre los hechos motivo
de la solicitud de amparo, sin embargo, contra esa dependencia no se dirigió la
tutela ni fue vinculada en el auto admisorio de la demanda.

2.5. Los integrantes de la lista de elegibles conformada por el Concejo Municipal de
Buga, mediante Resolución 6 de 2020, guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 17 de noviembre
de 2021, negó la solicitud de amparo y exhortó al Concejo Municipal de Guadalajara
de Buga, para que en el menor tiempo posible iniciara una nueva convocatoria para
proveer por concurso de méritos el cargo de personero municipal.

Dentro de los argumentos relevantes de la decisión, el a quo se ocupó de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, en especial, respecto
de la subsidiariedad sostuvo que las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 no
eran idóneas ni eficaces para las pretensiones de nombrar y posesionar a la
demandante en el cargo reclamado.

Expuso que la eventualidad del vencimiento de la lista de elegibles era un criterio
válido para determinar la ineficacia de los mecanismos ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y, por tanto, la tutela debía considerarse como
instrumento principal.

Consecuente con ello, emprendió el estudio de fondo y argumentó que la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de la elección del personero
efectuada en Resolución 7 del 13 de enero de 2020, precisó los errores en los que
incurrió el Concejo Municipal de Buga. Y no solo estimó que las irregularidades se
produjeron por igualar con el mismo puntaje dos situaciones distintas, sino también
por la expedición extemporánea de la Resolución 3 de 2020, con lo que se facilitaba
alterar el resultado final del procedimiento de la elección, en la medida que, al

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

conocerse los resultados de las pruebas preliminares, se afectaba la imparcialidad
que debía regir la determinación de los criterios de evaluación de las entrevistas.

Sostuvo que era razonable la decisión que tomó el Concejo Municipal de Buga de
iniciar una nueva convocatoria porque la regulación extemporánea de la entrevista
y los criterios fijados resultan invariables, porque ya se conocen los resultados
anteriores.

Concluyó que no le asistía derecho a la demandante de ser nombrada y
posesionada en el cargo de personera, puesto que al momento de configurarse la
irregularidad no tenía un derecho adquirido.

Finalmente, exhortó al Concejo Municipal para que iniciara una nueva convocatoria
para elegir por méritos al personero municipal en lo que resta del periodo 2020-
2024.

4. Impugnación

La demandante impugnó la anterior decisión por considerar que la sentencia del
Consejo de Estado definió claramente en qué momento de la actuación se produjo
el vicio que condujo a la nulidad del acto demandado y su incidencia en el resultado.
A su juicio, el Concejo Municipal de Buga no podía desconocer esa situación, pues
lo procedente era retomar el concurso en la etapa previa a la irregularidad.

Dijo que el a quo desconoció la sentencia de unificación proferida el 26 de mayo de
2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, según la cual, en los casos en
los que se declare la nulidad de la elección, existen dos posibilidades para la
autoridad nominadora o a cargo del proceso de selección: (i) retomar el concurso o
el proceso de selección antes del vicio, o (ii) iniciar de nuevo la convocatoria,
siempre y cuando no existiera lista elegibles, pues en estos casos había un derecho
adquirido que exigiría retomar el concurso en la etapa anterior a la ocurrencia de la
irregularidad.

Reprochó el argumento de la imposibilidad de retomar las entrevistas, porque, en
su sentir, dicha afirmación contrariaba el efecto útil de la sentencia y, en ninguna
circunstancia, se podría reiniciar un concurso en la etapa anterior a la ocurrencia

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

del vicio. Por tanto, insistió en que el único acto que debía reemplazarse era la lista
de elegibles por ser la actuación posterior a la configuración de la irregularidad.

5. Escritos adicionales

En memoriales del 25 y 27 de enero de 2022 el Concejo Municipal de Buga y la
accionante, respectivamente, aportaron la Resolución 183 del 20 de enero de 2022,
por medio de la cual se convoca el concurso de méritos para proveer el cargo de
personero municipal en lo que resta del periodo 2020-2024.

II. CONSIDERACIONES

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.

Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

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Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual
se denegaron las pretensiones de la solicitud amparo.

Para ello se examinará si la tutela cumple con los requisitos generales de la tutela
contra providencia judicial, especialmente el de subsidiariedad. Solo el evento de
superar esta premisa se analizará si el a quo acertó o no al estimar que las
autoridades judiciales accionadas no vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en la tutela.

3. Análisis de la Sala

3.1. De la subsidiariedad 3

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo solo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto

3En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación. Ver, por ejemplo, sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó 4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico
ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así5: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre
un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v)
que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la

4 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
5 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:

Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

• Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

La señora Martha Lucía Álvarez Castaño pretende que se ordene al Concejo
Municipal de Guadalajara de Buga continuar con el concurso de méritos convocado
mediante la Resolución 574 de 2019, en lugar de adelantar una nueva convocatoria
para elegir al personero para lo que resta del periodo 2020-2024.

La tesis de la accionante es que, en virtud de la sentencia proferida el 10 de junio
de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
electoral con radicado 76001-23-33-000-2020-00243-01, en el cual se dejó sin
efectos el nombramiento del personero Efraín Rojas Doncel, se debió continuar con
el concurso y ser designada como personera, porque, según afirma, la sentencia
expresó que ella es quien debió ocupar el primer lugar. En cambio, la decisión
mayoritaria del Concejo Municipal de Buga es que debe adelantarse una nueva
convocatoria.

En el fallo de primera instancia, antes de abordarse el estudio de fondo, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dio por superado el requisito de subsidiariedad ,
bajo el criterio de que los mecanismos ordinarios eran ineficaces y la tutela se
convertía en el instrumento principal, en atención a la eventual existencia de una
lista de elegibles.

Esta Sala no comparte el razonamiento del a quo y advierte que el debate de fondo
no podía ser definido por el juez de tutela, toda vez que la demandante tenía otros
mecanismos judiciales idóneos y eficaces para el fin pretendido. Además, las
particularidades que rodean la discusión requieren que el juez natural sea quien
determine no solo los alcances y consecuencias de la sentencia del contencioso
electoral, sino la oportunidad y la idoneidad del medio judicial que debió formularse
para el restablecimiento del derecho.

En efecto, ante la existencia de un acto de nombramiento o de elección de aquellos
susceptibles del medio de control de nulidad electoral contenido en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, quien ejerce dicho mecanismo no puede aspirar a que la

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Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

tutela sea una vía complementaria para determinar el cumplimiento o no de la
decisión que allí se toma o para definir los efectos de la sentencia respecto de los
integrantes de la lista de elegibles, pues, si la persona considera que el
nombramiento a quien se hizo no solo era ilegal, sino que la desplazó del lugar
afectando su derecho a ser designada en el cargo, el medio de control idóneo era
el de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo ha sostenido el Consejo de
Estado.

En ese sentido, la Sección Quinta de esta Corporación ha sostenido:

35. En consecuencia, por disposición de la ley, los actos electorales, en
especial, los de nombramiento o los de llamamiento, pueden ser controvertidos,
principalmente a través de dos vías a saber: mediante el medio de control
previsto en el artículo 139 del CPACA -nulidad electoral-, o a través del descrito
en el artículo 138 ibídem- nulidad y restablecimiento-6.

36. La precisión respecto de uno u otro medio de control, dependerá de la
finalidad que se busque con la demanda. En este sentido, la Sección ha
concluido que debe acudirse a “La nulidad electoral cuando la pretensión es
discutir la legalidad del acto declaratorio de elección o acto electoral
propiamente dicho y, la nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el
propósito pretensional sea la obtención de un restablecimiento, expreso si
se solicita por postulación de parte, o tácito, implícito o automático, cuando
del planteamiento de la causa petendi así se advierta” 7.

37. Por lo anterior, si lo que se busca es controvertir la legalidad de un acto
electoral, se debe acudir al medio previsto en el artículo 139 del CPACA; pero
si lo que se pretende no solo es un control de la legalidad, sino, adicionalmente,
el resarcimiento de un derecho en virtud de una orden judicial, deberá invocarse
el medio de nulidad y restablecimiento. Esto es de suma importancia, porque
el uso de una u otra herramienta judicial tendrán consecuencias distintas,
desde el punto de vista procesal, en cuanto a las cargas legales que cada uno
comporta para las partes.

38. Lo expuesto, sin perjuicio de los eventos en que la ley prevé algún
restablecimiento consecuencial derivado de la declaratoria de nulidad cuando
se hace ejercicio del medio de control de que trata el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, por ejemplo, cuando anulada una designación debe declararse
por voluntad del legislador la elección de quien sigue en el orden de elegibilidad.

39. En ese orden de ideas, como parámetro claro que permite precisar cuándo
debe ejercerse uno u otro medio de control, se tiene que, si de las pretensiones
de la demanda, los hechos y el concepto de la violación se desprendiere el

6 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta del Consejo de Estado, auto del 3 de mayo de 2018, radicación número: 17001-23-
33-000-2018-00019-01, M. P. Alberto Yepes Barreiro.
7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de Sala del 30 de junio

de 2016, radicación 68001233300020160048401, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Ddo. Personero
de Floridablanca. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de Sala del 7 de
julio de 2016, radicación 7600123330072016-00252-01, CP. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo.:
Concejales de Tuluá.

12

Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

restablecimiento de un derecho que no sólo deviene de la ley de manera
consecuencial, debe acudirse a la administración de justicia bajo las reglas del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.8

Dicho criterio se reiteró en reciente decisión de la misma Sección Quinta:

A partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, lo que determina la
procedencia de cada uno de los medios de control contencioso administrativos,
es la naturaleza del acto acusado, así como la causa petendi9 y la
oportunidad10, según las reglas estipuladas por el legislador, las cuales fueron
sintetizadas por esta Sección de la siguiente manera11:

Medio de Control Acto que se
puede cuestionar
Actos generales y
particulares solo
Nulidad en los eventos
• artículo 137- previstos en el
artículo 137 del
CPACA.
Nulidad y Actos de carácter
Restablecimiento particular y
-artículo 138- concreto
Actos Electorales:
• Elección
Nulidad Electoral
• Nombramiento.
• artículo 139-
• Llamamiento a
proveer vacantes.
-Decretos de
carácter general
dictados por el
Gobierno
Nacional, cuya
revisión no
corresponda a la
Corte
Nulidad por
Constitucional.
Inconstitucionalidad
• Actos de
-artículo 135-
carácter general
que por expresa
disposición
constitucional
sean expedidos
por entidades u
organismos
distintos del

8 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de julio de 2021, exp. 11001-03-28-000-2021-
00006-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
9 Cita original de la providencia: Esta locución latina, que significa «causa de pedir», hace

referencia a los fundamentos de hecho y derecho que sustentan las pretensiones de la parte actora.
10Cita original de la providencia. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de octubre

de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2019-00042-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
11 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 4 de marzo de

2019, Rad. 11001-03-28-000-2019-00007-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Gobierno
Nacional.

En cuanto al medio de control de nulidad electoral, la jurisprudencia de esta
Sección ha precisado que este se ha estatuido como expresión directa del
modelo de democracia participativa adoptado por el Constituyente de 1991, en
cuanto materializa los derechos políticos a interponer acciones públicas en
defensa del ordenamiento jurídico y a ejercer el control del poder político, como
garantías de elecciones justas y autoridades legítimas en todos los órdenes del
Estado12.

En este orden, la vía procesal para controvertir los actos que contienen una
elección, nombramiento o llamamiento es la del artículo 139 de la Ley 1437 de
201913, teniendo en cuenta que fue concebida específicamente con la finalidad
de verificar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de aquellos, en
abstracto y de forma objetiva, es decir, al margen de su carácter particular y la
conducta del elegido o de la autoridad nominadora.

Y en punto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, se tiene que, a través del mismo, toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, amparado en una
norma jurídica, puede solicitar la nulidad del acto y que se le restablezcan sus
derechos.

De esta manera, la esencia de dicha acción, está determinada en que el
restablecimiento es una pretensión consecuencial a la declaratoria de
nulidad del respectivo acto, es decir, que en el fondo hay una
necesidad de quien formula la demanda, de restablecer el derecho que
considera vulnerado por el acto administrativo, pues lleva ínsito un
interés particular y concreto. (Destaca la Subsección)

Ahora bien, como en el sub examine el tribunal de instancia rechazó el libelo
bajo el entendido de que había operado la caducidad del medio de control de
nulidad electoral, mientras que, el recurrente considera que dicho fenómeno no
ha acaecido, por cuanto formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Sala precisa que, en materia de actos de elección y
nombramiento, su control se puede ejercer a través de estas dos vías,
así:

i) Mediante la nulidad electoral prevista en el artículo 139 del CPACA, en
caso de que la pretensión sea analizar la legalidad objetiva del acto
declaratorio de elección o acto electoral propiamente dicho y la protección
de la democracia sin pretender la reivindicación de algún derecho de orden
subjetivo y,

ii) A través del medio de control establecido en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011, cuando el propósito de las pretensiones sea la obtención de un
restablecimiento expreso, siempre que se solicite por postulación de parte,
o tácito, implícito o automático, cuando así se derive del planteamiento de
la causa petendi.

12 Cita original de la providencia: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 8 de
septiembre de 2016, Rad. 25000-23-41-000-2014-00042-02, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
13 Cita original de la providencia: Artículo 139. Nulidad Electoral. Cualquier persona podrá pedir

la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos
de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá
pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas
(…).

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Así entonces, es posible que, en algunos eventos, coexistan demandas de
nulidad electoral y de nulidad y restablecimiento del derecho dirigidas
contra un mismo acto de elección, producto de un concurso de méritos,
por lo que, corresponderá al operador judicial analizar las
particularidades de cada caso, tales como, el contenido y finalidad de las
pretensiones, las normas que se consideran vulneradas, los cargos de
nulidad invocados y los presupuestos procesales de la demanda, por
ejemplo, los requisitos de procedibilidad, la caducidad, entre otros, pues,
se reitera, es excepcional que exista simultaneidad de medios de control
contra un mismo acto (…)14. (Resaltos de la Subsección).

Por su parte, la Sección Segunda también avala esta teoría:

Esta Sala acota que en reiteradas oportunidades el Consejo de Estado15, ha
sostenido que cuando se acusa un acto de nombramiento porque se considera
ilegal con el único fin de que se resuelva tal ilegalidad, el medio idóneo para
acudir a la jurisdicción es la nulidad electoral; mientras que si se pretende
demandar un acto de nombramiento que se cree es ilegal y que además vulnera
un derecho subjetivo, con el propósito de que este se restablezca y el acto se
retire del ordenamiento jurídico, tendrá que demandarse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.16

Del análisis de la demanda, la Sala encuentra que, en últimas, el descontento de la
demandante se cimienta en el cumplimiento del fallo del proceso de nulidad electoral
y en el derecho que, considera, tenía a ser nombrada en el cargo, como
consecuencia de esa decisión; sin embargo, deja de lado que la sentencia del
contencioso electoral expresamente dijo que la declaratoria de nulidad no daba
«lugar a medida alguna de restablecimiento del derecho por el carácter objetivo de
legalidad del presente medio de control». Tampoco el restablecimiento puede
generarse como consecuencia de esta tutela, pues, se reitera, este medio no es una
medida complementaria del proceso ordinario, ni una vía para desplazar el
contencioso subjetivo de validez, que era el medio procedente de acuerdo con los
fines de la demandante.

De suerte entonces que, si la parte actora no acudió al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se ordenara su nombramiento o el derecho
subjetivo perseguido y estimado como afectado, no puede ahora pretender que el

14 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 29 de noviembre de 2021, exp. 25000-23-41-000-

2021-00908-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15 Cita original de la providencia: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto de

1. ° de julio de 2014, Radicado No. 81001-23-33-000-2012-00039-02.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de junio de 2020, exp. 3887-16, M.P.

William Hernández Gómez.

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

juez de tutela ocupe el lugar del juez ordinario, ni servir de intérprete o de sujeto de
verificación del cumplimiento del fallo de la nulidad electoral.

El nombramiento del personero contenido en la Resolución 7 de 2020 era un acto
administrativo de carácter particular, concreto y definitivo que la actora podía
cuestionar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
si consideraba que afectó sus derechos. Ese justamente era el mecanismo idóneo
para proteger eficazmente los derechos fundamentales que ahora reclama por vía
de acción de tutela. Lo propio puede decirse de la decisión contenida en la
Resolución 6 de 2020, por medio de la cual se integró la lista de elegibles.

Así las cosas, al no estar frente a actos de trámite proferidos en el marco de un
proceso de selección, en relación con los cuales la Corte Constitucional
excepcionalmente ha avalado la procedencia de la acción de tutela 17, sino que se
trata de manifestaciones de la voluntad de autoridades que, en el caso concreto,
definieron directa e indirectamente la situación jurídica de la actora, al integrarse de
un lado la lista de elegibles –Resolución 6 de 2020– y, de otro, por designarse
mediante –Resolución 7 de 2020– a una persona diferente a la demandante, quien
afirma ser la que tenía el derecho, se insiste, debió acudirse al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el supuesto derecho
subjetivo quebrantado.

Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
podía pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos
administrativos que cuestiona por vía de tutela u otra petición adicional que
considerara viable para proteger sus derechos. Estas medidas cautelares son un
medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permiten proteger y garantizar, de
manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

17 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia SU 617 de 5 de septiembre de 2013, M.P.

Nilson Pinilla Pinilla.

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso,
b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la
exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo18.

Ahora bien, a voces de la Corte Constitucional existen casos excepcionales en los
que el medio de control ordinario procedente contra el acto administrativo de
carácter particular y concreto no resulta idóneo y eficaz para alcanzar la salvaguarda
de los derechos fundamentales de los concursantes en el proceso de méritos, como,
por ejemplo, cuando la lista de elegibles pierde vigencia de manera pronta o cuando
el cargo para el cual concursaron es de período fijo y este está próximo a vencer 19,
sin embargo, la procedencia excepcional de la tutela exige que los otros
mecanismos estén vigentes, de lo contrario, este medio se utilizaría para revivir
oportunidades precluidas 20.

Este último aspecto ha sido abordado en otras ocasiones por esta Corporación y ha
establecido:

[L]a tutela ni siquiera procede como mecanismo transitorio, pues este tipo de
protección supone que el interesado aún cuente con la posibilidad de ejercer el
otro medio de defensa, lo que, respecto de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no ocurre en este caso.

Lo anterior quiere decir que Margarita Elisa Mendoza Palacio perdió la
oportunidad de ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto administrativo que conformó la lista de elegibles y, por ende, la
Sala no puede estudiar de fondo el amparo solicitado, ni siquiera como
mecanismo transitorio de protección21.

18 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-

000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
19 Ver, entre otras, las sentencias T-610 del 3 de octubre de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera, y T-

059 del 14 de febrero de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
20 Ver, entre otras, las sentencias T-610 de 3 de octubre de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera, y T-

059 de 14 de febrero de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 25000-23-36-000-

2017-00236-01 (AC) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Así pues, como la afectación se predicaría del acto de nombramiento irregular
previsto en la Resolución 7 de 2020, que designó al personero municipal —e incluso
de aquel que integró la lista de elegibles mediante Resolución 6 de 2020—, y con
ello, según la demandante, se quebrantaron sus derechos, la Sala advierte que en
este momento la actora no dispone de la nulidad y restablecimiento del derecho,
porque es evidente que han transcurrido más de cuatro (4) meses desde la
expedición y publicidad de dichos actos, es decir, que operó el fenómeno de la
caducidad.

En ese orden de ideas, la Subsección estima que no puede estudiar si existen
razones adicionales para determinar la procedencia excepcional de la acción,
derivadas de la necesidad de precaver un perjuicio irremediable con ocasión de un
cargo de periodo fijo, por el eventual vencimiento del plazo para acudir al juez
ordinario. Lo anterior, sin perjuicio del análisis que pueda hacer el juez natural.

En definitiva, la Subsección revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,
declarará improcedente la tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Revocar la sentencia del 26 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se declara improcedente la
solicitud de amparo, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema

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Radicación número: 76001-23 -33-000-2021-01073-01
Actor: Martha Lucía Álvarez Castaño
Demandado: Concejo Municipal de Guadalajara de
Buga y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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