Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-00895-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-00895-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2022-00895-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-233-3000-2022-00895-01 (29445)
Demandante EDGAR SEPÚLVEDA DUARTE
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Rechazo de costos y pasivos. Carga de la prueba. Costo
presunto.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala de Oralidad, que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, acorde con los motivos expuestos en la
parte considerativa de la presente decisión.
SEGUNDO. Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 19 de julio de 2018 el demandante presentó la declaración del impuesto de renta
y complementarios del año 2017, en la cual se liquidó impuesto a pagar.
Previa notificación de requerimiento especial y su respuesta por el contribuyente, la
DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 2022005050000222 del 17 de junio de
2022, en la que se rechazaron costos y pasivos, se determinó renta líquida por
pasivos inexistentes, se incrementó el impuesto a pagar, y se impuso sanción de
inexactitud. El actor no presentó recurso de reconsideración contra el acto
liquidatorio.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el actor formuló las siguientes
pretensiones2:
«Que se declare la nulidad del Requerimiento Especial No. 2021005040001863 del 20 de
septiembre de 20213 y de la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022005050000222 del 17 de
1
Samai tribunal, índice 27.
2
Samai tribunal, índice 3. Exp Digital. Demanda.
3
La magistrada ponente en el auto admisorio de la demanda determinó como único acto demandable la liquidación oficial
de revisión 2022005050000222 del 17 de junio de 2022, Samai tribunal, índice 8.
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Demandante: Edgar Sepúlveda Duarte
junio de 2022, porque estos actos administrativos se encuentran viciados de nulidad por
violación de la Constitución y la ley.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en la pretensión anterior, que a
título de restablecimiento del derecho se declare la firmeza de la liquidación privada
presentada por mi defendida por el impuesto sobre la renta del año gravable 2017, de fecha
19 de julio de 2018.
Que se declare que no procede la sanción por inexactitud impuesta en la Liquidación Oficial
de Revisión No. 2022005050000222 del 17 de junio de 2022, por ausencia de hecho
sancionable.
Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN a pagar las costas del
proceso, incluidas las agencias en derecho, por encontrarse demostrados los supuestos de
hecho y de derecho que evidencian la irregularidad en la actuación administrativa.»
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 209 de la
Constitución Política; 107, 617, 618, 683, 684 literal f), 742, 743, 744 y 771-2 del
Estatuto Tributario; y, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
Sustentó el concepto de violación de la siguiente manera:
Adujo que la ley establece una tarifa legal probatoria para la procedencia de los
costos, consistente en la existencia de facturas que cumplan los requisitos previstos
en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. Afirmó que todas las facturas de
sus transacciones con los proveedores Agropeace S.A.S., Creservinalco, Proservicios y
Congrasur fueron entregadas a la administración, cumplen los requisitos establecidos
en los artículos precitados, y son pruebas directas de la realidad de las operaciones
realizadas con sus proveedores.
Expuso que la demandada no explicó las razones para apartarse de este material
probatorio y acudió indebidamente a la prueba indiciaria para sustentar la simulación
de operaciones, lo que vulneró su derecho al debido proceso.
Indicó que la administración expidió el acto demandado con fundamento en que las
operaciones con sus proveedores fueron simuladas, sin aplicar el procedimiento
especial previsto en el artículo 869-1 ibidem, cuando el artículo 869 ídem y la
Resolución 000004 de 2020 de la DIAN se refieren a la simulación de operaciones,
y regulan las actuaciones que se deben surtir en los casos de abuso en materia
tributaria.
Manifestó que la autoridad de impuestos no notificó el emplazamiento especial por
abuso, mediante el cual la entidad debía explicar las razones de la supuesta
conducta; por ende, al omitirse dicha actuación, no se le brindó la oportunidad de
aportar pruebas ni de controvertir las afirmaciones de la administración,
vulnerándose el debido proceso y el derecho de defensa.
Señaló que la demandada vulneró el artículo 743 del Estatuto Tributario, porque
además de las facturas, allegó otras pruebas directas que tenían mayor conexidad
con la realidad de las transacciones comerciales realizadas con los proveedores.
Adujo que los indicios contra los vendedores no tienen mayor conexidad con el
hecho que se pretende probar, que las pruebas aportadas.
Manifestó que los indicios son una prueba subsidiaria e indirecta, que solo puede
utilizarse a falta de pruebas directas. Manifestó que el rechazo de los costos y los
pasivos evidencian el actuar carente de justicia de la demandada, pues no se le
puede exigir más de lo que legalmente le corresponde.
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Demandante: Edgar Sepúlveda Duarte
Agregó que se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción,
dado que la demandada entregó tardíamente el expediente administrativo, lo que
impidió contar con las pruebas necesarias para estructurar adecuadamente la
demanda.
Reprochó que la DIAN le hubiera trasladado indebidamente la carga de verificar el
cumplimiento de obligaciones formales de sus proveedores. Señaló que la discusión
debió centrarse en la realidad de las operaciones de compra y venta de aceite, y no
en el comportamiento tributario esos terceros.
Señaló que la autoridad tributaria rechazó los costos con fundamento en indicios
sobre los proveedores Agropeace S.A.S., Creservinalco, Proservicios y Congrasur, sin valorar
las pruebas documentales allegadas, con lo cual incurrió en falsa motivación. Adujo
que la administración no probó la inexistencia de los pagos que dieron derecho al
costo, y no desvirtuó la contabilidad ni la veracidad de las facturas y soportes
externos e internos. Indicó que la demandada aplicó indebidamente los artículos 88
y 671 del Estatuto Tributario, porque los proveedores en cuestión no habían sido
declarados como ficticios mediante el acto administrativo correspondiente.
Explicó que la DIAN, al rechazar los costos sin cuestionar los ingresos derivados de
la venta del aceite, desconoció que no es posible la existencia de ingresos sin
costos, por lo que debió analizar integralmente la operación económica. Argumentó
que, la administración estaba obligada a aplicar el costo presunto previsto en el
artículo 82 ibidem.
Indicó que la demandada rechazó costos y pasivos sin tener certeza sobre la
inexistencia de las operaciones, generándose dudas en la valoración de los hechos.
Señaló que, en ese contexto, dichas dudas debieron resolverse a su favor conforme
al artículo 745 ídem. Afirmó que la demandada no apreció en conjunto las pruebas
aportadas ni las valoró debidamente, vulnerando el artículo 743 del Estatuto
Tributario.
Explicó que no se configuró el hecho sancionable de la inexactitud, porque las
operaciones eran reales y no existió daño al Estado; señaló que los datos
declarados eran ciertos, completos y debidamente soportados, y que no se probó la
inexistencia, falsedad o simulación de los costos y pasivos, ni la existencia de un
menor impuesto a cargo. Indicó que la demandada no motivó las razones para
afirmar la inexactitud y que, el rechazo de costos por falta de prueba no implica su
inexistencia ni la procedencia de la sanción.
Precisó que no se acreditó la intencionalidad requerida para imponer la sanción, y
que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre su improcedencia
en estos casos. Finalmente, señaló que la demandada interpretó erradamente
varias normas aplicadas, por lo que operaba la exoneración de la sanción de
inexactitud.
Oposición de la demanda
La demandada4 se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló
que, aun cuando el contribuyente cuente con facturas que cumplan con los
requisitos legales para soportar costos e IVAs descontables bajo el artículo 771-2
del Estatuto Tributario, la DIAN tiene amplias facultades de fiscalización para
4
Samai tribunal, índice 11. «4_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 11»
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asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales, derivadas del artículo 684
ibidem. Manifestó que, si se comprueba la inexistencia de las transacciones, los
costos pueden ser rechazados. Agregó que, para ello, cuenta con los medios de
prueba previstos en la ley tributaria o en el Código de Procedimiento Civil, según lo
establecido en el artículo 742 idem.
Refirió los antecedentes administrativos para ilustrar los motivos para rechazar los
costos, a partir de los hallazgos que permitieron desvirtuar las operaciones con los
proveedores Agropeace S.A.S., Creervinalco, Proservicios y Cograsur. Manifestó que, al
revisar la información de estas entidades, encontró reportes de información exógena
en los que no se evidencian compras de mercancías que permitan inferir la
existencia de inventarios para la venta, y verificó en algunos casos la ausencia de
establecimiento de comercio, la suspensión de RUTs, la liquidación de las entidades
y la omisión en la presentación de información exógena, de lo cual pudo inferir la
inexistencia de las operaciones.
Señaló que la eficacia probatoria de las facturas no es absoluta, pues la
administración puede controvertir la realidad de los documentos soporte de la
operación, caso en el cual se invierte la carga de la prueba y el contribuyente debe
acreditar la existencia de las operaciones. Indicó que, al ser informado de los
indicios de inexistencia de las transacciones, el actor debió suministrar información
que permitiera ubicar a los proveedores y verificar la trazabilidad de los productos
comprados; no obstante, sostuvo que aquel se limitó a mencionar las pruebas
formales como facturas, soportes y la contabilidad, sin que ello permitiera concluir
la realización material de las operaciones.
Trajo a colación las normas relativas al abuso en materia tributaria, en particular el
artículo 869 del Estatuto Tributario y la Resolución 000004 de 2020, y explicó que
esta figura permite recaracterizar operaciones artificiosas carentes de sustancia
económica. Indicó que la investigación se inició a partir de un informe de
inconsistencias que evidenciaba indicios de operaciones ficticias, lo que dio lugar a
la selección del actor en el marco del «programa INVEST. SURGID. OTROS PROGRAM
GESTION Código GO» para verificar la realidad económica de sus operaciones con
proveedores, y a la apertura formal de la investigación.
Precisó que el procedimiento adelantado no correspondía al especial por abuso
tributario, el cual no fue aplicado en el caso, sino a un proceso ordinario de
fiscalización en el que se rechazaron costos y pasivos por falta de prueba de la
realidad de las operaciones.
Indicó que, a partir del análisis probatorio realizado conforme a las reglas de la sana
crítica, encontró que durante el año gravable 2017 el actor registró transacciones
con proveedores inexistentes, que no contaban con bodegas, no presentaban
declaración de renta, no reportaban información en medios magnéticos y no
atendieron los requerimientos ordinarios. Manifestó que el contribuyente no refutó
lo anterior y tampoco colaboró para la ubicación de los proveedores, por lo que
concluyó que dichas operaciones eran inexistentes o simuladas. Expuso el alcance
de la prueba indiciaria en materia tributaria.
También indicó que la entrega tardía de las copias del expediente administrativo
ocurrió porque el actor no realizó la consignación mediante formato de recaudo
comprobante universal de forma oportuna. Afirmó que una vez el actor efectuó el
pago de las copias del expediente, estas le fueron entregadas.
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Explicó que el demandante registró pasivos con Creservinalco y Cograsur, sin probar
su existencia, razón por la cual procedía su desconocimiento. Refirió jurisprudencia
del Consejo de Estado5 sobre la aplicación del artículo 770 del Estatuto Tributario,
en el caso de contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Precisó que no existe
falsa motivación, dado que existen los hechos, motivos, circunstancias y normas
que condujeron a expedir los actos que modificaron la declaración privada. Resaltó
que no era requisito previo declarar proveedores ficticios a los vendedores en
cuestión, para rechazar los costos y pasivos.
Explicó que no era procedente realizar una estimación de los costos, conforme al
artículo 82 del Estatuto Tributario, porque la administración no desconoce la
totalidad de los costos incurridos para realizar su actividad productora de renta, sino
los relativos a unos proveedores. Agregó que el actor no adelantó una actividad
probatoria para soportar esos costos, por lo que no hay lugar a aplicar el costo
presunto.
Adujo que no era procedente aplicar el principio in dubio contra fiscum, dado que
solo opera cuando el contribuyente no está obligado a probar los hechos, lo cual no
ocurre en el caso concreto, en el que la carga de la prueba recaía sobre el actor,
por lo que no podían resolverse a su favor las supuestas dudas probatorias.
Indicó que se pudo constatar que el demandante incluyó costos y pasivos
improcedentes que fueron cuestionados por su existencia. Precisó que utilizó la
declaración privada para registrar datos incompletos y equivocados que derivaron
en un menor impuesto y saldo a pagar, configurándose así la sanción de inexactitud.
Por último, solicitó condenar en costas al actor ante los gastos incurridos para acudir
a la vía judicial, y agencias en derecho según lo indica el acuerdo del Consejo
Superior de la Judicatura. Manifestó que el costo del proceso ascendía a la suma
de $27.840 teniendo en cuenta el número de folios de los antecedentes
administrativos y el valor de cada hoja escaneada según la Resolución 000019 del
24 de febrero de 2021.
Sentencia apelada
El Tribunal6 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas al
demandante, para lo cual explicó que el Consejo de Estado ha reiterado que7,
conforme al artículo 771-2 del Estatuto Tributario, los costos y deducciones solo son
procedentes si están soportados en facturas o documentos equivalentes que
cumplan los requisitos legales; sin embargo, esta disposición no restringe la facultad
comprobatoria de la DIAN, que le permite verificar y desvirtuar las operaciones
constitutivas de costos y deducciones.
Indicó que, en virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde
al contribuyente probar los factores que reducen la base gravable8, mientras que la
administración debe acreditar la existencia de ingresos adicionales o de
operaciones sometidas a tributación. Agregó que el artículo 742 del Estatuto
Tributario, exige que la determinación de tributos y sanciones se funde en hechos
probados, y el artículo 684 ibidem faculta a la DIAN para realizar cruces de
información y demás diligencias necesarias, para garantizar la correcta
determinación de los impuestos.
5
Citó la sentencia del 23 de septiembre de 2021, exp. 23387, M.P. Milton Chaves García.
6
Samai tribunal, índice 27.
7
Citó la sentencia del 17 de febrero de 2022. Exp 24384. No indicó el nombre del magistrado ponente
8
Citó la sentencia del 14 de septiembre de 2023. Exp 27553. No indicó el nombre del magistrado ponente.
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Explicó que la autoridad de impuestos, a partir de indicios, desconoció pasivos,
costos y gastos, al concluir que el actor realizó transacciones comerciales que
sirvieron de instrumento de evasión, al haber simulado operaciones con los
proveedores Agropeace S.A.S., Creservinalco, Proservicios y Cograsur.
Resaltó que la demandada manifestó que las operaciones comerciales del actor con
esos proveedores estaban soportadas en la contabilidad y en las facturas, sin
reprochar el incumplimiento de requisitos, pero era indicativo de la inexistencia de
las operaciones que, en el período gravable 2017, los proveedores no tuvieran: i)
reportes de declaración de renta, ii) reportes de terceros (información exógena), iii)
la existencia de un domicilio principal, o iv) la existencia de una infraestructura o
bodega de mercancías.
Concluyó que las facturas y documentos contables, por sí solos, no eran suficientes
para acreditar la realidad de las operaciones económicas y que, en caso de
cuestionamiento por parte de la administración, correspondía al contribuyente
aportar pruebas adicionales que demostraran la existencia y características de las
transacciones. Planteó que la demandada desconoció las partidas a partir de
indicios, y que el actor no probó en contrario.
Explicó que, si bien el artículo 869-1 ídem establece un procedimiento especial en
caso de abuso tributario, en el asunto en concreto, el negocio jurídico de compra y
venta de bienes entre el actor y sus proveedores tuvo un propósito económico o
comercial, que no se discutió por las partes, lo que torna improcedente la aplicación
de la figura en cuestión.
Reiteró que, para corroborar la inexistencia de las operaciones, la administración
puede acudir a los distintos medios de prueba señalados en la ley. Planteó que, en
el caso de inexistencia de operaciones, los indicios adquieren mayor importancia,
porque si la transacción se reputa aparente, no obra evidencia directa que
demuestre su irrealidad, así, se acude a la evidencia de otros hechos, con los que
por inferencia lógica se deduzca la inexistencia.
Indicó que los documentos relacionados por la demandada permiten concluir que la
demora en la entrega de las copias del expediente no era imputable a la
administración, porque una vez el actor cumplió los requisitos exigidos, esta
procedió a su entrega.
Frente al cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria, señaló que
la demandada no cuestionó las facturas ni la contabilidad, pero estos documentos
no son suficientes para probar la realidad de las operaciones. Indicó que la facultad
de verificación le permitía a la administración realizar cruces de información con
terceros y las diligencias necesarias para investigar los hechos expuestos en la
factura y la contabilidad, para demostrar la realidad de las operaciones. Adujo que
a pesar de que el contribuyente podía desplegar una actividad probatoria para
demostrar la realidad de las transacciones, no lo hizo y se limitó a señalar que no
tenía la obligación de fiscalizar a sus proveedores.
Confirmó que, para el rechazo de compras no es requisito la declaratoria previa de
proveedor ficticio, como lo ha indicado el Consejo de Estado9. Agregó que, la figura
del costo presunto del artículo 82 del Estatuto Tributario no constituye un derecho a
favor del contribuyente que no cumplió con su carga probatoria, de conformidad con
9
Citó sentencia del 20 de septiembre de 2017, exp. 21372, sin indicar el magistrado ponente.
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la jurisprudencia del Consejo de Estado10. Y, como el actor no aportó las pruebas
necesarias para desvirtuar las conclusiones de la demandada, era improcedente
reconocer costos presuntos.
Resaltó que, en el caso no existió una duda que favoreciera al actor bajo el artículo
745 ibidem, sino una carencia de actividad probatoria. Además, la DIAN no infringió
el artículo 683 ídem, toda vez que le corresponde ejercer la facultad de verificación,
en aras de encontrar la realidad de las operaciones declaradas. Y, a pesar de los
hallazgos de la administración respecto de los proveedores cuestionados, el
demandante no ejerció su carga probatoria para demostrar la realidad de las
transacciones.
Por último, confirmó la procedencia de la sanción de inexactitud, toda vez que, el
demandante no desvirtuó la inexistencia de los proveedores. No condenó en costas
por no obrar pruebas en el expediente que justificaran su causación.
Recurso de apelación
El demandante11 presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual adujo que esta incurrió en defecto fáctico al omitir la
valoración de todo el acervo probatorio allegado. Afirmó que el tribunal omitió hacer
una debida valoración probatoria, lo cual condujo a convalidar la inexistencia de las
operaciones y el rechazo de la aplicación subsidiaria del costo presunto del artículo
82 del Estatuto Tributario.
Reprochó que la DIAN considerara que no existieron las operaciones con los
proveedores cuestionados, al tiempo que reconoció los ingresos declarados en el
año gravable 2017, con origen en la comercialización de aceite de soya y oleína
adquiridos a sus proveedores. Cuestionó que la demandada hubiera rechazado los
costos inherentes a los ingresos obtenidos y los pasivos, soportados en las facturas,
pesajes de báscula y pagos a proveedores, allegados como prueba.
Resaltó que la discusión debe centrarse en la existencia real de las operaciones de
compra y venta de aceite de soya, y no en el cumplimiento de obligaciones
tributarias de terceros, dado que no está obligado a exigir a sus proveedores el
cumplimiento de sus deberes fiscales.
Explicó que, conforme al parágrafo transitorio del artículo 771-5 del Estatuto
Tributario, los pagos en efectivo realizados en 2017 tienen reconocimiento fiscal
como costos, siempre que cumplan los requisitos legales. Insistió en que no se
pueden generar ingresos sin costos por la adquisición de los bienes enajenados,
por lo que la ley establece la posibilidad de determinar costos presuntos. Indicó que
la demandada, se limitó a rechazar los costos y pasivos con base en indicios
relacionados con terceros y que, en consecuencia, el acto administrativo está
viciado por falsa motivación y violación del debido proceso, por no haber valorado
las facturas y soportes documentales aportados. Insistió en que no era procedente
acudir a indicios12, toda vez que en el expediente obraban pruebas directas, que
acreditaban la realidad de las operaciones.
10
Citó sentencias del 05 de febrero de 2019, exp. 20851, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de julio de 2019; y
del 04 de junio de 2020, exps. 21030 y 24265, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
11
Samai tribunal, índice 30.
12
Citó las sentencias del 11 de mayo de 2017, exp. 21373, M.P. Milton Chaves García; del 3 de mayo de 2018, exp. 20727,
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de abril de 2018, exp. 21260, M.P. Julio Roberto Piza R.; del 19 de mayo de
2016, exp. 21185, M.P. Octavio Ramírez Ramírez; del 14 de julio de 2016, exp. 20556, M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia; del13 de agosto de 2015, exp. 20822; del 28 de febrero de 2019, exp. 20844, M.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Edgar Sepúlveda Duarte
Reiteró que a la DIAN le fueron allegados diversos medios probatorios que
acreditaban la realidad de las operaciones, como facturas de venta y soportes
contables. Afirmó que la falta de valoración probatoria configuró un defecto fáctico,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al
ignorarse pruebas determinantes para establecer la veracidad de los hechos13.
Insistió en que los proveedores en cuestión no habían sido declarados como
ficticios, para soportar el rechazo de los costos y los pasivos.
Reiteró que, si la administración consideraba que las operaciones eran simuladas,
debió aplicar el procedimiento previsto en el artículo 869-1 ídem, y la Resolución
000004 de 2020, lo cual no ocurrió.
Afirmó que el a quo no se pronunció en detalle sobre la sanción de inexactitud.
Insistió en que esta sanción no es procedente, porque demostró que las
operaciones realizadas eran reales y se encontraban debidamente soportadas.
Indicó que actuó de buena fe y que no existió conducta fraudulenta ni ánimo de
defraudar al Estado. También indicó que no es procedente la sanción, porque actuó
sobre una interpretación válida de la norma. Solicitó que, subsidiariamente, se
profiera fallo donde se regule la aplicación del costo presunto según el artículo 82
del Estatuto Tributario, y la sanción por inexactitud.
Oposición a la apelación
La demandada14 señaló que desvirtuó la realidad de las operaciones con base en
indicios debidamente valorados, y que el actor no cumplió con la carga de probar su
existencia material. Advirtió que no se le exigió verificar el cumplimiento de
obligaciones de terceros, sino desvirtuar los indicios que cuestionaban la realidad
de las operaciones15. Además, la declaratoria de los terceros como proveedores
ficticios, no está prevista en la normatividad tributaria ni es exigida por la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el desconocimiento de costos derivados
de operaciones simuladas16.
Explicó que la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario para determinar el
costo presunto, es una facultad de la DIAN que no releva al contribuyente del
cumplimiento de la carga probatoria exigida para el reconocimiento de los costos, ni
de demostrar la realidad material de las operaciones. El actor pretendió suplir su
inactividad probatoria con la aplicación del costo presunto, lo que ha sido rechazado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado17.
Señaló que el procedimiento especial de abuso en materia tributaria, solo resulta
aplicable cuando la administración recaracteriza o recalifica operaciones, no cuando
se limita a verificar su existencia. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en estos
últimos casos ha dicho que la actuación se surte dentro del procedimiento general
de revisión, por lo que no era exigible el trámite previsto en los artículos 869 y
siguientes del Estatuto Tributario. Además, insistió en la procedencia de la sanción
de inexactitud.
13
Citó la sentencia de fecha 28 de junio de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-03406-00 (AC), M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
14
Samai, índice 11.
15
Citó las sentencias del 9 de febrero de 2023, exp. 26365, M.P. Wilson Ramos Girón; y del 11 de abril de 2024, exp. 27638,
M.P. Milton Chaves García.
16
Citó las sentencias del 5 de marzo de 2018, exp. 21783; y del 20 del septiembre de 2017, exp. 21372, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez; mencionadas en la sentencia de 26 de mayo de 2022, exp. 24562, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
17
Citó la sentencia de 4 de agosto de 2011, exp. 17628, M.P. Martha Teresa Briceño.
8
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Radicado: 76001-233-3000-2022-00895-01 (29445)
Demandante: Edgar Sepúlveda Duarte
Por su parte, el actor presentó un escrito18 reiterando los argumentos expuestos en
el recurso de apelación, manifestando sus inconformidades frente a la decisión de
primera instancia.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sección decidir la legalidad de la liquidación oficial de revisión
2022005050000222 del 17 de junio de 2022, mediante el cual la DIAN modificó la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2017, presentada por el
demandante. En particular, se debe determinar si: i) procede el rechazo de costos
y pasivos, ii) es procedente aplicar la regla de costos presuntos del artículo 82 del
Estatuto Tributario, iii) debía aplicarse el procedimiento de la cláusula antiabuso
regulado en el Estatuto Tributario; y, iv) es procedente la sanción por inexactitud.
1. Desconocimiento de costos
El acto demandado propuso rechazar costos por valor de $1.504.015.000 por
concepto de compras a los proveedores Agropeace S.A.S., Creservinalco, Proservicios y
Cograsur, ante la simulación de las operaciones. Al efecto, indicó que a pesar de la
apariencia de legalidad de las transacciones mediante facturas y soportes contables
allegados por el actor, se pudo constatar la inexistencia de las operaciones, ante la
valoración en conjunto de circunstancias como la falta de actividad comercial,
suspensión del RUT, incumplimiento de la obligación de reportar información
exógena y/o de presentar declaración de renta, falta de respuesta de requerimientos
de información, inexistencia de las direcciones reportadas en el RUT, y/o ausencia
de inventarios de mercancías, así como de instalaciones de los proveedores
precitados. El Tribunal respaldó las conclusiones del acto demandado.
El demandante, apelante único, defendió la realidad de las operaciones de compra,
a partir de las pruebas directas allegadas (facturas y soportes contables), que
hacen improcedente la prueba indiciaria. Afirmó que no se le puede exigir la
verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus proveedores.
Cuestionó que la DIAN reconociera los ingresos provenientes de su actividad, pero
rechazara los costos incurridos para la obtención de dichos ingresos, sin haber
reconocido tampoco costos presuntos. Señaló que los proveedores en cuestión no
habían sido declarados como ficticios.
Esta Sección ha precisado que, en virtud del principio general de la carga de la
prueba de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde al
contribuyente demostrar los factores que aminoran la base gravable de los tributos
(e.g costos, gastos), pues es quien los invoca a su favor. De igual manera, ha sido
posición reiterada de la Sección19 que si bien, para la procedencia de costos y
deducciones, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige acreditar la
18
Samai, índice 12.
19
Sentencias del 19 de mayo de 2016, exp. 21185, M.P. Jorge Octavio Ramírez; del 30 de junio de 2022, exp. 25882, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del
18 de septiembre de 2025, exp. 27882, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
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Demandante: Edgar Sepúlveda Duarte
correspondiente factura o documento equivalente, según corresponda,
constituyendo tarifa legal, esto no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora,
en aras de verificar la realidad de la operación que da origen a la erogación.
La Sección también ha indicado que un conjunto de indicios contundentes puede
constituir acervo probatorio suficiente para determinar la simulación de operaciones,
y que, ante la solidez de los indicios se invierte la carga de la prueba y, por tanto,
corresponde al contribuyente demostrar, en aplicación del artículo 167 del Código
General del Proceso, la realidad de las operaciones20. Es decir, contrario a lo
expuesto por el apelante, los indicios pueden ser utilizados como cualquier otro
medio de prueba para corroborar la realidad de una transacción.
Es por esto por lo que, una vez cuestionada la realidad de la transacción por la
administración, con base en serios indicios, no resulta suficiente una acreditación
formal de la operación con la contabilidad y/o la factura o documentos equivalentes,
sino que es indispensable demostrar su existencia, cuya carga probatoria es
responsabilidad de quien reclama los correspondientes costos o gastos21 .
En el caso bajo examen, la Dirección Seccional de Impuestos de Cali recibió un informe de
la Coordinación Integral de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, en el que se advirtió
que algunas compañías presentaban indicios de realizar operaciones ficticias, por
lo que la investigación al actor se inició en razón a que este celebró operaciones
con dichas entidades (fl. 242 Caa). Durante la investigación iniciada por la DIAN, el
actor allegó los siguientes documentos:
• Órdenes de compra, facturas de venta, comprobantes de egreso en efectivo, comprobantes
de causación y recibos de caja22, relacionados con las operaciones ejecutadas con
Creservinalco ( fls. 193-199, 201-205, 382-384 Caa); Cograsur. (fls. 207-213, 326-380 Caa),
Proservicios (fls. 216-238, 386-425 Caa), y Agropeace S.A.S- se aportó factura de venta (fl.
200 Caa).
• Balance de comprobación de saldos (fls 139-175 Caa).
• Transacciones por beneficiario de cuenta (fls. 177-191 Caa).
• Registros de servicios de báscula emitidos por el Parqueadero el Ancla S.A.S (fls. 306-320,
381 Caa).
• Aseguramiento de calidad expedido por la Comercializadora Internacional Tequendama SAS
(fl. 209 Caa).
La demandada por su parte denotó las siguientes pruebas y hechos recaudados
durante la investigación:
• Creservinalco: RUT suspendido (fls 128-129 Caa); declaración de renta y complementarios
vigencia 2017 en la que no se observan pasivos ni cuenta por cobrar (fl. 215 Caa); no reportó
información exógena en el año 2017 (fl 241 Caa).
• Proservicios: RUT suspendido causal «26. Motivo Visita realizada por los funcionarios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constató que la dirección registrada en el
Registro Único Tributario es inexistente, incompleta, incorrecta, traslado del destinatario, no
20
Sentencias del 1 de agosto de 2019, exp. 23671, M.P. Milton Chaves García; del 30 de junio de 2022, exp. 25882, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del
23 de febrero del 2023, exp. 26103, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 3 de agosto de 2023, exp. 26415, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 23 de mayo de 2024, exp. 27223, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Sentencias del 18 de septiembre de 2025, exp. 27882, M.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 1 de agosto de 2019,
exp. 23671, M.P. Milton Chaves García; del 30 de junio de 2022, exp. 25882, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del
10 de noviembre de 2022, exp. 26448, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 23 de febrero de 2023, exp. 26003, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 3 de agosto de 2023, exp. 26415, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 18 de
septiembre de 2025, exp. 27882, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Samai Tribunal. Índice 11.
10
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conocen al destinatario, u otras causales que no permitan la ubicación del inscrito.» (fls. 14-
127, 214 Caa). No reportó información en medio magnéticos en el año 2017 (fl. 252 Caa).
• Congrasur: RUT en el que figura que está en liquidación (fls. 84-85 Caa); presentó declaración
de renta (fl. 216 Caa). La DIAN indicó que no existen reportes de información exógena que
amparen sus pasivos en valor superior al 8%, y la información exógena de respaldo solo le
permite comprobación del 3.8% en cuanto a sus costos y gastos, lo que ofrece duda sobre la
razonabilidad de lo reportado por terceros y lo declarado por el contribuyente.
• Agropeace SAS: No reportó información en medio magnéticos en el año 2017 (fl. 252 Caa).
RUT suspendido indicándose como motivo visita de verificación donde se constata que la
dirección informada por el inscrito no existe o no es posible ubicarlo en el domicilio informado
(f. 256 Caa). No ha presentado declaraciones por ningún periodo y concepto encontrándose
omiso desde su creación (diciembre 20 de 2016) (fl. 256 vto. Caa). La dirección principal no
registra número de piso, ni número de oficina, lo cual fue verificado durante diligencia de
verificación tributaria por los funcionarios comisionados (fl. 256 vto. Caa).
• La DIAN señaló que, según su análisis de la información reportada en medios magnéticos por
el actor, este registró costo de compras a los terceros Creservinalco, Congrasur, Agropeace y
Proservicios, y registró pasivos con Creservinalco y Congrasur.
A partir de lo anterior, la Sección encuentra que, si bien el actor -tal como lo
reconoció la DIAN-, durante la investigación entregó la documentación cumpliendo
con las formalidades del caso, las facturas y documentos contables aportados no
son suficientes para demostrar la adquisición de aceite de soya y oleína por el actor,
dados los hallazgos de la administración sobre los proveedores cuestionados.
Al respecto es importante advertir que lo que se debate en el caso es la realidad de
las transacciones. No obstante, lo que acreditan las pruebas reseñadas por el
demandante es el registro formal de las mismas, circunstancia que no está en
discusión. En efecto, los documentos presentan información fiscal y contable que
no es suficiente para acreditar la existencia de las operaciones, pues no permite
verificar la efectiva adquisición de los bienes que, presuntamente, se compraron a
los proveedores, con lo cual las pruebas cumplen una función de acreditación formal
que resulta insuficiente23.
De manera específica, la Sección resalta que, más allá de las facturas y soportes
contables del mismo actor, este aportó algunos registros de servicios de báscula
emitidos por el Parqueadero El Ancla S.A.S. No obstante, en su mayoría resultan
ilegibles, presentan anotaciones a mano y, lo más importante, no es posible cruzar
la mercancía pesada con un proveedor determinado, ni con los valores de las
facturas registradas por el actor, así como tampoco con la mercancía que haya
ingresado y salido del sistema de inventarios.
Por otra parte, los comprobantes de egreso elaborados por el apelante dan cuenta
de pagos por sumas significativas efectuados en efectivo. Al respecto, se advierte
que este medio de pago, a diferencia de los mecanismos bancarizados como el
cheque o la transferencia electrónica, impide identificar de manera cierta si
efectivamente hubo un retiro de recursos y, de ser así, si estos fueron recibidos por
los supuestos proveedores.
Relacionado con lo anterior, el actor planteó que conforme al parágrafo transitorio
del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, los pagos en efectivo realizados en 2017
tienen reconocimiento fiscal como costos, siempre que cumplan los demás
requisitos establecidos en la ley. Frente a este planteamiento, la Sección advierte
23
Sentencias del 25 de abril de 2024, exp. 27798, M.P. Wilson Ramos Girón; y del 5 de febrero de 2026, exp. 28490, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
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que no le asiste razón al actor al pretender el reconocimiento de los pagos
realizados en efectivo, respecto de transacciones en las que no se acreditó con
suficiencia su existencia, teniendo en cuenta que la misma norma en cuestión
condicionó su procedencia al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.
Adicionalmente, si bien se allegaron documentos como aquel denominado Arín de
Salida emitido por Logicomer SAS sobre «salida al resto del territorio nacional de mercancías por
importación ordinaria» (fl. 321 Caa) y guías de remisión, con información de
conductores y bienes transportados (fl. 322-323 Caa), no es posible asimilarlos a
guías de transporte que permitan concluir que la mercancía supuestamente
enajenada por los entes cuestionados, fue efectivamente despachada por estos y
recibida por el actor.
Por otro lado, contrario a lo que plantea el apelante, como lo ha reiterado esta
Sección24, los proveedores en cuestión no requerían haber sido declarados
previamente como ficticios, para proceder al rechazo de los costos por inexistencia
de operaciones.
En suma, la Sección concuerda con la demandada y con el tribunal, que en el caso
sub examine se evaluaron las pruebas aportadas por el actor; no obstante, ante los
indicios de inexistencia de operaciones con los entes investigados, aquellas se
tornaron insuficientes y, por ende, estaba en manos de aquel probar su realidad, lo
que no sucedió.
Por el contrario, el demandante además de reiterar que la documentación aportada
no fue valorada por la demandada, se limitó a resaltar que no le correspondía
responder por los incumplimientos de sus terceros proveedores.
Para la Sección es claro que no es dable exigirle a un contribuyente la verificación
del cumplimiento de las obligaciones fiscales de terceros; sin embargo, ello no lo
libera del deber de demostrar, con pruebas pertinentes, conducentes y útiles, la
sustancia económica de sus transacciones, sobre todo cuando de estas se derivan
costos y deducciones que disminuyen la base de tributación.
Además, no sobra reiterar que lo consignado en las declaraciones de impuestos se
presume cierto, salvo que la autoridad exija una comprobación especial o la ley lo
disponga25; en tal caso, se invierte la carga de la prueba, quedando a cargo del
contribuyente que haya registrado costos y gastos en sus declaraciones su
demostración.
Con todo, es preciso concluir que además de las facturas y los documentos
contables allegados por el actor, que dan una apariencia formal a la transacción; los
demás documentos aportados no permiten verificar la trazabilidad de la operación
de compraventa, para soportar efectivamente su existencia.
Por todo lo expuesto, no es aceptable el cargo por falsa motivación, dado que, ante
la carencia probatoria en manos del actor, no se configuró ninguna de las
circunstancias propias de esta causal de nulidad de los actos administrativos:
«a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes
de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b)
24
Sentencia del 23 de noviembre de 2023, exp. 27234, M.P. Milton Chaves García.
25
Sentencia de fecha 31 de mayo de 2018, exp. 20813, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
12
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Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que, de
haber sido considerados, habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente» 26.
Por lo anteriormente expuesto, no prospera el cargo.
2. Rechazo de pasivos en el impuesto sobre la renta
El acto demandado propuso rechazar pasivos por $224.566.000, provenientes de
cuentas por pagar a los proveedores Creservinalco y Cograsur, ante la verificación de
la inexistencia de las operaciones de compra a los proveedores en cuestión, con
base en el mismo acervo probatorio expuesto en la sección anterior. Como
consecuencia, se aplicó el artículo 239-1 del Estatuto Tributario para incluir el valor
de los pasivos inexistentes como renta líquida gravable.
Al respecto, la Sección ha indicado27que los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad deben respaldar los pasivos con documentos idóneos que precisen la
obligación según el origen y naturaleza del crédito, con el Ileno de todas las
formalidades exigidas para la contabilidad, de conformidad con los artículos 283 y
770 del Estatuto Tributario. De esta manera, «no basta con la contabilidad para soportar
estos rubros, sino que deben aportarse los documentos externos que justifican la contabilización, en
tanto estos últimos constituyen el soporte básico de las transacciones efectuadas con terceros, que
es el caso de las deudas o pasivos. De hecho, conforme con el artículo 774 ibidem, el comprobante
externo es uno de los requisitos para que la contabilidad constituya prueba».28
La Sección también ha señalado que, para la demostración de pasivos, el legislador
«exige la prueba documental, de tal suerte que, si no existe o es incompleta, no puede ser apreciada
y, por tanto, la deuda se tendrá como no demostrada »29. Igualmente, ha indicado que en el
soporte debe constar la clase de pasivo, su vigencia y existencia al fin del periodo
gravable30.
A la luz de lo anterior, en relación con los pasivos registrados por las operaciones
de compra a Creservinalco y a Cograsur (fl. 90 Caa), la Sección advierte que el actor
no expone argumentos concretos para controvertir su rechazo ni ofrece mayor
explicación sobre los soportes específicos que los sustentan, sino que insiste en
cuestionar que la DIAN y el a quo hayan fundamentado el rechazo en indicios,
desestimando pruebas directas obrantes en el expediente.
Ahora bien, la Sección observa que los pasivos se originaron en costos rechazados
por estar vinculados con operaciones inexistentes, tal como se concluyó en el
acápite anterior, razón por la cual no prospera el cargo.
3. Costos presuntos
El actor argumentó que, la DIAN estaba obligada a aplicar el costo presunto previsto
en el artículo 82 del Estatuto Tributario, con el fin de evitar una determinación sobre
ingresos brutos desconociendo la capacidad contributiva del actor, lo cual no ocurrió
en el acto demandado. El tribunal señaló que la norma no constituye un derecho a
favor del contribuyente que no cumplió con su carga probatoria.
26
Sentencia del 6 de julio de 2016, exp. 19909, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
27
Sentencia del 13 de agosto de 2020, exp 23938, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
28
Sentencias del 25 de noviembre de 2021, exp. 24564, y del 5 de febrero de 2026, exp. 28490, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
29
Sentencias del 25 de mayo de 2023, exp. 27209, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 22 de mayo de 2025, exp.
29243, M.P. Wilson Ramos Girón (E); y del 5 de febrero de 2026, exp. 28490, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
30
Sentencias del 19 de noviembre de 2020, exp. 24318, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); del 26 de septiembre de
2024, exp. 27139, M.P. Wilson Ramos Girón; del 22 de mayo de 2025, exp. 29243, M.P. Wilson Ramos Girón (E); y del 5
de febrero de 2026, exp. 28490, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
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En su apelación el demandante reprochó que el a quo omitiera hacer una valoración
propia de las pruebas obrantes en el expediente, lo cual condujo al rechazo de la
solicitud de aplicación subsidiaria del costo presunto.
La Sección resalta que, en el caso, el rechazo de costos y pasivos obedeció a que
el actor no probó de manera suficiente la existencia de las operaciones que
supuestamente dieron lugar a los mismos.
Así, para resolver la petición del demandante sobre la aplicación subsidiaria del
costo presunto previsto en el artículo 82 del Estatuto Tributario, en caso de
considerar procedente la actuación de la DIAN, la Sección debe referirse en primer
lugar al principio de capacidad contributiva, definido como la posibilidad económica
de tributar31, que en el impuesto sobre la renta se traduce en gravar únicamente una
renta o utilidad depurada, lo que supone que de los ingresos gravados ordinarios y
extraordinarios se detraigan los costos y gastos asociados, y de ahí que el artículo
26 del Estatuto Tributario regule como base de este impuesto la renta líquida
gravable32. Por esa razón, en virtud de los principios de justicia, equidad y capacidad
contributiva, el impuesto a la renta no puede recaer sobre los ingresos brutos, por
lo que el legislador previó en el artículo 82 ibidem, la posibilidad de estimar los
costos en casos específicos.
La Sección reitera que el artículo 82 consagra los métodos supletorios para
establecer los costos generados por un contribuyente del impuesto a la renta, como
una forma de materializar los principios de justicia33 y equidad que rigen el sistema
tributario y, en particular, el principio de capacidad contributiva34, «en aquellos eventos
en los que no sea factible probar mediante pruebas directas el costo solicitado por el contribuyente
por transacciones cuya existencia esté acreditada.» 35
Sobre el mecanismo previsto en la norma precitada, la Sección también señaló «que
lo que se estima es el costo de los activos enajenados, el debate probatorio que busca solventar el
precepto recae sobre la cuantía por la cual se adquirió o conforma el activo enajenado. Por eso, si
se acredita que no ocurrieron las operaciones de compra que constituyen el costo, o las de venta
que habilitan a reclamar un costo en el periodo, resulta inapropiado pretender la estimación de los
costos. De ahí que los precedentes sobre la materia nieguen las estimaciones indirectas y objetivas
del costo en los casos en que la autoridad tributaria pruebe la simulación de los negocios jurídicos
que lo originaron, o si el contribuyente omite entregar los medios que prueban su realización, como
cuando se resiste a aportar la contabilidad.»36
De manera que la norma no es aplicable en aquellos casos en que el contribuyente
no desplegó la actividad probatoria requerida para probar la existencia de las
operaciones de compra de activos movibles que generaron las erogaciones que
reclama como costos, toda vez que «no son una alternativa ni un derecho del administrado,
porque no autorizan a “desatender las consecuencias jurídicas que derivan de la aplicación de la
regla de decisión que impone la carga de la prueba” (…) »37
A la luz de lo expuesto, y dado que en el presente caso el actor no allegó pruebas
adicionales a las facturas y documentos contables, que acreditaran la realidad de
las operaciones de compra de aceite de soya y oleína, el cargo no prospera.
31
Sentencia C-293 de 2020.
32
Sentencia del 4 de diciembre de 2025, exp. 29859, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
33
Sentencia del 18 de junio de 2008, exp. 16131, M.P. Ligia López Díaz.
34
Sentencias del 24 de julio de 2025, exp. 28397, y del 4 de diciembre de 2025, exp. 29859, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
35
Sentencia del 5 de junio de 2025, exp. 29037, M.P. Wilson Ramos Girón.
36
Ibidem.
37
Sentencias del 5 de junio de 2025, exp. 29037, M.P. Wilson Ramos Girón; del 26 junio de 2025, exp. 27343, y del 10 de
julio de 2025, exp. 27848, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 20 de noviembre de 2025, exp. 27133, M.P. Claudia
Rodríguez Velásquez.
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4. Procedimiento cláusula antiabuso
El actor reprochó que la DIAN no le hubiera notificado el emplazamiento especial
exigido por las normas que regulan el abuso en materia tributaria, por cuanto, al
omitirse dicho acto, no se le brindó la oportunidad de aportar pruebas ni de
controvertir las afirmaciones de la administración, con lo cual se vulneraron sus
derechos de defensa y debido proceso. El tribunal explicó que, si bien el artículo
869-1 del Estatuto Tributario prevé un procedimiento especial para los casos de
abuso tributario, en el caso concreto, los rechazos efectuados al actor se
fundamentaron en la falta de pruebas sobre la realidad de las operaciones de
compra de mercancía, y no en la aplicación de la cláusula general antiabuso.
Esta Sección38 se ha pronunciado sobre la aplicación del procedimiento antiabuso
y los casos en los que se cuestiona la realidad de las transacciones por considerar
que han sido simuladas, para concluir que considerando las diferencias entre estos
conceptos jurídicos, el procedimiento especial por abuso del artículo 869-1, no
aplica en casos en los que la liquidación oficial sustenta sus glosas únicamente en
la comprobación de las operaciones declaradas por el contribuyente, para
determinar si estas existieron o no, pues aquí la administración está buscando
comprobar la realidad de las transacciones declaradas, sin que en los actos
demandados se hiciera referencia a una conducta de abuso ni tampoco a los
artículos 869 a 869-2 del Estatuto Tributario.
Descendiendo al caso concreto, se observa que la Dirección Seccional de Impuestos de
Cali recibió un informe de la Coordinación Integral de Lucha contra el Contrabando y la Evasión
Fiscal, en el que se advirtió que algunas compañías presentaban indicios de realizar
operaciones ficticias, por lo que la investigación al actor se inició en razón a que
este celebró operaciones con dichas entidades (fl. 242 Caa).
De igual manera, la administración tributaria adujo que en el aplicativo Análisis de
Operaciones constató que el actor reportó haber tenido transacciones comerciales con
entidades que presentaron claros indicios de servir de instrumento de evasión a
través de simulación de operaciones, por lo que mediante el requerimiento especial
y el acto demandado, se invirtió la carga de la prueba para que el demandante
probará la existencia y realidad de las operaciones celebradas con los terceros
cuestionados.
Así las cosas, se denota que la DIAN, ni en el acto preparatorio ni en el acto
demandando, cuestionó la calificación jurídica de las transacciones celebradas por
el actor y los terceros cuestionados, y por ello no desplegó una actividad probatoria
tendiente a su recaracterización o reconfiguración.
Tampoco estableció efectos fiscales de transacciones que hubieran permanecido
ocultas o desfiguradas frente a la administración, lo cual es premisa fundamental
para aplicar la cláusula antiabuso y seguir el procedimiento plasmado en el artículo
869-1 del Estatuto Tributario y la Resolución 004 de 2020, invocada por el actor.
En suma, el procedimiento adelantado por la demandada no correspondió al
especial por abuso tributario, sino a un procedimiento ordinario de fiscalización para
el rechazo de costos y pasivos por indicios de inexistencia de las operaciones,
38
Sentencias del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, del 7 de noviembre de 2024, exp. 27240, y del 4 de diciembre de
2025, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y del 23 de febrero de 2023, exp. 26874, M.P. Wilson Ramos Girón.
15
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Radicado: 76001-233-3000-2022-00895-01 (29445)
Demandante: Edgar Sepúlveda Duarte
durante el cual el actor contó con las oportunidades legales para aportar pruebas
que desvirtuaran los indicios en su contra.
Por lo anterior el cargo no prospera.
5. Sanción de inexactitud
La Sección estima que la sanción por inexactitud es procedente debido a que el
actor incluyó en su declaración de renta costos y pasivos improcedentes, que
derivaron en un menor valor a pagar, en los términos del artículo 647 del Estatuto
Tributario, en su versión vigente para la época de los hechos. De allí que sí existió
hecho sancionable.
Así mismo, se aclara al actor que, para imponer la sanción por inexactitud, no se
requiere probar que el contribuyente actuó con ánimo defraudatorio o con intención
dolosa, sino haber incurrido en una de las conductas sancionables del artículo 647
ibidem, como ocurrió en el presente caso.
Frente a la diferencia de criterios, la procedencia de esta causal se supedita a que
los hechos y cifras denunciados sean completos y veraces, siendo necesario que
en el proceso exista una prueba que los corrobore en toda su magnitud, y a que el
contribuyente demuestre que la interpretación de la norma en la que se subsume el
hecho económico declarado es razonable, es decir, que se encuentra sustentada
en métodos o técnicas de interpretación legalmente aceptables.
En este caso, el contribuyente no explicó en qué medida su interpretación puede
ser razonable o válida para que opere la causal exculpatoria, ni tampoco las cifras
declaradas son completas y veraces, dada la improcedencia de los costos y pasivos.
6. Costas
No se realizará pronunciamiento sobre la decisión del tribunal por este concepto,
dado que no fue objeto de apelación. En cuanto a esta instancia, se condenará en
costas al demandante atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 365 del
Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
Las agencias en derecho se tasan en un (1) SMMLV, en esta instancia de
conformidad con el Acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo
Superior de la Judicatura. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca Sala de Oralidad, el 1 de agosto de 2024.
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2. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia, según lo explicado en
la presente providencia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite
al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
3. RECONOCER personería al abogado Carlos Calderón Vargas, como apoderado
de la DIAN, en los términos del poder obrante a índice 11 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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