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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00566-01

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00566-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de junio de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que NEGÓ la solicitud de amparo formulada por la señora Viviana Franco Salgado contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y el Juzgado 8° Civil del Circuito de Cali. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 “ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes. Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.” 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Viviana Franco Salgado Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otro Radicado: 76001-23-33-000-2022-00566-01 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2022-00566-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de junio de 2022

Demandante: Viviana Franco Salgado
Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otro
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00566-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00566-01
Demandante: VIVIANA FRANCO SALGADO
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE
DEL CAUCA Y OTRO

Tema: Tutela de fondo. Confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 10 de junio de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó la solicitud de amparo constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Viviana Franco Salgado, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y el Juzgado 8°
Civil del Circuito Judicial de Cali, con el fin de que se ampare su derecho
fundamental “a la estabilidad ocupacional reforzada derivado del fuero de maternidad”.

La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de la
publicación N°. 10 del mes de mayo de 2022, por medio de la cual el Consejo
Seccional de la Judicatura ofertó el cargo de escribiente de juzgado de circuito -
grado nominado en el Juzgado 8° Civil del Circuito Judicial de Cali, empleo que
ocupa la actora y respecto del cual “goza” de una estabilidad laboral reforzada por
el fuero de maternidad.

1.2. Pretensiones

La parte actora elevó la siguiente petición:

“PRIMERO. COMO MEDIDA PROVISIONAL, solicito se proteja mi derecho
fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada derivado del fuero de

1
Con escrito presentado el 27 de mayo de 2022, a través de la ventanilla virtual del Consejo de
Estado.
1

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Demandante: Viviana Franco Salgado
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maternidad, ordenando al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,
que se abstenga de remitir al Juzgado 8 Civil del Circuito de Cali, la comunicación
de que trata el art. 167 de la Ley 270 de 1996, con el objetivo de que (sic)
suspender la continuidad del proceso de provisión del cargo que ocupo en
provisionalidad.

SEGUNDO: Que se ampare mi derecho fundamental a la estabilidad ocupacional
reforzada derivado del fuero de maternidad.

TERCERO. Que se deje sin efecto jurídico la Publicación No. 10, efectuada por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en lo atinente a la oferta
como sede vacante definitiva, del cargo de escribiente del Juzgado 8 Civil del
Circuito de Cali, en el cual me encuentro vinculada.

En su defecto, solicito se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca, que se abstenga de remitir al Juzgado 8 Civil del Circuito de Cali, la
comunicación de que trata el art. 167 de la Ley 270 de 1996, hasta tanto mi hija
cumpla su primer año de vida”.

1.3. Hechos

La accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Indicó que mediante Resolución N°. 01 de 4 de mayo de 2021 fue vinculada en
provisionalidad al cargo de escribiente en el Juzgado 8° Civil del Circuito Judicial
de Cali.

Adujo que con Resolución N°. 02 de 25 de agosto de 2021, expedida por el
referido juzgado le fue concedida una licencia de maternidad preparto de
conformidad con lo estipulado en la Ley 1822 de 2017 y, en el numeral 2° de dicho
acto se señaló:

“SEGUNDO: Oficiar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Valle del Cauca y al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,
informando a dichas entidades la necesidad de resguardar la especial protección
Constitucional de la mujer embarazada en licencia de maternidad y la prevalencia
de los derechos fundamentales de los niños, dando aplicación a la Sentencia T-088
de 2010 y la Circular PSAC 11-43 de noviembre 15 de 2011, a efecto que la
sede vacante definitiva – ESCRIBIENTE NOMINADO-, de este despacho no sea
ofertada, en tanto persista la especial protección de la que es titular la Dra.
VIVIANA FRANCO SALGADO como empleada de este Juzgado con
nombramiento en provisionalidad”.

Indicó que tal comunicación fue remitida al Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauda junto con el Oficio N°. 1511 de 25 de agosto de 2021, al correo
ssadmvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Agregó que, pese a haber sido informada, la mencionada Seccional realizó la
publicación N°. 10 del mes de mayo de 2022, en la cual ofertó el cargo de
escribiente del Juzgado 8° Civil del Circuito Judicial de Cali.

Finalmente, se advierte que la fecha de parto según el certificado de nacido vivo
correspondiente, es de 1° de septiembre de 2021.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La Señora Viviana Franco Salgado estimó vulnerado su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada que le otorga el fuero de maternidad, por cuanto
consideró que de acuerdo con lo establecido en la Circular PSAC11-43 de
noviembre 15 de 2011, “(…) la protección de la mujer en embarazo y del menor que
está por nacer, en aplicación del principio de solidaridad y de la estabilidad laboral
reforzada, va desde el momento mismo de la gestación, hasta el cumplimiento del primer
año de la vida del menor”.

Adicionó que en la sentencia T-464 de 2019, la Corte Constitucional adujo que en
relación con los nombramientos en provisionalidad “ha afirmado que antes de
proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los funcionarios
que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en removerse y en todo
caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían
ocupando”.

Agregó que en la sentencia T-088 de 2010, la referida Corte se pronunció respecto
a la armonización de los derechos en conflicto y citó el siguiente aparte:

“Para el caso concreto existen dos derechos fundamentales en tensión, cuales son,
la estabilidad laboral de la persona nombrada en carrera y la estabilidad laboral de
la mujer embarazada. Ahora bien, conviene realizar un ejercicio de armonización
entre los dos derechos y determinar cuál de los dos prevalece sobre el otro en este
caso concreto.

Tratándose del derecho a la estabilidad laboral reforzada que se deriva del fuero de
maternidad, es determinante el hecho de que su desprotección genera una
trasgresión de derechos pluriofensiva, pues como ya se ha explicado la mujer
gestante es considerada como una persona en condición de vulnerabilidad que
demanda del Estado una protección especial a fin de evitar la discriminación laboral
en razón a su estado y a su rol como madre. De otro lado, también se está
protegiendo el derecho al mínimo vital así como la atención integral en el sistema de
seguridad social en salud de la progenitora y del recién nacido (…)”.

Finalmente, trajo a colación un antecedente del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali – Sala de Decisión Civil, esto es, la sentencia de 19 de mayo de
2022 dictada dentro del expediente 2022-00137, en la cual se resolvió un caso
similar en el sentido de acceder al amparo del derecho fundamental a la
estabilidad reforzada de la tutelante.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 27 de mayo de 2022 se admitió la tutela de la referencia, se
ordenó la notificación de la parte accionada, y se negó la medida provisional
solicitada tras concluir que no se advertía la urgencia y necesidad para impartir
órdenes de manera preliminar al fallo.

De otro lado, con auto de 6 de junio de 2022, se dispuso la vinculación del
Juzgado 8° Civil del Circuito como parte demandada, y de las personas que
conforman el registro de elegibles para el cargo de escribiente de juzgado de
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circuito – grado nominado, en calidad de terceros con interés en el resultado de
este trámite.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado 8° Civil del Circuito de Cali

Con escrito allegado el 7 de junio de 2022, el titular del despacho señaló que la
relación laboral con la señora Viviana Franco Salgado se mantiene vigente.

Adujo que en atención a lo dispuesto en la Sentencia T-088 de 2010 y en la
Circular PSAC 11-43 de noviembre 15 de 2011, mediante Oficio No. 1511 del 25
de agosto de 2021, comunicó el estado de gestación de la accionante al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, no obstante, dicha entidad generó
la Publicación N°. 10 del mes de mayo de 2022, a través de la cual ofertó el cargo
de escribiente del despacho.

1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

Mediante memorial allegado el 1° de junio de 2022, el presidente de la Seccional
indicó que, mediante la Resolución CSJVAR22-962 del 27 de mayo de 2022 se
conformó la lista elegibles con los aspirantes que opcionaron para el cargo de
escribiente de juzgado de circuito - grado nominado, la cual fue remitida al correo
institucional del Juzgado 8° Civil del Circuito Judicial de Cali, mediante el Oficio N.°
1493 del 01 de junio del 2022.

Agregó que cuando publica las vacantes reportadas, conforma y remite la lista de
elegibles al nominador, lo hace en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución
Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, toda vez que, el no
hacerlo, podría derivar en una falta disciplinaria.

En ese orden, resaltó que esa Corporación no es la entidad competente para
definir la situación jurídica relativa al desconocimiento de un derecho derivado de
las causales de estabilidad laboral reforzada reconocido por la jurisprudencia
nacional, toda vez que es el nominador quien decide sobre la aplicación o no de la
lista de elegibles remitida por la Seccional.

Advirtió que, tal como lo ha señalado la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de 20 de abril de 2017,2 el empleador es quien debe efectuar un
ejercicio de ponderación entre el derecho de la persona en la que concurra una
causal de estabilidad laboral reforzada y el del aspirante que superó el concurso
de méritos para acceder al cargo.

Finalmente, expuso que, en cuanto a la protección de la estabilidad laboral y las
listas de elegibles, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante Circular No. CJC22-2 de fecha 10 de febrero

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Expediente 88001-23-33-000-2016-00060-01.
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de 2022, dirigida a los presidentes de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
estableció la “Directriz sobre solicitudes de estabilidad laboral reforzada”, en los
siguientes términos:

“La decisión final sobre nombramiento en propiedad en cada despacho
corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora, así como también definir
sobre las solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los empleados en
provisionalidad, sin que en ello intervenga el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial o los Consejos Seccionales de la
Judicatura.

Por lo anterior, ante las solicitudes de estabilidad laboral reforzada que radiquen en
la Corporación los empleados que se encuentran nombrados en provisionalidad,
éstas deberían ser remitidas por competencia a la correspondiente autoridad
nominadora para su atención, adicionalmente se sugiere emitir una circular con
destino a los nominadores informando lo correspondiente”.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 10 de junio de 2022,3 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó el amparo reclamado tras concluir lo siguiente:

“La Sala negará el amparo solicitado, considerando que, si bien la Corte
Constitucional sostiene que el fuero de maternidad se extiende desde el momento
en que la trabajadora se encuentra en estado de gestación hasta que culmina el
período de lactancia, lo cierto es que, respecto de las mujeres vinculadas en
provisionalidad en un cargo de carrera, la Alta Corte ha indicado que si el cargo se
convoca para proveer a través de concurso de méritos, la medida de protección
consiste en que el cargo que ocupa será el último en proveerse, y siendo el último,
la protección que se otorga es el pago de prestaciones que garanticen el disfrute de
la licencia de maternidad, la cual, en este caso ya se superó toda vez que, conforme
al certificado de nacido vivo del 01 de septiembre 2021, han transcurrido más de las
18 semanas que por ley corresponden a la licencia de maternidad”.

1.8. Impugnación

A través de correo electrónico enviado oportunamente el 15 de junio de 2022, la
parte actora manifestó su inconformidad con el fallo de primer grado al insistir en
los argumentos del escrito inicial de tutela consistentes en que en las sentencias
T-464 de 2019 y T-088 de 2010, se advirtió que los funcionarios en provisionalidad
deberán ser los últimos en removerse o podrán ser nombrados en otros cargos
vacantes de la misma equivalencia, así como lo concerniente a la armonización de
los derechos en conflicto, respectivamente.

También iteró el antecedente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –
Sala de Decisión Civil, esto es, la sentencia de 19 de mayo de 2022 dictada dentro
del expediente 2022-00137, en la cual se resolvió un caso similar en el sentido de
acceder al amparo del derecho fundamental a la estabilidad reforzada de la
tutelante.

3
La decisión fue notificada por medios electrónicos el 10 de junio de 2022.
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Adicionalmente, adujo que en segunda instancia se debe revisar la interpretación
de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional relacionada con el derecho a
la estabilidad ocupacional reforzada de la mujer en estado de embarazo,
contenida en la SU-075 de 2018, en la cual se estableció que:

“Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de
carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, de conformidad con la Sentencia
SU-070 de 2013, se aplican las siguientes reglas: (i) Si el cargo sale a concurso,
el último cargo a proveerse entre quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la
mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído
y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el
mismo para el que aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer
embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá
pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de
prestaciones que garanticen la licencia de maternidad. (ii) Si hubo supresión del
cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en
provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de
maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la
trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia”. (Énfasis del texto)

En ese sentido, refirió que tal criterio se acompasa con lo estipulado en la
Circular PSAC11-43 de 15 de noviembre de 2011, así:

“1. Conocimiento del estado de embarazo: Si el nominador conoce la situación de
embarazo de la servidora que se encuentra nombrada en provisionalidad en un
cargo de carrera, que se encuentra en vacancia definitiva, deberá, siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, reportar la
vacante definitiva, pero informará a la Sala Administrativa o Seccional
correspondiente, del estado de embarazo y los datos de quien lo ocupa en
provisionalidad, así como los soportes médicos que lo acreditan, a efectos de que la
sede no sea ofertada como vacante definitiva; en tanto persista la especial
protección.

(…)

En cualquiera de las situaciones anteriores, la protección de la mujer en estado de
embarazo y del menor que está por nacer, en aplicación del principio de solidaridad
y de la estabilidad laboral reforzada, va desde el momento mismo de la
gestación, hasta el cumplimiento del primer año de vida del menor, de no darse
una manifestación de voluntad de retiro de la servidora, respecto del cargo del cual
se le está brindando la protección”. (Énfasis del texto)

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 10 de junio de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y
el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

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2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con
los argumentos expuestos por la parte accionante se debe confirmar, modificar o
revocar la decisión de 10 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, a través de la cual se negó la solicitud de amparo de la
referencia.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) la procedencia de la solicitud de amparo
frente a la estabilidad laboral reforzada; (iii) los derechos de la mujer en estado de
embarazo; y (iv) el caso en concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos
casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.4. Procedencia de la solicitud de amparo frente a la estabilidad laboral
reforzada

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido consistente en señalar que la
infracción del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de
embarazo conlleva un riesgo contra la seguridad material y emocional de la madre
y del menor que está por nacer, razón por la cual se entiende que este es el
mecanismo idóneo para obtener su protección, en ese orden, la referida
Corporación expresó:

“(…) una controversia laboral puede someterse a juicio de tutela, desplazando el
medio ordinario de defensa cuando se reúnan las siguientes condiciones: (1) que el
problema que se debate sea de naturaleza constitucional, es decir, que pueda
implicar la violación de derechos fundamentales de alguna de las partes de la
relación laboral, puesto que si lo que se discute es la violación de derechos de
rango legal o convencional, su conocimiento corresponderá exclusivamente al juez
laboral; (2) que la vulneración del derecho fundamental se encuentre probada o no
sea indispensable un amplio y detallado análisis probatorio, ya que si para la
solución del asunto es necesaria una amplia controversia judicial, el interesado debe
acudir a la jurisdicción ordinaria pues dicho debate escapa de las atribuciones del
juez constitucional y (3) que el mecanismo alternativo de defensa sea insuficiente

4
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7

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para proteger íntegramente los derechos fundamentales amenazados o vulnerados
y no resulte adecuado para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable de
carácter iusfundamental. 5

En sentido del criterio del máximo órgano constitucional, la solicitud de amparo se
convierte en el medio eficaz para procurar la garantía de los derechos de la madre
gestante cuando se advierte que la amenaza o la transgresión de la relación
laboral deviene de actuaciones que no constituyen una decisión de carácter
definitivo respecto de una situación jurídica concreta.

2.5. Derechos de la mujer en estado de embarazo

En el artículo 5º superior se ampara a la familia como institución básica de la
sociedad y, por su parte, en el artículo 13 se establece que el Estado debe velar
por la protección especial de ciertos grupos de personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta como lo es el caso de las mujeres en gestación. Tal defensa se
acompasa con lo dispuesto en los artículos 43 y 53 ejusdem.

En ese contexto, la Corte Constitucional señaló que, en cuanto a la protección
reforzada para las mujeres en estado de embarazo o durante la lactancia, se
traduce en que durante este periodo no pueda ser despedida en razón a su
condición, todo con el fin de evitar la discriminación de la mujer en el contexto
laboral, amparar la vida del recién nacido y las condiciones de vida digna de la
trabajadora.

“En definitiva, el fuero de maternidad corresponde a una categoría jurídica en
presencia de la cual se activan en nuestro orden jurídico obligaciones y
prohibiciones excepcionales para el empleador, que concretan el mandato
constitucional según el cual debe otorgarse a la mujer embarazada una protección
laboral reforzada, la cual exige para su aplicación solo dos requisitos: (i) que exista
una alternativa laboral que respalde una relación laboral de la cual es parte la mujer
gestante, y (ii) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o en periodo de
lactancia (3 meses siguientes) durante la relación laboral, de forma que si es
despedida en estas condiciones, procede de inmediato el reconocimiento de las
medidas de protección derivadas del fuero de maternidad”6.

De igual forma, la Alta Corte indicó el alcance de las medidas de protección
derivadas del fuero de maternidad en el siguiente sentido:

“Una vez establecidas las modalidades de protección efectiva del fuero de
maternidad y habiendo dejado claro hasta este momento que: (i) la medida más
efectiva del fuero de maternidad es el reintegro o renovación del contrato, y que (ii)
en los casos en que el reintegro o la renovación se torna imposible desde el punto
de vista fáctico, es procedente la medida de protección sustituta, es decir el
reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta
el momento que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica
de la licencia de maternidad, resulta pertinente hacer referencia, precisamente, a los
casos en los cuales la Corte ha considerado que dicha medida de reintegro no
procede:

5
Sentencia T-894/11. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 2012.
8

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(…)

1. Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer
embarazada ocupaba fue creado por la administración pública, para el
desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad
y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos
denominados de descongestión…7

(…)

Puede concluirse de las anteriores consideraciones que cuando pueda inferirse
razonadamente que la conservación de la alternativa laboral de la mujer
embarazada, mediante una orden de reintegro o renovación, es fácticamente
imposible en un caso concreto debido a que han operado causas objetivas,
generales y legítimas que ponen fin a la relación laboral: corresponde al juez de
tutela aplicar la medida de protección sustituta correspondiente al reconocimiento de
cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y el correlativo reconocimiento
de la licencia de maternidad.

De lo anterior se colige que la alteración al derecho a la estabilidad laboral
reforzada para la mujer en gestación, presuntamente se puede predicar cuando
ocurre de manera efectiva la desvinculación o despido, no obstante, ello no opera
de manera automática, comoquiera que es a partir de este supuesto que procede
el análisis de la eventual transgresión.

2.6. Caso concreto

2.6.1. La parte accionante consideró que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca y el Juzgado 8° Civil del Circuito Judicial de Cali vulneraron su
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada derivada del fuero de
maternidad, con ocasión de la publicación N°. 10 del mes de mayo de 2021,
realizada por la referida Seccional, mediante la cual ofertó el cargo de escribiente
de juzgado de circuito - grado nominado, pese a que su hija no ha cumplido 1 año
de edad.

Lo anterior, en desatención a lo estipulado en la Circular PSAC11-43 de 15 de
noviembre de 2011 y en las sentencias SU-075 de 2018, T-464 de 2019, T-088 de
2010 y de 19 de mayo de 2022, esta última dictada dentro del expediente 2022-
00137 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Civil.

2.6.2. De conformidad con los argumentos planteados por la señora Viviana
Franco Salgado, la causa de la presunta transgresión de su garantía constitucional
es el hecho de que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
publicara la oferta del empleo que actualmente desempeña en el Juzgado 8° Civil
del Circuito de Cali, pese a que mediante el Oficio N°. 1511 de 25 de agosto de
2021 se le notificó a la Corporación demandada “la necesidad de resguardar la
especial protección Constitucional de la mujer embarazada en licencia de maternidad”.

7
Ver la sentencia T- 633 de 2007.
9

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00566-01

Al respecto, esta Sala de Decisión anuncia que confirmará la decisión de 10 de
junio de 2022 adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
consistente en denegar el amparo deprecado.

2.6.2.1. Lo anterior encuentra fundamento en que, en consonancia con lo
señalado por el a quo constitucional, en la SU-075 de 20188 se iteraron las reglas
establecidas en la SU-070 de 2013 para efectos de la resolución de casos
similares al sub lite, las cuales se resumen en:

(i) El último cargo a proveerse será el de la trabajadora que se encuentra en
estado de gestación o en periodo de lactancia, no obstante, cuando deba
realizarse el nombramiento de quien superó el concurso de méritos, la protección
consiste en el pago de las prestaciones que garanticen la licencia de maternidad.

(ii) Si se efectuó la supresión del empleo o la liquidación de la entidad, debe
garantizarse a la mujer en provisionalidad la permanencia en el cargo hasta que
se configure la licencia de maternidad y, si esto no fuera posible, el pago de
salarios y prestaciones hasta que se adquiera el derecho a gozar del descanso por
parto.

Según las reglas señaladas y el análisis expuesto en el fallo de 10 de junio de
2022, es claro que si bien la Corte Constitucional estipuló que la mujer goza de
fuero de maternidad que se extiende desde el momento en que se encuentra en
estado de gestación hasta que culmina la etapa de la lactancia, y que para los
cargos provistos en provisionalidad, el último a surtirse es el de la trabajadora en
esta condición especial, lo cierto es que, cuando deben ser provistos por quienes
superaron el concurso de méritos, lo que procede es el pago de las prestaciones
que garanticen el beneficio de la licencia de maternidad.

En ese orden, es claro que tal fuero no es inalterable en estos eventos por cuanto
puede darse la separación del empleo de la funcionaria si se asegura el pago de
los costos relativos a su retiro durante 18 semanas según lo establecido en la Ley
1822 de 2017.

Sin embargo, en el caso de la referencia tal medida no se efectuó por cuanto la
fecha del parto según el certificado de nacido vivo es de 1° de septiembre de
2021, razón suficiente para colegir que entre esa fecha y aquella en que se
efectuó la publicación que aludió como la causa de la vulneración, esto es, mayo
de 2022, transcurrieron más de 32 semanas.

Corolario, la Sala concreta que en atención a lo establecido por la Corte
Constitucional como máximo órgano interpretativo en materia de derechos
fundamentales, Corporación que ha sido coherente en proteger la estabilidad
laboral relativa y el derecho a la salud de la madre y su hijo, no ha dispuesto que
la trabajadora que ocupa un cargo en provisionalidad sea inamovible o que la

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En la SU-075 de 2018 solo se modificó el criterio relacionado con la protección a las mujeres
embarazadas en los eventos en que el empleador no tiene conocimiento del estado de embarazo
de la trabajadora.
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separación del empleo se pueda dar solo hasta que el menor cumpla 1 año de
edad conforme como se anuncia en la Circular PSAC 11-43 de noviembre 15 de
2011, pues esta condición desconoce abiertamente la regla expuesta en líneas
anteriores, concerniente a que, en el evento en que deba proveerse el cargo por
quien superó el concurso de méritos, la protección se resume en el pago de las
prestaciones que garanticen la licencia de maternidad.

En síntesis, es cierto que el último empleo a disponer es el ocupado por la mujer
en estado de gestación, no obstante, cuando su provisión sea para la persona que
tiene derechos de carrera, lo que procede es el pago de las prestaciones durante
el periodo de la lactancia, es decir, no existe cabida a la interpretación aludida por
la parte accionante, en consecuencia, no hay lugar a disponer sobre los efectos de
la plurimencionada publicación.

2.6.2.2. Ahora, es pertinente precisar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la materia, que ha sido acogida por esta Sección, parte del
hecho inequívoco de que se separe del cargo a la funcionaria en estado de
gravidez, circunstancia relevante que no ha ocurrido respecto de la señora Viviana
Franco Salgado por cuanto manifestó en el escrito de tutela que actualmente se
desempeña en el Juzgado 8° Civil del Circuito de Cali, aunado a que ya feneció su
licencia de maternidad.

En ese sentido, es evidente que con la referida publicación N°. 10 de mayo de
2022 no se conculcó materialmente la transgresión al derecho a la estabilidad
laboral que reclama la parte actora, en atención a que, tal como lo manifestó la
Seccional demandada en su memorial de intervención, la facultad para establecer
si es procedente el nombramiento del ciudadano que tiene derechos de carrera en
el empleo que ocupa la tutelante está en cabeza del nominador por ser la
autoridad que debe ponderar la prevalencia de los derechos que se encuentren en
contraposición.

Tampoco se advierte que con ocasión de la referida publicación se incumplieran
las reglas que estableció la Corte Constitucional en la SU-075 de 2018, ni los
señalamientos contenidos en las sentencias T-464 de 2019, T-088 de 2010,
puesto que la accionante se encuentra vinculada y al momento de la interposición
y fallo de esta acción de tutela, no se ha proferido el nombramiento de la persona
que ocuparía el empleo en propiedad.

2.6.2.3. En cuanto a la decisión de 19 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Civil, citada por la actora
como sustento de la vulneración, es preciso resaltar que la situación fáctica de ese
antecedente difiere del sub examine comoquiera que en dicha oportunidad se
demostró que la señora Jennifer Ñañez Cucuñame, estando en embarazo fue
desvinculada con ocasión de la designación del ciudadano que tenía derechos de
carrera, pese a que en el Juzgado 6° Civil del Circuito de Cali existía otro cargo de
igual categoría sobre el cual el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca había comunicado con anterioridad que podía ser provisto con los
integrantes de la lista de elegibles.

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En ese sentido, concluye esta Colegiatura que no se configura una violación al
derecho fundamental a la igualdad, habida cuenta que el antecedente y el asunto
de la referencia no son similares y, en todo caso, las providencias dictadas por los
tribunales no son vinculantes debido a que no actúan como órganos de cierre de
la respectiva jurisdicción, por tanto, no constituyen precedente. Finalmente, los
jueces de la República están facultados para administrar justicia en el marco del
principio de la autonomía judicial, razón suficiente para descartar la imperatividad
de una decisión de un tribunal respecto del Consejo de Estado en función
constitucional.

Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria concerniente a que se
ordene a la Seccional censurada no remitir la comunicación de que trata el artículo
167 de la Ley 270 de 1996,9 es preciso señalar que tal actuación se efectúa
cuando la judicatura nominadora informa, a su vez, a la dirección o al consejo
seccional respecto de la vacante, es decir, que esta facultad también se encuentra
dentro de la esfera funcional de índole administrativa del respectivo juez.

Así las cosas, no es pertinente que a través de la acción de tutela se pretendan
amparos y órdenes relacionadas con hechos que no han sucedido y que, de todas
formas, son del resorte del nominador.

2.7. Conclusión

La Sala de Decisión confirmará la sentencia de 10 de junio de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al no encontrar configurada la
vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada derivada
del fuero de maternidad invocado por la señora Viviana Franco Salgado.

3. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de junio de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que NEGÓ la solicitud de amparo
formulada por la señora Viviana Franco Salgado contra el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca y el Juzgado 8° Civil del Circuito de Cali.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

9
“ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en cargo de
funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de
los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el
envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el
correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la
lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los
diez (10) días siguientes.”

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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