Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-00700-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-00700-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2022-00700-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2022-00700-01 (29582)
Demandante C.I METALES Y METALES DE OCCIDENTE S. A.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN
Temas Impuesto sobre la renta 2016-2017. Rechazo de costos.
Inexistencia de operaciones. Carga de la prueba.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca1, que resolvió lo siguiente:
DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 052412021000023 del 29 de marzo de
2021, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Cali, mediante la cual se propone modificar la declaración de renta presentada por C.I.
METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A., por el año gravable 2016 y la Resolución No. 002816 del
7 de abril de 2022 que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la liquidación oficial
mencionada.
SEGUNDO.- DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 052412021000019 del 19
de marzo de 2021, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Cali, mediante la cual se propone modificar la declaración de renta presentada
por C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A., por el año gravable 2017 y la Resolución No.
002395 del 28 de marzo de 2022, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la liquidación
oficial mencionada.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de las declaraciones de
renta y complementarios presentadas por la sociedad C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A.,
correspondientes a las vigencias 2016 y 2017.
CUARTO.- SIN CONDENA en costas procesales.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 2 de mayo de 2017 y el 26 de abril de 2018, C.I METALES Y METALES DE OCCIDENTE
S.A. (en adelante, C.I. Metales) presentó las declaraciones del impuesto sobre la renta
correspondientes a los años gravables 2016 y 2017, respectivamente, liquidando en
ambas impuesto a pagar. Con ocasión de los requerimientos especiales emitidos
por la DIAN, la actora corrigió parcialmente las declaraciones inicialmente
presentadas, para aceptar el rechazo de parte del costo por compras a personas
naturales obligadas a facturar, incrementar el impuesto a pagar, y liquidar sanción
de inexactitud reducida.
A continuación, la administración profirió las liquidaciones oficiales de revisión
052412021000023 del 29 de marzo de 2021 y 052412021000019 del 19 de marzo
de 2021, mediante las cuales reconoció las correcciones parciales de las
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Samai de tribunal, índice 55.
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Demandante: C.I Metales y Metales de Occidente S.A
declaraciones de renta de los años 2016 y 2017 efectuadas por C.I. Metales, y
mantuvo el rechazo de los costos restantes por la compra de mercancía,
aumentando el monto del impuesto a pagar y liquidando sanción de inexactitud.
La actora interpuso recursos de reconsideración contra los actos liquidatorios, los
cuales fueron resueltos mediante las resoluciones 002816 del 7 de abril de 2022 y
002395 del 28 de marzo de 2022, confirmando las modificaciones a las
declaraciones de renta de los años 2016 y 2017, respectivamente.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demandas
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones:
En demanda presentada el 22 de julio de 2022 solicitó que se declare la nulidad de
la actuación administrativa contenida en los siguientes actos2:
1. Liquidación Oficial de Revisión No. 052412021000023 del 29 de marzo de 2021, proferida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cali,
mediante la cual se propone modificar la declaración de renta presentada por C.I. METALES Y
METALES por el año gravable 2016.
2. Resolución No. 002816 del 7 de abril de 2022, que resolvió el recurso de reconsideración y fue
proferida por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN—, mediante la cual se confirma la
Liquidación Oficial antes mencionada.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de C.I. METALES Y METALES
en el sentido de declarar la firmeza de la declaración de renta presentada por el año gravable 2016.
4. Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho.
En demanda presentada el 27 de julio de 2022 solicitó que se declare la nulidad de
los siguientes actos3:
1. Liquidación Oficial de Revisión No. 052412021000019 del 19 de marzo de 2021, proferida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cali,
mediante la cual se propone modificar la declaración de renta presentada por C.I. METALES Y
METALES por el año gravable 2017.
2. Resolución No. 002395 del 28 de marzo de 2022, que resolvió el recurso de reconsideración y fue
proferida por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN—, mediante la cual se confirma la
Liquidación Oficial antes mencionada.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de C.I. METALES Y METALES
en el sentido de declarar la firmeza de la declaración de renta presentada por el año gravable 2017.
4. Que se condene a la demanda (sic) al pago de las costas y agencias en derecho.
Invocó la vulneración de los artículos 82, 88, 107, 177-2, 499, 617, 647, 671, 714,
730, 742, 743, 745, 746, 771-2 y 774 del Estatuto Tributario; 16 del Decreto 1001
de 1997; 164, 176 y 242 del Código General del Proceso; y, 29, 83 y 338 de la
Constitución Política. A continuación, se resume el concepto de la violación:
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Samai tribunal, índice 3.
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Samai tribunal, índice 3. Acumulación de procesos. Expediente digital.
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Explicó que es una sociedad de comercialización internacional, que se dedica a la
compra de chatarra para su posterior exportación; que la administración rechazó los
costos por la compra de materiales al considerar inexistentes las operaciones y los
proveedores; y, que respecto de algunos de los vendedores adujo el incumplimiento
de la obligación de facturar.
En ese contexto, indicó que corrigió parcialmente sus declaraciones frente a los
proveedores que consideró obligados a facturar y cuestionó que, no obstante, las
correcciones y que la demandada aceptó el valor numérico corregido, mantuvo la
glosa aduciendo la inexistencia de dichos terceros.
Indicó que el acto liquidatorio incurrió en un error al calcular los costos rechazados
respecto del año 2016. Sostuvo que, respecto del año 2017, corrigió su declaración
de renta para rechazar como costo deducible los pagos realizados a proveedores
que habrían estado obligados a facturar. Defendió que el valor que debía rechazarse
correspondía al monto que excediera el tope previsto en el artículo 177-2 ibidem.
Alegó que, sin embargo, la demandada mantuvo el rechazo de los costos y no se
pronunció sobre sus argumentos.
Adujo que la demandada no podía exigirle investigar si los proveedores habían
realizado transacciones con otros establecimientos comerciales y su información
exógena para verificar si estaban obligados a facturar. Señaló que cumplió la
obligación de exigirle a sus vendedores el RUT respectivo, en donde informaron
pertenecer al régimen simplificado.
Indicó que la demandada omitió valorar las pruebas allegadas en sede
administrativa para demostrar la realidad de las operaciones cuestionadas, como
facturas, registros de entrada de mercancías, comprobantes de egreso, notas de
contabilización de compras, libro auxiliar contable por terceros, certificados al
proveedor, certificados de revisor fiscal, protocolos de ingreso de proveedor,
bitácoras de ingreso de mercancías a instalaciones de la compañía, muestra de
certificaciones de clientes del exterior, certificaciones bancarias, y reseña y
explicación del proceso operativo.
Expuso un diagrama para explicar la trazabilidad de la compra y exportación de
chatarra y, a continuación, explicó el material probatorio allegado para soportar cada
paso.
Señaló que la DIAN sustentó la supuesta simulación de las operaciones en siete
indicios concretos: (i) los pagos realizados mediante cheques canjeados en
ventanilla; (ii) ausencia de cuentas bancarias a nombre de los proveedores y de
compra de activos para su posterior venta; (iii) falta de localización en el domicilio
reportado en el RUT; (iv) respuestas con información parcialmente inconsistente; (v)
falta de reporte en información exógena y ausencia de retenciones; (vi) diversidad
de productos ofrecidos sin evidencia de infraestructura; y, (vii) falta de atención a
citaciones o requerimientos.
Precisó que únicamente el primer indicio resulta atribuible directamente a la
compañía, mientras que los demás corresponden a circunstancias propias de los
proveedores. Aclaró que los pagos se efectuaron mediante cheques girados al
primer beneficiario a través del sistema financiero, siendo decisión del proveedor su
canje o disposición, sin que ello constituya un pago en efectivo ni una práctica
prohibida en un contexto sectorial caracterizado por altos niveles de informalidad.
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Destacó que el cuestionamiento relativo a las altas cuantías giradas mediante
cheque carece de sustento, cuando se analiza el volumen real de operaciones y no
los pagos individualmente realizados en altos valores. Planteó que, si en gracia de
discusión, se asimilaran los pagos mediante cheques girados a pagos en efectivo,
ello constituye un modo legítimo de extinguir obligaciones, y bajo el artículo 771-5
del Estatuto Tributario eran deducibles en el impuesto de renta. Presentó sendos
cuadros para los años 2016 y 2017, en donde relacionó los proveedores
cuestionados, incluyendo para cada uno de ellos, el número de cheques girados y
el valor total tomado como deducible, y explicó que el número significativo de
cheques por proveedor da cuenta de la existencia de múltiples operaciones
individualizadas.
Agregó que, en sede judicial, se aportaron cheques microfilmados girados a los
proveedores, a partir de los cuales es posible constatar tanto su efectivo giro como
su cobro en ventanilla por los beneficiarios o su endoso a terceros.
Señaló que el Anexo T de las demandas, además de incluir los cheques
microfilmados también contiene datos tales como: «(i) nombre del proveedor; (ii) cédula o
NIT; (iii) número del cheque; (iv) valor del cheque; (v) estado, esto es, si fue endosado o si lo cobró
directamente el proveedor; (vi) observaciones del Banco sobre la respuesta que dio el proveedor
respecto de la pregunta sobre el acompañamiento; (vii) nombre de quien cobró el cheque, caso en
el cual figura el nombre del proveedor o del tercero en favor de quien se endosó el cheque; (viii)
nombre de quien confirma la veracidad del cheque por parte de C.I. METALES Y METALES, y que
en algunos casos no figura nombre alguno debido a que el personal del Banco no se comunicaba
con la Compañía por conocer a los terceros que cobraban los cheques, o porque las llamadas de
validación se realizaban en horario de descanso y no eran atendidas».
Cuestionó que las demás razones de la demandada para rechazar los costos
corresponden a reproches dirigidos a terceros que escapan a las obligaciones que
debe cumplir la actora. Al efecto, reprochó que la administración haya considerado
como indicio la falta de respuesta a correos electrónicos por parte de los
proveedores, y destacó que, sin embargo, el acto liquidatorio reconoció que los
proveedores fueron contactados y comparecieron a las instalaciones de la
administración, donde manifestaron haber realizado operaciones con C.I. Metales
durante los años 2016 y 2017.
En este contexto, cuestionó que no hubiera sido citada a las visitas y diligencias en
las que comparecieron los proveedores ante la DIAN, y se refirió a la información
suministrada por los mismos en dichas diligencias.
Resaltó que la administración consideró como indicio en contra que dos de los
proveedores reportaran la misma dirección como lugar de operaciones durante el
año 2016. Al respecto, explicó que, según la declaración juramentada rendida ante
notario, dicho establecimiento correspondía a un lugar arrendado destinado al
acopio, el cual no implicaba una permanencia constante en el sitio, en atención a la
dinámica propia del sector de comercialización de chatarra. Resaltó que, de las
declaraciones que obran en el expediente, se desprende que varios proveedores se
conocen entre sí y pertenecen al mismo sector.
Destacó que los proveedores cuestionados presentaron en su mayoría
declaraciones de renta, en las que reportaron ingresos que coinciden con los
registrados por C.I Metales como costos por compra de chatarra, salvo dos casos
específicos. Y llamó la atención que ciertos proveedores, si fueron reconocidos por
la propia administración sin reparo alguno, pese a que sus respuestas y condiciones
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eran similares a las de los demás cuestionados, lo que, evidencia una falta de
consistencia en la valoración realizada.
Señaló que los cuestionamientos sobre la baja tributación, o incumplimientos
formales de los proveedores corresponden a la realidad fiscal de dichos terceros y
no le podían ser trasladados. Resaltó que, aun cuando algunos vendedores no
reportaron información exógena ni practicaron retenciones, C.I Metales sí lo hizo, lo
que le permitió a la administración obtener información de los terceros, y expedir los
actos demandados.
Indicó que aportó en la instancia jurisdiccional una matriz detallada con sus
respectivos anexos, compuesta en su mayoría por pruebas ya allegadas en sede
administrativa, que no fueron valoradas por la administración, en la cual se consigna
información detallada de los proveedores y de la trazabilidad de las compras
realizadas.
Respecto de los certificados al proveedor que aportó, explicó que al ser una
comercializadora internacional está obligada a su expedición a través de los
sistemas electrónicos de la DIAN, y que tienen por finalidad dejar constancia de que
los bienes fueron adquiridos en el país con destino a ser exportados en el mismo
estado. Resaltó que los certificados resultan indispensables para poder adelantar
las exportaciones, y acreditar el cumplimiento de los requisitos que permiten tratar
dichas operaciones como exentas de IVA.
Añadió que, para los años en discusión, los certificados constituían documentos
equivalentes a la factura, por lo que representan un soporte idóneo de las
operaciones realizadas, especialmente con proveedores del régimen simplificado.
Mencionó que una de las pruebas aportadas fue un anexo con protocolos de ingreso
del proveedor al sistema de C.I Metales, en los cuales se verifica la existencia y
situación del proveedor a través de documentos y consultas ante diferentes
entidades.
Respecto del indicio relativo a la dificultad para ubicar los establecimientos o
domicilios de algunos proveedores, adujo que dicha circunstancia no puede
valorarse en su contra, dado que en el sector de comercialización de chatarra es
común que los proveedores no cuenten con un lugar fijo de operaciones, en
atención a la informalidad de la actividad. Añadió que la verificación realizada varios
años después de las operaciones reduce aún más la posibilidad de localización.
Agregó que aportó verificación ocular de la mercancía, documentada en las
bitácoras, así como en los registros de ingreso y pesaje en las instalaciones de la
actora y su posterior exportación junto con declaraciones juramentadas rendidas
ante notario por personal de seguridad y operarios que dan fe del ingreso del
material a dichas instalaciones.
Añadió que allegó el certificado de revisor fiscal, en el cual se realizó un análisis
comparativo entre los años 2015 y 2016, y 2016 y 2017, evidenciando una alta
participación de los costos frente a los ingresos, lo que responde a la naturaleza del
modelo de negocio. Incorporó un cuadro comparativo de compras y ventas de los
años cuestionados para explicar que adquirió chatarra en cantidades y valores muy
similares a los que posteriormente exportó, lo que permite concluir que, su modelo
de negocio genera un margen de utilidad reducido.
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Refirió las declaraciones extra-juicio de los proveedores cuestionados para soportar
que las operaciones fueron reales, teniendo en cuenta el detalle de la información
suministrada por los terceros sobre valores de las transacciones, lugares físicos de
operación, y formas de pago.
Indicó que el transporte de la mercancía se realizaba mediante vehículos propios y
a través de los mismos proveedores, circunstancia que se encuentra respaldada
con documentación y declaraciones juramentadas de personas vinculadas a estas
labores. Afirmó que la efectiva entrada de la mercancía a sus instalaciones está
respaldada por las bitácoras que dan cuenta del material exacto que diariamente
ingresaba.
Adujo que, como prueba del pesaje del material, se aportaron documentos
extracontables y registros de los pagos realizados a terceros que prestaban el
servicio de pesaje y mantenimiento de básculas debidamente certificadas, así como
soportes que evidencian dichos servicios. Adicionalmente, indicó que el ingreso del
material a las instalaciones se encuentra registrado en el sistema de la compañía a
través del Kardex.
Pidió la aplicación del artículo 745 del Estatuto Tributario, en caso de subsistir
alguna duda. Además, sostuvo que la administración vulneró el debido proceso por
falta de motivación de los actos, al limitarse a reiterar en la resolución que falló el
recurso de reconsideración los argumentos de la liquidación oficial de revisión, sin
analizar ni valorar las pruebas y alegaciones presentadas.
Mencionó que la demandada desconoció costos sin que los proveedores hubieran
sido declarados ficticios y pese a existir pruebas directas de las operaciones. Solicitó
de manera subsidiaria, de no aceptarse la prueba directa de los costos, su
reconocimiento vía costo presunto conforme al artículo 82 del Estatuto Tributario.
Explicó que la declaración de renta del año 2016 adquirió firmeza, dado que el
requerimiento especial fue notificado extemporáneamente, teniendo en cuenta la
interpretación oficial emitida por la DIAN sobre el término de firmeza aplicable a las
declaraciones presentadas en el año 20174. Planteó que la sanción de inexactitud
es improcedente al no existir inclusión de costos inexistentes ni utilización de datos
falsos, y que en todo caso habría una diferencia de criterios frente a los argumentos
de la administración.
De otra parte, reiteró que la administración omitió valorar las pruebas allegadas en
sede administrativa, por lo que le solicitó al tribunal valorarlas en su integridad. Para
el efecto, allegó en las dos demandas anexos con pruebas relativas a cada una de
las etapas relativas a la adquisición de la mercancía. Además, mediante adición de
las demandas por las vigencias del año 20165 y 20176, solicitó el decreto y práctica
de pruebas testimoniales, consistentes en la declaración de los proveedores de la
sociedad, con el propósito de que rindieran testimonio dentro del proceso.
Oposición a las demandas
La DIAN controvirtió las pretensiones de las demandas7, para lo cual afirmó que todas
las pruebas recaudadas en la investigación administrativa fueron apreciadas y
4
Citó el Concepto Unificado del 25 de julio de 2017.
5
Samai tribunal, índice 10
6
Samai tribunal, índice 13. Radicado antes de acumulación 76001233300020220070100.
7
Samai tribunal, índice 13 (2016). Samai tribunal, índice 14 (2017), radicado antes de acumulación
76001233300020220070100.
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valoradas en conjunto en la motivación de los actos administrativos demandados, a
la luz del artículo 176 del Código General del Proceso. Manifestó que las pruebas
fueron descalificadas por apariencia de legalidad, en virtud del análisis conjunto de
indicios probados, tales como actas de visita, documentos y testimonios allegados
en virtud de autos comisorios, y actas de comparecencia, entre otros. Al efecto,
reseño los hallazgos frente a cada proveedor cuestionado y manifestó que, ante los
cuestionamientos de la administración, el contribuyente debía acreditar las
circunstancias de las operaciones realizadas.
Planteó que, de los quince proveedores inicialmente cuestionados en el año 2016,
al haberse aceptado la corrección respecto de cinco de ellos y reconocido
adicionalmente uno con ocasión del recurso de reconsideración, la glosa se
mantuvo respecto de nueve proveedores, de los cuales cuatro fueron rechazados
por inexistencia de las operaciones y cinco por no facturar estando obligados a ello.
Frente al año 2017, manifestó que se cuestionaba la existencia de las operaciones
con cinco proveedores, y con algunos que no había emitido las facturas estando
obligados a ello.
Indicó que, en relación con los proveedores cuestionados por inexistencia de las
operaciones, varios no comparecieron inicialmente a los requerimientos de la
entidad y, aun cuando algunos acudieron posteriormente, no aportaron soportes
idóneos para verificar la trazabilidad de las transacciones. Explicó que del análisis
conjunto de la información de los vendedores se evidenciaron inconsistencias entre
las declaraciones de renta, IVA, los inventarios y los valores reportados por la actora,
así como la ausencia de información exógena y de declaraciones de retención en la
fuente. Añadió que algunos proveedores manifestaron no utilizar el sistema
bancario, lo que impedía verificar la realidad económica de las operaciones.
Señaló que se identificaron aspectos comunes como la inexistencia de
establecimientos de comercio o infraestructura física, el desconocimiento de
citaciones, los pagos en efectivo o mediante cheques cobrados por ventanilla pese
a la cuantía de las operaciones, la falta de evidencia de recibo de bienes y, en
general, la carencia de infraestructura económica y logística. En ese contexto,
concluyó, que el conjunto de pruebas aportadas por la actora no logró desvirtuar los
indicios de inexistencia de las operaciones.
Explicó que la documentación contable, certificaciones, comprobantes internos y
demás soportes no acreditaban por sí mismos la materialidad de las compras ni las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de su realización. Precisó que el certificado
del revisor fiscal no constituye prueba suficiente, en tanto está supeditado a
operaciones que se fundamentan en registros contables de la actora, y que para el
reconocimiento fiscal de costos se debe cumplir con la tarifa legal.
Indicó que los certificados de proveedor, documentos de exportación y
certificaciones de clientes en el exterior, hacen referencia a ingresos por
exportaciones, pero no comprueban las compras. Adujo que la certificación de la
contadora sobre el margen bruto de utilidad de años 2015 a 2016 no resulta
suficiente y útil para revocar la glosa.
Negó la aplicación del artículo 745 del Estatuto Tributario, por no ser procedente en
casos donde pruebas, como la indiciaría, desvirtúan otras como las formales de la
contabilidad, facturas y demás comprobantes y documentos allegados. Afirmó que
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tampoco resulta aplicable cuando le corresponde al contribuyente demostrar la
realidad de operaciones económicas.
Indicó que no se configuró falsa motivación, en tanto los actos contienen una
explicación suficiente del rechazo, basada en la valoración integral de las pruebas
y en la diferenciación entre operaciones irreales y aquellas sin soporte idóneo.
Precisó que el rechazo no se fundamentó en la declaratoria de proveedores ficticios,
sino en la verificación de la irrealidad de las operaciones.
Señaló que las pruebas allegadas, incluidos los cheques microfilmados, no permiten
acreditar la materialidad de las transacciones, pues su cobro por ventanilla o endoso
impide establecer trazabilidad y verificar que los recursos fueron efectivamente
recibidos por los proveedores en el marco de las operaciones cuestionadas.
Específicamente, frente a las declaraciones rendidas por determinados
proveedores, manifestó que estas presentaban inconsistencias y contradicciones
frente a los demás elementos probatorios recaudados.
Respecto de los proveedores rechazados por falta de facturación, sostuvo que el
fundamento fueron los artículos 771-2 y 107 del Estatuto Tributario, dado que las
facturas no existieron, pese a que dichos terceros registraban niveles de ingresos
que implicaban la obligación de facturar, por lo que no se cumplía el requisito mínimo
para el reconocimiento fiscal del costo.
En ese sentido, señaló que quien pretende el reconocimiento de costos debe, al
menos, verificar mediante el RUT si su proveedor está obligado a facturar, pues de
ello depende su procedencia. Adujo que la liquidación oficial valoró la corrección
realizada por la actora con ocasión del requerimiento especial, pero persistían
operaciones sin las facturas correspondientes, respecto de lo cual se mantuvo el
rechazo. Indicó que no eran procedentes los cálculos matemáticos propuestos por
la demandante para objetar la exigencia de las facturas.
Indicó que los costos presuntos no constituyen un derecho del contribuyente, sino
una facultad de la administración que no procede cuando el rechazo obedece al
incumplimiento de la carga probatoria.
Sobre la firmeza de la declaración del año 2016, la cual fue presentada en 2017
cuando ya estaba en vigor la Ley 1819 de 2016, sostuvo que el término aplicable
era de tres años por tratarse de una norma procesal de aplicación inmediata, el cual
se extendió por la práctica de la inspección tributaria, de manera que tanto el
requerimiento especial como la liquidación oficial fueron notificados oportunamente.
Indicó que se impuso sanción por inexactitud ante la inclusión de costos inexistentes
o no probados que generaron un menor impuesto a cargo, configurándose tanto por
la irrealidad de las operaciones como por la ausencia de soporte idóneo. Adujo que
se comprobó el elemento subjetivo para tipificar la sanción, pues la contribuyente
actuó con conocimiento y voluntad al registrar los datos en su declaración. Añadió
que no se presenta diferencia de criterios, pues la demandante incurrió en el
desconocimiento del derecho aplicable.
Solicitó no condenar en costas a la DIAN, dado que los actos administrativos se
expidieron en cumplimiento de la función administrativa, conforme a la verdad real.
Pidió condenar en costas a la actora, teniendo en cuenta todos los gastos y
expensas en los que la parte demandada incurrió, para lo cual refirió la Resolución
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Demandante: C.I Metales y Metales de Occidente S.A
19 de febrero 24 de 2021 para acreditar el valor incurrido para escanear los
antecedentes administrativos.
De otra parte, frente a la adición de las demandas8 adujo que la solicitud de pruebas
testimoniales no cumple con los requisitos exigidos, en tanto no se informa su
finalidad, y no reúne los requisitos de necesidad, pertinencia y utilidad, pues el
material probatorio obrante en la actuación es suficiente para esclarecer los hechos
que originaron los actos demandados.
Sentencia apelada9
El Tribunal aceptó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas10, para
lo cual se refirió a cada uno de los indicios planteados por la administración y a las
respuestas ofrecidas por la parte actora.
Señaló que estaba acreditado que los vendedores atendieron los requerimientos de
la DIAN y comparecieron a rendir declaración en las instalaciones de la demandada,
coincidiendo en afirmar que mantuvieron relaciones comerciales de venta de
chatarra con la demandante, circunstancia que fue reiterada en sede judicial por
varios proveedores. Añadió que la ausencia de establecimiento de comercio no
constituye un indicio en contra, dado que se trata de una actividad informal que no
exige necesariamente infraestructura física, por lo que dicha circunstancia no
desvirtúa la realidad de las operaciones.
Consideró que las cifras de las operaciones se encontraban debidamente
soportadas en facturas y registros contables, frente a los cuales la DIAN no formuló
reparo alguno, de modo que las imprecisiones en las declaraciones —referidas a
que solo dieron valores aproximados de las operaciones—, no constituyen prueba
idónea para desvirtuar las transacciones. Destacó, además, que la actora aportó
una matriz detallada con soportes documentales. Concluyó que no es posible exigir
a la demandante la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
sus proveedores, pues dicha carga corresponde a la administración.
Señaló que la actora acreditó los pagos efectuados, tanto en sede administrativa
como judicial, y para el efecto incluyó cuadros para el año 2016 y 2017, en los que
se relacionan el número de cheques girados por proveedor y el valor pagado,
tomado como deducible. Indicó que la demandante aportó en sede administrativa
toda la información relativa a los cheques girados, la cual no fue controvertida por
la administración, y con los cheques microfilmados se demuestra que estos fueron
emitidos y efectivamente cobrados o endosados por los proveedores, lo cual fue
corroborado por los mismos en sede administrativa y mediante testimonios en sede
judicial.
Indicó que la falta de respuesta de los proveedores a los correos de la DIAN no
constituía indicio de inexistencia, pues advirtió que la mayoría acudió a las
citaciones realizadas en sus instalaciones. Calificó errado inferir, a partir de las
declaraciones de los proveedores, la supuesta diversidad de productos vendidos,
pues advirtió que todos coincidieron en que comercializaban chatarra, actividad que
por su naturaleza comprende objetos de distintos materiales en desuso.
8
Samai tribunal, índice 39.
9
La parte actora mediante escrito del 31 de enero de 2023 solicitó la acumulación de los procesos correspondientes a las
vigencias fiscales 2016 y 2017, la cual fue aceptada por el tribunal mediate auto interlocutorio del 31 de marzo del mismo
año. Samai tribunal, índices 23 y 25.
10
Samai tribunal, índice 55.
9
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Señaló que, de las declaraciones rendidas en sede judicial por el propietario, el
representante legal y el jefe de operaciones y seguridad de la actora, se podía
concluir que: la DIAN desconoció proveedores y compras como inexistentes pese a avalar la exportación
de la misma mercancía; que la empresa aplicaba un protocolo riguroso de validación de proveedores y
verificación en los sistemas de la DIAN; que su margen de utilidad era bajo por sujeción a tarifas internacionales
y alta competencia; que expedía certificados de proveedor conforme a la normativa y exigencias de la DIAN y
del Ministerio de Comercio Exterior; que los pagos se realizaban mediante cheque al primer beneficiario; que
ninguno de los proveedores había sido declarado formalmente ficticio; y que la DIAN inspeccionó la bodega
donde se recibía la chatarra bajo dichos controles.
El Tribunal concluyó que, con fundamento en los hechos probados, la actora
desplegó un esfuerzo probatorio convincente para demostrar la realidad de los
proveedores y de las operaciones, sin limitarse a documentos formales, por lo que
consideró que los indicios de la DIAN no estaban debidamente probados ni tenían la
fuerza suficiente para desvirtuar las compras y que, en consecuencia, los actos
administrativos adolecían de falsa motivación, al sustentarse en hechos no
acreditados y omitirse hechos demostrados que habrían conducido a una decisión
distinta.
Advirtió que, aunque la actora aceptó la glosa relativa al desconocimiento de los
costos asociados a proveedores por falta de factura y corrigió su declaración de
renta del año 2017 con ocasión a la respuesta al requerimiento especial, la
administración no controvirtió dicha corrección ni expuso razones para mantener el
rechazo, limitándose a reiterar su postura inicial, lo que configuró una falta de
motivación de los actos administrativos.
En igual sentido, señaló que, respecto del año gravable 2016, aunque la
administración tuvo en cuenta parcialmente la corrección de la actora frente a costos
rechazados por falta de facturación de algunos proveedores omitió pronunciarse
sobre otros respecto de los cuales la actora sustentó su procedencia, sin exponer
razones para mantener su rechazo, lo que igualmente configuró una falta de
motivación del acto acusado.
Por lo indicado, el Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados y se abstuvo
de condenar en costas, al considerar que no se evidenció que la parte vencida
hubiera actuado con manifiesta carencia de fundamento jurídico, pues ambas partes
expusieron argumentos razonables en defensa de sus intereses.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia11, para lo cual cuestionó que
se hubiera dado prevalencia a pruebas formales, como facturas y registros
contables, desestimando los indicios que evidenciaban la inexistencia material de
las operaciones, incurriendo en un defecto fáctico por no valorar integralmente el
acervo probatorio ni los medios de prueba indirectos.
Señaló que, a partir de la investigación adelantada respecto de los proveedores, se
identificaron diversos indicios comunes que permitían concluir la inexistencia de las
operaciones, procediendo a reiterarlos.
Frente al indicio relacionado con la no localización de los proveedores en el domicilio
registrado en el RUT y la ausencia de establecimiento de comercio, cuestionó que el
tribunal lo hubiera desestimado con fundamento en las manifestaciones de los
11
Samai tribunal, índice 58.
10
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proveedores y en la supuesta informalidad de la actividad, sin advertir que dicho
indicio no estaba dirigido a controvertir la existencia de los proveedores como
personas, sino a evidenciar la falta de infraestructura y capacidad operativa. En ese
sentido, señaló que el tribunal otorgó mayor valor a afirmaciones carentes de
soporte y desconoció los resultados de las actuaciones de fiscalización.
Manifestó que el a quo desestimó indebidamente las inconsistencias en las
declaraciones de los proveedores sobre el valor de las ventas, pese a que no se
trataba de simples aproximaciones, sino de contradicciones relevantes. Al efecto,
refirió la información suministrada por los proveedores indagados en sede
administrativa y en la audiencia de pruebas.
Precisó que el incumplimiento de los proveedores, quienes omitieron reportar
información exógena y practicar retenciones pese a las cuantías manejadas, no es
una responsabilidad ajena al proceso, sino un indicio legítimo de inexistencia bajo
las reglas de la sana crítica. Manifestó que el tribunal erró al relevar a la actora de
demostrar la realidad sustancial de sus costos, ignorando la jurisprudencia del
Consejo de Estado que obliga al contribuyente a probar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de la operación una vez se ha desvirtuado la presunción de
veracidad mediante indicios serios. Concluyó que, al ampararse únicamente en la
contabilidad, el fallador de instancia desconoció que la realidad sustancial es la
premisa fundamental para la aceptación de las deducciones.
Adujo que el a quo incurrió en una indebida valoración del indicio relativo a la forma
de pago, pues el cobro sistemático de cheques por ventanilla por parte de
proveedores que carecen de cuentas bancarias constituye una conducta atípica que
desvirtúa la trazabilidad de las operaciones. Precisó que el tribunal otorgó plena
validez a los cheques microfilmados aportados en sede judicial, omitiendo que estos
no comprenden la totalidad de las operaciones cuestionadas.
Destacó que los terceros incurrieron en contradicciones sobre quién efectuaba el
cobro de los cheques y si estos se recibían en efectivo a través de intermediarios o
directamente en el banco. Manifestó que el fallador de instancia erró al no realizar
ninguna valoración sobre esta conducta reiterativa y las múltiples inexactitudes de
los proveedores respecto a las cantidades vendidas y los ingresos recibidos.
Añadió que la asistencia física de los proveedores ante la autoridad tributaria fue
interpretada erróneamente como un motivo para desestimar su inexistencia, cuando
lo que se cuestiona es la realidad de las operaciones. Concluyó que el yerro del
tribunal consistió en desestimar la conducta omisiva de los terceros frente a los
requerimientos de documentos soporte, otorgando validez a declaraciones sin
respaldo material, y desconociendo que la falta de respuesta sobre los soportes de
las transacciones es un indicio de su inexistencia.
Sostuvo que el indicio relativo a que los proveedores vendían diversos materiales
en cantidades significativas sin contar con capacidad física, operativa y logística no
podía analizarse de manera aislada. Señaló que el tribunal incurrió en error al
desestimarlo por considerar que la venta de chatarra implica diversidad de
materiales, sin atender que lo relevante era la magnitud de las operaciones frente a
la inexistencia de condiciones reales para desarrollarlas.
De otra parte, frente a las ventas sin factura de proveedores obligados a facturar
por el año 2017, manifestó que el acto liquidatorio acredita que aceptó la corrección
presentada por la demandante, y desconoció el valor restante de dichas compras,
11
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ya que no estaban soportadas con factura de venta. Señaló que lo mismo aconteció
con la liquidación oficial de revisión correspondiente al año gravable 2016, en la que
igualmente se aceptó parcialmente la corrección presentada por la actora, y se
mantuvo el rechazo de los valores que carecían de factura. Adujo que no se
presentó la falta de motivación endilgada por el tribunal.
Sostuvo que debía restarse valor a las declaraciones del propietario, representante
legal y jefe de operaciones, por tratarse de afirmaciones de la propia parte. Señaló
que el tribunal, al otorgar valor probatorio a las compras bajo el entendido de que
se encontraban respaldadas por procesos de exportación, incurrió en un error, pues
con ello desconoce la independencia de los procedimientos aduanero y tributario.
Agregó que el rechazo de costos no exige la declaratoria de proveedor ficticio, y que
el tribunal sobrevaloró declaraciones de parte, ignorando que se expusieron
consideraciones subjetivas y que carecen de soporte.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no se pronunció en esta instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de los actos demandados,
por medio de la cual la demandada rechazó costos por compras de residuos
industriales, en las vigencias 2016 y 2017. Específicamente, atendiendo a los
cargos de apelación formulados por la apelante, se debe determinar si los medios
probatorios allegados por la DIAN desvirtúan la realidad de las operaciones de
compra realizadas a los proveedores cuestionados, y si resulta entonces procedente
el rechazo de los costos de ventas. También debe establecerse si los actos en
cuestión carecieron de motivación, frente el rechazo de los costos que no estuvieron
debidamente soportados mediante factura de venta.
Análisis del caso concreto
1. Rechazo de costos por inexistencia de las operaciones
De conformidad con el artículo 746 del Estatuto Tributario, las declaraciones
tributarias están amparadas por la presunción de veracidad, por lo que, en principio,
se toman como ciertos los hechos consignados por el contribuyente en las mismas,
pero, como la certeza o seguridad que se tiene sobre la verdad de algún hecho
depende de cómo se acredita el mismo, es posible demostrar con pruebas que lo
inicialmente consignado resulta ser contrario a la realidad12.
En relación con la acreditación de los hechos, la veracidad no solo se desconoce,
entre otras circunstancias, cuando se presentan pruebas, datos o situaciones
palpablemente falsos, sino también cuando, mediante distintos medios probatorios,
se le da a un acto o negocio una apariencia sustancialmente distinta o contraria a la
realidad que verdaderamente se busca materializar. Este supuesto se relaciona con
la figura jurídica de la simulación, descrita por esta Sección como 13 «una anomalía
negocial en la que las partes dan al negocio que procuran celebrar una apariencia jurídica distinta, con el
propósito de no revelar ante terceros el verdadero contenido del negocio llevado a cabo».
12
Sentencia de 13 de marzo de 2025, exp. 27873, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp. 23823,M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
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Para poder desentrañar la verdad real detrás de las formas negociales, y de esa
manera detectar operaciones simuladas o inexistentes, la administración cuenta con
amplias facultades de fiscalización14. Es por esta razón que ha sido posición
reiterada de la Sección15 que si bien, para la procedencia de costos y deducciones,
el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige acreditar la correspondiente factura o
documento equivalente, según corresponda, esto no impide que la administración
ejerza sus facultades en aras de verificar la realidad de la operación que da origen
a la erogación.
De esta manera, la autoridad tributaria puede buscar la verdad real mediante
pruebas directas o indirectas como es el caso de los indicios. Al respecto la Sección
también ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser
suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló
operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la
declaración.
Por esa razón, ha sostenido que, ante la contundencia de los indicios, le
corresponde al contribuyente demostrar la realidad de las operaciones económicas
con sus proveedores16. Además, el artículo 167 del Código General del Proceso
establece que las partes deben probar el supuesto de hecho que pretenden alegar.
En el presente caso, nos encontramos frente a la situación descrita anteriormente,
considerando que en los actos demandados se discute el rechazo de unos costos
de ventas que, ante el cuestionamiento de la DIAN, C.I. Metales debía comprobar la
existencia de las operaciones que los generaron. En virtud de ello, la actora
presentó durante el proceso de fiscalización y en la primera instancia judicial
pruebas tendientes a demostrar la veracidad de las operaciones, para refutar el
conjunto de indicios presentados por la administración.
El Tribunal, después de la valoración del acervo probatorio, respaldó la procedencia
de los costos, y, en esa medida, la apelante adujo que había incurrido en un defecto
fáctico por no haber valorado integralmente el acervo probatorio ni los medios de
prueba indirectos. Alegó que se habían privilegiado las pruebas formales,
desestimando los indicios que evidenciaban la inexistencia material de las
operaciones.
De acuerdo con el Código General del Proceso, el juez para administrar justicia
debe establecer los hechos que sean ciertos y relevantes para la aplicación del
derecho sustancial, por lo que le corresponde reconstruir la verdad a partir de las
diferentes versiones alegadas por los sujetos procesales, teniendo en cuenta las
normas que regulan lo atinente a la aportación, práctica y valoración probatoria.
En el caso concreto, la actora presentó la declaración de renta por el año 2016, en
la que registró costo de ventas y un impuesto a pagar de $50.234.00017, la cual fue
corregida, con ocasión del requerimiento especial, rechazando parte del costo en
operaciones con personas naturales que no facturaron, incrementando el impuesto
a pagar a $67.314.000 y liquidando sanción de inexactitud18. La administración
14
Artículo 684 del Estatuto Tributario.
15
Sentencias del 19 de mayo de 2016, exp. 21185, M.P. Jorge Octavio Ramírez; del 30 de junio de 2022, exp. 25882, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y del
18 de septiembre de 2025, exp. 27882, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
16
Sentencia del 15 de octubre de 2021, exp 24937, M.P. Milton Chaves García
17
Samai tribunal, índice 13. Tomo 1. Parte 1. PDF. Fl 15.
18
Samai tribunal, índice 3. Expediente digital. Anexo I.
13
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mediante liquidación oficial de revisión del 29 de marzo de 2021 19, reconoció la
corrección parcial de la declaración realizada por la actora, y mantuvo el rechazo
del costo registrado en compras a 11 proveedores, cuatro de ellos por ausencia de
factura; incrementó el impuesto a pagar a $4,186,218,000; y liquidó sanción de
inexactitud.
Mediante la Resolución del 7 de abril de 202220 se resolvió el recurso de
reconsideración, modificando el acto liquidatorio, para aceptar como costo las
ventas de uno de los proveedores inicialmente cuestionados, dado que se verificó
que no estaba obligado a facturar. En lo demás, la resolución confirmó la liquidación
oficial.
De otra parte, la actora presentó declaración de renta del año 2017, el 26 de abril
de 201821, registrando costo de ventas, y un impuesto a pagar de $67.800.000, la
cual fue corregida, con ocasión del requerimiento especial, para rechazar el costo
en operaciones con personas obligadas a facturar, incrementando el impuesto a
$127.064.000, y liquidando sanción de inexactitud22.
La administración mediante liquidación oficial de revisión del 19 de marzo de 202123,
reconoció la corrección parcial de la declaración realizada por la actora, y mantuvo
el rechazo del costo registrado en compras a nueve proveedores, cuatro de ellos
por no facturar; incrementó el impuesto a pagar a $6.402.216.000, y liquidó sanción
de inexactitud, modificaciones que fueron confirmadas mediante la resolución del
28 de marzo de 202224 que decidió el recurso de reconsideración. No obstante, el
acto precitado corrigió errores de transcripción en los montos cuestionados que
fueron advertidos en el acto liquidatorio.
En vista de lo anterior, la Sección detalla a continuación los aspectos probatorios
relevantes del expediente, en relación con los proveedores que ejecutaron con la
actora operaciones de venta de chatarra, tachadas por la apelante como
inexistentes o simuladas:
Vigencia fiscal 2016
Proveedor - Costo rechazado Indicios de la administración
(i) No fue ubicado inicialmente en el domicilio registrado en el RUT. (ii)
Compareció ante la DIAN y manifestó haber realizado operaciones con la
actora, pero no aportó soportes; indicó que no realizó ventas en la cuantía
reportada y que los pagos eran recibidos en cheques que cobraba un
Diego Fernando Acuña – $5.401.914.000
tercero. (iii) Incumplimiento de obligaciones fiscales. (iv) Se observó que
no tenía inventarios del año 2015. (v) Inconsistencias entre el valor de
compras reportado en IVA y el costo de ventas registrado en renta (fls.
530, 536, 592 y 59625).
(i) No presentó información exógena. (ii) No presentó declaraciones de
Anayibe Trigo González – $908.275.075
retención en la fuente.
(i) No fue ubicado inicialmente en el domicilio registrado en el RUT. (ii)
Compareció ante la DIAN y manifestó haber realizado operaciones con la
Carlos Alberto Collazos Rivera – actora sin soportes; no recordó el monto y señaló que los pagos eran en
$1.638.238.000 cheques cobrados por un tercero. (iii) Inconsistencias entre IVA y renta
(fls. 537, 595 a 60426). (iv) No presentó declaraciones de retención en la
fuente.
19
Ibidem, Anexo C.
20
Ibidem. Anexo D.
21
Samai, tribunal. Acumulación de procesos. Índice 3. Anexo I.
22
Ibidem. Anexo I.
23
Ibidem. Anexo C.
24
Ibidem. Anexo D.
25
Samai tribunal, índice 13.
26
Ibidem
14
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Vigencia fiscal 2016
Proveedor - Costo rechazado Indicios de la administración
(i) No fue ubicado inicialmente en el domicilio registrado en el RUT. (ii)
Compareció sin soportes; pagos en cheques cobrados por un tercero. (iii)
José Aníbal Pizarro – $911.553.000
Inconsistencias entre inventarios, IVA, renta y exógena (fls. 538, 607 a
60927). (iv) No presentó exógena ni declaraciones de retención.
Vigencia fiscal 2017
Proveedor - Costo rechazado Indicios de la administración
(i) No presentó exógena y no se observaron compras de activos ni
Jhon James Patiño Carmona –
movimientos bancarios. (ii) Pagos en cheques cobrados por terceros. (iii)
$5.510.376.875
No fue ubicado en domicilio RUT. (iv) Compareció sin soportes.
(i) No presentó exógena y no se observaron compras de activos ni
José Neiger Díaz Lenis – $3.871.311.000 movimientos bancarios. (ii) Pagos en cheques cobrados por terceros. (iii)
No fue ubicado en domicilio RUT. (iv) Información sin soportes.
(i) No presentó exógena y no se observaron compras de activos ni
Jahir Antonio Hernández Hernández –
movimientos bancarios. (ii) Pagos en cheques cobrados por terceros. (iii)
$4.391.859.225
No fue ubicado en domicilio RUT. (iv) Compareció sin soportes.
(i) No presentó exógena y no se observaron compras de activos ni
Diego Fernando Acuña – $3.257.827.125 movimientos bancarios. (ii) Pagos en cheques cobrados por terceros. (iii)
No fue ubicado en domicilio RUT. (iv) Compareció sin soportes.
(i) No presentó exógena y no se observaron compras de activos ni
Carlos Alberto Collazos Rivera –
movimientos bancarios. (ii) Pagos en cheques cobrados por terceros. (iii)
$812.548.050
Domicilio coincide con otro proveedor. (iv) Compareció sin soportes.
Por su parte, la actora aportó, entre otras, las siguientes pruebas para probar la
existencia de las transacciones en las dos vigencias fiscales en discusión:
− Anexo E: Certificación expedida por el Ministerio de Comercio Exterior que autoriza la
operación de la compañía como Comercializadora Internacional.
− Anexo H: Certificación de Revisoría Fiscal y anexos sobre registro y procedencia fiscal de las
operaciones.
− Anexo J: Protocolos de ingreso de proveedores y asociados.
− Anexo K: Declaraciones juramentadas de proveedores.
− Anexo L: Certificados al Proveedor.
− Anexo M: Matriz detallada de operaciones y registros contables.
− Anexo N: Tarjetas de propiedad de vehículos, registros contables y certificaciones de
transporte.
− Anexo O: Declaraciones juramentadas de vigilantes y transportistas.
− Anexo P: Bitácoras de ingreso de material y declaraciones de vigilancia.
− Anexo Q: Recibos de báscula y soportes relacionados con el pesaje.
− Anexo R: Constancias de pesaje y certificaciones expedidas por los puertos.
− Anexo S: Registro Kardex del software de la compañía.
− Anexo T: Cheques microfilmados y cuadros de pago.
− Anexo U: Informe anual de Certificados al Proveedor.
− Anexo V: Declaraciones de exportación y registros fílmicos.
− Anexo W: Registros de entrada y pesaje de mercancía.
− Anexo X: Estados financieros, conciliaciones y soportes del software contable.
De manera específica, para la demanda del año gravable 2016 se aportó
adicionalmente el Anexo M-1, correspondiente a la relación de compras, inventarios
iniciales y finales, kilos adquiridos y valores registrados en la contabilidad de la
27
Ibidem
15
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actora para dicho período gravable. Por su parte, en la demanda correspondiente al
año gravable 2017, el Anexo M se circunscribió a la matriz relacionada con las
operaciones adelantadas con los cinco proveedores cuestionados por la DIAN
durante ese período gravable.28 Respecto del acervo probatorio de la actora, la
Sección denota que el Anexo M- Matriz para el año 201629, incluye la siguiente
información respecto de 11 proveedores, entre los que se encuentran los calificados
como inexistentes y los cuestionados por no haber facturado:
− Cuadro de facturas o entradas de almacén de proveedores, que contiene información sobre
la cuenta contable, identificación y nombre del proveedor, así como la fecha de entrada a
almacén, número y valor de la factura (pp 9-53).
− Cuadro en el que se relacionan las fechas de cobro de cheques girados a proveedores, que
incluye valor del cheque, detalle del pago y la fecha en que el proveedor hizo efectivo el cobro,
según extractos bancarios del año 2016, mostrando el total pagado en el año por cada
proveedor (pp 55-88). Se acompañan extractos bancarios en los que se observa el cobro de
los cheques (pp 88-178).
− Cuadro de resumen de compras por proveedor, que contiene la identificación del proveedor,
descripción de los materiales adquiridos, unidad de medida, cantidades, descuentos, valor de
compra y porcentajes de participación, así como los valores netos y acumulados
correspondientes al período reportado (pp 183-192).
− Relación de Certificados al Proveedor ( pp 192-206).
− Cuadro de transacciones por cuenta/tercero, que contiene el registro de movimientos
contables, incluyendo la fecha, documento, descripción, centro de costo, valores débito y
crédito, así como el saldo correspondiente al período reportado (pp 209-351).
− Protocolo de compras con la información solicitada por la actora para la vinculación de los 11
proveedores. La Sección trae a manera de ejemplo, la información de Diego Fernando Acuña
(pp 356-384), que incluye: Selección y registro de asociado de negocios – Anexo No. 01, en
el que consta la vinculación del proveedor y que contiene su información de identificación,
datos de contacto, actividad económica, así como su declaración sobre la licitud de los
materiales, con firma, huella y la validación interna de la sociedad como proveedor apto.
RUT,
recibo de servicio público, certificado de cámara de comercio y certificación de cuenta
bancaria; estudio e investigación de antecedentes de asociados de negocio, mediante el cual
la sociedad realiza la verificación de antecedentes del proveedor, y que deja constancia de
que se consultaron la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la
Nación, la Policía Nacional de Colombia, así como la verificación de expedición de resolución
sanción por proveedor ficticio por la DIAN y su inclusión en listas restrictivas como la Lista
Clinton, junto con el resultado de la evaluación que lo califica como asociado de negocio apto;
acuerdo de seguridad asociados de negocio, en el cual se definen las condiciones de
seguridad aplicables a la relación comercial, orientadas a prevenir riesgos asociados a
actividades ilícitas, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y del programa de Operador
Económico Autorizado (OEA); certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría
General de la República, en el cual esta entidad certifica que, una vez consultado el Sistema
de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR), la persona no se encuentra
reportada como responsable fiscal; certificado de estado de cédula de ciudadanía expedido
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que certifica la información del documento de
identificación del titular, incluyendo su número, fecha y lugar de expedición, así como su
estado, el cual figura como vigente; certificado de antecedentes judiciales expedido por la
Policía Nacional de Colombia, en el cual esta entidad certifica que el identificado no tiene
asuntos pendientes con las autoridades judiciales; consulta de listas restrictivas – Office of
Foreign Assets Control (OFAC), en la cual se verifica que el identificado no presenta
coincidencias en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas
(SDN List); formulario de actualización de datos y conocimiento del asociado de negocio, en
el cual se registran y actualizan los datos del proveedor, incluyendo su información general,
referencias comerciales y demás información relevante para su identificación y vinculación
comercial.
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Samai tribunal, índice 3. Expediente digital-Samai Tribunal. Acumulación de Procesos. Índice 3.
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Samai tribunal, índice 3. Expediente digital. Anexo M.
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La misma información se observa para los demás proveedores calificados de inexistentes,
incluyendo 4 que adicionalmente fueron cuestionados por no facturar.
− Al realizar cruces con la información encontrada en la Matriz del Anexo M, en los extractos se
pueden evidenciar los retiros de fondos de los cheques girados a los proveedores, que cuentan
con los respectivos registros contables.
Los Anexos P y P1 por su parte incluyen la bitácora de ingreso de la mercancía
enajenada por los proveedores objeto de cuestionamiento durante el año 2016, así
como la declaración del guarda de seguridad ante Notario Público, en la que
declaró, bajo la gravedad de juramento, que era guarda de seguridad de la empresa
SJ Seguridad Privada LTDA, y que los proveedores objeto de cuestionamiento
entregaban distintos materiales como cobres, bronce, acero, radiadores, aluminios
en diferentes vehículos; lo cual se puede constatar en la bitácora que diligenciaba
cuando un proveedor llegaba a descargar dichos materiales a la empresa C.I Metales.
De igual forma, dejó constancia de que los proveedores entregaban materiales casi
todos los días en las instalaciones de dicha empresa que se ubicaba en la carrera
5 no. 39-31 de la ciudad de Cali.
La misma información referenciada se encuentra para la vigencia fiscal 2017. En
efecto, del acervo probatorio para las vigencias fiscales 2016 y 2017, se puede
evidenciar la existencia y trazabilidad de la actividad comercial de la actora que
inicia con la compra de la chatarra y culmina con su exportación.
En este acervo, se constata la existencia de los proveedores, sometidos a un
protocolo de ingreso como paso previo al inicio de la relación comercial con la
actora, de las tarjetas de propiedad y registro contable de los camiones utilizados
en el transporte de la chatarra, bitácoras de ingreso de las mercancías preparadas
por el personal de la compañía de vigilancia contratada por la C.I Metales, recibos del
servicio de pesaje de la mercancía, documentos de los procesos que se deben
cumplir antes del cargue de los contenedores a la naviera, certificados de los
clientes del exterior, y de documentos de exportación y registros fílmicos, así como
de los CP a los que esta Sección se refirió en un aparte anterior. Esto sin contar con
los documentos que dan cuenta de los pagos efectuados a los proveedores
mediante cheques girados a su nombre.
Así, la Sección encuentra que, ante los indicios presentados por la administración,
la actora desplegó una actividad probatoria tendiente a demostrar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar relacionadas con la existencia de la chatarra que es
exportada.
Sin embargo, la apelante se limitó a indicar que «Los documentos allegados por la sociedad
investigada, no fueron objeto de discusión ni reparo por parte de la Administración Tributaria, es decir, dichos
documentos fueron debidamente valorados y en ellos se sustentó el rechazo de costos, toda vez que
reiteradamente se sostuvo que muestran una realidad formal de las operaciones que no corresponden a la
realidad sustancial evidenciada a través de los contundentes indicios».
Al respecto la Sección denota que, ni en las liquidaciones oficiales de revisión ni en
las resoluciones que fallaron los recursos de reconsideración, se observa un análisis
detallado de las pruebas arrimadas por la actora en la instancia administrativa y de
cuáles inconsistencias adolecieron las mismas.
Pasando a los indicios de la apelante, que adujo no fueron valorados,
específicamente el relativo a la imposibilidad de ubicar a los proveedores en las
direcciones reportadas en el RUT, como ya lo ha precisado la Sección en otras
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oportunidades, este no es un elemento probatorio suficiente por sí solo para
rechazar los costos30, cuando en el expediente existan otras pruebas de las cuales
se pueda inferir la existencia de las operaciones. Amén de esto, la Sección
concuerda con el tribunal en que la actividad de compra y venta de chatarra por su
informalidad no requiere de un lugar fijo de comercio, y que este puede variar con
el paso del tiempo precisamente obedeciendo a esa circunstancia.
La apelante también pone de presente la carencia de información en medios
magnéticos, inconsistencias en los valores incluidos en las diversas declaraciones,
y omisión de retenciones. Frente a ello, la Sección advierte que el argumento de la
apelante se dirige a cuestionar una circunstancia que se relaciona más con el
cumplimiento de obligaciones tributarias de carácter formal en cabeza de los
proveedores, que de la actora y que, por lo tanto, resulta ajena a las obligaciones
que esta debe cumplir frente a la administración31.
Respecto de las inconsistencias en las declaraciones de los señores Diego Fernando
Acuña y Carlos Alberto Collazos, sobre las sumas vendidas a la actora, se advierte que
en la matriz del Anexo M, que obra para las dos vigencias fiscales, se pueden
constatar los cheques girados, los extractos bancarios y los registros contables, que
tendrían mayor valor probatorio en la discusión, en comparación con las
inconsistencias en las declaraciones rendidas de manera espontánea por los
proveedores al momento de ser citados a las instalaciones de la demandada.
En igual sentido, no es cierto que el a quo le haya dado prevalencia a facturas y
libros de contabilidad, por el contrario, este se remitió a las pruebas que obran en
el expediente, y con base ello emitió su decisión.
Frente al indicio relativo a que los proveedores no poseen cuentas bancarias, no
utilizan el sistema bancario, y les fueron girados cheques que fueron cobrados en
efectivo, además de que los cheques microfilmados no cubren las sumas
cuestionadas, específicamente en los casos de Diego Fernando Acuña y José Neiger
Lenis; la Sección encuentra que tales cheques microfilmados, y las constancias de
cobro por ventanilla o de endoso que figuran en el Anexo T aportado en sede judicial
para las demandas de ambas vigencias, comprueban que en efecto la actora
efectuó los pagos que registró como costos en los denuncios rentísticos
cuestionados.
De hecho, estos cheques no pueden analizarse de manera autónoma sino en
conjunto con la totalidad de cheques que figuran cobrados en los extractos del Anexo
M.
De otra parte, frente al cuestionamiento del pago con cheques que fueron cobrados
en efectivo, lo que la Sección observa es que la actora utilizó el sistema financiero,
lo que le permitió probar mediante los extractos bancarios que las sumas
consignadas en los cheques fueron efectivamente cobradas por los proveedores o
por terceros endosatarios.
Para la Sección no es lo mismo efectuar un pago en efectivo, que generalmente
dificulta su trazabilidad, que efectuar un pago mediante un cheque cobrado en
ventanilla, dado que este permite evidenciar la entrega de fondos que han sido
registrados como costos.
30
Ver sentencias del 18 de agosto de 2022, exp. 25800, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 13 de marzo de 2025,
exp. 27873, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Sentencia de 13 de marzo de 2025, exp. 27873, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Tratándose de la omisión de los proveedores a responder los correos electrónicos,
que se convirtió en un reproche a la falta de soportes de sus operaciones, y del
indicio relativo a la venta de diversos productos que según la apelante muestra la
necesidad de infraestructura para la actividad de aquellos; se advierte que, los
proveedores cuestionados comparecieron ante la administración y en sede judicial
a rendir su versión de las operaciones realizadas.
Adicionalmente, como se indicó anteriormente, frente a los hechos y circunstancias
del caso concreto que requieren la valoración conjunta de los demás elementos
probatorios allegados al expediente, la informalidad de la venta de chatarra puede
darse en diferentes locaciones, sin que esta circunstancia sea atribuible al
comprador.
Por último, frente al argumento de que los procesos aduaneros y tributarios, son
independientes, y que por ende no podrían ser considerados como pruebas los
documentos conexos con trámites aduaneros; contrario a lo que plantea la
apelante, las actuaciones aduaneras no son las que soportan la procedencia de los
costos, sino que se constituyen en un elemento adicional para verificar la
trazabilidad de las operaciones cuestionadas. En este sentido, es el conjunto de
elementos probatorios allegados al expediente el que da lugar a soportar la
existencia de las transacciones.
En conclusión, en el caso sub examine, si bien los indicios aducidos por la apelante
pudieron requerir la comprobación probatoria de la actora, de tal manera que le
correspondió, por virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, probar la
realidad de las operaciones y por ende de sus costos, esto conllevaba la obligación
de la administración de revisar y valorar el acervo probatorio aportado por su
contraparte, la cual no fue observada en el sub-lite. De hecho, los indicios aducidos
por la apelante no son suficientes para fallar a su favor al evidenciarse una carencia
de valoración probatoria por su parte, lo cual solo conduce a confirmar la nulidad
de los actos demandados.
De acuerdo con lo indicado, no prospera el cargo.
2. Rechazo de costos por ausencia de factura
De conformidad con la valoración realizada por el tribunal, se configuró una falta de
motivación de los actos demandados respecto del rechazo de los costos asociados
a proveedores por falta de factura, porque a pesar de la corrección de la declaración
realizada por la demandante, la administración no controvirtió dicha corrección ni
expuso razones para mantener el rechazo. Así, aunque la demandada tuvo en
cuenta parcialmente la corrección de la actora, omitió pronunciarse sobre los demás
proveedores respecto de los cuales la demandante sustentó su procedencia.
Por su parte, la apelante planteó que el acto liquidatorio aceptó la corrección
presentada por la demandante, y mantuvo el rechazo de los valores que carecían
de factura, al no cumplirse la tarifa legal dispuesta en el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario; por lo que no se presentó la falta de motivación endilgada por el a quo.
Precisado lo anterior, la Sección puede constatar que, más allá de las correcciones
de las declaraciones realizadas por la actora con ocasión de los requerimientos
especiales para rechazar los costos por compras no soportadas con facturas de
venta, las cuales fueron tenidas en cuenta por los actos demandados; la discusión
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gira en torno a la falta de pronunciamiento de la administración frente a los
argumentos planteados por la actora para sustentar la procedencia de los costos a
pesar de la ausencia de factura.
Al respecto, se puede acreditar lo siguiente: Vigencia 2016
− La liquidación oficial señaló, dentro del listado de proveedores cuestionados por operaciones
inexistentes, que era procedente rechazar los costos ante la ausencia de facturas de venta de
algunos proveedores que estaban obligados a facturar por superar el tope de ingresos o
ventas.32
− El recurso de reconsideración presentado por la actora sostuvo que la liquidación oficial no se
refirió a los argumentos expuestos en la respuesta al requerimiento especial, por lo que solicitó
pronunciarse al respecto. Planteó que no ocurrió el presupuesto previsto en la ley que
fundamentara el desconocimiento de los costos bajo el argumento de que los proveedores se
encontraban obligados a facturar por haber superado el tope de ingresos para dejar de
pertenecer al régimen simplificado. Alegó que la DIAN no podía endilgarle la responsabilidad
de verificar que los terceros estaban obligados a facturar, porque superaron el tope de
ingresos por transacciones con otros establecimientos comerciales y según su reporte de
información exógena, pues C.I. Metales cumplió con su obligación de exigirle a los
proveedores el RUT respectivo donde figuraba la clasificación dentro del régimen simplificado
para la época de los hechos. Agregó que para el año 2016, se encontraba vigente el artículo
16 del Decreto 1001 de 1997, bajo el cual el CP se consideraba documento equivalente a la
factura; por lo tanto, era procedente soportar las operaciones con proveedores no obligados a
facturar con los CP allegados al proceso (fls. 5329-5331 Caa).
− La resolución que decidió el recurso de reconsideración33 señaló que el fundamento del
rechazo fue el artículo 771-2 del Estatuto Tributario para operaciones realizadas por quienes
debían estar en el régimen común. Refirió el artículo 499 ibidem alusivo a quienes pertenecían
al régimen simplificado por haber obtenido ingresos inferiores a 3.330 UVT en el año anterior
(2015), y constató que cinco proveedores habían superado dicho tope en el año 2015, por lo
que pertenecían al régimen común y estaban obligados a facturar. Vigencia 2017
− La liquidación oficial34 indicó que las compras cuestionadas debían estar soportadas con
factura de venta, teniendo en cuenta que los ingresos del proveedor superan el tope de
$111.507.000 para estar obligado a expedir factura de venta con todos los requisitos formales,
en aplicación del literal h) del artículo 2 del Decreto 1001 de 1997. Transcribió los artículos
499, 771-2 y 107 del Estatuto Tributario, y concluyó que cuatro proveedores no expidieron
factura de venta a pesar de registrarse compras que excedían las 3.500 UVT. Señaló que las
compras no soportadas con facturas de venta no eran deducibles del impuesto de renta bajo
el artículo 771-2 ibidem.
− El recurso de reconsideración presentado por la actora adujo que la administración solo
reprochó que los costos no eran deducibles por no estar soportados por facturas, pero los
proveedores cuestionados eran del régimen simplificado. Afirmó que como los pagos
realizados en el año 2017 superaron el tope del literal b) del artículo 177-2 del Estatuto
Tributario, lo correcto era rechazarse como costo deducible por cada tercero los valores que
superaran 3.300 UVT (a pesar de que debía ser mayor para el año 2017, esto es, 3.500 UVT). Manifestó que la liquidación oficial no explicó la razón para mantener el rechazo y se limitó a
insistir en que al haberse superado los límites de ingresos del artículo 499 ibidem, los
proveedores en cuestión debían pasar al régimen común y estaban obligados a facturar, sin
considerar que la superación de dicho tope ocurrió en el mismo año (fls.
3835-3838 Caa).
− La resolución que decidió el recurso de reconsideración35 indicó que en la liquidación oficial
de revisión se efectuó la valoración conjunta de todas las pruebas del expediente, sin que se
encontraran las facturas con todos los requisitos a que estaban obligados a terceros que
32
Samai tribunal, índice 3. Expediente digital. Anexo C. PP 5 y 6.
33
Ibidem. Anexo D. PP 19 y 20.
34
Ídem. Anexo C. PP 36 a 38.
35
Ídem. Anexo D. PP 12, 13 y 21.
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superaban los topes para estar en el régimen común. Agregó que lo anterior tuvo lugar con el
análisis del artículo 2º literal h) del Decreto 1001 de 1997 de no obligados a facturar, el artículo
771-2 del Estatuto Tributario que exige documentos como tarifa probatoria para la procedencia
de costos, y el artículo 107 ibidem que prevé los requisitos generales de los costos sujetos a
ser probados en forma idónea. Refirió que no era de recibo el argumento de la recurrente
referido a que por lo previsto en el numeral 1º del artículo 499 del Estatuo Tributario haya
señalado que quienes en el año anterior obtuvieren ingresos totales inferiores a 3.500 UVT
pertenecen al régimen simplificado, puesto que olvida que el parágrafo de esa norma también
hace referencia a quienes suscriban contratos de venta o prestación de servicios celebrados
en el año investigado superen los 3.500 UVT pertenecen al régimen común y están sujetos a
la obligación de facturar. Manifestó que no tienen lugar los análisis matemáticos invocados por
C.I. Metales para objetar la exigencia de las facturas de operaciones, y que no es suficiente la
afirmación que muchos de los contratos fueron consensuales, pues los pagos por los bienes
adquiridos o servicios prestados a proveedores superaron los topes para ser responsables del
régimen común.
Del anterior recuento, la Sección advierte que, si bien los actos demandados
omitieron referirse a todos y cada uno de los reparos formulados por la actora, lo
cierto es que, en mayor o menor detalle, expresaron las razones que tuvo la
administración para mantener el rechazo de los costos provenientes de compras sin
factura de venta, circunstancia que impide afirmar que los actos en cuestión
carecieron de motivación.
Ahora bien, respecto del rechazo de costos por la vigencia 2016, es preciso señalar
que la demandada indicó que el fundamento del rechazo fue el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario, porque los proveedores cuestionados superaron el tope previsto
en el artículo 499 ibidem para pertenecer al régimen común y estaban obligados a
facturar. Lo anterior, al constatar que los terceros habrían obtenido en el año anterior
(2015) ingresos superiores a 3.300 UVT.
Frente a ello, la Sección observa que la Corte Constitucional36, al pronunciarse
sobre la constitucionalidad del artículo 771-2 ídem, señaló que el adquirente de los
bienes no está en la posibilidad de conocer datos que sólo conciernen a quien le
vende o los que corresponden a su régimen de IVA, que impliquen la obligación de
expedir factura. En efecto, el artículo 499 vigente a la época de los hechos
establecía que las personas naturales que hubieren obtenido ingresos brutos
inferiores a 3.300 UVT pertenecían al régimen simplificado.
Al respecto, como lo señala la actora, no le correspondía verificar que los terceros
estaban obligados a facturar, al superar el tope de ingresos por transacciones con
otros establecimientos comerciales y según su reporte de información exógena,
pues ya había cumplió con su obligación de exigirle a los proveedores el RUT
respectivo donde figuraba la clasificación dentro del régimen simplificado para la
época de los hechos.
En este sentido, esta Sección ha manifestado que no es razonable considerar que
el contribuyente tenga la obligación de verificar las condiciones del proveedor que
lo obligan a estar inscrito en el régimen común; de manera que, si existió omisión
del proveedor en inscribirse en el régimen común, anunciarse como tal y expedir
factura con todos los requisitos legales, es una circunstancia que no puede
trasladarse al contribuyente que actuó de buena fe y que, con la convicción de haber
contratado con una persona del régimen simplificado del IVA, no exigió factura.37
36
Sentencia C-733 de 2003.
37 Sentencia del 4 de marzo de 2010, exp. 17074, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Por otro lado, se advierte que la demandada no se refirió a los CP como documentos
equivalentes de la factura para soportar las compras cuestionadas, en los términos
planteados por la actora.
Respecto de la vigencia 2017, las razones de la demandada para rechazar los
costos derivaron de que los ingresos de los proveedores superaban el tope de
$111.507.000 para estar obligados a expedir factura de venta con todos los
requisitos formales, en aplicación del literal h) del artículo 2 del Decreto 1001 de
1997. Lo anterior, teniendo en cuenta los ingresos recibidos por los proveedores en
el mismo año cuestionado.
En este caso, como lo advirtió la demandante, la administración no tuvo en cuenta
que el tope en cuestión fue superado en el mismo año 2017, y omitió referirse al
análisis del artículo 177-2 del Estatuto Tributario, para validar o refutar el proceder
de la actora. Al efecto, la DIAN solo refirió que debía tenerse en cuenta que el
parágrafo del artículo 499 ibidem, también hace referencia a quienes suscriban
contratos de venta o prestación de servicios celebrados en el año investigado que
superen las 3.500 UVT, quienes pertenecen al régimen común y están sujetos a la
obligación de facturar.
Sin embargo, en este último caso, la norma se refiere a contratos de venta gravados
por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, y no a pagos acumulados realizados
en el mismo año que superen el tope en mención, que habría sido la situación de la
demandante con los proveedores cuestionados, sin que la demandada hubiere
refutado esta circunstancia, para evaluar la procedencia de los costos reclamados.
Lo anterior, además de que la actora verificó en los RUT de los proveedores su
registro como responsables del régimen simplificado, y contaba con las cuentas de
cobro emitidas por los mismos, así como con los registros contables de las
operaciones realizadas, aspectos que tampoco fueron rebatidos por la
administración.
Decisión
En atención a las consideraciones expuestas, la sección procederá a confirmar la
sentencia de primera instancia, con lo cual se confirma la nulidad de los actos
demandados.
Costas
No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas de primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del tribunal de no imponerlas.
En cuanto a la condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo previsto
en el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, y teniendo en cuenta el Acuerdo PCSJA25-12355 de
2025, en cuyo artículo 1, numeral 11 se estableció las tarifas de agencias en
derecho en segunda instancia en los procesos contencioso-administrativos en los
que se discutan en asuntos tributarios, estas se tasan en un (1) SMLMV.
Por lo anterior, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 30 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
2. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la parte demandada. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que tramite el respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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