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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00675-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00675-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00675-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandada : Nohra Hernández Domínguez
Tema : Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), contra la sentencia del 28 de
febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) instauró
demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución
GNR 180234 del 20 de mayo de 2014, mediante la cual se reliquidó e incluyó en nómina
la pensión de vejez reconocida a la señora Nohra Hernández Domínguez, efectiva a partir
del 1.° de enero de 2014, en cuantía inicial de $ 4.585.619, conforme con lo dispuesto el
Decreto 546 de 1971.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) ordenar a la señora Nohra
Hernández Domínguez reintegrar los valores pagados por concepto de aportes al fondo
de solidaridad desde su inclusión en nómina de pensionados hasta que cese el pago, con
la respectiva indexación; y (ii) condenar a la accionada al pago de los intereses a que
haya lugar, así como las costas del proceso.

3. Argumentó que la liquidación de la pensión de vejez reconocida mediante la
Resolución GNR 180234 del 20 de mayo de 2014 fue contraria a derecho dado que la
cuantía correcta ascendía a $ 2.038.822, actualizada a 2021 en $ 2.703.078. Sin
embargo, en el acto censurado se reconoció un valor de $ 4.585.619, debido a que se
tomó un ingreso base de cotización (en adelante IBC) acumulado del mes de diciembre,

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)
Demandante: Colpensiones

sin depurar conforme a las reglas de liquidación, es decir, sin aplicar la asignación básica
y las doceavas partes de los factores salariales correspondientes. Esta situación generó
una mesada pensional desproporcionada.

Contestación de la demanda.

4. Nohra Hernández Domínguez se opuso a las pretensiones de la demanda alegando
que la presunta irregularidad en la liquidación de su pensión es atribuible a la entidad, ya
que obedece a los procedimientos ejecutados por los funcionarios encargados de ese
trámite, sin que pueda atribuírsele a ella, en su calidad de pensionada, conducta
temeraria o dolosa.

5. Propuso las excepciones denominadas: cobro de lo no debido, ausencia de
cumplimiento de la carga probatoria respecto de la falsedad, fraude o daño en el trámite
pensional, y una excepción genérica. Estas fueron sustentadas en la improcedencia del
reintegro de sumas de dinero, dado que no se utilizaron medios fraudulentos o ilegales y
que, en todo momento, actuó de buena fe.

6. Finalmente, frente a la solicitud de condena en costas, señaló que no es procedente
imponer dicha condena a ninguna de las partes, aun si el titular de la prestación resulta
vencido, especialmente considerando que ella también ha incurrido en gastos por la
contratación de un abogado.

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y
no impuso condena en costas. Concluyó que los elementos probatorios aportados
resultan insuficientes para efectuar la operación necesaria que permita determinar si el
acto administrativo acusado adolece de nulidad por un presunto error en el cálculo
realizado durante la reliquidación de la mesada pensional. En consecuencia, señaló que,
conforme al principio onus probandi, Colpensiones no acreditó del error alegado, lo que
impide verificar la supuesta transgresión al régimen de pensiones invocada por la parte
demandante.

8. Adicionalmente, el Tribunal consideró que no procede la condena en costas contra la
entidad demandante, dado que en el proceso se ventilaron intereses de carácter público,
concretamente el patrimonio del Estado.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

9. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandante al argumentar que para la liquidación de la pensión de la demandada
se tuvieron en cuenta los valores cotizados y reportados como IBC. Señaló que la
obligación de reportar correctamente el IBC recae en el empleador, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1158 de 1994. Indicó que el cálculo correcto arroja un valor de $
2.038.822 para el año 2014, actualizado a $ 2.703.078 para el 2021, cifra inferior a la que
actualmente percibe la demandada.

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Demandante: Colpensiones

10. Asimismo, insistió en que en el acto administrativo acusado aplicó indebidamente el
Decreto 541 de 1976, al tomar cono base un IBC acumulado en del mes de diciembre,
sin realizar la depuración correspondiente. Afirmó que no se acreditaron los requisitos
legales para el reconocimiento de la pensión bajo ninguna norma. Por último, solicitó que
se ordene a la demandada reintegrar los valores recibidos indebidamente, por no asistirle
derecho a percibirlos.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

11. Mediante auto proferido el 9 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte la demandante. Posteriormente, a través de providencia del 2 de
abril de 2025 el despacho se abstuvo de decretar e incorporar la prueba documental
allegada por la parte actora con el recurso de apelación, y se negó la solicitud de
acumulación de procesos presentada por Colpensiones.

12. Encontrándose dentro de la oportunidad procesal, la demandada presentó
alegaciones respecto al recurso, señalando que la apelante carece de razón, dado que
en su escrito introdujo asuntos que no fueron objeto del debate en primera instancia,
como el presunto incumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la pensión de
vejez y la improcedencia de percibir doble asignación del erario. Además, discutió los
argumentos de la entidad relacionados con la devolución de las sumas pagadas,
indicando que no se desvirtuó la presunción de buena fe y que no puede atribuírsele la
responsabilidad de los errores de la administración.

13. El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

14. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código
General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consecuencia,
corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada.

Problema jurídico.

15. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo
del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del
término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 a los procesos que se encontraban en curso para la fecha en que entró en
vigor la norma.

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Demandante: Colpensiones

16. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20241 prevé una regla especial de caducidad según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán
ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude
o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y
que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a
partir de la vigencia de esta ley.»

17. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas
disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de la norma,
según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se
encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta cuestión,
la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida
disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo
de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada
norma2, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto
es, el 16 de julio de 20243.

18. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede
generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83
de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,

1 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dictan
otras disposiciones”.
2 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-
2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre
de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
3 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo
concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en
el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás
disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia
desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se
realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-
2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Demandante: Colpensiones

en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».

19. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos
promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se
encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

20. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa
prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer
las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas y,
en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En
cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte
Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de garantizar la
efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho
encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:

«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador,
• numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de
configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y
demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite
al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la
seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten
desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. […] el proceso
no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la
realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica
(Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la
doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29,
150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para
fijar tales formalidades procesales.»4 (Subrayado propio).

21. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el
legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al
no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos
procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico5.

22. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular
los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los
antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto original de la
norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las

4
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Demandante: Colpensiones

actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 20036; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es
Ley de la República.

23. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad
fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que declaró la
inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y
tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite
temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y
la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en
la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229
C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):

«Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin
prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el
universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya
consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la
inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente
determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse
a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso
extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con
la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo
contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los
actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio
bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede
perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin
embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y
desproporcionada. […]

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29
C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de
Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que
desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al
legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la
integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las
personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la
Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.»7 (Resaltado original,
subrayado propio)

24. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del

6 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones
reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las
personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para
que dicho reconocimiento sea cuestionado:

«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las
pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión,
bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe,
es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en
cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y
una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo
adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que
en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver
revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento
de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones.
Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado
esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien al Estado o
han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan
seguridad de obtener una decisión definitiva.»8

25. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que
procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que
ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para
jubilarse.

26. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso
en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una
tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra
reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los
derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los
trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según el parecer de esta Sala,
prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les
reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por
la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenamiento jurídico a tales
derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la
Constitución.

27. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta

8 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.

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Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.

28. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente
incompatible su aplicación simultánea»9.

29. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad
concreto10, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el
presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma
hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad
competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea
ostensible.

30. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la entrada
en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone afirmar que el
artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó y promulgó.

31. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente aplicable tanto
en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma (16 de julio de
2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose, en todo caso,
aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de
algún delito.

32. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la acción de
encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en que
se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se encontraba en
curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; esto
último, aun si el demandado no la propuso como excepción.

Caso concreto.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010, rad. núm.
66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
10 “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de
constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control
de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad
concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior
jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P.
Darío Quiñonez.

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Demandante: Colpensiones

33. Está probado que a la señora Nohra Hernández Domínguez le fue reconocida
pensión de vejez mediante la Resolución ISS 39737 del 28 de octubre de 2011. Luego,
dicha prestación se reliquidó e incluyó en nómina por medio de la Resolución GNR
180234 del 20 de mayo de 2014, efectiva a partir del 1.° de enero de 2014.

34. En el presente asunto se cuestiona la Resolución GNR 180234 del 20 de mayo de
2014 y la demanda fue radicada ante los Juzgados Administrativos de Cali el 30 de
septiembre de 2021, la cual con posterioridad fue remitida al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca por competencia.

35. Así las cosas, comoquiera que la demanda fue interpuesta más de siete (7) años
después de haberse proferido el acto administrativo censurado, esta Subsección
declarará de oficio la excepción de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto
en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Condena en costas.

36. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.

37. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de condena
en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo –
valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:

«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»11

38. Descendiendo al caso concreto, se considera que, si bien la sentencia de primera
instancia fue revocada en su totalidad en los términos del numeral 4 del artículo 365 del
CGP, no se advierte que la demanda haya carecido de forma manifiesta de fundamento
legal. Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que la declaratoria de oficio de
la excepción de caducidad obedece a una norma que no existía para la fecha en que se

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

9

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)
Demandante: Colpensiones

presentó la demanda y por ello no le era exigible tenerla en cuenta. Por lo expuesto, no
se impondrá condena en costas en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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