Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00478-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
9 de junio de 2022
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00478-01
Demandante: Aida Teresa Bejarano Arana
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Valle del Cauca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00478-01
Demandante: AIDA TERESA BEJARANO ARANA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela de fondo – derecho a disfrutar el periodo de vacaciones –
revoca el amparo para declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 24 de marzo de 2022 en la Ventanilla de Atención
Virtual del Consejo de Estado, la señora Aida Teresa Bejarano Arana, actuando en
nombre propio y en su calidad de oficial mayor en propiedad del Juzgado Primero
Promiscuo de Familia del Circuito de Guadalajara de Buga, ejerció acción de tutela
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la
“igualdad, prestaciones sociales, seguridad social y a gozar de vacaciones”.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías debido a que,
aunque la juez Primera Promiscua de Familia de Guadalajara de Buga le otorgó un
turno de vacaciones, a través de la Resolución N.º 08 del 23 de febrero de 2022, el
disfrute de su derecho al descanso remunerado quedó supeditado a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, que debía proferir la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, lo cual fue negado por
dicha entidad.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“1º.- Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE del Cauca que proceda a emitir el
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Demandante: Aida Teresa Bejarano Arana
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respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el fin de allegarlo al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga Valle y poder gozar de mi
periodo de vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos.
2º.- Se INQUIERA de una vez por todas a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE para que en lo
sucesivo se abstenga de asumir postura similar y de negación de expedición de
disponibilidad presupuestal, pues, es inconcebible que no acate el precedente
judicial y esa conducta conlleva a un desgaste innecesario de la administración
de justicia, ya que por cada certificado que pidan los empleados estamos
abocados a iniciar individualmente una acción de tutela.
4. Como medida provisional, pidió que se ordenara, “(…) a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA
realizar desde ya todos los trámites tendientes a la expedición del mencionado Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, pues si esperamos a obtener una decisión de fondo, su
notificación y cumplimiento, lo más probable y seguro es que el disfrute de mis vacaciones se
vea aplazado.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
5. La señora Aida Teresa Bejarano Arana se encuentra vinculada a la Rama
Judicial, en el cargo de oficial mayor en propiedad que desempeña en el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga.
6. La tutelante tenía pendiente por disfrutar el periodo de vacaciones que se
causó del 16 de septiembre de 2020 al 15 de septiembre de 2021.
7. El 26 de enero de 2022, la titular del despacho elevó una solicitud ante el área
financiera de la Dirección Seccional de Cali tendiente a que se expidiera el certificado
de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de la señora Bejarano
Arana.
8. A través del Oficio DESAJCLO22-442 del 23 de febrero de 2022, la Dirección
Ejecutiva negó la expedición del CDP, con fundamento en las pautas dispuestas por
el Consejo Superior de la Judicatura en la Circular N.º PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011.
9. Mediante la Resolución N.º 8 del 23 de febrero de 2022, la Juez Primera
Promiscua de Familia del Circuito de Guadalajara de Buga, le concedió el disfrute del
descanso remunerado, el que empezaría a disfrutar a partir del 19 de abril del año en
curso, con la condición de que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Valle del Cauca expidiera el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal.
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1.4. Sustento de la vulneración
10. La señora Bejarano Arana reprochó que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca vulneró sus garantías fundamentales,
toda vez que no le permite gozar de un beneficio al que tiene derecho por ley.
11. Mencionó que tal decisión va en contra de lo que se ha ordenado en casos
similares al suyo, en diversas sentencias tanto del Consejo de Estado como de la
Corte Suprema de Justicia, jurisprudencia según la cual es inadmisible que los
funcionarios tengan que acudir a los medios judiciales para que la entidad expida el
certificado de disponibilidad presupuestal que le permita a los nominadores nombrar
un reemplazo, mientras los empleados disfrutan de su derecho al descanso
remunerado.
12. Como hecho relevante, trajo a colación la carga laboral que existe en los
juzgados promiscuos de familia por lo que, si el único factor a analizar fuera la
necesidad del servicio, los empleados de dicha especialidad no podrían salir a
vacaciones bajo ninguna circunstancia, toda vez que el trabajo se tendría que
redistribuir entre los demás integrantes del despacho, situación que congestionaría el
juzgado y, por consiguiente, iría en contra del acceso a la administración de justicia
de los usuarios.
1.5. Trámite de la acción de tutela
13. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el despacho ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 7 de abril de 2022 la admitió y
ordenó la notificación de la parte accionante y del Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca. Así mismo, negó la medida provisional solicitada, por considerar
que no existía algún fundamento fáctico o probatorio para decretarla.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
14. La directora de la corporación alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en que el reproche de la accionante se centra en la omisión
en autorizar el rubro presupuestal para nombrar su reemplazo de vacaciones y con
toda razón instauró la demanda contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
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Administración Judicial del Valle del Cauca y no en su contra, toda vez que la entidad
que dirige no tiene ningún tipo de incidencia en el conflicto que ocupa el mecanismo
de amparo, pues no tiene competencia para destinar y disponer de los recursos
financieros de la Rama Judicial, mucho menos para asumir el pago de acreencias
laborales.
1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca
15. La directora de la entidad solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo, con fundamento en que en el caso objeto de estudio no se ha vulnerado
derecho fundamental alguno y que el actuar de la institución se ajustó a las
disposiciones vigentes.
16. Explicó que la modalidad de las vacaciones de los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial bien sea colectiva o individual, no son clases inherentes a la
persona ni al cargo que se desempeña, sino al despacho en el cual estén nombrados
y presten sus servicios.
17. Indicó que, teniendo en cuenta que la tutelante labora en un juzgado que
pertenece al régimen de vacaciones individuales, debe disfrutar de dicho derecho en
el periodo en el que se evite el menor contratiempo para las actividades normales del
despacho, de manera que se pueda repartir de forma equilibrada con los demás
integrantes del equipo los actos urgentes que no dan espera.
18. Precisó que es facultad del mismo despacho conceder o no el disfrute de las
vacaciones, sin embargo, dicha autorización no le confiere poder para ordenar o
solicitar a la dirección ejecutiva seccional que expida el CDP para el nombramiento
del reemplazo, pues ello desborda el ámbito de su competencia.
19. Puso de presente que las direcciones seccionales no cuentan con recursos
propios y que están supeditadas al envío de estos por parte de la Dirección de orden
nacional, quien a su vez realiza las diligencias pertinentes ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
20. Trajo a colación tres sentencias del Consejo de Estado1 en donde se indicó
que no resulta ser competencia del juez constitucional ordenar que se tramite el CDP
para proveer el reemplazo de los empleados que gozarán de su periodo de
vacaciones, sobre todo cuando no se demuestre la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
1
Consejo de Estado, i) sentencia del 4.6.2021, exp: 11001-03-15-000-2021-01633-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez; ii)
sentencia del 6.9.2021, exp: 11001-03-15-000-2021-04656-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; iii) sentencia del 19.10.2021,
(no se especificó el número de radicado), M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
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1.7. Sentencia de primera instancia
21. En sentencia del 27 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca concedió el amparo de los derechos fundamentales al descanso y al trabajo
en condiciones dignas de la señora Aida Teresa Bejarano Arana, así como también
el derecho de acceso a la administración de justicia de manera oportuna y eficiente
de los usuarios del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Guadalajara de Buga
y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca que, en el término de 10 días siguientes a la notificación
del fallo, “realice todas las gestiones administrativas necesarias para la expedición del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que permita la designación del remplazo del cargo
de oficial mayor (…)”.
1.8. Impugnación
22. A través de correo electrónico enviado el 3 de mayo de 2022 al buzón web de
la Secretaría de la corporación que profirió la providencia de primera instancia
constitucional, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali –
Valle del Cauca, solicitó la nulidad de todo lo actuado o que, en su defecto, se
concediera la impugnación de la sentencia del 27 de abril de 2022, notificada el 29
del mismo mes y año.
23. Precisó que, si bien el derecho al disfrute de las vacaciones tiene rango
constitucional, lo cierto es que la discusión se debe centrar en que la seccional no
puede desconocer las directrices dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura
en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, en donde se señala “la no
procedencia del pago para reemplazo de vacaciones de empleados”.
24. Explicó que el motivo de disconformidad con el fallo de primer grado obedece
a que la dirección, como órgano técnico administrativo, debe cumplir con lo que se
establezca para los casos particulares, con fundamento en la extensa y reciente
jurisprudencia que los imposibilita a expedir el CDP, no solo porque dichos rubros no
están contemplados para gastos de vacaciones individuales de los funcionarios, sino
que ello corresponde al acatamiento de la mencionada circular que fijó la
programación de vacaciones de los empleados judiciales del régimen individual, que
continúa vigente.
25. Agregó que cuando se trata del régimen de vacaciones individuales,
corresponde al nominador definir el goce y disfrute de las mismas, a través de
resoluciones, por ser quien conoce y aprueba todas las situaciones administrativas
en las que pueda estar incurso el servidor judicial.
26. Mencionó que el hecho de que no exista un presupuesto para el reemplazo de
vacaciones no implica que los nominadores puedan negar el derecho al disfrute de
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las mismas. Finalmente, concluyó que, en todo caso, las direcciones seccionales no
cuentan con recursos propios, razón por la que están supeditadas al envío de
aquellos por parte de la dirección del nivel central, quien a su vez realiza todas las
diligencias pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y solo en el
momento en que son asignados los dineros respectivos, se procede de inmediato a
hacer las apropiaciones y pagos que correspondan.
1.9. Trámite en segunda instancia
27. Encontrándose el expediente en estado de proferir el fallo de segunda
instancia, la magistrada ponente advirtió que al momento de admitir la acción de
tutela, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió vincular al Juzgado
Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Guadalajara de Buga, como autoridad
judicial a la que le correspondería proferir la resolución del disfrute de vacaciones
que persigue la parte actora, así como a la Unidad de Planeación y a la Sala
Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, como dependencias de la dirección central encargadas de
enviar los recursos correspondientes para que a su vez la dirección seccional expida
el certificado de disponibilidad presupuestal, razón por la que, mediante auto del 23
de mayo del año en curso, ordenó su vinculación al proceso para que alegaran la
nulidad, se pronunciaran sobre la solicitud o, guardaran silencio.
1.9.1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Guadalajara de
Buga y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, pese a que fueron notificadas en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca contra la
sentencia del 27 de abril de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
29. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca alegó la falta de
legitimación en la causa por pasiva por considerar que el conflicto que suscitó la
presentación de este mecanismo escapa a las competencias que le fueron
conferidas.
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30. Así las cosas, teniendo en cuenta que ello fue un asunto que no fue resuelto
en la primera instancia constitucional, esta Sala de Decisión se pronunciará, en el
sentido de declarar la falta de legitimación en la cusa por pasiva de la entidad, toda
vez que, en efecto, la encargada de gestionar los recursos a nivel central para
posteriormente expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que permita
nombrar el reemplazo de los funcionarios judiciales que van a disfrutar su periodo de
descanso es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, que en este
caso correspondía a la territorial del Valle del Cauca.
2.3. Legitimación en la causa
31. En primer lugar, la Sala advierte que la señora Aida Teresa Bejarano Arana
está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales2.
32. En el caso concreto, se tiene que fue a la tutelante a quien le condicionaron el
disfrute de sus vacaciones a que la dirección seccional expidiera el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera nombrar su reemplazo, por lo que es claro
que es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.
33. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca también está legitimada en
la causa por pasiva, por ser la encargada de solicitar los recursos correspondientes a
la dirección central, para así poder expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal requerido.
2.4. Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 27 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, a través de la cual concedió el amparo deprecado, para lo cual se
deberá resolver el siguiente interrogante:
• ¿Si el hecho de que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca se hubiese negado a expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera nombrar el reemplazo de la señora
2
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Aida Teresa Bejarano Arana, para que ésta pudiera disfrutar el periodo de
vacaciones que le fue concedido por el despacho para el que labora, vulneró
sus derechos fundamentales?
2.5. Razones jurídicas de la decisión
35. Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) carencia actual de objeto; y (iii)
análisis del caso concreto.
2.6. Generalidades de la acción de tutela
36. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
37. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.7. Carencia actual de objeto
38. La Sala ha explicado en varias ocasiones4 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.
39. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
40. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder
3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del: i) 9.7.2020, Exp.
2020-01377-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; ii) 18.6.2020, Exp. 2020-01031-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; iii) 15.11.2017, Exp.
2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y; iv) del 19.10.2017, Exp. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una
situación sobreviniente.
41. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20165, señaló que:
“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.6
“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original).
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente7”.
42. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales8.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente:
“Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
7
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente:
“Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
8
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
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43. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo,
se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la
protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer
(…)”9. (Negrillas fuera del texto original).
44. Conforme a lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
45. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal10.
46. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:
“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,11 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en
la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.12 Según la
jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que
la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho
antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado13
14
”. (Destacado fuera de texto).
9
Sentencia T-481 del 1.09.2016 M.P. Carlos Bernal Pulido.
10
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
11
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente:
“Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita».
12
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente:
“Ver sentencia T-612 de 2009».
13
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente:
“Sentencia T-170/09».
14
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
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47. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden
a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el
derecho ya no se encuentra en riesgo15.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar
el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en
sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita16, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199117 y determinar si, con
atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados18. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la
advertencia sobre la garantía de no repetición19; y iv) la posibilidad de adoptar las
medidas de protección objetiva20”.21 (Negrillas fuera del texto original).
48. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el
daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.22
49. Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la
autoridad demandada.
50. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:
15
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
16
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
17
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición
de la misma acción u omisión».
18
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
19
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
20
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
21
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
22
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como
producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene
origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.
“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que
puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de
una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha
otorgado a la figura del “hecho superado”23 y limita su alcance únicamente a
aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración
está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite
tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando,
por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que
su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado
quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su
costo y procurárselos por sus propios medios”24.
2.8. Caso concreto
51. El 24 de marzo de 2022, la señora Aida Teresa Bejarano Arana instauró la
acción de tutela alegando que pese a que a través de la Resolución N.º 08 del 23 de
febrero de 2022, la juez Primera Promiscua de Familia de Guadalajara de Buga le
otorgó un turno de vacaciones, el disfrute de su derecho al descanso remunerado
quedó supeditado a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, que
debía proferir la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca, lo cual fue negado por dicha entidad.
52. En ese orden, es evidente que lo pretendido por la señora Bejarano Arana a
través de mecanismo de amparo era que se adelantaran las gestiones
administrativas del caso, que le permitieran disfrutar de su derecho fundamental al
descanso remunerado.
53. Resulta pertinente precisar que en la Resolución N.º 08 del 23 de febrero de
2022, la titular del despacho en el que labora la tutelante estableció que el turno que
le sería asignado para disfrutar del descanso remunerado transcurriría a partir del 19
de abril hasta el 13 de mayo del año en curso, lo que en efecto ocurrió, dado que el
martes 19 de abril de 2022 la señora Aida Teresa Bejarano Arana inició su
periodo de vacaciones, el cual culminó el 13 de mayo de este año.
54. En sentencia del 27 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca concedió el amparo de los derechos fundamentales al descanso y al trabajo,
23
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe literalmente:
“Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela
fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100
de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación
tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
24
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».
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en condiciones dignas de la señora Aida Teresa Bejarano Arana, así como también
el derecho de acceso a la administración de justicia de manera oportuna y eficiente
de los usuarios del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Guadalajara de Buga
y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca que, en el término de 10 días siguientes a la notificación
del fallo, “realice todas las gestiones administrativas necesarias para la expedición del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que permita la designación del remplazo del cargo
de oficial mayor (…)”.
55. Inconforme con dicha determinación, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca alegó que, si bien el derecho al descanso
tiene rango constitucional, no pueden desconocerse las directrices dispuestas por el
Consejo Superior de la Judicatura en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, en donde se señala “la no procedencia del pago para reemplazo de vacaciones de
empleados”.
56. En este punto de la discusión, esta Sala de Decisión observa que
encontrándose en trámite el presente instrumento constitucional, ocurrió lo
pretendido por la actora que era poder disfrutar de su periodo de vacaciones;
situación que se corroboró con el mensaje de datos remitido por la interesada el 26
de mayo del año en curso al correo electrónico de la Secretaría General de la
Corporación, veamos:
57. Así las cosas, al evidenciarse que el presunto hecho vulnerador que propició
la radicación de esta acción constitucional se superó, cualquier intervención que en
este punto realice el juez de tutela resulta inocua pues, se insiste, el objeto jurídico
perseguido a través de este mecanismo extraordinario y expedito desapareció.
58. En ese orden de ideas, al haberse subsanado el eventual peligro en que se
encontraban las garantías constitucionales de la señora Bejarano Arana,
puntualmente su derecho al descanso, cualquier decisión que se pueda tomar con el
fin de salvaguardarlo “(…) contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción”.
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2.9. Conclusión
59. Conforme con los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión revocará el
amparo concedido en primera instancia para, en su lugar, declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que, encontrándose en trámite el
presente mecanismo constitucional, la señora Aida Teresa Bejarano Arana disfrutó
de su periodo vacacional, el cual transcurrió desde el 19 de abril hasta el 13 de mayo
del año en curso.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 27 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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