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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00417-01

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00417-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2022-00417-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00417-01
Accionante: Aidé Ortega Giraldo
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Improcedencia /
SUBSIDIARIEDAD - existencia de otro mecanismo idóneo y eficaz – medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho – no se probó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Aidé Ortega
Giraldo en contra de la sentencia del 25 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la acción de tutela impetrada por la señora Aidé
Ortega Giraldo, contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira y el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para la protección de sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo
vital y móvil y a la estabilidad laboral, invocados por la actora, acorde con lo explicado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente fallo conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de
1991.

TERCERO. Si no fuere impugnada esta decisión, dentro del término establecido en el
artículo 31 ibídem envíese al día siguiente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, previas las anotaciones de rigor en los sistemas informáticos dispuestos para el
efecto.”. (Negrillas propias del texto original)

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 9 de marzo de 2022, la señora Aidé Ortega Giraldo, interpuso demanda de
tutela como mecanismo transitorio contra el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira, con el fin de que

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00417-01
Accionante: Aidé Ortega Giraldo
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

se protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo,
a la seguridad social, al mínimo vital y a la “estabilidad laboral reforzada en persona
pre-pensionada”, presuntamente vulnerados por las entidades demandadas, al
haber ofertado y posesionado a otra persona en el cargo de Citador Grado 3 que
ocupa en provisionalidad en el referido despacho judicial, desconociendo que tiene
la edad requerida para acceder a la pensión de vejez y solo le faltan 65,29 semanas
de cotización.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente1:

<<Que se amparen a la suscrita AIDE ORTEGA GIRALDO identificada con cedula de
ciudadanía No. 31165951 de Palmira, los derechos constitucionales fundamentales a la A
LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL
MÍNIMO VITAL Y MÓVIL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN PERSONA
PRE-PENSIONADA, y cualquier otro que el juez Constitucional encuentre involucrado, y en
consecuencia:

1. Que se ordene a la JUEZA SEGUNDA CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, la suspensión
de la lista de elegibles y dejar sin efecto la resolución No. 002 del 24 de febrero de 2022 del
nombramiento y posesion del señor JUAN FERNANDO LEYTON ROJAS y de abstenerse
de nombrar cualquier otro de los enlistados de elegibles emanada de la Resolución No.
CSJVAR22-58 del 26 de enero de 2022 emitida por el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DEL VALLE DEL CAUCA, como CITADOR GRADO 3 de dicho Juzgado, y
de cualquier otra persona, hasta Tanto cumpla los requisitos para obtener mi pensión de
vejez y que ésta sea reconocida por la autoridad competente, cuyo tiempo ya está definido
en 1 año y 4 meses y desde esa fecha hasta la resolución del reconocimiento de la pensión
por parte de COLPENSIONES.

2. Que se ordene a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la judicatura del Valle,
se abstenga de ofertar o publicar como vacante el cargo de CITADOR GRADO 3 del
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, por cuanto ello implicaría una
vulneración a mi estabilidad laboral reforzada en el cargo que ocupo de CITADOR GRADO
3 en Provisionalidad, la anterior orden debe darse en forma específica hasta el momento en
que cumpla con los requisitos para obtener mi pensión de vejez>> (Negrillas y subraya
propias del texto original).

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico, de las pruebas allegadas y de lo
expuesto por la accionante se tiene, que:

3.1.- Desde el 10 de marzo de 1997, la señora Aidé Ortega Giraldo ha estado
vinculada a la Rama Judicial por aproximadamente 25 años, durante los cuales ha
ocupado varios cargos en provisionalidad, siendo el último de estos el de Citador
Grado 3 en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira desde el 11 de

1 Expediente digital, folios 8 y 9 del escrito de la demanda.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

septiembre de 2017 a la fecha de interposición del amparo, años en los que ha
cotizado a Colpensiones para poder acceder a una pensión de vejez.

3.2.- Indicó que el 28 de octubre de 2021 cumplió 57 años y según la historia laboral
expedida por la mencionada administradora de pensiones, cuenta con 1.234,71
semanas cotizadas, faltándole aproximadamente 65,29 para causar el derecho a la
pensión, lo que es equivalente a un año y cuatro meses de cotización.

3.3.- A su vez, señaló que mediante Oficio No. 5838 del 13 de noviembre de 2019,
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira informó al presidente del Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca que a la actora le faltaban solo dos
años de edad para acceder a la pensión de vejez, lo que, según la Corte
Constitucional, en sentencia SU-003 de 2018, le permitía gozar de una estabilidad
laboral reforzada, al ostentar la calidad de prepensionada. Con todo, le solicitó
estudiar la posibilidad “de no hacer pública la vacante de citador categoría municipal
de este despacho, a fin de que la señora AIDE ORTEGA GIRALDO, [pudiera]
alcanzar los requisitos para acceder a la pensión de jubilación”2.

3.4.- En respuesta, mediante Oficio No. CSJVAO19-1782 del 20 de noviembre de
2019, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca le indicó a la titular
del despacho que su competencia dentro de los procesos de selección de
funcionarios de carrera se limitaba a formular la lista de elegibles, pero el
nombramiento, posesión o desvinculación corrían por cuenta de la autoridad
nominadora del empleado, por lo que, era el juzgado el llamado a determinar si la
señora Ortega Giraldo acreditaba tener derecho a que se le reconociera el beneficio
de estabilidad laboral reforzada.

3.5.- Posteriormente, mediante Resolución No. CSJVAR22-58 del 26 de enero de
2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca formuló ante el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira, la lista de candidatos del concurso de
méritos convocado mediante el Acuerdo No. CSJVAA17-71 del 6 de octubre de
2017, para cargos de empleados de carrera, para proveer en propiedad un (1) cargo
de Citador Grado 3. En dicha lista, aparece como ganador del concurso el señor
Juan Fernando Leyton Rojas, quien, según la demandante, también ocupó el primer
lugar para ocupar el cargo de Citador Grado 3 en el Juzgado Segundo de Pequeñas
Causas y Competencias Múltiples de Palmira, “conforme a la publicación No. 5 del
mes de diciembre de 2021”3.

3.6.- Teniendo en cuenta que la actora había “manifestado verbalmente” ostentar la
calidad de prepensionada, el juzgado nominador mediante Auto No. 0301 del 10 de
febrero de 2022, previo a pronunciarse sobre la provisión del cargo que ocupa en

2 Expediente digital, folio 42 de los anexos de la demanda.

3 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

provisionalidad acorde a la lista de elegibles enviada, la requirió para que acreditara
dicha calidad “anexando copia del Registro Civil de Nacimiento, histórico de
semanas de cotización a la fecha, los documentos que considere pertinentes y las
explicaciones del caso”4.

3.7.- El 14 de febrero de 2022, la accionante dio respuesta al requerimiento
efectuado por el despacho judicial, allegando los documentos que le fueron
solicitados y reiterando que tiene 57 años de edad y más de 1.230 semanas de
cotización. Además, trajo a colación lo dispuesto en las sentencias T-357 de 2016 y
SU-897 de 2012 con respecto a la protección especial constitucional de quienes
ostentan la calidad de pre-pensionados.

3.8.- No obstante, el 8 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Palmira, le notificó a la señora Ortega Giraldo la Resolución No. 002 del 24 de
febrero de 2022, mediante la cual se nombró en propiedad en el cargo de Citador
Grado 3 al señor Juan Fernando Leyton Rojas, determinándose que, si bien la actora
ostenta la calidad de prepensionada por su edad y número de semanas de
cotización a Colpensiones, lo cierto es que, “al estar vinculada con nombramiento
en provisionalidad, su protección es relativa, pues de acuerdo con los preceptos
jurisprudenciales su derecho debe ceder frente al mejor derecho que tienen las
personas que ganaron el concurso público de méritos”. Así, la titular del despacho
consideró que debía prevalecer el mérito y el acceso a los cargos públicos, por lo
que dio paso a nombrar a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles
respectiva.

4. Como fundamento de derecho de su pretensión de amparo, indica que el Consejo
Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Palmira, desconocieron sus derechos fundamentales, al haber ofertado y
publicado el cargo que ostentó en provisionalidad a pesar de tener la calidad de
prepensionada y ser beneficiaria de estabilidad laboral reforzada y
consecuentemente, nombrar en propiedad al señor Juan Fernando Leyton, en
desconocimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, en sentencia SU-003
de 2018, providencia en la que se dijo que quienes ocuparan cargos en
provisionalidad y les faltaran semanas de cotización y no la edad, tenían estabilidad
laboral reforzada y no podían ser separados del cargo en aras de garantizar la
continuidad de cotización para alcanzar a obtener pensión de jubilación. Además,
hizo énfasis en que, el salario que gana como Citadora Grado 3, es su única fuente
de ingresos para su propia manutención, por lo que, desvincularla del cargo,
afectaría su mínimo vital y móvil.

4.1.- Acto seguido, reiteró que acude a la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que en este caso sería no poder

4 Expediente digital, folio 23 de los anexos de la demanda.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

seguir cotizando a Colpensiones por las pocas semanas de cotización faltantes para
acceder a la pensión de vejez, en adición a que, no tendrá ingresos suficientes para
subsistir. En este punto, citó la sentencia T-128 de 2016 proferida por la Corte
Constitucional, en la que se mencionó que la tutela procede como “mecanismo
principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una
protección real y cierta por otra vía”. Así hizo énfasis en que sus derechos requieren
una protección inmediata, “que no puede ser proporcionada a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que es un hecho notorio la
prolongada duración de este tipo de procesos, y debido a que la accionante no
cuestiona la legalidad del acto por el cual fue desvinculada”5.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- El 15 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
acción de tutela interpuesta por la accionante, notificando de su presentación al
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y al Juzgado Segundo Civil
Municipal de Palmira, y vinculó al señor Juan Fernando Leyton Rojas como tercero
interesado en las resultas del proceso.

5.1.- Seguidamente, negó la medida provisional solicitada por la actora, consistente
en ordenar al Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira la suspensión de la lista
de elegibles y abstenerse de efectuar el nombramiento del señor Leyton Rojas o de
cualquier otra persona de las citadas en la lista de elegibles hasta que no se decida
la presente acción en primera y segunda instancia, o en dado caso de haberse
efectuado el nombramiento, no efectuar la comunicación y/o posesión a fin de que el
acto administrativo no surta efecto alguno. Dicha negativa se fundamentó en que, al
tratarse de una solicitud administrativa tendiente a la suspensión de la decisión
contenida en un acto administrativo de nombramiento de la Rama Judicial, era
necesario contar con más elementos de juicio para determinar “si la presente acción
constitucional es la pertinente para lograr lo pretendido por la parte actora y de ser
así, establecer si efectivamente se le están vulnerando y/o amenazando sus
derechos fundamentales, por parte de las entidades accionadas”6.

6.- El señor Juan Fernando Leyton Rojas solicitó negar las pretensiones esgrimidas
por la accionante y que se le permitiera acceder en propiedad al cargo de Citador
Grado 3 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira y en todo caso, de tomarse
una decisión favorable para la demandante, pidió respetar su derecho al mérito y
acceso a cargos públicos y que se ordene la reubicación de la señora Ortega Giraldo
en otro cargo o dependencia. Al respecto, hizo énfasis en que desde el año 2017 se
inscribió al concurso de méritos para suplir el cargo que la accionante ocupa en
provisionalidad y que, al haber ocupado el primer puesto, acorde con lo dispuesto
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-913 de 1009 y SU-446 de 2011, el

5 Expediente digital, folio 7 del escrito de demanda.

6 Expediente digital, folio 2 del auto del 15 de marzo de 2022.

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juzgado nominador tiene el deber de garantizarle el acceso al cargo para el que se
postuló. Además, mencionó que la accionante pudo haber concursado en igualdad
de condiciones para ocupar el cargo en propiedad y por esa vía obtener la protección
de sus derechos fundamentales7.

6.1.- Con todo, alegó estar desempleado y con urgente necesidad de ocupar el cargo
obtenido por mérito, y puso de presente que la incertidumbre laboral frente a la cual
se encuentra le ha producido desgaste psicológico, estrés, agotamiento y zozobra,
pues han pasado 4 años de etapas eliminatorias y clasificatorias para acceder al
cargo de Citador.

7.- El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca solicitó
desvincular a la entidad del presente asunto, al considerar que carece de legitimación
en la causa por pasiva, pues su competencia e intervención en la administración de
la carrera judicial, comprende desde la convocatoria a concurso de méritos, la
conformación de los registros de elegibles y la remisión de las listas de candidatos o
elegibles, pero no en el nombramiento de quienes ocuparán los diferentes cargos a
proveer tanto en carrera como provisionalidad, por ser esto último un acto propio del
nominador, acorde con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996. Así,
afirmó que el Consejo Seccional no ha vulnerado derecho fundamental a la
accionante y que no era la entidad competente para definir la existencia o no de un
eventual derecho laboral a favor de la actora como lo es el reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada, pues esto le corresponde al despacho nominador,
quien deberá mediante decisión motivada decidir sobre la aplicación o no de la
Resolución No. CSJVAR22-58 del 26 de enero de 2022 que contiene la lista de
candidatos formulada para proveer en propiedad el cargo de Citador Grado 38.

8.- El Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira alegó no haber vulnerado o
amenazados los derechos fundamentales invocados por la señora Ortega Giraldo,
reiterando que, tal como se plasmó en la Resolución No. 002 del 24 de febrero de
2022, se nombró en propiedad al señor Juan Fernando Leyton dado que, si bien la
accionante acreditó ser prepensionada, por la naturaleza de su vinculación con el
despacho y acorde a reciente jurisprudencia constitucional, su protección era relativa
y su derecho debía ceder frente al mejor derecho que tiene quien ganó el concurso
de méritos9.

C. Sentencia de primera instancia

9.- Mediante sentencia de 25 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Ortega
Giraldo, al considerar que como la controversia versa sobre dos actos administrativos

7 Expediente digital, intervención contenida en 6 folios.
8 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.

9 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.

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proferidos por las autoridades demandadas, cuenta con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para ventilar sus pretensiones, mecanismo idóneo y
efectivo para procurar la protección de sus derechos fundamentales. En este punto,
mencionó que la accionante no probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable
derivado de las decisiones administrativas referidas, pues “si bien indica en su escrito
de tutela que su salario … es su único sustento económico para cubrir su
manutención personal, y allegó algunos documentos como el desprendible de
nómica del mes de febrero de 2022, donde constan los descuentos por obligaciones
personales, y los recibos de servicios públicos; estos corresponden a gastos
congruos de una subsistencia modesta y, por ende, no son medios probatorios que
acrediten que actualmente se encuentra en una condición de desamparo económico,
que ponga en peligro su derecho fundamental a la dignidad y al mínimo vital, máxime
cuando cuenta con sus prestaciones sociales”10.

9.1.- Finalmente, hizo énfasis en que con las modificaciones previstas en la Ley 2080
de 2021, la eventual demanda ordinaria de la accionante puede resolverse mediante
la figura de la sentencia anticipada sin necesidad de agotar ninguna audiencia
pública y con total celeridad en su trámite.

D. Impugnación.

10.- La decisión del A-quo fue recurrida en el término de rigor por parte del
accionante, resaltando que, en el propio escrito de demanda de tutela aclaró que
acude a esta acción como mecanismo transitorio a efectos de conjurar el perjuicio
irremediable causado con la decisión de la administración judicial de desvincularla
del cargo que ocupa en propiedad, toda vez que, si bien existen vías judiciales
alternas, estas, a su juicio, no son lo suficientemente expeditas para salvaguardar la
vulneración de los derechos fundamentales que se le han conculcado. En este punto,
alega que el término para una decisión definitiva por la justicia ordinaria puede ser
de un año aproximadamente, sin que sea posible afirmar que cuenta con un medio
judicial eficaz.

10.1.- Seguidamente, aclaró que la acción de tutela no se instauró para discutir la
legalidad del acto administrativo que produjo su desvinculación, sino para que se
reconozca a su favor la calidad de prepensionada que le da derecho a gozar de una
estabilidad laboral reforzada y amparar su continuidad en el cargo para garantizar
que pueda efectuar las cotizaciones que le faltan para acceder a la pensión de vejez.
Así, aseveró que contrario a lo manifestado por el A-quo, la acción sí cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues se demostró sumariamente el perjuicio
irremediable que se le produjo con la desvinculación laboral, y afirmó que el Tribunal
no valoró debidamente las pruebas que se aportaron para dar a conocer su situación
económica y de las cuales se desprende la vulneración al mínimo vital y móvil, “que
fue demostrado con los recibos públicos de vivienda, el contrato de arrendamiento…

10 Expediente digital, folio 15 del fallo de 25 de marzo de 2022.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

como [su] obligación bancaria que ascienden a más de $80.000.000 mcte 11”. A su
turno, alegó que se dejó de valorar la vulneración a la continuidad en el pago de la
cotización a Colpensiones, desconociendo que el propio Consejo de Estado en
sentencias del i) 5 de febrero de 2015, proferida por la Sección Cuarta dentro del
proceso con radicado No. 25000-23-42-000-2013-03899-01 y ii) 8 de octubre de
2020, proferida por la Sección Segunda – Subsección A, dentro del proceso con
radicado No. 11001-03-15-000-2020-03829-00, han amparado los derechos
fundamentales de trabajadores en circunstancias similares a las suyas.

10.2.- Acto seguido, volvió a citar las sentencias de la Corte Constitucional invocadas
en el escrito de demanda con respecto a la especial protección constitucional que
ostentan quienes son prepensionados e hizo hincapié en lo dispuesto en la sentencia
SU-003 de 2018. A su vez, mencionó los siguientes fallos judiciales en los que se
han dictado diversas medidas afirmativas a favor de los prepensionados, así:

“1. EL REINTEGRO - CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-
2019-01744- 00 https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/jsacaepjdlaeestabilaborarefor
zyestabiocupacreforz_prepenjurispcde_ays_consejo_estado_seccion_segunda. html

2. LA REUBICACION - CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá,
D.C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) Rad. No.: 66001-23-33-000-2016-00877-01(AC)
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83054

3. EL PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION - CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A Consejero ponente:
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D. C. ocho (08) de octubre dos mil veinte (2020)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación número:11001-03-15-000-2020-03829-00 (AC) Actor:
JAVIER CÁRDENAS Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/237/11001-03-15- 000-2020-03829-
00.pdf”

10.3.- Finalmente, puso de presente que el Consejo Seccional de la Judicatura, se
equivoca al considerar que “no hay forma legal que los obligue a amparar la
estabilidad laboral reforzada en calidad de pre pensionada”, desconociendo las
diversas acciones afirmativas que pudo tomar a su favor, como por ejemplo,
reubicarla en un puesto de trabajo del cual, “por conocimiento propio aun hay
vacantes como lo es en el centro de servicios de Palmira, auxiliar administrativo
grado 3 o citador grado 3 u otro similar”. En este punto, mencionó el fallo de tutela
adoptado por la Subsección A de la Segunda del Consejo de Estado el 5 de abril de
2017, dentro del proceso No. 66001-23-33-000-2016-00877-01, en el que se ordenó

11 Expediente digital, folio 3 del escrito de impugnación.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00417-01
Accionante: Aidé Ortega Giraldo
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, amparar los derechos de una
trabajadora en provisional que ostentaba la calidad de prepensionada.

10.4.- El 4 de mayo de 2022, allegó copia de la Sentencia T-063 de 2022 proferida
por la Corte Constitucional, para que sea tenida en cuenta como antecedente judicial
al resolver el presente asunto.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199112. En
ese orden, le corresponde determinar, en sede de segunda instancia, si se confirma,
modifica o revoca el fallo de primer grado proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca por obra del cual se declaró improcedente la acción de tutela
impetrada por la señora Aidé Ortega Giraldo en contra del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira.

F. Análisis del caso concreto

12.- En el caso objeto de estudio, la actora le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y al
Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira por haberla desvinculado del cargo de
Citador Grado 3 que ocupaba en provisionalidad, a pesar de ostentar la calidad de
prepensionada, lo cual se materializó con la expedición de i) la Resolución No.
CSJVAR22-58 del 26 de enero de 2022 en la que el Consejo Seccional formuló la
lista de candidatos del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo No.
CSJVAA17-71 del 6 de octubre de 2017, para proveer en propiedad el cargo que la
accionante tenía en el despacho judicial demandado y ii) la Resolución No. 002 del
24 de febrero de 2022, mediante la cual se nombró en propiedad en el cargo de
Citador Grado 3 al señor Juan Fernando Leyton Rojas, determinándose que, si bien
la actora ostenta la calidad de prepensionada por su edad y número de semanas de
cotización a Colpensiones, prevalecía el derecho del ganador del concurso de
mérito, pues la protección de la accionante era de carácter relativo.

13.- Así pues, se advierte que la demanda de tutela instaurada por la señora Aidé
Ortega Giraldo, tal como lo determinó el A quo, carece del requisito de
subsidiariedad, pues la acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de
otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso
de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo

12 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00417-01
Accionante: Aidé Ortega Giraldo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

13.1.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8613 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 614 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados. En ese sentido, la Corte Constitucional
manifestó15:

<<La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales>>.

13.2- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.

13.3.- Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que en los casos en que concurran
otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha establecido que existen
dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que
aquéllos hayan sido agotados, a saber:

<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede
el amparo como mecanismo definitivo; y,

13 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
14 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
15 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio>>16.

13.4.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser
reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que
ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.

13.5.- Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, a saber: “es aquel (i) que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente
la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”17.

14.- De conformidad con lo expuesto, se advierte que la solicitud de amparo es
improcedente, toda vez que carece del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que la accionante no ha agotado los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y
eficaces que el ordenamiento jurídico le otorgaba para proteger sus derechos, pues,
cuenta con el medio de control establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
es decir, el de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante el juez
contencioso administrativo, los actos administrativos mediante los cuales se negó el
reconocimiento de su condición de prepensionada y se desvinculó del cargo de
Citador Grado 3 y así obtener la reubicación laboral que pretende, no obstante, no
ha hecho uso del mismo.

14.1.- Sobre el particular, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que:

<<Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.

“Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda

16 Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel>>.

14.2.- También se advierte que los argumentos expuestos por la actora, no son
suficientes para que la tutela sea el mecanismo apropiado para proteger los derechos
que alega fueron vulnerados por las autoridades accionadas, pues dentro de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Ortega Giraldo puede
solicitar, como medida cautelar, la “suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo acusado” 18 , sin embargo, no ha hecho uso de los mecanismos
ordinarios para discutir la legalidad de los actos administrativos proferidos por las
accionadas.

15.- Aunado a lo anterior, no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable
que amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo transitorio, en
asuntos que no son de su competencia, pues si bien la accionante afirma que se le
ha causado un perjuicio irremediable al dejar sin efectos las funciones que ejercía
como citador en provisionalidad, lo cierto es que no se evidencia situación alguna
que imposibilite a la actora ejercer su profesión, pues se observa que la misma se
encuentra en plenas capacidades para trabajar y no se avizora alguna limitación o
discapacidad que le impida desarrollar las diferentes labores que eventualmente le
sean atribuidas en el ámbito laboral.

15.1.- En este punto, es preciso tener en cuenta que el cargo que desempeñaba la
accionante en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira, era un cargo en
provisionalidad que, por su naturaleza, es de carácter excepcional y transitorio,
vinculación que tiene como fin atender las necesidades del servicio, así como
garantizar la correcta administración de justicia, mientras se realizan los
procedimientos respectivos para cubrir dichas vacantes19.

15.2.- En ese sentido, el nombramiento en provisionalidad no puede llegar a
considerarse de carácter inmutable o permanente en el tiempo, pues dicha
vinculación permite proveer cargos de forma temporal, en aquellos casos en que no
existan servidores de carrera que cumplan con los requisitos para ocuparlos. Lo
anterior, por cuanto el legislador previó, como regla general, el régimen de carrera
para proveer cargos en la Rama Judicial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 156 de la Ley 270 de 199620.

15.3.- De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la actora no se encuentra
amparada por el régimen de carrera y las prerrogativas que el mismo otorga, pues
aquellos servidores vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que
exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios.

18 Ley 1437 de 2011. Artículo 230 #3.
19 Corte Constitucional, sentencia T-147 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

20 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

16.- Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia de 25 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

17.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE21
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

21VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

13

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