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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00965-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00965-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018). Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Tercero. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 76001-23-33-000-2022-00965-02 (1227-2025) Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00965-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00965-02 (1227-2025)
Demandante: Ana Rosa Patiño Valencia
Demandada: Fiscalía General de la Nación

Temas: Reconocimiento de prima especial. Principio de congruencia.
Condena en costas. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Ana Rosa Patiño Valencia instauró demanda2 contra la Fiscalía
General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio DS-
06-12-6-SAJ-0495 del 11 de mayo de 2017, y (ii) Resolución 2-2507 del 18 de
agosto de 2017, por medio de los cuales la FGN le negó y confirmó respectivamente
el reconocimiento, liquidación y pago de emolumentos de carácter laboral,

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión
que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2 Ver archivo digital denominado «5ED_EXPDIGITA_76001233300020220096(.zip) NroActua 2» carpetas

«1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ» «01PrimeraInstancia» «C01Principal», pdf «02.Expediente», págs. 36 a 69,
visible a índice 2 de SAMAI.

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correspondientes al derecho consagrado en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer, liquidar y pagar
mensualmente el 30 % del salario equivalente a la prima especial de servicios y las
prestaciones sociales teniendo en cuenta dicho emolumento, desde el 10 de mayo
de 2014, conforme a la prescripción trienal, hasta la fecha de inicio del
reconocimiento del incremento a la asignación básica o hasta que se haga efectiva
su cancelación.

4. Que se dé cumplimiento del fallo de conformidad con el artículo 187 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida a la Fiscalía General de
la Nación en el cargo de fiscal desde el 3 de junio de 19983 hasta por lo menos la
fecha de presentación de la demandada y el 10 de mayo de 2017 solicitó el
reconocimiento y pago de la prima especial en un 30% adicional a su salario
mensual, así como la reliquidación y pago de todos los emolumentos de carácter
salarial que tengan como base este concepto para su liquidación. No obstante, la
entidad demandada le negó lo reclamado mediante los actos reprochados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera vulnerados: el preámbulo y los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93,
95, 122, 123, 150 literales e y f del numeral 19, 189 numeral 11, 209, 228, 253 de la
Constitución Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del
Convenio No. 95 relativo a la protección del salario; 4.º del Protocolo de San
Salvador; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del Código
Sustantivo del Trabajo; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4.ª de 1992.

7. Afirma que la eliminación de la prima especial de servicios mediante derechos
gubernamentales constituye una vulneración a las disposiciones constitucionales y
legales mencionadas, vulnerándose con ello el principio de irretroactividad de la Ley,
si se tiene en cuenta que los fiscales adquirieron el derecho a dicho emolumento
bajo la normativa vigente, por lo que cualquier cambio que perjudique este derecho
resultaría inconstitucional. Que, además, el Gobierno nacional se extralimitó en sus
funciones al modificar un régimen prestacional que, según la Constitución, debía ser
regulado exclusivamente por el Congreso de la República y no mediante decretos.

3 Su vinculación a la mencionada entidad data desde el 26 de enero de 1994 ocupando el cargo de técnico
judicial.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

8. El 03 de octubre de 2023 fue admitida la demanda. La entidad4 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que a los funcionarios de la FGN no le es
aplicable la prima especial de servicios que establece el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992, pues dicho emolumento fue diseñado para magistrados, agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y jueces, sin incluir a los fiscales
que optaron por el régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993, lo cual a
su vez, ha sido corroborado por esta Corporación en reiterada jurisprudencia, en
donde se anularon los artículos de los decretos salariales que incluían tal prestación
para este tipo de funcionarios.

9. Que la entidad ha liquidado y pagado las prestaciones sociales de la demandante
de conformidad con los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, los
cuales fueron expedidos bajo las directrices de la Ley 4.ª de 1992, por lo que
cualquier modificación de carácter salarial resultaría ilegal.

10. Propuso como excepción la prescripción de los derechos laborales causados
con anterioridad al 10 de mayo de 2014.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 15 de
agosto de 20245, declaró la nulidad de los actos demandados bajo el argumento de
que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser
entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de
los servidores beneficiarios de aquella.

12. Con esta premisa, condenó a la demandada a reconocer y pagar a favor de la
demandante la prima especial de servicios, como un incremento del 30 % respecto
del 100 % del salario básico a partir del 11 de mayo de 2014 y hasta el 31 de
diciembre de 2020, teniendo en cuenta que a partir del Decreto 272 de 2021 se
regularizaron los pagos correspondientes a dicho emolumento para los funcionarios
de la FGN; para el efecto, consideró que entidad deberá tener en cuenta los tiempos
de servicio prestados por la demandante en el cargo de fiscal y el tope máximo
establecido por el Gobierno nacional. Igualmente, precisó que la prima especial de
servicios solo constituye factor salarial para las cotizaciones en seguridad social.

13. Declaró probada la excepción de prescripción de las sumas causadas con

4 Ver archivo digital denominado «5ED_EXPDIGITA_76001233300020220096(.zip) NroActua 2» carpetas
«Cuaderno principal» pdf «023_MemoriaWeb_ContestaciOnDemanda_Indice_28_1», visible a índice 2 de
SAMAI.
5 Ver archivo digital denominado «51Sentencia de pr_247720220096500Sente(.pdf) NroActua 49», visible a

índice 49 de SAMAI del Tribunal.

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anterioridad al 10 de mayo de 2014, pues la reclamación administrativa se radicó el
10 de mayo de 2017.

14. Finalmente, atendiendo a un criterio objetivo valorativo, condenó en costas a la
parte demandada al considerar que las pretensiones de la demanda prosperaron
parcialmente.

RECURSO DE APELACIÓN

15. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoquen los ordinales tercero y sexto de la sentencia, por considerar que la
sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, no estudió el tema de la prescripción de los
aportes a pensión. Que a la luz de la sentencia T-932 de 2008, la imprescriptibilidad
de la pensión se predica del derecho en sí mismo, pero no de las mesadas
pensionales que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a las
reglas sobre la prescripción de las acreencias laborales de 3 años prevista en el
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por lo que debe negarse dicha
pretensión.

16. Además, señaló que solo hay lugar a condenar en costas cuando en el
expediente aparezcan estas causadas y comprobadas, de conformidad con los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, por lo que solicitó se revoque la condena
impuesta en su contra en primera instancia por este concepto.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación7 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

18. Deberá la Sala determinar si operó la figura jurídica de la prescripción sobre los
aportes a pensión y se analizará si procede o no la condena en costas tanto en
prima como en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

6 Ver archivo digital denominado «52_MemorialWeb_Recurso-ek2480855ANAROSAP(.pdf) NroActua 52»,
visible a índice 52 del SAMAI del Tribunal.
7 Ver archivo digital denominado «6Autoqueadmite_12272025Admite(.pdf) NroActua 4», visible a índice 4 de

SAMAI.

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19. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

20. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.

21. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19928 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.

22. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19969 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.

23. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».

24. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por

8 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la

Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
9 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se

considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».

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el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado10 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.

25. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.

26. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

27. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202011, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó12 que:

«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o

10 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia

del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
12 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio

de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).

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se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».

28. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.

29. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.

30. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.

31. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202213 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Resolución del caso concreto

32. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de

13 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia del
superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro que en
esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo respecto de los
argumentos de reparo puntuales.

33. En ese orden, se observa que parte del sustento de la impugnación de la entidad
consistió en exponer que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que no han sido
cobradas, las cuales, en su concepto, se encuentran sometidas a las reglas de
prescripción, precisando que en el presente caso la obligación de efectuar los
aportes a pensión se encuentra prescrita también. No obstante, la sentencia
apelada no condenó al pago de dichas contribuciones. Por tanto, debe abstenerse
de resolver este punto específico por falta de correspondencia entre lo fallado y lo
formulado como inconformidad.

34. El asunto bajo estudio deberá enfocarse entonces, en los motivos de disenso
expuestos, que consisten en determinar si procede o no la condena en costas en
primera instancia; no sin antes ordenar estarse a lo resuelto en la sentencia del 21
de septiembre de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado,14
mediante la cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales
anuales, expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada
por el artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un
pago adicional equivalente al 30% de aquel y concluyó que «la prima de servicios
no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste».

De la condena en costas: análisis en primera instancia.

35. Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta
en primera instancia en contra de la entidad apelante. En lo que respecta a este
punto, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

36. De hecho, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley fue habilitar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, con lo cual se creó una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de

14 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).

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los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

37. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

38. Con base en lo anterior, se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia contra la entidad accionada, por cuanto se accedió a
las pretensiones de la demanda, pues esto implicó una decisión desfavorable en su
contra.

39. Además, no es de recibo el argumento según el cual, no existen elementos de
prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas,
porque tal y como se observa en el proceso la demandante actuó de manera efectiva
dentro del trámite a tal punto de que sus pretensiones fueron concedidas de forma
parcial.

De la condena en costas de segunda instancia.

40. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a cargo de la parte
recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de
la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25
000 2018 01101 00 (3974-2018).

Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

Tercero. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 76001-23-33-000-2022-00965-02 (1227-2025)

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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