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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01097-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01097-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Luis Fernando Gómez Quintero en contra del municipio de Santiago de Cali, de conformidad con las consideraciones de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2021-01097-01 (2064-2024) Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al señor Luis Fer- nando Gómez Quintero en favor de la parte demandada. Para tal efecto, las agen- cias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori- gen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-01097-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01097-01 (2064-2024)
Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero
Demandado: Municipio de Santiago de Cali
Tema: Reajuste salarial y prestacional de carácter extralegal de
conformidad con el Decreto 0216 de 1991.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con-
tra la sentencia de primera instancia del 12 de febrero de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Luis Fernando Gómez Quintero, en ejercicio del medio de control de nuli-
dad y restablecimiento del derecho y por medio de apoderado, presentó demanda
contra el municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, con el propósito de que
se declare la nulidad el acto administrativo No. TRD: 4137.040.13.0718.023831
del 24 de mayo de 2021 que negó la solicitud de reajuste salarial y prestacional
de conformidad con el Decreto Municipal 216 de 19911, así como del acto ficto
presunto producto del silencio administrativo negativo que la entidad guardó
frente al recurso de apelación que propuso contra la anterior decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene reconocer que
adquirió el derecho al reajuste salarial y prestacional con inclusión de todos los
factores salariales previstos en el Decreto 0216 de 1991 expedido por la entidad
municipal y en virtud de la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado bajo el radicado No. 76-00-12331-000-2010-
01485-01, así como de “las doceavas causadas”. Como consecuencia de lo an-
terior, pretendió se ordene el reajuste y pago indexado del mismo desde 1992

1 La entidad argumentó que las sentencias del 20 de enero de 2012 dictada por el Tribunal Admi-

nistrativo del Valle del Cauca, 8 de agosto de 2019 y auto de 21 de agosto de 2020 dictados por
el Consejo de Estado no reconoció al señor Gómez el derecho a percibir emolumentos salariales
y/o prestaciones de conformidad con el Decreto 0216 de 1991 de manera específica sobre situa-
ciones jurídicas particulares y concretas.

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

hasta el 19 de septiembre de 2019, además de los intereses moratorios que co-
rrespondan bajo ese mismo período.

3. Argumentó que el acto cuestionado adoleció de falsa motivación por error
de hecho, pues no era cierto que la sentencia del 8 de agosto de 2019 dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no hubiese
reconocido el derecho a recibir el pago de emolumentos salariales y/o prestacio-
nes previstas en el Decreto 0216 de 1991. A su juicio, la providencia protegió y
consolidó de manera general las situaciones jurídicas y derechos adquiridos de
todos los servidores públicos del municipio, incluyéndolo a él.

4. En consecuencia, la simple acreditación de la relación laboral durante la
vigencia del acto anulado era suficiente para ser cobijado por los términos en que
el Consejo de Estado resolvió declarar la nulidad del Decreto 0216 de 1991. La
entidad demandada omitió valorar de manera objetiva y conjunta los elementos
de prueba remitidos a efectos de demostrar su calidad de servidor público.

Contestación de la demanda

5. El Municipio de Cali se opuso a la totalidad de las pretensiones y solicitó
que fueran desestimadas.

6. Explicó que, si bien mediante el Decreto Municipal 0216 de 1991 se esta-
blecieron prestaciones sociales y otros beneficios extralegales en favor de los
empleados públicos del Municipio de Cali, posteriormente, a través del Decreto
0731 de 1999, la entidad territorial reconoció la falta de competencia de las auto-
ridades ejecutivas y de las corporaciones territoriales para fijar el régimen pres-
tacional de sus servidores públicos. En consecuencia, derogó el Decreto 0216 de
1991, al considerar que había sido expedido con desconocimiento de las normas
que regulaban la competencia en esta materia.

7. En desarrollo de lo anterior, afirmó que el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos es un asunto de exclusiva competencia del legislador,
por lo que el acalde no tenía la facultad para expedir el aludido acto; criterio que
fue acogido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de
Estado mediante las respectivas sentencias que declararon la nulidad de la
norma.

8. Igualmente, aclaró que su decisión no respondió a criterios arbitrarios ni
caprichosos, sino de conformidad con el ordenamiento jurídico. Consideró que el
señor Gómez no adquirió el derecho reclamado toda vez que, tanto en la Consti-
tución de 1886, como en la de 1991, la competencia para fijar el régimen salarial
y prestacional de empleados públicos a nivel territorial era competencia exclusiva
del legislador, no siendo posible que surtiera efectos jurídicos las normas que
fueran en contravía de ello.

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

9. Además, reiteró los motivos expuestos dentro del acto acusado para negar
la solicitud del demandante, como quiera que el Consejo de Estado únicamente
protegió los derechos de quienes contaban con una situación jurídica consolidada
y no de aquellos que se encontraban en discusión, bien sea en sede administra-
tiva o judicial, como es el caso del señor Gómez.

10. Como excepciones de mérito, invocó el cobro de lo no debido, la inconsti-
tucionalidad de la norma, la prescripción y la innominada.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda en sentencia del 12 de febrero de 2024.

12. Consideró que la declaratoria de nulidad del Decreto Municipal 0216 de
1991 se fundó en la falta de competencia del alcalde territorial para expedir el
acto administrativo, pues se trataba de un asunto de exclusiva competencia del
legislador. También tuvo en cuenta la modulación de los efectos ex tunc previstos
por el Consejo de Estado en segunda instancia, quien explicó que se respetarían
los derechos adquiridos por los servidores públicos del municipio y aclaró que,

“(…) solo las situaciones no definidas son afectadas por la decisión anulatoria, bien
porque se encontraban en discusión o eran susceptibles de debate en sede adminis-
trativo, o porque estuvieren demandadas o pudieren serlo ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa entre el momento de la expedición del acto y la sentencia profe-
rida. Se excluyen, entonces, aquellas situaciones consolidadas en aras de salvaguar-
dar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, (…)”2.

13. Al evaluar el caso en concreto, advirtió que el demandante presentó la
solicitud administrativa en 2021, año para el cual el Decreto 0216 de 1991 ya
había sido declarado nulo, sin que antes de esa fecha la administración le hu-
biese concedido de manera expresa y particular el derecho reclamado. Por lo
tanto, concluyó que el señor Gómez no contó con una situación jurídica plena-
mente consolidada en vigencia del decreto y por ende, no podía aspirar al reco-
nocimiento del derecho bajo la excepción prevista por el Consejo de Estado.

14. A partir del artículo 365 del CGP y el artículo 188 del CPACA, condenó en
costas y agencias en derecho a la parte demandante.

Recurso de apelación

15. La parte demandante apeló la decisión anterior y solicitó su revocatoria
para que, en su lugar, se accediera a todas sus pretensiones.

16. Contrario a lo considerado por el tribunal, aseguró haber adquirido el de-
recho al reajuste salarial y prestacional por haber estado vinculado al municipio

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.

Auto del 21 de agosto de 2020, radicación no. 76001-23-31-000-2010-01485-01.

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

durante todo el período en que el Decreto 0216 de 1991 permaneció vigente den-
tro del ordenamiento jurídico. A partir de la Sentencia C-192 de 2016 dictada por
el Consejo de Estado, argumentó que el concepto de derecho adquirido corres-
ponde a la satisfacción integral de las condiciones previstas por la ley para el
reconocimiento de un derecho que permiten que dicha prerrogativa ingrese de
manera definitiva al patrimonio del titular, sin que pueda ser desconocido por
cambios de regulación.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 25 de julio de 2024, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación presentado y corrió traslado de este al Municipio de San-
tiago de Cali y al Ministerio Público, este último para que rindiera concepto.

18. La parte demandada y el Ministerio guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.

Problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala determinar si el demandante consolidó durante
la vigencia del Decreto Municipal 0216 de 1991 y antes de que se declarará su
nulidad, una situación jurídica particular y concreta respecto de los beneficios
salariales y prestacionales allí previstos y en consecuencia si tiene derecho a su
reconocimiento.

Análisis del problema jurídico

21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 12 de febrero de
2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pre-
tensiones de la demanda, como quiera que la situación jurídica del demandante
no fue consolidada previo a la declaratoria de nulidad del Decreto Municipal 0216
de 1991 o la publicación de la sentencia del 8 de agosto de 2019 proferida por
esta Corporación que confirmó la nulidad de este.

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

22. De conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, los derechos
adquiridos se protegen con arreglo a las leyes civiles y no pueden ser descono-
cidos ni vulnerados por leyes posteriores. Por su parte, el Consejo de Estado3 los
ha definido como aquellas situaciones jurídicas individuales consolidadas en vi-
gencia de una norma, por lo que se entienden incorporadas al patrimonio de una
persona, siempre y cuando se cumplan con todos los supuestos previstos.

23. En otras palabras, los derechos se entienden adquiridos únicamente a par-
tir de disposiciones que se encuentren acorde con el ordenamiento jurídico; de
no ser así, se estará frente a una situación jurídica aparentemente consolidada
que no cuenta con la garantía de intangibilidad prevista en el artículo en mención.

24. La Corporación también ha reconocido escenarios en los que, aun cuando
la ley consagró la existencia de un derecho, su consolidación no fue posible como
consecuencia de un cambio legislativo, caso en el cual no son catalogados como
derechos adquiridos, sino como meras expectativas que no merecen ningún tra-
tamiento específico.

25. Un punto intermedio entre estas categorías son aquellas situaciones en
las que, pese a que ocurre una modificación legislativa, la persona se encuentra
ad-portas de cumplir con todos los requisitos previamente exigidos para lograrlo,
también conocidas como expectativas legítimas. Como consecuencia de ello, en
consideración del principio de buena fe y la confianza legítima, este tipo de cir-
cunstancias cuentan con regímenes de transición como mecanismos de protec-
ción para mitigar el impacto del cambio.

26. Pese a lo anterior, en sentencia del 8 de agosto de 2019, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado (i) confirmó declarar la nulidad del
Decreto Municipal 0216 de 1991 como consecuencia del desconocimiento de las
reglas de competencia en la determinación del régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos del orden territorial y (ii) moduló los efectos de dicha de-
cisión únicamente hacia el futuro, dejando incólumes las situaciones jurídicas
consolidadas hasta la fecha con fundamento en esa norma.

27. Al recibir una solicitud de aclaración sobre el alcance de la decisión, el
entonces despacho sustanciador precisó que;

“Lo dicho quiere significar que solo las situaciones no definidas son afectadas
por la decisión anulatoria, bien porque se encontraban en discusión o eran
susceptibles de debate en sede administrativa, o porque estuvieren deman-
dadas o pudieren serlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en-
tre el momento de la expedición del acto y la sentencia proferida. Se exclu-
yen, entonces, aquellas situaciones consolidadas en aras de salvaguardar los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, habida cuenta que “la ley (…) ha

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de marzo de 2020, radicado No. 25000-23-25-000-2011-00849-01(3592 –
2016).

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

querido que las situaciones particulares no queden indefinidamente sometidas a
la controversia jurídica y para ello ha establecido plazos dentro de los cuales se
puede solicitar la revisión de las actuaciones administrativas y de encontrarse
violatorias de normas superiores, para excluirlas del ámbito jurídico y restablecer
el derecho del afectado”.

28. Bajo ese contexto, contrario a como lo ha sostenido el recurrente, este no
adquirió el derecho al reajuste reclamado con fundamento en el Decreto 0216 de
1991. De conformidad con la distribución constitucional y legal de competencia
en materia salarial y prestacional de los empleados públicos, dicho decreto fue
expedido por una autoridad carente de competencia para regular tales aspectos,
y, por lo tanto, con desconocimiento del ordenamiento jurídico.

29. En efecto, el numeral 19 literal e) del artículo 150 de la Constitución Polí-
tica, atribuye al Congreso de la República la competencia para dictar las normas
generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Go-
bierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados pú-
blicos. En desarrollo de este mandato, el artículo 12 de la Ley 4° de 1992 dispuso
que corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen prestacional de los servi-
dores públicos de las entidades territoriales conforme los criterios y objetivos fija-
dos por el legislador.

30. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que (i) la determinación
del régimen salarial y prestacional se trata de una competencia compartida entre
la rama legislativa y la rama ejecutiva del orden nacional en los términos previstos
en la Constitución y en la Ley (ii) las autoridades territoriales carecen de compe-
tencia para crear o modificar prestaciones sociales de los empleados públicos,
razón por la cual, las disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos,
resoluciones o convenciones colectivas que regulen el sistema prestacional de
los empleados públicos son contrarias al ordenamiento jurídico y (iii) en conse-
cuencia tales disposiciones no pueden servir de fundamento jurídico para el re-
conocimiento de derechos prestacionales..

31. Así las cosas, el alcalde municipal carecía de competencia para establecer
o modificar el régimen prestacional de los servidores públicos de Santiago de
Cali, toda vez que era un asunto de exclusiva competencia del Congreso de la
República y el Gobierno Nacional dentro del marco constitucional y legal antes
descritos. En consecuencia, el decreto 0216 de 1991, no constituía una fuente
normativa válida para sustentar el reajuste pretendido, de modo que no se cum-
ple uno de los presupuestos necesarios para afirmar que el demandante hubiera
adquirido el derecho reclamado.

32. Aunado a lo anterior, para la fecha en que el demandante solicitó el reco-
nocimiento del reajuste, la situación jurídica no se encontraba definida ni en sede
administrativa ni en sede judicial. Como acertadamente lo advirtió el a quo, la
petición fue presentada ante el municipio en el año 2021, momento para el cual
la sentencia de nulidad ya había desplegado sus efectos jurídicos sobre todas

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

aquellas situaciones jurídicas que no hubiesen sido consolidadas mediante una
decisión administrativa o judicial por la autoridad competente.

33. En ese orden, no resulta acertado sostener que esta Corporación salva-
guardó de manera general e indiscriminada los derechos de todos los servidores
públicos del municipio de Cali, pues tal entendimiento atribuye a la sentencia un
alcance distinto al previsto en su contenido.

34. En estos términos, comoquiera que el demandante no consolidó su situa-
ción jurídica para adquirir el derecho pretendido, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia.

Condena en costas

35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo an-
terior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio objetivo
que gobierna esta materia.

36. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

37. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Luis Fernando Gómez Quintero en contra del municipio de Santiago de Cali,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

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Demandante: Luis Fernando Gómez Quintero

SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al señor Luis Fer-
nando Gómez Quintero en favor de la parte demandada. Para tal efecto, las agen-
cias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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