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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00354-01

Fecha
28 de julio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00354-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca: en su lugar, declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Gustavo Adolfo Palacios y otros, en contra de la Procuraduría Diecinueve Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00354-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros
Demandado: Procuraduría Diecinueve Judicial II para Asuntos
Administrativos de Cali

Temas: Tutela contra pronunciamiento de la procuraduría que declaró
asunto no susceptible de conciliación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Gustavo Adolfo Palacios y otros1, en
contra de la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Gustavo Adolfo Palacios y otros promovieron solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión del auto
proferido el 17 de marzo de 2021 por la Procuraduría Diecinueve Judicial II para
Asuntos Administrativos de Cali, que declaró la improcedencia de la conciliación
prejudicial adelantada, por haber operado la caducidad del medio de control que se
pretendía ejercer.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Como consecuencia de los daños causados a lotes de terreno y predios rurales,
causados por el uso inapropiado del alcantarillado de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en
el carcavamiento del municipio El Cairo, iniciaron proceso verbal de responsabilidad
civil extracontractual en contra de la mencionada entidad, proceso que conoció el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, bajo radicado 76-147-31-03-001-
2017-00111-00, pero este remitió la demanda al Juzgado Primero Administrativo de

1 Jaime Alexander Palacios, Leidy Alexandra Palacios, Olga Lilian Palacios y Luz Mery Valencia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

Cartago para conocer del proceso y continuar con las etapas procesales.

ii) El referido despacho judicial, mediante auto interlocutorio del 29 de agosto de
2019, inadmitió la demanda que cursó bajo radicado 76-147-33-33-001-2019-
00088-00, para solicitar el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad, hecho que no alcanzó a subsanarse en el término concedido, por
lo que se solicitó el retiro de la demanda por correo electrónico, en vista de la
situación de emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia por Covid-19.

iii) El 5 de marzo de 2021, vía correo electrónico, los demandantes presentaron
solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para ejercer el
medio de control de reparación directa contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. A esa
solicitud se le asignó el radicado SIAF:1372, de tal manera, la Procuraduría
Diecinueve Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, a través de auto del 17
de marzo de 2021, afirmó que no era posible darle trámite a la solicitud por haber
operado el fenómeno de caducidad.

iv) En relación con esta decisión, los demandantes argumentaron que les fueron
vulnerados sus derechos fundamentales por la autoridad demandada, al reiterar que
la procuraduría no podía abstenerse de tramitar la solicitud de conciliación con el
argumento de la supuesta caducidad del medio de control.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] desvirtuar el fallo dictado en Auto No. 81 de fecha 17 de marzo de 2021, dentro de
Conciliación Extrajudicial convocando los accionantes a la EMPRESA
ALCANTARILLADOS DEL VALLE ACUAVALLE S.A. E.S.P., por reparación directa, en
el sentido de no dar trámite a la solicitud de conciliación en este digno Despacho”[…]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Procuraduría Diecinueve Judicial II para Asuntos Administrativos de
Cali2, rindió informe en el que efectuó una síntesis de las actuaciones adelantadas
en el trámite de la solicitud de conciliación referida para señalar que en este asunto
había operado el fenómeno de caducidad.

Explicó que no se vulneró ningún derecho fundamental, por cuanto a los
convocantes se les expidió la constancia respectiva, que daba por agotado el
requisito de procedibilidad, y podían acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en donde se determinaría si el medio de control está caducado o no.

2 Ver índice 18 de SAMAI (Primera instancia), radicado 2023-00206-00.
18_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTE STACIONTUTELA(.pdf) NroActua 2 1.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

1.3 Sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del 14 de junio
de 2023 negó el amparo al considerar que:

«[…] Atendiendo lo anterior, sin mayores dubitaciones la Sala encuentra que en el
presente asunto no se avizora la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
de los accionantes, pues de conformidad a lo acreditado en el plenario, la
PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI,
actuó de conformidad a lo establecido en el parágrafo 2o del artículo 2.2.4.3.1.1.6 del
Decreto 1069 de 2015, pues del estudio de la solicitud de conciliación elevado, encontró
que el medio de control incoado se encontraba caduco, lo cual, en atención al artículo
2.2.4.3.1.1.2 parágrafo 1o del precitado decreto, era un asunto no conciliable. De manera
que, encontrándose dentro de los 10 días para expedir la correspondiente constancia en
ese sentido, profirió el Auto No. 81 del 17 de marzo de 2021, por medio del cual declaró
que el asunto no era conciliable por caducidad, y expidió la respectiva constancia.

Debe decirse que, dichas actuaciones fueron notificadas al correo electrónico del
apoderado de los actores, el abogado DANIEL CHICA MURILLO, esto es,
danielchicamurillo@hotmail.com; no obstante, tan solo hasta el 22 de septiembre de
2022, el apoderado solicita información respecto al agendamiento de la audiencia de
conciliación, ante lo cual, se le informó que el 17 de marzo de 2021, se le había notificado
el Auto No. 81 y la constancia expedidos por la PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI.

Por otro lado, se encuentra que el apoderado de los actores pasó por alto la advertencia
realizada por la Procuraduría accionada en las actuaciones mencionadas, en el sentido
de señalarle que dicha “Agencia del Ministerio Público no es la última instancia para
determinar la caducidad del asunto en cuestión, razón por la cual expide la constancia
pertinente, de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto 1069 del 2015
y la Ley 640 de 2001, documento con el cual la parte aquí convocante puede acudir ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que sea el Juez de conocimiento
quien determine, en últimas, si efectivamente operó o no el fenómeno de la caducidad
en el asunto materia de la referencia”.

De modo que, en ningún momento la Procuraduría fue vulneradora de su derecho al
debido proceso, ni al acceso a la administración de justicia, pues con la constancia
expedida por dicha entidad, los accionantes podían acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para que el juez del asunto determinara si efectivamente se
había configurado la caducidad del medio de control. […]».

1.4. El recurso de apelación4

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia para lo que insistió en los argumentos expuestos en el escrito inicial y
solicitó un estudio más profundo del reclamo constitucional presentado.

2. Consideraciones

3 Ver índice 2 de SAMAI, radicado 2023-00354-01.
4 Ver índice 2 de SAMAI, radicado 2023-00354-01.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico; iii) derecho
al debido proceso y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá establecer si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad?

De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, definir si ¿La Procuraduría
Diecinueve Judicial II Administrativa para Asuntos Administrativos de Cali
desconoció los derechos fundamentales de los demandantes, al declarar que el
asunto propuesto por los convocantes no era susceptible de conciliación porque
había operado la caducidad del medio de control que se iba a ejercer?

2.3. Derecho al debido proceso.

La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución Política como derecho
fundamental de aplicación inmediata y consignada, entre otras, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, no consiste solamente en las posibilidades
de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además,
como lo expresa el artículo 29 de la Carta Constitucional, el ajuste de toda actuación
a las normas preexistentes al acto que se imputa, la competencia de la autoridad
que orienta el proceso; el derecho a una resolución que defina las cuestiones
jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y
de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia
de las formas propias de cada proceso según sus características, así, como la
ejecución de cualquier orden legalmente dada por autoridad administrativa.

Es decir, que el someter las controversias a procedimientos preestablecidos e
iguales, no solo garantiza el derecho de defensa, sino que también el principio de la
igualdad ante la ley, en el campo de la administración de justicia y, asegura de

5 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

26 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

manera eficaz la imparcialidad de los encargados de administrar justicia, mediante
la neutralidad de los procedimientos.

Las autoridades judiciales y administrativas, así como las civiles, deben actuar
respetando la secuencia de los actos previstos en la ley, pues su inobservancia
puede ocasionar sanciones legales, de igual manera el artículo 29 de la Constitución
Política establece el derecho fundamental al debido proceso así:

«El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio […]».

La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso, ya sea judicial,
disciplinario o administrativo, es un derecho con rango fundamental 7, establecido
como una garantía para los asociados que confían en que los actos del servidor
público tienen como fundamento un proceso justo y adecuado. En la sentencia T -
1263 de 2001, la alta Corporación, sostuvo:

«[…] El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como
la garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el
momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico
no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido
proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –
legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del
poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación
administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales. […]»

El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de un estrecho
vínculo, con el principio de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades
judiciales, sino también las administrativas y aquellas que adelantan la fuerza
pública en la definición de los derechos individuales, es pues, la defensa de los
procedimientos, en especial de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

7
Al respecto puede consultarse la sentencia C – 597 de 2003.

5

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia8, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto.

De conformidad con los supuestos fácticos acreditados en el expediente y los
argumentos expuestos en el escrito de impugnación, se observa que lo pretendido
por Gustavo Adolfo Palacios y otros, es que, en amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se
dejen sin efectos el auto proferido con ocasión de la solicitud de conciliación
prejudicial presentada el 5 de marzo de 2021, con radicado SIAF:1372, mediante el
cual se declaró que se trataba de un asunto no conciliable por haber operado la
caducidad del medio de control que se pretendía ejercer.

Para decidir, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas por la procuraduría
demandada en el asunto en cuestión, así:

• El 5 de marzo del 2021, Gustavo Adolfo Palacios Valencia y otros, presentaron
solicitud de conciliación extrajudicial, en aras de convocar a ACUAVALLE S.A.
E.S.P., la cual fue asignada a la Procuraduría Diecinueve Judicial II para Asuntos
Administrativos de Cali.

• La solicitud de conciliación trataba sobre la presunta responsabilidad
administrativa de la entidad convocada con ocasión de los daños ocurridos en el
inmueble que había sido de propiedad de los convocantes hasta el 24 de junio
del 2016, es decir, que, a partir del día siguiente, la parte convocante tenía 2
años para agotar el requisito de procedibilidad, esto es, hasta el 25 de junio del
2018, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 164, numeral 2° literal i) y 118
del C.P.A.C.A. De tal forma, al presentarse la solicitud de conciliación el 5 de
marzo de 2021, el ente de control consideró que no era procedente dar trámite
a la solicitud, ya que para agotar el requisito de procedibilidad, el término finalizó
el 25 de junio de 2018.

8 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

6

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

• El 17 de marzo de 2021, una vez revisados los factores de competencia y los
requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del
Decreto 1069 de 2015, la Procuraduría Diecinueve Judicial II para Asuntos
Administrativos de Cali declaró que el asunto de la referencia no era susceptible
de conciliación, por tratarse de una controversia que versaba sobre asuntos en
los cuales la correspondiente acción caducó, y que tal decisión se notificó al
apoderado de la parte convocante mediante correo electrónico.

En la referida decisión se les indicó: «esta Agencia del Ministerio Público no es la
última instancia para determinar la caducidad del asunto en cuestión, razón por la cual
expide la constancia pertinente, de conformidad con los parámetros establecidos en el
Decreto 1069 del 2015 y la Ley 640 de 2001, documento con el cual la parte aquí́
convocante puede acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que
sea el Juez de conocimiento quien determine, en últimas, si efectivamente operó o no
el fenómeno de la caducidad en el asunto materia de la referencia […]». De tal manera,
se expidió la respectiva constancia, por lo que los demandantes podían
presentar la respectiva demanda y que fuera la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo la que se pronunciará finalmente sobre la caducidad del medio de
control.

Como de observa, la inconformidad de la parte demandante se centra en el auto del
17 de marzo 2021, mediante el cual la procuraduría demandada declaró que el
asunto no era susceptible de conciliación prejudicial, por haber operado la
caducidad del medio de control que se pretendía interponer, y ordenó expedir la
respectiva constancia.

Dada la controversia, se recuerda que los artículos 90, 104 y 105 de la Ley 2220 de
2022, disponen:

ARTÍCULO 90. ASUNTOS NO CONCILIABLES. No. son susceptibles de conciliación
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:
[…]
3. En los que haya caducado la acción.
[…].

ARTÍCULO 104. CONSTANCIA PARA ASUNTOS NO CONCILIABLES. Cuando se
presente una petición de convocatoria de conciliación extrajudicial y el asunto de que se
trate no sea conciliable de conformidad con la ley, el agente del Ministerio Público así lo
señalará mediante decisión motivada que deberá notificar dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud y en la que ordenará la expedición de la
constancia de que trata el artículo 103 de la presente ley, una vez en firme la decisión.
Si durante el trámite de la audiencia se observare que se trata de un asunto que no es
conciliable, se dejará anotación en el acta y se expedirá la respectiva constancia, sin
perjuicio de lo establecido para el recurso de reposición en el parágrafo del artículo 114
de la presente ley. […]

ARTÍCULO 105. CONSTANCIA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. El agente del Ministerio

7

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

Público expedirá el documento que acredita ante la autoridad judicial que, efectivamente,
el trámite de conciliación extrajudicial se surtió para efectos de la presentación de la
demanda, cuando a ello hubiere lugar. En la constancia se indicará. la fecha de
presentación de la solicitud, la fecha en que se celebró la audiencia, y se expresará
sucintamente el asunto objeto de conciliación. Esta constancia se expedirá en cualquiera
de los siguientes eventos:

1. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación
y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento,
la constancia deberá expedirse en el plazo establecido en el artículo 104 de la presente
ley. […]

En este orden de ideas, la Sala observa que la solicitud de tutela presentada por los
demandantes no satisface el requisito de la subsidiariedad, pues, sin perjuicio de la
decisión contenida en el auto acusado, a través del cual se declaró no conciliable el
asunto traído en la solicitud de conciliación prejudicial identificada con el radicado
SIAF:1372, lo cierto es que la Procuraduría Diecinueve Judicial II para Asuntos
Administrativos ordenó expedir la respectiva constancia, en virtud del numeral 1 del
artículo 105 de la Ley 2220 de 2022, por lo que pueden acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo en ejercicio del medio de control de reparación
directa, y será allí, donde el juez de conocimiento decida si hay lugar o no a declarar
su caducidad.

En igual sentido se pronunció esta Subsección9 al decidir un asunto de contornos
similares:

«[…] Así las cosas, la Sala evidencia que si bien es cierto que la autoridad accionada
señaló que no era conciliable el asunto debatido en la petición de conciliación prejudicial
con radicación «E2022-678274», por cuanto operó el fenómeno la caducidad, también
lo es que no se han agotado todas las instancias para determinar si acaeció o no la
referida figura procesal, habida cuenta de que los demandantes están facultados para
instaurar la demanda de reparación directa (comoquiera que se expidió la
correspondiente constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, de acuerdo
con el artículo 105 de la Ley 2220 de 2022), dentro de la que es dable discutir si se
presentó o no oportunamente la solicitud de conciliación prejudicial, lo cual definirá el
juez contencioso-administrativo, al estudiar si el medio de control se promovió en tiempo,
y en caso de que determine que no y lo rechace (en atención al artículo 169 (numeral 1)
del CPACA), esa decisión es susceptible de apelación, de conformidad con el artículo
243 (numeral 1) ibidem. […]»

Dicho lo anterior, se recuerda que la exigencia en la interposición de los
mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico pertinentes y
conducentes a la controversia particular tiene como finalidad evitar que la solicitud
de amparo los suplante. Es decir, se persigue que, al hacer uso de la solicitud de
tutela, no haya negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para
la concreción de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

9
Sentencia del 22 de junio de 2023, expediente 76001-23-33-000-2023-00254-01

8

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00354-01
Demandante: Gustavo Adolfo Palacios y otros

Razón por la cual, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo
del asunto planteado es necesario que supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela, de tal manera debe concluirse que el amparo
de la referencia resulta improcedente en tanto los demandantes pueden acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, tal como lo dejaron ver en la solicitud
de conciliación prejudicial, sin perjuicio de lo resuelto por la Procuraduría Diecinueve
II para Asuntos Administrativos.

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la decisión del a quo que negó la
solicitud de amparo de Gustavo Adolfo Palacios y otros, para, en su lugar, declararla
improcedente, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca: en su lugar, declarar improcedente la solicitud de
tutela presentada por Gustavo Adolfo Palacios y otros, en contra de la Procuraduría
Diecinueve Judicial II para Asuntos Administrativos de Cali, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

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