Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00794-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00794-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00794-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN
POPULAR / AGOTAMIENTO DE JURISDICCIÓN / RECHAZO DE LA DEMANDA -
Vulneración del derecho al debido proceso / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO
FÁCTICO – No se valoraron de manera integral las pruebas documentales allegadas.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial del
señor Rodrigo Micolta Silva, en contra de la sentencia proferida el 16 de septiembre
de 2022, por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se
resolvió:
<< PRIMERO.- DENEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso,
defensa, y contradicción, del accionante el señor RODRIGO MICOLTA SILVA,
acorde con lo explicado en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- El presente fallo se notificará de conformidad con lo prescrito en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Si no fuere impugnada esta decisión, dentro del término establecido en el artículo 31
ibídem, envíese al día siguiente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
previas las anotaciones de rigor en las plataformas digitales dispuestas para el efecto
>> (negrilla del texto original).
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 5 de septiembre de 2022, Rodrigo Micolta Silva, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Considera
que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
proferir los autos de 9 y 23 de agosto de 2022, dentro del proceso de acción popular1
que promovió el accionante contra el Municipio de Jamundí y la Constructora Bolívar
S.A.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< II.1. Se ordene el amparo del derecho fundamental de igualdad (Art. 13 C.N.), del
debido proceso y defensa (Art. 29 C.N.), y del derecho fundamental del acceso a la
administración de justicia (Art. 229 C.N.), vulnerados por parte del accionado, como
consecuencia del DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO, del DEFECTO FÁCTICO,
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE y de la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, de los cuales adolece el Auto Interlocutorio fechado del 9 de agosto
de 2022 y el Auto Interlocutorio fechado del 23 de agosto de 2022, ambos proferidos
por el JUZGADO 13 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI,
suscritos por la señora Juez Dra. KAREN GÓMEZ MOSQUERA, dentro del proceso de
Acción Popular con Rad. No. 76001-33-33-013-2022-00142-00.
II.1.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se le ORDENE al accionado
REVOCAR las providencias citadas y en su lugar se proceda a darle un trámite expedito
a la acción constitucional interpuesta.
II.2. Las demás medidas y decisiones que como Juez de tutela estime pertinentes. >>2
(Negrilla del texto original).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El 11 de julio de 2022, en ejercicio de la acción popular, el accionante presentó
demanda contra el Municipio de Jamundí y la Constructora Bolívar S.A. con el fin de
que se protegieran los derechos e intereses colectivos de los propietarios de las
5.682 soluciones de vivienda que conforman los planes parciales Parque Natura y
Pangola, y de los comerciantes de la Plaza de Mercado de dicho Municipio.
5.- En la demanda, el accionante manifestó que el Municipio de Jamundí y la
Constructora Bolívar S.A. acordaron que esta última construiría la Plaza de Mercado
local, en atención a las cargas urbanísticas que dicha empresa está obligada a
asumir por la construcción de los proyectos de vivienda Parque Natura y Pangola.
6.- El accionante indica que las obras que se desarrollen en virtud de dichas cargas
deberían ser distribuidas dentro de los planes parciales de estos proyectos, en virtud
del principio de cargas y beneficios, es decir deben tener una cercanía geográfica
que garantice el beneficio de los residentes. Precisa, además, que los equipamientos
colectivos de dichos proyectos, se encuentran incluidos en las cargas locales, una
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Identificado con número de radicado 17001-23-33-000-2014-00333-01.
2 Expediente digital, folios 42 y 43 del escrito de tutela.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
subespecie de las cargas urbanísticas. En concordancia con ello, estima que la
construcción de la Plaza de Mercado de Jamundí, es contraria a la figura de las
cargas urbanísticas ya que, de conformidad con el artículo 47 del Acuerdo Municipal
No. 002 del 30 de enero de 2002 – P.B.O.T., los propietarios de los proyectos Parque
Natura y Pangola tienen derecho a la construcción de: (i) un colegio que debe constar
de aproximadamente 40 aulas de educación preescolar, 40 aulas de educación
primaria, 40 aulas de educación media; (ii) un puesto de salud; (iii) dos salones
múltiples; (iv) seis canchas múltiples; y (v) un puesto de policía.
7.- Por lo anterior, señaló que no era posible, como lo pretendían las entidades
demandas, construir con cargo a los propietarios de los referidos proyectos, la Plaza
de Mercado de Jamundí, pues los equipamientos comunitarios mencionados eran
necesarios para garantizar los derechos a la salud, a la seguridad, a la educación y
al desarrollo urbanístico ordenado, de los propietarios de los planes parciales Parque
Natura y Pangola.
8.- En consecuencia, solicitó: (i) amparar los derechos colectivos de las familias
habitantes de los proyectos Parque Natura y Pangola; (ii) ordenar a las entidades
demandadas ejecutar las cargas urbanísticas prescritas en el artículo 332 del
Acuerdo Municipal No. 002 del 30 de enero de 2002 – P.B.O.T., impidiendo su
traslado al proyecto de la Plaza de Mercado; (iii) compulsar copias del caso a la
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la
Fiscalía General de la Nación, para que se estableciera si existían conductas ilegales
por parte de los servidores públicos; y, (iv) decretar como medida cautelar la
suspensión de las obras de la Plaza de Mercado de Jamundí.
9.- La acción popular se tramitó bajo el número radicado 76001-33-33-013-2022-
00142-00 y le correspondió por reparto al Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito
de Cali, autoridad que, mediante el auto de 14 de julio de 2022, admitió la demanda
y corrió traslado a las entidades accionadas.
10.- En la contestación de la demanda, el representante judicial de la Constructora
Bolívar S.A. puso en conocimiento del Juzgado 13 de Administrativo Oral del Circuito
de Cali, la existencia de la acción popular radicada bajo el número 76001-33-33-002-
2022-00090-00, que se encontraba en trámite ante el Juzgado 2 Administrativo Oral
del Circuito de Cali.
11.- A través del auto de 9 de agosto de 2022, el Juzgado 13 de Administrativo Oral
del Circuito de Cali, resolvió rechazar la demanda de protección de derechos e
intereses colectivos presentada por el hoy accionante, al considerar que se configuró
el fenómeno jurídico del agotamiento de jurisdicción. En su concepto, de conformidad
con las reglas fijadas en la Sentencia de Unificación del 12 de septiembre de 2011,
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
proferida por la Sala Plena de esta Corporación3, existía identidad entre los procesos
Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00 y Rad. 76001-33-33-002-2022-00090-00, en
lo que respecta a las partes demandadas, hechos y pretensiones.
12.- El referido despacho judicial señaló que las solicitudes de medida cautelar en
ambas acciones se encontraban encaminadas a que las autoridades judiciales
ordenaran la suspensión del proyecto de la construcción o remodelación de la plaza
de mercado de Jamundí. Precisó que al tratarse de una acción que protege
“derechos en cabeza de todos”, no se requería que coincidiera el mismo
demandante, por lo que Rodrigo Micolta Silva podía acudir a la acción popular Rad.
76001-33-33-002-2022-00090-00 en calidad de coadyuvante.
13.- Inconforme con la decisión adoptada, el accionante interpuso recurso de
apelación en contra del referido auto.
14.- Mediante providencia de 23 de agosto de 2022, el Juzgado 13 de Administrativo
Oral del Circuito de Cali consideró que las únicas decisiones susceptibles del recurso
de apelación en los procesos del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia
proferida en primera instancia. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
26, 36 y 37 de la Ley 472 de 19984 y las reglas fijadas en las providencias del 27 de
enero de 20205, 30 de junio de 20206 y 10 de febrero de 20217 proferidas por el
Consejo de Estado, y reiteradas en la Sentencia del 17 de junio de 20218 de la misma
Corporación. En ese sentido, procedió a pronunciarse sobre el recurso interpuesto,
dándole el trámite de reposición. Así, reiterando los argumentos expuestos en el auto
del 9 de agosto de 2022, resolvió no reponer la decisión.
15.- El 5 de septiembre de 2022, el accionante solicitó al Juzgado 2 Administrativo
Oral del Circuito de Cali, su inclusión en calidad de coadyuvante a la acción popular
Rad. 76001-33-33-002-2022-00090-00, condicionando su reconocimiento como tal,
a que: (i) se integraran al proceso los hechos y pretensiones alegados en la acción
popular Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00 presentada ante el Juzgado 13 de
Administrativo Oral del Circuito de Cali; (ii) se tuviera como demandada a la
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de septiembre de 2012, Rad.
41001-33-31-004-2009-00030-01(AP), C.P Susana Buitrago Valencia.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto de 27 de enero de 2020, Rad. 13-001- 23-33-000-2018-00743-01,
CP Roberto Augusto Serrato Valdés.
6 Consejo de Estado, Sección Primera; auto de 30 de junio de 2020, Rad. 25000- 23-41-000-2019-00172-01(AP),
CP Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Primera; auto de 10 de febrero de 2021, Rad. 08001- 23-33-000-2019-00646-
01(AP), CP Roberto Augusto Serrato Valdés.
8
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 50001-23- 33-000-2020-00889-
01(AP). CP Hernando Sánchez Sánchez.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Constructora Bolívar S.A; y (iii) se diera trámite a las medidas cautelares solicitadas
en el proceso Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00.
16.- El 15 de septiembre de 2022, en la audiencia especial de pacto de cumplimiento,
el Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito de Cali negó la solicitud elevada por el
accionante, por considerar que:
(i) No era posible incluir los hechos y pretensiones que se manifestaron en la
acción popular Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, pues de hacerlo se
vulnerarían los derechos al debido proceso y la contradicción de las partes.
(ii) No era posible vincular a la Constructora Bolívar S.A. como demandada,
debido a que ésta fue reconocida como coadyuvante de la parte demandada,
teniendo en cuenta que la pretensión de la demanda radica en ordenarle o no
al Municipio de Jamundí la suspensión de la construcción y/o remodelación
de la Plaza de Mercado.
(iii) No era posible acceder a la solicitud de medidas cautelares, teniendo en
cuenta que el objeto de la acción popular Rad. 76001-33-33-002-2022-00090-
00, se relacionaba con la solicitud de suspender la construcción de la Plaza
de Mercado de Jamundí hasta tanto el proyecto no se concertara con los
integrantes de la Asociación de Baquiano de Jamundí y los demás miembros
de la comunidad afectados por la obra, lo que era sustancialmente diferente a
la solicitud de protección de los derechos e intereses colectivos de los
propietarios de los planes parciales de Parque Natura y Pangola.
17.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Así mismo, indica que la cuestión que se discute resulta
de evidente relevancia constitucional, afirmación que sustenta de la siguiente
manera:
“El ejercicio de la acción popular es de carácter público y carece de intereses
subjetivos, lo que ubica la discusión en especial relevancia constitucional por cuanto
lo que esta en juego son los derechos colectivos de 5.682 familias que habitan
y habitarán los proyectos de PARQUE NATURA y PANGOLA, luego entonces, de
una simple lectura de los autos proferidos por el JUZGADO 13 CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, se vislumbra que, la Juez Dra. KAREN
GÓMEZ MOSQUERA, actuó al margen del procedimiento establecido para la
configuración de los presupuestos de la excepción del agotamiento de la
jurisdicción, sumado al hecho de carecer de apoyo probatorio que sustentara su
postura legal, lo que como consecuencia genera que el accionado restrinja las
garantías fundamentales de igualdad, del debido proceso, de defensa y del acceso
a la administración de justicia, en contra de la comunidad Jamundeña.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Por otro lado, y haciendo un paralelo entre las demandas de acción popular incoadas
en los Juzgados 13 y 2 administrativos de Cali, se puede establecer que el JUZGADO
13 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, en las dos
providencias con las que se declaró (SIC) el rechazo de la demanda, desconoció el
precedente del Honorable Consejo de Estado2, lo cual comulga con la Sentencia de
la Corte Constitucional SU658/15, de esta manera, dándole un alcance distinto y que
desconoce las tres reglas jurisprudenciales establecidas, es decir que, el Juzgado 13
configuró erróneamente los presupuestos de la excepción de agotamiento de la
jurisdicción, siendo que se trata de demandas que no comulgan o no son IGUALES
ni en sus hechos, ni en sus pretensiones y mucho menos en sus demandados”.
Seguidamente expone los demás requisitos generales de procedibilidad, a la par
que expone los hechos, y finaliza puntualizando los defectos en los que
presuntamente incurre la providencia atacada, así:
(i) Desconocimiento del precedente, por aplicar de manera equivocada las
reglas fijadas en la Sentencia de Unificación de 11 de septiembre de 2012,
proferida por la Sala plena del Consejo de Estado9. Para sustentar lo anterior
presenta un cuadro comparativo de las dos acciones populares en discusión
y apoyándose en el mismo, indica lo siguiente:
“(…) las acciones populares interpuestas versan sobre desigual CAUSA PETENDI,
sobre distintos HECHOS y sobre diferentes DEMANDADOS, por lo que mal se
podría entender que los derechos alegados por los baquianos que desarrollan su
actividad (SIC) comercial en la Plaza de Mercado de Jamundí, son los mismos
derechos que se alegan en nombre de las 5.682 familias que habitan y habitarán los
proyectos de PARQUE NATURA y PANGOLA, es tan cierto lo dicho que, en la
demanda con Rad. No. 76001333300220220009000 no se observa un solo
argumento frente al debate propuesto de la temática de CARGAS URBANÍSTICAS
que contempla el proceso con Rad. No. 76001333301320220014200, por ello,
manifestar por parte del a quo que se trata de acciones donde versan identidad de
pretensiones hechos y demandados, es faltar a la verdad y propiciar que los
defraudadores de las normas urbanísticas ganen tiempo frente a la ilegalidad
propuesta.
(…)
Lo expuesto permite concluir que, en la presente litis no existe la configuración de
los presupuestos frente a los MISMOS HECHOS, a la MISMA CAUSA PETENDI y a
los MISMOS DEMANDADOS, en consecuencia, la funcionaria judicial, (…) ha
desconocido la regla judicial por cuanto le ha dado un alcance y aplicación distinta a
través de sus pronunciamientos judiciales”.
9 Ver nota al pie 3.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
(ii) Defecto Procedimental absoluto, debido a que la sentencia de unificación
emitida por el Consejo de Estado utiliza el adjetivo “igual”, que la RAE define
como “que posee o presenta las mismas características que otra”, por lo que
el mencionado adjetivo expresa una cualidad que limita la extensión de la
cosa designada, que en el caso objeto de estudio se traduce en establecer
que las pretensiones, los hechos y los demandados deben ser iguales. Por lo
anterior, aduce que al aplicar las tres reglas procedimentales establecidas por
la Sala Plena del Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación de 11 de
septiembre de 2012, la autoridad judicial accionada actuó al margen del
procedimiento establecido por esta Corporación, al intentar justificar una
identidad entre las demandas, que no existe.
(iii) Defecto Fáctico, pues a su parecer en el proceso no existe material probatorio
que sustente la tesis adoptada por el juzgado accionado. Concretamente
indica que la referida autoridad judicial:
“(…) no cuenta dentro del plenario con pruebas que sustenten su tesis, es decir, no
esgrime el material probatorio que certifique que en las dos demandas de acción
popular se está discutiendo la temática de CARGAS URBANÍSTICAS que por
derecho le corresponden a 5.682 familias que habitan y habitarán los proyectos de
PARQUE NATURA y PANGOLA, y mucho menos tiene pruebas que certifiquen que
en la demanda que cursa en el Juzgado 2, se tenga como demandado a la
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A., inclusive, dentro del presente plenario se aportan
pruebas de que esta última entidad se presentó bajo la figura de la Coadyuvancia.”
(iv) Violación directa de la constitución, porque los autos discutidos desconocen
los derechos a la igualdad (Art. 13 C.N.), el debido proceso y la defensa (Art.
29 C.N.), así como el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia (Art. 229 C.N.).
B. Sentencia de primera instancia
18.- Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca negó el recurso de amparo, al considerar que trámite que se
surtió dentro de la acción popular Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, se
adelantó con apego a lo previsto en la Ley 472 de 1998, lo que permitió a la autoridad
judicial accionada constatar la configuración del agotamiento de jurisdicción. Indicó
que las decisiones adoptadas fueron debidamente notificadas, garantizando a la
parte actora su derecho de defensa y contradicción, por lo que al no encontrar
acreditada la configuración del defecto procedimental concluyó que no existía una
vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa.
19.- Por último, señaló que contrario a los alegatos propuestos por el accionante, la
autoridad judicial desplegó las actuaciones necesarias para verificar la configuración
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
del fenómeno jurídico del agotamiento de jurisdicción y para ello comparó los
expedientes de las acciones populares Rad. 76001-33-33-002-2022-00090-00 y
Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, concluyendo que:
(i) Las acciones populares se fundamentan en los mismos hechos atinentes a la
ejecución de una obra pública encaminada a la adecuación de la Plaza de
Mercado en el Municipio de Jamundí; coinciden en las pretensiones, que van
encaminadas a la protección de los derechos colectivos de los comerciantes
que laboran actualmente en la plaza de mercado y, por otra parte, menoscaba
los derechos de los habitantes de los proyectos urbanísticos de Parque Natura
y Pangola.
(ii) Ambas acciones populares están en curso.
(iii) Ambas demandas se dirigieron contra el municipio de Jamundí.
(iv) Las solicitudes de medida cautelar en ambas acciones populares se
orientaban a decretar la suspensión del proyecto de la construcción y/o
remodelación de la plaza de mercado de Jamundí.
20.- Con fundamento en lo anterior, concluyó que las decisiones interlocutorias
dictadas los días 9 y 23 de agosto de 2022, no incurrieron en los defectos
procedimental, fáctico, desconocimiento del precedente, ni mucho menos en la
violación directa de la Constitución, debido a que el juzgado accionado no sólo
realizó un análisis de la identidad de las demandas en sus aspectos de causa,
hechos, y parte demandada; sino que además lo hizo siguiendo los lineamientos del
precedente jurisprudencial aplicable para tal efecto.
C. Impugnación
21.- En desacuerdo con la decisión adoptada, el accionante impugnó el fallo de tutela
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle. En su escrito, reiteró que el Juzgado
13 Contencioso Administrativo del Circuito de Cali, en el proceso de acción popular
Rad. No. 76001333301320220014200, determinó rechazar la demanda al considerar
que se había configurado el agotamiento de la jurisdicción y que el demandante
debía acudir a la figura de la coadyuvancia en el proceso que se tramita en el
Juzgado 2 Contencioso Administrativo del Circuito de Cali bajo el Rad.
76001333300220220009000. Seguidamente precisó que atendiendo a eso, solicitó
su reconocimiento como coadyuvante es esta segunda acción popular, y el titular del
despacho judicial en el cual cursa, le indicó lo siguiente:
“Al respecto, debe el Despacho manifestarle al doctor MICOLTA SILVA que, de
acuerdo con sus solicitudes, no es posible “adicionarle” a la presente demanda
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que fue admitida con los hechos y pretensiones traídos con el escrito de esta
acción popular, los hechos y pretensiones manifestadas dentro de la acción
popular 2022-142, toda vez que si se hiciese, se estaría vulnerando el principio
del debido proceso de las partes, al haberse dado traslado de la demanda, por
los hechos y pretensiones traídas y trasladadas a las partes. A su vez, se estaría
vulnerando el derecho a la contradicción de las partes pues, los mismos, acudieron
a la presente diligencia [refiriéndose a la audiencia de pacto de cumplimiento] para
sentar su posición o no de Pacto de Cumplimiento, de acuerdo con lo señalado de
manera inicial, tanto por la parte demandante, como por el Despacho. En
consecuencia, la demanda que fue rechazada por el Juzgado 13 Administrativo de
Cali- Valle medio de control: 2022-142, es distinta en ese sentido, a la que aquí
nos ocupa, sin analizar dicha cuestión de fondo pues dicho análisis fue de
competencia del citado juzgado” (Subraya y negrilla del escrito de impugnación).
22.- Por lo anterior, manifestó que no compartía los argumentos presentados por el
a quo, pues con la decisión adoptada por el Juzgado 2 Administrativo Oral del
Circuito de Cali, se evidenciaba que la vulneración a sus derechos fundamentales a
la igualdad, el debido proceso y la defensa, y al acceso a la administración de justicia
persistían, pues las autoridades judiciales implicadas en el asunto objeto de debate
resolvieron no hacerse cargo del estudio de su demanda, por lo que solicitó revocar
la sentencia de primera instancia y en su lugar amparar los derechos fundamentales
alegados en el escrito de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
23.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 10 . En ese sentido, le corresponde
determinar si confirma, modifica o revoca el fallo impugnado, proferido por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, que declaró improcedente el amparo solicitado
por Rodrigo Micolta Silva.
E. La acción de tutela contra providencias judiciales
24. - La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales11.
25.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
10 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior12.
26.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes13:
a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.
d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
f). Que no se trate de sentencias de tutela.
27.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional14.
28.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
14 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
29.- Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional15 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 16 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales17; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales18.
30.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales19: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
31.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
15 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
16 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
17 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
18 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
19 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”20.
32.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
previamente mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado21.
F. Análisis del caso concreto
33.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple
el requisito de relevancia constitucional. Solamente en el evento de acreditarse,
pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el
Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Cali, incurrió en los defectos o yerros
invocados por el accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección
frente a los mismos.
G. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
(i) Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de
evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la mínima
suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado con
claridad los motivos de la violación que se le atribuyen a los pronunciamientos
judiciales objeto de reproche, esta Sala considera que la cuestión que se debate
en la presente oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee
indiscutible relevancia constitucional.
20 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
21 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542
de 2016 y SU-490 de 2016.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Lo anterior, teniendo en cuenta que con ella se persigue la efectiva protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia del accionante. Garantías que, pueden estar siendo vulneradas, por
una presunta actuación arbitraria del Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito
de Cali que decidió no avocar el conocimiento de las pretensiones del actor en
la acción popular Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, bajo el argumento que
a través de la figura de la coadyuvancia, las mismas podían ser resueltas por
otra autoridad judicial que previamente conocía del asunto, encontrándose el
actor con que al acudir a este segundo juez no se aceptó su intervención al otro
proceso por existir disparidad en cuanto a los hechos, pretensiones y partes de
las 2 acciones populares en cuestión, confirmando así el reproche que desde un
principio planteó a la decisión del Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de
Cali. En ese contexto, el accionante advierte que la decisión que hoy censura a
través de la presente acción de tutela lo llevó a un escenario de denegación de
justicia, que hace indispensable la intervención del juez constitucional.
(ii) Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.
Frente a esta particular exigencia, es claro que dentro de la acción popular se
agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa que la parte
actora tenía a su disposición para procurar la salvaguarda de los derechos
fundamentales que considera transgredidos. Habiéndose rechazado la demanda
por parte del juez de primera instancia, el apoderado del accionante interpuso
recurso de apelación. El juzgado accionado ajustó el mismo y le dio trámite de
reposición, al considerar que según las reglas legales y jurisprudenciales, las
únicas decisiones susceptibles del recurso de apelación en los procesos del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos son el auto
que decreta una medida cautelar y la sentencia proferida en primera instancia.
Al haberse resuelto de manera desfavorable el referido recurso, se agotaron
todos los mecanismos de defensa judicial al alcance del accionante.
(iii) Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional
fue promovido dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia
del hecho que presuntamente originó la vulneración. La acción de tutela se radicó
por ventanilla virtual el 5 de septiembre de 2022 y el auto de 23 de agosto de
2022, que confirmó el rechazo de la demanda, se notificó el 24 de agosto de
202222, es decir, 12 días después.
22 Expediente digital, Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, fl. 202.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
(iv) Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. En relación con el supuesto de irregularidad procesal, se
advierte que este requisito no es exigible en el presente asunto, pues si bien la
parte actora alega, entre otros, la configuración de un defecto procedimental
absoluto, en realidad el defecto advertido se dirige únicamente a desvirtuar la
juridicidad de la providencia atacada, por lo que la Sala no advierte la existencia
de un alegato relacionado con la existencia de una irregularidad procesal.
(v) Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los
hechos que generan la violación como los derechos que resultan
infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que
esto fuese posible. Para el caso concreto, se advierte que el accionante
identificó en su respectivo escrito de demanda las razones puntuales y concretas
por las que estima vulneradas garantías de orden superior, relacionando con
claridad los hechos que generaron la violación planteada por vía de tutela y los
derechos que resultaron transgredidos, así como la incidencia de los defectos
adjetivos en la decisión judicial que reprocha, sin que ello haya sido posible
invocarlo en el curso del trámite ordinario a través de otros escenarios distintos
al recurso de reposición.
(vi) Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último, debe
puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, se evidencia que no
se trata de una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.
H. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el caso
concreto
34.- Al acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, le corresponde a la Sala estudiar las
causales específicas de procedibilidad alegadas por la parte actora contra el auto de
23 de agosto de 202223 proferido por el Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito
de Cali, como a continuación se sigue.
35.- Para comenzar, la Sala estima pertinente precisar que, aunque la actora
manifestó de manera independiente los defectos: fáctico, procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución, los alegatos
propuestos en cada uno de los cargos contenidos en el recurso de amparo están
orientados a cuestionar la valoración que realizó la autoridad judicial accionada del
23 El análisis del caso se realizará
únicamente sobre lo decidido por la autoridad judicial accionada en el
mencionado auto, toda vez que, dicha decisión puso fin a la litis, al resolver el recurso de reposición interpuesto
por el accionante.
14
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
contenido de las demandas de las acciones populares Rad. 76001-33-33-002-2022-
00090-00 y Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00. Por consiguiente, la Sala
centrará su análisis en la configuración del defecto fáctico.
36.- En este punto, debe traerse a colación que la causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto
fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. En
definitiva, esta es la premisa tras la cual subyace el fundamento justificante de la
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, a pesar de
las amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la materia24.
37.- De ahí que en la jurisprudencia constitucional se haya explicado que las
deficiencias probatorias pueden generarse con motivo de: (i) una omisión judicial,
como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso
debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al
proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer evento, un
defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba. Pero también una deficiencia de tipo probatorio sobreviene
como consecuencia de (iii) una actuación negativa consistente en omitir o ignorar en
su integridad el material probatorio, principalmente aquellos elementos de juicio
determinantes para tomar una decisión.
38.- En todo caso, en cualquiera de las anotadas circunstancias, para que la acción
de tutela pueda proceder por un error fáctico, la deficiencia en el juicio valorativo de
la prueba debe ser de tal entidad “que sea ostensible flagrante y manifiesto”, y que
“el mismo tenga una incidencia directa en la decisión”, pues el juez de tutela “no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”25.
39.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se formulara la
acción popular 76001-33-33-013-2022-00142-00, las pruebas aportadas al proceso
y el contenido en sí mismo considerado del Auto de 23 de agosto de 2022, encuentra
esta Sala que el Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Cali efectivamente
incurrió en el defecto específico que acaba de caracterizarse.
40.- Ciertamente, de la lectura del auto objeto de censura puede extraerse que allí
se concluyó que era procedente rechazar la demanda de protección de derechos e
24 Cfr. Sentencias T-055 de 1997, T-008 de 1998 y T-809 de 2014 de la Corte Constitucional.
25 Cfr. Sentencia T-590 de 2009 de la Corte Constitucional.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
intereses colectivos presentada por el accionante al encontrar probada la
configuración de la excepción de agotamiento de jurisdicción, toda vez que: (i) las
acciones populares se fundamentaban en los mismos hechos atinentes a la
ejecución de una obra pública encaminada a la adecuación de la Plaza de Mercado
del Municipio de Jamundí; (ii) ambas acciones populares se encontraban en curso;
(iii) en ambas demandas se tenía como demando al Municipio de Jamundí; y, (iv) las
medidas cautelares en ambas acciones populares se orientaban a que las
autoridades judiciales ordenaran la suspensión del proyecto de la
construcción/remodelación de la Plaza de Mercado del municipio.
41.- A tal inferencia se arribó luego de indicar, que:
“(…) En segundo lugar, con relación al análisis efectuado por esta juzgadora para
determinar que en el presente asunto se configura el agotamiento de la jurisdicción,
el Despacho reafirma que se encuentran acreditados los presupuestos que la
configuran, pues se evidencia:
i) que las acciones populares se fundamentan en los mismos hechos atinentes a la
ejecución de una obra pública encaminada a la adecuación de la plaza de mercado
en el municipio de Jamundí, la cual tuvo inicio a finales del mes de junio del año en
curso.
Al respecto, tenemos que en la demanda que cursa en el Juzgado Segundo
Administrativo los comerciantes que laboran en la plaza de mercado del municipio de
Jamundí afirman desconocer el origen de los recursos que soportan la construcción
de la obra y alegan la falta de planeación por parte del ente territorial. Por otra parte,
en la demanda que cursa en este Juzgado, se pone en evidencia que los recursos
con los cuales se financia el proyecto en la Plaza de Mercado provienen de la
compensación aplicada bajo la figura de Cargas Urbanísticas, la cual fue autorizada
mediante la expedición de los siguientes actos administrativos: No. 39-49-068 del 25
de febrero de 2021, No. 39-49-069 del 25 de febrero de 2021 y No. Acto
administrativo 39-49-825 del 29 de diciembre de 2021 y que tal situación vulnera los
derechos colectivos de los habitantes de los proyectos urbanísticos de Parque Natura
y Pangola.
Por lo dicho, ambas acciones populares pueden tramitarse, si a bien lo tiene la parte
actora, bajo el conocimiento del Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Cali, poniendo en conocimiento de dicha autoridad judicial los documentos que tiene
en su poder a fin de que se integren al debate procesal que ya se surte bajo la acción
popular 2022-00090.
ii) Ambas acciones populares están en curso, conforme la información que se
constata en la Plataforma SAMAI.
iii) Ambas demandas van dirigidas contra el municipio de Jamundí.
16
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Asimismo, omite el recurrente mencionar que dentro de las pruebas allegadas con la
demanda de acción popular que cursa en este despacho se aporta el siguiente
enlace: https://fb.watch/eaXeIKGhrd/, que contiene un video en el que se observa
que la reportera del noticiero regional 90 minutos se encuentra en la galería Santa
Elena en el municipio de Jamundí entrevistando a un señor quien se identifica con el
nombre de Mario, él afirma ser el representante de los restaurantes de la galería,
manifestando que no se oponen a la construcción del proyecto, pero se queja de la
falta de reubicación de los comerciantes, así como de la falta de socialización de la
carga urbanística del proyecto, pues la constructora ha iniciado con las obras, sin
tener en cuenta que se les están causando perjuicios económicos por los
cerramientos.
Tal prueba demuestra que existe un número plural de afectados con la obra de
construcción/remodelación que se lleva a cabo en el municipio de Jamundí, por ende,
no se trata de hechos aislados, contrario a ello, los supuestos fácticos de ambas
demandas nacen de la inconformidad frente a la obra de construcción llevada a cabo
por la Constructora Bolívar, misma que afecta a distintos sectores de la comunidad.
Igualmente se observa que las solicitudes de medida cautelar en ambas acciones
populares van encaminadas a que las autoridades judiciales ordenen la suspensión
del proyecto de la construcción/remodelación de la plaza de mercado de Jamundí –
Valle.
-Finalmente, con relación a la reforma de la acción popular, considera esta juzgadora
que la misma no tiene vocación de prosperar, por cuanto lo que se está debatiendo
en esta etapa del proceso se atiene al rechazo de la misma.
Por lo anterior, el Despacho no repondrá el auto el Auto Interlocutorio del 09 de
agosto de 2022, mediante el cual se rechazó la acción popular de la referencia, por
encontrarse configurado y probado el fenómeno jurídico del agotamiento de
jurisdicción”.
42.- Al resolver el alegato propuesto por el recurrente en relación a la imposibilidad
de utilizar la figura de la coadyuvancia para establecer criterios, pretensiones y
derechos distintos a los estipulados en la demanda, lo que imposibilitaba que el
accionante pudiera esgrimir los fundamentos de cargas urbanísticas en favor de las
5.682 familias de los proyectos de Parque Natura y Pangola dentro de la acción
popular Rad. No. 76001333300220220009000, el juzgado accionado señaló que de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 472 de 199826 la figura de la coadyuvancia
habilitaba a los ciudadanos que así lo consideraran, a intervenir en las acciones
26 “ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de
que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar
igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o
sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones
deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos” .
17
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
populares, indicando como única condición la de no haberse proferido fallo en
primera instancia.
43.- Además, precisó que, las acciones populares buscan la satisfacción y la
protección de un interés de carácter colectivo y no individual, en tanto su naturaleza
atiende a los principios de solidaridad y eficacia, y señaló que prueba de ello es que
la Ley 472 de 1998 impone como obligación la comunicación masiva a la comunidad
del auto admisorio de la demanda, por lo que la figura de la coadyuvancia permitía
al accionante y cualquier ciudadano esgrimir los fundamentos por los cuales
considera que la construcción/remodelación de la Plaza de Mercado del Municipio
de Jamundí generaba la afectación de derechos de carácter colectivo dentro de la
acción popular Rad. 76001333300220220009000 que cursa en el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Cali.
44.- La Sala advierte que luego de ser proferido el auto discutido, la parte actora
solicitó su vinculación a la acción popular Rad. 76001333300220220009000 en
calidad de coadyuvante, sin embargo, el 15 de septiembre de 2022, en el marco de
la audiencia especial de pacto de cumplimiento, el Juzgado 2 Administrativo Oral del
Circuito de Cali negó la solicitud elevada por el accionante, al considerar que no era
posible: (i) incluir los hechos y pretensiones que se manifestaron en la acción popular
Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, pues de hacerlo se vulnerarían los derechos
al principio del debido proceso y la contradicción de las partes que ya se encontraban
vinculadas a la demanda; (ii) vincular a la Constructora Bolívar S.A. como
demandada debido a que esta fue reconocida como coadyuvante de la parte
demandada, teniendo en cuenta que la pretensión de la demanda radica en
ordenarle o no al Municipio de Jamundí la suspensión de la construcción y/o
remodelación de la Plaza de Mercado; y (iii) acceder a la solicitud de medidas
cautelares, teniendo en cuenta que el objeto de la acción popular Rad. 76001-33-33-
002-2022-00090-00, se relacionaba con la solicitud de suspender la construcción de
la Plaza de Mercado de Jamundí hasta tanto el proyecto no se concertara con los
integrantes de la Asociación de Baquiano de Jamundí y los demás miembros de la
comunidad afectados por la obra, lo que era sustancialmente diferente a la solicitud
de protección de los derechos e intereses colectivos de los propietarios de los planes
parciales de Parque Natura y Pangola.
45.- Así las cosas, mientras que para el juzgado accionado resultó acreditada la
configuración de la excepción de agotamiento de jurisdicción y en consecuencia
indicó que el accionante podía acudir a la acción popular Rad. 76001-33-33-002-
2022-00090-00 en calidad de coadyuvante para hacer valer sus pretensiones, el
Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito de Cali concluyó que no existía identidad
entre las demandas razón por la cual no era posible aceptar la solicitud de la parte
actora de ser reconocido como coadyuvante en la mencionada acción popular.
18
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
46.- En este punto es importante recordar que, en la Sentencia de Unificación de 11
de septiembre de 2012, la Sala Plena de esta Corporación estableció que el
agotamiento de jurisdicción es una figura procesal en virtud de la cual el juez
contencioso administrativo se encuentra habilitado para ordenar el rechazo de una
demanda interpuesta en ejercicio de la acción popular. Esto, teniendo en cuenta que
la administración de justicia ya conoció de la controversia en ella planteada,
relacionada con el desconocimiento de derechos colectivos, al tramitar previamente
un asunto de esa naturaleza en el que se debatieron los mismos supuestos fácticos
y jurídicos.
47.- Con el agotamiento de jurisdicción se garantizan los principios de economía,
celeridad y eficacia consagrados en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998, pues con
esta figura jurídica se evita que un litigio que fue puesto en consideración de la
administración de justicia, vuelva a estarlo, dado que ello provocaría desgaste del
aparato jurisdiccional del Estado y de las partes que en él intervienen, máxime
cuando los fallos que desatan acciones populares protegen a la comunidad afectada
y no solo a quien las promueve. Además, permite garantizar que en relación a
demandas que contienen los mismos hechos, partes y pretensiones, se tomen
decisiones contradictorias o se adopten medidas aisladas que dificulten el
cumplimiento y la ejecución de los fallos proferidos. En consecuencia, esta
Corporación catalogó la precitada figura procesal como una causal de rechazo de la
acción popular.
48.- En la referida decisión de unificación esta Corporación puntualizó lo siguiente:
<< El actor popular que demanda lo que otra persona ya trajo a la justicia, es decir
“que repite” lo ya “denunciado”, bien puede constituirse en coadyuvante de ese primer
proceso en trámite. Porque carece de sentido lógico y no consulta la racionalización
de recursos integralmente considerados que implica la tramitación de un proceso, ni
consulta el principio de eficacia que también rige la función judicial, el que paralela y
simultáneamente se adelante hasta cierta etapa un nuevo proceso, otro proceso,
siendo que deriva de una demanda popular que se funda en los mismos hechos, contra
el mismo demandado y que aspira a amparar iguales derechos de naturaleza colectiva,
y que si el primero va más avanzado, deba esperar a que los demás se hallen en la
misma etapa para poderlos acumular al inicial.>>27 (Subrayado propio)
49.- Y conforme a ello finaliza indicando que:
<<(…) la Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia, en
el sentido de determinar que, con apoyo en los principios de economía, de celeridad
y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa disposición del artículo
5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones populares, cuando
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de septiembre de 2012,
Rad. 41001-33-31-004-2009-00030-01(AP), C.P Susana Buitrago Valencia.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
se esté ante demandas de acción popular en las cuales se persiga igual causa
petendi, basada en los mismos hechos, y contra igual demandado, lo que procede
es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción.>>28 (Subrayado propio)
50.- Con las anteriores precisiones, esta Sala considera que el Juzgado 13
Administrativo Oral del Circuito de Cali, pretermitió el escrutinio de las diferencias
entre las demandas interpuestas en las acciones populares objeto del presente
pronunciamiento, enfocando su análisis en sus similitudes, omitiendo poner de
presente las diferencias alegadas por la parte actora en el recurso de reposición y
en las que el Juzgado 2 Administrativo Oral del Circuito de Cali fundamentó su
decisión de negar la solicitud de coadyuvancia elevada por el accionante; pues a
pesar de encontrarse claramente expresadas en los documentos aportados al
proceso, la autoridad judicial accionada no hizo una revisión completa y juiciosa del
contenido de los textos puestos a su consideración. Al respecto, la Sala estima que
el juzgado accionado omitió valorar, que:
(i) Si bien en ambas demandas se alegaba la vulneración de derechos colectivos
con ocasión de la construcción y/o remodelación de la Plaza de Mercado del
Municipio de Jamundí, en la demanda interpuesta por el accionante, dicha
vulneración tenía origen en la desviación de los recursos que de conformidad
con el artículo 47 del Acuerdo Municipal No. 002 del 30 de enero de 2002 –
P.B.O.T., debían ser invertidos en los Equipamientos Colectivos de los proyectos
de Parque Natura y Pangola, pues según él, estos se encuentran incluidos en
las cargas locales, una subespecie de las cargas urbanísticas y por lo tanto
debían ser distribuidas dentro de los planes parciales de los mencionados
proyectos, en virtud del principio de cargas y beneficios. Por lo anterior, indicó
en la demanda que la construcción de la Plaza de Mercado de Jamundí, es
contraria a la figura de las cargas urbanísticas.
Por otra parte, en la demanda que cursa ante el Juzgado 2 Administrativo Oral
del Circuito de Cali se alega la vulneración de los derechos colectivos de los
consumidores, usuarios, arrendatarios y propietarios de la Plaza de Mercado, en
razón a la ausencia de concertación con la Asociación de Baquianos de Jamundí
de: a) los planes sociales y de compensación económica para los comerciantes
y demás partes de interés de la plaza de mercado durante la remodelación de la
plaza; de mercado; b) la distribución de comerciantes en la plaza de mercado
después de la remodelación de la plaza de mercado; y c) el cronograma de obras
e intervenciones de la remodelación de la plaza de mercado29.
28 Ibidem.
29 Expediente digital, Rad. 76001-33-33-002-2022-00090-00, Escrito de demanda, fls. 1 – 11. Consultado en
SAMAI el 10 de noviembre de 2022.
20
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Aunque en ambas acciones se solicite detener las obras del Mercado local, los
hechos, causas y fines de cada una son diferentes. En la primera esa
determinación se ve como una medida necesaria para evitar que los residentes
de unos proyectos inmobiliarios resulten defraudados en cuanto a las cargas que
debe asumir el constructor para favorecer su entorno urbanístico. Y si bien se
solicitó como medida cautelar suspender dichas obras, la pretensión principal del
actor popular no es simplemente lograr la suspensión, sino la cancelación
definitiva, para que las cargas urbanísticas puedan utilizarse en debida forma.
En la otra acción popular, lo que se busca sí es suspender la construcción, pero
sólo hasta tanto se adelante un ejercicio de concertación con los consumidores
y usuarios de la plaza de mercado. Es decir, claramente el sustento fáctico de
cada acción es diferente, y aunque se orientan a detener la misma obra pública,
los motivos para ello son diferentes, además que en un proceso se propende por
la cancelación definitiva de ésta, y en el otro por la simple suspensión.
(ii) En la demanda impetrada por el accionante se vinculó como demandados al
Municipio de Jamundí y a la Constructora Bolívar S.A. mientras que en el Rad.
76001-33-33-002-2022-00090-00 se tiene como entidad demanda únicamente al
Municipio de Jamundí y en virtud de la decisión adoptada el 15 de septiembre de
2022, en la audiencia especial de pacto de cumplimiento, se le reconoció la
calidad de coadyuvante a la Constructora Bolívar S.A. Y es que en el proceso
adelantado por el accionante su pretensión vincula directamente a la
mencionada sociedad, pues demanda de ella como constructora, el
cumplimiento de las cargas urbanísticas en debida forma. En tanto que, en el
otro proceso la exigencia de una concertación con la comunidad se requiere sólo
a la entidad pública.
(iii) Pese a que en ambas demandas la solicitud de medidas cautelares se
relacionaba con la solicitud de suspender la construcción y/o remodelación de la
Plaza de Mercado de Jamundí, en la acción popular Rad. 76001-33-33-002-
2022-00090-00, dicha suspensión buscaba que: a) se cumpliera el principio de
planeación; b) se respetara la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; c) se concertara con la comunidad afectada los planes sociales y de
compensación económica para los comerciantes y demás partes de interés de
la plaza de mercado durante la remodelación de la plaza de mercado; la
distribución de comerciantes en la plaza de mercado después de la remodelación
de la plaza de mercado; y el cronograma de obras e intervenciones de la
remodelación de la plaza de mercado30.
30 Expediente digital, Rad. 76001-33-33-002-2022-00090-00, Solicitud de medidas cautelares, fls. 1 – 2.
Consultado en SAMAI el 10 de noviembre de 2022.
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
51.- Verificada la anterior situación, que se proyecta sobre los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor,
al incurrir, como ya tuvo la oportunidad de indicarse, en un defecto fáctico por no
haberse valorado de forma integral la documentación obrante en las acciones
populares Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00 y Rad.
76001333300220220009000, la Sala amparará los derechos fundamentales
invocados por el señor Rodrigo Micolta Silva, de suerte que se dejará sin efectos el
auto de 23 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado 13 Administrativo Oral del
Circuito de Cali, para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, se sirva proferir una nueva decisión en la que
valoren la totalidad de las pruebas documentales allegadas a la acción popular,
radicada con el número Rad. 76001-33-33-013-2022-00142-00, en particular, en los
aspectos reseñados en la parte considerativa del presente fallo.
52.- Por último, la Sala considera necesario reiterar que la intervención del juez de
tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido y que, en respeto por el principio de autonomía judicial y
el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen
exhaustivo del material probatorio. En ese sentido, la presente decisión se limita a
establecer en términos generales los aspectos que deben ser valorados por la
autoridad accionada con miras a restablecer la garantía de los derechos
fundamentales de la parte actora. Esto no implica que el juzgado accionado se
encuentre forzosamente obligado a continuar con el trámite de la demanda
interpuesta por la parte actora, pues conforme a los criterios de la sana crítica, y en
virtud de su autonomía e independencia, es posible que el juez accionado opte por
adoptar medidas alternativas que le permitan ponderar los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia con los principios de celeridad y
economía procesal. Sin perjuicio de esto, es su obligación garantizar que el hoy
accionante cuente con la garantía de que los hechos y pretensiones que ha puesto
a consideración de la administración de justicia, puedan ser efectivamente
estudiados por una autoridad judicial.
53. Bajo el argumento de garantizar los principios de celeridad y economía procesal,
no se pueden desdibujar los hechos y pretensiones expuestos en una demanda,
pretender asimilarlos a otra, obviando sus diferencias, y por ese camino privar al
accionante de su derecho constitucional de acceder a las autoridades judiciales para
que estudien una situación, que en su consideración está afectando los derechos
colectivos de una comunidad.
54.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00794-01
Accionante: Rodrigo Micolta Silva
Accionado: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
III. FALLA
PRIMERO. - REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca en sentencia de 16 de septiembre de 2022, y en su lugar, AMPARAR los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
invocados por el señor Rodrigo Micolta Silva.
SEGUNDO. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 23 de
agosto de 2022 proferida por el Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Cali,
para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, PROFIERA una nueva decisión, acorde a las consideraciones
expuestas en esta providencia.
TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO. - ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE31
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
31 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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