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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-01066-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2022-01066-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Sin condena en costas en esta instancia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2022-01066-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicado: 76001-23-33-000-2022-01066-01 (28582)
Demandante: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia –
Asobancaria
Demandada: Distrito de Santiago de Cali
Tema: Sentencia de remplazo en cumplimiento del fallo de tutela.
Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022. Tarifa de actividades
financieras

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de la Sección Cuarta procede a dictar sentencia de reemplazo, en
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela SU-047 de 20261, proferida por
la Sala Plena de la Corte Constitucional el 11 de marzo de 2026, en la que se dispuso:
“SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado (T-10.982.711), que confirmó el fallo de la Sección Tercera,
Subsección “B”, del Consejo de Estado, proferido el 4 de diciembre de 2024, por el cual se
declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Distrito de Santiago de Cali en
contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad del Distrito de Santiago de Cali. Lo anterior,
por las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia judicial.
(…)
CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias ordinarias del 4 de julio y el 1º de agosto
de 2024, proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de los expedientes
ordinarios números 85001-23-33-000-2022-00138-02 (28171) y 76001-23-33-000-2022-
01066-01 (28582), respectivamente. Esto, por lo expuesto en los considerandos del
presente fallo.
QUINTO. ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, en el término de
treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, emita nuevas
sentencias atendiendo lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia judicial. (…)”

En ese sentido, se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda2:

ANTECEDENTES

El Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió el Acuerdo 0529 de 2022, por medio
del cual se modificaron las normas del Estatuto y procedimiento tributario territorial.
Particularmente, dispuso:
1
MP. Paola Andrea Meneses Mosquera
2
Samai, exp. Tribunal, índice 26.

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Radicado: 76001-23-33-000-2022-01066-01 (28582)
Demandante: Asobancaria

CAPÍTULO I

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR las actividades previstas en el artículo 94 del Acuerdo 321 de 2011,
modificado por los Acuerdos 338 de 2012 y 357 de 2013, compilado en el artículo 97 del Decreto
Extraordinario 411.2.010.20.0416 de 2021, con las siguientes actividades y tarifas, así:

DEMANDA

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA,
en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 137 del CPACA, solicitó se
declare:

“la nulidad parcial del artículo 1 del Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022, expedido por el
Concejo Distrital de Cali, cuyo texto se transcribe a continuación, destacando las partes de
la disposición cuya nulidad se demanda relativa a la tarifa del impuesto de industria y
comercio para las actividades financieras (Códigos Actividades CIIU
6411;6412;6423;6491;6493)”

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 287-3 y 313-4 de la Constitución
Política y 14 de la Ley 2082 de 2021. El concepto de la violación se resume, así:

La parte demandante indicó que la autonomía de los departamentos, distritos y
municipios para establecer sus tributos debe ejercerse dentro de los márgenes
previstos en la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado3. En tal sentido, refirió que la potestad tributaria de los entes
territoriales no es absoluta, sino que está subordinada al ordenamiento dispuesto por
el legislador, razón por la cual las asambleas y los concejos deben respetar los límites
previstos para la determinación de los elementos esenciales del tributo, entre ellos, la
tarifa.

Señaló que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 autorizó a las ciudades capitales para
adoptar las normas especiales del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y del
Impuesto Predial vigentes en el Distrito Capital, siempre que la iniciativa proviniera
privativamente del alcalde y la adopción respondiera a las realidades tributarias de la
respectiva ciudad.

Precisó que, en Bogotá, la tarifa del ICA para las entidades y actividades financieras
se fijó en el 14x1000, de conformidad con los artículos 53 del Decreto Distrital 352 de
3
Al efecto, citó las sentencias C-004 de 1993, C-070 de 1994, C-084 de 1995, C-335 de 1996, C-232 de 1998 y C-132 de 2020
de la Corte Constitucional; y del 22 de marzo de 2012 (expediente 18842) y del 9 de agosto de 2018 (expediente 22071) del
Consejo de Estado

2
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Demandante: Asobancaria

2002 y 3, literal d, del Acuerdo 65 de 2002, modificado por el artículo 4 del Acuerdo 816
de 2021.

En ese orden, la demandante adujo que el acuerdo municipal desconoció el artículo
14 de la Ley 2082 de 2021, pues la modificación de la tarifa del ICA, que superó el
catorce por mil previsto para el Distrito Capital, no obedeció a una iniciativa del alcalde,
sino a una propuesta presentada por los concejales durante el trámite del proyecto de
acuerdo, según constó en la ponencia para primer debate. Además, el municipio
excedió las facultades conferidas por dicha disposición, al fijar una tarifa superior a la
vigente en Bogotá, con lo cual vulneró los artículos 287 y 313- 4, de la Constitución
Política.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Distrito Especial de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones de la demanda,
por lo siguiente:

Adujo que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el proyecto de acuerdo para la
modificación de la tarifa del ICA no fue iniciativa del Concejo Municipal, pues el alcalde,
junto con los asesores y funcionarios de la administración distrital, fue el responsable
del proyecto y posteriormente aprobado por el Concejo Distrital.

Manifestó que según los artículos 287, 300-4, 313 y 338 de la Constitución, las
entidades territoriales gozan de autonomía para gestionar sus intereses, dentro de los
límites de la Constitución y la ley y, en virtud de esa autonomía, tanto las asambleas
departamentales como los concejos municipales pueden decretar tributos y gastos
locales.

Señaló que, en virtud del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, las ciudades capitales
podían adoptar las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia del
impuesto de industria y comercio, siempre que ello no contraviniera las disposiciones
constitucionales. En ese sentido, indicó que el numeral 6 del artículo 154 del Decreto
Ley 1421 de 1993 autorizó la fijación de tarifas entre el 2x1000 y el 30x1000, rango
dentro del cual el Distrito Especial de Santiago de Cali estableció la tarifa del 23x1000,
esto es sin exceder el límite máximo previsto por dicha disposición.

Sostuvo que la Ley 2082 de 2021 no impuso a las ciudades capitales la obligación de
adoptar las mismas tarifas vigentes en el Distrito Capital de Bogotá, sino únicamente
las normas que regulan el impuesto. En consecuencia, afirmó que el Distrito Especial
de Santiago de Cali debía sujetarse al régimen previsto en el artículo 154 del Decreto
Ley 1421 de 1993 y no a la tarifa específica que aplicaba Bogotá.

Agregó que, si el propósito del legislador hubiera sido exigir que las ciudades capitales
aplicaran las mismas tarifas del Distrito Capital, así lo habría dispuesto expresamente,
razón por la cual el mandato legal se limitó a permitir la adopción del mismo marco
normativo.

3
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Demandante: Asobancaria

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia apelada negó las
pretensiones de la demanda -no decidió acerca de las costas-, con fundamento en lo
siguiente:

Respecto del cargo relacionado con la falta de iniciativa del alcalde, señaló que, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución, corresponde a los
concejos municipales votar, de acuerdo con la Constitución y la ley, los tributos y
gastos locales. Asimismo, constató que el proyecto que dio origen al acuerdo
demandado fue presentado por iniciativa del alcalde de Santiago de Cali, por lo que
concluyó que se cumplió el requisito previsto en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021.

En cuanto al cargo relacionado con la tarifa del ICA para las actividades financieras, el
a quo señaló que la exposición de motivos del acuerdo demandado sustentó su fijación
en el numeral 6 del artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993, compilado en el artículo
53 del Decreto Distrital 352 de 2002, disposiciones que autorizan la aplicación de
tarifas entre el 2x1000 y el 30x1000.

Asimismo, recordó que, en ejercicio de la autonomía tributaria reconocida por la
Constitución y dentro de los límites previstos por la ley, corresponde a los concejos
municipales fijar los elementos del tributo. En ese contexto, indicó que la
administración distrital justificó la modificación de la tarifa mediante un análisis de las
realidades tributarias de Santiago de Cali, para lo cual tuvo en cuenta, entre otros
aspectos, el crecimiento del sector financiero y su incidencia en la economía local.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el acuerdo demandado se ajustó al
artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, por cuanto adoptó las normas aplicables al Distrito
Capital en materia del impuesto de industria y comercio sin contrariar las disposiciones
constitucionales y legales.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia apeló
la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla para que, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

El a quo fundamentó la negativa de las pretensiones en el numeral 6 del artículo 154
del Decreto Ley 1421 de 1993, por considerar que dicha disposición facultaba al
Concejo de Bogotá para fijar tarifas del impuesto de industria y comercio entre el
2x1000 y el 30x1000, de modo que la tarifa del 23x1000 establecida por el Distrito
Especial de Santiago de Cali no excedía ese límite.

Frente a ese razonamiento, sostuvo que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 no
remitía al rango tarifario previsto para el Distrito Capital, sino a las normas que
efectivamente regían en Bogotá. En consecuencia, afirmó que, para la fecha de
expedición del acuerdo demandado, la tarifa aplicable a las actividades financieras
correspondía al 14x1000 de conformidad con el artículo 53 del Decreto Distrital 352 de
2002, modificado por el Acuerdo 816 de 2021.

4
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Aunado a esto, y con fundamento en el artículo 28 del Código Civil, sostuvo que el
término “rigen” debía interpretarse en su sentido natural y obvio, esto es, como “ estar
vigente”, de manera que el límite tarifario aplicable al Distrito Especial de Santiago de
Cali correspondía a la tarifa vigente en Bogotá (14x1000) y no a cualquier tarifa que el
Distrito Capital pudiera fijar dentro del rango legal.

Finalmente, insistió que la tarifa del 23x1000 no provino de una iniciativa del alcalde,
sino de las intervenciones y aportes de los concejales durante el trámite del Proyecto
de Acuerdo 139 de 2022, según constaba en el informe de modificaciones de la
ponencia para primer debate. A su juicio, ello vulneró el artículo 14 de la Ley 2082 de
2021 y desconoció los límites a la autonomía territorial previstos en los artículos 287 y
313 de la Constitución Política.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En cumplimiento de la sentencia SU-047 de 2026 proferida por la Corte Constitucional
el 11 de marzo de 2026, la Sala procede a dictar sentencia de reemplazo respecto de
la decisión proferida el 1.º de agosto de 2024, en los términos y para los efectos
señalados por la Corte Constitucional.

Comoquiera que la Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia proferida,
corresponde a la Sala emitir un nuevo pronunciamiento sobre los dos cargos
planteados en el recurso de apelación: (i) si la iniciativa para la expedición del acuerdo
acusado correspondió al Concejo Municipal o al alcalde, y (ii) si la tarifa del impuesto
de industria y comercio establecida para el sector financiero se ajustó a las normas
que rigen en el Distrito Capital4.

Respecto del primero, relacionado con la iniciativa para la expedición del Acuerdo 0529
de 2022, la Sala tendrá en cuenta las consideraciones expuestas sobre este aspecto
en la providencia objeto de reemplazo, toda vez que no fue objeto de cuestionamiento
en la acción de tutela ni de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

La Ley 2082 de 2021 tiene por objeto «crear la categoría de municipios “ciudades capitales”
y entre otras cosas, adoptar mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización
administrativa». En efecto, el artículo 14 dispone que los Concejos de las ciudades
capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde5 y acorde con las realidades tributarias de la
ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto
de industria y comercio. Esta exigencia guarda correspondencia con los artículos 315 de
la Constitución Política y 71 y 91 de la Ley 136 de 1994, que reconocen al alcalde la
facultad de presentar ante el concejo los proyectos de acuerdo que estime
convenientes para la buena marcha del municipio.

En el presente caso, se encuentra acreditado que el Proyecto de Acuerdo 139 de 2022,
que posteriormente se convirtió en el Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022, fue
presentado por el alcalde de Santiago de Cali ante el Concejo Municipal. En la iniciativa
se propuso, para las actividades financieras objeto de controversia, una tarifa del ICA
del catorce por mil.

4
Valga precisar, que no se aludirá al tema de realidad tributaria, al no ser un reparo en el caso concreto
5
Subraya fuera del texto original

5
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Durante el trámite del proyecto ante la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal
se introdujeron modificaciones a la propuesta inicial y, entre ellas, se estableció en
veintitrés por mil la tarifa aplicable a las actividades financieras correspondientes a los
códigos CIIU 6411, 6412, 6423, 6491 y 6493. Según consta en la ponencia para primer
debate, tales modificaciones fueron acogidas por la Administración y avaladas por los
ponentes, en el marco de las discusiones en las que participaron distintas
dependencias del nivel ejecutivo.

Para la parte apelante, el incremento de la tarifa durante el trámite del proyecto implicó
que la iniciativa, en lo que respecta a ese elemento del tributo, proviniera del Concejo
Municipal y no del alcalde, en desconocimiento del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021.

Al respecto, la Sala considera que la modificación introducida por el Concejo Municipal
durante el trámite del proyecto no desvirtúa la iniciativa que correspondió al alcalde.
La presentación del proyecto por parte de este último no limita la competencia
constitucional del Concejo para discutir y modificar las propuestas sometidas a su
consideración, siempre que tales modificaciones guarden relación con la materia
objeto del proyecto y no comporten la introducción de asuntos sustancialmente nuevos
que requieran el consentimiento de la Administración.

En este caso, la modificación de la tarifa del ICA para las actividades financieras se
produjo dentro del trámite del proyecto presentado por el alcalde, guardó relación
directa con su objeto y, además, fue acogida por la Administración, sin que se advierta
oposición de las dependencias del nivel ejecutivo que participaron en su discusión. Por
tanto, el hecho de que la tarifa inicialmente propuesta haya sido modificada durante el
trámite legislativo local no permite concluir que la iniciativa exigida por el artículo 14 de
la Ley 2082 de 2021 haya provenido del Concejo Municipal.

En asuntos similares, la Sección ha considerado que «la iniciativa exclusiva del alcalde,
exigida por el artículo 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021 para que el concejo municipal o distrital de
una «ciudad capital» establezca en su jurisdicción disposiciones basadas en la normativa del impuesto
predial o del ICA que rige para el Distrito Capital, no restringe la potestad que tiene el cuerpo de
representación popular para modificar en el trámite de aprobación del acuerdo las normas inicialmente
propuestas por el alcalde»6.

En consecuencia, la Sala concluye que el Acuerdo 0529 de 2022 cumplió la exigencia
de iniciativa prevista en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 y, por tanto, no prospera
el primer cargo de apelación.

Frente al segundo problema jurídico, relacionado con el alcance del artículo 14 de la
Ley 2082 de 2021 y, en particular, con la determinación de la tarifa del impuesto de
industria y comercio aplicable a las actividades financieras en el Distrito Especial de
Santiago de Cali, la Sala efectuará el análisis de este aspecto de conformidad con las
consideraciones de la Corte Constitucional.

Al respecto sobre la interpretación de la norma en comento, la Corte Constitucional en
la sentencia refiere que:

6
Sentencia del 25 de julio de 2024. CP Wilson Ramos Girón. Exp. 28442

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“139. En suma, puede decirse que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 hace referencia,
en general, al régimen normativo de Bogotá y que, de su literalidad, no puede sostenerse
que remita a la tarifa que rige en la capital de la República.
(…)

142. Lo dicho antes impone concluir que, desde una perspectiva teleológica, la referencia
a las “normas que rigen el Distrito Capital de Bogotá” no puede ser leída de tal forma que
genere una restricción o un tope de tarifa para la fijación del ICA, sino que debe entenderse
frente a los parámetros y principios establecidos para tasar el ICA en el Distrito Capital de
Bogotá, los cuales, sea del caso decirlo, permanecen en el tiempo y permiten que la tarifa
sea ajustada a la realidad sin afectar los preceptos constitucionales que inspiraron la
reforma.

143. En criterio de la Sala, asumir lo contrario supondría desconocer que la norma
pretendió generar herramientas de gobernanza multinivel que atendieran, efectivamente,
a las diferencias socioeconómicas que tienen entre sí los gobiernos locales. La Ley 2082
de 2021 no buscó homogeneizar la normatividad para todo el territorio, sino reconocer que,
dadas las realidades diferentes de cada ciudad capital, se requerían regulaciones
heterogéneas, so pena de ser ineficaces, sobre la base del reconocimiento de que las
ciudades capitales, de un lado, son polos de desarrollo del país y centros de dinámicas
políticas, sociales y económicas, del otro, han sido sometidas a presiones económicas y
sociales y, adicionalmente, han debido asumir nuevas cargas y responsabilidades fruto de
situaciones derivadas del conflicto armado interno y de procesos sociales y económicos
ocurridos en los territorios, así como nuevas atribuciones legales que requieren de insumos
legales y recursos económicos.

(…)

159. Artículo 14 de la Ley 2082 de 2021. La Ley 2082 de 2021 tiene dos objetivos
principales, por una parte, crear la categoría “ciudades capitales” y por la otra, adoptar
mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa. Esto se hace
explícito en el artículo 1º de dicha normativa. La norma está compuesta por 17 artículos,
contenidos en cuatro títulos: (i) de la ciudades capitales y el desarrollo territorial; (ii) sobre
las relaciones de las ciudades capitales con la nación y con otras entidades territoriales;
(iii) de las áreas metropolitanas y la cooperación horizontal; y (iv) de “otras disposiciones”.
Este último título estaba compuesto por cuatro artículos, el objeto de controversia en este
proceso constitucional de amparo (14), el de la vigencia (17) y otros dos que la Corte
declaró inexequibles por vulnerar el principio de unidad de materia (15 y 16), mediante la
Sentencia C-353A de 2021. Ambos regulaban el Fondo de Desarrollo Local en los Distritos
Especiales.

(…)
164. A partir de las consideraciones expuestas hasta este punto de la presente decisión, la
Sala Plena considera, al igual que lo hizo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado en su escrito de intervención, que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 tiene, al
menos, dos interpretaciones: de un lado, la que da sustento a las sentencias acusadas,
según la cual la expresión “normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá” impone el
deber de distinguir entre las normas que rigen al momento de ejercer la facultad y las que
establecen parámetros, límites o regulaciones generales. Desde esta perspectiva, se
tendría que concluir que el artículo 14 no autorizó la adopción de parámetros, límites o
regulaciones generales, como sería el caso del rango tarifario al que se refiere el numeral
6º del artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993, sino que dispuso la aplicación de las
normas que rigen en la capital de la República, esto es, aquellas que fijan los contenidos
concretos del tributo en el Distrito de Bogotá, incluida la que establece la tarifa vigente. De
allí que las ciudades capitales deban adoptar la tarifa que esté rigiendo en el Distrito de
Bogotá al ejercer la facultad del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021.

165. De otro lado, está la interpretación en virtud de la cual la expresión “normas que rigen
para el Distrito Capital de Bogotá” se refiere al cuerpo normativo aplicable, esto es, la Ley
14 de 1983190 y, por disposición del artículo 153 del Decreto Ley 1421 de 1993, las
modificaciones a la que se refieren el parágrafo y los siete numerales del artículo 154 del

7
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Decreto Ley 1421 de 1993. Desde esta perspectiva, que coincide parcialmente con la tesis
de los actores y gran parte de los intervinientes, la facultad que consagra el artículo 14 de
la Ley 2082 de 2021 incluye el numeral 6º del artículo 154, que establece que, sobre la
base gravable definida en la ley, “el Concejo aplicará una tarifa única del dos por mil (2%o)
al treinta por mil (30%o)”. En el marco de esta postura interpretativa, las ciudades capitales
pueden establecer la tarifa del ICA en el rango allí establecido, es decir, no tendrían que
acoger la tarifa que rige en Bogotá.
(…)
No obstante, para los efectos de esta providencia, la Sala encuentra que, además de que
la primera interpretación resultó irrazonable, la segunda interpretación es la que se puede
catalogar como “conforme con la Constitución”, en la medida en la que es la que mejor se
ajusta y maximiza los principios, valores, derechos y finalidades de la Carta Fundamental.
En esa misma línea argumentativa, la Corporación considera que sin perjuicio de su
razonabilidad, la primera interpretación limita algunos postulados constitucionales.

En suma, la Corte consideró que la interpretación «que se puede catalogar como “conforme
con la Constitución”, en la medida en la que es la que mejor se ajusta y maximiza los principios, valores,
derechos y finalidades de la Carta Fundamental» sobre la expresión «las normas que rigen para el
Distrito Capital de Bogotá» prevista en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, se refiere al
cuerpo normativo aplicable, esto es, la Ley 14 de 1983 y el artículo 154 del Decreto
Ley 1421 de 1993, que en el numeral 6 establece que, «sobre la base gravable definida en
la ley, el Concejo aplicará una tarifa única del dos por mil (2%o) al treinta por mil (30%o)» . En el marco
de esta postura interpretativa, las ciudades capitales pueden establecer la tarifa del
ICA en el rango allí establecido y no acoger la tarifa que rige en Bogotá.

Bajo el entendimiento de la Corte Constitucional, la Sala concluye que el aparte
demandado del artículo 1 del Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022 del Concejo de
Santiago de Cali no desconoce los artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Constitución
Política y 14 de la Ley 2082 de 2021, pues el Concejo ejerció su potestad tributaria
dentro del rango tarifario autorizado por el ordenamiento jurídico, sin que estuviera
obligado a adoptar la tarifa prevista para el Distrito Capital.

En consecuencia, no prospera el recurso de apelación de la parte actora, y la Sala
confirmará la sentencia apelada.

De otra parte, frente a la consideración contenida en el numeral 214 de la Sentencia
SU-047 de 2026, conforme a la cual corresponde a esta Sección definir «cuáles son los
efectos de las decisiones que adopte. Esto, para efectos tributarios y respecto de las
obligaciones pagadas o reintegradas», debe precisarse que la presente sentencia de
reemplazo, al negar las pretensiones de la demanda, se sujeta a los efectos previstos
en el artículo 189 del CPACA. En consecuencia, hará tránsito a cosa juzgada erga
omnes únicamente respecto de la causa petendi juzgada y, por tanto, definirá con
efectos generales la legalidad de la disposición demandada frente a los cargos
efectivamente examinados, sin que ello se extienda a actos administrativos distintos
del aquí controlado.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien no hay lugar a establecer modulación alguna
respecto de los efectos de la providencia del 1º de agosto de 2024 —como quiera que
ni en dicha sentencia, ni al resolverse la solicitud de aclaración formulada en su contra, se
precisó el alcance de la nulidad parcial declarada—, corresponde a esta Sala analizar,
únicamente los efectos que la declaratoria de nulidad parcial del artículo 1º del Acuerdo
0529 de 2022 pudo haber producido. Para tal efecto, se precisan las siguientes
circunstancias relevantes:

8
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2022-01066-01 (28582)
Demandante: Asobancaria

El artículo 1º del Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022, en lo que respecta a la tarifa
del impuesto de industria y comercio aplicable a las actividades financieras, rigió, en
virtud del artículo 338 de la Constitución Política y del carácter anual del período
gravable del tributo7, desde el 1.º de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024,
fecha a partir de la cual entraron a regir las tarifas modificadas por el Acuerdo 0586 de
2024.

En efecto, valga precisar que lo declarado, pagado o devuelto en virtud de la aplicación
de las tarifas modificadas por el Acuerdo 0586 de 2024 no es objeto de las
consideraciones aquí expuestas, por corresponder a los efectos propios de un acto
administrativo distinto del aquí controlado. De igual manera, las situaciones jurídicas
que, para la fecha de ejecutoria de esta sentencia, ya se encuentren consolidadas bajo
la aplicación del marco del Acuerdo 0529 de 2022, no serán objeto de modificación
con ocasión de la presente decisión, sin perjuicio de las revocatorias directas o la
demanda contra el acto propio en las condiciones reguladas por el CPACA 8.

Frente a las situaciones jurídicas no consolidadas bajo la aplicación del artículo 1.º del
Acuerdo 0529 de 2022 y de los efectos que sobre ellas pudo producir la providencia
del 1.º de agosto de 2024, la Sala no puede entrar a detallar las situaciones particulares
que se hubieren presentado, por tratarse de supuestos que habrán de resolverse caso
a caso, atendiendo a las circunstancias propias de cada uno.

No obstante, se destaca que, tanto a los responsables como a la Administración, les
corresponde, en los procesos de liquidación privada u oficial, fiscalización, devolución
y cobro que se adelanten respecto de tales situaciones, dar aplicación a las normas
tributarias correspondientes con sujeción a los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe.

Adicionalmente, las eventuales conductas infractoras por inexactitud, o las
correcciones a las declaraciones tributarias en las que no se hubiere dado aplicación
a la tarifa para las actividades financieras prevista en el artículo 1.º del Acuerdo 0529
de 2022, podrán regularizarse reconociendo la causal de exculpación de la sanción,
en los términos previstos en el segundo parágrafo del artículo 647 del Estatuto
Tributario Nacional y en el inciso 3.º del artículo 588 ibidem, acatando el precedente
jurisprudencial fijado por esta Sección en sentencia del 11 de junio de 2020 (exp.
21640, C.P. Julio Roberto Piza)9.

En suma, el objeto de la presente sentencia no define de manera general las
consecuencias de las obligaciones tributarias liquidadas, pagadas o reintegradas
durante el período señalado. Tales efectos deberán establecerse, cuando haya lugar
a ello, en los respectivos procedimientos administrativos o procesos judiciales, según
las circunstancias particulares de cada situación y con arreglo a las reglas ordinarias
que les resulten aplicables.

7
De acuerdo con el Decreto Extraordinario 411.2.01.20.0416 de 2021. Lo anterior sin desconocer que, para determinados
contribuyentes, el período gravable del tributo es bimestral, en virtud de la modificación introducida por el Acuerdo 0541 de 29 de
septiembre de 2022, circunstancia que deberá tenerse en cuenta al examinar cada situación particular
8
Conforme con la posición reiterada de la Sección, excepcionalmente procede el medio de control de nulidad contra actos
administrativos de contenido particular, sin que resulte exigible su ejercicio dentro del término de cuatro meses previsto para la
nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se configura alguna de las circunstancias numeradas en el inciso cuarto del
artículo 137 del CPACA, como ocurre al proferirse la presente sentencia de reemplazo. Así lo precisó la Sección en sentencia
del 8 de septiembre de 2022, exp. 25597, C.P. Julio Roberto Piza.
9
Reiterado en sentencia del 9 de abril de 2026, Exp. 25215 CP Milton Chaves García

9
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-01066-01 (28582)
Demandante: Asobancaria

No se condenará en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del
CPACA, en atención a que se ventila un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas en esta instancia

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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