Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00901-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00901-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00901-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001 23 33 000 2022 00901 01
Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
Demandado: Alcaldía Distrital de Buenaventura y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad. Vulneración
de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Proceso en trámite.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 28 de octubre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó la solicitud de amparo y declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
Los señores Mario Quintero Pretel, Pablo César Tello Benítez, Héctor Grueso Segura,
Domingo Murillo, Yolima Payán Perlaza, Rafael Gómez Cerracines, José Beimar
Riascos Riascos, Édinson Octavio Quiñones Murillo, Heyder David Minotta Montaño,
Osías Asprilla Hurtado y Alberto Cachimbo Sinisterra promueven acción de tutela
contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, la Alcaldía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca) y la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC) para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
1.2. Pretensiones
Los accionantes formulan las siguientes súplicas:
Respetuosamente le solicito (sic) a usted señor JUEZ CONSTITUCIONAL, y acudiendo
a sus calidades humanas y sabia sindéresis que por favor ampare […] nuestros
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, en conexidad con el deber constitucional de efectivo cumplimiento de las
providencias judiciales.
Lo anterior, teniendo presente que la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia excepcional de la tutela para solicitar el cumplimiento efectivo de un
fallo judicial.
En ese mismo orden de ideas, solicitamos su señoría que tanto la [A]lcaldía
[D]istrital de Buenaventura como la Comisión Nacional [del Servicio Civil] le den
cumplimiento a la sentencia No. 060 del 18 de agosto de 2021, expedida por el
juez segundo administrativo de Buenaventura-Valle
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, los accionantes señalaron los siguientes:
i) En calidad de funcionarios sindicalizados de la Alcaldía Distrital de Buenaventura
en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 interpusieron
demanda para que se declararan nulos los decretos 185 del 29 de febrero de 2016,
574 del 15 de mayo de 2018, 669 del 25 de junio de 2018, 928 del 3 de diciembre de
2018 y 876 del 13 de diciembre de 2019 y la Resolución 574 del 15 de mayo de 2018,
por medio de los cuales se ajustó la planta global de cargos, el Manual Específico de
Funciones, Requisitos Mínimos de Cargos y Competencias Laborales y se determinó
la estructura administrativa del Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca).
1 El proceso iniciado por los accionantes es de simple nulidad.
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Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
ii) El 18 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura
profirió fallo dentro del proceso con radicación 2019 00235 00, declarando la nulidad
de los actos mencionados. La entidad demandada formuló recurso de apelación contra
esa decisión.
iii) La Alcaldía Distrital de Buenaventura a través de memorial allegado al correo
institucional del juzgado desistió de la alzada, que fue aceptado por medio de auto del
1.º de julio de 2022 y se dejó en firme la sentencia del 18 de agosto de 2021.
iv) A pesar de que ha transcurrido un término razonable desde que los actos
expedidos por la Alcaldía Distrital de Buenaventura fueron declarados nulos, estos
sirven de soporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil para continuar con el
Concurso de Méritos 947 de 2018.
v) Hasta la fecha la mencionada entidad no ha sido notificada del fallo, por ese motivo
se pidió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura que emitiera
pronunciamiento sobre esa situación y ordenara el cumplimiento de la sentencia del
18 de agosto de 2021, asunto que no ha sido resuelto; por ello, se incoa la tutela en
forma transitoria y urgente, ya que la Comisión Nacional del Servicio Civil prosigue con
las etapas del proceso de selección; no obstante, la nulidad del acto principal.
1.4. Fundamentos jurídicos
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia y al deber constitucional de efectivo cumplimiento de las
providencias judiciales, toda vez que lo que se espera una vez el juez falla sobre un
asunto, es que las personas naturales y/o jurídicas, de orden público o privado,
obedezcan lo decidido por la autoridad.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 14 de octubre de 2022, que se ordenó
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notificar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, la Alcaldía
Distrital de Buenaventura y la Comisión Nacional del Servicio Civil ( CNSC), como
demandados, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. De la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). El jefe de la Oficina
Asesora Jurídica solicita la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación
en la causa por pasiva o que se declare improcedente la acción, toda vez que no existe
violación alguna a los derechos fundamentales de los accionantes por parte de esa
entidad.
1.6.2. Del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura. La
secretaria, señora Mileydy Romero Rozo, señala que teniendo en cuenta que en la
demanda de tutela se hace referencia al proceso de nulidad con radicación 76109 33
33 33 002 2019 00235 00 remite enlace donde se encuentra la totalidad de las
actuaciones surtidas en el proceso, sin hacer ningún pronunciamiento respecto a los
hechos de la solicitud de amparo.
1.7. La sentencia que se impugna
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 28 de octubre de 2022,
negó la protección deprecada y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), con fundamento en los siguientes
argumentos:
i) Los accionantes aducen que, de un lado, el Juzgado Segundo Administrativo de
Buenaventura de manera arbitraria se ha negado a declarar la firmeza de la sentencia
del 18 de agosto de 2021, proferida dentro del proceso de simple nulidad 2019 00235
00 y, de otro lado, tampoco la ha notificado a la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC), lo que viola sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
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ii) Conforme con lo probado en el plenario, actualmente se halla pendiente de
decisión el recurso de queja que se interpuso contra el numeral 5 del Auto Interlocutorio
601 del 16 de septiembre de 2021, de manera que hasta tanto no se emita un
pronunciamiento, el aludido fallo no puede surtir efectos.
iii) En el medio de control que promovieron los accionantes se declaró la nulidad de
varios actos dictados por el Distrito de Buenaventura, por tanto, tiene efectos erga
omnes conforme con lo establecido en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011; no
obstante, hasta que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada, presupuesto
que no se configura en este caso, no es posible deducir alguna responsabilidad contra
los demandados.
iv) Aunque los accionantes arguyen que el juez accionado no se ha pronunciado sobre
la solicitud referente a la expedición de constancia de ejecutoria de la sentencia del 18
de agosto de 2021 y su notificación a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), lo
cierto es que mediante Auto 734 del 19 de octubre de 2022, se negó esa petición,
porque no se ha desatado el recurso de queja contra el Auto 601 del 16 de septiembre
de 2021.
v) Ahora, si los accionantes no están de acuerdo con el trámite impartido a la queja o
con las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, deben alegarlo ante el funcionario
judicial competente, pues el juez constitucional, no puede invadir la órbita de
competencia del juez administrativo, menos ordenar que se declare la firmeza o el
cumplimiento de la sentencia del 18 de agosto de 2021, así como tampoco adoptar
alguna medida provisional respecto de los actos que fueron objeto de control en el
proceso 2019 00235 00, en aplicación del principio de subsidiariedad previsto en el
artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
vi) En relación con la Comisión Nacional de Servicio Civil según lo acreditado en el
proceso, no se configura responsabilidad alguna en la violación de los derechos
fundamentales alegados por los accionantes, ya que la sentencia del 18 de agosto de
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2021, no se encuentra ejecutoriada; por tanto, en este momento no es procedente
exigirle que implemente alguna medida frente a su cumplimiento.
1.8. Impugnación
El señor Mario Quintero Pretel interpone «recurso de apelación» contra la decisión
anterior, y como razones de inconformidad expresa las siguientes:
i) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura vulnera el
derecho al acceso a la administración de justicia, al no resolver de fondo sobre la
medida cautelar que se pidió dentro del proceso, pese a que la providencia que se
dictó en primera instancia no está en firme, circunstancia que no tuvo en cuenta el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al resolver la tutela.
ii) La primera instancia desconoció que tanto el burgomaestre saliente como el actual,
le han solicitado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la suspensión del
concurso de méritos por la ilegalidad de los actos expedidos por la Alcaldía Distrital de
Buenaventura, pero esa entidad no accede a sus peticiones hasta que se decida en
forma definitiva el asunto por la autoridad judicial; en consecuencia, continúa con el
desarrollo de las etapas del concurso y es posible que conforme la lista de elegibles.
iii) Además de lo anterior, dentro del proceso un grupo de personas interpuso recurso
de queja contra la sentencia del 18 de agosto de 2021, las cuales se beneficiarán si la
Comisión prosigue con el concurso, por ese motivo pide se ampare el derecho al
acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se disponga lo siguiente:
1. Que se garantice dicho derecho y se le ordene al juez administrativo
manifestarse en un término de 48 horas sobre [el] escrito de medidas cautelas (sic)
no tramitado, toda vez que el fallo no está en firme; en ese sentido solicitamos que
su despacho nos brinde una medida cautelar de suspensión transitori[a] de dichos
actos hasta tanto el juez administrativo se pronuncie sobre las (sic) medidas
cautelar (sic) o hasta que se resuelva el recurso de queja. Que se le informe a la
Comisión de [la] suspensión provisional de dichos actos de forma urgente.
2. Lo anterior, teniendo presente que el grupo de tercero[s] quiso intervenir cuando
ya había finalizado el proceso con sentencia y los efectos de la misma están
suspendida (sic) hasta que quede en firme, debería tramitarse el escrito de medida
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cautelar.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,2 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» si el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura vulneró los derechos al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de los señores Mario Quintero Pretel, Pablo César Tello
Benítez, Héctor Grueso Segura, Domingo Murillo, Yolima Payán Perlaza, Rafael
Gómez Cerracines, José Beimar Riascos Riascos, Édinson Octavio Quiñones Murillo,
Heyder David Minotta Montaño, Osías Asprilla Hurtado y Alberto Cachimbo Sinisterra,
al no declarar la ejecutoria de la sentencia del 18 de agosto de 2021, que dictó dentro
del proceso con radicación 76109 33 33 002 2019 00235 00 y al no decidir la solicitud
de medida cautelar de suspensión provisional del Proceso de Selección 947 de 2018.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1. del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
3 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional4 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20055, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
4T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
5Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho
que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se
señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se
identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que
se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y
(vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicado: 76001 23 33 000 2022 00901 01
Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Los accionantes promueven acción de tutela para que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
presuntamente vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Buenaventura, por cuanto no ha declarado la firmeza de la sentencia del 18 de agosto
de 2021, que dictó dentro del medio de control de simple nulidad con radicación 76109
33 33 002 2019 00235 00, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda;
no obstante, la Alcaldía Distrital de Buenaventura desistió del recurso de apelación y
este fue aceptado, por medio del Auto 421 del 1.º de julio de 2022. Igualmente, porque
no tramitó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del Concurso de
Méritos 947 de 2018.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando la acción de tutela se dirige a
controvertir providencias judiciales debe tenerse en cuenta que, en virtud del principio
de subsidiariedad, el debate frente a la decisión allí adoptada debe haber finalizado, lo
contrario implicaría una intervención injustificada por parte del juez constitucional y una
transgresión al principio del juez natural.
En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-103 del 26 de
febrero de 2014,8 en la que expresó que cuando se atacan decisiones judiciales el
proceso debe haber concluido, pues en caso de que esté en curso, el juez de tutela no
puede analizar la solicitud de amparo, ya que no es posible utilizar la tutela como un
mecanismo paralelo para resolver las controversias que deben solucionarse al interior
del proceso.
Así las cosas, el fallador constitucional debe determinar si el proceso dentro del cual
se profirió la providencia judicial que se ataca se encuentra en trámite y si el debate
que dio origen a la interposición de la acción de tutela no ha sido resuelto al interior de
este, por cuanto si así ocurriere le corresponderá rechazar la acción por
8 Corte Constitucional. Expediente T-3.286.505. Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
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Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
improcedente.9
Pues bien, en el presente caso, como lo señaló la primera instancia, luego de que el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura dictó la
sentencia del 18 de agosto de 2021, dentro del proceso de simple nulidad con
radicación 76109 33 33 002 2019 00235 00, se han surtido las siguientes actuaciones:
i) El 16 de septiembre de 2021, mediante Auto 601 se concedió ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el recurso de apelación que interpuso el distrito de
Buenaventura contra el fallo del 18 de agosto de 2021. Así mismo, en el numeral 5 de
esa providencia se negó la intervención de los señores Francia Elena López Restrepo,
Malca Irina Ortega García, Cindy Yesenia Canga, Carmen Aura Mesa Murillo, Rodrigo
Morán Rebolledo, Robinson Riascos Mondragón, Lorena Arcos, Nini Jhoanna
Mendoza Rivera, Diana Marcela Caicedo Valencia, Jáder Barahona Gamboa, Merlín
Córdoba Martínez, Enexy Eucaris Díaz García, Carlos Augusto Bedoya Palomeque,
Harold Alfredo Angulo Murillo, Carolina Hurtado Arboleda y Miguel Ángel Preciado
como coadyuvantes o como litisconsortes; por consiguiente, no se tramitó la apelación
que impetraron. Contra esa decisión formularon recurso de reposición y en subsidio
queja.10
ii) El 1.º de julio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura por medio del Auto 421 aceptó el desistimiento del recurso de apelación
que presentó la Alcaldía Distrital de Buenaventura y dejó en firme el fallo del 18 de
agosto de 2021. Igualmente, se abstuvo de continuar con el trámite de la medida
cautelar propuesta por el señor Dinectry Andrés Aranda Jiménez consistente en la
suspensión provisional del Proceso de Selección 947 de 2018 de los «municipios
priorizados para el post conflicto […] Acuerdo No. CNSC-20181000008766 del 18 de
diciembre de 2018».11
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Radicado
11001 03 15 000 2018 00127 00.
10 Índice 2, del expediente electrónico.
11 Índice 2, del expediente electrónico.
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Radicado: 76001 23 33 000 2022 00901 01
Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
iii) El 12 de agosto de 2022, a través del Auto 513 se dejó sin efectos el numeral 2 del
Auto 421 del 1.º de julio de 2022, en el cual se había ordenado dejar en firme la
sentencia del 18 de agosto de 2021.12
iv) El 19 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Buenaventura profirió el Auto 734, en el que decidió lo siguiente:13
1. NO REPONER el Auto Interlocutorio No. 601 del 16 de septiembre de 2021, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. ORDENAR REMITIR el expediente digital ante el […] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE para que se surta el RECURSO DE QUEJA subsidiariamente formulado contra
el Auto Interlocutorio No. 601 del 16 de septiembre de 2021.
3. NEGAR la solicitud de los señores [José Beimar Riascos, Héctor Grueso Segura,
Pablo César Tello y Mario Andrés Castrillón], pertenecientes al [Sindicato de
Trabajadores del Distrito de Buenaventura], tendiente a que se le expida la
constancia de ejecutoria de la Sentencia No. 060 del 18 de agosto de 2021, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
[…]
v) El 25 de octubre de 2022, se remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
el expediente con radicación 76109 33 33 002 2019 000235 00, para que se surtiera
el recurso de queja interpuesto por los señores Francia Elena López Restrepo, Malca
Irina Ortega García, Cindy Yesenia Canga, Carmen Aura Mesa Murillo, Rodrigo Morán
Rebolledo, Robinson Riascos Mondragón, Lorena Arcos, Nini Jhoanna Mendoza
Rivera, Diana Marcela Caicedo Valencia, Jáder Barahona Gamboa, Merlín Córdoba
Martínez, Enexy Eucaris Díaz García, Carlos Augusto Bedoya Palomeque, Harold
Alfredo Angulo Murillo, Carolina Hurtado Arboleda y Miguel Ángel Preciado.14
Así las cosas, como en el asunto sub examine no ha sido resuelto el recurso de queja
que se impetró dentro del medio de control de nulidad que se promovió para que se
declararan nulos los actos que sirvieron de fundamento para convocar al Concurso de
Méritos 947 de 2018, se trata de un proceso en curso, lo cual impide la mediación del
12 Índice 2, del expediente electrónico.
13 Índice 2, del expediente electrónico.
14 Índice 2, del expediente electrónico.
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Radicado: 76001 23 33 000 2022 00901 01
Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
juzgador constitucional.
Por otra parte, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron a los accionantes a
acudir a la vía constitucional, la Sala, no encuentra que se cumpla alguno de los
criterios establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio
irremediable,15 que pretermita la subsidiariedad de la acción, pues se limitaron a alegar
que si no se ordena el cumplimiento del fallo expedido por el juez natural la Comisión
Nacional proseguirá con las etapas del concurso, pero no aportan ninguna prueba que
acredite la ocurrencia del daño.
3. Conclusión
La Sala concluye, entonces, que el asunto no cumple con el presupuesto de
subsidiariedad para realizar el estudio de la vulneración aducida, toda vez que se trata
de un proceso que se encuentra en trámite, lo que no permite la intervención del juez
de tutela.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en cuanto negó el amparo de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia invocados por los señores Mario Quintero Pretel,
Pablo César Tello Benítez, Héctor Grueso Segura, Domingo Murillo, Yolima Payán
Perlaza, Rafael Gómez Cerracines, José Beimar Riascos Riascos, Édinson Octavio
Quiñones Murillo, Heyder David Minotta Montaño, Osías Asprilla Hurtado y Alberto
Cachimbo Sinisterra y, en su lugar, se rechazará por improcedencia la solicitud de
tutela, por falta del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
15 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para
que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los siguientes:
su inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
15
Radicado: 76001 23 33 000 2022 00901 01
Demandante: Mario Quintero Pretel y otros
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 28 de octubre de 2022, que dictó el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en cuanto negó el amparo de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia que invocaron los señores Mario
Quintero Pretel, Pablo César Tello Benítez, Héctor Grueso Segura, Domingo Murillo,
Yolima Payán Perlaza, Rafael Gómez Cerracines, José Beimar Riascos Riascos,
Édinson Octavio Quiñones Murillo, Heyder David Minotta Montaño, Osías Asprilla
Hurtado y Alberto Cachimbo Sinisterra. En su lugar, rechazar por improcedencia la
acción de tutela interpuesta por falta del requisito de subsidiariedad, conforme a la
parte considerativa que antecede.
Segundo. En firme esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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