Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00744-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00744-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00744-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00744-01
Accionante: ARTURO BETANCOURT HOYOS
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tema: REVOCATORIA DIRECTA DEL AUTO QUE ORDENA
ARCHIVO DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO /
NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el accionante en contra
de la sentencia del 1.º de septiembre de 2022 mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor Arturo Betancourt Hoyos, actuando por intermedio de
apoderado judicial1, interpuso acción de tutela en contra de la
Procuraduría General de la Nación, con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
1.1 El 9 de junio de 2021 varios concejales2 de Calima el Darién, en
su condición de servidores públicos, radicaron ante el despacho de la
1
Armando Escobar Potes.
2
En la demanda no se especificó sus nombres.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00744-01
Accionante: Arturo Betancourt Hoyos
Procuraduría General de la Nación la solicitud de revocatoria directa del
auto de archivo proferido por la Procuraduría Provincial de Buga el 4 de
marzo 2021 dentro del proceso disciplinario con radicado n° IUS-2020-
240461/IUC-D-2020-1519869.
1.2 Indicó que la procuradora general de la Nación contaba con el
término de 3 meses para resolver la revocatoria, período que, en virtud
del artículo 2º de la Ley 1474 de 2011 modificado por el inciso 3º del
artículo 141 de la Ley 1952 de 2019, feneció el 9 de septiembre de
2021, dado que, operó el fenómeno de caducidad.
1.3 No obstante, manifestó que el 22 de junio de 2022 de manera
extemporánea y en abuso de su investidura, la procuradora accedió a
la revocatoria del auto que ordenaba el archivo con fundamento en el
numeral 4º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.
1.4 Expresó, que su conducta fue antijurídica y por lo tanto vulnera
el debido proceso.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Con base en las pruebas existentes, los enunciados fundamentos facticos y de
derecho, en garantía y restablecimiento del constitucional derecho al debido proceso
que le ha sido vulnerado a mi poderdante por la parte accionada, respetuosamente
solicito al despacho se sirva ordenar a la señora procuradora general de la Nación,
doctora Margarita Cabello Blanco, o quien haga sus veces, dejar sin efectos el
irregular auto expedido extemporáneamente en fecha junio 22 de 2022, por medio
del cual inconstitucionalmente resolvió revocar el Auto de Archivo proferido por la
Procuraduría Provincial de Buga dentro del expediente disciplinario No IUS-E-
2020-240461/IUS-D-2020-151869.»
3. INFORMES
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Arturo Betancourt Hoyos
Mediante auto del 19 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Procuraduría General de la Nación para que presentara
informe en relación con el auto del 22 de junio de 2022 dictado dentro
del expediente disciplinario n° IUS-2020-240461/IUC-D-2020-
1519869.
3.1. La Procuraduría General de la Nación indicó que la regla
general de la acción de tutela impone como presupuesto que no haya
otro mecanismo ordinario de defensa presuntamente vulnerado o, en
su defecto, y como excepción a la regla anterior, que aun cuando exista,
el amparo sea necesario para evitar un perjuicio irremediable.
Manifestó que lo que pretende el accionante en el asunto bajo estudio
es cuestionar la validez y legalidad del auto proferido el 22 de junio de
2022 por la procuradora general de la Nación que resuelve una solicitud
de revocatoria directa contra un auto de archivo.
No obstante, advirtió que los actos administrativos gozan de presunción
de legalidad y acierto, razón por la cual las controversias que ellos
susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, esto es,
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo, aseguró que tenía a su disposición un catálogo de medidas
cautelares entre las que se encuentra la solicitud de suspensión
provisional, que para el Consejo de Estado tienen la misma efectividad
que la acción de tutela siempre que se encuentre demostrada la
violación del derecho fundamental alegado.
Así las cosas, en sentir de la entidad, la decisión contenida en el auto
del 22 de junio de 2022 proferido dentro del expediente disciplinario
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n.° IUS-2020-240461/IUC-D-2020-1519869 es susceptible de ser
cuestionado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho según las reglas preceptuadas en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, proceso en el que igualmente puede solicitar la medida
cautelar de urgencia, siempre y cuando cumpla con los presupuestos
de ley.
Concluyó que, en materia disciplinara, la procuradora general de la
Nación goza de la competencia legal para revocar de oficio el auto de
archivo de diligencias cuando infrinjan manifiestamente las normas
constitucionales, legales o reglamentarias en que deban fundarse,
actuación que se encuentra debidamente motivada en el acto
administrativo del cual se pretende la nulidad.
Por lo expuesto, señaló que el accionante no probó la existencia de un
perjuicio irremediable, ni de una amenaza concreta y fehaciente contra
algún derecho fundamental que haga procedente la acción de tutela de
manera transitoria, dado que, no cumple con el requisito de
subsidiariedad.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del
1.º de septiembre de 2022, declaró improcedente el amparo
constitucional deprecado por el señor Arturo Betancourt Hoyos, al
considerar que no se acreditó el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que, aunque el auto que revocó de manera directa la
decisión de archivo no es susceptible de recurso alguno, este solamente
implica la reapertura de la investigación disciplinaria y, en ese sentido,
el hoy accionante cuenta con todos los mecanismos de defensa al
interior del mismo para la protección de sus derechos fundamentales.
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5. IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, sin exponer los
motivos de inconformidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿La Procuraduría General de la Nación transgredió el derecho
fundamental al debido proceso del señor Arturo Betancourt Hoyos
al expedir el auto del 22 de junio 2022 por medio del cual revocó
de oficio el auto de archivo del 4 de marzo de 2021 y, en
consecuencia, ordenó continuar con el trámite del proceso
disciplinario n.º IUS-2020-240461/IUC-D-2020-1519869?
2. Fundamentos de decisión. Generalidades de la acción de
tutela
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
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los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
En este orden, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, establece dentro de las
causales de improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela,
en aras de respetar la división de competencias que la misma carta ha
delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto,
desconocer tales atribuciones implicaría invadir a los jueces que
recibieron el encargo constitucional de poner fin a las controversias en
una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.
De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional3, destacando que no basta con
la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
determinar la improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar
la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso concreto, sin que ello
implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios
ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.
3
Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.
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Así, con miras a obtener la protección de sus derechos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir en primer lugar y de manera
preferente a los mecanismos ordinarios, cuando ellos se presenten
como conducentes para conferir una eficaz protección constitucional, y
sólo en caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o
eficacia, es que procedería la acción de tutela para su protección. En
este sentido, se ha dicho que “[p]ara determinar la concurrencia de
estas dos características, deben examinarse los planteamientos fácticos
de cada caso y establecerse (i) si la utilización del medio o recurso de
defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección
que se lograría a través de la acción de tutela (ii) si es posible hallar
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance (iii) si la
persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración”4.
Una segunda excepción a la regla de subsidiariedad que rige la acción
de tutela es que se presente un perjuicio irremediable que afecte los
derechos fundamentales de quien invoca su protección, y que por lo
mismo se haga necesario que el juez constitucional actúe de manera
inmediata, caso en el cual la tutela deberá concederse como mecanismo
transitorio5. Frente a la ocurrencia del perjuicio irremediable y su
relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
«Entratándose del amparo constitucional como mecanismo transitorio, el perjuicio
irremediable exigido se refiere a “un grave e inminente detrimento de un derecho
fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e
impostergables” que neutralicen, cuando ello sea posible, la violación del derecho. En caso
de darse un perjuicio de tal naturaleza, es razonable la protección excepcional por vía de
tutela de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, por lo que aún ante la
4
Sentencia T-1054 de 2010.
5
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia T-972 de 2005 y en la Sentencia T-229 de 2006, entre
muchas otras.
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existencia de mecanismos de defensa alternativos, la acción de tutela resulta ser
impostergable, con el fin de asegurar su preeminencia constitucional y la eficacia de los
derechos fundamentales. Las características propias del perjuicio irremediable, ha sido
descritas así:
1. Inminencia en la amenaza, deben existir evidencias fácticas de la amenaza real en un
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no
una mera conjetura hipotética.
2. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
existe una relación directa entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace
relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta
proporcionada en la prontitud.
3. No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. No se
trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de
gran significación para la persona, objetivamente, es decir, la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente.
Se puede concluir que la acción de tutela procede cuando de continuar las circunstancias de
hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de
un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio»6.
De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho
referencia al tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos
administrativos, destacando como regla general que no es la sede
adecuada para controvertirlos, puesto que son los procedimientos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los escenarios naturales
para la discusión sobre ellos7.
De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir
asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo
objeto se encuentra plenamente definido en el artículo 104 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que le otorga la potestad de conocer “además de lo dispuesto en la
6
Sentencia T-227 de 2010.
7
Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.
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Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…”.
Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del
cual, “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.
Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de
caducidad dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que “d)
Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
3. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el accionante estima que la entidad
accionada transgredió su derecho fundamental al debido proceso al
proferir “de manera extemporánea” el auto del 22 de junio de 2022,
por medio del cual revocó de oficio el auto de archivo del 4 de marzo
de 2021 y, en consecuencia, ordenó continuar con el trámite del
proceso disciplinario n.° IUS-2020-240461/IUC-D-2020-1519869.
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Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante
sentencia del 1.º de septiembre de 2022, declaró improcedente la
presente acción de tutela por no acreditarse el requisito de
subsidiariedad.
Lo anterior, dado que el demandante dispone de otros recursos para
hacer valer sus derechos dentro del proceso disciplinario adelantado en
su contra, el cual no culmina solo con el fallo sancionatorio, máxime
cuando no advirtió vulneración al derecho fundamental alegado que
hiciera procedente el amparo con el fin de evitar un perjuicio
irremediable.
De ahí, le corresponde a la Sala establecer si la causal de improcedencia
de la acción de tutela por existencia de otros mecanismos de defensa
al alcance del accionante debe ceder de manera excepcional ante la
vulneración del debido proceso o, contrario sensu, si debe ser
confirmada la providencia recurrida.
Sobre el particular, es menester señalar que el auto del 4 de marzo de
20218 proferido por la Procuraduría Provincial de Buga dispuso archivar
la queja disciplinaria por las siguientes consideraciones:
“Se concluye entonces, que no queda otra decisión que dar aplicación a la terminación del
proceso disciplinario porque existe una causal de exclusión de responsabilidad, conforme
al numeral 4° del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 "Por salvar un derecho propio o ajeno
al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación,
proporcionalidad y razonabilidad."
Con fundamento en las anteriores consideraciones no queda otro camino que dar
aplicación al contenido del artículo 73 de la ley 734 de 2002, el mismo que señala:
'Artículo 73: TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier
etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el
hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta
disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de
exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o
proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, asilo
8
Ver documento E-2020-240464 cuaderno NO 2 FOLIO 250 AL 386.
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declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. (Lo subrayado y
resaltado fuera de texto).
El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 consagra: "La falta será antijurídica cuando afecte el
deber funcional sin justificación alguna". Significa ello que, para que un servidor público
deba responder disciplinariamente, debe con su conducta quebrantar sustancialmente el
deber funcional que como servidor público le asiste, extralimitarse en el ejercicio de sus
derechos y funciones, incurrir en prohibiciones, o violar con su conducta el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin que la
misma, este amparada por cualquiera de las causales previstas en el artículo 28 ibídem,
como aquellas que eximen de responsabilidad disciplinaria.
En mérito de lo expuesto, la PROCURADORA PROVINCIAL DE BUGA, en uso de sus
facultades constitucionales y legales,
RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el
ARCHIVO DEFINITIVO de la Indagación preliminar seguida en contra de los Señores
MARTIN ALFONSO MEJIA LONDOÑO en calidad de Alcalde Municipal de Calima El
Darién, KATTY XAMARY BENITEZ MACHADO en su condición de Secretaria de
Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisora, y ARTURO BETANCOURTH
HOYOS en calidad de Secretario de Salud Municipal, para la época de los hechos, con
fundamento en la parte motiva del presente proveído.”
Ahora bien, con posterioridad, el 24 de marzo 20219 dicha dependencia
mediante oficio n.º 363, en respuesta a la solicitud con radicado n.º E-
2021- 126427 del 9 de marzo de 2021, referente al Proceso disciplinario
E-2020- 240464 / D-2020- 1519869, señaló:
“(…)
En atención a su oficio, en el cual manifiesta que el Señor Alcalde Municipal de Calima
El Darién- Sr. Martin Alfonso Mejía Londoño, ha dado a conocer a través de las redes
sociales la notificación de la decisión de archivo que ha proferido este Despacho dentro
del proceso disciplinario bajo el radicado E-2020- 240464 / D2020- 1519869, cuya
decisión no se le ha dado a conocer a usted en calidad de quejosa, conforme lo establece
el art.109 de la Ley 734 de 2002, a fin de que pueda usted ejercer el derecho de apelación
o revocatoria directa.
(…)
De contera, se le hace saber que la decisión de archivo de fecha 04 de marzo de 2021,
proferida dentro del proceso disciplinario bajo el radicado E-2020- 240464 / D-2020-
1519869, no es sujeto de recurso alguno, por tratarse de una actuación iniciada con base
en informe de servidor público, por ende, como lo indica el numeral segundo de la parte
resolutiva del citado auto de archivo, la decisión no es comunicada al informante.”
9
Ver documento E-2020-240464 cuaderno NO 2 FOLIO 250 AL 386.
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En esa medida, la procuradora general de la Nación mediante auto del
22 de junio de 2022, decidió revocar de oficio el auto de archivo
proferido dentro del proceso disciplinario E-2020- 240464 / D-2020-
1519869, bajo los siguientes argumentos:
“3.3 Inconformes con la determinación adoptada, los servidores públicos informantes,
mediante escrito de 9 de junio de 2021, solicitaron la revocatoria directa del auto de
archivo y a su vez deprecaron que se asumiera "(...) el poder preferente por parte de la
Procuraduría General de la nación (sic), para que este y todos los procesos que adelanta,
la Procuraduría Provincial de Buga, en contra del alcalde de Calima el Darién, Martin
Alfonso Mejía Londoño, toda vez que no encontramos garantías legales para que dicha
entidad adelante las mismas.(...)". Expresaron que: y...) encontramos que si existen
méritos suficientes para aperturar Investigación Disciplinaria en contra de dichos
servidores públicos al llevar a cabo la Urgencia manifiesta mediante contrato No 050-
2020 que suscribió la alcaldía de Calima Darién con el consorcio "Darién Limpia",
representada por el señor RAFAEL ENRIQUE AMU RENTERIA, con el objeto de
Transporte y disposición final de los residuos de la Planta de manejo Integral de Residuos
sólidos "PMIRS", de Calima, firmado el 19 de febrero de 2020 por valor de
$490.000.000.00, por no cumplir con los parámetros establecidos para realizar dicha
declaratoria mediante el decreto 011 de 2020 expedido por la alcaldía de Calima El Darién.
Queja que la Procuraduría Provincial de Buga Valle determinó la terminación de la
actuación y dispuso el archivo definitivo de la indagación preliminar seguida en contra de
los encartados ya relacionados, sin tener en cuenta que se (sic) varios preceptos
constitucionales y derechos fundamentales, como el debido proceso que trata el artículo
29 de la Constitución Nacional de Colombia, además que no se tuvo en cuenta el informe
rendido por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. (...)".
3.4 La Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga, una vez recibida la solicitud de
revocatoria dispuso mediante auto de junio 21 de 20218, remitir las diligencias a la
Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios en cumplimiento de lo dispuesto por la
Directiva n°. 11 de 2007.”
IV. CONSIDERACIONES
4.1 Competencia De conformidad con lo dispuesto por los artículos 141 de la Ley 1952
de 2019- modificado por el artículo 28 de la Ley 2094 de 2021- y 142 ibidem, la
Procuradora General de la Nación es competente para decidir sobre la revocatoria directa
de "(...) los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio (...)", siempre
que sea procedente de acuerdo con la Ley. En concordancia con lo anterior, los numerales
22 y 24 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000 -modificado por el artículo 2 del
Decreto Ley 1851 de 2021- prevén que la jefe del Ministerio Público tiene la facultad de
revocar los actos en materia disciplinaria expedidos por los servidores de la Procuraduría
General de la Nación, oficinas de control interno disciplinario de las entidades y las
personerías municipales y distritales.
(…)
Así las cosas, en razón a que con el acto administrativo cuestionado en sede de revocatoria
directa, se vulneró la ley disciplinaria y se desconoció el derecho fundamental al debido
proceso en punto del principio de investigación integral, se procederá a proferir decisión
revocatoria, con el fin de que, en las etapas procesales pertinentes, se despliegue de oficio
la actividad probatoria que corresponda, conforme a derecho, con el objeto de establecer
la verdad real de lo sucedido.
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Para revocar un auto de archivo se requiere que exista infracción manifiesta de las normas
constitucionales, legales o reglamentarias en que debe fundarse, así como
quebrantamiento o amenaza palmaria de los derechos fundamentales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 1952 de 2019.
En el interlocutorio cuestionado se configura el desconocimiento a normas
constitucionales y legales conforme con lo expuesto, razón por la que será revocado. 4.6
Efectos de la Revocatoria Como consecuencia de la revocatoria directa, se ordenará a la
autoridad competente, en este caso, a la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga,
que disponga el desarchivo del expediente disciplinario radicado n° IUS-E-2020-240461
/ IUC-D-2020- 1519869, para que se continúe el trámite investigativo de conformidad con
el marco legal aplicable, decretando si fuere el caso, de manera oficiosa, el recaudo
probatorio que corresponda, al cabo del cual adoptará la decisión a que hubiere lugar.
Teniendo en cuenta que en la providencia objeto de revocatoria en los numerales tercero,
cuarto y quinto se realizó compulsa para el inicio de otras investigaciones disciplinarias
por diversos hechos a los mencionados en este proveído, dichas determinaciones quedarán
exentas de la decisión que aquí se adopta.
V. RESUELVE PRIMERO:
REVOCAR DE OFICIO el auto proferido el 4 de marzo de 2021 por la Procuraduría
Provincial de Guadalajara de Buga, dentro del radicado n° IUS-E-2020- 240461 / IUC-D-
2020-1519869, mediante el cual se archivó la investigación disciplinaria iniciada en contra
de Martín Alfonso Mejía Londoño, Katty Xamary Benítez Machado y Arturo Betancourth
Hoyos, Alcalde, Secretaria de Planeación y Desarrollo y Secretario de Salud Municipal
de Calima El Darién, respectivamente, salvo lo determinado en los numerales tercero,
cuarto y quinto, conforme a las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga,
deberá desarchivar el expediente disciplinario radicado n° IUS-E-2020-240461 / IUC-D-
2020-1519869, para continuar el trámite investigativo, de conformidad con lo señalado en
las consideraciones de este proveído.
A partir de lo anterior, la Sala observa que la decisión que se cuestiona
a través de la presente acción constitucional lo que implicó fue que se
desarchivara el proceso disciplinario y se continuara con la
investigación que, en su momento, adelantaba la Procuraduría
Provincial de Guadalajara de Buga en contra del accionante y otros
funcionarios, por lo que, tal como lo dijo el Tribunal en primera
instancia, aunque dicha decisión no es susceptible de recursos, la
presente acción de tutela es improcedente, puesto que, en este caso
particular, lo único que definió fue la continuación del trámite
investigativo, dentro del cual el accionante tiene la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa a través de las herramientas dispuestas
por el ordenamiento jurídico.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00744-01
Accionante: Arturo Betancourt Hoyos
Así las cosas, la Sala considera que el accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa, primero, dentro de la misma investigación
disciplinaria que se adelanta en su contra a través de los cuales puede
ejercer su derecho de defensa y contradicción; y segundo, con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la
legalidad de las decisiones que, eventualmente, al final de la
investigación le resulten desfavorables.
Además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
imponga la intervención del juez constitucional, en tanto, se insiste, la
decisión que se cuestiona únicamente determinó la reapertura de la
investigación disciplinaria sin que ello signifique de entrada la
imposición de una sanción o que con ella se le impidiera, por ejemplo,
ejercer de manera adecuada su derecho de defensa y contradicción en
alguna etapa que resulte determinante para la decisión de fondo.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la presente acción de tutela, puesto
que este mecanismo, dado su carácter subsidiario y residual, no es el
medio idóneo para sustituir los mecanismos de defensa previstos en el
ordenamiento jurídico, pues de lo contrario, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
Carta Política a los jueces constitucionales.
4. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Arturo Betancourt Hoyos
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1.º de septiembre de 2022
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que declaró improcedente la presente acción de
tutela.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós
(2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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