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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00305-01

Fecha
26 de julio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00305-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00305-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de julio de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00305-01
Demandante: ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 76001-23-33-000-2023-00305-01
Demandante ESE HOSPITAL URIBE URIBE DE TULUÁ
Demandado PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA
DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 7 PARA ASUNTOS DE
TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROCURADURÍA
DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN
ADMINISTRATIVA
Temas Acción de tutela. Derecho al debido proceso. Circular advertencia de
la procuraduría en relación con la imposibilidad de adelantar procesos
de cobro coactivo y medidas cautelares en relación con el sistema
general de seguridad social en salud, dirigido entre otros, a las
Empresas Sociales del Estado. Requisitos de procedencia: la
subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la ESE Hospital Uribe Uribe de Tuluá,
contra la sentencia del 24 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 15 de mayo de 20231, la ESE Hospital Uribe Uribe de Tuluá, interpuso acción de
tutela contra la Procuraduría General de la Nación, el Procurador Delegado con
Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa y la Procuradora Delegada
con Funciones Mixtas 7 para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en lo planteado, solicito respetuosamente al señor operador judicial
constitucional conceder la tutela y garantizar el pleno goce del derecho al debido proceso y
en su lugar se deje sin efecto las decisiones adoptadas a través de la Circular Nro. 002 de
marzo 21 de 2003, emitida por “La Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 7, para
Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y el Procurador Delegado con Funciones Mistas
6: para la Conciliación Administrativa”, adscritos a la Procuraduría General de la Nación”.

1 Fecha de radicación en el correo electrónico la oficina de reparto de acciones constitucionales Valle del
Cauca, Cali.

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2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En desarrollo de su objeto social, la ESE Hospital Uribe Uribe de Tuluá atendió
casos de personas que requerían atención prioritaria en accidentes de tránsito
y situaciones catastróficas, desde 2015 a 2020.

2.2. Anunció que, con el fin de recaudar la cartera correspondiente a la prestación
de esos servicios, emitió el Oficio AJ-1200-23-02 del 2 de julio de 2022 por el
que en su momento efectuó el cobro persuasivo respectivo, en aras de buscar
un acercamiento con las EPS y de esta manera, poder recaudar las sumas
que les adeudaban.

Una vez agotada la etapa previa de cobro persuasivo, se procedió con el cobro
coactivo para salvaguardar los intereses del Estado y poder seguir prestando
el servicio público en salud, garantizando siempre el debido proceso, con
fundamento en las normas que regulan la materia, las instrucciones dadas por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Salud y protección
Social en la Circular Conjunta Externa del 18 de octubre de 2016, además de
las recomendaciones emitidas en su momento por parte de la Procuraduría
General de la Nación.

A pesar de adelantar el proceso de cobro coactivo, las medidas cautelares no
se perfeccionaron, de manera que aún no se contaba con la recuperación de
las sumas adeudadas a favor de la entidad hospitalaria.

2.3. La Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 002 del 21 de marzo
de 2023 en la que se advirtió sobre las disposiciones legales y
jurisprudenciales que impedían que las Empresas Sociales del Estado, ESE,
adelantaran proceso de cobro coactivo en contra de las Empresas Promotoras
de Salud, EPS y demás entidades responsables de pago y, en contra de la
Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud ADRES,
así como la ejecución de medidas de embargo de los recursos públicos de la
seguridad social en salud.

3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que los procuradores que emitieron la Circular 002 del 21
de marzo de 2023 con fundamento en conceptos de la Superintendencia Nacional
de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social advirtiendo que se
compulsarían copias a las autoridades disciplinarias, fiscales y penales respecto a
la “irregular práctica de cobros coactivos en procedimientos administrativos por parte de las ESES
y el embargo de recursos del SGSSS”, era una circunstancia que vulneraba su derecho al
debido proceso. Esto en la medida que la institución tenía como objeto la prestación
de servicios de salud y, que de conformidad con la Ley 1066 de 2006 sobre
normalización de cartera pública, se les asignaba la facultad de cobro coactivo para
recaudar rentas de naturaleza pública atendiendo lo dispuesto para tal efecto en el
Estatuto Tributario.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 18 de mayo de 2023 el despacho ponente admitió la presente
acción y, ordenó la notificación de las partes accionante y accionada.

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4.2. La Procuraduría General de la Nación, se pronunció e indicó que la parte
accionante no probó la existencia de un perjuicio irremediable, ni de una
amenaza concreta y fehaciente contra algún derecho fundamental que hiciera
procedente la acción de tutela de manera transitoria.

Agregó que la tutela no revestía relevancia constitucional alguna y que no
cumplía con el requisito de subsidiariedad al existir medios y mecanismos
idóneos para discutir lo relacionado con la Circular 002 de 2023. Por lo anterior,
pidió se declarara improcedente la acción de tutela.

5. Providencia impugnada
En sentencia del 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
declaró improcedente la presente acción de tutela.
Consideró que la tutela era improcedente al no satisfacer el presupuesto de
subsidiariedad, ya que se dirigía contra una circular, de manera que las
pretensiones debían ser debatidas ante el juez natural, en los medios de control
regulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, concretamente el medio de control de nulidad, en el que existía la
posibilidad de solicitar medidas cautelares, incluso en las primeras etapas del
proceso. Agregó que tampoco demostró que se configurara un perjuicio
irremediable.

6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión.
Consideró que la decisión contenida en la Circular 002 de 2023 por parte de la
entidad accionada, lesionaba su derecho al debido proceso, ya que impedía que se
pudiera hacer un recaudo efectivo de las sumas adeudadas por las EPS a las ESE
por la prestación de servicios de salud y que, por el contrario, se veían inmersos en
requerimientos e indagaciones disciplinarias, fiscales y penales, todo lo cual
constituía un perjuicio irremediable que hacía que la tutela fuera de naturaleza
preventiva, para así evitar que se siguiera vulnerando tal derecho en cabeza de la
entidad de salud.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
En caso de encontrar superado tal requisito de procedibilidad, deberá resolver esta
sección si la Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho al debido
proceso de la ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, con la
Circular 002 del 002 del 21 de marzo de 2023 en la que se advirtió sobre las
disposiciones legales y jurisprudenciales que impedían que las Empresas Sociales
del Estado, ESE, adelantaran proceso de cobro coactivo en contra de las Empresas
Promotoras de Salud EPS y demás entidades responsables de pago y, en contra
de la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud ADRES.

3. Alcance del requisito de la subsidiariedad y su análisis en el caso
concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente
cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito
evitar que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser
utilizado para soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de
defensa o para suplir falencias en las estrategias de jurídicas de los
apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que deben
ser debatidos en su escenario natural.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el

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contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, (…)
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)»3.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. Por tal motivo, se ha
indicado que si el actor no agotó los mecanismos ordinarios de protección de
sus derechos fundamentales no podrá, posteriormente, ejercer la acción de
tutela como medio para suplir su inacción y que, en estas circunstancias, “…la
acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo
transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio
de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la
vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”4.

3.2. En el presente caso, anticipa la Sala que se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la presente acción de tutela por no
cumplirse con el requisito de subsidiariedad.
3.3. La entidad tutelante solicita que se deje sin efecto la Circular 002 del 21 de
marzo de 2023 por la que la Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 7
para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y el Procurador Delegado con
Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa, adscritos a la
Procuraduría General de la Nación, además de interpretar las disposiciones
legales y jurisprudenciales que impiden que las Empresas Sociales del Estado,
ESE adelanten procesos administrativos de cobro coactivo en contra de
Empresas Promotoras de Salud, EPS y demás Entidades Responsables de
Pago, ERP y en contra de la Administradora de los Recursos de la Seguridad
Social en Salud, ADRES, así como la ejecución de medidas de embargo de
los recursos públicos de la seguridad social en salud, que afectan gravemente
el flujo de recursos financieros del sistema y vulneran los derechos
fundamentales a la salud y a la vida, con carácter imperativo imparte
instrucciones y advertencias sobre la imposibilidad de las Empresas Sociales
del Estado de adelantar y tramitar procesos de cobro coactivo, por carecer de
competencia.
El encabezado de dicha Circular es el siguiente:

3 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.

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La mencionada Circular se refiere a los recursos del sistema general de
seguridad social en salud y la inembargabilidad de los mismos, y advierte
sobre la falta de competencia de las Empresas Sociales del Estado para
adelantar procesos de cobro coactivo en contra de las EPS, las ERP y la
ADRES, y se observa que la misma va dirigida, no solo a las Empresas
Sociales del Estado, sino a los despachos judiciales, al Consejo Superior de
la Judicatura, entidades financieras, Superintendencia Financiera y
procuradores regionales, provinciales y judiciales.
En la mencionada circular, se indicó:
“En ejercicio de las funciones constitucionales previstas en el artículo 277 de la Constitución
Política y legales prevista en los Decretos Leyes 262 de 2000 y 1581 de 2022, en defensa del
ordenamiento jurídico, de los intereses de la sociedad, de la protección del patrimonio público
y con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales, se emite la presente circular para
advertir sobre la protección del patrimonio público y con el fin de salvaguardar los derechos
fundamentales, se emite la presente Circular para advertir sobre las disposiciones legales y
jurisprudenciales que impiden que las Empresas Sociales del Estado -E.S.E.- adelanten
procesos administrativos de cobro coactivo en contra de Empresas Promotoras de Salud -
EPS- y demás Entidades Responsables de Pago -ERP- y en contra de la Administradora de
los Recursos de la Seguridad Social en Salud -ADRES, así como la ejecución de medidas de
embargo de los recursos públicos de la seguridad social en salud, que afectan gravemente el
flujo de recursos financieros del sistema y vulneran los derechos fundamentales a la salud y a
la vida. Los principales argumentos jurídicos que sustentan la inviabilidad del trámite de dichos
procesos son los siguientes:
[...]
Por lo expuesto y en atención al gran volumen de procesos de cobro coactivo y embargos
tramitados sin fundamento legal y sin el mínimo cumplimiento de requisitos administrativos, la
Procuraduría General de la Nación INSTA a los destinatarios de la presente Circular, a
observar rigurosamente el ordenamiento jurídico y jurisprudencial antes citado, a adelantar las
actuaciones que correspondan en el marco de sus funciones y a denunciar los casos que se
conozcan sobre esta irregular e ilegal práctica de cobros coactivos en procedimientos
administrativos por parte de las ESES y el embargo de recursos del SGSSS.
También se ADVIERTE que se compulsará copia a las autoridades disciplinarias, fiscales y
penales, de los casos de transgresión del ordenamiento jurídico puestos en conocimiento de
este organismo de control”.

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3.4. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del CPACA, es
posible pedir la declaratoria de nulidad de las circulares de servicio, entre otros
actos. La norma es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos
de certificación y registro. (...)” (subrayado de la Sala).

Y si bien la jurisprudencia ha precisado que no todas la circulares son objeto
de control judicial, ha sido constante en sostener que cuando la circular
contiene materialmente decisiones con carácter vinculante y con la capacidad
de alterar situaciones jurídicas, es susceptible de ser controlada judicialmente.
En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
“[…] Naturaleza jurídica de las circulares y su control jurisdiccional de legalidad. Sobre
la naturaleza jurídica de las circulares, el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, ha
comparado los actos administrativos ordinarios con aquellos de carácter informativo o
instructivo, en los cuales no hay decisiones que produzcan efectos jurídicos nuevos, en el
sentido de crear, modificar o extinguir una situación jurídica, de cara al control judicial sobre
aquellos. […]
Existen dos tipos de circulares, las externas y las internas. Las externas buscar orientar o
direccionar la actuación de los particulares o administrados. Las internas buscan instruir a los
funcionarios de la dependencia administrativa sobre el procedimiento que deben seguir en el
desarrollo de sus actividades, en el cumplimiento de sus funciones, instrucciones que en un
momento dado pueden llevar a que el funcionario tome decisiones que pueden tener un efecto
jurídico sobre el administrado o el contribuyente tratándose de la Dian, efecto que podría no
estar contemplado por una ley o decreto, caso en el cual la circular puede ser demandada
ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Igual sucede con las circulares externas, pues estas pueden contener instrucciones u
orientaciones que lleven al administrado a tomar unas decisiones que afecten sus propios
intereses, afectación que ninguna ley o norma ha previsto, por tanto, es factible demandar la
nulidad de dicha circular. […]
Estos actos no contienen normas jurídicas, sino instrucciones, reproducciones, orientaciones
o parámetros que se expiden por las autoridades administrativas para señalar con sencillez,
de manera técnica o práctica, la debida aplicación de las disposiciones legales ya existentes
que aseguren el buen funcionamiento de la administración. Lo anterior obliga a concluir que
son actos materiales que pueden tener o no alcance jurídico […]” 5 (subrayado de la Sala).

La Sección Primera de esta Corporación6 sobre las circulares de servicio y su
contenido a efectos de determinar si son susceptibles de control judicial, ha
precisado lo siguiente:
“En ese sentido, las circulares de servicio, en principio, carecen de contenido decisorio, por
cuanto no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, motivo por el cual no son actos
administrativos y tampoco son susceptibles de control judicial; sin embargo, en algunas
ocasiones, las entidades expiden circulares que materialmente contienen decisiones con

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia de
26 de julio de 2018, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, número único de radicación:
11001325000-2011-00290-00 (1087-11).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 15 de julio de
2021, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-32-24-000-
2011-00142-00.

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carácter vinculante y con la capacidad de alterar situaciones jurídicas, caso en el cual se trata
de actos administrativos, susceptibles de control judicial. En ese orden, es necesario analizar
el contenido y alcance de las circulares, en cada caso concreto, para determinar si se trata de
una circular en estricto sentido o si, por el contrario, se trata de un acto administrativo.
(subrayado de la Sala).

Así mismo, la Sección Primera7 señaló que el juez debe verificar si el
pronunciamiento que se demanda, en este caso una circular, constituye una
decisión demandable o si se limita a emitir una instrucción:
“Esta revisión de los pronunciamientos de la Sección en torno a la posición de la Corporación
frente a los actos controlables, permite identificar que el criterio que impera y ante el cual se
enfrenta el juzgador al momento de admitir la demanda o al decidir de fondo la misma, es
aquel en el que se verifica si se cumplen los criterios que convergen para validar si el
“pronunciamiento” demandado constituye o no un acto administrativo, pues no se limita a emitir
una mera instrucción sino que debe abordar una situación de contenido jurídico para quienes
la aplican o respecto de quienes se dirige.”
[…]
Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, en jurisprudencia reiterada ha
considerado que las circulares de servicios son susceptibles de ser demandadas
cuando contengan una decisión de la autoridad pública capaz de producir efectos
jurídicos. En ese sentido, la Sala, mediante sentencia de 11 de abril de 2019 8, consideró:
“Al respecto, es del caso traer a colación lo manifestado por la esta Sección en providencia de
18 de julio de 20129, en la que se sostuvo lo siguiente:
“[…] En virtud de lo anterior, la Sala considera pertinente precisar la noción de acto
administrativo, el cual se define como la manifestación de la voluntad de la Administración que
produce efectos jurídicos, en la medida en que crea, extingue o modifica situaciones jurídicas,
siendo en consecuencia susceptible, de ser sometido a estudio de legalidad por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Sin embargo, se resalta, que la Administración también puede expedir actos que no ostentan
el carácter de ser actos administrativos, verbigracia los que contienen simples orientaciones o
instrucciones, como en el caso de algunas Circulares.
No obstante lo anterior, como ya lo expresó esta Corporación al referirse a las
Circulares de servicio10, puede ocurrir, que por extralimitación de funciones, o por error
de técnica administrativa, a través de una circular o de una carta de instrucción, se
expidan decisiones que son verdaderos actos administrativos, evento en el cual, tales
actos pueden ser demandados ante esta Jurisdicción.
En efecto, en sentencia de 9 de marzo de 2009 (Expediente núm. 2005-00285, Consejero
ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta), la Sala, al respecto, precisó:
“[…] Las instrucciones o circulares administrativas son actos jurídicos de la Administración en
sentido lato, susceptibles de ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativa, dependiendo básicamente de su contenido. En efecto, esta Corporación ha
señalado en reiteradas oportunidades, que las circulares de servicios son susceptibles
de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando
contengan una decisión emanada de una autoridad pública, capaz de producir efectos
jurídicos y de producir efectos vinculantes frente a los administrados, pues si se limitan
a reproducir el contenido de otras normas, o las decisiones de otras instancias, o a

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de febrero de
2020; Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-
2010-00317-00.
8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 11 de abril de 2019. núm. único de radicación: 11001-
03-24-000-2012-00211-00. Demandante: Manuel José Medina Mendoza. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 18 de julio de
2012, radicado núm. 11001032400020070019300, Consejera ponente María Elizabeth García González.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, entre otras, en providencias
de 1o. de febrero de 2001 (Expediente núm. 6375, Actor: Humberto Velásquez Galarza, Consejera ponente
doctora Olga Inés Navarrete Barrero); y 9 de marzo de 2009 (Expediente núm. 2005-00285, Consejero
ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

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brindar orientaciones e instrucciones a sus destinatarios, no serán susceptibles de
demanda. (Resalta la Sala)
[…]
Conforme a lo anterior, se tiene que la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que
las circulares de servicios son susceptibles de ser demandadas cuando las mismas
contengan una decisión de la autoridad pública capaz de producir efectos jurídicos y
puedan, en consecuencia, tener fuerza vinculante frente al administrado por lo que, a contrario
sensu, de no ser así, si se limita a reproducir lo decidido por otras normas o por otras instancias
con el fin de instruir a los funcionarios encargados de ejercer determinadas competencias,
entonces, la circular no será un acto susceptible de demanda”.
[…]
«…de lo aquí expuesto, la Sala rectifica dicha posición, que permitía ejercer control judicial
respecto de todas las denominadas circulares, instrucciones u órdenes, para, en su lugar,
señalar que serán pasibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción las decisiones
administrativas, independientemente de su denominación, solo aquellas que tengan la
capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes y, por lo mismo, controladas por las
causales de nulidad previstas por el legislador».

Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al analizar en qué
eventos las instrucciones o circulares son actos enjuiciables ante esta
jurisdicción, precisó lo siguiente11:
«…En criterio reiterado, la Sala ha sostenido que «las instrucciones o circulares
administrativas son susceptibles de ser demandadas ante la Jurisdicción Contenciosa si
contienen una decisión de la Administración capaz de producir efectos jurídicos frente a los
administrados, esto es, si son actos administrativos, pues, si se limitan a reproducir el
contenido de otras normas, o las decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e
instrucciones a sus destinatarios, sin que contengan decisiones, no serán susceptibles de
control judicial.»
Conforme a la anterior perspectiva jurisprudencial, el debate judicial de las circulares de
servicio depende de que posean el contenido decisorio propio de los actos administrativos y
por el cual detentan fuerza vinculante frente a los administrados, de modo que cuando aquellas
carecen de ese contenido y sólo tienen un alcance instructivo o meramente orientador, quedan
excluidas de dicho control judicial…».

Teniendo esto presente, y considerando que mediante la acción de tutela de
la referencia, la ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
busca que se deje sin efectos la Circular 002 del 21 de abril de 2023, por la
que no solo se advirtió que lo allí dispuesto buscaba, entre otras, la protección
del patrimonio público, sino que advirtió a las entidades que en caso de
incumplimiento se compulsarían copias a las autoridades disciplinarias,
fiscales y penales, estima la Sala que se trata de aquellas circulares que
contienen materialmente decisiones con carácter vinculante y con la capacidad
de alterar situaciones jurídicas, y por lo tanto, es susceptible de control judicial
en ejercicio del medio de control previsto por el legislador, y no a través de la
acción de tutela.
3.5. En este punto se precisa que, los medios de control posibilitan el empleo de
medidas cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de
2011, garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez
contencioso administrativo. De manera que en el supuesto de que existiera un
perjuicio de vasta magnitud, las medidas cautelares garantizan la idoneidad y
celeridad del medio de control referido.

11 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Expediente:11001-03-27-000-
2016-00027-00(22465) MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2023-00305-01
Demandante: ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo»12.

De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos de la circular que cuestiona. Medida
cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.
En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas,
a más tardar, dentro de los 15 días hábiles13 siguientes a la admisión de la
demanda, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración. En esa medida, no
porque una decisión resulte desfavorable a los intereses de los administrados
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse
mediante la acción de tutela.
En el caso examinado no se advierte acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable, pues la entidad accionante manifiesta que con la advertencia
hecha por la Procuraduría en la Circular 002 del 21 de marzo de 2023 se le
generaron una serie de consecuencias y de requerimientos disciplinarios,
fiscales y penales, además de la imposibilidad de recaudo a través de los
mecanismos coactivos para recaudar la cartera adeudada; aspectos que,
además de consistir en controversias de índole contractual, legal y económica,
pueden presentarse como fundamentos en el correspondiente medio de
control ante el juez contencioso administrativo, en aras de salvaguardar los
intereses de la Empresa Social del Estado. Incluso, como lo advirtió el juez de
tutela de primera instancia, haciendo uso de las medidas cautelares que
resultarían idóneas en caso de estar siendo afectado con la decisión
administrativa, pero no pretender que sea la tutela la que cumpla este
cometido, pues escapa a la naturaleza de este mecanismo excepcional de
amparo.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
13 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la
solicitud de las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida
cautelar.

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Radicado: 76001-23-33-000-2023-00305-01
Demandante: ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá

4. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, esta Sala confirmará la decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al no superarse el requisito general de
procedencia de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 24 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

11

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