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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-00469-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-00469-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: “SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, en el componente de agencias en derecho, en 2 smmlv. En consecuencia, tramitar el respectivo incidente, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso”. Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero: Ordenar a la Secretaría de la Sección que realice los trámites pertinentes para que sea corregido en Samai el nombre del demandante que corresponde al señor José Wilmar Lotero Suárez.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2022-00469-02

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00469-02 (30105)
Demandante: José Wilmar Lotero Suárez
Demandado: Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN

Temas: Legitimación en la causa por activa. Exrepresentante legal de la
sociedad contribuyente. Costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que resolvió1:

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor José
Wilmar Lotero Suárez.

SEGUNDO: CONDENA en costas al demandante. Las agencias en derecho a favor de
la entidad demandada se tasan en $379.735.200.

TERCERO: ARCHIVAR el proceso y hacer las anotaciones respectivas en SAMAI.
EXPEDIR las copias que soliciten las partes a los abogados que han venido actuando.

CUARTO: INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y escritos

es la VENTANILLA VIRTUAL de Samai”.

ANTECEDENTES

El 12 de noviembre de 2020, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos de Cali profirió la Liquidación Oficial de Revisión
052412020000028, por medio de la cual modificó la declaración del impuesto de
renta y complementarios del año gravable 2016, presentada por la sociedad CI
Macrometales S.A.S.2

El 6 de diciembre de 2021, la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección
de Gestión Jurídica de la DIAN decidió el recurso de reconsideración presentado
por la sociedad mediante la Resolución 011038, en el sentido de confirmar la
liquidación.3

1
Samai del Tribunal, índice 69.
2
Samai del Tribunal, Índice 23. “19_MemorialWeb_antecedenteAdministrativoTOMO23parte1.pdf”. Págs. 56 a 173.
3
Ibidem, “19_MemorialWeb_antecedenteAdministrativo TOMO23parte2.pdf”, Págs. 65 a 90.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00469-02 (30105)
Demandante: José Wilmar Lotero Suárez

DEMANDA

José Wilmar Lotero Suarez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones4:
“5.1.1 Decretar la nulidad y por ende el restablecimiento del derecho de mi prohijado,
relativo al acto administrativo LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN No.
052412020000028 del 12 DE NOVIEMBRE DE 2.020, PROFERIDA POR LA DIVISIÓN
DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE
CALI, emanada DENTRO DEL EXPEDIENTE GO 2016 2018 000978, teniendo como
accionada a CI MACROMETALES S.A.S CON NIT. 900.463.395-5.

5.1.2 Decretar la nulidad y por ende el restablecimiento del derecho de mi prohijado,
relativo al acto administrativo que resolvió el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
desfavorablemente, RESOLUCIÓN NÚMERO 011038 DEL 6 DE DICIEMBRE DE
2.021, por la cual se resuelve un recurso de reconsideración emitida por la
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
JURÍDICA DE LA DIAN DE CALI, emanada DENTRO DEL EXPEDIENTE GO2016 2018
000978, teniendo como accionada a CI MACROMETALES S.A.S CON NIT.
900.463.395-5.

5.1.3 En atención a lo anterior, Confírmese en todas sus partes la declaración de
impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2016,
presentada oportunamente por la firma CI MACROMETALES S.A.S CON
NIT.900.463.395-5.”

Advirtió que tiene legitimidad en la causa para demandar los actos administrativos
que corresponden a la declaración de renta del año gravable 2016 de la sociedad
CI Macrometales S.A.S, debido a que, en ese período, era representante legal, por
lo que según artículo 658-1 del ET podría hacérsele extensivo el cobro de lo
adeudado por la empresa.

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 2, 13, 15, 21, 28 y 29 de la
Constitución Política; el artículo 138 del CPACA y los artículos 647 y 658 del
Estatuto Tributario. Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Falsa motivación de los actos acusados, toda vez que la DIAN omitió tener en
cuenta hechos que se encuentran probados en el expediente; y por el contrario,
consideró unos que no están suficientemente probados. La administración asumió
que los costos no existieron, y concluyó que las operaciones eran ficticias, sin
verificar las pruebas aportadas y las normas aplicables al tema.

Se vulneró el artículo 746 del ET, al asumir que la declaración de renta del 2016
registró costos que pertenecen a operaciones simuladas o inexistentes, a pesar de
que en la investigación se demostró que corresponden a erogaciones que la
sociedad realizó en ejercicio de su actividad comercial, por las que obtuvo ingresos
válidos.

Indicó que la actividad de la empresa es la comercialización de chatarra, de modo
que necesitaba adquirir mercancía para realizar sus ventas, y para obtener ingresos
incurrió en costos. «Es así como para la obtención de los mismos (ingresos) brutos
operacionales en suma de $76.923.775.000 y para la realización de las ventas, es

4
Samai del Tribunal, índice 11.
2
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Demandante: José Wilmar Lotero Suárez

entendible de acuerdo con una sana lógica que debió adquirir la mercancía que no se
encontraba en el inventario al cierre del año 2015»5.

Agregó que la administración pretende desconocer el 91% del costo de la actividad,
sin emitir una explicación legal o fáctica congruente, de la forma como la
contribuyente realizó su actividad sin invertir recursos en la compra de sus insumos
comerciales, lo cual vulneró el principio de equidad tributaria.

Señaló que para la DIAN las operaciones comerciales con los proveedores Varela
Rincón Carlos Eduardo, Palymatex S.A., Sánchez Campusano Robinson, y
Benavidez Montilla Emilce son inexistentes por tener supuestamente direcciones
irreales, o por operaciones simuladas, más el desconocimiento no tiene sustento
probatorio o hechos indicativos.

Además, la Administración desconoce costos incluso «cuando el proveedor confirmó
tener ingresos superiores al costo registrado por CI Macrometales S.A.S, esto entre otras
evidencias en relación con (…) Comercializadora Percaplast SAS, sobre los que la DIAN
aceptó la suma $307.528.810 y rechazó $322.740 (…) presentándose la misma situación
con Chatarrería Opita SAS que reportó compras por $2.375.052.400 a pesar de que la
Contribuyente registró costos por $2.372.848.080 los que la administración considera
consistentes y rechazó la suma de $2.204.320»6.

Explicó que las exportaciones realizadas por la sociedad fueron desconocidas
porque no se aportaron los documentos soporte, a pesar de estar plenamente
probadas con las declaraciones de exportación.

Igualmente, indicó que la administración se negó a reconocer la presunción de
veracidad de las declaraciones, y a resolver las dudas existentes en favor del
contribuyente, al aseverar que las operaciones y los soportes de estas no generan
certeza de que se hubiere incurrido en el costo, pues debería concluir que existe a
lo sumo duda probatoria que debió resolverse a favor del contribuyente - art. 745
del ET-.

Sostuvo que, durante el proceso de determinación, la sociedad suministró las
pruebas que la DIAN requirió, por lo que la contribuyente cumplió con su carga
probatoria, y demostró todas las circunstancias de realización de los costos.
Además, expuso que la contabilidad de la empresa se registró correctamente y es
confiable, por lo que la Administración debía analizarla de conformidad al no existir
medios probatorios que la desvirtuaran.

Consideró que la DIAN erró al indicar que el juego de inventarios es un ejercicio
realizado con base en libros de contabilidad, cuando este ítem se estableció con
cifras reportadas como costo en el IVA. En el procedimiento administrativo se
aclararon las diferencias entre el IVA y la declaración de renta, sin que ello pruebe
que la contabilidad tiene errores, ni que pierda su valor probatorio, como lo prevé el
artículo 774 del ET. Además, en cumplimiento del artículo 882 del ET se realizaron
los pagos a los proveedores por operaciones que la administración encuentra
simuladas, sin que los cheques fueran rechazados por el banco, por lo que no operó
la condición resolutoria.

5
Ibidem, pág. 4.
6
Ibidem, pág. 6.
3
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Demandante: José Wilmar Lotero Suárez

De otra parte, advirtió que la contribuyente no tiene la obligación de demostrar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales que le corresponde por asignación legal
a los proveedores, máxime cuando la empresa practicó retenciones según los topes
de ley. En gracia de discusión, indicó que, en caso de que la DIAN pretenda
desconocer costos por considerarlos irreales, debe reconocer los costos presuntos
conforme a lo establecido en el artículo 82 del ET.

Se opuso a la imposición de la sanción por inexactitud, artículo 647 del ET porque
ninguna de las situaciones allí previstas se presentó.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que:

En relación con la vinculación del señor Lotero Suárez, en el acápite de respuesta
a los hechos de la demanda, señaló que la Administración no vinculó ni sancionó al
representante legal en los actos que se demandan. Al respecto precisó que si bien
el artículo 658-1 del ET describe una conducta reprochable al representante legal y
una sanción, el aquí demandante no fue vinculado al proceso de determinación del
impuesto de renta del año gravable 2016 a cargo de CI Macrometales S.A.S. En
este contexto, «el ejercicio de la representación legal durante el año gravable investigado
por la administración [2016], no lo faculta en la causa, para que pueda otorgar mandato
cuando su función ha cesado (…) »7. En esta línea, quien tendría la legitimación en la
causa es la representante legal que ejercía sus facultades en el momento en que la
demanda fue radicada.

De otro lado, acerca del fondo del asunto, indicó que se practicaron las pruebas
necesarias para constatar la realidad de las operaciones comerciales del
contribuyente con sus proveedores, y se encontraron varias inconsistencias que,
más allá de la formalidad de las facturas y la contabilidad, conducen a la irrealidad
de las operaciones. De allí que haya logrado desvirtuar, a través de pruebas
indiciarias, la presunción de veracidad de la declaración e invertido la carga de la
prueba a la contribuyente, sin que ella haya logrado demostrar que los costos
declarados son reales. Como consecuencia, y en virtud de los artículos 742 y 779
del ET, se determinó que la sociedad simuló las operaciones.

De otra parte, contrario a lo afirmado por el demandante en los actos administrativos
demandados, no se desconocieron las exportaciones realizadas por la sociedad,
sino el costo de las ventas registrado derivado de operaciones económicas
inexistentes, por un total de $50.631.363.000, discriminados así8:

7
Samai del Tribunal, índice 24. “65_760012333000202200469002MemorialWeb20221215181825. pdf”, pág. 6.
8
Ibidem, pág. 8.
4
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Por otro lado, indicó que la sociedad no justificó de manera satisfactoria la diferencia
«entre la cuenta de inventarios y los costos de ventas de $16.831.193.029 (…)» 9, que
resultó de la revisión del balance de comprobación por terceros.

Respecto a los proveedores, afirma que el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 impone
el deber en cabeza de los administradores de sociedades -entendiendo por tales los
representantes legales y los miembros de órganos directivos- de actuar con
diligencia, por lo que, si bien no se traslada al contribuyente la responsabilidad de
los terceros, la poca fiabilidad de los proveedores sí puede serle extensiva.

No se pueden reconocer costos presuntos, porque en este caso se demostró que la
sociedad contribuyente declaró operaciones irreales, lo que significa que no hay una
ausencia de prueba.

La imposición de la sanción del artículo 647 del ET tiene sustento legal, teniendo en
cuenta que CI Macrometales S.A.S «incluyó en su declaración impuesto sobre la renta
del año gravable 2016, en el renglón 55 – Costo, en la suma de $50.631.363.000, por
compras a terceros, los cuales no se comprobaron (sic) las operaciones realizadas con el
contribuyente investigado»10.

Finalmente, solicitó se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandante y a favor de la DIAN de conformidad con los artículos 188 del CPACA,
365 y 366 del CGP. Afirmó que, para efectos de la presentación de la contestación
de la demanda, se requirió escanear los antecedentes administrativos contenidos
en 4.593 folios, a un precio de $60 unidad para un total de $275.580 11.

SENTENCIA APELADA

En sentencia del 20 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor José Wilmar
Lotero Suárez. Lo condenó en costas y tasó las agencias en derecho en
$379.735.200. El a quo argumentó que:

De acuerdo con el certificado de existencia y representación de CI Macrometales
SAS, el demandante ejerció como representante legal durante el año fiscalizado
2016. Sin embargo, advirtió que ninguno de los actos administrativos demandados
vinculó al demandante como deudor del impuesto a pagar o de la sanción por
inexactitud.

Respecto al argumento de la legitimación, enunciado en la demanda, consideró que
el artículo 658-1 del ET no demuestra que el demandante tenga facultad para actuar
porque el artículo regula una sanción que podría imponerse al representante legal
o al administrador de las sociedades que autoricen declarar costos inexistentes
pero que, en el caso, no se aplicó al demandante. Añadió que tampoco se acudió
al artículo 793 del ET.

Concluyó que, el demandante, actuando en nombre propio y como exrepresentante
legal, no hace parte de la relación jurídico sustancial de la liquidación oficial de
revisión, de manera que no tiene legitimación para solicitar su nulidad.

9
Ibidem, pág. 9.
10
Ibidem, pág. 39.
11
Indicó que el valor de la fotocopia y de la unidad escaneada se encuentra en la Resolución No. 19 de febrero 24/2021
proferida por la directora de Gestión Recursos y Administración Económica de la DIAN.
5
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Por último, en virtud del numeral 4 del artículo 366 CGP que remite al Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016, tasó las agencias en derecho, en el 3% de la sanción
impuesta en la liquidación oficial de revisión ($379.735.200).

RECURSO DE APELACIÓN

José Wilmar Lotero Suárez interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar
la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se reconociera que tiene
legitimación en la causa en este caso, y que se eliminara la condena en costas. El
recurso lo sustentó así:

Afirmó que, según el artículo 138 del CPACA, la legitimación en la causa por activa
no está limitada exclusivamente a los destinatarios formales del acto administrativo,
pues abarca a cualquier persona que pueda demostrar una afectación real y
sustancial de sus derechos e intereses legítimos. Al respecto, consideró que se
debe interpretar ampliamente el alcance de la norma, aplicando el derecho al
debido proceso y el acceso a la justicia.

Al punto, indicó que el demandante, como exrepresentante legal de la sociedad,
«tiene un interés legítimo en impugnar el acto administrativo en cuestión, dado que dicho
acto le puede generar una afectación material y directa», por lo que la sentencia apelada
vulnera su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, ya que
interpreta restrictivamente el artículo 138 del CPACA.

De otra parte, aseguró que la imposición de costas procesales y agencias en
derecho a favor de la DIAN, por $375.000.000, constituye una vulneración del
derecho de acceso a la administración de justicia porque no está justificada y es
desproporcional12, además, señaló que, de conformidad con los artículos 361, 365
y 366 del CGP, debe analizarse la actuación procesal de las partes y la carga
económica que ello representa.

Agregó que, la fijación de agencias en derecho debe realizarse conforme a los
Acuerdos 1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, que
establecen criterios de análisis acerca de la naturaleza y calidad del trabajo del
apoderado, la duración del proceso, la cuantía de la pretensión y la complejidad del
litigio; que no fueron aplicados en la sentencia recurrida.

Finalmente, solicitó la nulidad de la liquidación oficial y las sanciones impuestas por
falta de motivación del acto administrativo, a su juicio impuestas contraviniendo los
principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad aplicables en la
determinación de las sanciones administrativas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Preliminarmente, la Sala observa que el registro de este proceso en Samai presenta
un error en la identificación de la parte demandante, pues al recibirse el expediente
para resolver el recurso de apelación, se anotó como demandante a la sociedad C.I
Macrometales S.A.S – En liquidación. Verificadas todas las piezas procesales de
primera instancia, no hay duda acerca de que la demanda la presentó el señor José
12
Citó a la Corte Constitucional en las sentencias C 157/2013 y T 647/2017, señalando que ha sido enfática en que la
imposición de costas procesales y agencias en derecho debe hacerse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad y al
Consejo de Estado: Sentencias del 17 de agosto de 2017 (sección tercera), y del 21 de marzo de 2019 (sección segunda).
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Demandante: José Wilmar Lotero Suárez

Wilmar Lotero Suárez, más no la sociedad que no acudió en ninguna calidad a este
proceso.

En este contexto, el 21 de noviembre de 2025, fue admitido el recurso de apelación
presentado por José Wilmar Lotero Suárez, más el registro en Samai no fue
corregido. En consecuencia, para garantizar la adecuada publicidad de la sentencia,
se ordenará a la Secretaría de la Sección que corrija en Samai el nombre de la parte
demandante, que es el señor José Wilmar Lotero Suárez.

Aclarado lo anterior, una vez notificada la admisión, la DIAN solicita confirmar la
sentencia de primera instancia porque según los documentos conocidos, la
representante legal y liquidadora de la sociedad C.I. Macrometales S.A.S es quien
tiene esta facultad. Además, los actos administrativos demandados fueron
proferidos en contra de la sociedad y no del señor Lotero Suárez por lo que no se
cumplen ninguno de los requisitos para vincular al demandante, de acuerdo con los
artículos 571, 572 y 573 del ET.

Por otro lado, solicitó confirmar la condena en costas y agencias en derecho, que
considera probadas, de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del CGP.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN que
modificaron la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2016, a
cargo de C.I Macrometales SAS. Concretamente respecto de recurso de apelación
presentado por la parte demandante -apelante único-, la Sala deberá pronunciarse
en primer lugar sobre la legitimación en la causa por activa del demandante, y solo
en caso de no prosperar este cargo, se procederá a resolver el fondo de la
controversia.

Legitimación en la causa por activa

El apelante asegura tener un interés legítimo en el proceso porque, en el año 2016,
era representante legal de la sociedad C.I. Macrometales S.A.S, por lo que podrían
derivarse en él las consecuencias adversas reguladas en el artículo 658-1 del ET,
según el cual, «cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los
contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos
gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones inexistentes (…) que sean
ordenados y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales (…)
serán sancionados con multa equivalente al 20% de la sanción impuesta al contribuyente».

Agrega que el artículo 138 del CPACA debe interpretarse en sentido amplio,
aplicando el debido proceso y el acceso a la justicia. Por su parte, la DIAN insiste
en que al demandante no se le vinculó al proceso de determinación del impuesto de
renta del año 2016, ni se cumplen los requisitos para incluirlo como deudor de la
obligación de la sociedad.

Para resolver, el artículo 138 del CPACA prevé que «toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica» puede solicitar la
nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo particular.

Al respecto, la Sala ha precisado que la legitimación en la causa por activa se refiere
a la posibilidad de formular las pretensiones en la demanda, para lo cual, la parte
7
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actora debe tener un interés en la relación jurídica sustancial que se debate en el
proceso13. Así, cuando la parte actora no demuestra que tiene un interés en la
relación jurídica sustancial que la habilite para formular las pretensiones, se
entiende que existe un defecto en el petitum del libelo14 que impide dictar sentencia
de fondo, es decir, se configura la falta de legitimación en la causa por activa.

En otras oportunidades15, esta Sala de decisión ha declarado la falta de legitimación
en la causa por activa cuando se verifica que la demanda fue interpuesta por una
persona natural en la que concurren las siguientes situaciones: (i) los actos
administrativos demandados no crean obligaciones en cabeza de la persona natural
que demanda, sino que comprometen a una sociedad comercial (ii) la persona
natural no fue vinculada al procedimiento que dio origen a los actos administrativos
y (iii) al momento de radicarse la demanda, la persona natural no tiene una relación
legal con la sociedad comercial.

Al punto que junto con la demanda se aportó un certificado de existencia y
representación legal, expedido el 1° de agosto de 201916, en donde consta que
José Wilmar Lotero Suárez fue representante legal de la sociedad C.I Macrometales
S.A.S, desde el 2015, lo que significa que durante el 2016 fungió efectivamente en
ese cargo y tenía las obligaciones legales y estatutarias correspondientes; sin
embargo, este hecho no es suficiente para considerar que tiene legitimación en la
causa por activa, como se pasa a explicar.

Primero, verificado el contenido y las notificaciones de la Liquidación Oficial de
Revisión 052412020000028 del 12 de noviembre de 2020, que modificó la
declaración de renta del año gravable 2016 de la sociedad C.I Macrometales
S.A.S.17, y la Resolución 011038 del 6 de diciembre de 2021, que la confirmó18,
está demostrado que durante el proceso administrativo el señor Lotero Suárez no
fue vinculado como representante legal ni como deudor, ni se determinaron
obligaciones a su cargo.

Segundo, la demanda fue presentada el 6 de abril de 2022 por el señor José Wilmar
Lotero Suárez, a nombre propio, mediante apoderado judicial. En ese momento, de
acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido el 12 de
abril de 202219 por la Cámara de Comercio de Cali, la sociedad C.I Macrometales
S.A.S. había entrado en estado de disolución, conforme al Acta 28 del 19 de febrero
de 2021, inscrita el 21 de mayo del mismo año, para lo cual se nombró
representante legal y liquidadora principal a la señora Jullieth Cristina Rincón
Henao, por lo que el señor Lotero Suárez no representaba a la sociedad
demandante en la fecha de radicación de la demanda.

Los hechos expuestos evidencian que el cargo de apelación no está llamado a
prosperar, pues si bien el artículo 658-1 del ET habilita a la Administración a
imponer a los representantes legales una sanción por autorizar el registro contable
o fiscal de costos y deducciones que después sean desconocidos por la DIAN, los
actos administrativos demandados no crearon obligaciones en cabeza del señor

13
Radicado 29409, CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño, pág. 5.
14
Radicado 18456, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
15
En este sentido: Radicados: 29751, 29749 y 30612, CP. Wilson Ramos Girón; 29734 y 29752, CP. Claudia Rodríguez
Velásquez.
16
Samai del Tribunal, índice 3. “04CERTIFICADO CAMARA Y COMERCIO - MACROMETALES - AGOSTO 01 2019.pdf”.
17
Samai del Tribunal, índice 23. “19_MemorialWeb_antecedenteAdministrativoTOMO23parte1.pdf”, págs. 174 a 179.
18
Ibidem. “19_MemorialWeb_antecedenteAdministrativo TOMO23parte2.pdf”, pág. 101.
19
Ibidem, pág. 106.
8
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00469-02 (30105)
Demandante: José Wilmar Lotero Suárez

José Wilmar Lotero Suárez; tampoco fue vinculado, en ninguna calidad, al proceso
adelantado en contra de C.I Macrometales S.A.S, ni fue penado a través de las
decisiones expedidas por la Administración. De lo anterior, se deduce que el
argumento expuesto en la apelación se basa en un hecho que podría o no suceder,
pero que no incide de ninguna manera en la relación jurídica sustancial contenida
en los actos, los cuales comprometen únicamente a la DIAN y a la sociedad
comercial.

Adicionalmente, tampoco se le comunicó la actuación administrativa ni se le vinculó
en ninguna calidad al procedimiento, por lo que no está autorizado para demandar,
en su nombre, la nulidad de los actos administrativos y solicitar el restablecimiento
de un derecho del que no es titular; asimismo no cuenta con las facultades legales
para extender la pretensión en representación de la sociedad disuelta.

En consecuencia, no prospera el cargo de apelación, siendo suficiente para
confirmar la sentencia de primera instancia respecto a la declaratoria la falta de
legitimación en la causa por activa del demandante.

Condena en costas

El apelante solicita se le exonere del pago de agencias en derecho, porque
considera que con la condena en costas por $379.735.200 incurre en una
vulneración al acceso a la administración de justicia, dado que dicha suma no se
encuentra justificada, y se impuso sin criterios de proporcionalidad y razonabilidad,
además de omitir analizar la actuación procesal de las partes y la carga económica
que ello representa. Añade que las agencias en derecho deben tasarse conforme a
los topes mínimos y máximos ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura.

Según el numeral 4 del artículo 366 del CGP, para fijar la parte de las costas que
corresponde a las agencias en derecho, deben aplicarse las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de
noviembre de 2025, según el cual, cuando la primera instancia condena en costas,
el componente de agencias en derecho no puede superar el monto de seis (6)
salarios mínimos mensuales vigentes.

En este contexto, corresponde modificar las costas procesales ordenadas en la
primera instancia y fijarlas en un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV).

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365
del CGP y el criterio adoptado por esta Sala20, corresponde condenar en costas a
la parte demandante, en segunda instancia, teniendo en cuenta que el recurso de
apelación no prosperó.

En este orden, se añadirá a la condena en costas un salario mínimo legal mensual
vigente (1 smlmv), correspondiente al componente de agencias en derecho por
concepto de costas de segunda instancia; para un total de dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes (2SMLMV), que el Tribunal de la primera instancia
deberá tramitar a través del respectivo incidente, conforme a las reglas del artículo
366 del CGP.

20
Radicado 29943, CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño y Radicado 29275, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00469-02 (30105)
Demandante: José Wilmar Lotero Suárez

Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, respecto a la parte de las costas que
corresponde a las expensas, el apoderado de la DIAN expresó en el escrito de
contestación que «para efectos de la presentación de la contestación de la demanda, se
requirió escanear los antecedentes administrativos contenidos en 4.593 folios, a un precio
de $ 60 unidad escaneada para un total de $ 275.580, el valor de la fotocopia y de la unidad
escaneada se encuentra en la Resolución No. 19 de febrero 24/2021 proferida por la
Directora de Gestión Recursos y Administración Económica de la DIAN, la cual anexo a la
presente contestación». Al respecto, se verificó que la citada resolución fue aportada
por el apoderado21, más no se acompañó de soportes de pago que permitan
comprobar la efectiva causación de las expensas, por lo que no se cumple el criterio
del numeral 8 del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 20 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, en el componente de agencias en derecho, en 2
smmlv. En consecuencia, tramitar el respectivo incidente, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del Código General del Proceso”.

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero: Ordenar a la Secretaría de la Sección que realice los trámites pertinentes
para que sea corregido en Samai el nombre del demandante que corresponde al
señor José Wilmar Lotero Suárez.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto pacial

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

21 Samai del Tribunal, índice 22. “13_760012333000202200469007MemorialWeb2022122184413.pdf”.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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