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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00910-02

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00910-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 13 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Trinidad Pizarro Barbosa, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00910-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Trinidad Pizarro Barbosa

Tema: Liquidación pensional. Régimen de los empleados del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario2

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 13 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda3, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 018241 del 10 de junio de 2014 y
RDP 031557 del 16 de octubre de 2014, por las que reconoció la pensión de vejez

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante Inpec
3 El 8 de agosto de 2018.Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», página 4.
4 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

a Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco, de conformidad con el régimen especial
de los empleados del Inpec, de conformidad con la Ley 32 de 1986 por 20 años de
servicio y la sustituyó a su cónyuge Trinidad Pizarro Barbosa, a partir del 2 de junio
de 2014, día siguiente al fallecimiento del causante.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la devolución de las sumas percibidas por concepto del reconocimiento
de la pensión de vejez otorgada en forma indexada; ii) la actualización de la
condena; y iii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco laboró al servicio del Inpec desde el
24 de mayo de 1982 hasta el 31 de julio de 2009; inicialmente realizó aportes a
Cajanal y desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de mayo de 2014 al Instituto
de Seguros Sociales hoy Colpensiones. El último cargo que desempeñó fue el de
dragoneante.

3.2. A través de la Resolución RDP 018241 del 10 de junio de 2014 la Ugpp le
reconoció una pensión de vejez, de conformidad con lo establecido en la Ley 32
de 1986 por haber laborado más de 20 años en cargos de excepción y efectuó la
liquidación con el 75% del promedio de salarios cotizados entre el 1° de enero de
2013 y el 30 de diciembre de 2013.

3.3. El causante falleció el 1° de junio de 2014 y mediante Resolución RDP 031557
del 16 de octubre de 2014 la Ugpp sustituyó la prestación en favor de Trinidad
Pizarro Barbosa en calidad de cónyuge, a partir del 2 de junio de 2014.

3.4. Por Resolución RDP 022387 del 14 de junio de 2016 la Ugpp negó la
reliquidación de la pensión por no tener nuevos elementos de juicio que implicaran
variar la decisión inicial; posteriormente, por medio de Auto ADP 8488 del 7 de
noviembre de 2017 aclaró que el acto referido resolvió de fondo la petición
presentada.

3.5. Mediante la Resolución RDP 00797 del 12 de enero de 2018 negó nuevamente
la solicitud de reliquidación de la prestación, en atención a que debía ser liquidada
con el 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, de
conformidad con la Ley 100 de 1993 y los factores salariales del Decreto 1158 de
1994, por lo que la liquidación arrojaba un valor inferior al que percibía.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

3.6. Finalmente, por medio de la Resolución RDP 012911 del 12 de abril de 2018 la
entidad resolvió un recurso de apelación contra la Resolución RDP 00797. La
entidad confirmó la decisión apelada e indicó que el causante no era beneficiario
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin
embargo, le reconoció una pensión de vejez bajo el régimen especial del Inpec.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 96 de la Ley
32 de 1986; el Decreto 407 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005.

5. En cuanto al concepto de violación la Ugpp expuso que al 1° de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el pensionado no tenía 15
años de servicio ni 40 de edad, como lo exige el artículo 36 de esa normativa, por
lo que no era posible aplicarle el régimen especial del Inpec, de la Ley 32 de 1986.
En consecuencia, debió acreditar los requisitos exigidos en el Decreto 2090 de
2003 para acceder a una pensión de vejez si a ello hubiere lugar. Además, desde
el 1° de agosto de 2009 el causante realizó sus aportes a pensión en el ISS,
entonces, en el evento de que se determine que la prestación debe reconocerse
con fundamento en el Decreto 2090 de 2003, la entidad llamada a asumir el pago
de la prestación es Colpensiones5.

1.2. Contestación de la demanda

6. Trinidad Pizarro Barbosa se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones6:

6.1. Los actos acusados son ilegales, pero por cuanto se fundamentaron en normas
que no corresponden al régimen especial del que era beneficiario el causante. En
efecto, el acto de reconocimiento pensional i) se refirió a una pensión de vejez
propia del régimen general de la Ley 100 de 1993 y no el que corresponde a la de
la Ley 32 de 1986; ii) incluyó entre sus fundamentos el contenido del Decreto 2090
de 2003, aplicable solo para quienes ingresaron en su vigencia, por mandato del
parágrafo del Acto Legislativo 01 de 2005; y iii) no incluyó todas las prestaciones
pagadas al trabajador, según el régimen que lo amparaba. Lo anterior, por cuanto
liquidó el monto de la mesada con las normas que reglamentan el régimen general

5 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 469 a 483.
6 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 556 a 570.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

de la Ley 100 de 1994.

6.2. El régimen especial y exceptuado de la Ley 32 de 1986 no se encuentra
sometido a transición alguna, por lo que se debía dar aplicación a las normas
vigentes y específicas de ese régimen, sin recurrir a las disposiciones de la Ley
100. La liquidación de la prestación debía corresponder al 75% del promedio de
todas las prestaciones pagadas en el último año de servicio, las que se encuentran
expresamente mencionadas en el artículo 185 del Decreto 407 de 1994 y en el
Decreto 446 de 1994, por ser el régimen prestacional de los servidores del Inpec.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 13 de febrero de
20247 negó las pretensiones de la demanda y como fundamento de su decisión
señaló lo siguiente:

7.1. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco prestó sus servicios como
dragoneante en el Inpec desde el 24 de mayo de 1982 hasta el 30 de mayo de
2014. De manera que su vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, lo que le permitía beneficiarse del régimen de
transición establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 1950 de 2005.

7.2. El causante no debía acreditar los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de
1992, además de los propios de la Ley 32 de 1986, pues de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado8, solo era necesario demostrar que su
vinculación se había efectuado con anterioridad al 28 de julio de 2003 por ser la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 2090 de 2003.

7.3. De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado 9 «[e]n los procesos de
lesividad no se impone condena en costas porque recaen sobre un interés público».

1.4. El recurso de apelación

8. La Ugpp solicitó se revocara la sentencia de primera instancia con fundamento

7 Samai Juzgados y Tribunales, índice 57.
8 Al efecto citó una sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 2 de

febrero de 2023, MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. No indicó el radicado del proceso en el que
se profirió.
9 El efecto citó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de

Estado el 22 de noviembre de 2002, dentro del proceso con radicado «15001-23-33-000-2018-s-01
(3493-2020)» (sic)

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Demandante: Ugpp

en los siguientes argumentos10:

8.1. Elcontenido de las resoluciones demandadas está afectado por falsa
motivación, porque reconoció el derecho pensional con una normatividad que no
debió ser aplicada al caso en específico, toda vez que el causante no cumplió con
los requisitos legales para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003.

8.2. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco no tenía 15 de años de servicio ni 40
de edad como lo exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario
del régimen de transición allí establecido, comoquiera que los 20 años de servicio
en cargos de excepción del Inpec los cumplió el 3 de julio de 2002, en vigencia del
Decreto 407 de 1994, que exige 20 años de servicio sin edad y haber cumplido los
requisitos de la transición del referido artículo 36, para ser beneficiario del régimen
especial.

8.3. El tribunal adoptó la decisión apelada con fundamento en antecedentes del
Consejo de Estado que se fundamentan en criterios de favorabilidad; no obstante,
la ley es expresa en cuanto a las condiciones para acceder al régimen especial. Al
mantener los actos vigentes se permitió el reconocimiento de otro derecho
pensional [el de la cónyuge] con iguales valores de la pensión inicial, lo que «a día
de hoy genera un aumento injustificado del valor del derecho pensional que si le asistía,
por lo tanto de mantener el ingreso base de liquidación objeto de debate genera un
detrimento de los recursos destinados a la UGPP para el reconocimiento de otras
pensiones que si gozan del régimen de transición con el cumplimiento de los requisitos
exigidos» (sic).

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto 12.

2. Consideraciones

10 Samai Juzgados y Tribunales, índice 60.
11 Tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de 2025. Índice 4 de Samai.
12 Tal y como se desprende del informe secretarial del 11 de junio de 2025.Índice 8 de Samai.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

2.1. El problema jurídico

11. Consiste en determinar ¿si Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco tenía
derecho a la pensión especial de jubilación de la Ley 32 de 1986, como ex servidor
del Inpec, pese a que no era beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

12. La Ley 32 de 198613 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96 estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:

«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación
al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia
Nacional sin tener en cuenta su edad».

13. Luego, fue expedida Ley 65 de 199314, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de
seguridad del Inpec, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.

14. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199415, norma que en su artículo 168 dispuso:

«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

13 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
14 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».
15«Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario».

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.

Parágrafo 1. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas
en la Ley 100 de 1993».

15. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del Inpec que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

16. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto
riesgo que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

17. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del Inpec como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.

18. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y

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Demandante: Ugpp

los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

19. Al respecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»16.

20. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 217, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200318, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el Inpec de
la siguiente manera:

«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

[…]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción
de aquellos administrados por la fuerza pública».

21. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para
ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:

«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020,
radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150

numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
[…]»
18 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican

y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.

Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años».

22. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:

«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1819 de la Ley 797 de
2003».

23. Sobre esta norma, conviene realizar las siguientes precisiones:

23.1. El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de
agosto de 200720, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
23.2. El
Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas

19 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
20 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

exigidas en la Ley 797 de 200321, la pensión de jubilación les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

23.2.1. Si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición de un
régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha señalado que
la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la aplicación
preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el particular esta
Subsección señaló:

«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado
y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas
[…].
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que
se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una
situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se
encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.

Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y
los cambios legislativos a través de un régimen de transición»22.

23.3. En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido

21 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas

se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021,

radicado 20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.

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Demandante: Ugpp

por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la
interpretación que ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la
norma, este requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de
que es condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado23:

«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 200324, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii)
estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley
797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como
lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000
semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser
beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho
pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º».
(Resalta la Sala).

24. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca
al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:

«[E]n el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea
amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090
de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma
situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte
más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales». [Se resalta]

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017,
radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
24 Publicación en el Diario Oficial 45.262

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Demandante: Ugpp

25. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha
fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con
el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

26. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:

«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:

[…]

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes. [Se resalta]

27. De acuerdo con lo anterior, bastaba con acreditar que la vinculación del servidor
del Inpec hubiese ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.

28. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012
de 2022, sostuvo lo siguiente:

«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del Inpec que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 200325».

29. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia

25 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11

se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación […]” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial 45.262 del 28 de julio de 2003».

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Demandante: Ugpp

Penitenciaria y Carcelaria del Inpec vinculados antes del 28 de julio de 2003, tienen
derecho a que la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

2.3. Caso concreto

30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

30.1. Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco nació el 20 de abril de 195526 y
falleció el 1 de junio de 201427.

30.2. Prestó sus servicios como dragoneante del Inpec entre el 24 de mayo de 1982
y el 31 de mayo de 2014. Durante ese lapso efectuó cotizaciones así: del 24 de
mayo de 1982 al 31 de julio de 2009 a Cajanal; y del 1 de agosto de 2009 al 31 de
mayo de 2014 al ISS y Colpensiones28.

30.3. Trinidad Pizarro Barbosa nació el 18 de mayo de 195729 y contrajo matrimonio
con Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco el 19 de febrero de 198730.

30.4. La Ugpp expidió la Resolución RDP 018241 del 10 de junio de 2014 le
reconoció una pensión de vejez a Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco en
cuantía de $1.466.282 efectiva a partir del 1 de enero de 2014, pero con efectos
fiscales a partir del retiro definitivo del servicio31. Al efecto, tuvo en consideración
lo siguiente: i) nació el 20 de abril de 1955; ii) el último cargo desempeñado fue el
de dragoneante; iii) acreditó 1619 semanas. De acuerdo con lo anterior, reconoció
la pensión prevista en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986; en consecuencia, liquidó
la prestación con el 75% del promedio de los salarios sobre los que cotizó entre el
1 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 3013. En este acto se ordenó descontar

26 Así se desprende de la copia de su cédula de ciudadanía. Samai Juzgados y Tribunales, índice

63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», página 52.
27 Según se advierte en el registro civil de defunción. Samai Juzgados y Tribunales, índice 63,

expediente digital, archivo «55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530»,
página 125.
28 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», página 124.
29 Así se desprende de la copia de su cédula de ciudadanía. Samai Juzgados y Tribunales, índice

63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», página 101.
30 Así se desprende de la copia del registro civil de matrimonio. Samai Juzgados y Tribunales, índice

63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», página 274.
31 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 309 a 312.

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Demandante: Ugpp

de las mesadas atrasadas a las que tenía derecho la suma de $ 3.621.400 «por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados».

30.5. Estaprestación fue sustituida a Trinidad Pizarro Barbosa, en calidad de
cónyuge, mediante la Resolución RDP 031557 del 16 de octubre de 2014 en el
100% del valor reconocido, a partir del 2 de junio de 2014, día siguiente al
fallecimiento del causante32.

30.6. Mediante Resolución 003095 del 9 de septiembre de 2014, el Inpec le
reconoció unas sumas de dinero a Trinidad Pizarro Barbosa, en calidad de
cónyuge, y Jhonatan y Jeferson Osorio Pizarro en calidad de hijos del causante,
por concepto de servicios personales, primas de servicios y de vacaciones,
indemnización de vacaciones, bonificación por recreación, servicios personales
asociados a la nómina, auxilio especial por fallecimiento y seguro por muerte en
actividad y gastos generales y transferencias33.

30.7. Por Resolución RDP 022387 del 14 de junio de 2016, la entidad negó la
solicitud de reliquidación con la inclusión de todos los factores salariales, porque
no todos constituían factor de salario34.

30.8. Mediante Auto ADP 008488 del 7 de noviembre de 2017 la Ugpp advirtió que
la petición relativa a la reliquidación de la prestación con los salarios percibidos en
el último año de servicio ya había sido resuelta a través de la Resolución
RDP022387 del 14 de junio de 201635.

30.9. A través de la Resolución RDP 000797 del 12 de enero de 2018, la Ugpp negó
la solicitud de reliquidación de la pensión, con fundamento en que la prestación
debía liquidarse con el 75 % del promedio de lo devengado en los últimos 10 años
de servicio, y los factores salariales que se debían tener en cuenta eran los
indicados en el Decreto 1158 de 1994, por ser beneficiario del régimen especial
con fundamento en la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 199336.

32 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 345 y 349.
33 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 144 a 147.
34 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», página 138.
35 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 103 a 105.
36 Samai Juzgados y Tribunales. Índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 119 a 123.

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Demandante: Ugpp

30.10. A través de la Resolución RDP 012911 del 12 de abril de 2018, la Ugpp
confirmó la Resolución RDP 797 del 12 de enero de 2018, en el trámite de un
recurso de apelación. Lo anterior, con fundamento en que de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 las primas de riesgo y de seguridad, el
subsidio de unidad familiar, y la bonificación por recreación no son factores de
salario para liquidar la pensión37.

2.4. Análisis sustancial

31. Para resolver el problema jurídico planteado conviene señalar que en el
presente asunto no es objeto de controversia la aptitud legal Trinidad Pizarro
Barbosa para acceder a la sustitución del beneficio pensional en calidad de
cónyuge del causante. Lo que se discute es si Libardo Antonio de Jesús Osorio
Orozco tenía derecho al reconocimiento de la pensión prevista en la Ley 32 de
1986, como ex servidor del Inpec, pese a que no era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

32. Sobre el particular, la sala encuentra necesario resaltar lo siguiente: como se
observó, en cumplimiento del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, que autorizó al
gobierno nacional para la expedición del régimen de los servidores públicos que
laboraran en actividades de alto riesgo, se expidió el Decreto 2090 de 2003, que
en su artículo 6 estableció un régimen de transición para obtener el derecho
pensional bajo la norma anterior, que para el caso analizado es la Ley 32 de 1986.

33. Así, entonces, para obtener el derecho pensional bajo lo previsto en Ley 32 de
1986, en virtud del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003,
a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, esto es, el 28 de julio de 2003,
se debía acreditar cuando menos 500 semanas de cotización especial y cumplir
los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 38
de la Ley 797 de 2003.

34. Sin embargo, en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, tal y como se expuso en líneas anteriores, esta corporación
ha establecido que exigirlo resulta desproporcionado y más gravoso cuando el
servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma anterior, por cuanto
conlleva una situación más desventajosa en virtud del tránsito legislativo y porque
ya se benefician de otro régimen de transición concurrente, razón por la que en el

37 Samai Juzgados y Tribunales, índice 63, expediente digital, archivo
«55_Expedientedigi_expediente202291000p_0_20250305144641530», páginas 160 a 164.
38 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
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asunto no interesa que el accionante para la fecha en que entró en vigencia el
Sistema de Seguridad Integral de que trata la Ley 100 de 1993, esto es el 1° de
abril de 1994, no acreditara 40 años de edad o 15 de servicios. Además, dicha
exigencia desapareció con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.

35. De manera que resultaba innecesario realizar un análisis en relación con los
requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que bastaba con que al
28 de julio de 2003 el causante hubiera ingresado al Inpec para que el
reconocimiento de la pensión de jubilación se hiciera según lo dispuesto en la Ley
32 de 1986, es decir, al cumplir 20 años de servicio, continuos o discontinuos, al
servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.

36. En el asunto en concreto se tiene que Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco
inició labores en el Inpec el 24 de mayo de 1982, es decir, antes de la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), con lo que se concluye
que cumplía con los supuestos de la norma para, en virtud del régimen de
transición del mencionado decreto, obtener el derecho pensional bajo las
disposiciones de la Ley 32 de 1986.

37. Así las cosas, el reconocimiento del derecho pensional debía hacerse en las
condiciones establecidas en las normas anteriores al Decreto 2090 de 2003, que
regulaban las actividades de alto riesgo, vale decir, en los términos establecidos
en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por ser beneficiario del parágrafo transitorio
5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, tal como se indicó en la Resolución
RDP 018241 del 10 de junio de 2014.

38. Para la Sala es importante recordar que lo dispuesto en el parágrafo transitorio
5 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 100
de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por lo que el régimen de transición
establecido en este decreto seguirá produciendo efectos para la aplicación de la
Ley 32 de 1986 en torno al reconocimiento pensional, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes, lo cual se garantizó en el acto acusado
que ordenó el descuento de una suma de dinero «por concepto de aportes para
pensión de factores de salario no efectuados».

39. Los razonamientos expuestos en esta providencia permiten concluir que debe
confirmarse la sentencia apelada que negó las pretensiones sin consideración
adicional en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

2.4. Costas

40. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

41. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

42. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma39.

43. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

44. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

45. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el régimen pensional
aplicable a Libardo Antonio de Jesús Osorio Orozco no es otro que el especial
previsto para los funcionarios del Inpec dispuesto en la Ley 32 de 1986 y en el

39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00910-02 (0776-2025)
Demandante: Ugpp

Decreto 407 de 1994, sin que para el efecto tenga incidencia lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 como régimen de transición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 13 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Trinidad Pizarro
Barbosa, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SLVA

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