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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00807-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00807-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Darlyn Jesús Palacios Palacios en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2022-00807-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

Ra d ic ad o : 76 0 01- 2 3- 3 3- 0 0 0- 20 2 2- 0 0 80 7- 0 1
Ac c io n a nt e : D ar ly n J e s ús P a lac i os P a lac i os

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

F.T: 273
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00807-01
Accionante: DARLYN JESÚS PALACIOS PALACIOS
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUENAVENTURA

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual se libró
mandamiento de pago en un proceso ejecutivo. Incumplimiento del requisito general
de subsidiariedad y ausencia de un perjuicio irremediable.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 23 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

HECHOS RELEVANTES

a) Proceso ejecutivo

La Defensoría del Pueblo, como administradora del Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, instauró demanda ejecutiva en contra del señor
Darlyn Jesús Palacios Palacios, como representante legal de la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A. E.S.P., para obtener el pago
de la sanción impuesta el 20 de marzo de 2018 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 11 de mayo de 2018, consistente en multa de
cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de la
orden impartida en la sentencia del 7 de octubre de 2016 dentro de la acción popular
con número de radicado 76109-33-33-002-2013-00302-00.

El 3 de junio de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura libró mandamiento de pago en contra del señor Darlyn Jesús Palacios
Palacios por la suma de $ 3.124.968, por concepto de la referida sanción, y decretó
el embargo y secuestro de un vehículo automotor. El 6 del mismo mes y año la parte

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ejecutada contestó la demanda. El 14 de septiembre de la misma anualidad la
autoridad judicial precitada (i) rechazó por improcedente la anterior contestación, al
no acreditarse el derecho de postulación; (ii) no imprimió el trámite de amparo de
pobreza a las manifestaciones del señor Palacios Palacios; (iii) exhortó a este último
para que elevara su petición de dicho amparo con cumplimiento estricto de los
requisitos previstos en el artículo 152 del Código General del Proceso y (iv) ordenó
seguir adelante la ejecución.

b) Inconformidad

El accionante Darlyn Jesús Palacios Palacios consideró que el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, al expedir la providencia del 3
de junio de 2022, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, puesto que no
tuvo en cuenta que dejó de laborar para el Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Buenaventura S.A. E.S.P. el 19 de febrero de 2018, por lo cual ya no es el
representante legal de aquella, y, por ende, está exento de la carga de cumplir la
sentencia emitida dentro de la acción popular. En ese sentido, manifestó que carece
de legitimación en la causa, pues, al no pertenecer a esa sociedad, el mandamiento
de pago debió librarse en contra de esta y de su representante legal actual, a quien
le corresponde realizar todas las diligencias necesarias para dar cumplimiento a lo
ordenado por la autoridad judicial.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar su derecho fundamental previamente citado y,
en consecuencia, requirió conceder al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura un plazo, con el fin de que revoque la providencia del 3
de junio de 2022, mediante la cual libró mandamiento ejecutivo en contra suya y, en
su lugar, redireccione el proceso en contra de la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A. E.S.P., para que cualquier orden de
apremio sea atendida por la señora Edna Ruiz Montaño o quien haga sus veces.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura

El juez Víctor Manuel Marín Hernández indicó que, al revisar el expediente del
proceso ejecutivo, específicamente la contestación presentada, en nombre propio,
por el señor Darlyn Jesús Palacios Palacios, emitió el auto del 14 de septiembre de
2022, en donde resolvió varias situaciones jurídicas, como el litigio en causa propia,
el derecho de postulación, el amparo de pobreza y la procedencia de ordenar seguir
adelante la ejecución en contra del accionante.

De otra parte, explicó que la tardanza en la entrega de su informe se debió a que el
12 y 13 de septiembre de 2022 se presentaron fallas en el fluido eléctrico en el
edificio Atlantis donde se encuentra ubicado el despacho judicial, irregularidad que
trajo consigo la falta de conectividad en el servicio de internet por esos días.

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La Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Buenaventura S.A. E.S.P. no intervinieron en el presente trámite, a pesar de
que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de la referencia
por el juez colegiado de primera instancia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 23 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
improcedente la acción de tutela, al concluir que no se encontraba satisfecho el
requisito de subsidiariedad, comoquiera que el accionante no desplegó defensa
alguna al interior del trámite ejecutivo, no actuó a través de apoderado judicial, ni
acudió a las entidades públicas que pudieran representarlo ante la precariedad
económica alegada y tampoco aportó elementos probatorios ante el juez natural
para que pudiera analizar el amparo de pobreza.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual manifestó que
su desacuerdo se contrae a que la decisión adoptada por la autoridad accionada no
guarda consonancia con la realidad procesal, pues aquella no tuvo en cuenta que
no estaba obligado a lo imposible, ya que, al no pertenecer a la entidad, no le
correspondía hacer parte del incidente de desacato, y, en esa medida, la legitimada
era la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A. E.S.P,
la cual estará en cabeza del representante legal de turno, quien será la persona que
debe dar curso legal al mencionado incidente.

En esos términos, consideró que solo bastaba con revisar de manera desprevenida
el escrito de tutela, para determinar que no había lugar a declarar la improcedencia
de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿El señor Darlyn Jesús Palacios Palacios interpuso la acción de tutela antes
de que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura se pronunciara frente a la contestación que presentó en el
proceso ejecutivo?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis de procedencia de la acción,
(IV) perjuicio irremediable y (V) inexistencia de ese perjuicio en el presente asunto.
Veamos:

• Primer problema jurídico

¿El señor Darlyn Jesús Palacios Palacios interpuso la acción de tutela antes de que
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura se
pronunciara frente a la contestación que presentó en el proceso ejecutivo?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó

5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

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de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite

En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite y en el cual existan
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales,
esta se torna en improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde
subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello, la Corte Constitucional 6
ha reiterado que el interior del proceso es el primer escenario donde debe
efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de las garantías propias
de aquel, para lo cual en el ordenamiento jurídico se han creado los medios y
recursos necesarios, con el fin de que las partes puedan utilizarlos para alegar las
irregularidades que puedan presentarse y el juez se pronuncie sobre el particular.

En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo, cuando la decisión controvertida haya sido
dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual existen los mecanismos
judiciales para proteger los derechos fundamentales de las partes.

III. Análisis de procedencia de la acción

El señor Darlyn Jesús Palacios Palacios solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, al expedir la providencia del 3
de junio de 2022, mediante la cual libró mandamiento de pago en contra suya,

6 Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.

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comoquiera que dejó de laborar para el Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Buenaventura S.A. E.S.P. desde el 19 de febrero de 2018 y, por ende, de ser el
representante legal de aquella, por lo que, al estar exento de cumplir la sentencia
emitida dentro de la acción popular, no se encontraba legitimado en la causa por
pasiva en el proceso ejecutivo.

En sentencia de primera instancia de esta acción, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró improcedente la acción de tutela, por no encontrar superado
el requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante no desplegó defensa
alguna al interior del proceso ordinario, ni acudió a las entidades públicas que
pudieran representarlo ante la precariedad económica alegada y tampoco aportó
elementos probatorios ante el juez natural para que pudiera analizar el amparo de
pobreza.

Por su parte, el señor Palacios Palacios, en su escrito de impugnación, indicó que
la providencia recurrida no guarda consonancia con la realidad procesal, debido a
que no se tuvo en cuenta que aquel, al no pertenecer a la compañía precitada, no
le correspondía hacer parte del incidente de desacato, y, en ese sentido, esta última
era la que se encontraba legitimada, a través del representante legal en turno, para
dar curso legal al mencionado incidente.

Pues bien, como el fallador de primer grado determinó que la acción de tutela no
superaba el requisito de subsidiariedad, esta Subsección considera imperioso, en
primer lugar, definir si se encuentra satisfecha esta exigencia. Así, al revisar las
actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo con número de radicado 2022-
00057-00, se observa que el 6 de junio de 2022 el señor Darlyn Jesús Palacios
Palacios contestó la demanda ejecutiva, para lo cual afirmó que no es el
representante legal de la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Buenaventura S.A. E.S.P., pues solo fungió en ese cargo desde el 4 de septiembre
de 2017 hasta el 19 de febrero de 2018, donde emitió las respectivas respuestas,
en todo caso, por lo que lo toma por sorpresa que años después lo señalen de que
no atendió un incidente de desacato y que, como consecuencia, le impongan
sanciones, a pesar de no ser el representante actual de esa compañía y no haber
tenido un debido proceso de notificación, para dar las aclaraciones y respuestas
ante los órganos competentes. Adicionalmente, manifestó que no cuenta con un
empleo y mucho menos con los recursos económicos para atender el proceso
ejecutivo adelantado en su contra.

Por lo anterior, se advierte que el 14 de septiembre de 2022 el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura (i) rechazó por improcedente la
anterior contestación, al no acreditarse el derecho de postulación, puesto que se
requería la representación por un abogado inscrito; (ii) no imprimió el trámite de
amparo de pobreza a las manifestaciones del señor Palacios Palacios, debido a que
no cumplían los requisitos previstos en el artículo 152 del Código General del
Proceso, pero, dado que lo expuesto estaba encaminado a demostrar la
imposibilidad de sufragar gastos de representación judicial, consideró que no podía
desconocerse la situación especial y particular en que pudiere encontrarse

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conforme al principio de la buena fe y, en ese sentido; (iii) lo exhortó para que
elevara su petición de amparo de pobreza cumpliendo estrictamente los requisitos
mencionados en la disposición precitada y (iv) ordenó seguir adelante la ejecución.

Ahora bien, se avizora que el señor Darlyn Jesús Palacios Palacios discute, en esta
sede, la decisión adoptada el 3 de junio de 2022 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, mediante la cual libró
mandamiento de pago en contra suya por la suma de $ 3.124.968, por concepto de
la sanción de desacato. Sin embargo, se repara en que aquel, el 6 del mismo mes
y año, contestó la demanda, donde expuso el mismo desacuerdo planteado en esta
sede, y que el 14 de septiembre de 2022 la autoridad judicial precitada se pronunció
frente a esta.

En esa medida, se denota que para la fecha en que aquel instauró la petición de
amparo, esto es, 8 de septiembre de 20227, la autoridad accionada no se había
pronunciado sobre dicha contestación, de ahí que la acción de tutela se torne
improcedente, comoquiera que el peticionario no puede acudir paralelamente a este
medio de protección de derechos fundamentales, para que sea en esta sede donde
se resuelvan las discusiones que deben efectuarse al interior de aquel, pues de
hacerlo el juez constitucional invadiría la órbita de la competencia que le fue
atribuida a otra autoridad judicial.

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que a la fecha de la expedición de la
presente providencia el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura rechazó por improcedente tal contestación, debido a que aquel no
ejerció su derecho de defensa a través de un abogado, también lo es que no es
posible emitir un pronunciamiento de fondo, pues no se cuenta con elementos de
juicio para entrar a analizar la decisión que allí se adoptó, debido a que, como se
expuso, para la fecha en que se radicó la acción, no se había proferido dicha
providencia, por lo que el accionante no planteó ningún reparo en concreto frente a
esa decisión ni alegó la configuración de alguna causal específica de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales.

Adicionalmente, tampoco es dable entrar a analizar solamente la decisión adoptada
por el Juzgado accionado el 3 de junio de 2022, consistente en librar mandamiento
de pago en contra del peticionario, comoquiera que lo que aquí se discute fue lo que
controvirtió el accionante en la contestación de la demanda, luego lo que cabría
examinar en esta sede es la providencia emitida por el Juzgado precitado el 14 de
septiembre de igual anualidad, que fue en la que se pronunció sobre dicha
contestación, pues, de lo contrario, se desconocería el principio del juez natural.

En ese orden de ideas, no es factible que, como lo pretende el accionante, en esta
instancia se examine y se realice un pronunciamiento sobre su desacuerdo. Sin

7 Según la información que reposa en el sistema de gestión judicial «SAMAI», al consultar en primera instancia

la acción de la referencia.

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embargo, debe definirse si en el asunto bajo estudio se evidencia la existencia de
un perjuicio irremediable que flexibilice esta exigencia y amerite estudiar de fondo
el presente asunto, lo que se verificará en los siguientes acápites.

• Segundo problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

III. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional8, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.

IV. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio

Una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que el accionante no demostró
la existencia de un perjuicio irremediable. Igualmente, se advierte que, de las
pruebas obrantes dentro del expediente, no es posible determinar la existencia de
una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, ni se dan los presupuestos para considerar una afectación o
amenaza urgente del derecho fundamental que el peticionario reclama, pues si bien
es cierto que en el proceso ordinario alegó que no cuenta con trabajo y tampoco
con los recursos económicos suficientes para sufragar su representación judicial,
también lo es que aquel no expuso en esta sede ningún argumento para justificar
los motivos por los cuales no ha elevado en el proceso ejecutivo la solicitud del
amparo de pobreza en los términos que lo explicó la autoridad accionada.

En consecuencia, al no encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad ni
haberse demostrado la probable e inminente ocurrencia de un perjuicio

8 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

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Ra d ic ad o : 76 0 01- 2 3- 3 3- 0 0 0- 20 2 2- 0 0 80 7- 0 1
Ac c io n a nt e : D ar ly n J e s ús P a lac i os P a lac i os

irremediable, se confirmará la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Darlyn Jesús Palacios
Palacios en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura, por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró improcedente
la acción de tutela instaurada por el señor Darlyn Jesús Palacios Palacios en contra
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, de
conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

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