Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00203-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00203-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2023-00203-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Expediente: 76001233300020230020301 (73.499)
Demandantes: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: MAYOR PERMANENCIA EN OBRA - AUSENCIA DE SALVEDADES EN PRÓRROGAS EN
CONTRATOS ESTATALES NO SOMETIDOS AL EGCAP – la no sujeción del contrato estatal a la Ley 80 de 1993
no excluye la aplicabilidad de la regla de unificación, porque esta no se limitó a contratos estatales sometidos a
dicho estatuto y se apoyó en razonamientos que también se proyectan a contratos estatales sometidos a regímenes
especiales o exceptuados / DERECHO A QUE SE MANTENGA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
• la identidad en la calificación jurídica del contrato como estatal no implica que los fundamentos del régimen jurídico
de derecho público del EGCAP, que reconocen el derecho a la preservación del equilibrio económico, sean
trasladables a los contratos sometidos al régimen especial.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 21
de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad.
La controversia versa sobre el reconocimiento de sobrecostos en la ejecución de las
obras de optimización de redes de acueducto y sistemas de drenaje en el Distrito de
Santiago de Cali, que se atribuyen a la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes y
no imputables al contratista.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. En la sentencia del 21 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo negó las
pretensiones de la demanda (ordinal 1º), condenó en costas a la parte demandante
(ordinal 2º) y ordenó notificar la providencia conforme a lo previsto en la Ley 1437 de
2011 (ordinal 3º)1.
2. Este fallo resolvió la demanda presentada por Fluidos y Construcciones S.A.S. e
Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S., integrantes del Consorcio La
Sultana 611-2017 (en adelante, el “Consorcio”), contra la Empresas Municipales de
Cali - EMCALI E.S.P (en adelante, “EMCALI”)2. Las pretensiones, hechos principales
y los fundamentos de derecho de la demanda se sintetizan a continuación.
Pretensiones y fundamentos
1
Samai Tribunal, Índice 48, pp. 22-23.
2
La demanda se presentó el 28 de marzo de 2023. Samai Tribunal, Índice 03.
Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
3. El Consorcio solicitó que se liquide el contrato de obra 300-CO-0987-2018
(pretensión 1ª). Asimismo, pidió que se declare la ruptura de la conmutatividad y del
equilibrio económico del contrato por hechos no atribuibles al contratista (pretensiones
2ª y 3ª). Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a EMCALI al pago
del daño emergente y del lucro cesante, por un total de $1.803’833.548 (pretensión
4ª)3.
4. Igualmente, solicitó que se declare que los gastos no previstos y los sobrecostos
asumidos durante la ejecución del contrato deben ser reconocidos y pagados por
EMCALI (pretensión 5ª). En consecuencia, pidió que, como resultado de los factores
climáticos, las suspensiones del contrato, la pendiente de las vías intervenidas, el
incremento del IPC y el cambio de especificaciones técnicas, se ordene a la entidad
estatal el pago ($1.291’080.778) de (i) las sumas resultantes de la revisión y el reajuste
de precios unitarios; (ii) los costos derivados de la mayor permanencia en obra; y (iii)
los mayores costos de ejecución de la obra (pretensión 6ª). Adicionalmente, solicitó
que se condene a EMCALI al pago de los intereses sobre las sumas que se
reconozcan en la sentencia y las costas del proceso (pretensiones 7ª y 8ª). Finalmente,
reiteró la solicitud de liquidación judicial del contrato (pretensión 9ª)4.
5. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, el Consorcio expuso los
siguientes:
6. El 28 de mayo de 2018, EMCALI y el Consorcio celebraron el contrato de obra 300-
CO-0987-2018, cuyo objeto consistió en la optimización de redes de acueducto y del
sistema de drenaje en la Comuna 1 de Santiago de Cali. El valor inicial del contrato se
estimó en $2.219’623.380 y posteriormente fue adicionado en $394’684.268. El plazo
de ejecución se convino en seis meses, con fecha prevista de terminación el 29 de
enero de 2019. El contrato se pactó bajo el sistema de precios unitarios y no incluyó
una fórmula de reajuste.
7. Entre el segundo semestre de 2018 y comienzos de 2019, se presentaron lluvias
intensas que afectaron directamente los frentes de obra. Estas condiciones generaron
el deterioro y arrastre de materiales, obligaron a rehacer trabajos ya ejecutados y
produjeron mayores costos directos, particularmente por la reconformación de
subrasantes, la reposición de materiales pétreos y la intervención reiterada de bases
y subbases.
8. La ejecución del contrato se extendió por suspensiones y prórrogas que dieron lugar
a una mayor permanencia en obra del consorcio. Esta prolongación estuvo asociada,
3
Samai Tribunal, Índice 03, 1_ED, 01 Demanda administrativa.
4
Como pretensiones subsidiarias, el Consorcio solicitó que se declare la ruptura de la conmutatividad y del
equilibrio económico del contrato por causas no imputables al contratista. Igualmente, pidió que se declare
que, por hechos no atribuibles al Consorcio, el contrato tuvo una duración mayor a la prevista, lo que
incrementó su costo y rompió el equilibrio económico. Asimismo, solicitó que se declare que, por hechos no
imputables al Consorcio y por orden de EMCALI, el contrato fue suspendido en varias ocasiones, alterando
el plazo y obligando a su ejecución en 2019 y 2020, lo que generó una mayor permanencia en obra. En
consecuencia, reclamó la revisión judicial del contrato para restablecer su conmutatividad. También pidió el
restablecimiento de la ecuación económica mediante ajustes y revisión de precios, el ajuste conforme al IPC
certificado por el DANE y un ajuste adicional para conjurar la excesiva onerosidad derivada de las
“afectaciones imprevistas”. Finalmente, solicitó la liquidación judicial del contrato.
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
además del impacto de las lluvias, a la necesidad de atender cambios de
especificaciones técnicas exigidos por EMCALI, a la imposibilidad de intervenir
simultáneamente los distintos tramos y a las restricciones derivadas de la pandemia
COVID-19. Como resultado de estas circunstancias, las obras continuaron durante los
años 2019 y 2020, lo que implicó la permanencia prolongada de personal, maquinaria
y campamentos.
9. Debido a solicitudes formuladas por la comunidad del área de influencia del
proyecto, EMCALI modificó las especificaciones técnicas del pavimento en varios
sectores en los que inicialmente se había previsto la ejecución de pavimento flexible,
para sustituirlo por pavimento de concreto rígido. Esta modificación dio lugar a trámites
ante la entidad contratante y las autoridades municipales competentes, lo que
determinó la suspensión del contrato. La utilización de materiales distintos, así como
la adopción de procedimientos constructivos diferentes a los inicialmente proyectados,
impactaron los costos de la obra.
10. La ejecución de las obras no pudo adelantarse de forma simultánea en los distintos
tramos debido a la oposición de la comunidad, las condiciones del entorno urbano y la
necesidad de mantener la movilidad y el acceso a los sectores afectados. Esta
situación obligó a programar las actividades de manera fragmentada, generó
reprocesos, incrementó los tiempos improductivos y afectó la eficiencia en la utilización
de los recursos del Consorcio.
11. Adicionalmente, las pendientes pronunciadas de algunas vías exigieron la adopción
de soluciones técnicas para garantizar la estabilidad de las redes y de la estructura del
pavimento. Estas condiciones del terreno implicaron la ejecución de actividades
adicionales no previstas inicialmente y mayores consumos de materiales y mano de
obra. A su vez, como consecuencia de las prórrogas y suspensiones, el contrato se
ejecutó en vigencias fiscales distintas a las inicialmente previstas, lo que produjo un
desfase entre los precios unitarios pactados y los costos reales de ejecución, afectados
por la variación del IPC.
12. Finalmente, señaló que el consorcio formuló reclamaciones administrativas ante
EMCALI para obtener el pago de los sobrecostos. En particular, presentó el oficio
SULTANA-BOG-1029-S10 del 11 de junio de 2019, el derecho de petición SULTANA-
BOG-1029-S32 del 22 de julio de 2019 y un oficio del 15 de agosto de 2019, mediante
los cuales solicitó llegar a un acuerdo para solucionar el desequilibrio económico del
contrato.
13. Como fundamentos de derecho de sus pretensiones, el consorcio sostuvo que la
fuerza obligatoria del vínculo no excluye la procedencia de correctivos cuando
circunstancias extraordinarias e imprevistas —como factores climáticos, oposición de
la comunidad, la pandemia o modificaciones técnicas— afectan la ecuación financiera
inicialmente pactada. En particular, invocó el deber de restablecimiento del equilibrio
económico consagrado en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y la aplicación de
la denominada “teoría especial de la imprevisión”, prevista en el artículo 868 del Código
de Comercio.
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
14. Asimismo, sostuvo que los principios sobre equilibrio económico del contrato
previstos en los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 se extienden a todo contrato
estatal, incluso cuando la entidad contratante se rige por el derecho privado. En
sustento de esa tesis, invocó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y afirmó que su
aplicación extensiva se deriva de los principios constitucionales de la función
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. Añadió que
el principio de preservación del equilibrio económico se incorpora a los contratos
conmutativos aun sin pacto expreso, con apoyo en los artículos 1498 y 1501 del Código
Civil y en el principio de buena fe previsto en el artículo 871 del Código de Comercio.
Finalmente, en materia de reajuste y revisión de precios, citó la Ley 4 de 1964 y el
Decreto 1518 de 1965, y sostuvo que la ausencia de una fórmula de reajuste no impide
solicitar la revisión de los precios para restablecer el equilibrio económico alterado por
circunstancias imprevistas.
Contestación de la demanda
15. EMCALI se opuso a la prosperidad de las pretensiones y sostuvo que la mayoría de
los hechos expuestos en la demanda no eran ciertos. Afirmó que las circunstancias
relatadas por el consorcio no demostraban la alteración del equilibrio económico ni
resultaban imputables a la entidad. Indicó que las lluvias y demás eventos invocados
constituían contingencias propias de la ejecución contractual. Por otra parte, señaló
que las suspensiones y prórrogas fueron solicitadas o aceptadas por el contratista, sin
salvedades. Precisó que los efectos programáticos derivados de los cambios en las
especificaciones técnicas del pavimento fueron regulados por las partes. Añadió que
las reclamaciones relativas a las pendientes de las vías fueron analizadas y
descartadas, al tratarse de una condición existente al momento de formularse la oferta.
Finalmente, sostuvo que la ausencia de fórmula de reajuste era conocida desde la
celebración del contrato y que cualquier reclamación por mayores costos debía
plantearse en la etapa de liquidación, a la cual el consorcio no concurrió5.
16. Formuló como excepción la “inexistencia de rompimiento del equilibrio económico
del contrato”. Al respecto, sostuvo que el contratista asumió los riesgos ordinarios de
la ejecución y estructuró la oferta con base en su propio análisis de costos. Destacó
que las prórrogas y suspensiones fueron aceptadas sin salvedades ni reservas.
Alegatos en primera instancia
17. Culminada la etapa de pruebas6, las partes presentaron alegatos de conclusión. El
consorcio reiteró los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda. Señaló que las
5
Samai Tribunal, Índice 23, 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda.
6
En auto proferido en audiencia inicial del 21 de noviembre de 2023 (Samai Tribunal, Índice 38), el Tribunal
Administrativo decretó las pruebas solicitadas por las partes. En relación con la demanda, reconoció valor
probatorio a los documentos aportados y al dictamen pericial allegado, cuyo objeto consistía en establecer el
daño emergente y el lucro cesante derivados de la ejecución del contrato de obra, elaborado por la ingeniera
Rocío Amparo Alba Gómez. Asimismo, ordenó citar a la perito a la audiencia de pruebas para la contradicción
del dictamen. De igual forma, decretó el testimonio del ingeniero Ricardo Castro, en su condición de director
de obra, para que declarara sobre los hechos relacionados con la ejecución del contrato y el presunto
desequilibrio económico. Igualmente, ordenó a EMCALI remitir la totalidad del expediente contractual. En
cuanto a la contestación de la demanda, el Tribunal reconoció valor probatorio a los documentos allegados
por la entidad demandada.
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
afectaciones fueron cuantificadas en el dictamen pericial aportado y resaltó que esta
prueba no fue objetada ni controvertida por la entidad demandada mediante otro
dictamen7.
18. Por su parte, EMCALI reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y negó la existencia de un desequilibrio económico imputable a la entidad.
Sostuvo que los efectos de los eventos invocados fueron regulados mediante la
suscripción de actas de suspensión y otrosíes, aceptados sin salvedades. Asimismo,
cuestionó la procedencia del reajuste de precios y del reconocimiento de mayores
costos, al reiterar que el contrato carecía de fórmula de reajuste8. El Ministerio Público
no se pronunció.
Los fundamentos de la sentencia
19. ElTribunal Administrativo concluyó que el consorcio no tenía derecho al
reconocimiento de las sumas reclamadas por los distintos eventos indicados en la
demanda.
20. En relación con (i) los mayores costos atribuidos al factor climático de las lluvias, el
Tribunal sostuvo que, al suscribirse el otrosí 3, el consorcio aceptó la prórroga del plazo
por ese evento, sin adición al valor contractual. Agregó que, mediante el otrosí 4 y dos
actas de suspensión, se pactó expresamente que no se reconocerían costos
adicionales por mayor permanencia, lo cual impedía reclamarlos posteriormente. En
segundo lugar, indicó que, según el informe ejecutivo de la interventoría, había tramos
viales cuyo bajo avance no fue afectado por lluvias intensas. Por último, sostuvo que
no se acreditó que las lluvias en la Comuna 1 durante 2019 fueran anormales, pues la
información climática del dictamen pericial carecía de fuente verificable y no permitía
comparar de forma confiable los datos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Palmira)
con las condiciones del área de obra en Cali.
21. En cuanto a (ii) los sobrecostos y la mayor permanencia en obra atribuida al cambio
en las especificaciones técnicas del pavimento, sostuvo que las suspensiones del
contrato asociadas a este evento fueron aceptadas por el consorcio con declaraciones
expresas en el sentido de que no generarían reconocimientos por depreciación de
equipos ni mayores costos de mano de obra. Por ello, consideró improcedente
reclamar posteriormente sumas de dinero por este mismo concepto. Adicionalmente,
indicó que las especificaciones técnicas del contrato exigían la construcción de los
tramos en pavimento de concreto rígido MR-45 premezclado, conforme a los diseños
suministrados por la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Cali. Señaló que
el consorcio se apartó de esas especificaciones al ejecutar las obras pavimento
asfáltico, lo que motivó el rechazo de la comunidad y dio lugar a la suspensión del
plazo mientras se adelantaba el trámite administrativo para sustituir el material, sin que
ello pudiera atribuirse a una modificación técnica sobreviniente imputable a la entidad
demandada.
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Samai Tribunal, Índice 45.
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Samai Tribunal, Índice 44.
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
22. Frente a (iii) los mayores costos asociados a las pendientes de las vías intervenidas,
el Tribunal señaló que, al tratarse de un contrato regido por el derecho privado, no
existía un derecho al restablecimiento de la ecuación financiera en los términos
previstos para los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993. Asimismo, sostuvo que no
se acreditó la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles
que habilitaran la aplicación de la teoría de la imprevisión ni la revisión judicial del
contrato conforme al artículo 868 del Código de Comercio. Precisó que las dificultades
derivadas de las pendientes y de las condiciones topográficas del sector constituían
condiciones que el contratista debía conocer y evaluar al formular su propuesta.
23. En cuanto a (iv) los costos por mayor permanencia en obra atribuidos a las medidas
de aislamiento por COVID-19, el Tribunal señaló que el consorcio suscribió un acta de
suspensión del contrato y ampliaciones sucesivas de esta, así como un otrosí
mediante el cual se prorrogó el plazo. Indicó que, en todos esos instrumentos, las
partes pactaron de forma expresa que tales ajustes no generarían reconocimiento de
perjuicios, modificación de precios unitarios ni pagos adicionales, incluidos los
asociados a la depreciación de equipos y a la mano de obra. En consecuencia,
consideró improcedente reclamar costos por mayor permanencia derivados de dichas
medidas.
24. Respecto de (v) los sobrecostos generados por la imposibilidad de ejecutar obras
de forma simultánea en distintos tramos, el Tribunal sostuvo que la oposición de la
comunidad a la ejecución paralela de varios frentes no obedeció al tiempo empleado
por EMCALI y la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en definir el cambio
de las especificaciones del pavimento. Señaló que dicha oposición se explicó por las
problemáticas sociales derivadas de la intervención simultánea de tramos cercanos.
Añadió que esta situación resultaba evitable y previsible, en la medida en que la
oposición de la comunidad se habría evitado si la propuesta del contratista hubiera
considerado esa problemática al definir el método constructivo.
25. Finalmente, en relación con (vi) el reajuste de precios para cubrir los sobrecostos
derivados del cambio de las vigencias en que se ejecutaron las obras, el Tribunal
sostuvo que las condiciones específicas de la contratación dispusieron que los precios
ofertados serían fijos y que EMCALI no reconocería reajustes por ninguno de los ítems.
Añadió que, en la matriz de riesgos, se asignaron expresamente al contratista las
variaciones en los precios de mercado de los bienes y servicios necesarios para la
ejecución de las obras. Asimismo, precisó que, al tratarse de un contrato regido por el
derecho privado, no existe una norma que imponga a las partes el deber de conservar
inalterado el equilibrio económico durante toda su ejecución ni de restablecerlo en caso
de alteración, por lo cual no había lugar al reajuste pretendido.
26. El Tribunal Administrativo también negó las pretensiones subsidiarias de la
demanda, al precisar que “en esencia, se trata de las mismas pretensiones
[principales]”. Asimismo, condenó en costas a la parte demandante y fijó las agencias
en derecho en un valor equivalente al 3% de la cuantía de las pretensiones.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
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Referencia: Controversias contractuales
27. El Consorcio solicitó que se revoque la sentencia9.
28. En primer lugar, sostuvo que la suscripción de las suspensiones y de los otrosíes
mediante los cuales se prorrogó el plazo no enervaban la prosperidad de las
pretensiones. Señaló que la firma de esos documentos sin salvedades no impide la
posterior formulación de reclamaciones judiciales. Además, afirmó que las
declaraciones consignadas en tales instrumentos no conducen a desconocer que las
causas que motivaron las modificaciones fueron ajenas al Consorcio y, por tanto, no
excluyen la procedencia del reconocimiento de los sobrecostos reclamados. Agregó
que dichos documentos no contienen una manifestación expresa de renuncia a
pretensiones derivadas de hechos imprevistos y sobrevenidos, no imputables al
Consorcio. Finalmente, indicó que la ausencia de una liquidación bilateral le impidió
formular salvedades en esa etapa y que, en todo caso, reclamó a la entidad el pago
de los sobrecostos antes de presentar la demanda.
29. En segundo lugar, afirmó que, aunque EMCALI se rija por el derecho privado, esta
circunstancia no excluye la aplicación del principio de preservación del equilibrio
económico del contrato, por tratarse de un contrato estatal y de una derivación de los
principios constitucionales de la función administrativa, buena fe y solidaridad, así
como del carácter conmutativo del negocio jurídico. Añadió que la revisión del contrato
y la compensación de los sobrecostos también resultaban procedentes en virtud de la
denominada “teoría especial de la imprevisión”, regulada en el artículo 868 del Código
de Comercio.
30. En relación con (i) los sobrecostos atribuidos al factor climático de las lluvias,
cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal, en cuanto concluyó que no
se acreditó su carácter anormal e imprevisible. Sostuvo que dicha conclusión
desconoce que el dictamen pericial como los informes de interventoría daban cuenta
de precipitaciones de intensidad inusual y de sus efectos concretos en la ejecución del
contrato. Afirmó que esos medios probatorios acreditaban reprocesos constructivos y
una mayor permanencia en obra directamente asociada al factor climático.
31. Frente a (ii) los mayores costos derivados del cambio en las especificaciones
técnicas del pavimento, el Consorcio sostuvo que el Tribunal desconoció que la
sustitución de pavimento flexible por pavimento rígido fue solicitada por EMCALI.
Afirmó que dicha modificación respondió a deficiencias en la planeación contractual
imputables a la entidad, y no a una decisión autónoma del contratista. Agregó que la
inobservancia del principio de planeación constituye un incumplimiento contractual que
compromete la responsabilidad patrimonial de la entidad y da lugar al reconocimiento
de los mayores costos derivados de esa circunstancia.
32. En cuanto a (iii) los mayores costos asociados a las pendientes de las vías
intervenidas, el Consorcio sostuvo que el Tribunal omitió valorar que, según se acreditó
en el dictamen pericial, la propia EMCALI reconoce en sus listas de precios unitarios
vigentes para cada anualidad la procedencia de incrementos cuando las obras de
acueducto y alcantarillado se ejecutan en zonas de ladera o con pendientes. En
9
Samai Tribunal, Índice 52.
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
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Referencia: Controversias contractuales
particular, señaló que se previó un incremento del 3% para zonas con pendientes entre
el 5% y el 10%.
33. Frente a (iv) los mayores costos derivados de la pandemia por COVID-19, sostuvo
que los decretos de aislamiento obligatorio y la imposición de protocolos de
bioseguridad constituyeron hechos sobrevinientes, extraordinarios y exógenos, que
hacían procedente la aplicación de la teoría de la imprevisión y la revisión judicial del
contrato. Añadió que, según la matriz de riesgos, el contratista no debía asumir los
efectos derivados de “tiempos de entrega interrumpidos por condiciones naturales
desfavorables o de fuerza mayor”. En esta misma línea, respecto de (v) la imposibilidad
de ejecutar obras de forma simultánea en distintos tramos, adujo que la matriz de
riesgos asignó a la entidad las consecuencias económicas derivadas del “conflicto
social en el área de influencia del proyecto”.
34. Finalmente, en relación con (vi) el reajuste de los precios señaló que procedía su
aplicación, en la medida en que este mecanismo permite preservar el equilibrio en
contratos de tracto sucesivo cuando el transcurso del tiempo obedece a circunstancias
imprevistas y ajenas al contratista, aun cuando no se hubiere pactado una fórmula para
hacerlo.
Trámite en segunda instancia
35.Dentro del término previsto en el artículo 247 del CPACA, el Ministerio Público
presentó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia impugnada. Señaló que el
contrato de obra se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142
de 1994, por lo que el análisis debía efectuarse con fundamento en el artículo 868 del
Código de Comercio. Sostuvo que no se probó que el nivel de pluviosidad hubiera sido
anormal o imprevisible y que el dictamen pericial se concentró en cuantificar perjuicios.
Añadió que las modificaciones técnicas relativas al tipo de pavimento que debía
emplearse en algunos tramos y las suspensiones derivadas de la pandemia fueron
aceptadas mediante otrosíes y actas suscritas sin salvedades, con estipulaciones
expresas de que no habría lugar a reconocimientos económicos adicionales10.
III. CONSIDERACIONES
36. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala debe pronunciarse sobre los
reparos formulados por el Consorcio11.
10
SAMAI CE, Índice 12.
11
En la demanda, el Consorcio solicitó la liquidación judicial del contrato. El Tribunal negó íntegramente las
pretensiones, sin indicar de manera expresa la razón por la que resolvió negar dicha pretensión. El inciso
segundo del artículo 287 del CGP dispone que “el juez de segunda instancia deberá complementar la
sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver
la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria”. Aun si la ausencia de motivación expresa sobre la decisión de negar la liquidación
judicial pudiera asimilarse a un supuesto en el que el juez dejó de resolver ese extremo de la litis, no resulta
procedente abordar el asunto en esta instancia. Como lo ha precisado la Subsección, el hecho de que la
parte afectada haya apelado constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para que se
complemente la sentencia; es indispensable que el objeto del recurso comprenda de manera expresa la
inconformidad con la omisión correspondiente [C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 70.692 (párr. 46), jul.
12/2024. M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez]. En este caso, el Consorcio no incluyó dentro de los motivos de
inconformidad ningún reproche relacionado con la negativa de la liquidación judicial. En consecuencia, ese
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
37. Como precisión de apertura, la Sala constata que el contrato de obra sobre el que
gravita la presente controversia está sometido al régimen especial que para este
definió el legislador en relación con las entidades estatales prestadoras de servicios
públicos domiciliarios. Tal régimen corresponde al definido en el artículo 31 de la Ley
142 de 1994 y se explicita en la aplicación de las normas civiles y comerciales.
Las suspensiones y prórrogas acordadas por las partes
38. La Sala confirmará la decisión del Tribunal de negar las pretensiones relacionadas
con el pago de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra, atribuidos a las
lluvias, al cambio de las especificaciones técnicas del pavimento y a las medidas
adoptadas con ocasión de la pandemia del COVID-19. Los reparos no son atendibles,
porque el Tribunal no fundó su decisión en la ausencia de salvedades en las actas de
suspensión y en los otrosíes mediante los cuales se prorrogó el plazo. La negativa se
sustentó en que las partes regularon de manera expresa los efectos legales y
económicos de estos eventos al suscribir los acuerdos que los contenían. En
consecuencia, sin que medie circunstancia o hipótesis debidamente acreditada que
permita desconocerlos o hacerlos producir un efecto como el que pretende el actor,
están llamados a ser observados y producir todos sus efectos —pacta sunt servanda
—.
39. El Tribunal negó el reconocimiento de los sobrecostos y de los gastos por mayor
permanencia en obra, soportado en los acuerdos que se concretaron sobre los efectos
programáticos de la obra relativos al plazo, como también los económicos, al precisar
que no habría lugar al pago de sumas adicionales por la ejecución de las obras bajo el
precio pactado.
40. En relación con las sumas reclamadas por los efectos que las lluvias tuvieron sobre
la ejecución del contrato, se constata que el Tribunal señaló que las reclamaciones no
eran procedentes, porque “implicaría que el consorcio demandante vaya en contra de
sus propios actos, expresados en el Otrosí 4 y en las actas de suspensión”. Respecto
de las sumas reclamadas por el cambio de las especificaciones técnicas sobre el tipo
de capa de rodadura, afirmó igualmente que el Consorcio suscribió las suspensiones
y prórrogas dejando constancia de que “no generaban reconocimientos por
sobrecostos, pagos adicionales, depreciación de equipos, mano de obra, entre otros”.
Finalmente, expuso el mismo argumento frente a las medidas adoptadas para atender
los efectos de la pandemia.
asunto no integra el objeto de la apelación y no puede ser decidido en segunda instancia. En todo caso, la
pretensión de liquidación judicial no proyecta un efecto autónomo ni distinto del reconocimiento, en el balance
contractual, de las sumas reclamadas por la alegada ruptura del equilibrio económico del contrato, cuestión
que sí será examinada en esta instancia. Además, en el expediente no obran elementos probatorios
suficientes para efectuar la liquidación judicial. En particular, no existen documentos que permitan establecer
la realización efectiva de pagos por las cantidades de obra ejecutadas luego de efectuar el balance de
mayores y menores cantidades consignado en el acta del 28 de septiembre de 2020, suscrita tras la
terminación del contrato. Ello impide determinar el estado de satisfacción de las obligaciones contractuales y
definir con certeza si las partes se encontraban a paz y salvo por obligaciones emanadas del contrato,
distintas de las reclamaciones económicas formuladas en la demanda que no se acogen en esta providencia
(Samai Tribunal, Índice 52, contrato 300-CO-0987-2018, ejecución, archivo 300-CO-0987-2018 (3), pp. 452-
464). De ahí que tampoco sea procedente modificar la decisión de negar esta pretensión.
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Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
41. El Consorcio indicó que los documentos en los que se convinieron las prórrogas y
suspensiones del contrato no reflejan renuncias expresas a reclamar el pago de los
sobrecostos y de los gastos por mayor permanencia. Sobre este aspecto, la Sala
constata que los acuerdos no tuvieron por fin solucionar o precaver un conflicto (llevado
a una transacción), sino de apropiar las medidas encaminadas a la ejecución del
contrato y el manejo de las posibles contingencias sobre la base de regular sus
derechos y obligaciones. De esta forma, acordaron modificaciones al plazo y
declararon expresamente mantener las condiciones de remuneración.
42. En lo que atañe a los efectos de las lluvias, las pruebas demuestran que, en todas
las suspensiones y prórrogas suscritas como resultado de su incidencia en la ejecución
de las obras, las partes regularon de manera expresa sus impactos en términos de
plazo y de remuneración.
43. El primer instrumento fue el otrosí 3 del 5 de abril de 2019, mediante el cual el plazo
se prorrogó por treinta días calendario, hasta el 14 de mayo de 2019. En este se indicó
que, debido a “precipitaciones de alta intensidad que generaron escorrentía por las
altas pendientes del terreno, causando un fuerte impacto en los tramos donde se
estaban realizando labores de pavimentación, provocando el arrastre de bases y
subbases previamente instaladas”12. En ese mismo documento, las partes declararon
expresamente que “la prórroga mencionada en el literal anterior no genera adición en
el presupuesto inicial del contrato”.
44. Posteriormente, mediante acta de suspensión del 6 de mayo de 2019, el contrato
se suspendió entre esta fecha y el 3 de julio de 2019, porque “la elevada intensidad de
lluvias presentadas en los últimos días ha impedido la terminación de los tramos en
ejecución”, y se declaró de manera expresa que “este hecho no genera reconocimiento
de sobrecostos ni pagos adicionales”13. Esta suspensión fue prorrogada mediante acta
del 4 de julio de 2019, extendiéndose hasta el 23 de julio de 2019, por cuanto “los
eventos de precipitaciones de alta intensidad no han cesado”. Además, se acordó
nuevamente que “este hecho no genera reconocimiento de sobrecostos ni pagos
adicionales”14.
45. Con posterioridad, el otrosí 4 del 31 de julio de 2019 prorrogó el plazo del contrato
hasta el 30 de agosto de 2019, con fundamento en que “la elevada intensidad de las
lluvias que se presentaron en los meses de abril y mayo, impidió la ejecución de las
actividades de pavimentación pendientes para terminar las obras”. En este documento,
las partes pactaron expresamente que la prórroga operaba “sin que (…) genere ningún
perjuicio al CONTRATISTA que implique mayor valor en la ejecución del contrato para
EMCALI”15. Más adelante, mediante acta de suspensión del 23 de agosto de 2019, el
contrato se suspendió hasta el 6 de octubre de 2019. Entre otras razones, se adujo
que el sector intervenido “muestra un régimen de lluvias caracterizado por intensidades
y duraciones muy altas”, y se acordó de manera expresa que “este hecho no genera
12
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), pp. 16-18.
13
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 49.
14
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 72.
15
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 133.
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Referencia: Controversias contractuales
reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales, ni por depreciación de los
equipos, ni por mano de obra”16.
46. Mediante acta del 20 de diciembre de 2019 se suspendió nuevamente la ejecución
del contrato entre esta fecha y el 20 de enero de 2020, por cuanto “el período de
invierno ha dificultado las labores de pavimentación”, y las partes declararon
expresamente que “este hecho no genera reconocimiento de sobrecostos ni pagos
adicionales”17. Luego, mediante acta del 17 de febrero de 2020, se acordó una nueva
suspensión hasta el 18 de marzo de 2020, porque la zona “muestra un régimen de
lluvias caracterizado por intensidades y duraciones muy altas”, pactándose
nuevamente que “este hecho no genera reconocimiento de sobrecostos ni pagos
adicionales”, suspensión que fue ampliada hasta el 17 de abril de 2020 bajo los mismos
términos económicos18. Finalmente, el otrosí 7 del 26 de junio de 2020 prorrogó el
plazo hasta el 28 de septiembre de 2020 y, en su cláusula primera, las partes
acordaron expresamente que “Esta prórroga no generará ningún perjuicio al
CONTRATISTA, ni modificación de los valores unitarios del contrato, ni implicará
ningún mayor valor en la ejecución del contrato para EMCALI”19.
47. Lamisma conclusión se predica de las modificaciones contractuales que se
acordaron debido al cambio en el tipo estructural de pavimento con el que se construyó
la capa de rodadura en algunos tramos: las partes regularon de manera expresa los
efectos en plazo y remuneración derivados de esta circunstancia.
48. Según las especificaciones técnicas publicadas en el procedimiento previo a la
celebración del contrato (ítem 2.6, construcción de carpeta asfáltica) 20 y el anexo
contractual contentivo del listado de precios y cantidades de obra (ítem 9005 del
capítulo de pavimentos)21, la capa de rodadura de algunos tramos debía ejecutarse en
pavimento asfáltico, y no exclusivamente en pavimento de concreto rígido MR-45
premezclado, como lo sostuvo el Tribunal. De acuerdo con lo señalado en la
comunicación del 22 de agosto de 2019, el Consorcio solicitó la suspensión del
contrato por un término de cuarenta y cinco días, con el objeto de analizar el cambio
de las especificaciones técnicas de la capa de rodadura en tres tramos, ante la
oposición de la comunidad de la Comuna 1 a su ejecución en pavimento asfáltico
(tramo 2: avenida 4ª oeste entre calles 13 y 16 oeste; tramo 4: avenida 4aw entre calles
21bw y 22ª; y tramo 5: avenida 6w entre calles 22aw y 23w)22.
49. La solicitud del Consorcio dio lugar a la suscripción del acta del 23 de agosto de
2019 previamente referida, mediante la cual se suspendió la ejecución del contrato por
el término solicitado, esto es, entre la fecha de su suscripción y el 6 de octubre de
2019. Según lo consignado en sus considerandos, la suspensión se justificó también
en la necesidad de atender el requerimiento de la comunidad y de “presentar a la
16
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 157.
17
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 94.
18
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 160.
19
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), pp. 65-67.
20
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, PRECONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL No.300-CO-
0987-2018 (1), pp. 148-149.
21
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (1), pp. 24-25.
22
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), pp. 148-149.
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Secretaría de Infraestructura una evaluación del estado actual de la estructura que se
ha colocado para la pavimentación de los tramos cuya modificación se reclama por
parte de la comunidad”23. Con todo, como se indicó anteriormente, en ese mismo
documento las partes pactaron de manera expresa que la suspensión “no genera
reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales ni por depreciación de los
equipos, ni por mano de obra y en general por cualquier aspecto derivado de la misma”.
50. Como consecuencia del análisis del cambio de las especificaciones técnicas de la
capa de rodadura, las partes acordaron prorrogar la suspensión del contrato. Mediante
acta suscrita el 4 de octubre de 2019, se amplió la suspensión hasta el 7 de noviembre
de 2019. En este instrumento se reiteró de manera expresa que “este hecho no genera
reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales, ni por depreciación de los
equipos, ni por mano de obra y en general por cualquier aspecto derivado de la
misma”24.
51. Posteriormente, mediante el otrosí 5 del 21 de noviembre de 2019, las partes
regularon de forma integral los efectos del cambio de especificaciones técnicas tanto
en plazo como en precio. En este documento se prorrogó en cuarenta días calendario
el plazo de ejecución, con fundamento en la siguiente consideración: “con los nuevos
diseños de las estructuras de las vías mencionadas se estimó que el tiempo requerido
para finalizar las actividades de pavimentos es de (40) días calendario (…) Se
calcularon recursos adicionales necesarios para implementar los cambios en las
especificaciones de las vías”25. Asimismo, se acordó adicionar ítems no previstos e
incrementar el valor del contrato para cubrir estos costos y los derivados de mayores
cantidades de obra, por la suma de $394’648.268.
52. Finalmente, los efectos derivados de las medidas de aislamiento y restricción a la
movilidad adoptadas con ocasión de la pandemia del COVID-19 también fueron objeto
de regulación expresa por las partes. Para el momento en que dichas medidas se
adoptaron durante el año 2020, el avance físico de las obras superaba el 90%,
conforme a los informes del supervisor26. En ese contexto, mediante distintos
instrumentos contractuales se definieron sus impactos en términos de plazo y de
remuneración.
53. El primer documento suscrito con esta finalidad fue el acta del 18 de marzo de 2020,
mediante la cual se amplió la suspensión pactada previamente, el 17 de febrero de
2020, hasta el 17 de abril del mismo año. En sus considerandos se indicó como
justificación que, además de persistir el impedimento para la ejecución simultánea de
frentes de obra, se habían impuesto “las condiciones y reglamentaciones impartidas
por el gobierno nacional al proclamar el Estado de Emergencia económica, social y
ecológica con el fin de detener la propagación del coronavirus (COVID-19)”. En este
documento, las partes acordaron expresamente que “este hecho no genera
reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales, ni por depreciación de los
23
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), pp. 156-157.
24
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (2), p. 158.
25
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), pp. 65-72.
26
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), pp. 152-159.
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Referencia: Controversias contractuales
equipos, ni por mano de obra y en general por cualquier aspecto derivado de la
misma”27.
54. Posteriormente, mediante las actas del 17 de abril 28 y del 20 de mayo de 202029, la
suspensión fue extendida primero hasta el 20 de mayo de 2020 y luego hasta el 16 de
junio del mismo año. En estos instrumentos se invocó como justificación que persistían
“las condiciones y reglamentaciones impartidas por el gobierno nacional al proclamar
el Estado de Emergencia económica, social y ecológica con el fin de detener la
propagación del coronavirus (COVID-19)”, así como las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio. En ambos documentos, las partes declararon expresamente
que “este hecho no genera reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales, ni por
depreciación de los equipos, ni por mano de obra y en general por cualquier aspecto
derivado de la misma”.
55. Finalmente, el otrosí 7 del 26 de junio de 2020 prorrogó el plazo de ejecución del
contrato hasta el 28 de septiembre de 2020, con fundamento, entre otros aspectos, en
“las nuevas condiciones impuestas por el gobierno nacional en torno al aislamiento
preventivo obligatorio a raíz del COVID-19”. En su cláusula primera las partes
acordaron expresamente que “esta prórroga no generará ningún perjuicio al
CONTRATISTA, ni modificación de los valores unitarios del contrato, ni implicará
ningún mayor valor en la ejecución del contrato para EMCALI”30.
56. En síntesis, la pretensión de obtener el pago de sobrecostos y gastos por mayor
permanencia en obra, debido al impacto que en la ejecución del contrato habrían
tenido las lluvias, el cambio de las especificaciones técnicas del pavimento y las
medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del COVID-19, no es de recibo. Su
improcedencia no se explica porque esos eventos fueran previsibles o imputables al
Consorcio, sino porque, aun si se calificaran imprevistos, sobrevenidos en la ejecución
del contrato y ajenos al contratista, los efectos que generaron fueron objeto de acuerdo
por las partes en términos de plazo y precio.
57. La sentencia de primera instancia no negó el reconocimiento de los sobrecostos
derivados de la imposibilidad de ejecutar obras de manera simultánea en distintos
tramos con fundamento en esta línea argumentativa. El Tribunal consideró que la
oposición de la comunidad que dio lugar a dicha situación era previsible y evitable. El
apelante, por su parte, sostuvo que el riesgo asociado a la conflictividad social había
sido asumido por EMCALI. Sea como sea, la Sala advierte que las pretensiones
fundadas en este hecho tampoco están llamadas a prosperar por la misma razón
expuesta en los párrafos anteriores.
58. En la matriz de riesgos incorporada a las condiciones especiales de contratación se
tipificó el riesgo de “conflicto social en el área de influencia del proyecto” y se indicó
que su asunción era compartida entre el Consorcio y EMCALI, sin precisar los efectos
27
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 162.
28
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 172.
29
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 175.
30
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 201.
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concretos de dicha asignación31. Con todo, los efectos que la oposición de la
comunidad produjo sobre la ejecución del contrato fueron objeto de regulación expresa
por las partes en términos de plazo y de remuneración.
59. Las limitaciones al desarrollo simultáneo de actividades en distintos frentes de obra,
derivadas de la oposición de la comunidad, dieron lugar a la suspensión del contrato
mediante el acta del 20 de diciembre de 201932. En este documento se dejó constancia
de que, conforme al cronograma aprobado, se pretendía intervenir simultáneamente
“el tramo Avenida 4A Oeste entre calles 21B Oeste y 22A Oeste, realizando trabajos
de pavimentación, y el tramo Calle 16 Oeste entre Avenidas 4A Oeste y 5 Oeste,
realizando trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado”, pero que “la
comunidad se opuso a la intervención del tramo de la Calle 16, exigiendo que primero
se terminaran los trabajos de pavimentación en curso”. Las partes declararon
expresamente que “este hecho no genera reconocimiento de sobrecostos ni pagos
adicionales”. Posteriormente, con fundamento en esta misma causa, las partes
suscribieron el otrosí 6 del 30 de enero de 2020, mediante el cual se prorrogó el plazo
hasta el 29 de febrero de 2020, y se acordó de manera expresa que “el presente otrosí
no generará reajuste de precios”33.
60. Con posterioridad, las partes acordaron una nueva suspensión mediante el acta del
17 de febrero de 2020, sustentada nuevamente en las limitaciones al desarrollo
simultáneo de actividades en distintos frentes34. Esta suspensión fue objeto de
ampliaciones sucesivas mediante las actas del 18 de marzo35, 17 de abril36 y 20 de
mayo de 202037, que extendieron su vigencia primero hasta el 17 de abril, luego hasta
el 20 de mayo y, finalmente, hasta el 16 de junio de 2020. En todas las actas, que
reseñaron las mencionadas limitaciones, las partes regularon de manera expresa los
efectos económicos de esta circunstancia y acordaron, sin variación alguna, que “este
hecho no genera reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales, ni por
depreciación de los equipos, ni por mano de obra y en general por cualquier aspecto
derivado de la misma”.
61. Por las razones expuestas, la Sala también confirmará la decisión de negar el
reconocimiento de los sobrecostos que se alegan derivados de las limitaciones al
desarrollo simultáneo de actividades en distintos frentes de obra
62. Los contratantes, al suscribir las suspensiones, prórrogas y adiciones del contrato,
definieron el plazo adicional concedido para la conclusión de las actividades afectadas
y precisaron si el consorcio adquiría, o no, el derecho a recibir una suma adicional al
precio pactado. Ese contenido no puede desconocerse por el hecho de que el
Consorcio hubiera presentado reclamaciones a EMCALI antes de la demanda ni
porque, de haberse suscrito un acta de liquidación bilateral, se hubieran dejado
31
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, PRECONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL No.300-CO-
0987-2018 (2), p. 35.
32
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 93.
33
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 130.
34
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 160.
35
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 161.
36
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), p. 172.
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Referencia: Controversias contractuales
salvedades para reclamar su pago. Se trata de actuaciones unilaterales del Consorcio
que no privan de efectos jurídicos los negocios jurídicos modificatorios y las
suspensiones acordadas con EMCALI, pues su desconocimiento solo podría derivarse
del consentimiento mutuo de las partes, en los términos del artículo 1602 del Código
Civil: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo”.
63. En consecuencia, tales acuerdos resultan obligatorios y vinculantes para las partes
y delimitan el marco decisorio del juez, lo que impone desestimar las pretensiones que
se oponen a su contenido, máxime cuando no se alegó vicio alguno del
consentimiento. Esta conclusión se refuerza cuando las razones que se traen para
reclamar unos mayores pagos por sobrecostos corresponden a las mismas que
motivaron los acuerdos, sin mediar explicación técnica sobre causas o razones que
pudieron haber escapado al control o la previsión de las partes para el momento en
que se pactaron, aspecto que se revela con mayor contundencia por la modalidad de
precios pactados, que en condiciones de normalidad obliga bajo cánones de diligencia,
a quien profesionalmente se dedica a este tipo de actividades, a prever los costos de
las obras basado en proyecciones, costos de mercado, su comportamiento y factores
de previsibilidad.
La preservación del equilibrio económico del contrato frente a su régimen
jurídico
64. Corresponde a la Sala establecer si fueron indebidamente negadas las pretensiones
relacionadas con el reconocimiento de los sobrecostos derivados de las pendientes de
las vías intervenidas y con el reajuste de los precios pactados, a partir de los
argumentos expuestos por el apelante, a saber: aun cuando el contrato no estuviera
sometido al EGCAP, el Consorcio sería titular de un derecho a la preservación del
equilibrio económico del contrato, derivado de la naturaleza estatal del negocio, de los
principios de la función administrativa, buena fe y solidaridad, así como de su carácter
conmutativo.
65. La Sala desestimará este reparo y confirmará la decisión de negar las pretensiones
relacionadas con estos conceptos.
66. Como se expondrá a continuación, el régimen jurídico del contrato objeto de la
controversia determina que el contratista no sea titular del derecho a que se mantenga
el equilibrio económico del contrato en los términos en que se reconoce en la Ley 80
de 1993. Sí es titular, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, del derecho a
solicitar la revisión judicial del contrato por circunstancias de excesiva onerosidad
sobreviniente, pero los supuestos fácticos para su aplicación no se cumplieron en este
caso.
67. El contrato celebrado entre EMCALI y el Consorcio no está sometido al EGCAP. Por
esta razón, no resulta aplicable el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que establece que
“[e]n los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar” y que agrega que “si
dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte
afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para
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Referencia: Controversias contractuales
su restablecimiento”. Tampoco es aplicable el artículo 5.1 de la misma ley, según el
cual los contratistas “tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les
restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no
pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los
contratistas”.
68. Si las disposiciones de la Ley 80 de 1993 no integran el contenido del contrato de
obra celebrado y si las normas del EGCAP son las que atribuyen ese derecho subjetivo
al contratista, el Consorcio no es titular del derecho a que se mantenga el equilibrio
económico del contrato en los términos allí previstos38. Esta conclusión se impone
desde la perspectiva del derecho positivo y también ha sido sostenida por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al examinar contratos celebrados por
entidades estatales de carácter financiero no sometidas al EGCAP39.
69. La Sala no comparte la tesis del apelante de que, a partir de otras normas expresas
aplicables a los contratos estatales no sometidos al EGCAP, pueda derivarse una
norma implícita que confiera a los contratistas el mismo derecho subjetivo al
mantenimiento del equilibrio económico del contrato que el estatuto consagra.
70. Una norma implícita es aquella que no puede referirse a algún texto normativo como
su significado. Estas normas se extraen, por lo general, como resultado de una
operación en la que una o más normas expresas, con estructura de principio o de regla,
sirven como premisas de un razonamiento cuya conclusión es la norma implícita. Sin
embargo, como señala la doctrina, conviene distinguir entre los tipos de razonamiento
empleados para ese fin. En algunos casos, existen normas que sí están lógicamente
implícitas en las normas expresas que operan como premisas, en cuanto se derivan
mediante un razonamiento estrictamente deductivo40. En otros casos, las normas
implícitas no son el resultado de una deducción, sino que se obtienen a partir de una
o más normas expresas, combinadas con tesis dogmáticas que suelen aducirse para
colmar lagunas axiológicas41 creadas por el propio intérprete.
71. El reparo del Consorcio se inscribe en este segundo tipo de razonamiento. A partir
de las disposiciones legales expresas citadas en la demanda y en la apelación (Ley
1150 de 2007, art. 13; C.C., arts. 1498 y 1603; C. Co., art. 871 y C.P., art. 95.2) y de
una tesis dogmática según la cual el contrato celebrado por una entidad del Estado
tendría una sustantividad irreductible, independiente del régimen jurídico aplicable, se
pretende extraer una norma implícita que adscriba a los contratistas que celebran
negocios con entidades públicas no sometidas al EGCAP un derecho subjetivo de
contenido equivalente al previsto en los artículos 5.1 y 27 de la Ley 80 de 1993.
38
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.580 (párrs. 83 a 89), feb. 21/2025. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
39
C.S.J., Cas. Civ., Sent. SC1360-2024, jul. 12/2024 (aptado. 2.4.4). M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.
40
“Dada una norma que establece que la solicitud por escrito de cumplimiento de la obligación constituye en
mora al deudor, y una norma en virtud de la cual la declaración de mora del deudor interrumpe la prescripción,
se puede deductivamente inferir que la solicitud de cumplimiento por escrito interrumpe la prescripción”.
Guastini, R. (2017). Interpretar y argumentar (S. Álvarez Medina, Trad). Madrid: Centro de Estudios Política
y Constitucionales, p. 167.
41
“Se llama laguna axiológica a la falta de una norma que —según las subjetivas preferencias ético-políticas
(axiológicas, precisamente) del intérprete, debería estar”. Ob cit., p. 146.
16
Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
72. La Sala no considera plausible la tesis dogmática en la que se funda el reparo.
Como ha señalado la Subsección a propósito de controversias referidas a contratos
celebrados por otras empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, aunque exista identidad en la calificación jurídica del
contrato como estatal, los fundamentos del régimen jurídico de derecho público del
EGCAP, que reconoce el derecho a la preservación del equilibrio económico, no
coinciden con aquellos en los que se cimienta el régimen especial aplicable a los
contratos celebrados por entidades estatales prestadoras servicios públicos
domiciliarios42.
73. La atribución de prerrogativas de poder público, ligada a la mutabilidad del contrato
estatal sometido al EGCAP, constituye uno de los fundamentos por los cuales se
reconoció al contratista el derecho a la preservación de la ecuación contractual. Este
fundamento, presente en el origen histórico de la institución jurídica43 e identificable en
el proceso de formación de la voluntad legislativa44, se expresa claramente en el
derecho positivo colombiano. En ese sentido, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993
autoriza a las entidades estatales, en determinados contratos, a introducir
modificaciones a lo convenido o a disponer su terminación unilateral, con el fin de evitar
la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar su
prestación. Tales decisiones se adoptan mediante actos administrativos y generan, de
manera correlativa, la obligación de aplicar “los mecanismos de ajuste de las
condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener
la ecuación o equilibrio inicial”.
74. Por regla general, las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no
son titulares de tales potestades exorbitantes. Su incorporación en los contratos que
celebran constituye una excepción. Así se desprende del inciso segundo del artículo
31 de la Ley 142 de 1994, que, tras disponer que tales entidades no están sometidas
al EGCAP, precisa que “las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la
inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de
cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en
los demás”. En este caso, el contrato celebrado entre EMCALI y el Consorcio no
incorpora cláusulas de esa naturaleza. Además, el restablecimiento del equilibrio
económico solicitado por la demandante no se soporta en el ejercicio de facultades
excepcionales al derecho común.
42
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 72.529 (párr. 77), ago. 11/2025. M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
El ponente decisión presentó una aclaración de voto para apuntalar esta tesis.
43
Cons. Estado (Fr.), Compagnie générale française des tramways, 11 mar. 1910, en Las grandes sentencias
de la jurisprudencia administrativa francesa (págs. 174–185, ed. BOE, 20ª).
44
“Cada una de estas prerrogativas significa exactamente lo que su nombre indica. Las circunstancias que
las producen deben ser excepcionales o las previstas en la propia ley; los motivos deben ser graves ya que
no cualquier hecho puede provocarlos; y además los motivos graves lo son por su inconveniencia para el
interés público (Arts.15, 16 y 17). // El grave inconveniente para el interés público que sustenta y condiciona
la aplicación de la cláusula excepcional, encuentra en el reconocimiento y orden de pago de las
compensaciones e indemnizaciones a que tendrán derecho las personas objeto de tales medidas, la
contraprestación necesaria para mantener la igualdad contractual. // No resultaría equitativo que la aplicación
de una medida de esta naturaleza, se convierta en causa de enriquecimiento en beneficio del Estado.
Además, de la garantía comentada referente al mantenimiento de la ecuación o equilibrio contractual, la
administración al decidirse por uno de estos mecanismos, debe hacerlo a través de un acto administrativo
suficientemente motivado”. Exposición de Motivos, Ley 80 de 1993, Gaceta del Congreso n.º 75, sep.
23/1992.
17
Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
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Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
75. El EGCAP reconoce, además, el derecho a que se restablezca el equilibrio
económico del contrato a “punto de no pérdida” cuando este resulte alterado, no por el
ejercicio de facultades excepcionales al derecho común, sino por “la ocurrencia de
situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas” (Ley 80 de 1993,
art. 5.1). Como ha señalado la Subsección, el fundamento de su consagración, que se
halla también en el origen histórico de esta institución jurídica45, radica en la necesidad
de asegurar la continuidad de la ejecución del objeto contractual. Con ello se busca
evitar que, ante la mayor dificultad derivada de la onerosidad sobrevenida, se paralice
la actividad —prestación de un servicio, construcción de una obra o suministro de un
bien— que constituye un medio para la realización de fines públicos cuya satisfacción
corresponde a la entidad contratante en virtud de sus competencias legales y no por
su condición de partícipe en un mercado.
76. En los contratos que celebran las empresas industriales y comerciales del Estado
prestadoras de servicios públicos domiciliarios no se encuentra comprometido el
ejercicio de una función administrativa ni el desarrollo de una actividad reservada a
órganos del poder público (publicatio). Aunque estos contratos se inscriben en la
prestación de servicios públicos domiciliarios, dicha prestación no está sometida a
titularidad estatal exclusiva (Ley 142 de 1994, art. 10). Se trata, por el contrario, de
actividades económicas que se desarrollan en un mercado regulado, pero con libertad
de entrada, sin reserva a favor del Estado, en el que concurren agentes públicos y
privados.
77. El régimen jurídico especial aplicable a las empresas industriales y comerciales del
Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios, así como la exclusión del
EGCAP respecto de sus contratos, constituyeron un medio para eliminar privilegios y
promover la competencia en un plano de igualdad jurídica46. En este contexto, aceptar
que en cabeza de estas entidades estatales se radique, de manera abstracta o
implícita, la obligación de mantener el equilibrio económico del contrato en los términos
regulados en el EGCAP —obligación de la que no son sujetos pasivos sus
competidores privados— no las colocaría en una posición de ventaja, sino que las
situaría en una desventaja competitiva.
45
Cuando la prestación de los servicios públicos eran una actividad reservada legalmente a las
Administraciones Públicas. Cons. Estado (Fr.), Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, 30 mar. 1916,
en Las grandes sentencias de la jurisprudencia administrativa francesa (págs. 250–260, ed. BOE, 20ª).
46
“Una de las razones por las cuales los colombianos no disponen de servicios domiciliarios en cantidad,
radica en que no ha habido competencia en el sector; en la práctica, éste ha estado sujeto a monopolios
oficiales. No ha existido, en la práctica, libertad de entrada al sector de servicios públicos y el monopolio
oficial limita la posibilidad de vincular recursos a la prestación de los servicios, pues éstos quedan
dependientes de las disponibilidades fiscales y, en ese sentido, el monopolio impide la ampliación de la
cobertura. El monopolio, al mismo tiempo, carece de incentivos para ser eficiente, y ello ocasiona que los
usuarios tengan que pagar tarifas innecesariamente altas, y recibir servicios de calidad pobre. La principal
víctima del monopolio oficial ha sido, entonces, el usuario // Por ello, para no tener que privatizar, enajenar o
liquidar en todos los casos las empresas oficiales monopolísticas, como ordenaría el inciso séptimo del
artículo 336 de la Constitución, el proyecto considera que es preciso crearles competencia, es decir, terminar
con su condición monopolística. Tal es la razón por la que el proyecto busca facilitar la libertad de entrada al
sector de los servicios públicos a todos quienes deseen prestarlos, inclusive a particulares, (art. 10, numeral
10.4; y artículos 17, 18 Y 27). En este punto, el proyecto acata el artículo 365 de la Constitución Política. (…)
Por regla general, estas empresas se rigen por normas de derecho privado (art. 31). (…) 4.12. Las empresas
operarán en igualdad de condiciones no habrá privilegios para las que tengan capital oficial (art.23). Los
privilegios no solo conducen a que se escondan las ineficiencias, sino que, además, tienden a que no se
pueda aumentar la cobertura de los servicios, porque desaniman la participación del sector privado”.
Exposición de Motivos, Ley 142 de 1994, Gaceta del Congreso, nov. 17/1992.
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78. Por las razones expuestas, la identidad en la calificación jurídica del contrato como
estatal no implica que los fundamentos del régimen jurídico de derecho público del
EGCAP, que reconocen el derecho a la preservación del equilibrio económico, sean
trasladables a los contratos sometidos al régimen especial aplicable a las entidades
estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, los
derechos del Consorcio frente a cambios sobrevenidos que impliquen un incremento
en los costos de cumplimiento de su prestación se circunscriben a lo previsto en las
disposiciones civiles y comerciales.
79. Como lo han señalado las distintas Subsecciones, bajo las disposiciones civiles y
comerciales no se reconoce un derecho subjetivo al restablecimiento del equilibrio
económico del contrato en los términos que consagra el EGCAP. El artículo 868 del
Código de Comercio adscribe al deudor un derecho distinto: el de solicitar la revisión
de una prestación de futuro cumplimiento, con base en un criterio de equidad, cuando,
en contratos de ejecución sucesiva, periódica o diferida, circunstancias extraordinarias,
imprevistas o imprevisibles, posteriores a su celebración, agraven la prestación hasta
hacerla excesivamente onerosa47.
80. En este caso, no había lugar a la revisión judicial con fundamento en dicha
disposición ni, por esa vía, a imponer un recargo sobre el precio pactado en el contrato
de obra, porque no existían prestaciones de futuro cumplimiento respecto de las cuales
pudiera introducirse un reajuste. En efecto, para el momento de presentación de la
demanda, el 28 de marzo de 2023, las actividades constructivas en las que
supuestamente habría sobrevenido la mayor onerosidad ya habían concluido48,
conforme a lo señalado en el acta de recibo final de bienes y servicios suscrita el 16
de abril de 202149.
81. En conclusión, el pago de los sobrecostos reclamados no resultaba procedente
porque el Consorcio no era titular del derecho a la preservación del equilibrio
económico del contrato en los términos previstos para los negocios sometidos al
EGCAP.
82. Tampoco resultaba procedente acudir a la figura de la revisión judicial del contrato
por excesiva onerosidad sobreviniente prevista en el artículo 868 del Código de
Comercio, pues no se configuraron los presupuestos para su aplicación.
83. Aun cuando en este caso no resultaba procedente acudir a la revisión judicial del
contrato por excesiva onerosidad sobreviniente, conviene mencionar un desarrollo
jurisprudencial reciente.
47
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.580 (párr. 65), feb. 21/2025. M.P. José Roberto Sáchica Méndez;
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. C, Sent., feb. 3/2025 (aptdo. 6.1.2). M.P. Nicolás Yepes Corrales; C.E., Sec.
Tecera, Subsecc. B, Sent., feb. 7/2025 (párrs. 9 a 14). M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
48
“La revisión por imprevisión, es inadmisible si la prestación, no obstante la excesiva onerosidad se cumplió,
lo cual salvo protesta, reserva o acto contrario, denota aceptación, tolerancia o modificación por conducta
concluyente de la parte afectada. Aún, satisfecha con reserva o protesta, al extinguirse definitivamente, clara
es su improcedencia, por versar sobre la prestación cuyo cumplimiento posterior sobreviene oneroso en
exceso, y predicarse de la relación vigente ad futurum”. C.S.J., Sala Civ., Sent. 11001-3103-040-2006-00537-
01, feb. 21/2012. M.P. William Namén Vargas.
49
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (3), pp. 447-450.
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Referencia: Controversias contractuales
84. En una providencia emitida en sede de tutela, al examinar un caso relativo al
cumplimiento de obligaciones dinerarias en un contrato de promesa de compraventa
en el cual el deudor de la obligación vio afectada su fuente de ingresos por las medidas
adoptadas con ocasión de la pandemia, la Sala de Casación Civil sostuvo como ratio
decidendi que el principio-deber de la buena fe contractual cumple una función
integradora del contrato. Con fundamento en ello, afirmó la existencia de un deber
secundario de conducta: la renegociación de su contenido frente a circunstancias
sobrevinientes e imprevisibles y la posibilidad de solicitar la revisión judicial del
contrato por fuera del marco del artículo 868 del Código de Comercio ante la
desatención de ese deber secundario50. Se trata de una tesis que ya había sido
esbozada, pero con carácter de obiter dictum, en pronunciamientos anteriores de esa
misma Corporación51 y de algunas Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo
de Estado52.
85. La afirmación de un supuesto deber de renegociar el contrato frente a circunstancias
imprevisibles y sobrevenidas en su ejecución —que no tiene anclaje directo en textos
legales, sino que se construye a partir de los principios de buena fe y justicia
contractual— no altera la conclusión expuesta por la Sala. Los sobrecostos derivados
de las pendientes y de las condiciones topográficas de las vías intervenidas no
constituyeron un evento sobrevenido en la ejecución del contrato ni resultaban
imprevisibles al momento de su celebración. Asimismo, como ya se expuso, el propio
principio de la buena fe, entendido también como exigencia de coherencia y respeto
por los propios actos y por la palabra empeñada, impedía acoger la solicitud de
reajuste de los precios con fundamento en el cambio de las vigencias fiscales en las
que se ejecutaron las obras.
50
“Con todo, si bien no considera esta Corte que exista un comportamiento contradictorio o incoherente que
atente contra el principio conocido bajo el brocardo «venire contra factum propium», sí se comparte la
apreciación de que la actuación de los promitentes compradores no estuvo ceñida a la buena fe esperada de
los contratantes, pero por otras razones, específicamente, por haber incumplido la obligación secundaria de
cooperación o ayuda, en tanto se negaron a revisar o renegociar los términos del contrato a pesar de la
evidente modificación sobreviniente de las circunstancias surgidas con ocasión a las medidas desatadas por
la pandemia del Covid-19 (…) Ahora, conforme se acotó, si bien no se comparte la interpretación que adelantó
la Colegiatura convocada en relación con la decisión de segunda instancia, dicho yerro es intrascendente
toda vez que, aun bajo una aplicación correcta de las normas y la jurisprudencia, la decisión habría sido
idéntica, pues le correspondía al ad quem revisar judicialmente el contrato por el cambio de las circunstancias
sobrevinientes y, por ende, en aplicación del principio de conservación de los contratos, fijar nuevas fechas
para forzar el cumplimiento de las obligaciones pendientes, lo cual hizo”. C.S.J., Sala de Casación Civil, Sent.
STC8897-2025, Rad. 11001-02-03-000-2025-00632-00, jun. 13/2025, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
51
“Juzga la Sala que reclamada la revisión antes y hecho reserva expresa la parte afectada al instante de
cumplir la prestación excesiva o desequilibrada, no debe soportarla y tiene derecho a obtener el reajuste,
desde luego, no a través de la imprevisión, sino de las otras vías consagradas por el ordenamiento jurídico,
pues lo contrario equivaldría a patrocinar una situación manifiestamente injusta, inequitativa y lesiva de la
justicia contractual”. C.S.J., Sala Civ., Sent. 11001-3103-040-2006-00537-01, feb. 21/2012. M.P. William
Namén Vargas.
52
“Por estos motivos, en los contratos a los que no se les aplica la Ley 80 de 1993, el estudio del equilibrio
económico del contrato debe fundarse en los principios de justicia contractual y buena fe, que, como se
explicó, son esenciales para garantizar la equivalencia de prestaciones y se fundan en «la imposibilidad de
enriquecimiento de uno de los contratantes a expensas del otro» 25. Ese estudio no puede limitarse, única y
exclusivamente, a las reglas específicas reguladas en el Código de Comercio para la revisión de los contratos
mercantiles -art 868 del C.Co-, que resulta aplicable solo a los eventos en que se demande la revisión de un
contrato vigente entre las partes, respecto de las prestaciones de futuro cumplimiento. 33. Precisado lo
anterior, la Sala considera que en este caso la demanda no pidió la revisión de las condiciones iniciales del
contrato de cara al cumplimiento de obligaciones futuras –que es la hipótesis prevista en el artículo 868 del
C.Co.–. Tampoco es posible analizar las pretensiones con fundamento en el rompimiento del equilibrio
económico del contrato regido por la Ley 80 de 1993, debido a que el régimen jurídico era el derecho privado
[núm. 9]”. C.E., Sec. Tercera, Subsecc. C, Sent. 44.807, jun. 17/2024. M.P. William Barrera Muñoz.
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86. Las pendientes de las vías en las que se situaban las redes subterráneas de
servicios públicos y las condiciones topográficas del sector no constituyen un evento
sobrevenido en la ejecución del contrato ni de ellas se puede predicar su
imprevisibilidad. Se trata de circunstancias existentes al momento en que el Consorcio
presentó su oferta y suscribió el contrato. Por ello, la eventual desviación entre la
estimación de costos realizada por el contratista y los costos efectivamente asumidos
durante la ejecución de las obras no configura un hecho que dé lugar a ordenar el
reconocimiento de las sumas reclamadas por el demandante.
87. Estaconclusión se refuerza si se tiene en cuenta que en el numeral 11º del
documento contentivo de las condiciones específicas de contratación, que integra el
contenido del negocio jurídico, se estipuló expresamente lo siguiente: “El proponente
debe informarse de las condiciones locales que puedan afectarle en el desarrollo
contrato, esto es, verificar y visitar por su cuenta y riesgo todas las zonas que se
encuentran relacionadas en el alcance, incluida las zonas catalogadas de difícil acceso
y las que no se encuentran en dicha clasificación, pues no se aceptará como razón
válida para una prórroga del contrato o cualquier otra reclamación, Ia falta de solución
oportuna a los problemas que surjan a raíz de tales condiciones locales”53.
88. El Consorcio sostuvo que el Tribunal omitió valorar que, según lo indicado en el
dictamen pericial, EMCALI reconoce en las listas de precios unitarios que publica año
a año la procedencia de incrementos cuando las obras de acueducto y alcantarillado
se ejecutan en zonas de ladera o con pendientes. En particular, afirmó que en dichos
listados se prevé un incremento del 3% para las obras ejecutadas en zonas sin acceso
vehicular con pendientes entre el 5% y el 10%.
89. En el dictamen pericial aportado por el Consorcio se consignó lo siguiente: “Se
verificó que en la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS que EMCALI publica cada año, en
sus páginas finales dice lo siguiente: ‘Los precios podrán ser incrementados para obras
de acueducto y alcantarillado en zonas de ladera así: Zonas sin acceso vehicular con
pendientes entre el 5% y el 10%: en el 3%’. (Ver ANEXO 7)”54. El anexo 7 del dictamen
incorpora un documento con rótulo de EMCALI, fechado en marzo de 2018, titulado
“Listado de precios unitarios año 2018 para construcción de redes de acueducto y
alcantarillado de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. – Gerencia de UEN de acueducto y
alcantarillado”. En las notas finales de dicho listado se indica textualmente:
“Los precios podrán ser incrementados para obras de acueducto y alcantarillado en zonas
de ladera, así:
a) zonas sin acceso vehicular con pendientes entre el 5% y el 10%: en el 3%
b) zonas sin acceso vehicular con pendientes entre el 11% y el 20%: en el 5%
c) zonas sin acceso vehicular con pendientes entre el 21% y el 40%: en el 7%
d) zonas sin acceso vehicular con pendientes mayores al 40% se harán los análisis de
precios respectivo”55.
53
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, PRECONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL No.300-CO-
0987-2018 (2), p. 32.
54
Samai Tribunal, Índice 03, 1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip), 04Anexos, 1 Dictamen La Sultana V3
2023FEB07 (1), p. 17.
55
Samai Tribunal, Índice 03, 1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip), 04Anexos, ANEXO 07 Lista Precios
EMCALI2018 UENAA V1 (PP), p. 28.
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Referencia: Controversias contractuales
90. Con fundamento en lo anterior, el perito tomó “el valor del contrato más las
reclamaciones y se reajustó en el 3% autorizado por EMCALI en sus listas de precios
unitarios”, presentando como “costo afectación por pendientes” la suma de
$106’160.677.
91. El Consorcio no tiene derecho al reconocimiento de esta suma, por una razón
jurídica que desvirtúa la corrección de la premisa utilizada para determinarla. El listado
de referencia de precios unitarios incorporado como anexo 7 del dictamen pericial no
tiene valor contractual ni genera obligaciones para las partes. El listado de precios y
cantidades que sí produce efectos obligatorios, por integrar el contrato de obra
conforme a su cláusula sexta, es el incorporado como anexo 1: el formulario de precios
y cantidades “Grupo I – Optimización de Redes de Acueducto y Sistema de Drenaje
Comuna 1”,
92. En dicho listado se incluyeron los precios unitarios sin incorporar ninguna nota sobre
reajustes o incrementos56. Por el contrario, en las condiciones específicas de
contratación se estableció expresamente que “EMCALI considerará los precios fijos y
firmes presentados por el proponente hasta la terminación del contrato, por lo tanto,
no pagará reajuste de precios por ninguno de los ítems”57. Esta condición fue aceptada
de manera expresa en la carta de presentación de la propuesta y fue reproducida
literalmente en la nota 3 de la oferta económica suscrita por la representante del
Consorcio58.
93. Lo anterior también conduce a negar el reconocimiento de las sumas resultantes
del reajuste de precios fundado en el hecho de que las obras se ejecutaron en
vigencias fiscales distintas a las inicialmente previstas. Primero, porque las partes
estipularon de manera expresa que los precios unitarios serían fijos y que no habría
lugar a reajustes. Segundo, porque el cambio de las anualidades en que se ejecutaron
las obras no puede examinarse como un hecho autónomo, sino como un efecto directo
del desplazamiento de la fecha de ejecución de algunas obras, derivado de prórrogas
y suspensiones objeto de regulación económica expresa. Como ya se analizó, en la
mayoría de esos instrumentos se precisó que no habría lugar a ajustes del precio
pactado y, en otros, como ocurrió con el otrosí 5 del 21 de noviembre de 2019, las
partes acordaron de manera específica precios unitarios no previstos.
Costas
94. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se rigen por las normas del CGP. Las costas comprenden
la totalidad de las expensas y gastos causados durante el trámite del proceso, así
como las agencias en derecho (CGP, art. 361). Su imposición no exige la verificación
de una conducta temeraria, pues, en el régimen vigente, obedece a un criterio objetivo.
56
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, EJECUCIÓN, 300-CO-0987-2018 (1), pp. 10-26.
57
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, PRECONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL No.300-CO-
0987-2018 (2), p. 29.
58
Samai Tribunal, Índice 52, 300-CO-0987-2018, PRECONTRACTUAL, PRECONTRACTUAL No.300-CO-
0987-2018 (7), p. 133.
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Referencia: Controversias contractuales
95. Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte
a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda
instancia, estas se establezcan dentro del rango de uno a seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes. La determinación de su valor debe responder, entre otros
factores, a la naturaleza del asunto, la calidad y duración de la gestión desplegada por
el apoderado, la cuantía del proceso y las demás circunstancias relevantes asociadas
a dicha actividad.
96. EMCALI designó una apoderada judicial para la atención del proceso y debió asumir
la vigilancia del proceso judicial en esta sede. Sin embargo, no se pronunció sobre el
recurso de apelación dentro del término legal. Con fundamento en estos criterios, la
Sala fijará las agencias en derecho a favor de la entidad estatal en un salario mínimo
legal mensual vigente.
97. De acuerdo con el numeral 6.º del artículo 365 del CGP, “cuando fueren dos (2) o
más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su
interés en el proceso”. En la cláusula segunda del acuerdo consorcial aportado con la
demanda se estipuló que Fluidos y Construcciones S.A.S. tendría una participación del
45% e Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S. del 55%59. En consecuencia,
el valor total de las agencias en derecho se distribuirá entre dichas sociedades en esos
mismos porcentajes, de modo que cada una asumirá la fracción correspondiente a su
participación.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia, a favor de Empresas
Municipales de Cali – EMCALI E.S.P., a Fluidos y Construcciones S.A.S. e Ingenieros
Electricistas y Civiles Asociados S.A.S., integrantes del Consorcio La Sultana 611-
2017. Las agencias en derecho se fijan en la suma de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (SMMLV), a la fecha de expedición de esta sentencia, y deberán
pagarse en las proporciones establecidas en la parte motiva de esta providencia. Las
costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
59
Samai Tribunal, Índice 03, 34_ED_FINALDDAYANEXOSZ, 4 CONSTITUCION CONSORCIO LA
SULTANA 0611.
23
Radicación: 76001233300020230020301 (73.499)
Actor: Fluidos y Construcciones S.A.S y otro
Demandado: Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.S.P
Referencia: Controversias contractuales
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.
VF
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