Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01079-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01079-01 (0705-2026)
Demandante: Iris Neiro Figueroa Rojas
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. No procede el reconocimiento debido a la naturaleza
del vínculo, el cual no cambia a pesar del proceso de
incorporación. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Iris Neiro Figueroa Rojas instauró demanda1 contra la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 026032 del 12 de
noviembre del 2020, (ii) RDP 03002 del 28 de diciembre de 2020, y (iii) RDP 002335
del 2 de febrero de 2021; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la
pensión gracia y se confirmó dicha decisión al resolver los recursos de reposición y
apelación respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer y pagar esta
prestación calculada en un 75% del promedio salarial percibido durante el año
1 Ver expediente digital en el índice 3 de SAMAI – Tribunales.
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anterior a la adquisición del estatus ocurrido el 4 de noviembre de 1998, con
efectividad desde esa misma fecha.
4. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 189 y 192 del
CPACA y que la entidad demandada asuma las costas a que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que nació el 24 de marzo de 1948 y fue vinculado como docente oficial
nombrado por el departamento de Antioquia entre el 9 de abril de 1973 y el 26 de
agosto de 1977. Luego fue designado por el Ministerio de Educación Nacional en
calidad de educador desde el 1 de octubre de 1982 hasta el 2 de febrero de 2009.
6. El 30 de mayo de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
la cual fue negada a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados los artículos: 13, 29, 46, 48, 53, 209 y 286 de la
Constitución Política; 15 de la Ley 91 de 1989, parágrafo transitorio 1 y 2 del Acto
Legislativo 01 de 2005; y Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, y 37 de 1933.
8. Expresa que la interpretación que hizo la entidad demandada de las normas
que rigen la pensión gracia no es acorde a los postulados constitucionales, legales
y jurisprudenciales vigentes, pues no se puede tergiversar la naturaleza de su
vinculación, ya que si bien en la certificación laboral figura como docente nacional,
en realidad se trata de un docente nacionalizado o territorial, dado que es la
autoridad territorial la que asume el pago de todas sus acreencias laborales.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. La demanda fue admitida el 3 de octubre de 2022.2 La UGPP manifestó3 que el
actor no acreditó el requisito de tiempo de servicio prestado al magisterio que exige
el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, el cual señala un término no menor a 20 años
de labor a la docencia mediante vinculación nacionalizada, departamental o
municipal. Precisó que aquel laboró con vinculación nacionalizada entre el 9 de abril
de 1973 y el 26 de agosto de 1977, según certificación de la Secretaría de
Educación de Antioquia y, entre el 1 de octubre de 1982 y el 2 de febrero de 2009
con vinculación nacional, de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría
2 Ver índice 12 de SAMAI – Tribunales.
3 Ver índice 19 de SAMAI – Tribunales.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01079-01 (0705-2026)
de Educación de Buenaventura, por lo que no tiene derecho a la prestación
reclamada en la medida en que no se puede computar el tiempo prestado al
Ministerio de Educación.
10. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido, ausencia de vicios de los actos demandados, prescripción, y buena fe.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
11. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 25 de
noviembre de 2025 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
12. Expresó que aun cuando el accionante se vinculó a la docencia oficial bajo la
calidad de educador nacionalizado el 9 de abril de 1973, esto es, antes del 31 de
diciembre de 1980, su relación legal con tal calidad en el departamento de Antioquia
solo se extendió hasta el 26 de agosto de 1977, por espacio de 4 años y 3 meses
aproximadamente.
13. Afirmó que la vinculación posterior como docente de básica primaria fue del
orden nacional a través del distrito de Buenaventura, la cual se desarrolló desde el
1 de octubre de 1982 hasta el 2 de febrero de 2009, esto es, durante 25 años, 10
meses y 13 días que no puede ser considerados a efectos de acreditar el requisito
de 20 años de labor oficial educativa, ya que, este debe ser en la docencia territorial
o nacionalizada, condición que no se cumple, dado que fue nombrado por el
Ministerio de Educación y mantuvo ese carácter nacional a pesar de que se
incorporó a la Institución Educativa Jesús Adolescente, tal como lo indican los
formatos único para la expedición de certificado de historia laboral y el CETIL.
14. Concluyó que las normas que crearon la pensión gracia no incluyeron a los
docentes nacionales como beneficiarios de la prestación en razón al contexto
histórico en el que esta se originó, pues se buscaba privilegiar el ejercicio de la
docencia en los niveles territoriales, de menor acogida, en compensación por el
aparente desequilibrio que existía entre las asignaciones pensionales otorgadas por
las entidades territoriales y las concedidas por la Nación. Tal situación es la que le
impide al reclamante acceder al derecho pretendido.
RECURSO DE APELACIÓN5
15. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que, si bien fue vinculado al distrito de Buenaventura mediante nombramiento
nacional a partir del 1 de octubre de 1982, esa condición desapareció a partir de la
4 Ver índice 43 de SAMAI – Tribunales.
5 Ver índice 46 de SAMAI – Tribunales.
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vigencia de la Ley 715 de 2001 según el artículo 38 relativo a la incorporación de
los educadores a las distintas entidades territoriales, financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones, tal como lo precisó el Consejo de Estado en
sentencia del 21 de junio de 2018 (3805-14).
16. Además, manifestó que, ante la existencia de dos interpretaciones sobre la
naturaleza de la vinculación docente y el cómputo del tiempo de servicios, el tribunal
estaba constitucionalmente obligado a adoptar la interpretación más favorable al
trabajador, conforme al artículo 53 de la Constitución Política. No obstante, la
interpretación acogida en la sentencia apelada resulta abiertamente regresiva,
restrictiva y contraria a los artículos 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, pues
priva a un docente de avanzada edad de una prestación especial diseñada
históricamente para compensar décadas de servicio al Estado en condiciones
salariales desiguales.
17. Por último, argumentó que, aunque el certificado de historia laboral indica que
era docente nacional durante su último vínculo laboral, debe tenerse en cuenta el
principio de la realidad sobre las formalidades para entender que desde la entrada
en vigencia de la Ley 715 de 2001, la incorporación de los maestros hizo que todos
tuvieran la condición de territoriales.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 26 de junio de 20266 se admitió el recurso de apelación.
19. El Ministerio Público7 solicitó que se confirme la sentencia apelada. Planteó
que las características de la vinculación con la administración se establecen en el
momento en que se emite el acto administrativo de nombramiento, pues es allí
donde se definen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las
implicaciones a las que queda sujeto el docente. Aseguró que en el presente caso
el educador es de carácter nacional, puesto que el proceso de descentralización de
la educación oficial ordenado por la Ley 60 de 1993 no mutó la naturaleza de los
nombramientos que se habían efectuado con anterioridad a dicha ley, al punto de
que se mantienen las categorías originales de la relación legal y reglamentaria.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
20. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
6 Ver índice 5 de SAMAI.
7 Ver índice 12 de SAMAI.
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gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980, ello en el entendido de que tuvo una incorporación a la planta de personal
docente de una entidad territorial en virtud del proceso de descentralización del
servicio educativo.
Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
21. Inicialmente debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio educativo prestado al Estado, tal como se determinó en el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913.8
22. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el
artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
23. Adicionalmente, las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 19899
extendieron este derecho a los profesores de las escuelas normales y a los
8 «Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de
veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
9 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […] 2.
Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
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inspectores de la instrucción pública, así como a los maestros de establecimientos
de enseñanza secundaria, pero solo para aquellos que laboraran en plazas
departamentales o municipales, o que hubiesen estado sometidos al proceso de
nacionalización, siempre y cuando tuvieran un vínculo como educadores oficiales
antes del 31 de diciembre de 1980.
24. Respecto de la forma de liquidación de esta prestación, la Ley 24 de 1947
consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de
jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el
último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de
1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio
mensual obteniendo en el último año de servicio».
25. Ahora bien, con el amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997,10 CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201811 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,12 se ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional
y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. En esta providencia se señaló: «[…] dentro del grupo de beneficiarios
de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).
11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP. En esta providencia se fijaron las siguientes reglas jurisprudenciales de
interpretación: «[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. […] v) Por tanto, no es dable inferir
que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»
12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP. Se precisó lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
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carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento.13
26. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
27. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
28. Por lo expuesto, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia,
el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o con nombramientos
de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad
de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son
aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el
nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación, o por un
alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
13 Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes
de resolución en sede administrativa y judicial.
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Incorporación de personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
29. En atención al proceso de descentralización planteado en la Constitución de
1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
30. En el parágrafo del artículo 15 de la norma citada, se determinó que la Nación
cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos.
De igual manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de
los establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
31. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de
la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
32. A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de
la respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que regiría
tanto a los docentes que se incorporaran como a los que se vincularan de forma
posterior, sería el establecido en la Ley 91 de 1989.
33. Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era
que más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16 de la
Ley 60 de 1993:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»
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34. De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación
del país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
35. Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las
entidades territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la
educación en sus niveles preescolar, básico y medio. Del mismo modo, esta ley se
refirió expresamente a la incorporación de personal administrativo en sus artículos
34 y 38. Tales normas disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»
36. En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo
consigo dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el
personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal
adoptadas conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que
los docentes incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación
que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
Resolución del caso concreto
37. Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
38. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con
la edad, se observa que el demandante nació el 24 de marzo de 194814, de modo
que cumplió los 50 años el 24 de marzo de 1998.
14 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del
índice 3 de SAMAI – Tribunales.
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39. Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de
servicio del accionante como docente territorial o nacionalizado, se realiza el
siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa
judicial:
• Del 9 de abril de 1973 al 26 de agosto de 1977
40. Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 21 de junio de 2010 por la Secretaría de Educación
Departamental de Antioquia,15 se tiene demostrado que el demandante prestó
materialmente el servicio para la mencionada autoridad como docente oficial
durante el período bajo estudio.
41. Pues bien, en el expediente obra el Decreto 0525 del 16 de abril de 1973,16 por
medio del cual el gobernador del departamento de Antioquia nombró en propiedad
directamente al reclamante para que se desempeñara como maestro seccional de
la Escuela Rural Mixta El Carmelo, en una plaza prevista para la propia planta de
personal departamental, desde el 9 de abril de 1973 cuando se determinaron los
efectos fiscales luego de la posesión del cargo.17
42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte a partir del referido acto
administrativo (que es una de las pruebas esenciales para este tipo de asuntos),
que esta decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa o indirecta
del Ministerio de Educación, ni aval de este para que, en virtud de la
desconcentración, el mencionado ente territorial en representación de la Nación
efectuara dicha vinculación.
43. Incluso, tampoco se verifica que se haya presentado autorización de
financiamiento por parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el
respectivo Fondo Educativo Regional en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma.
44. En ese orden de ideas, se extrae con claridad que tal vínculo del accionante en
este tiempo examinado tuvo lugar por decisión autónoma y directa del referido
gobernador, lo que indica que tal relación legal fue en calidad de docente territorial,
en la medida en que no cumplió las condiciones para ser considerada de naturaleza
nacional o nacionalizada conforme los criterios del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989.
45. Lo expuesto porque tal situación se ajusta a la interpretación que se desarrolló
en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la
cual es territorial la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
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municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto,
tal como se corroboró para estos tiempos de servicio, y como bien lo indica la
referida norma que señala lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
46. En consecuencia, el tiempo de labor oficial del demandante como docente
estatal de naturaleza territorial, comprendido entre el 9 de abril de 1973 al 26 de
agosto de 1977 (4 años, 4 meses y 17 días), sí debe ser tenido en cuenta para
cumplir la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder al derecho
solicitado.
• Del 1.º de octubre de 1982 al 2 de febrero de 2009
47. Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 26 de junio de 2012 por la Secretaría de Educación Distrital de
Buenaventura, así como de las constancias de salarios del actor,18 se tiene
demostrado que prestó el servicio para la mencionada autoridad como docente
oficial durante el período bajo estudio.
48. Ahora, en el expediente obra el Decreto 24242 del 21 de diciembre de 1983,19
por medio del cual el Ministerio de Educación Nacional nombró en propiedad
directamente al reclamante para que se desempeñara como profesor grado 3.º en
el Instituto Malia Mulumba de Buenaventura, en una plaza propia de la estructura
nacional con efectividad desde el 1º de octubre de 1982.20
49. Una vez verificado lo anterior, debe recordarse que la Ley 91 de 1989 en el
artículo 1.º dejó claro que un docente nacional es aquel nombrado directamente por
el Gobierno Central, a saber:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional […]»
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
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50. Incluso, el mismo accionante reconoce esta calidad en su recurso de apelación,
solo que precisa que ello tuvo lugar hasta el momento en que fue incorporado a la
planta de personal del distrito de Buenaventura.
51. Por lo tanto, en el entendido de que probatoriamente se encuentra plenamente
demostrado que el apelante detentó una vinculación como docente oficial en virtud
de un nombramiento efectuado por el mismo Ministerio de Educación en una plaza
propia, es decir, del orden nacional, se concluye que el lapso comprendido entre el
1.º de octubre de 1982 y el 2 de febrero de 2009 (26 años, 4 meses y 1 día), no
podría ser tenido en cuenta para colmar la exigencia bajo estudio necesaria a fin
de acceder al derecho en litigio, pues este tipo de relación legal y reglamentaria es
incompatible con la finalidad de la prestación conforme a los presupuestos de la
Ley 114 de 1913.
52. Sin perjuicio de lo expuesto, en el recurso de apelación el actor sostuvo que a
pesar de que su nombramiento hubiese sido realizado por la Nación, lo cierto es
que la plaza que ocupaba mutó al orden territorial en la medida en que fue
incorporado a la planta de personal educativo del distrito de Buenaventura, pues
dicha entidad había sido certificada para prestar tal servicio en ese territorio por
autorización del Ministerio de Educación conforme al inciso 4 del artículo 4 de la
Ley 715 de 2001, quedando incorporado desde a la planta de cargos y personal de
dicha autoridad territorial; por lo que afirmó que pasó de ser un docente nacional a
uno distrital.
53. En tal sentido, el actor argumentó esencialmente que, al margen de haber
detentado un vínculo con la Nación, este solo tuvo lugar hasta la entrada en
vigencia de la Ley 715 de 2001, pues desde el día siguiente hasta la fecha de retiro
ocurrido el 2 de febrero de 2009, el servicio prestado fue como educador territorial,
por lo que estimó que tal tiempo de labor oficial sí debía computarse para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
54. No obstante, si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia
conllevó el traslado e incorporación del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, y que por lo tanto la administración del
servicio y de dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, no lo
es menos que tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la
vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad
a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción como es el caso del accionante.
55. Esto encuentra sustento en el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993 que planteó lo
siguiente:
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«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]».
56. De igual forma, resulta adecuado precisar que los efectos de las aludidas
incorporaciones fueron desarrollados en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001,
para lo cual en el mencionado artículo 34 se dispuso que, «los docentes, directivos
docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno
de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.»
57. En tal sentido, es claro que el fenómeno en comento no es un fundamento válido
para afirmar que en virtud de las denominadas incorporaciones (que no
corresponden a nuevos vínculos derivados de relaciones legales diferentes), los
docentes que desde el principio eran nacionales y continuaron en ejercicio de su
cargo sin solución de continuidad en las plantas de personal de las entidades
territoriales, pueden modificar la naturaleza de su vinculación original con la Nación
con desconocimiento de las características y condiciones jurídicas que se
configuraron para ellos desde el mismo instante en que fueron nombrados por una
autoridad en ejercicio de su facultad nominadora como lo es, por ejemplo, el
Ministerio de Educación.21
58. Lo propio deberá afirmarse para el caso del apelante, en el que, si bien asegura
que tuvo una incorporación a la planta de personal del distrito de Buenaventura, ello
en cumplimiento de los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 respectivamente, lo
cierto es que esta no habría generado el cambio en la naturaleza de su relación
legal y reglamentaria original generada con la Nación.
59. Esto se afirma pues la plaza ocupada seguía siendo la misma durante los
extremos temporales bajo estudio, tanto así que en las referidas certificaciones
laborales se indica con claridad que ha prestado los servicios en razón de su
nombramiento original generado con el Decreto 24242 del 21 de diciembre de 1983,
expedido por el Ministerio de Educación Nacional.
60. En todo caso, aun si se planteara que con motivo de la mencionada
incorporación el centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal
docente corresponde al SGP a través del FER, debe precisarse que como se adujo
en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el origen de los recursos
destinados a financiar los pagos de los maestros oficiales no es criterio suficiente
ni indispensable para determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos.
21 Como respaldo de este postulado pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Segunda,
Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de
marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.
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61. Para el efecto, lo que resulta necesario es identificar cómo fue el nombramiento
del educador en lo que respecta a la entidad que lo haya designado como tal, así
como la plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco sería
adecuado afirmar que se dio un cambio de relación legal por las anteriores razones,
habida cuenta de que como quedó demostrado en esta causa judicial, esta se dio
por decisión directa de la Nación a través del Ministerio de Educación.
62. En consecuencia, al evidenciar que la vinculación más larga y relevante del
reclamante no resulta computable para adquirir una pensión gracia, se concluye
que no satisfizo el requisito de acreditar mínimo 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado, de manera que este solo hecho le impide consolidar el
derecho pensional solicitado.
63. Bajo tal contexto, en el entendido de que el accionante no cumplió este requisito
que es esencial para adquirir el beneficio pretendido, resulta inane verificar los
demás preceptos señalados previamente, pues ante este primer análisis se
corrobora la necesidad de negar el reconocimiento de la prestación reclamada, de
manera que se confirmará la providencia apelada, tal como fue solicitado y
fundamentado por el Ministerio Público en su concepto.
Condena en costas de segunda instancia
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
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efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de
dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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