Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00900-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00900-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00900-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de diciembre de 2022
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00900-01
Demandante: TERESITA PEÑA PRIETO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00900-01
Demandante: TERESITA PEÑA PRIETO
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL VALLE
DEL CAUSA Y JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
ROLDANILLO
Temas: Tutela contra acto administrativo que accedió a traslado
horizontal de otro empleado en carrera de la Rama Judicial.
Concepto favorable de traslado en la modalidad de servidor de
carrera u ordinario. No se cumple con el requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante contra la sentencia de 25 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que negaron las
pretensiones de la acción de tutela porque no se configuró la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna, a la familia,
igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital, así como los
principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, con
ocasión de la Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022, “por medio de la cual
se accede al traslado de un citador al centro de servicios judiciales del sistema
penal acusatorio del circuito de Roldanillo, Valle del Cauca”, expedida por la Jueza
Coordinadora del Centro de Servicios Judicial del Sistema Penal Acusatorio de
Roldanillo, a pesar de existir un concepto favorable de traslado de la señora
Teresita Peña Prieto.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante indicó que labora en el Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio,
Valle del Cauca, en el cargo de Citador Grado 3 en propiedad desde el 30 de abril
de 2018. Agregó que su domicilio principal se encuentra en el municipio de
Roldanillo y que su núcleo familiar está compuesto por sus dos hijas menores de
edad.
Afirmó que, en su oportunidad, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca un traslado al Juzgado Municipal de Roldanillo en el cargo de
Citador que se encontraba vacante en el Centro de Servicios Judiciales de Control
de Garantías del Circuito de Roldanillo, con fundamento en sus afecciones de
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Demandante: TERESITA PEÑA PRIETO
salud, por lo que se expidió concepto favorable de traslado No. 21 de 6 de abril de
2022.
Resaltó que mediante Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022, se aceptó el
traslado del señor Samuel Mazuera Campo al Centro de Servicios Judiciales del
Control de Garantías del Circuito de Roldanillo, quien ocupaba el cargo de citador
en el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, acto administrativo que, a su juicio,
carecía de motivación, pues sin manifestar fundamentos jurídicos se aceptó el
traslado del señor Mazuera Campo, desatendiendo la prelación de la accionante al
haber solicitado el traslado como consecuencia de un quebranto de salud
diagnosticado desde el 2020 como una esclerosis sacroiliaca bilateral que afecta
el nervio ciático que le produce un dolor que irradia hacia las piernas.
Sostuvo que el 24 de septiembre de 2022, el médico especialista en ortopedia le
prescribió “RESTRICCIÓN PARA ACTIVIDADES QUE GENEREN IMPACTO:
BIPEDESTACIÓN PROLONGADA, SEDENTACIÓN PROLONGADA DEBE
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS INTERMITENTES TRANSPORTE EN MEDIOS
QUE OCASIONEN VIBRACIÓN: BICICLETA, MOTO, SEMOVIENTES”, empero,
en razón a la distancia entre su domicilio y el lugar de trabajo debe desplazarse en
su motocicleta diariamente por lapsos de una hora por trayecto, lo que le genera
dolor y adormecimiento en las piernas.
Finalmente, la accionante manifestó que sus hijas menores dependen económica
y afectivamente de ella, por lo que el tiempo que se encuentra por fuera del hogar
hace que pierda momentos necesarios y trascendentales, dada la etapa de
especial atención en la que se encuentran.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna, a la familia,
igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital, así como los
principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima,
supuestamente vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca y el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Roldanillo, en virtud de la expedición de la Resolución No. 010 de 19 de agosto
de 2022, mediante la cual se accedió al traslado de otro empleado de carrera
administrativa.
Afirmó que la Ley 771 de 2002 y el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, expedido por
la extinta Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, regula en el
capítulo II el traslado por razones de salud, así como los requisitos y el
procedimiento, los cuales, refiere, cumplió cabalmente.
Sostuvo que la Corte Constitucional en la sentencia T-953 de 2004, señaló que
“cuando un ente nominador debe elegir entre el candidato que ocupa el primer
lugar en el listado de elegibles elaborado para la provisión de una vacante
determinada, y un funcionario que solicita su traslado al mismo cargo por razones
de salud, debe ponderar no solo los méritos y calidades de uno y otro, sino
también la situación fáctica en que se encuentran este último y sus familiares”.
Resaltó que “la señora TERESITA solicito su traslado por salud en donde se
puede demostrar que desde el día 09 de febrero de 2020 fue diagnosticada con
SACROLITIS, NO CLASIFICADA, por dolor en región glútea derecha con
irradiación tipo ciatalgia. Episodios Súbito (paroxístico) y autolimitado la cual fue
tratada con terapia física, sin recuperación total pues continúo presentando dolor
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lumbar intermitente el cual era soportable, sin embargo, el 19 de agosto de 2022
mi prohijada asiste a consulta [de] urgencias por haber sufrido trauma en región
glútea derecha golpeada por una silla de la oficina donde se encontraba
laborando. Por lo que se realizó reporte de accidente laboral y a su vez consulta
por dolor en región lumbar derecho tipo “pringonazo”, se exacerbo con la marcha,
calma en reposo, de igual forma se manifestó antecedente de dolor lumbar
crónico, persistiendo durante el tiempo el mismo dolor, por lo que el 02 de
septiembre de 2022 decide realizarse una electromiografia de manera particular
en donde se le diagnostica RADICULOPATIA LUMBAR, en donde se logra
determinar una LUMBOCIATALGIA CRONICA BILATERAL DE PREDOMINIO
DERECHO DE 2 AÑOS DE EVOLUCION, AL EF SE EVIDENCIA
HIPORREFLEXIA AQUILIANA IZQUIERDA E HIPOTROFIA DEL MUSCULO
PEDIO BILATERAL DE PREDOMINIO DERECHO y al notar la complejidad de la
lesión mi representada decide acudir a consulta en su eps en donde se le
diagnostica RADIOCULOPATIA Y TRANSTORNO DEL PLEXO LUMBOSACRO,
por lo que se le recomienda no hacer uso de motocicleta para trasladarse y por
último el día 24 de septiembre de la presente anualidad en control de consulta
externa se le restringe todas las actividades que generen impacto es decir
sedentarismo prolongado, transporte en medios que ocasionen vibración: bicicleta,
moto, semovientes y No deben realizar actividades deportivas ni caminar hasta
que su IMC disminuya por lo menos hasta el 30% y con este diagnóstico y los
demás antecedentes es para tener en cuenta que mi prohijada reside en el
Municipio de Roldanillo y su traslado a su lugar de trabajo que es el municipio de
el Dovio, Valle, lo realiza a diario aproximadamente por 2 horas días en
motocicleta, pues no tiene en que más movilizarse y de hacerlo podría causarle
una complejidad mucho mayor en su lesión”.
Indicó que la accionante, en su último reporte de calificación realizada por el
Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio estableció un puntaje de 98 puntos,
además, que es madre soltera de dos niñas que viven en el municipio de
Roldanillo.
Por último, en escrito de adición de la tutela, pidió que se realizara un análisis con
enfoque diferencial de género a partir de lo previsto en la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
“Belem do Pará”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Primero: Solicito señor Juez tutele los derechos fundamentales de DEBIDO PROCESO,
SALUD Y VIDA DIGNA de: TERESITA PEÑA PRIETO.
Segundo: Revocar la decisión contenida en RESOLUCION 010 del 22 de agosto de
2022 y en su defecto ORDENAR a la Nación – RAMA JUDICIAL – CSJ SECCIONAL
VALLE – JUZGADO 03 PENAL DE CONTROL DE GARANTIAS DE ROLDANILLO
proferir un acto administrativo motivado a las condiciones de salud de mi prohijada, y en
consecuencia se conceda el derecho a ser trasladada en el cargo CITADOR GRADO 03
en propiedad, del CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS
PENALES DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA”.
4. Pruebas relevantes
La accionante aportó, junto con el escrito de tutela, los siguientes documentos
relevantes:
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• Concepto favorable de traslado No. 21 de 6 de abril de 2022, expedido por
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
• Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022, mediante la cual se aceptó el
traslado del señor Samuel Mazuera Campo al Centro de Servicios
Judiciales del Control de Garantías del Circuito de Roldanillo.
5. Trámite procesal
Por auto de 4 de octubre de 2022, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado remitió por competencia la acción de tutela al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga.
Luego, en proveído de 11 de octubre de 2022, este último despacho judicial la
envió por competencia al Tribunal Administrativo del Tribunal del Valle del Cauca,
que por auto de 13 de octubre de 2022 admitió la solicitud de amparo, razón por
la cual ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades accionadas.
Adicionalmente, vinculó al señor Samuel Mazuera Campo, como tercero con
interés en el resultado de la acción constitucional.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
En oficio de 7 de abril de 2022, el presidente de la Corporación pidió que se
desvinculara a la entidad, toda vez que no ostenta la función nominal del cargo al
que pretendía la demandante trasladarse.
Afirmó que la accionante dentro de las modalidades de traslado contenidas en el
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, solicitó el traslado como servidora de carrera
con sustento en la vacancia definitiva del cargo, el cual se encuadró en la
modalidad de traslado de servidores de carrera, lo que es de competencia de esa
Corporación.
Agregó que la petición de traslado de la accionante y el concepto favorable de
traslado No. 18 de 6 de abril de 2022, fue resuelta bajo la modalidad de
“TRASLADO DE SERVIDORES DE CARRERA”.
Indicó que el concepto de traslado favorable fue emitido después de constatar que
el cargo de Citador Grado 3 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Dovio
y del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Roldanillo,
pertenecen a la misma categoría, requieren los mismos requisitos y el cargo hacia
el cual solicitaba el traslado se encontraba vacante. Adicionalmente, se verificó
que el artículo 17 del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 2017, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, en lo relativo a las normas comunes que se
aplican a traslados en la Rama Judicial, establece que para poder emitir concepto
favorable de traslado, “(…) deberá observarse para la expedición de concepto
favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en
propiedad, salvo para escribientes y citadores, quienes no estarán sujetos a
dichas limitaciones (…)”.
Sostuvo que el concepto favorable de traslado No. 18 de 6 de abril de 2022, se
emitió ajustado a la normatividad aplicable, motivo por el cual no se ha vulnerado
derecho fundamental alguno a la accionante.
Agregó que cuando concurran las listas de elegibles y los conceptos favorables de
traslado, el Consejo Seccional de la Judicatura debe remitirlos conjuntamente,
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como efectivamente se hizo para proveer un cargo de citador en el Centro de
Servicios Judiciales de Roldanillo.
Mencionó que, en su momento, remitió al nominador la lista de elegibles contenida
en la Resolución No. CSJVAR22-735 de 26 de abril del 2022, junto con los
conceptos favorables de traslado No. 21, de la señora Teresita Peña Prieto, No.
25 del señor Omar Arles Reyes Betancourt y No. 33 del señor Samuel Mazuera
Campo, los cuales “gozan de presunción de legalidad, hasta tanto no sean
retirados de la vida jurídica por la autoridad competente”.
Finalmente, insistió que la entidad debe ser desvinculada de la solicitud de
amparo, toda vez que no se cumple con la legitimación en la causa por pasiva,
pues no es el nominador del cargo que pretende la demandante.
6.2. Respuesta del Juzgado Tercero Penal Municipal Con Función de Control
de Garantías
En oficio de 14 de octubre de 2022, el titular del despacho solicitó que se negaran
las pretensiones de la acción de tutela porque son improcedentes, con sustento en
lo siguiente:
Relató que con ocasión de la vacante generada por la renuncia del señor Norberto
de Jesús Posada Castro, quien se desempeñó como Citador Grado 3 del Centro
de Servicios Judiciales de Roldanillo, se realizó el reporte de la vacante definitiva
el 16 de febrero de 2022, por lo que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca envió el Oficio No. CSJVAO22-1503 de 2 de junio de 2022, en el
que se adjuntó la Resolución No. CSJVAR22-735 de 26 de abril de 2022, “Por la
cual se formula ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Roldanillo - Valle del Cauca, la Lista de Candidatos
del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo No. CSJVAA17-71 del
06 de octubre de 2017, para cargos de Empleados de Carrera, para proveer en
propiedad un (1) cargo de Citador Municipal de Centros de Servicios Judiciales,
Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de
Apoyo - Grado 3”.
Agregó que junto con la Resolución No. CSJVAR22-735 de 26 de abril de 2022, se
recibieron tres conceptos favorables de traslado para el mismo cargo, ubicado en
el Centro de Servicios Judiciales de Roldanillo, los cuales correspondían a los
Nos. 21 de 6 de abril de 2022 de la señora Teresita Peña Prieto, 25 de 6 de abril
de 2022, del señor Omar Arles Reyes Betancourt y 33 de 20 de abril de 2022, del
señor Samuel Mazuera Campo.
Sostuvo que aplicó la lista de elegibles formulada por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca conformada únicamente por la señora Juliana
Sánchez Gil.
Resaltó que vencido el término de que trata el artículo 133 de la Ley Estatutaria
270 de 1996, la señora Juliana Sánchez Gil guardó silencio de cara al
nombramiento efectuado, el cual venció el 15 de julio de 2022.
Afirmó que se reportó nuevamente como vacante definitiva, el cargo de Citador
Grado 3, perteneciente a la planta de personal del Centro de Servicios Judiciales
de Roldanillo, ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
mediante Resolución No. 009 de 19 de julio de 2022.
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Señaló que por medio de la Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022 se
aceptó el traslado solicitado por el señor Samuel Mazuera Campo, quien se
desempeñaba en propiedad en el cargo de citador del Juzgado Promiscuo
Municipal de Bolívar, al cargo de Citador Grado 3 del Centro de Servicios
Judiciales, cargo de carrera que se encontraba vacante, teniendo en cuenta el
lleno de los requisitos legales y el concepto positivo emitido por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
Refirió que el señor Mazuera Campo se había desempeñado en anteriores
oportunidades en el Centro de Servicios Judiciales de esa localidad, por lo que
conoce el manejo de la oficina, a lo que agregó que por su formación como
Ingeniero de Sistemas puede prestar apoyo en los nuevos retos que la virtualidad
ha traído para la rama judicial. Agregó que en la Resolución No. 010 del 19 de
agosto de 2022, no se hizo ninguna consideración respecto de las razones por las
que se acogía el traslado, en tanto, destacó, se recibieron tres conceptos de
traslado favorables de manera general, por lo que se trata de una facultad
discrecional del nominador.
Por último, manifestó que no tenía conocimiento de alguna situación de salud
especial de los aspirantes.
6.3. Respuesta del señor Samuel Mazuera Campo
En escrito de 18 de octubre de 2022, el señor Mazuera Campo pidió que no se
accediera a la solicitud de amparo de la demandante, en razón a que el traslado
se realizó de acuerdo al ordenamiento jurídico.
Relató que el 2 de marzo de 2022, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca concepto favorable de traslado para servidor de carrera, en
atención a que su domicilio principal es el municipio de Roldanillo, lugar donde
reside con su esposa y su hija menor de edad, quienes dependen
económicamente de él.
Expresó que mediante Concepto No. 33 de 20 de abril del 2022, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca consideró la viabilidad del traslado
de servidor de carrera, de conformidad con los requisitos previstos en los artículos
12, 13, 17, 18 y 19 del Acuerdo No. PCSJA17-107541 de 18 de septiembre de
2017, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Indicó que mediante Resolución No. 008 de 23 de junio del 2022, la Juez
Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Roldanillo nombró en
propiedad a la señora Juliana Sánchez Gil en el cargo de Citador Municipal Grado
3 del Centro de Servicios Judiciales de Roldanillo, sin embargo, como guardó
silencio respecto al nombramiento, por medio de la Resolución No. 010 de 19 de
agosto de 2022, aceptó el traslado del señor Mazuera Campo, toda vez que llenó
los requisitos legales y el concepto positivo emitido por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca.
Afirmó que el 30 de agosto del 2022 aceptó el nombramiento en traslado como
citador del Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio del Circuito de Roldanillo, dentro del
término establecido en el inciso primero del artículo 133 de la Ley Estatutaria 270
del 1996.
Para terminar, sostuvo que el 30 de septiembre de 2022 tomó posesión del cargo
de Citador Grado 3 en propiedad con efectos fiscales a partir del 1 de octubre de
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2022, conforme con la Resolución No. 010 de agosto 19 de 2022, expedida por la
Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Roldanillo.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por sentencia de 25 de octubre de
2022, negó las pretensiones de la acción de tutela por no evidenciarse la
vulneración de derechos fundamentales alegadas por la demandante.
Afirmó que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle advirtió que la solicitud
de la actora se limitó a un traslado ordinario o común como servidora de carrera y
ese fue el trámite que, de acuerdo con la ley se le impartió, a lo que agregó que el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Roldanillo actuó con estricto apego a la norma vigente aplicable y que no tuvo
conocimiento de ninguna situación de salud que aquejara a alguno de los
solicitantes.
Indicó que de las pruebas allegadas al expediente de tutela, se encuentra que
desde el año 2020 la señora Teresita Peña Prieto consultó al médico por un dolor
en la región lumbrosacra tipo punzante, que le afectaba sus actividades diarias y
no presentaba mucha mejoría con los analgésicos orales, por lo que le fueron
formulados los medicamentos denominados “DICLOFENACO SÓDICO” y
“TRAMADOL CLORHIDRATO” y que, posteriormente, el 23 de febrero de 2022
consultó al Hospital Santa Lucía ESE de El Dovio donde determinaron que la
“PACIENTE DE 28 AÑOS CON SACROILEITIS CRONICA DIAGNOSTICADA
POR RESONANCIA MAGNETICA, QUIEN SE HACE MANEJOS CON
ANALGESICOS MUY FRECUENTES, PRESENTA UN IMC ELEVADO LO CUAL
NO AYUDA CON SU PATOLOGÍA DEBE BAJAR DE PESO, SE CERTIFICA
SOBRE SU PATOLOGÍA Y SE EXPLICA QUE DEBE ESTAR EN SEGUIMIENTO
NO SOLO CON ANALGESICOS, DEBE HACER CAMBIOS EN ESTILOS DE
VIDA, DEBE EVITAR ACTIVIDADES DONDE HAGA FUERZAS O POSICIONES
QUE REQUIERAN DE PRECISIÓN A NIVEL DEL AREA AFECTADA”.
Sostuvo que obra en el plenario la solicitud de traslado de la accionante remitida
vía correo electrónico al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca el
2 de marzo de 2022, en cuya parte final mencionó afectación de salud, sin aportar
los conceptos médicos de EPS o ARL.
Resaltó que no hay duda respecto de la afectación de salud que padece la
accionante, sin embargo, al momento de realizar la solicitud de traslado no
acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo PCSJA17-
10754 de 18 de septiembre de 2017, “Por el cual se compilan los reglamentos de
traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia”,
pues no aportó un concepto emitido por el médico de la EPS o ARL en el que se
recomendara expresamente su traslado por condiciones de salud, por lo que el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca tramitó la solicitud como
traslado ordinario de servidor público de carrera y emitió concepto favorable de
conformidad, sin exponer en el acto administrativo alguna condición especial que
ubicara a la señora Peña Prieto en mejor derecho respecto de los otros
solicitantes de traslado.
Mencionó que si la accionante no se encontraba conforme con el trámite que se le
impartió a su solicitud o con el contenido del acto administrativo que le otorgó
concepto favorable de traslado debió presentar los recursos procedentes al
momento en que fue notificada de la decisión, pero al guardar silencio manifestó
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anuencia respecto de lo decidido por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle.
Por último, manifestó la actuación del Juzgado Tercero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Roldanillo se ajustó al ordenamiento jurídico,
pues ejerció su competencia como nominador, resolvió entre tres solicitudes
ordinarias de traslado y motivó su elección en el sentido de priorizar al empleado
que tenía más conocimientos en sistemas, es decir, por razones de mejoramiento
del servicio, lo cual evidencia que la decisión no fue arbitraria y, por ende, no
incurrió en alguna vulneración a los derechos fundamentales de la accionante.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante, impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara
para que se accediera al amparo solicitado.
Afirmó que en la sentencia impugnada no es congruente, pues “a) No se ajusta a
los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error
de hecho y de derecho, en el examen y consideración de la petición de mi
poderdante; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el
pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en
consideraciones inexactas cuando no totalmente erróneas; d) incurre el fallador en
error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acción de
tutela, que resulta insignificante a las pretensiones como actora, por errónea
interpretación de sus principios”.
Finalmente, señaló que el a quo “no examino mis argumentos acerca de que la
solicitud de traslado de servidor judicial fue realizada por temas de salud, en las
que se anexaron los elementos materiales probatorios que demostraban el estado
de salud en la que se encontraba mi poderdante y así las cosas el concepto
favorable debió ser por razones de salud y no ordinario como lo estipulo y
manifestó el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 25 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la acción de
tutela, y si debe acceder a la protección constitucional solicitada por la parte
actora, por cuanto el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Roldanillo vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida
digna, a la familia, igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital,
así como los principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe y confianza
legítima, en virtud de la Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022, mediante la
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cual se accedió al traslado de otro empleado de carrera, en vez de aceptar el de la
señora Teresita Peña Prieto.
De manera previa, la Sala verificará el cumplimiento del requisito objetivo de la
subsidiariedad, previsto en el artículo 86 de la Carta Política.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos que ordenan traslado
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado
.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
Dentro del marco expuesto, es importante tener en cuenta que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y
excepcional de la tutela, por lo que, en principio, no constituye el mecanismo
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la
sentencia T-514 de 2003, reiterada por las sentencias T-451 de 2010 y T-956 de
2011, expresó lo siguiente:
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como
mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como
quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su
defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la
aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que
el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991), mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
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Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio
irremediable conduce a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no
provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que en
términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia, tanto
de la Corte Constitucional como de esta Corporación, han denominado
presupuestos de procedibilidad.
Precisado lo anterior, se observa que, con la finalidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia, el cual se puede ver afectado por la
extensa duración de los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, a
petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de control,
el juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para
salvaguardar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.
Al respecto, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares como
un mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es
evitar un perjuicio irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho
medio, en primer término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción
de tutela. Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar
un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando
el juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.
El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de
suspensión provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo demandado, ésta procederá por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada,
que surja del análisis y confrontación del acto con las normas superiores
invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas del expediente. Así
mismo, cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios, deberá acreditarse la existencia de aquellos.
De acuerdo con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la presentación de la
solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que
por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 ib. En
suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la legalidad de
actos administrativos, pues para el efecto el CPACA establece diferentes medios
de control en los que son procedentes las medidas cautelares contempladas en
dicha normatividad. Solo en casos muy excepcionales, en los que sea evidente la
configuración de un perjuicio irremediable o que el mecanismo de defensa judicial
ordinario no goza de la idoneidad requerida, le corresponde al juez constitucional
restablecer los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
En materia de traslado, la Sala precisa que si bien es cierto que el mismo tiene la
connotación de derecho pero que no tiene el alcance de fundamental al ser de
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naturaleza legal1, su desconocimiento puede acarrear, en determinados casos, la
vulneración de algún derecho de esa naturaleza por lo que si bien los actos
administrativos con decisiones relativas a esa materia son susceptibles de control
a través del mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, debe
considerarse siempre la idoneidad y/o eficacia de ese medio de defensa, en
consideración a las circunstancias en que se encuentra.
Por ejemplo, la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela se
habilita para controvertir una decisión administrativa de traslado cuando la misma
conlleva la afectación del derecho a la salud. En ese sentido, en la sentencia T302
de 20192 expresó lo siguiente:
“En el mismo sentido, la Sala Primera de Revisión de este Tribunal, en sentencia T- 159
de 2017, analizó el caso de una funcionaria judicial a quien le negaron su solicitud de
traslado por razones de salud, del Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal
Administrativo de Santander, por presentarse tal petición fuera del término previsto para
ello. En esa ocasión, la Corte consideró que aun cuando la decisión que se cuestionaba
podía recurrirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y solicitar las
medidas cautelares pertinentes para el efecto, la acción de tutela era el mecanismo
judicial procedente para dejar sin efectos los actos administrativos que presuntamente
lesionan derechos de carrera. Al respecto se precisó:
“Si bien la accionante pudo acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en procura
de perseguir la nulidad de los actos administrativos a los que les atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales, además del restablecimiento de los mismos, y solicitar
las medidas cautelares pertinentes para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, conforme a los artículos 229 y 230 de la Ley
1437 de 2011, la Corte ha aceptado que se acuda al mecanismo del amparo
constitucional cuando se pretende dejar sin efectos actos administrativos que
presuntamente lesionan derechos de carrera, como puede ocurrir en el presente caso
con el derecho al traslado de un servidor judicial por razones de salud. Además, ha
estimado que la acción de tutela proporciona una solución más integral, máxime cuando
está en entredicho el derecho a la salud de quien acude a ella, por lo que se constituye
en el mecanismo idóneo y eficaz para dar una protección inmediata y definitiva” (negrilla
fuera del texto).
Conforme con lo expuesto en precedencia, procede de manera excepcional la acción de
tutela contra actos administrativos que decidan el traslado de funcionarios judiciales por
razones de salud, aun cuando los mismos podrían recurrirse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y ser objeto de las medidas cautelares
previstas en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en caso que el juez de tutela advierta que dicho acto
presuntamente está afectando los derechos que se derivan de la carrera judicial.
Cabe destacar, que la Corte Constitucional ha señalado de manera general que la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho es idónea y efectiva para proteger derechos
que puedan verse amenazados o vulnerados por actuaciones de la administración3
.
Igualmente, después de realizar un estudio de la manera como se encuentran reguladas
en la Ley 1437 de 2011, ha señalado que las medidas cautelares que pueden solicitarse
en el marco de los procesos iniciados con base en las acciones previstas en la
mencionada ley tienen esas mismas características por su naturaleza preventiva,
conservativa anticipativa o de suspensión 4. Por esta razón, resulta en principio
improcedente la acción de tutela contra actuaciones de la administración cuando no se
ha presentado una acción contenciosa en la cual se pueden solicitar medidas cautelares.
Al respecto, ha dicho que “[p]or regla general, es improcedente la acción de tutela contra
actos administrativos, por cuanto los medios de control y las medidas cautelares
establecidos en la Ley 1437 de 2011 se presumen idóneos y eficaces para adelantar el
control de legalidad de dichos actos”5. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha
sostenido que cuando se discuten actos administrativos en el marco de un concurso de
1
Derecho consagrado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1 de la Ley 771 de 2002.
2
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
3
Ver T-030 de 2015.
4
Ver T-733 de 2014.
5
Ver T-427 de 2015.
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méritos, procede excepcionalmente la acción de tutela como mecanismo definitivo,
cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren de forma clara,
grave y directa derechos fundamentales del actor o su núcleo fundamental6”.
En cualquier caso, el análisis de las inconformidades expuestas por la parte
interesada no implica un estudio de los actos administrativos, en punto de su
legalidad, sino la verificación de la posible vulneración de sus derechos
fundamentales, en los términos propuestos en el escrito de tutela, por lo que nada
impide que la demandante pueda cuestionarlos a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho a partir de las causales de nulidad
consagradas en la Ley 1437 de 2011.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna, a la familia,
igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital, así como los
principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima,
supuestamente vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca y el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Roldanillo, en virtud de la Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022,
mediante la cual se accedió al traslado de otro empleado de carrera
administrativa.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 25 de octubre de
2022, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que en la
solicitud de traslado por salud no se aportó un concepto emitido por médico de la
EPS o ARL en el que se recomendara expresamente su traslado por condiciones
de salud, por lo que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
tramitó la solicitud como traslado ordinario de servidor público de carrera y emitió
concepto favorable de conformidad y, además, el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo, en ejercicio de su
competencia como nominador, resolvió entre tres solicitudes ordinarias de traslado
y motivó su elección con sustento en que priorizó al empleado que tenía más
conocimientos en sistemas.
En el escrito de impugnación la accionante afirmó que la decisión no es
congruente y que no se atendieron los argumentos expuestos en la solicitud de
amparo.
4.2. La Sala anticipa que revocará la decisión que negó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, declarará su improcedencia porque no se cumple el
requisito de la subsidiaridad, con sustento en lo siguiente:
En la Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2022, expedida por la Jueza
Coordinadora del Centro de Servicios Judicial del Sistema Penal Acusatorio de
Roldanillo, cuya revocatoria se pretende en la solicitud de tutela, se aceptó el
traslado del señor Samuel Mazuera Campo, toda vez que este ocupaba “en
propiedad el cargo de citador del Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar Valle
del Cauca, al cargo de CITADOR GRADO 03 en propiedad, del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgado Panales de Roldanillo, teniendo en cuenta el
lleno de los requisitos legales y concepto positivo emitido por la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle”.
6
Ver T-316 de 2016.
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Ahora bien, en la solicitud de tutela la accionante indicó que su concepto favorable
de traslado expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca obedeció a razones de salud, toda vez que presenta esclerosis sacroiliaca
bilateral que afecta el nervio ciático, razón por la cual debió aceptarse su
nombramiento y no el del señor Samuel Mazuera Campo.
Al respecto, la Sala precisa que, contrario a lo manifestado por la demandante, el
concepto favorable de traslado emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca no fue tramitado por razones de salud, sino que el mismo es
de naturaleza ordinaria para los servidores de carrera, es decir, de la misma
naturaleza que los otros dos conceptos con los que contaba el nominador para
determinar, en el marco de su autonomía, por quien optaba para acceder al
traslado.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, como lo indicó en la
respuesta a la acción de tutela, tramitó la solicitud de la accionante como de
carrera u ordinario, en tanto presentó la petición de traslado sin el lleno de los
requisitos, es decir, sin el concepto del médico de la EPS o la ARL. En
consecuencia, la entidad accionada expidió el concepto favorable de traslado No.
21 de 6 de abril de 2022, mediante el cual consideró “viable el traslado en la
modalidad “servidores de carrera”, de la señora TERESITA PEÑA PRIETO, del
cargo de CITADOR DE JUZGADO MUNICIPAL – GRADO 3, del JUZGADO 1
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL DOVIO, al mismo cargo en el CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE
ROLDANILLO”.
Precisado lo anterior, para la Sala la acción de tutela formulada por la
demandante se torna improcedente, toda vez que la resolución objetada resolvió
aceptar uno de los tres conceptos favorables de traslado ordinarios que había
remitido el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca al Juzgado
Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Roldanillo, es
decir, definió la situación jurídica al señor Samuel Mazuera Campo, respecto de
quien se concedió el traslado, no a la accionante.
En ese orden de ideas, si la demandante considera que la Resolución No. 010 de
19 de agosto de 2022, mediante la cual se concedió el traslado del señor Samuel
Mazuera Ocampo se encuentra viciada de nulidad o que ella ostenta un mejor
derecho, cuenta con los medios de defensa judicial previstos en el ordenamiento
jurídico, en los que puede solicitar medidas cautelares a partir del amplio plexo
definido por el legislador en la Ley 1437 de 20117. Adicionalmente, no se advierte
ni está demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
procedencia de la acción de tutela, como mecanismo transitorio.
Así las cosas, la solicitud de amparo constitucional no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por lo que la Sala revocará el fallo de 25 de octubre de 2022,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará su improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
7
Cfr., artículos 229 a 235 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: TERESITA PEÑA PRIETO
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 25 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Teresita Peña Prieto contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Causa y el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Roldanillo, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible,como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
14
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