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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00385-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00385-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar el siguiente inciso al ordinal segundo de la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión. «Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que adelante las gestiones necesarias ante el municipio de Palmira con el fin de que la prestación sea financiada con los aportes patronales que se debieron efectuar durante toda la vida laboral de la docente». Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda por Nhora Noguera Cando en contra del Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag. Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMT 35

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00385-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación
por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia
proferida el 31 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Nhora Noguera Cando presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 200.13.3-486 del 21 de abril de 2021, con
el que se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las
disposiciones contenidas en las leyes 33 de 1985 y 812 de 2003.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus,
esto es, el 15 de diciembre de 2019; ii) el cumplimiento de la sentencia de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) el reajuste de las sumas
adeudadas; iv) el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Nhora Noguera Cando «nació el 15 de diciembre de 1964».

3.2. Se vinculó como docente en el municipio de Palmira [Valle del Cauca], mediante
órdenes de prestación, entre el 25 de septiembre de 1997 y el 13 de diciembre de
2002, de manera interrumpida. Fue vinculada en provisionalidad, mediante el acto
administrativo 088 desde el 7 de enero de 2003 hasta el 12 de abril de 2010 y el 13
de abril de 2010 fue vinculada en propiedad hasta el momento de la presentación
de la demanda.

3.3. A través de la Resolución 200.13.3-486 del 21 de abril de 2021 el Fomag negó
el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes en los términos de las
leyes 33 de 1985 y 812 de 2003.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de
1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. El acto administrativo demandado vulneró la normatividad vigente, puesto que
«estando vinculado como docente provisional, la afiliación al FONDO PRESTACIONAL
DEL MAGISTERIO era obligatoria por orden de la ley, sin que ahora pueda alegarse, que
no se encontraba vinculado a esta entidad, cuando lo que debe hacer eventualmente la
entidad, es cobrar las cuotas partes a la entidad que se encontraba afiliada o a la entidad
territorial, sin que tenga que trasladarse este perjuicio como trabajador, PARA PROCEDER
A NEGAR LA PENSIÓN» [sic], de manera que al garantizar una vinculación previa al
23 de junio de 2003, era beneficiaria del régimen de transición prevista en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003.

2

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Demandante: Nhora Noguera Cando

5.2. Asimismo «el presente proceso, no solo se encuentra respaldado en la ley, sino que
para fortuna del mismo, se encuentra respaldado por el H. Consejo de Estado, que
determinó como debe definirse la situación de mi representado, pues acredita su
vinculación al sector público en la docencia oficial, antes del 23 de junio de 2006, sin que le
sea necesario acreditar que a esta fecha, se encontraba laborando, pues esta exigencia no
es la requerida en la norma, sino haber tenido una vinculación con el servicio oficial antes
del 26 de junio de 2003» [sic].

5.3. De acuerdo con lo anterior y en tanto el ordenamiento jurídico no definió
«expresamente la naturaleza temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha
figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos».

1.2. Contestación de la demanda

6. 1.2.1.La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

6.1. La demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión en los términos
de la Ley 71 de 1988, toda vez que no acreditó una afiliación al magisterio con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, además la relación laboral
no tuvo continuidad con la entidad.

6.2. Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación
o cobro de lo no debido; ii) legalidad del acto administrativo expedido; y iii) genérica.

6.3. 1.2.2. El Municipio de Palmira se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
con fundamento en lo siguiente:

6.4. La demandante no era beneficiaria del reconocimiento de la prestación por
aportes, toda vez que ejerció desde el 25 de septiembre de 1997 hasta el 18 de
noviembre de 2002 como docente del municipio, vinculada mediante contratos de
prestación de servicios, lo cual, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, no generaba ninguna relación laboral ni prestaciones sociales.

6.5. Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) inexistencia del derecho; iii) caducidad de la acción; iv)
prescripción; y v) buena fe.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en consecuencia declaró la nulidad de la Resolución
200.13.3-486 del 21 de abril de 2021, le ordenó al Fomag reconocer y pagar la
pensión de jubilación a favor de la docente, en los términos previstos en la Ley 33
de 1985, con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, pero con
inclusión de los factores sobre los cuales se hayan realizado aportes, sin exigir el
retiro definitivo del servicio y negó la condena en costas.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:

8.1. La vinculación de la docente fue desde el 25 de septiembre de 1997, de manera
que, al registrar un ingreso al servicio previo al 26 de junio de 2003, resultaba
beneficiaria de las disposiciones de la Ley 33 de 1985, para el reconocimiento
pensional. Asimismo, prestó sus servicios durante 3 años, 6 meses y 13 días
mediante órdenes de prestación de servicios y 18 años, 1 mes y 6 días a través de
nombramientos en provisionalidad y luego en propiedad.

8.2. Así las cosas, para el 15 de diciembre de 2019 cuando cumplió 55 años de edad,
contaba con 20 años, 5 meses y 22 días de servicios, de manera que cumplió con
los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, en consecuencia, la mesada debía
computarse con base en el 75% de lo devengado durante el año de servicio anterior
a la adquisición del estatus pensional, con inclusión de los factores previstos en el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en concordancia con las sentencias del 25 de abril
de 2019 y 19 de enero de 2023, proferidas por el Consejo de Estado.

8.3. En cuanto «a la entidad que tiene a cargo el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de la demandante […] teniendo en cuenta que la prestación a reconocer se deriva
del tiempo laborado en el sector público como docente afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, es este quien tendrá a su cargo la pensión»; sin
embargo, al haber ostentado la calidad de contratista no realizó aportes, por lo tanto
el Fomag está facultado para repetir contra la administración municipal por el valor
que debió cotizarse mientras estuvo vigente el vínculo ejercido mediante órdenes
de prestación de servicios.

8.4. Respecto de la prescripción de las mesadas pensionales « la demandante adquirió
el estatus pensional el 15 de diciembre de 2019 y presentó solicitud ante la entidad
demandada el 5 de marzo de 2021, por lo que contaba con 3 años para acudir ante esta
jurisdicción para reclamar su derecho. De acuerdo con el acta de reparto, la demanda fue

4

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

radicada el 6 de mayo de 2021, esto es, de manera oportuna, por lo que dicho fenómeno
jurídico no se configuró».

1.4. El recurso de apelación

9. El Fomag interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

9.1. El a quo ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de
los factores sobre los cuales cotizó y estuvieran enlistados en el artículo 3° de la
Ley 33 de 1985 «sin tener en cuenta que a los docentes nacionales, se les debe liquidar
su pensión con el 75% de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes
durante el último año de servicio» y «sin tener en cuenta que la demandante únicamente
fue vinculada al citado fondo el año 2006 y no antes, fecha que marca el punto de partida
para definir el régimen pensional aplicable en el [sublite], pues al ser posterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 expedida el 27 de junio de 2003, no le son aplicables las norma
contenidas en la Ley 33 de 1985, sino el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993
y las normas que la adicionen y complementen».

9.2. «En este orden de ideas, la accionante se vinculó al servicio docente con anterioridad
a la vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como es viable en la documental, por lo tanto le es
aplicable el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 (modificada por el artículo 1 de la Ley 62 de
1985) y el Decreto 1045 de 1978 en cuanto a los factores salariales que constituyen el
Ingreso Base de Liquidación pensional; fijan estas la edad de 55 años, un tiempo de
servicios de 20 años y el monto de la pensional en el 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios. Es así, como el legislador de
manera reiterativa e inequívoca ha establecido que son los factores que sirvieron de base
para los aportes los que se deben tener en cuenta al momento de liquidar la pensión».

9.3. Asimismo, «se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros
efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de
sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y económica. Así como tener en cuenta, la
buena fe que ha tenido la administración pues de manera voluntaria re liquidó la pensión
de vejez, buscando proteger los derechos laborales del pensionado».

1.5. Trámite en segunda instancia

10. Por medio de auto del 30 de agosto del 2024, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

2. Consideraciones

5

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

2.2. Los problemas jurídicos

11. Se circunscriben a resolver:

11.1. ¿Si Nhora Noguera Cando es beneficiaria de la transición prevista en la Ley 812
de 2003 y como consecuencia al reconocimiento de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 33 de 1985, a pesar de ser afiliada al Fomag en el año
2006?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte2. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas3.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción4. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»5. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue

2
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
3
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
4
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
5
Preámbulo y artículo 6.

6

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expuesto en sus antecedentes legislativos6. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

6
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 20037.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).

7
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

8
22. La Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al

8
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

26. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

9
27. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las

9
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

11

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

cuentas de salud y pensiones.
[…]».

28. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201910, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

29. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de

10
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

12

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Demandante: Nhora Noguera Cando

acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]

30. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada

13

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años11. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

31. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección12, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.

2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

32. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores13. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

33. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

34. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter

11
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

14

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de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 14, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación15 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

16
35. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

36. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199417 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

37. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de

14
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
15
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
17
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».

15

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

38. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 18 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199419; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar20. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

39. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta

18
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
19 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
20
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

16

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
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la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»

40. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.

41. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado21, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

42. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)

17

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
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los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»22. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»23.

43. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

44. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

45. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

46. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 24, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

22 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.

18

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
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47. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200325 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

26
48. En efecto, el artículo 23
de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2427 y 5728 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

25
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
26
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
27
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
28
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».

19

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

49. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.3.3. Compatibilidad pensional de los docentes

50. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:

«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes.» [Se resalta]

51. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196029,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos
docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo30».
Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.

52. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197231, incluyó
de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:

«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.» [Se resalta]

53. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:

«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

29
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
30
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
31
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

20

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Demandante: Nhora Noguera Cando

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»

54. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]

55. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó32:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].

56. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

56.1. i)
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo

32
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

56.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

56.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199633 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

57. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]

58. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el

33
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

22

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

gobierno nacional34 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

59. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

59.1. Nhora Noguera Cando nació el 5 de enero de 196535.

59.2. El 25 de septiembre de 1997, fue suscrita la orden de prestación de servicios
[sin número] entre el secretario de educación municipal de Palmira y la docente,
cuya vigencia fue desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 1997,
con el objeto contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente del
servicio educativo.

59.3. El 13 de enero de 1998, fue suscrita la orden de prestación de servicios [sin
número] entre el secretario de educación municipal de Palmira y la docente, cuya
vigencia fue desde su perfeccionamiento hasta el 30 de junio de 1998, con el objeto
contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios.

59.4. El 7 de octubre de 1998, fue suscrita la orden de prestación de servicios 065
entre el secretario de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia
fue desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 1998, con el objeto
contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios en el
Colegio o Escuela Paulo VI del municipio de Palmira Distrito Educativo 2, en el nivel
de secundaria.

59.5. El 15 de enero de 1999, fue suscrita la orden de prestación de servicios 067
entre el secretario de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia
fue desde su perfeccionamiento hasta el 30 de junio de 1999, con el objeto

34
Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
35 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 3. Según las copias del registro
civil de nacimiento y de la cédula de nacimiento.

23

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios en el
Centro Educativo Paulo VI del municipio de Palmira Distrito Educativo 2, en el nivel
de secundaria.

59.6. El 1º de octubre de 1999, fue suscrita la orden de prestación de servicios 066
entre el gerente de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia fue
desde el 1º de octubre de 1999 hasta el 15 de diciembre de 1999, con el objeto
contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios en la
Institución Educativa Rogerio Vásquez Nieva.

59.7. El 17 de enero de 2000, fue suscrita la orden de prestación de servicios 90 entre
el gerente de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia fue desde
el 17 de enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2000, con el objeto contractual de
garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios en la Institución
Educativa Rogerio Vásquez Nieva. Mediante la orden provisional de prestación de
servicios [sin número] fue pactada la prestación del servicio entre el 19 de
septiembre y el 15 de diciembre de 2000.

59.8. El 18 de enero de 2001, fue suscrita la orden de prestación de servicios 11 entre
la secretaria de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia fue
desde el 18 de enero de 2001 hasta el 30 de junio de 2001, con el objeto contractual
de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios en la Institución
Educativa Rogerio Vásquez Nieva.

59.9. El 4 de septiembre de 2001, fue suscrita la orden de prestación de servicios 077
entre la secretaria de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia
fue desde el 4 de septiembre de 2001 hasta el 14 de diciembre de 2001, con el
objeto contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios
en la Institución Educativa Rogerio Vásquez Nieva.

59.10. El 8 de enero de 2002, fue suscrita la orden de prestación de servicios 074
entre la secretaria de educación municipal de Palmira y la docente, cuya vigencia
fue desde el 8 de enero de 2002 hasta el 30 de junio de 2002, con el objeto
contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de servicios en el
Centro Educativo Rogerio Vásquez Nieva.

59.11. El 18 de noviembre de 2002, fue suscrita la orden de prestación de servicios
074 entre la secretaria de educación municipal de Palmira y la docente, cuya
vigencia fue desde el 18 de noviembre de 2002 hasta el 13 de diciembre de 2002,
con el objeto contractual de garantizar la prestación oportuna y permanente de
servicios en la Institución Educativa Rozo de Palmira.

24

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59.12. Según el acta [sin número] del 31 de marzo de 2003, Nhora Noguera Cando
tomó posesión del cargo de docente municipal, provisional, adscrito a la Secretaría
de Educación Municipal [con retroactividad del 7 de enero de 2003], nombramiento
realizado mediante el Decreto 088 de 2003.

59.13. A través del Decreto 221 de del 9 de abril de 2010 «[ p]or el cual se hace el
nombramiento de un docente en periodo de prueba», el alcalde municipal de Palmira
[Valle del Cauca] la nombró en periodo de prueba en la Institución Educativa
Sagrada Familia Potrerillo, sede Pedro de Heredia. Según el acta [sin número] la
docente tomó posesión del cargo el 13 de abril de 2010.

59.14. Mediante el Decreto 163 del 31 de marzo de 2011 «[ p]or el cual se hace el
nombramiento de un docente en propiedad en la planta global de cargos del municipio
certificado del Palmira financiada con recursos del Sistema General de Participaciones del
sector educativo, por haber superado satisfactoriamente la evaluación del periodo de
prueba y se dispone su inscripción en el escalafón docente», el alcalde de Palmira [Valle
del Cauca] la nombró en propiedad en la Institución Educativa Sagrada Familia
Potrerillo, en el nivel de primaria, a partir de esa fecha [31 de marzo de 2011]. Según
el acta [sin número] la docente tomó posesión del cargo el 12 de abril de 2011.

59.15. El 8 de octubre de 2012, la subsecretaria administrativa y financiera de la
alcaldía de Palmira certificó el periodo laborado como docente oficial, con ocasión
de órdenes de prestación de servicio, así:

Orden de Institución
Desde Hasta Municipio Tiempo
servicio educativa
S/N
25/09/1997 15/12/1997 Paulo VI Palmira 2 meses 21 días
25/09/1997
S/N
13/01/1998 30/06/1998 Paulo VI Palmira 5 meses 18 días
13/01/1998
65
07/10/1998 15/12/1998 Paulo VI Palmira 2 meses 9 días
07/10/1998
67 del
15/01/1999 30/06/1999 Paulo VI Palmira 5 meses 16 días
15/01/1999
66
01/10/1999 15/12/1999 Paulo VI Palmira 2 meses 15 días
01/10/1999
90 Rogerio
17/01/2000 30/06/2000 Palmira 5 meses 14 días
17/01/2000 Vásquez
S/N Rogerio
19/09/2000 15/12/2000 Palmira 2 meses 27 días
19-09-2000 Vásquez
11 Rogerio
18/01/2001 30/06/2001 Palmira 5 meses 13 días
18-01-2001 Vásquez
77 Rogerio Palmira
04/09/2001 14/12/2001 3 meses 11 días
04-09-2001 Vásquez

25

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74 Rogerio Palmira
08/01/2002 30/06/2002 5 meses 23 días
08-01-2002 Vásquez
62 Rogerio Palmira
18/11/2002 13/12/2002 26 días
18-12-2002 Vásquez
Tiempo total 3 años, 6 meses 13 días

59.16. Según el certificado de historia laboral, expedido el 12 de febrero de 2021 por
la Secretaría de Educación de Palmira [Valle del Cauca], prestó sus servicios como
docente del nivel básica secundaria en provisionalidad y luego en propiedad, así:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.
Decreto 088 del 26
IE de Rozo 07/01/2003 12/04/2010
de marzo de 2003
Palmira [Valle del Cauca]
Ing. y Reing.
IE Sagrada Familia Decreto 221 del 9
13/04/2010 -
Potrerillo de abril de 2010
Palmira [Valle del Cauca]
Continuidad
Sede José Vicente Concha 01/03/2011 -
Palmira [Valle del Cauca]
Cambio tipo nombramiento
Decreto 163 del 31
Sede José Vicente Concha 12/04/2011 -
de marzo de 2011
Palmira [Valle del Cauca]

Tiempo total 18 años 1 meses y 12 días36

59.17. El 12 de febrero de 2021, la Secretaría de Educación de Palmira certificó que
la docente ingresó a esa entidad el 13 de abril de 2010 hasta al menos la fecha de
emisión del documento, prestó sus servicios como docente de aula grado 2DM, en
la sede José Vicente Concha, en propiedad.

59.18. El 5 de marzo de 2021 solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación.
Mediante la Resolución 200.13.3-486 del 21 de abril de 2021, la Secretaría de
Educación municipal de Palmira negó el reconocimiento de la pensión de jubilación,
por cuanto «[q]ue consultado el expediente de (la) docente […] registra los siguientes
tiempos: FNPS: 26/03/2003 hasta 12/04/2010 y 13/04/2010 hasta 12/02/2021. Periodo
laborado: 17 años y edad 56 años. Que la Ley 33 de 1985 establece en su artículo 1; El
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue
a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión
se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año

36 Se tiene en cuenta la fecha de la certificación, es decir el 12 de febrero de 2021, toda vez que aún

estaba activa para ese momento.

26

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de servicio. Que, de acuerdo a lo anterior, se evidencia que a pesar que el docente cuenta
con el requisito de la edad, no cumple con el tiempo de servicio, es decir, 20 años de servicio
oficial. Que respecto del periodo comprendido entre 25/091997 a 18/11/2002, del municipio
de Palmira (OPS), se evidencia que la vinculación fue mediante la modalidad de contrato
de prestación de servicios y de conformidad con el inciso segundo del numeral tercero del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios no general relación
laboral, ni prestaciones sociales».

2.4.2. Análisis sustancial

60. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
accedió las pretensiones de la demanda al considerar que la vinculación de la
docente fue desde el 25 de septiembre de 1997, de manera que, al registrar un
ingreso al servicio previo al 26 de junio de 2003, resultaba beneficiaria de las
disposiciones de la Ley 33 de 1985, para el reconocimiento pensional. Asimismo,
prestó sus servicios durante 3 años, 6 meses y 13 días mediante órdenes de
prestación de servicios y 18 años, 1 mes, 6 días a través de nombramientos en
provisionalidad y luego en propiedad, es decir cumplió con los requisitos previstos
en la mencionada norma.

61. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al considerar
que «la demandante únicamente fue vinculada al citado fondo el año 2006 y no antes, fecha
que marca el punto de partida para definir el régimen pensional aplicable en el [sublite],
pues al ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 expedida el 27 de junio de 2003,
no le son aplicables las norma contenidas en la Ley 33 de 1985, sino el régimen general
contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la adicionen y complementen» [sic] y
que el pago de la prestación fue ordenado «sin tener en cuenta que a los docentes
nacionales, se les debe liquidar su pensión con el 75% de los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes durante el último año de servicios. Es así, como el
legislador de manera reiterativa e inequívoca ha establecido que son los factores que
sirvieron de base para los aportes los que se deben tener en cuenta al momento de liquidar
la pensión» [sic].

62. «En este orden de ideas, la accionante se vinculó al servicio docente con anterioridad a
la vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como es viable en la documental, por lo tanto le es
aplicable el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 (modificada por el artículo 1 de la Ley 62 de
1985) y el Decreto 1045 de 1978 en cuanto a los factores salariales que constituyen el
Ingreso Base de Liquidación pensional; fijan estas la edad de 55 años, un tiempo de
servicios de 20 años y el monto de la pensional en el 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios» [sic].

63. Asimismo, «se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros
efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de

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sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y económica. Así como tener en cuenta, la
buena fe que ha tenido la administración pues de manera voluntaria re liquidó la pensión
de vejez, buscando proteger los derechos laborales del pensionado» [sic].

2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios

64. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que, por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.

65. Lo anterior porque como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente a la legal y reglamentaria fueron desconocidas disposiciones legales y
reglamentarias, así como los derechos mínimos e irrenunciables de estos
trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.

66. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios37:

«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.

A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).

37
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.

28

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Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características38.»

67. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en la Ley 812 de
2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una
interpretación desfavorable con sustento en una situación que, como se explicó
anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es, la vinculación de
docentes oficiales a través de un contrato.

68. Así las cosas, las vinculaciones contractuales que ostentó la docente entre los
años 1997 y 2003 serán tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de las
exigencias para el reconocimiento de la prestación de jubilación, en tanto, se insiste,
la falta de vinculación como empleados públicos a través de una relación legal y
reglamentaria obedeció al incumplimiento de un deber legal por parte del Estado,
que no puede ser utilizado como sustento para afectar sus derechos laborales
mínimos e irrenunciables.

2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003

69. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó « el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional39», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.

70. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,

38
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
39
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

29

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Demandante: Nhora Noguera Cando

el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.

71. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].

72. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.

73. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201940, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.

74. De acuerdo con lo anterior y con el certificado suscrito el 8 de octubre de 2012
por la subsecretaria administrativa y financiera de la Alcaldía de Palmira, la
demandante se vinculó como docente en Institución Educativa Paulo VI, entre otros
planteles de ese ente territorial entre el 25 de septiembre de 1997 y el 13 de
diciembre de 2002. Así las cosas, acreditó el único requisito previsto por el artículo
81 de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiaria de la transición prevista en esa
disposición, esto es, una vinculación al servicio educativo oficial previa a su entrada
en vigor.

40
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

30

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00385-01 (6401-2024)
Demandante: Nhora Noguera Cando

75. Al respecto, se advierte que el Fomag argumentó en el recurso que «la
demandante únicamente fue vinculada al citado fondo el año 2006 y no antes, fecha que
marca el punto de partida para definir el régimen pensional aplicable en el [sublite], pues al
ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 expedida el 27 de junio de 2003, no le
son aplicables las norma contenidas en la Ley 33 de 1985, sino el régimen general
contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la adicionen y complementen».

76. En relación con lo anterior, se encuentra que dicha interpretación no tiene asidero
para la sala, en primer lugar, puesto que la norma de manera expresa señala que
el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley», es decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta
prerrogativa es el ejercicio de la docencia oficial y no la afiliación a un fondo o
administrador de pensiones determinado.

77. Y, en segundo lugar, porque si bien la obligación de afiliar al Fomag a los
docentes territoriales inició con la Ley 60 de 1993, de conformidad con el Decreto
196 de 1995, este proceso de incorporación dependía de la « solicitud de la respectiva
entidad territorial, la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público». Es decir que la no afiliación a este fondo fue consecuencia del
incumplimiento de un deber legal de las entidades que según el mandato legal eran
las competentes para efectuarlo.

78. Asimismo, la obligación improrrogable de afiliar al Fomag a los docentes
«vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales41» surgió con la expedición
del Decreto 3752 de 2003, en tanto estableció una fecha máxima para que las
entidades territoriales cumplieran con ese deber legal establecido por el legislador
desde el 1993, pues precisó que esa afiliación se debía realizar « a más tardar el 31
de octubre de 2004». De igual forma, advirtió que esta obligación se extendía a los
docentes que se vincularan en provisionalidad y que su incumplimiento « implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar».

79. Aunado a lo anterior, aceptar que la falta de afiliación de la docente al Fomag
tenga como consecuencia que no pueda acceder al régimen de transición de la Ley
812 de 2003, conllevaría a mantener vigente el trato desigual que se le daba a estos
servidores [vinculados con una relación contractual] y utilizarlo para obstaculizar el

41
Artículo 1 del Decreto 3452 de 2003.

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Demandante: Nhora Noguera Cando

goce de sus derechos laborales, sin una justificación valida constitucionalmente.

80. En suma, lo que le permite a Nhora Noguera Cando mantener el régimen
pensional del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden nacional
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, no era la afiliación al Fomag sino las
vinculaciones que ostentó como docente oficial [sin diferenciar la fuente de esta]
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte que
el régimen prestacional aplicable en el sub judice es el de la Ley 33 de 1985, puesto
que pretende dicho reconocimiento con base en el tiempo de servicio que prestó
como educadora oficial.

2.4.2.1. En torno a la inclusión de factores sobre los cuales no se hayan
realizado aportes

81. Es necesario precisar que el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
33 de 1985, por parte de la docente no fue objeto del recurso, pues como fue
transcrito en párrafos anteriores, lo argumentado por el Fomag giró en torno a la
inclusión en la liquidación pensional de los factores sobre los cuales se hayan
realizado aportes.

82. Al respecto, el reconocimiento pensional se rige por las siguientes reglas: i) una
tasa de remplazo del 75% y ii) el ingreso base de liquidación se determinará con
base en lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus,
con la inclusión de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes
previstos en la Ley 62 de 1985, estos son, asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Asimismo, deberán incluirse aquellos creados por la autoridad competente como
factor salarial con efectos pensionales y que haya devengado la docente durante el
periodo que se tendrá en cuenta para la liquidación.

83. Finalmente, en el recurso de apelación el Fomag sostuvo que se debían «tener
en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros efectivamente cotizados al fondo
pensional a fin de no afectar los principios de sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal
y económica. Así como tener en cuenta, la buena fe que ha tenido la administración pues
de manera voluntaria re liquidó la pensión de vejez, buscando proteger los derechos
laborales del pensionado».

84. Al respecto, se advierte que en el ordinal segundo de la resolutiva de la sentencia
de primera instancia, el tribunal dispuso que «la demandante debe acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la

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Demandante: Nhora Noguera Cando

eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía, con base en
lo expuesto en la parte motiva de este proveído». Sin embargo, esta solo tuvo por objeto
garantizar el «porcentaje que le incumbía» a la trabajadora, sin tener en cuenta que la
prestación debe financiarse con la totalidad de los aportes que el empleador tenía
la obligación de efectuar.

85. En ese sentido, según el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la caja de previsión
obligada al pago de pensión tiene «derecho a repetir contra los organismos no afiliados
a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos», de manera que se adicionará un inciso al ordinal
segundo de la sentencia de instancia, con el fin de exhortar al Fomag para que
efectúe las gestiones necesarias ante el municipio de Palmira para que la prestación
sea financiada con los aportes que se debieron efectuar durante toda la vida laboral
de la docente.

86. Así las cosas, se adicionará el ordinal segundo, según se expuso antes, y se
confirmará en lo demás la sentencia proferida el 31 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

87. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

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Demandante: Nhora Noguera Cando

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma42.

90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

91. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

92. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las vinculaciones
contractuales que ostentó la docente entre los años 1997 y 2002 debían ser tenidas
en cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento
de la prestación de jubilación, en tanto, la falta de vinculación como empleados
públicos a través de una relación legal y reglamentaria obedeció a un
incumplimiento del deber legal por parte del Estado, que no puede afectar sus
derechos laborales mínimos e irrenunciables.

93. En ese orden, en tanto la demandante se vinculó por primera vez al servicio
público educativo oficial el 25 de septiembre de 1997, sin que su vinculación en una
fecha posterior al Fomag impidiera resultar beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por lo que su situación pensional
se regía por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985.

94. Así las cosas y en la medida en que el Fomag tenía derecho a repetir contra el
municipio de Palmira por los aportes dejados de realizar durante la vinculación a
través de OPS no le resultaba oponible a la docente la falta de aquellos durante la
prestación de sus servicios.

95. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Nhora Noguera Cando

F A L L A:

Primero. Adicionar el siguiente inciso al ordinal segundo de la sentencia proferida
el 31 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión.

«Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que adelante
las gestiones necesarias ante el municipio de Palmira con el fin de que la prestación sea
financiada con los aportes patronales que se debieron efectuar durante toda la vida
laboral de la docente».

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, que
accedió a las pretensiones de la demanda por Nhora Noguera Cando en contra del
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, Fomag.

Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT

35

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