Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01083-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
Demandante: Margarita Quintero Vinasco
Demandados: Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1
Temas: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 18 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
1. Margarita Quintero Vinasco presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto configurado con ocasión de la petición elevada
el 18 de diciembre de 2020, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecida en las leyes
244 de 1995 y 1071 del 2006.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la sanción por mora equivalente a 1 día de
salario por cada día de retardo contados desde los 65 días hábiles siguientes a la
1 En adelante Fomag.
2
Índice 3 de Samai, expediente digital Tribunal, archivo «Expediente digital», documento
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.ZIP) NroActua 3».
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
Demandante: Margarita Quintero Vinasco
radicación de la solicitud de cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando
se hizo efectivo el pago; (ii) el ajuste del valor de la condena de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 del CPACA; (iii) el cumplimiento del fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA; y (iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. MargaritaQuintero Vinasco, en su calidad de docente vinculada al servicio
educativo estatal, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas el 31
de enero de 2019.
3.2. Las cesantías le fueron reconocidas a través de la Resolución 00530 del 13 de
marzo de 2020 y pagadas el 20 de noviembre de 2020, por intermedio de una entidad
bancaria.
3.3. El 18 de diciembre de 2020 presentó reclamación administrativa ante el Fomag a
través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago
de las cesantías reconocidas, correspondiente a 555 días. Pedimento respecto del
cual la entidad guardó silencio.
3.4. El 8 de abril de 2021 recibió un pago parcial por concepto de sanción moratoria
por valor de $8.754.642, el cual no cubrió la totalidad de la obligación por que existía
un saldo restante de $63.765.155.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron las leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. El Fomag desconoció el régimen legal que protegía el pago oportuno de las
cesantías de los docentes oficiales, las cuales constituían una prestación social de
especial importancia, que buscaba garantizar recursos del trabajador en situaciones
de retiro o necesidad económica, por lo que su pago tardío afectaba directamente
los derechos laborales del beneficiario.
5.2. Las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fueron expedidas para evitar que las
entidades públicas dilataran injustificadamente el reconocimiento y pago de las
cesantías. Por ello, el legislador estableció una consecuencia jurídica clara frente a
la mora: el pago de un día de salario por cada día de retardo hasta que se hiciera
efectivo el desembolso de la prestación.
5.3. El término de 65 días hábiles debía contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud de cesantías, así: 15 días hábiles para expedir la resolución, 5 días hábiles
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Demandante: Margarita Quintero Vinasco
de ejecutoria y 45 días hábiles para efectuar el pago. Vencido dicho plazo sin un
pago efectivo se causaría la sanción moratoria.
5.4. Laentidad no podía liberarse de la sanción moratoria por haber expedido
tardíamente el acto administrativo de reconocimiento o por haber demorado el trámite
interno de pago, porque ello dejaría al trabajador desprotegido.
1.2. Contestación de la demanda4
6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, de acuerdo con los siguientes argumentos:
6.1. La eventual mora en el pago de las cesantías no le era atribuible sino al ente
territorial encargado de expedir oportunamente el acto administrativo de
reconocimiento.
6.2. La educación era un derecho y un servicio público con función social, conforme
al artículo 67 de la Constitución Política. La sentencia C-506 de 2006 de la Corte
Constitucional señaló que la Ley 91 de 1989 buscó organizar el régimen prestacional
de los docentes y definir responsabilidades en el pago de sus prestaciones sociales.
6.3. El Fomag fue creado por la ley ibídem como una cuenta especial de la Nación,
sin personería jurídica, cuyos recursos eran administrados por una fiduciaria. En ese
marco, la fiduciaria La Previsora S.A. actuaba como vocera y administradora de los
recursos del fondo y para el trámite de los reconocimientos prestacionales requería
de la intervención de las secretarías de educación territoriales.
6.4. Las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 regulaban los términos para el pago
oportuno de cesantías y preveían una sanción moratoria equivalente a un día de
salario por cada día de retardo. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-336 de
2017 reconoció que a los docentes oficiales les resultaba aplicable el régimen general
de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.
6.5. En el caso concreto, la demora no se produjo por una actuación que se pudiera
imputar al ministerio o al Fomag, sino por el retraso en el que habría incurrido el ente
territorial en la expedición del acto administrativo. La solicitud de cesantías fue
presentada el 31 de enero de 2019, por lo que la fecha máxima para expedir el acto
administrativo era el 22 de febrero de 2019, sin embargo, ello solo ocurrió el 13 de
marzo de 2020, lo que representaría una demora de 376 días.
6.6. La tardanza en la expedición del acto administrativo retrasó la puesta a
disposición de los recursos y, por tanto, la responsabilidad de la eventual sanción
moratoria correspondería al ente territorial. El artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
estableció que la entidad territorial era responsable del pago de la sanción por mora
4
Índice 13 de Samai, expediente digital Tribunal, actuación «Contestación demanda», documento
«C8_CONTESTACIONDEDEMANDA_202001083CORREO_RE(.pdf) NroActua 13».
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cuando el pago extemporáneo se generara por el incumplimiento de los plazos para
radicar o entregar la solicitud de pago de cesantías al Fomag.
6.7. Una eventual condena por sanción moratoria, indexación, intereses y costas
podría afectar los recursos públicos destinados al cumplimiento de otros fines
estatales, por lo que de acuerdo con los actos legislativos 03 de 2011 y 01 de 2005,
las decisiones judiciales debían considerar el equilibrio financiero del sistema.
6.8. La indexación de la sanción moratoria no era procedente en razón de su
naturaleza sancionatoria y resarcitoria. Además, no era un derecho laboral ordinario
sino una penalidad económica contra la administración. Por ello ordenarla equivaldría
a imponer una carga doble o excesiva.
6.9. Ante una eventual condena por sanción moratoria, su pago debía ordenarse con
cargo a los títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, conforme con el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019
y el Decreto 2020 de 2019.
6.10. Como excepción previa propuso la indebida conformación del contradictorio
porque no fue vinculado el ente territorial que había intervenido en el trámite de
reconocimiento de las cesantías y de mérito: (i) la legalidad de los actos
administrativos atacados; (ii) la improcedencia de la indexación de la condena; (iii)
caducidad; (iii) prescripción; y (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.3. La sentencia apelada5
7.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 18 de julio
de 2024 resolvió:
«[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo
frente a la petición elevada el 18 de diciembre de 2020, mediante el cual se le negó a la señora
MARGARITA QUINTERO VINASCO el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida
en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) a pagar a favor de la señora
MARGARITA QUINTERO VINASCO la suma de $ 10.080.316,8 por concepto de saldo insoluto
correspondiente a la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
causada durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2019 al 19 de noviembre de 2020,
sin lugar a indexar dicha suma. Debe advertirse que, la presente condena se debe ajustar de
conformidad a lo establecido en el artículo 187 del CPACA.
TERCERO.- Sin condena en costas. […]».
8. Para tal efecto se pronunció así:
8.1. El auxilio de cesantías es una prestación social a cargo del empleador, destinada
5
Índice 45 de Samai, expediente digital Tribunal, actuación «Sentencia», documento
«32Sentencia_20210108300NRLVsFOMA(.pdf) NroActua 45».
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a proteger al trabajador cuando queda cesante o para permitirle atender necesidades
como vivienda o educación durante la relación laboral. Una vez realizada la petición
de reconocimiento y pago de las cesantías, la entidad pública debía expedir el acto
administrativo de reconocimiento dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
solicitud y pagar la prestación dentro de los 45 días hábiles siguientes a la firmeza
del acto. Ante un eventual incumplimiento, debía reconocerle al beneficiario un día
de salario por cada día de retardo.
8.2. Ley 91 de 1989 creó el Fomag y reglamentó el régimen prestacional de los
docentes oficiales en el que, según la fecha y su forma de vinculación, regían dos
sistemas de cesantías: el retroactivo y el anualizado. El Decreto 2831 de 2005
estableció el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a
cargo de ese fondo, en el que también intervenían las secretarías de educación de
las entidades territoriales certificadas y la sociedad fiduciaria administradora de sus
recursos.
8.3. Las secretarías de educación territoriales tenían funciones importantes dentro
del trámite: recibir la solicitud, elaborar el proyecto de acto administrativo, remitirlo a
la fiduciaria y expedir el acto de reconocimiento. Sin que ello eliminara la
responsabilidad del Fomag en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
docentes.
8.4. La jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado estableció que a los
docentes oficiales les resultaban aplicables las disposiciones de la Ley 244 de 1995
y de la Ley 1071 de 2006 en materia de sanción moratoria por pago tardío de
cesantías. Cuando la administración no expedía el acto de reconocimiento o lo hacía
de manera extemporánea, la mora comenzaba a contarse una vez transcurridos los
70 días hábiles correspondientes a los 15 días para resolver la solicitud, 10 días de
ejecutoria y 45 días para efectuar el pago.
8.5. No era aplicable al caso concreto el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 invocado
por la entidad demandada, según el cual la responsabilidad por la sanción
correspondía al ente territorial, en razón a que la solicitud de cesantías se presentó
el 31 de enero de 2019, antes de su entrada en vigencia. Por tanto, no podía aplicarse
retroactivamente dicha disposición para trasladar la responsabilidad al ente territorial.
8.6. El 31 de enero de 2019, la demandante había solicitado el reconocimiento y pago
de cesantías definitivas, a lo cual se accedió mediante la Resolución 1.210-68 00530
del 13 de marzo de 2020 por parte de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca
por valor de $46.597.312, con un saldo a favor de $27.450.697, puestas a su
disposición el 20 de noviembre de 2020.
8.7. Una vez aplicada la regla de los 70 días hábiles la administración debió pagar
máximo el 15 de mayo de 2019, no obstante, ello solo ocurrió el 20 de noviembre de
2020. Así, la mora alegada se causó del 16 de mayo de 2019 al 19 de noviembre de
2020, para un total de 553 días.
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8.8. La liquidación de la sanción tenía como base el sueldo básico de la demandante
para el año 2020, equivalente a $1.021.788. De allí, el valor diario de $34.059,6
multiplicado por 553 días de mora, arrojaba un valor total de $18.834.958,8, al que
una vez restado un pago previo por la administración de $8.754.642 por ese
concepto, se determinó un saldo insoluto pendiente de $10.080.316,8.
8.9. No se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, porque la sanción se
causó del 16 de mayo de 2019 al 19 de noviembre de 2020, y la solicitud de
reconocimiento se presentó el 18 de diciembre de 2020, dentro del término legal.
8.10. Tampoco procedía indexar la sanción durante el tiempo de causación, conforme
con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, procedía ajustar la
condena conforme con el artículo 187 del CPACA, una vez finalizada la causación y
ordenada judicialmente.
8.11. No se condenó en costas porque no se acreditaron gastos procesales ni se
evidenció una actuación que justificara agencias en derecho.
1.4. Los recursos de apelación
9.El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con sustento
en los siguientes argumentos:
9.1. El incumplimiento de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico
«obedeció exclusivamente por culpa de la entidad territorial, esto es, la Secretaría de
Educación», porque no profirió el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías dentro del término legal. En consecuencia, «hubo un retardo por parte del
ente territorial en expedir el acto administrativo al no haber sido proferido dentro del término
de los quince (15) días posteriores a la radicación de la solicitud, situación que a la luz del
artículo 57 de la [L]ey 1955 de 2019, [era] de única responsabilidad de dicha entidad siendo
necesario su condena proporcional en la sentencia que ponga fin al litigio».
9.2. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se configuró el
fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que, « en el sub júdice se trata[ba] de
cesantías definitivas, [por lo que] la mora solo p[odía] tener lugar en un único evento, esto
es, con ocasión del fenecimiento de la relación laboral, de manera que la aplicación del
término extintivo al causarse una única sanción solo podrá ser total».
9.3. El inciso cuarto del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 estableció
expresamente que los recursos del Fomag solo podían destinarse al pago de
prestaciones económicas, sociales y asistenciales de los docentes, por lo que
resultaba prohibido el pago de indemnizaciones económicas con cargo a dichos
recursos. Por ello, una eventual condena por sanción moratoria no podría hacerse
efectiva contra el patrimonio del fondo.
9.4. En caso de mantenerse la condena impuesta al fondo, se debía «indicar en la
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sentencia que ponga fin al litigio, que […] deberá ser pagada con cargo a los Títulos de
Tesorería que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el
parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019».
10. La parte demandante apeló la sentencia en orden a que se modificara o corrigiera
en los siguientes términos:
10.1. El tribunal reconoció 553 días de mora, pero liquidó la sanción con base en un
salario diario derivado de un sueldo básico de $1.021.788, suma que no correspondía
a la realidad, toda vez que para el año 2019 devengó la suma de $3.641.927, y para
el año 2020, conforme con el Decreto 319 de 2020, su salario era de $4.244.314.
10.1 Se realizó una indebida valoración del desprendible de nómina y de las tablas
salariales docentes. Por ello, aunque se acertó en declarar la existencia de la mora
y reconocer 553 días de retardo, se erró en la tasación de la codena al usar una base
salarial inferior a la realmente devengada.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. Mediante auto del 29 de noviembre de 20246 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 18 de julio de 2024. El
4 de abril de 20257, se negó la solicitud probatoria de segunda instancia efectuada
por la parte demandada; y el 22 de mayo de 20268 se corrió traslado a las partes
para que presentaran los alegatos por escrito dentro de los 10 días siguientes.
1.6. El Ministerio Público9
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió su concepto, en los
siguientes términos:
12.1 La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías se sustenta en la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, disposiciones que imponen a la
administración la obligación de reconocer oportunamente las cesantías y efectuar su
pago dentro de los términos legales, so pena de pagar al beneficiario un día de salario
por cada día de retardo. En el caso concreto, al tratarse de una docente oficial, dichas
reglas resultaban aplicables conforme con el criterio jurisprudencial vigente, pues el
régimen especial del magisterio no excluía la consecuencia sancionatoria derivada
de la mora.
12.2. Para efectos de la liquidación, debía observarse los salarios fijados por el
6 Índice 4 Samai, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento «
5Autoqueadmite_56602024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4».
7
Índice 9 Samai, actuación «Auto que niega prueba», documento «
9Autoqueniega_56602024Niegasolicit(.pdf) NroActua 9».
8 Índice 16 Samai, actuación «Auto que corre traslado para alegar», actuación
«15Autoquecorre_56602024AUTOQUECORRE(.pdf) NroActua 16».
9 Índice 21 Samai, actuación «Recibe Memoriales ONLINE» documento
«Memorial_FLF_19Concepto(.pdf) NroActua 21».
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gobierno nacional a través de los decretos 1017 de 2019 y 319 de 2020, los cuales
determinaron la asignación básica mensual del grado 14 del Escalafón Nacional
Docente para esas anualidades, y únicamente por el periodo efectivamente causado,
esto es, desde el vencimiento del plazo legal para pagar las cesantías hasta el día
anterior al pago efectivo, sin extenderlo a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y
con el descuento de cualquier suma previamente reconocida por el mismo concepto.
12.3. Por lo anterior, solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia en
lo relativo a la liquidación de la sanción moratoria, para ordenarla por el periodo
comprendido entre el 16 de mayo de 2019 y el 19 de noviembre de 2020, equivalente
a 553 días de mora, tomando como base la asignación básica mensual
correspondiente al grado 14 del Escalafón Nacional Docente fijada en los decretos
1017 de 2019 y 319 de 2020 para cada anualidad, respectivamente. Asimismo, que
al valor resultante se le descontaran las sumas que la demandante hubiera recibido
previamente por ese mismo concepto a fin de evitar doble pago por la misma
obligación.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos […]».
2.2. Los problemas jurídicos
14. Se circunscriben a establecer:
14.1 ¿Si el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas reconocidas a Margarita Quintero Vinasco le corresponde al Fomag o al
ente territorial?
14.2 ¿Si en el sub judice se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción?
14.3 ¿Si el tribunal liquidó correctamente la sanción moratoria o si, por el contrario,
tomó un salario base inferior al devengado por la docente demandante?
14.4 ¿Si hay lugar a modificar la sentencia apelada con el fin de precisar que la
«eventual condena» deberá pagarse con cargo a títulos de tesorería que emita el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019?
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
15.La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en
el momento de su promulgación, así:
Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975. […]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables
a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a
las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
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promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del
personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». (se resalta)
16. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de
servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los
docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y los nacionales vinculados
desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1 de enero
1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
17. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin
hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes
para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de
cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»10.
18. Asimismo, la jurisprudencia de esta corporación11, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 12, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad
a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la
entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar
a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP William Hernández Gómez, sentencia del
30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15).
11 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.
2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de
agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015- 00048-
01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019, Rad.
2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01.
12 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o
en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse
respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios
contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2
proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley
91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de
enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que
regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden
nacional […]». (se resalta)
19. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.3.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
20. El artículo 313 de la Ley 91 de 198914 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital.
21. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
13 Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro
de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los
servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad.
14 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.
22. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría15.
23. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 16,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes debían
ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo educativo
regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto
bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de
reconocimiento.
24. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 17, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del secretario de Educación
de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del
Decreto 2831 de 200518.
25. En virtud de la normativa aludida, esta subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo)19.
26. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba sometida
al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un procedimiento
15 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
16 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989.
17 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.
18 Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de
1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
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administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y cargas
administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero también,
adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en conjunto,
superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos20.
27. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en cuanto
i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad patronal»,
sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de
las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el
acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber también a las
solicitudes de cesantías parciales.
28. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que
establecía el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías
definitivas (45 días hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público)
y previó una sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:
[…] Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.
29.Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en
concreto al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de
201721, en la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se
desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de
los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995,
20 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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modificada por la Ley 1071 de 2006».
30. A su vez, esta sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201822, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de
la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales23, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter
restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio
prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica
de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción,
permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del
concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través
de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para señalar que el docente oficial,
al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías».
31. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de
la sanción, la corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en
el marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento en
el que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto
ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos
y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de cuándo, en cada
caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación, según las siguientes
reglas:
«[…] SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii)
45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley24
para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los
términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.
22 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-
012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
23 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los
trabajadores oficiales.
24 Artículo 69 CPACA.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
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iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto. […]».
32. Por último, la sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
«[…] TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
[…]».
33. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte
Constitucional (sentencia SU-336 de 201725) y por la sección segunda de esta
corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201826); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de
cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de
cesantías definitivas o parciales27.
2.4. Caso en concreto
34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
34.1. Margarita Quintero Vinasco prestó sus servicios como docente desde el 26 de
enero de 1994 hasta el 21 de enero de 2019. Fue retirada del servicio activo mediante
la Resolución 3687 del 5 de diciembre de 2018 proferida por la Gobernación del Valle
del Cauca.
34.2. De acuerdo con el acto de reconocimiento de las cesantías definitivas, Margarita
25 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, MP Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
26 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-
SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado
05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), MP Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
Demandante: Margarita Quintero Vinasco
Quintero Vinasco presentó reclamación administrativa, mediante «petición radicada
VDC2019ER000310 del 31/01/2019»28.
34.3. En virtud de la Resolución 1.210-68 00530 del 13 de marzo de 2020, la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca le reconoció la suma de $27.450.697
por concepto de liquidación de cesantías definitivas. Asimismo, dispuso:
«[…] Artículo 2º. De la suma reconocida $19.146.615, por concepto de cesantías parciales
ya canceladas para un saldo de $27.450.697, del cual se girará la suma de (VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M/CTE), $27.450.697, como pago de CESANTIA DEFINITIVA, valor que pagará
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la entidad
Fiduciaria, a nombre de la docente MARGARITA QUINTERO VINASCO, identificada con
C.C No. 29.613.652 de LA UNIÓN – VALLE […]».
34.4. Las cesantías reconocidas mediante la anterior resolución fueron puestas a
disposición para pago el 20 de noviembre de 2020, a través del banco BBVA
Colombia por ventanilla, las cuales fueron retiradas por la accionante el 7 de
diciembre de 202029.
34.5 De conformidad con la certificación expedida por la secretaria de educación del
Valle del Cauca, la demandante para el mes de enero de 2019 devengó lo siguiente 30:
34.6. El 18 de diciembre de 2020 solicitó el pago de la indexación y la sanción
moratoria establecida en la Ley 1071 de 2001, por el pago tardío de las cesantías
parciales. Petición que no fue resuelta por la accionada31.
34.7. El 8 de abril de 2021 retiró por ventanilla del Banco BBVA, la suma de
$8.745.642, por concepto de «sanción mora al AP22 00131889 136»32.
28 Índice 2 Samai, expediente digital Tribunal «02 Anexos», folio 7.
29 Índice 2 Samai, expediente digital Tribunal «02 Anexos», folio 10.
30 Índice 2 Samai, expediente digital Tribunal «02 Anexos», folio 12.
31 Ibidem, folio 3 – 4.
32 Índice 2 Samai, expediente digital Tribunal «02 Anexos», folio 11.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
Demandante: Margarita Quintero Vinasco
34.8. La accionante se encontraba en el grado de escalafón 1433.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
35. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto ficto
demandado y, como consecuencia, ordenó al Fomag a pagar a favor de Margarita
Quintero Vinasco la suma de $10.080.316,8 por concepto de saldo insoluto
correspondiente a la sanción moratoria de que tratan las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, causada del 16 de mayo de 2019 al 19 de noviembre de 2020, sin lugar a
indexar dicha suma. Asimismo, dispuso ajustar la condena de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 del CPACA y se abstuvo de condenar en costas.
36. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, se
advierte que no se planteó reproche alguno frente a la configuración de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, correspondiente a 553 días.
En ese orden, la Sala limitará su estudio a aquellos planteados por los apelantes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso34.
2.5.1. En cuanto a la competencia frente al pago de la sanción moratoria
37. El Fomag sustentó su pretensión de revocatoria de la sentencia de primera
instancia en que el incumplimiento que dio lugar al pago tardío de las cesantías
definitivas de la demandante y como consecuencia al reconocimiento de una sanción
moratoria «obedeció exclusivamente por culpa de la entidad territorial, esto es, la Secretaría
de Educación», por cuanto no profirió el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías dentro del término legal. En consecuencia «hubo un retardo por parte del ente
territorial en expedir el acto administrativo al no haber sido proferido dentro del término de
los quince (15) días posteriores a la radicación de la solicitud, situación que a la luz del
artículo 57 de la ley 1955 de 2019, son de única responsabilidad de dicha entidad siendo
necesario su condena proporcional en la sentencia que ponga fin al litigio».
38. En relación con lo anterior, el a quo concluyó que el derecho al pago de la sanción
moratoria se causó el 16 de mayo de 2019, fecha para la cual era aplicable lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
39. De acuerdo con la disposición en cita sí era al fondo, como entidad pagadora, a la
que le correspondía reconocer y pagar de sus propios recursos la sanción en casos
como el sub judice en los que se configuró la mora en el pago. Ahora bien, si como
lo sostuvo en el recurso, considera que el incumplimiento del término previsto en el
ordenamiento fue consecuencia de «un retardo por parte del ente territorial en expedir el
acto administrativo», se recuerda que el legislador lo autorizó para repetir contra el
funcionario a quien le fuera imputable la culpa.
33
Ibidem, folio 9, 32.
34 En adelante CGP.
17
Radicado: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
Demandante: Margarita Quintero Vinasco
40. La Sala no desconoce que actualmente se encuentran vigentes los artículos 57 de
la Ley 1955 de 2019 y 2.4.4.2.3.2.28. del Decreto 942 de 2022, según los cuales «[l]a
Entidad Territorial Certificada en Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán las
responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías, en aquellos
eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento
de los términos previstos para cada una de ellas» y la «sanción moratoria no afectará los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en caso de
presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la genere». Sin embargo,
dichas normas entraron en vigor [25 de mayo de 2019] con posterioridad a la fecha
en la que se causó el derecho de la sanción de la que era acreedora la demandante
[16 mayo de 2019].
41. En ese sentido, no era posible su aplicación a una situación que se consolidó con
anterioridad, puesto que en aquellas no se previó de manera expresa su
retroactividad y, al contrario, se estableció un régimen de transición, según el cual
«[p]ara efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2022, facúltese al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos
de los que trata el presente parágrafo»35.
42. Así las cosas, no es procedente el argumento planteado por la entidad de
previsión, por cuanto, al momento en que se causó la sanción moratoria a favor de
la demandante, la competencia para efectos de su reconocimiento y pago se
encontraba en su cabeza como entidad pagadora.
43. De otra parte, dentro de los reproches objeto de estudio, el Fomag solicitó que
se «sirva indicar en la sentencia que ponga fin al litigio, que la eventual condena deberá ser
pagada con cargo a los Títulos de Tesorería que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019».
44. Al respecto, para la Sala dicha solicitud es improcedente, pues, de
conformidad con el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, el pago de las sanciones
por mora que se causaron antes de diciembre de 2022 se podrán pagar con cargo a
dichos títulos, para esos efectos, le corresponderá al Consejo Directivo del Fomag
adelantar el trámite pertinente tendiente a efectuar la adición presupuestal de los
recursos, para el cual se debe tener certeza frente a la existencia de la obligación, lo
que sucede con el acto de reconocimiento o con la sentencia judicial. En ese orden,
esto corresponde a un procedimiento a cargo de la entidad de previsión que no puede
utilizarse para condicionar el cumplimiento de la sentencia y que incluso debe existir
de manera previa a su inclusión en el presupuesto.
35 Parágrafo transitorio del artículo 324 de la Ley 2294 de 2023.
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Demandante: Margarita Quintero Vinasco
2.5.2. En cuanto a la base salarial para liquidación de la sanción moratoria
45. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que, para el año 2020,
el sueldo básico de la demandante correspondía a $1.021.788. Con base en esa
cifra, calculó un valor diario de $34.059,6, lo multiplicó por 553 días de mora y obtuvo
una sanción total de $18.834.958,8. Luego descontó el pago administrativo
previamente efectuado de $8.754.642, para fijar un saldo insoluto de $10.080.316,8.
46. La parte actora consideró que dicho cálculo era errado porque el salario
tomado por el tribunal no correspondía a su realidad laboral, toda vez que para el
año 2019 devengó la suma de $3.641.927 y para el 2020, conforme al Decreto 319
de 2020, el salario de los docentes ubicados en el escalafón 14 era de $4.244.314.
47. En atención a lo establecido en la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de
junio de 2018, la cual precisó que el salario base para liquidar la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías definitivas sería «la asignación básica vigente en la
fecha en que se produjo el retiro del servicio público», y de conformidad con la certificación
expedida por la secretaria de educación del Valle del Cauca, la demandante para
enero de 2019 devengó una asignación mensual de $3.641.927. En consecuencia,
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria deberá efectuarse sobre dicho valor
y por el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2019 y el 19 de noviembre de
2020.
48. Por lo anterior, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia, en cuanto al valor de la sanción moratoria. Es decir, se ordenará su
liquidación con base en el salario devengado por la demandante en enero de 2019,
esto es; $3.641.917, por el periodo efectivo de mora ya reconocido, de cuyo total se
descontará lo previamente cancelado a la demandante por el mismo concepto de
acuerdo con lo acreditado en el proceso [$8.754.642].
2.5.3. En cuanto a la configuración del fenómeno jurídico de la prescripción
49. El Fomag sostuvo en el recurso objeto de estudio que, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción, puesto que, «en el sub júdice se trata de cesantías definitivas, la mora solo
puede tener lugar en un único evento, esto es, con ocasión del fenecimiento de la relación
laboral, de manera que la aplicación del término extintivo al causarse una única sanción solo
podrá ser total».
50. Asimismo, se advierte que la terminación del vínculo laboral se tiene en cuenta
como extremo inicial para efectos del término de prescripción frente a la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías propiamente dichas y no para efectos de la
sanción moratoria, puesto que, esta última solo se causa por el incumplimiento del
término con el que cuenta la entidad competente para efectuar el pago y, para lo cual,
se debe contar previamente con la reclamación administrativa.
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51. Ahora bien, en cuanto a la configuración del fenómeno jurídico de la
prescripción, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
corporación, este se rige por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social36.
52. Así las cosas, en el caso de la sanción moratoria, esta se hace exigible al día
siguiente en el que vence el plazo establecido por el legislador para que la entidad
competente efectúe el pago de las cesantías. En ese orden, en el sub judice, de
conformidad con lo decidido en la sentencia de primera instancia [frente a lo que no
se efectuó reparo alguno] la sanción se causó el 16 de mayo de 2019 y la reclamación
administrativa se presentó 18 de diciembre de 2020, esto es, dentro de los 3 años
siguientes a que el derecho se hizo efectivo, por lo que, como lo concluyó el a quo,
no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción. En consonancia, tampoco se
encuentra procedente este argumento de la apelación.
53. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
proferida 18 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, excepto el ordinal
segundo que se modificará.
2.6. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
36Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ- 034 - CE-S2 -2023: «la Sección Segunda
considera que en el presente caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho
al reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está supeditado a la observancia del término de
prescripción consagrado en el mencionado artículo 151 del CPTSS».
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Demandante: Margarita Quintero Vinasco
aplicación razonable de la norma37.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, de conformidad con las
normas vigentes en la fecha en la que se causó la sanción moratoria, el Fomag era
la entidad competente para su reconocimiento y pago.
61. Asimismo, hay lugar a modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia, por lo cual se ordenará una nueva liquidación con base con base en la
asignación salarial devengada por la accionante en enero de 2019, esto es;
$3.641.927. Del valor resultante se descontará lo previamente pagado a la
demandante por concepto de sanción moratoria. Igualmente es del caso precisar que
el pago de la «eventual condena» con cargo a títulos de Tesorería que emita el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, es un trámite administrativo que le corresponde adelantar a la junta
directiva de la entidad, sin que pueda ser utilizado como condicionamiento para el
cumplimiento de la orden impartida en el sub judice.
62. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, no operó el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que
entre la fecha en la que se causó la mora y la presentación de la reclamación
administrativa no transcurrieron más de 3 años.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 18 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Margarita Quintero Vinasco contra el
37 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01083-01 (5660-2024)
Demandante: Margarita Quintero Vinasco
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, excepto el ordinal segundo
el cual se modifica y quedará así:
59. SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio pagar a favor de
Margarita Quintero Vinasco la sanción moratoria causada por el pago tardío de
sus cesantías, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de mayo de
2019 y el 19 de noviembre de 2020. Dicha liquidación deberá efectuarse con base
en la asignación salarial devengada por la accionante en enero de 2019, esto es;
$3.641.927. Del valor resultante se deberá descontar las sumas que le hubieran
sido previamente canceladas por el mismo concepto, a fin de evitar un doble pago.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Aclara de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
BG
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