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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00456-01

Las altas cortes: su configuración exige un análisis especialmente riguroso en

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00456-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Por las agencias en derecho a cargo de la parte actora, y en favor de la Nación – Rama Judicial, se fijan en 1 SMLMV para esta instancia. El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2023-00456-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandantes: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Temas: ERROR JURISDICCIONAL ORIGINADO EN PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR
LAS ALTAS CORTES - Su configuración exige un análisis especialmente riguroso en
atención a la naturaleza de las funciones que cumplen los órganos de cierre de las distintas
jurisdicciones / YERROS ATRIBUIDOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Es
necesario acreditar que el dislate alegado resulta incompatible con el marco competencial
y procesal propio del recurso extraordinario de casación / DAÑOS CAUSADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Para su configuración, la providencia judicial criticada
debe carecer de una justificación jurídica objetiva y razonable o contener un yerro con
entidad suficiente para desvirtuar los fundamentos esenciales que sustentan la decisión.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 30 de agosto de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Fabiola Muñoz de Castro solicita que se declare la responsabilidad de la Nación
– Rama Judicial por el supuesto error jurisdiccional contenido en las sentencias del
31 de mayo de 2013 y del 10 de mayo de 2021, proferidas, respectivamente, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala Laboral de Descongestión
No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso ordinario laboral que
promovió para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a su favor, en el
que no se accedió a su pretensión.

ANTECEDENTES

La demanda

3. En escrito1 presentado el 11 de julio de 20232, Fabiola Muñoz de Castro demandó
en reparación directa a la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declare
patrimonialmente responsable de los perjuicios irrogados, como consecuencia del
supuesto error judicial contenido en las sentencias del 31 de mayo de 2013 y del 10

1 Demanda en índice 003 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado
92E76FD2C3F274EE D17DC96F599809B6 A31814220E7AC363 513845DC76A18A20.
2 Según documento en índice 003 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado

446F96E7C84FB8D9 0FB444E5CBF33FA1 C84776A8F1B3D92C BEB222FFC48C522B.

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

de mayo de 2021, emitidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la
Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia,
respectivamente. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben con sus
eventuales errores)3:

“PRIMERO: Declarar que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura- Dirección Nacional de Administración de Justicia, es
administrativamente responsable por el daño antijurídico ocasionado a la
señora FABIOLA MUÑOZ DE CASTRO, con las providencias: a) No 135 del 31
de mayo de 2013, dictada por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali – Sala Primera de Descongestión - Magistrada Ponente. Dra. PAOLA
ANDREA ARCILA SALDARRIAGA., y b) SL2100-2021 dictada por la honorable
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión
No 4, Magistrada Ponente. Dra. ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA, dentro del
Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, adelantado por la señora
EUNICE DELAGADO RICO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,
hoy representado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
– COLPENSIONES, radicado el No 76001310500720110010300, donde la
convocante fue llamada en calidad de Litis Consorte Necesaria.
SEGUNDO: Declarar que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura- Dirección Nacional de Administración de Justicia, es
administrativamente responsable de los perjuicios morales y materiales,
derivados de las providencias: a) No 135 del 31 de mayo de 2013, dictada por
el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Primera de
Descongestión - Magistrada Ponente. Dra. PAOLA ANDREA ARCILA
SALDARRIAGA., y b) SL2100-2021 dictada por la honorable Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No 4, Magistrada
Ponente. Dra. ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA, dentro del Proceso Ordinario
Laboral de Primera Instancia, adelantado por la señora EUNICE DELAGADO
RICO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy representado por
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES,
radicado bajo el No 76001310500720110010300, donde la convocante fue
llamada en calidad de Litis Consorte Necesaria.
Como consecuencia de las declaraciones anteriores deberá condenarse a la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Nacional
de Administración de Justicia, pagar a título de indemnización a la señora
FABIOLA MUÑOZ DE CASTRO:
PERJUICIOS MATERIALES
Lucro Cesante Consolidado.
Primero. Las sumas que con su respectivo incremento, debieron ser
canceladas a la convocante, en su calidad de compañera permanente del señor
SANTIAGO TRIFÓN LEO CASTRO (Q.E.P.D.), desde el 11 de enero de 2010
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, por
concepto de:
Retroactivo de la pensión de sobrevivientes, derivada de la pensión de
jubilación que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES otorgó al señor
SANTIAGO TRIFON LEO CASTRO (Q.E.P.D).

Retroactivo de la pensión de sobrevivientes, derivada de la pensión de vejez
que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES otorgó al señor SANTIAGO
TRIFON LEO CASTRO (Q.E.P.D).

3 La demanda fue subsanada mediante el documento visible en índice 010 de Samai, Tribunal Administrativo

del Valle del Cauca, certificado 4EA29FE7AA12A82F 62E3FEC1A602A5C0 8FD675AEE0EB1224
1899E90478E31957.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Segundo. El valor que arroje la liquidación de los intereses moratorios de los
retroactivos cancelados, conforme lo establece el artículo 141 de la ley 100 de
1993, desde la fecha de su causación (22 de abril de 2010) hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
Lucro Cesante Futuro.
• El valor de las sumas que con su respectivo incremento correspondan a las
mesadas pensionales dejadas de percibir por la convocante, con ocasión a la
pensión de jubilación y vejez, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que
ponga fin al proceso hasta la vida probable de la convocante.
• El valor que arroje la liquidación de los intereses moratorios consagrados en
el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde la fecha de ejecutoria de la
sentencia que ponga fin al proceso hasta la vida probable de la convocante.
PERJUICIOS MORALES
(…) El equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha en que se dicte la sentencia de primera instancia, o a la que ponga fin
al proceso(…).
Se solicita condenar en costas y agencias en derecho a las demandadas”.

4. En el escrito de subsanación4, la actora cuantificó los perjuicios reclamados de la
siguiente manera: (i) por concepto de lucro cesante, la suma de $5.511’047.886,
correspondiente a los retroactivos pensionales causados desde la fecha de
fallecimiento de Santiago Trifón Leo Castro y hasta su vida probable, incluyendo
intereses moratorios; y (ii) por perjuicios morales, el equivalente a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

5. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

6. El 6 de julio de 1957, Santiago Trifón Leo Castro y Fabiola Muñoz de Castro
contrajeron matrimonio. En el año 1977 se separaron de cuerpos y liquidaron la
sociedad conyugal.

7. Mediante Resolución No. 0755 del 20 de marzo de 1985, el Instituto de Seguros
Sociales -en adelante ISS- reconoció una pensión de jubilación en favor de Santiago
Trifón Leo Castro; a través de la Resolución del 30 de noviembre de 1994, esa
misma entidad le otorgó una pensión de vejez.

8. El distanciamiento de hecho entre los consortes finalizó en 1996, momento a
partir del cual reanudaron voluntariamente su relación con encuentros periódicos,
incluso en Estados Unidos de Norteamérica, durante los cuales convivían como
pareja.

9. El señor Leo Castro contribuía al sostenimiento económico de la señora Muñoz,
el 16 de diciembre de 2003 la afilió como beneficiaria al sistema de salud
administrado por el ISS, y el 30 de noviembre de 2005 presentó ante dicha entidad

4 Denominado “6. TASACIÓN DE PERJUICIOS”. Se precisa que, por razones de extensión, no se realiza la

transcripción del texto, el cual se encuentra entre las páginas 12 y 29 del documento visible en índice 010 de
Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado 4EA29FE7AA12A82F 62E3FEC1A602A5C0
8FD675AEE0EB1224 1899E90478E31957.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

un documento mediante el cual la designó como única beneficiaria de sus derechos
laborales y pensionales.

10. El cónyuge falleció el 11 de enero de 2010 y, con ocasión de este hecho, Fabiola
Muñoz de Castro y Eunice Delgado Rico reclamaron el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite y compañera permanente, en
su orden. Mediante Resolución No. 9984 del 27 de septiembre de 2010, el ISS negó
el otorgamiento de la prestación a ambas solicitantes.

11. Posteriormente, Eunice Delgado Rico promovió proceso ordinario laboral contra
el ISS y la esposa supérstite, con el fin de obtener la sustitución pensional en calidad
de compañera permanente. En su escrito de contestación, la convocada solicitó que
se le concediera la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su
compañero sentimental, a partir del 11 de enero de 2010.

12. El conocimiento del proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Laboral del Circuito de Cali, que mediante sentencia del 14 de febrero de 2012
ordenó al ISS reconocer y pagar a la señora Muñoz de Castro la pensión en
cuestión, con efectos a partir del 12 de enero de 2010. Esta decisión fue revocada
el 31 de mayo de 2013 por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, después de considerar que no acreditó una
convivencia efectiva con el causante en los términos exigidos por la legislación
aplicable.

13. Contra esa providencia, Eunice Delgado Rico y Fabiola Muñoz de Castro
interpusieron, en escritos separados, recurso extraordinario de casación. En
providencia SL2100-2021 del 10 de mayo de 2021, la Sala Laboral de
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar el veredicto
proferido por el ad quem de ese proceso.

14. A juicio de la actora, el tribunal casacional incurrió en error judicial al omitir la
valoración de siete (7) pruebas aportadas al proceso laboral que, de haberlo hecho,
habrían conducido a la conclusión de que convivió con el causante durante un
período superior al mínimo legal exigido para acceder a la pensión de
sobrevivientes. Asimismo, sostuvo que ese Colegiado incurrió en una vía de hecho
por exceso ritual manifiesto en materia probatoria, al privilegiar aspectos formales
sobre los sustanciales, lo que, a su entender, equivale a una renuncia consciente
de la “verdad jurídica objetiva” y a desconocer los derechos y principios
constitucionales, “pasando por alto su deber en virtud de la eficacia de la casación
de hacer efectivo el amparo solicitado cuando encuentra prueba de ello, a pesar de
los eventuales errores de técnica”.

15. En relación con la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, criticó que considerara “que para acceder al derecho reclamado era
necesario acreditar la convivencia efectiva al momento del fallecimiento del
causante, y que como en el caso bajo estudio los cónyuges no se encontraban en
el mismo país, no existió de forma real convivencia con el ánimo de permanecer y
formar una familia”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Trámite relevante en primera instancia

16. Mediante proveído del 3 de noviembre del 20235, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la demanda.

17. La Nación - Rama Judicial6 contestó y se opuso a la existencia de error
jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Añadió
que las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario laboral se encontraban
debidamente motivadas y contenían una valoración razonada del material
probatorio, por lo que no se cumplían los presupuestos para declarar la
responsabilidad del Estado en el caso concreto. Asimismo, indicó que Fabiola
Muñoz no acreditó la convivencia con el causante durante los últimos cinco (5) años
de vida como lo exige la ley para la prosperidad de su petición. En ese orden, señaló
que no existía un daño imputable a esta entidad, ni hay lugar al reconocimiento de
los perjuicios reclamados. Como excepciones propuso las que denominó:
“inexistencia de causa para demandar”; “inexistencia de prueba de la falla de
servicio”; “inexistencia de perjuicios o indebida acreditación” y la genérica.

18. A través de auto del 17 de junio de 20247, la magistrada ponente, además de
otras determinaciones, estimó que, al no existir pruebas pendientes por practicar,
se configuraban los presupuestos para dictar sentencia anticipada, de allí que, una
vez vencido el traslado de los medios suasorios aportados con la demanda y la
contestación, se correría traslado para alegatos de conclusión y para que el
Ministerio Público rindiera concepto.

19. En los argumentos finales, la Nación – Rama Judicial8 reiteró los razonamientos
expuestos en la contestación de la demanda.

20. La demandante9, por su parte, afirmó que: (i) la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali incurrió en un comportamiento contradictorio,
pues descartó algunas pruebas por extemporáneas, pero después las valoró para
descartar los viajes del causante a Estados Unidos desde 2006; además, excluyó
sin justificación las pruebas documentales oportunamente aportadas; y (ii) la Corte
Suprema de Justicia interpretó de manera errónea el requisito de la convivencia, al
olvidar que el matrimonio entre la pareja estaba vigente al momento de su
fallecimiento; asimismo, olvidó que la cohabitación podía satisfacerse en cualquier
momento mientras subsistiera el vínculo matrimonial, descartó documentos
auténticos provenientes de las partes y omitió una valoración integral del acervo
demostrativo relevante.

5
Índice 014 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado E0EB67F8915A3837
832EAB5E578ECD05 6E37E38454A93EED 852AF0651108B7EA.
6 Índice 022 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado 34D6DAF87EDA16F7

EF96DCCC2967B783 7E4A79D71B0E283D 272BA6115FCC4F59.
7 Índice 032 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado 27BF994F3B0F9223

DF9F6208CB95B233 57D1FEBD7EE61DEA B891D755C32DC08A.
8 Índice 0036 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado 0960DF875B332978

AF7B87245D93B087 10678DBC515D30BC 198ACB956463C350.
9 Índice 0037 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado
9A1355C675DC13D7 F11E91DA65CCCAB1 6199A9127C671D44 455671978C8E488B.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

21. El Ministerio Público guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

22. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2024 10, el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

23. En primer lugar, se abstuvo de examinar los argumentos planteados por la
demandante en sus alegatos de conclusión, al considerar que constituían cargos
nuevos no incluidos en el escrito inicial, cuyo estudio comprometería el derecho de
defensa y el debido proceso de la parte convocada11.

24. Acto seguido, expuso que no se acreditaban los presupuestos para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional.

25. En cuanto a la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, indicó
que se sustentó el supuesto error en la exigencia de acreditar la convivencia efectiva
al momento del fallecimiento del causante. No obstante, advirtió que la demandante
no explicó de qué manera dicha decisión “violó las reglas de valoración probatoria
e interpretación jurisprudencial”; también destacó que “omitió explicar la razón
probatoria que permitiera concluir que cumplió con el requisito de convivencia de
cinco años en cualquier tiempo”.

26. Respecto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esa
corporación “no estudió” de fondo los cargos planteados en sede de casación, por
cuanto la demanda no cumplía con los requisitos previstos en los artículos 87 y 90
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Recordó que, en este
remedio extraordinario, el error de hecho solo puede fundarse en la falta de
apreciación o en la valoración indebida de documentos auténticos, confesiones
judiciales o inspecciones judiciales, y que la demandante “no demostró que las
pruebas que pretendía hacer valer y que presuntamente no fueron valoradas eran
(…) calificadas”.

27. Agregó que, si bien dicha Alta Corte advirtió que el ad quem incurrió “en un
error” al supeditar el reconocimiento pensional a la convivencia durante los cinco (5)
años previos al fallecimiento, concluyó que no existían pruebas suficientes para
acreditar la vida en común entre Fabiola Muñoz de Castro y Santiago Trifón Leo
Castro en cualquier tiempo, motivo agregado para no casar la sentencia del 31 de
mayo de 2013.

10 Índice 0040 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado
47095E8C3DAB0FC1 8E03052705C45693 AD7033E51D9AF39D 28C95E7A0D5B4F8A.
11 Al respecto, indicó: “la Sala observa que en los alegatos de conclusión la demandante allegó nuevos

argumentos que no fueron expuestos en la demanda, pues afirmó que el Tribunal Superior valoró las pruebas
extemporáneas allegadas por la demandante del proceso ordinario en el recurso de apelación. También que se
excluyeron las pruebas aportadas por la señora Fabiola Muñoz Castro con la constatación de la demanda
laboral. Agregó que la Corte Suprema de Justicia incurrió en un error judicial porque i) la interpretación de la
Ley 16 de 1969 es errada, ii) la Corte Suprema de Justicia acepta que la pareja no tenga un domicilio en común,
y iii) no tomó las fotografías como indicios de la convivencia”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

28. En ese orden, consideró que las decisiones cuestionadas obedecieron a una
valoración probatoria conforme a las reglas de la “sana crítica”, sin que se
evidenciara “una actuación caprichosa o subjetiva” de las autoridades judiciales.
29. Por último, se abstuvo de condenar en costas, al estimar que “no se causaron
expensas o gastos procesales y tampoco agencias en derecho”.

El recurso de apelación

30. La parte actora12 solicitó la revocatoria de la sentencia del 30 de agosto de 2024,
con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación.

31. Sostuvo que el Tribunal Administrativo erró al concluir que la demandante no
demostró que las pruebas documentales cuya valoración pretendía en sede de
casación tuvieran la condición de pruebas calificadas. A su juicio, esa conclusión
desconoce que varios de esos medios de convicción correspondían a documentos
auténticos por su naturaleza pública -como los registros civiles- y que otros ofrecían
certeza sobre su autoría, como aquellos mediante los cuales Trifón Leo Castro
designó a Fabiola Muñoz de Castro como su beneficiaria de los servicios de salud
y seguridad social.

32. Aseguró, a la par, que la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte
Suprema de Justicia incurrió en error jurisdiccional al privilegiar aspectos
estrictamente técnicos relacionados con la formulación de los cargos,
absteniéndose de efectuar un estudio de fondo, pese a la jurisprudencia sobre
flexibilización de los requisitos de la casación laboral; y por reconocer que el
Tribunal Superior incurrió en un “yerro jurídico” al exigir la convivencia en los cinco
(5) años previos al fallecimiento del causante, para después concluir, sin sustento,
que faltó acreditar la convivencia en cualquier tiempo, omitiendo considerar el
período durante el cual los cónyuges procrearon a sus hijos.

33. Frente a la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sostuvo
que dicha corporación interpretó erróneamente la Ley 797 de 2003 y la sentencia
SL del 24 de enero de 2012, al exigir la acreditación de la convivencia con el
causante durante los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento como requisito para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Asimismo, cuestionó que hubiera
omitido valorar los documentos aportados al proceso laboral que, a su juicio,
demostraban la convivencia en cualquier tiempo, y agregó que la conclusión, según
la cual la residencia en domicilios distintos desvirtuaba ese requisito, era
equivocada, pues desconocía que entre los consortes existían relaciones de apoyo,
ayuda mutua, socorro y dependencia económica, como lo reconoció la Corte
Suprema de Justicia en “sentencia del 15 de octubre de 2008, rad. 34466”.

34. Señaló que el hijo de la demandante instauró acción de tutela que culminó con
la Sentencia SU-169 de 2024, en la que se consideró que la providencia de la Corte
Suprema de Justicia adolecía de un defecto fáctico por no valorar las pruebas cuya
apreciación resultaba procedente. Calificó este error como significativo y

12 Índice 0044 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado
4D89D110294B0F41 06154F1D47B07212 4B83469A5ABB2D49 AEF6C9B09184F9D7.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

trascendente, pues, de haber examinado tales elementos probatorios, habría
advertido sin dificultad los errores contenidos en la providencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali. Destacó, además, que era una persona de avanzada
edad y que, al enviudar, no contaba con ingresos propios y dependía
económicamente de sus hijos.

35. Precisó que, si bien la decisión adoptada en sede de tutela implicó el
reconocimiento de las mesadas pensionales en favor de la aquí demandante desde
la fecha de fallecimiento del causante, lo cierto era que en el presente medio de
control reclamaba perjuicios por “conceptos diferentes”, tocantes al retroactivo
pensional y a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993, y perjuicios morales equivalentes a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

36. Añadió que, en caso de no considerarse procedente el reconocimiento de los
retroactivos pensionales reclamados debía disponerse, al menos, el pago de los
intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993
solicitados en la demanda y de los perjuicios morales derivados de las afectaciones
sufridas por Fabiola Muñoz de Castro durante el trámite de los procesos judiciales
promovidos para obtener el otorgamiento de la prestación.

Trámite relevante en segunda instancia

37. Mediante auto del 18 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante 13. Posteriormente, a través de providencia del
5 de mayo de 2025, la Subsección decretó pruebas de oficio14. Una vez recaudada
la documentación correspondiente15, mediante auto del 16 de abril de 202616, se
corrió traslado a las partes y demás sujetos procesales Finalmente, el 11 de junio
de la presente anualidad17 se determinó otorgar a las partes el término para alegar
de conclusión, precisándose que el Ministerio Público podría rendir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara al despacho para proferir sentencia.

13 Índice 003 de Samai, Consejo de Estado, certificado E6490F809E9208C4 46864783791DF1DF
E5EF9BCB9A77EBE3 A02E8C46EE8D7F55.
14 En esa decisión se decretaron como pruebas de oficio: (i) la incorporación de copia íntegra de la Sentencia

SU-169 de 2024, proferida por la Corte Constitucional dentro del expediente T-8.944.235, junto con las
respectivas constancias de notificación surtidas en sede de revisión; y (ii) el requerimiento a Colpensiones para
que informara si Fabiola Muñoz de Castro le fue reconocida una pensión de sobrevivientes (en caso afirmativo,
debía remitir copia del acto administrativo de reconocimiento, la constancia de inclusión en nómina de
pensionados y una relación detallada de los pagos efectuados por dicho concepto).
15 En respuesta a lo solicitado, Colpensiones informó que reconoció una pensión de sobrevivientes en favor de

Fabiola Muñoz de Castro con ocasión del fallecimiento de Santiago Trifón Leo Castro y, después, allegó dicho
acto administrativo (índice 00070 de Samai, Consejo de Estado, certificados 4612D4F7B1958A69
1DE59BA7A08F5556 8CCCD8D164630EED F50D0BFC39916428 y 017217C588EC4399
01EAB51DB34AF60E 3F385F932D9D421E 136E29603FA214D6).
La Subsección adelantó diversos requerimientos ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional,
producto de las cuales obtuvo copia íntegra de la Sentencia SU-169 de 2024 con la identificación de las partes
involucradas (al respecto, ver índices 032, 037, 045, 048, 058, 061, 062 y 064 de Samai, Consejo de Estado).
16 Índice 072 de Samai, Consejo de Estado, certificado 3047A1D0C98C81A1 720DAA70A7566E7D

E766A35F646F09B7 23DA47CBAACABF7C.
17 Índice 078 de Samai, Consejo de Estado, certificado B681E00C1DB64E68 B879732A99D683D7

AA09146110EC7D95 6FB70DA80FD9BB6C.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

38. Durante el término de traslado, la demandante18 reiteró que, pese a lo resuelto
en sede constitucional, debía aplicarse el principio de reparación integral, según el
cual “deb[ía] ser devuelta a la situación en la que estaría si el daño (el error
jurisdiccional) no hubiese ocurrido”; acto seguido, resaltó que subsistían la mayoría
de las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda. A su turno, la Rama
Judicial19 insistió en que las providencias cuestionadas no contravinieron el
ordenamiento jurídico y destacó que, conforme al nuevo material probatorio obrante
en el expediente, Fabiola Muñoz de Castro tenía la condición de pensionada, por lo
que acceder a una indemnización “adicional (…) sobre un derecho que ya fue
restablecido (…) constituiría un enriquecimiento sin causa a costa del presupuesto
del Estado”.

39. El Ministerio Público20 solicitó confirmar la sentencia, al considerar que no se
acreditó la existencia de un daño antijurídico susceptible de reparación, dado que
“el derecho cuya afectación se invoca en la demanda fuere restablecido mediante
la Sentencia SU-169 de 2024”.

CONSIDERACIONES

40. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y por pasiva, agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la
conciliación extrajudicial, y demanda en forma.

Problemas jurídicos a resolver

41. Antes de delimitar los aspectos sobre los cuales se pronunciará esta
Subsección, resulta necesario efectuar tres (3) precisiones que inciden
directamente en la definición de la controversia.

42. La primera consiste en que, aunque en la demanda se afirmó que el supuesto
error jurisdiccional se encontraba contenido tanto en la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali como en la posterior decisión de casación, lo
cierto es que el escrito introductorio no desarrolló cargos concretos e
individualizados respecto de la primera de dichas providencias, como lo indicó el
sentenciador a quo del presente proceso.

43. Frente a esa decisión, la parte actora en la apelación se limitó a indicar que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali “consideró que para acceder al derecho
reclamado era necesario acreditar la convivencia efectiva al momento del
fallecimiento del causante, y que como en el caso bajo estudio los cónyuges no se

18 Índice 083, Consejo de Estado, certificado 61E00D157C669EB0 30780BDA9FB9548A EE972FF8341D4162

9E745C1244DB8050.
19 Índice 084, Consejo de Estado, certificado C1418DDD5E7AD13E 360ABD38579AACDD
64FE10DB10ADD2F3 9D7D12D400B78B17.
20 Índice 082, Consejo de Estado, certificado 72637DB9182AC6A4 04E2248F39DB3477 745D4FA756E6839E

84BAA8C28B248828.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

encontraban en el mismo país, no existió de forma real convivencia con el ánimo de
permanecer y formar una familia”. Repárese que esta afirmación consiste en una
mera reproducción del fundamento expuesto por aquél colegiado, sin explicar por
qué dicho razonamiento constituiría un error jurisdiccional susceptible de
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado; en particular, la
demandante no identificó normas presuntamente vulneradas ni precisó la forma en
que habrían sido desconocidas; tampoco señaló los medios de prueba respecto de
los cuales habría existido un error en su valoración, ni explicó de qué manera ello
condujo a una decisión contraria al ordenamiento jurídico.

44. A lo anterior se suma que los cuestionamientos dirigidos contra la sentencia del
Tribunal Superior de Cali fueron planteados hasta los alegatos de conclusión de
primera instancia, frente a los cuales el a quo del proceso ordinario se abstuvo de
pronunciarse, al considerar que se trataba de acusaciones introducidas por fuera de
la oportunidad procesal correspondiente, cuyo estudio afectaría el derecho de
defensa y el debido proceso de la contraparte.

45. Análisis que fue compartido por el juez de primer grado de la reparación
ordinaria, quien, además, aseguró que la demandante no explicó de qué manera
dicha decisión vulneraba las reglas de “valoración probatoria e interpretación
jurisprudencial” ni aportó “la razón probatoria que permitiera concluir que cumplió
con el requisito de convivencia de cinco años en cualquier tiempo”.

46. La anterior consideración no fue objeto de cuestionamiento al apelar en el sub
examine21, pues la recurrente no expuso las razones por las cuales era equivocada.
De esta forma se tiene que faltó a las exigencias de claridad -al ser comprensible-,
precisión -al controvertir los fundamentos esenciales de la decisión cuestionada- y
debida argumentación -al ser suficiente para decantar el contenido del disenso-,
conforme a los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta Subsección 22, por

21 Al respecto, debe decirse que la carga de sustentación material del recurso de apelación que corresponde

cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida,
como tampoco con la solicitud de que se revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme, y
menos aún con la simple reiteración de las razones expuestas en la demanda; así lo ha expresado esta Sección,
en las siguientes sentencias: (i) del 17 de marzo de 2010, expediente 36.838, (ii) del 9 de junio de 2010,
expediente 19.283, y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31.469.
22 Al respecto se ha dicho:

“La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas las acusaciones que
estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté
determinado o sea determinable. // La precisión implica que se deben identificar las razones que sirvieron de
base de la decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento central de la decisión que se estima causó un
daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y no habría
causado, entonces, un daño antijurídico. // La debida argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de
suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad y la precisión,
para efectos de que opere el error jurisdiccional. // Para la Sala, es indispensable que la crítica de la providencia
aparentemente contentiva del error judicial guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que
se pretende descalificar. Valga decir, que se refiera directamente a las bases decisivas en la construcción
jurídica sobre la cual se asienta la decisión. De ahí que, si el ataque se hace bajo apreciaciones subjetivas del
demandante y no a lo que objetivamente constituye el fundamento de la providencia, se configura una carencia
demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que confluiría en un fallo denegatorio de
pretensiones. // En ese orden, el interesado debe circunscribir sus argumentos fácticos y jurídicos a desvirtuar
la presunción de juridicidad y acierto que abriga la totalidad de la providencia judicial cuestionada o que
conforman su ratio decidendi (suficiencia), al tiempo que permita verificar que el resultado del pronunciamiento
habría sido distinto de no cometerse el yerro (trascendencia), no de manera imprevista, sino con sujeción a
requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar linderos de la litis para efectos de que
sea decidida por el juez contencioso administrativo sin entrar a suplantar la esfera del juez natural.// Cabe
recordar que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que para romper con la presunción de legalidad que
ampara a las decisiones judiciales es necesario que la equivocación enrostrada al pronunciamiento judicial sea

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

dejar sin cuestionamiento las razones que llevaron a tener la sentencia del Tribunal
como ayuna de censura.

47. Tampoco puede inferirse que los cargos formulados contra la sentencia de
casación se proyecten automáticamente sobre la providencia del sentenciador ad
quem del proceso ordinario, pues se trata de decisiones jurisdiccionales autónomas,
y cada una de las cuales debe ser objeto de reproches específicos e
individualizados. En esa misma medida, la Sala no puede suplir las deficiencias
argumentativas de la demanda mediante la construcción oficiosa de cargos que la
parte omitió formular.

48. Por lo discurrido en precedencia, el estudio de esta Subsección por error
jurisdiccional se circunscribirá a la sentencia del 10 de mayo de 2021, proferida por
la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia23.

49. La segunda precisión versa sobre la adecuada sustentación del recurso de
apelación. La Subsección no desconoce que, al exponer sus inconformidades, la
parte actora formuló argumentos dirigidos contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la decisión de casación dictada dentro
del proceso ordinario laboral.

50. En efecto, de una parte, cuestionó expresamente la conclusión del a quo según
la cual no se había demostrado que los documentos cuya valoración pretendía la
señora Muñoz en sede de casación tenían la condición de pruebas calificadas; y de
otra, reiteró los cuestionamientos dirigidos contra la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia por incurrir en un exceso ritual manifiesto al privilegiar las exigencias
técnicas del recurso extraordinario, y concluir incorrectamente que no acreditó la
convivencia entre los cónyuges en cualquier tiempo.

trascendente; es decir, que tenga la suficiente relevancia como para cambiar el sentido del proveído y, además,
que se refiera a la totalidad de sus fundamentos, pues, de conservar al menos uno de los sustratos, el fallo no
podrá ser declarado como transgresor del ordenamiento. // Se aclara que, si bien la jurisprudencia traída a
colación versa sobre un recurso ajeno a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es evidente que los
razonamientos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en punto de la trascendencia y suficiencia del yerro
puesto de presente por el accionante respecto de la providencia judicial cuestionada son trasladables a la
dogmática del error jurisdiccional y deben ser siempre satisfechos por el demandante si pretende que sus
súplicas salgan avantes, debido a que tanto la casación como el error judicial se asemejan en que ambos
requieren de un mismo presupuesto para su éxito, la constatación de una transgresión relevante del carácter
constitucional y legal (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 8 de junio de 2022, expediente 51.407, C.P. María Adriana Marín). Criterio reiterado en las
sentencias del 19 de mayo de 2025, expediente 70.742, con ponencia de la consejera Adriana Marín, y del 7 de
noviembre de 2025, expediente 72.583, con ponencia del consejero ponente de esta providencia.
23 Se precisa que el eventual error atribuido a la sentencia de casación tiene aptitud suficiente para constituirse

en el hecho generador del daño cuya reparación se pretende, sin que ello dependa de que también se alegue
(y demuestre) la existencia de un error jurisdiccional en la providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali. Lo anterior obedece a que: (i) cada decisión judicial constituye un acto jurisdiccional autónomo,
proferido por una autoridad distinta, en ejercicio de competencias propias y sometido a un juicio independiente
sobre su conformidad con el ordenamiento jurídico, y (ii) el eventual error atribuido a esa decisión tenía la
potencialidad de incidir directamente en la situación jurídica de la ahora demandante dentro del proceso
primigenio (ella sostiene que, de haberse valorado los medios de convicción cuya apreciación echó de menos
la Corte Suprema de Justicia, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali habría sido casada
y sustituida por la decisión correspondiente, la cual, a su juicio, habría conllevado el reconocimiento oportuno
de la pensión de sobrevivientes que reclamaba). Cabe añadir que esta Subsección ha examinado previamente
asuntos en los que el alegado error jurisdiccional recae de manera directa y autónoma sobre una sentencia de
casación, entre ellos el resuelto mediante sentencia del 5 de mayo de 2025, expediente 71.586.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

51. Aunque la suficiencia argumentativa del primer cargo está sin discusión, frente
a las otras dos (2) reprobaciones la Subsección estima necesario hacer un ejercicio
de valoración para desentrañar su verdadero alcance, en el sentido de que, al
criticar lo acontecido en el proceso ordinario, en verdad está reprochando al juez de
la reparación directa y, por tanto, también soportan el argumento de la existencia
del error judicial pretendido.

52. Y es que, si bien la apelante formuló estos reparos contra la decisión de cierre
del proceso ordinario laboral, lo cierto es que esto no impide advertir que
materialmente se está cuestionando al veredicto del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por cuanto éste, dentro de sus consideraciones, se satisfizo con
reproducir las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia para no casar la
sentencia del Tribunal Superior y, al examinar la alegada configuración del error
jurisdiccional, se limitó a afirmar que eran “producto de la sana crítica. No se
demostró lo contrario”, sin otros análisis o mayores dilucidaciones. En este contexto,
es razonable interpretar que los cuestionamientos formulados frente a la sentencia
de casación constituyen, al mismo tiempo, una crítica a la decisión del a quo, en la
medida en que este último asumió como propios los razonamientos expuestos por
la Alta Corte y los utilizó como fundamento para desestimar las pretensiones de esta
demanda.

53. La tercera precisión se refiere a la incidencia que tiene en este proceso la
sentencia SU-169 de 2024 de la Corte Constitucional. Aunque dicha providencia no
integró originalmente la causa petendi, por haber sido dictada después de la
presentación de la demanda -e incluso con posterioridad a la sentencia de primera
instancia-, lo cierto es que la parte actora puso de presente su proferimiento en el
recurso de apelación, por cuanto con ella se dejó sin efectos la decisión de casación
soporte del reclamo de reparación directa.

54. En esas condiciones, esta Corporación la valorará, en aplicación del inciso final
del artículo 281 del Código General del Proceso, por corresponder a una situación
sobreviniente -debidamente acreditada- que incide directamente en la
determinación de la eventual subsistencia del daño antijurídico reclamado -dado que
plantearon su extinción tanto la Rama Judicial en sus alegatos finales como el
Ministerio Público- y, de otra, en razón de su relevancia en la comprobación del error
judicial alegado -conforme se sustenta en el remedio de alzada-.

55. Aclarado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 10 de
mayo de 2021, proferida por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte
Suprema de Justicia incurrió en un error jurisdiccional. Para resolver este
cuestionamiento, la Subsección abordará el estudio de los siguientes aspectos:

(i) Establecerá si, pese al reconocimiento posterior de la pensión de
sobrevivientes en favor de la señora Muñoz de Castro, subsiste el daño
antijurídico cuya reparación reclama.

(ii) De ser positiva la anterior conclusión, examinará si las razones
suministradas por la impugnante desvirtúan la conclusión del Tribunal

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Administrativo según la cual la sentencia de casación no incurrió en error
jurisdiccional. Con ese propósito, evaluará la juridicidad de la determinación
del a quo, según la cual los siete (7) medios de convicción invocados no
podían ser examinados en sede de casación por carecer de la condición de
pruebas calificadas; así como el presunto exceso ritual manifiesto en que
incurrió la Corte Suprema; y su conclusión “sin sustento” relativa a la no
acreditación de la convivencia en cualquier tiempo.

(iii) Finalmente, si la Sala concluye que dichos cargos no desvirtúan la
inexistencia del error jurisdiccional alegado, estudiará si las razones
expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-169 de 2024
permiten modificar ese entendimiento.

56. La resolución de estas materias se hará en el mismo orden de presentación,
aunque previamente formulará algunas consideraciones preliminares sobre el error
jurisdiccional y expondrá los hechos probados relevantes, con el fin de delimitar el
marco jurídico y fáctico de la controversia. Después de agotar el estudio propuesto,
se resolverá lo relativo a la condena en costas en esta instancia.

Consideraciones preliminares sobre el error jurisdiccional alegado en el sub
lite

57. Como cuestión preliminar conviene precisar que, el hecho de que la sentencia
proferida por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de
Justicia hubiera sido dejada sin efectos por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia SU-169 de 2024, no impide el examen de fondo de la responsabilidad
alegada en el presente asunto.

58. Es cierto que el artículo 67 de la Ley 270 de 199624 exige, para la procedencia
de la reclamación, que la providencia cuestionada se encuentre ejecutoriada para
efectos de la configuración del error jurisdiccional, exigencia que no se cumple
respecto de la sentencia de casación confutada, en la medida en que fue excluida
del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la circunstancia de que la providencia
hubiera sido dejada sin efectos con posterioridad no desvirtúa que produjo
consecuencias jurídicas concretas25 durante el período comprendido entre su
ejecutoria y la expedición de la Sentencia SU-169 de 2024. Por ello, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que los daños eventualmente
causados durante el lapso en que una decisión judicial produjo efectos pueden ser
objeto de análisis en sede de responsabilidad estatal, aun cuando posteriormente
aquella haya sido revocada, anulada o privada de eficacia.

59. La jurisprudencia de la Sección Tercera no ha mantenido una posición uniforme
respecto del título de imputación aplicable en la hipótesis reseñada -cuando el daño
cuya reparación se reclama se atribuye a una providencia judicial que produjo
efectos jurídicos durante su vigencia, pero que posteriormente fue revocada,

24 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: (…) 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
25 Asunto que será objeto de examen detallado en los párrafos 77 a 80 de la presente decisión.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

anulada o dejada sin efectos-; en estos eventos, las distintas Subsecciones de la
Sección Tercera han desarrollado tres líneas interpretativas. La primera sostiene
que la ausencia del requisito de firmeza impide estructurar el estudio bajo el título
específico de error jurisdiccional, por lo que el examen debe adelantarse desde la
perspectiva de una eventual falla en el servicio26. La segunda considera que la
producción de efectos jurídicos y la causación de un daño cierto constituyen razón
suficiente para abordar directamente el análisis propio del error jurisdiccional, pues
una interpretación excesivamente formal27 del artículo 67 de la Ley 270 de 1996
desconocería la finalidad constitucional del régimen de responsabilidad patrimonial
del Estado28. La tercera, de construcción más reciente, asevera que el título de
imputación aplicable es el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, entendido como el mecanismo residual previsto en el régimen estatutario
de responsabilidad judicial para examinar los daños derivados de actuaciones
jurisdiccionales, en tanto una providencia que posteriormente es dejada sin efectos
no satisface el requisito de la firmeza exigida para abordar su estudio desde la óptica
del error judicial29.

60. Pese a estas diferencias, las tres posiciones coinciden en un aspecto esencial:
la pérdida posterior de eficacia de la providencia no excluye el examen material de
la controversia ni impide determinar la eventual existencia de un daño antijurídico
indemnizable. La divergencia se circunscribe exclusivamente a la identificación del
título de imputación procedente, mas no a la necesidad de establecer si la actuación
judicial desconoció el ordenamiento jurídico y ocasionó un daño antijurídico
susceptible de reparación. En consecuencia, la circunstancia de que la sentencia
de casación hubiera sido posteriormente dejada sin efectos no releva a la Sala de
examinar si, durante el tiempo en que produjo consecuencias jurídicas, generó una
lesión antijurídica indemnizable.

61. La Sala, en esta oportunidad, examinará la controversia bajo el título de
imputación del error jurisdiccional. Esta elección responde a que: (i) la demanda se
formuló invocando expresamente este título de imputación, por cuanto al momento
de su proposición la providencia cuestionada tenía plena eficacia jurídica y aún no
había sido dejada sin efectos por la Sentencia SU-169 de 2024, la cual se profirió

26 Esta postura ha sido acogida por la Sección Tercera, Subsección A, en las sentencias de 12 de octubre de

2017 (exp. 35.337), 26 de abril de 2018 (exp. 44.685), 8 de mayo de 2019 (exp. 46753), 24 de abril de 2020
(exp. 57.541), 7 de diciembre de 2021 (exp. 65.415) y 4 de septiembre de 2023 (exp. 67.752). También la
Subsección C adoptó este criterio en las sentencias de 24 de abril de 2024 (exp. 66.898), 23 de septiembre de
2024 (exp. 70.018), 9 de abril de 2025 (exp. 70.224) y 11 de agosto de 2025 (exp. 70.495).
27 Merece especial consideración la sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 36986, en la que la Subsección

B abordó expresamente el alcance del requisito de firmeza previsto en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996. En
esa oportunidad, precisó:
“16.3. Por manera que, en aras de salvaguardar el régimen de responsabilidad administrativa emanado de un
mandato de rango constitucional, resulta entonces necesario interpretar la exigencia de firmeza de que trata el
artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en el sentido de que no consiste la misma en una ejecutoria meramente
formal, sino que se trata de un requisito que se cumple también cuando los efectos dañosos de la providencia
revocada perduran en el tiempo porque, como ocurre con los medios de impugnación y eventual revisión propios
de la acción de tutela regulados por el Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de control que dio lugar a la
enervación del pronunciamiento fue concedido en el efecto devolutivo”.
28 Esta postura ha sido acogida, entre otras, por la Sección Tercera, Subsección B, en las sentencias del 18 de

mayo de 2017 (exp. 40.786), 6 de julio de 2017 (exp. 36.986) y 14 de febrero de 2018 (exp. 43.735). En la
misma línea, la Subsección C profirió las sentencias del 28 de febrero de 2022 (exp. 57011) y del 11 de
diciembre de 2024 (exp. 69.169).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27

de abril de 2026, exp. 71.619.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

tiempo después; (ii) fue bajo ese mismo título que la Rama Judicial ejerció su
defensa a lo largo del juicio, por lo que un cambio en la misma puede significar una
conculcación de su derecho de contradicción; y (iii) tal régimen ofrece criterios
jurisprudenciales particularmente útiles para resolver esta controversia, en tanto lo
que está en discusión es la juridicidad de la sentencia que resolvió el recurso de
casación. Con todo, se precisa que las anteriores consideraciones no implican la
adopción de una regla general conforme a la cual toda controversia relacionada con
providencias posteriormente revocadas o dejadas sin efectos deba examinarse bajo
el título de error jurisdiccional. La determinación que se efectúa en este caso atiende
a las particularidades fácticas y jurídicas a que se ha hecho referencia.

62. Sobre el título de imputación que servirá de criterio orientador, sea lo primero
señalar que las providencias proferidas por las Altas Cortes -como la que aquí se
acusa- pueden incurrir en eventuales errores jurisdiccionales. Si bien en la
Sentencia C-037 de 199630 se indicó que “en principio” esto no resultaba posible, lo
cierto es que, con posterioridad, tanto la Corte Constitucional31 como el Consejo de
Estado32 han precisado que el artículo 90 de la Constitución Política no excluye a
ninguna autoridad de ser responsable patrimonialmente, y esto incluye a todos los
órganos y corporaciones judiciales, incluidos los órganos de cierre. Regla reiterada
en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin
distinción de ninguna clase, en el sentido de que toda persona tiene derecho a ser
reparada en caso de defecto jurisdiccional. Así, se ha indicado33 que el criterio fijado
en la sentencia C-037 de 1996 se ha dejado de lado.

63. Con todo, cuando la providencia cuestionada corresponde a una sentencia de
casación, el análisis exige consideraciones particulares derivadas de la naturaleza
y alcance de este recurso extraordinario. En efecto, mientras “los jueces de primera
y segunda instancia examinan la conducta de los particulares frente al derecho
vigente”, en sede de casación el objeto del examen se desplaza “pues el Tribunal o
Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la
actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo
ordenado por la ley”34.

64. Dicho de otra manera, mientras que en los grados jurisdiccionales el objeto en
discusión es la controversia sustancial, con las limitaciones propias del principio de
congruencia para cada uno de ellos, en la casación la materia de examen es la
providencia del ad quem35; lo que se explica porque, como mecanismo

30 Providencia que profirió la Sala Plena de la Corte Constitucional al hacer el control previo y automático del

proyecto de la Ley Estatutaria.
31 Corte Constitucional, C-038 de 2006.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de

2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 26 de marzo de 2014, expediente 30.300

C.P. Enrique Gil Botero.
34 Así lo explicó la Corte Constitucional, en la sentencia C-252 de 2011, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
35 “Es rasgo definitorio de este medio de impugnación su naturaleza extraordinaria, en cuanto no se erige como

una instancia adicional a reabrir el debate fáctico de la controversia (thema decidendum), sino como un
mecanismo orientado a examinar la juridicidad de la providencia impugnada (thema decisum)” (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC3063 del 2 de junio de 2026, exp. 2022-00046-01, M.P. Hilda
González Neira). “La competencia que el recurso de casación otorga a la Corte, no abre un debate sin límite
como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre sí la censura, como

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

extraordinario, su finalidad central consiste en garantizar la correcta aplicación del
derecho objetivo, y propender por la coherencia y unidad del ordenamiento jurídico.

65. En consecuencia, para que prospere una imputación por error jurisdiccional
atribuida a la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de una sentencia de casación,
es indispensable que la parte demandante identifique y demuestre el yerro de hecho
o de derecho alegado, teniendo en cuenta el marco competencial de ese colegiado,
al que únicamente le corresponde pronunciarse sobre los aspectos específicamente
censurados por el recurrente en la demanda casacional, los cuales deben
encontrarse enmarcados en las causales de casación previstas taxativamente en la
ley y sujetos “a los contenidos valorativos que caracterizan e identifican cada causal
en sus singulares motivos y sentidos de violación”36.

66. No obstante, esta exigencia reforzada no implica que las sentencias de casación
estén excluidas del control por error jurisdiccional; significa, más bien, que, dada la
naturaleza extraordinaria y unificadora del recurso, así como las competencias
atribuidas a la Corte Suprema de Justicia en materia de interpretación normativa, la
acreditación del yerro exige demostrar una extralimitación funcional o una actuación
abiertamente contraria al orden jurídico37.

Relación de hechos probados relevantes

67. En el presente asunto se encuentra acreditado que Santiago Trifón Leo Castro
falleció el 11 de enero de 2010, según consta en su registro civil de defunción38. En
vida fue titular de una pensión de jubilación reconocida por el ISS a través de
Resolución No. 755 del 20 de marzo de 198539 y de una pensión de vejez otorgada
mediante Resolución No. 7983 del 30 de noviembre de 199440.

68. Con ocasión de su fallecimiento, Fabiola Muñoz de Castro, en calidad de
cónyuge supérstite, y Eunice Delgado Rico, quien alegó ser su compañera
permanente, solicitaron ante el ISS el reconocimiento de la pensión de

thema decisum” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC466 del 18 de diciembre de
2023, exp. 2018-00171-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).
36 Pabón Gómez, Germán. De la casación y la revisión en el Estado Constitucional, Social y Democrático de

Derecho. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, 2014. página 124.
37 Resulta pertinente traer a colación las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 16 de febrero de 2016 (exp.
71.794):
“De manera que la carga argumentativa que se esgrima en contra de este tipo de determinaciones exige
demostrar que la Corte Suprema de Justicia incurrió en un yerro por desbordar el ámbito funcional del recurso
extraordinario, pues es esa Corporación, obrando como juez de casación, la llamada a interpretar la ley y a
garantizar su correcta aplicación, así como la protección de la legalidad. En ese sentido, cuando se casa la
sentencia impugnada y se profiere una sentencia de reemplazo, el análisis del eventual error jurisdiccional
puede abordarse con los parámetros propios de un proceso ordinario.
Con todo, ello no significa que las sentencias de casación queden sustraídas del control por error jurisdiccional;
implica, más bien, que dada la naturaleza extraordinaria y unificadora del recurso, así como las competencias
específicas asignadas a la CSJ en materia de interpretación normativa al conocer un recurso de casación, la
acreditación de un yerro por razones de derecho exige una carga argumentativa particularmente cualificada,
orientada a demostrar no una simple discrepancia hermenéutica, sino un desbordamiento funcional, un
desconocimiento del ordenamiento jurídico o una actuación abiertamente contraria a la legalidad”.
38 Folio 61 del documento visible en índice 010 de Samai, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, certificado

4EA29FE7AA12A82F 62E3FEC1A602A5C0 8FD675AEE0EB1224 1899E90478E31957.
39 A través de la Resolución No. 5806A del mismo año, modificó dicha decisión en lo relacionado con la

distribución de la cuota parte pensional entre las entidades concurrentes. Folios 40 a 53 ibidem.
40 Folio 55 ibidem.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

sobrevivientes. No obstante, la entidad negó ambos pedimentos mediante
Resolución No. 9984 del 27 de septiembre de 2010, al considerar que ninguna
acreditó los requisitos de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 200341.

69. Como consecuencia de dicha decisión, Eunice Delgado Rico promovió proceso
ordinario laboral contra el ISS, en el que solicitó el otorgamiento de la prestación en
calidad de compañera permanente e instó la vinculación de Fabiola Muñoz de
Castro como litisconsorte necesaria42. A su turno, esta última se opuso a las
pretensiones de la demandante y reclamó el reconocimiento de la pensión a su favor
como cónyuge supérstite43.

70. Mediante sentencia del 14 de febrero de 2013, el Juzgado Quinto Laboral de
Descongestión del Circuito de Cali negó las pretensiones de Eunice Delgado Rico
y otorgó la prestación pensional a Fabiola Muñoz de Castro44. Sin embargo, dicha
decisión fue revocada por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de mayo de 2013, al concluir que ninguna
de las reclamantes acreditó el requisito de convivencia45. Contra esta última
providencia, las dos vencidas46 interpusieron, por separado, demanda de casación.
La señora Muñoz de Castro formuló tres cargos. En el primero alegó la violación
directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del literal a) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, al considerar que el Tribunal exigió indebidamente acreditar la
convivencia en los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante. En el
segundo embate, denunció la desatención indirecta de disposiciones sustantivas47,
fundada en la “equivocada apreciación” de múltiples medios de prueba, tales como
el registro civil de matrimonio, los registros civiles de nacimiento de los hijos,
documentos expedidos por el ISS, certificaciones de afiliación, declaración
extrajuicio de convivencia y fotografías con familiares, los que, a su juicio,
acreditaban el cumplimiento del requisito legal48. En el tercer cargo, invocó la
violación directa de la ley sustancial, esta vez por falta de aplicación del literal a) del
artículo 13 de la Ley 797 de 200349.

41 Folios 69 y 70 ibidem.
42 Folios 72 a 75 ibidem.
43 Folios 78 y 89 ibidem.
44 Folios 94 y 112 ibidem.
45 Folios 123 y 138 ibidem.
46 Folios 140 y 146 Ibidem.
47 En este cargo, mencionó el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política,

en relación con los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990 y el artículo 163 de la Ley 100 de 1993.
48 Al respecto, manifestó: “La infracción de las normas citadas fue consecuencia de los evidentes errores de

hecho en los cuales incurrió el Tribunal y que a continuación se precisan: 1. No dar por demostrado estándolo,
que la señora FABIOLA MUÑOZ DE CASTRO, esposa del causante TRIFÓN LEO CASTRO, convivió con su
esposo los 14 últimos años de vida del causante. // 2. No dar por demostrado estándolo, que la señora FABIOLA
MUÑOZ DE CASTRO compartió con su esposo TRIFÓN LEO CASTRO durante toda la vida matrimonial el
apoyo económico, moral y afectivo, en un vínculo que nunca se rompió. // 3. No dar por demostrado estándolo
que el señor TRIFÓN LEO CASTRO desde que fuera pensionado y hasta el día de su muerte mantuvo ante las
instituciones de seguridad social vinculada como su esposa a la señora FABIOLA MUÑOZ DE CASTRO en
cuyo favor reclamó el incremento del 14% por cónyuge, además de inscribirla como beneficiaria de su servicio
de salud.”
49 Citó precedentes jurisprudenciales que, en su criterio, respaldaban la aplicación del artículo 13 de la Ley 797

de 2003; después, alegó la vulneración de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

71. Mediante sentencia SL2100-2021 del 10 de mayo de 2021, la Sala Laboral de
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia
del 31 de mayo de 201350.

72. Resolvió de manera conjunta el primer y el tercer cargo, al considerar que
“denuncia[ban] igual grupo normativo, se val[ían] de una argumentación común que
se complementa[ba] (…) y la solución a impartir e[ra] semejante”, encontrando
“deficiencias técnicas” que impedían un pronunciamiento de fondo.

73. Al respecto, indicó, con apoyo en los artículos 87, 90 y 91 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, la Ley 16 de 1969 y la jurisprudencia -CSJ
SL3014-2019 y SL609-2019-, que la recurrente invocó modalidades de violación de
la ley sustancial incompatibles entre sí, “puesto que no es lógico que se alegue que
el Tribunal cometió el error de no aplicar deliberadamente una norma de carácter
sustancial y a renglón seguido, asegurar que también incurrió en una indebida
interpretación de la misma”51. Asimismo, señaló que la demanda de casación
carecía de un desarrollo argumentativo mínimo porque no contrastó el
entendimiento acogido por el Tribunal con el que consideraba correcto -citó la
sentencia “CSJ SL, 2 junio 2009 radicación 36033, reiterada en la CSJ SL 192-
2021”-. Añadió que la sustentación de las acusaciones se asemejaba a un alegato
propio de instancia.

74. En cuanto al segundo cargo, esa Corte recordó que la valoración probatoria
efectuada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali gozaba de presunción
de acierto, derivada del principio de libre apreciación de la prueba consagrado en
los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. De
igual forma, indicó que, conforme al artículo 7° de la Ley 16 de 1969, únicamente
tienen la condición de pruebas calificadas en la casación laboral los documentos
auténticos, la confesión judicial y la inspección judicial.

75. Alegó que las pruebas invocadas por la recurrente no podían ser objeto de
estudio en esa sede, por las siguientes razones:

(i) Algunos documentos -como los registros civiles de matrimonio y nacimiento y
el certificado de afiliación en salud- no fueron valorados por el Tribunal, lo que
descartó la “apreciación errónea” invocada en el escrito de casación -citó la
decisión “CSJ SLA924-2020”-.

(ii) Otros medios de convicción -tales como la solicitud de incremento pensional,
el escrito radicado ante el ISS y la declaración extrajuicio- tampoco fueron
valorados por el Tribunal y, además, correspondían a manifestaciones
provenientes de la propia interesada o del causante, frente a los cuales indicó

50 Folios 164 a 197 ibidem.
51 Sobre el particular, se lee lo siguiente: “En la proposición jurídica del primer cargo, la censura indica que el

Tribunal incurrió en la interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y luego procede a citar
textualmente apartados de sentencias de esta Sala como demostración de ambos cargos, aun cuando en el
tercero, la submodalidad escogida fue la infracción directa de la misma norma. Tal y como lo anotó la oposición,
estos submotivos de ataque por la vía directa son excluyentes entre sí, puesto que no es lógico que se alegue
que el Tribunal cometió el error de no aplicar deliberadamente una norma de carácter sustancial y a renglón
seguido, asegurar que también incurrió en una indebida interpretación de la misma”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

que nadie puede fabricar su propia prueba -mencionó la sentencia “CSJ, SL 29
septiembre 2005, radicado 24450, criterio reiterado en providencia CSJ
SU17191-2015”-.

(iii) Las fotografías no constituían pruebas calificadas para efectos del recurso
extraordinario de casación, de acuerdo con la sentencia CSJ SL903-2014.

76. Acto seguido, reconoció que el Tribunal Superior de Cali incurrió en un error al
considerar que la convivencia exigida por la ley debía acreditarse dentro de los cinco
(5) años anteriores al fallecimiento del causante, conforme a la línea jurisprudencial
vigente en materia de vínculo matrimonial, siempre que subsista la comunidad de
vida propia de la relación conyugal; sin embargo, concluyó que “no casar[ía] la
sentencia impugnada pues en instancia se llegaría a la misma conclusión, esto es,
que Fabiola Muñoz de castro no tiene el derecho a la pensión de sobrevivientes
porque no demostró en las instancias que convivió con el causante al menos
durante cinco años en cualquier tiempo”.

77. El 26 de noviembre de 2021, Diego Fernando Castro Muñoz, en representación
de Fabiola Muñoz de Castro, promovió acción de tutela contra la Sala Laboral de
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que la sentencia
del 10 de mayo de 2021 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la
protección reforzada de las personas de la tercera edad52.

78. El amparo constitucional fue negado en primera y segunda instancia por las
Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente;
no obstante, la Corte Constitucional seleccionó el asunto para revisión y profirió la
sentencia SU-169 el 9 de mayo de 202453.

79. En relación con el defecto fáctico, la Corte Constitucional estimó que la
interpretación adoptada por la Corte Suprema resultó excesivamente formalista
frente a las particularidades del caso. Además, advirtió que varios de los
documentos invocados por la recurrente sí eran pruebas calificadas susceptibles de
examen en sede de casación laboral, como las constancias de afiliación al sistema
de salud y los registros civiles de matrimonio y nacimiento. En cuanto a las
fotografías, indicó que, si bien alguna jurisprudencia había negado el linaje antes
mencionado, existían precedentes en los que han sido valoradas en conjunto con
otras pruebas.

80. Adicionalmente, encontró configurados: (i) un defecto por falta de motivación, al
considerar que la Corte Suprema no ofreció una justificación fáctica ni jurídica
suficiente para sostener que no se acreditó la convivencia durante al menos cinco
(5) años en cualquier tiempo, pese a que el juez de primera instancia había llegado
a una conclusión distinta; y (ii) el desconocimiento del precedente, tanto
constitucional como en su dimensión horizontal, en materia de acreditación del

52 Información tomada de los antecedentes de la Sentencia SU-169 de 2024, proferida por la Corte
Constitucional.
53 Ibidem.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

requisito de convivencia en supuestos de interrupción justificada de la cohabitación,
reiterando que dicho requisito puede cumplirse en cualquier tiempo siempre que
subsista el vínculo matrimonial.

81. Con fundamento en estas premisas la Corte Constitucional dejó sin efectos la
sentencia del 10 de mayo de 2021, en lo que respecta al recurso de casación
interpuesto por Fabiola Muñoz de Castro. Asimismo, consideró que las
circunstancias del caso justificaban la adopción de una sentencia de reemplazo, con
el fin de brindar una solución definitiva y garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales comprometidos, en atención, entre otros factores, a la
edad de la accionante, sus condiciones de salud y la prolongada duración del litigio.

82. En ese contexto, la Corte concluyó que se encontraba acreditada la existencia
de una comunidad de vida entre los cónyuges, caracterizada por vínculos de
solidaridad, apoyo mutuo y asistencia recíproca; en consecuencia, verificó el
cumplimiento de los requisitos previstos en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003 y, por ende, dejó en firme la sentencia
proferida el 14 de febrero de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral de Descongestión
del Circuito de Cali, mediante la cual se había reconocido la pensión de
sobrevivientes a favor de Fabiola Muñoz de Castro.

Análisis de los problemas jurídicos

De la subsistencia del daño antijurídico alegado después de la sentencia del
máximo órgano constitucional

83. Con ocasión de la sentencia de revisión de la Corte Constitucional, en la que se
dejó en firme la providencia dictada el 14 de febrero de 2013 por el Juzgado Quinto
Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, se mantuvo la orden de reconocer la
pensión de sobrevivientes a favor de la señora Fabiola Muñoz de Castro, con
efectos a partir del 12 de enero de 2010; aunque la condena le fue impuesta al
extinto ISS, se precisó que su cumplimiento le correspondía a Colpensiones54.
Asimismo, se acreditó que dicha administradora pensional dio cumplimiento a dicha
decisión y, mediante la Resolución No. 2025_9095090_10-2025_8968739-
2024_16765535-2025_8595076-2025_8947514 -sin fecha-, reconoció la sustitución
pensional con carácter vitalicio y ordenó el pago del retroactivo y la indexación,
previa deducción de los aportes al sistema de salud; valor que le fue pagado a la
beneficiaria, según consta en el oficio del 24 de febrero de 2026 suscrito por la
Directora de Nómina de Pensionados de esa entidad55.

84. Significa que las mesadas pensionales reclamadas a título de indemnización de
perjuicios por el error judicial, pagaderas desde el fallecimiento del causante y con
indexación, fueron satisfechas con ocasión del fallo de revisión constitucional. Esta

54 Así se dispuso en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 14 de febrero de 2013, proferida

por el Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, de conformidad con lo previsto en el inciso
final del artículo 35 del Decreto 2013 de 2012 y el inciso segundo del artículo 60 del Código de Procedimiento
Civil.
55 Sobre el particular, véase el índice 070 de Samai, Consejo de Estado, certificados 4612D4F7B1958A69

1DE59BA7A08F5556 8CCCD8D164630EED F50D0BFC39916428 y 017217C588EC4399
01EAB51DB34AF60E 3F385F932D9D421E 136E29603FA214D6.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

circunstancia, sin embargo, no torna inexistente el daño cuya reparación se reclama
en el presente proceso, tocante a los efectos que, sobre la satisfacción oportuna del
derecho sustancial cuya protección perseguía la actora en la causa primigenia,
produjo la supuesta equivocación del sentenciador ordinario56.

85. Lo anterior por cuanto, en el interín en que mantuvo vigencia la sentencia de
casación, el disfrute efectivo del derecho pretendido se vio postergado en el tiempo,
aspecto que fue reclamado como soporte de la reparación directa, porque, no solo
se pretendió el reconocimiento del retroactivo pensional57, sino también el pago de
los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los
cuales no fueron reconocidos en el proceso ordinario laboral -incluyendo la
sentencia de revisión-, así como la afectación moral que afirma haber sufrido como
consecuencia de la prolongación del litigio58.

86. En esas condiciones, es cierto que con la expedición de la Sentencia SU-169
de 2024 se restableció el goce efectivo del interés jurídico afectado por la decisión
casacional confutada, pero sólo de forma parcial, por no haber solventado lo tocante
a los efectos de la tardanza judicial y de las afectaciones a la paz y sosiego de la
demandante, concretados en los perjuicios por la mora en el pago de las mesadas
pensionales y por daño moral. Esta conclusión encuentra respaldo en la
jurisprudencia de esta Corporación59, según la cual la acción de reparación directa
no está orientada a obtener nuevamente el derecho o la prestación que constituyó
el objeto del litigio primigenio, sino a procurar “la reparación del daño sufrido como
consecuencia de [la] decisión [judicial]” supuestamente errónea.

87. Aunque podría sostenerse que la sentencia de la Corte Constitucional puso fin
de manera definitiva al litigio laboral primigenio, ello no significa que hubiera resuelto
la totalidad de las cuestiones que sustentaron la reclamación indemnizatoria de la
demandante en el sub examine. En efecto, al proferir una decisión de reemplazo, la

56 Al respecto, se puede consultar, entre otras, la sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por la Subsección

A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 66.867, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico.
57 Debe precisarse que, en el escrito presentado durante el traslado concedido para alegar de conclusión en

segunda instancia, la parte actora sostuvo que, de haberse valorado adecuadamente las pruebas y de haberse
condenado a las entidades que sucedieron al ISS, la demandante habría recibido íntegramente el retroactivo
correspondiente tanto a la pensión convencional -que afirma debía asumir la UGPP- como a la pensión legal -
reconocida por Colpensiones-, razón por la cual el monto dejado de reconocer por la UGPP constituía un daño
material cuya reparación también reclamaba. Sin embargo, ese planteamiento introduce una controversia que
no integró el objeto del proceso ordinario laboral que culminó con la sentencia de casación aquí cuestionada.
En efecto, dicha causa se circunscribió a establecer cuál de las dos reclamantes -Eunice Delgado Rico o Fabiola
Muñoz de Castro- reunía los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada
con ocasión del fallecimiento de Santiago Trifón Leo Castro, por cuenta de la pensión reconocida por el ISS
mediante la Resolución No. 007938 de 1994 -sin hacer referencia a la otorgada al mismo causante por medio
de la Resolución No. 755 de 1985-. En consecuencia, lo relativo a la pensión convencional no puede
incorporarse a este medio de control.
58 En el recurso de apelación precisó que, de no accederse al reconocimiento de los retroactivos, debían

concederse, al menos, los intereses moratorios causados y los perjuicios morales solicitados.
59 Esta Corporación, refiriéndose al perjuicio por error judicial, señaló que éste “no puede coincidir con la

pretensión formulada en el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error, porque
dicha providencia hizo tránsito a cosa juzgada y lo que se puede solicitar en este proceso es la reparación del
daño sufrido como consecuencia de tal decisión... Es evidente que dentro del daño sufrido por el demandante
podrá estar incluido el valor de la condena que fue impuesta a dicha parte y, en otros, el valor de las pretensiones
que fueron denegadas. Lo que resulta inadmisible es concurrir al proceso de reparación directa reclamando lo
mismo que se pidió en el proceso judicial donde se profirió la sentencia contentiva del error, o formulando
pretensiones que impliquen dejarla sin efectos, porque en ese caso se está confundiendo la acción de
reparación directa por error judicial con una tercera instancia de un proceso judicial terminado” (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de
2020, exp. 34343 y 36750, C.P. Martín Bermúdez Muñoz).

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Corte Constitucional se limitó a dejar en firme la sentencia proferida el 14 de febrero
de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, sin
pronunciarse específicamente sobre las consecuencias derivadas de la tardanza en
el reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales. Así las cosas, el
análisis desarrollado por el tribunal constitucional estuvo orientado a la protección
de los derechos fundamentales de la accionante y al restablecimiento de su mínimo
vital, mas no a determinar si la actuación judicial cuestionada le generó afectaciones
autónomas susceptibles de reparación.

88. Aunado a lo anterior, en el presente asunto no se pretende reabrir el debate
relativo a la titularidad del derecho pensional. Lo que corresponde determinar es si,
con ocasión de la manera en que dicha controversia primigenia fue decidida, se
produjo un daño antijurídico que comprometa la responsabilidad patrimonial de la
Rama Judicial. Esta distinción obedece a que el objeto y la causa de ambos
procesos son sustancialmente diferentes. Mientras que la causa laboral buscaba el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora Fabiola
Muñoz de Castro60, la presente acción de reparación directa61 se fundamenta en un
supuesto distinto: las afectaciones ocasionadas por cuenta de las providencias
judiciales que resolvieron el litigio ordinario en cita.

89. Por consiguiente, subsiste un ámbito de análisis propio e independiente en
relación con los daños cuya indemnización se reclama mediante el presente medio
de control.

De la ausencia de error judicial por la razonabilidad de la sentencia de
casación

90. Antes de evaluar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la falla en
el servicio en el sub examine, es menester señalar que el fallo de revisión de la
Corte Constitucional, no impide y, menos aún, sustituye el análisis que debe realizar
esta Corporación para establecer si se configura la responsabilidad patrimonial del
Estado. Esto obedece a que el control constitucional de las providencias judiciales
y el juicio de reparación directa, aunque pueden recaer sobre una misma decisión
judicial, responden a finalidades y lógicas distintas; aquélla, fundada en la
flexibilidad y la agilidad, y éste en la determinación rigurosa del yerro jurisdiccional.
En consecuencia, la intervención del juez constitucional no releva al juez

60 Transcripción de las pretensiones formuladas por la señora Fabiola Muñoz de Castro dentro del proceso

ordinario laboral, visible a folio 84 del documento obrante en el índice 010 del expediente electrónico de Samai
correspondiente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, identificado con el certificado
4EA29FE7AA12A82F-62E3FEC1A602A5C0-8FD675AEE0EB1224-1899E90478E31957.
“PRETENSIONES DE LA SEÑORA FABIOLA MUÑOZ DE CASTRO
Se solicita de manera respetuosa al señor Juez, OTORGAR la pensión de sobrevivientes del causante TRIFON
LEO CASTRO SANTIAGO, a favor de la señora FABIOLA MUÑOZ DE CASTRO, en su calidad de cónyuge
supérstite, a partir del 11 de enero de 2010.
Así mismo, se solicita condenar al Instituto de Seguros Sociales, pagar a favor de la señora FABIOLA MUÑOZ
DE CASTRO, el retroactivo a que haya lugar con los respectivos intereses moratorios establecidos en el artículo
141 de la ley 100 de 1994.
Las sumas no susceptibles intereses moratorios serán indexadas desde la fecha en que debieron pagarse y
hasta la que efectivamente se paguen.
Se condenará en costas a la entidad demandada y a la demandante a favor de mi representada”.
61 Las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa fueron transcritas en las páginas 2 y 3 de

esta decisión.

22

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

contencioso de realizar su propio examen ni predetermina el sentido de la decisión
que deba adoptarse en este proceso62.

91. Bajo esa premisa, corresponde a la Subsección establecer si los argumentos
expuestos por la apelante desvirtúan la conclusión del Tribunal Administrativo,
según la cual la sentencia del 10 de mayo de 2021 constituyó una decisión
jurídicamente razonable.

92. Para este fin, procede rememorar que el a quo desestimó la reclamación
judicial, bajo el argumento inicial de que la demandante no demostró que los medios
de convicción cuya valoración pretendía en sede de casación tuvieran la naturaleza
de pruebas calificadas. A esto se opuso en la apelación, bajo la premisa de que
algunos de esos elementos sí reunían dicha condición, al menos aquellos auténticos
y respecto de los cuales existía certeza sobre su autoría.

93. La Subsección advierte que ciertamente el Tribunal Administrativo incurrió en
una generalización contraria a la literalidad del veredicto acusado, que únicamente
acudió al argumento del linaje probatorio para referirse a las fotografías, no así para
los registros civiles o los documentos provenientes de las partes.

94. En verdad, una lectura integral de la sentencia de casación permite constatar
que la decisión de no valorar los documentos invocados en la apelación no se
sustentó en la ausencia de su condición de calificados, sino en consideraciones
relacionadas con las limitaciones propias del recurso extraordinario.

95. En efecto, respecto de los registros civiles, la Corte Suprema de Justicia explicó
que no podían ser estudiados porque el cargo fue formulado bajo la modalidad de
apreciación errónea, a pesar de que tales documentos no habían sido valorados por
el Tribunal Superior, circunstancia que impedía predicar respecto de ellos un error
de esa naturaleza. En cuanto a los documentos radicados por Santiago Trifón Leo
Castro ante el ISS, precisó que tampoco habían sido apreciados por el juez de
segunda instancia en el proceso ordinario y, por ende, se excluye un error por
tergiversación; además, por corresponder a manifestaciones provenientes de la
propia interesada, encajan dentro de la prohibición de elaborar su propia prueba.
Solo en relación con las fotografías señaló que no constituían pruebas calificadas,
para efectos del recurso extraordinario de casación.

62 Sobre este particular, conviene precisar que, si bien en una etapa inicial la jurisprudencia constitucional asimiló

el error jurisdiccional a la denominada vía de hecho, entendida como una actuación subjetiva, caprichosa,
arbitraria y abiertamente contraria al debido proceso, el Consejo de Estado explicó que dicha identificación
resulta improcedente. Lo anterior, por cuanto la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional
no recae sobre la conducta subjetiva del funcionario judicial, sino sobre la contradicción objetiva entre la
providencia cuestionada y el ordenamiento jurídico. No obstante, esa autonomía conceptual no excluye la
posibilidad de acudir a las categorías analíticas desarrolladas por la Corte Constitucional en sede de tutela para
identificar determinados supuestos de error judicial. Así ocurre, por ejemplo, con el defecto fáctico por omisión
valorativa, cuya construcción dogmática constituye un referente útil para la teorización y comprensión del error
de hecho como modalidad del error jurisdiccional; ello sin que tal aproximación suponga equiparar ambas
instituciones ni releve al juez de la responsabilidad extracontractual del Estado de efectuar un juicio autónomo,
conforme al estándar objetivo que gobierna la configuración del error jurisdiccional. Al respecto, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de
2014, exp. 30.300, C.P. Enrique Gil Botero.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

96. Como el sentenciador de primera instancia en el presente litigio no se adentró
en la revisión de estas materias, más allá de transcribir la decisión judicial, procede
realizarlo en esta instancia.

97. Frente al primero de los aspectos, que se inserta dentro de la alegación general
del remedio vertical sobre el exceso ritual de la decisión casacional, la Subsección
observa que, contrario a lo alegado, la Corte Suprema de Justicia aplicó las
exigencias propias del recurso extraordinario, a partir de lo cual identificó diversas
deficiencias en la formulación de los cargos presentados por la señora Muñoz de
Castro, lo que condujo a la inviabilidad de hacer un estudio de fondo.

98. Respecto de los cargos primero y tercero, consideró, de una parte, que fueron
estructurados sobre modalidades de violación de la ley sustancial incompatibles
entre sí -pues los fundamentos desarrollados en uno resultaban inconciliables con
los planteados en el otro- y, de otra, que la demanda de casación no contenía el
desarrollo argumentativo mínimo exigido para demostrar el supuesto yerro jurídico
atribuido al Tribunal Superior, pues no identificaba con claridad la interpretación
acogida por este ni explicaba cuál era el entendimiento que se estimaba correcto.
Frente al segundo cargo, como se explicó, advirtió que la mayor parte de los medios
de convicción invocados no podían ser examinados en sede de casación porque el
reproche había sido formulado bajo la modalidad de apreciación errónea, cuando
de existir un yerro debió formularse como falta de apreciación probatoria.

99. Al respecto, procede señalar que la demanda de casación en asuntos de
conocimiento de la jurisdicción laboral está sometida a unos requisitos específicos,
que emanan de los artículos 87, 89 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social63, cuyo desconocimiento apareja su desestimación, dentro de los
que se resalta el deber para el promotor de expresar los motivos de casación con
precisión y claridad, plantear los reparos de forma puntual y sucinta, y no extenderse
en consideraciones jurídicas como si fuera un alegato de instancia64.

100. En ese contexto, las censuras contra la sentencia de segundo grado en el
proceso ordinario no pueden consistir en una revisión de la totalidad de la
controversia o en una explicación sobre cuál es la mejor resolución del caso. De
procederse de esta última forma la demanda estaría mal encausada, impidiendo el
control de legalidad del fallo confutado.

101. Además, cuando el recurrente estructura su impugnación sobre reproches
mutuamente incompatibles, su examen resulta improcedente, pues la contradicción
interna de los cargos impide identificar con la claridad y precisión exigidas el
verdadero alcance de la censura. En tales eventos, la acusación carece de la

63 Norma vigente a la fecha de los hechos, derogada a partir del 2 de abril de 2026 por el artículo 331 de la Ley

2452 de 2025.
64 “Artículo 90. La demanda de casación deberá contener:(…)

5. La expresión de los motivos de casación, indicando: // a) El precepto legal sustantivo, de orden nacional, que
se estime violado, y el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación indebida o por interpretación
errónea. // b) En caso de que se estime que la infracción legal ocurrió como consecuencia de errores de hecho
o de derecho en la apreciación de pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase de error se
cometió”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

coherencia lógica necesaria para propiciar un pronunciamiento de fondo, toda vez
que su resolución conduciría inevitablemente a conclusiones excluyentes entre sí.

102. Esta incompatibilidad se hace aún más evidente cuando se denuncia una
indebida valoración probatoria respecto de elementos de juicio que el juzgador no
examinó ni consideró al momento de adoptar su decisión. En efecto, no resulta
lógico atribuir un error en la apreciación de un medio suasorio sobre el que se
guardó silencio o se prescindió de cualquier análisis. En tales circunstancias, el
reproche debió orientarse a cuestionar su pretermisión o falta de valoración.

103. Comoquiera que esos fueron precisamente los defectos identificados por la
Corte Suprema de Justicia para desestimar el recurso de casación de la ahora
demandante, la providencia cuestionada se muestra armónica con las reglas
procesales que regulaban el trámite y resolución de dicho mecanismo
extraordinario.

104. Por lo demás, se aclara que la exigencia de que se satisfagan los requisitos
técnicos que gobiernan el recurso extraordinario de casación no constituye un culto
a la formalidad. Responde al carácter excepcional y limitado de dicho mecanismo y
forma parte de las garantías propias de un debido proceso previamente establecido
y conocido por las partes. En este sentido, la propia Corte Constitucional65 ha
señalado que, en materia de casación, “la regla general es la improcedencia del
recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”, lo que
explica entonces que “la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos (…)
puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso
para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una
restricción al acceso a la justicia, por cuanto (…) para dirimir los conflictos y
solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el
ordenamiento prevé el trámite de las instancias”.

105. Respecto a la observancia de las reglas probatorias que limitan la valoración
de documentos emanados de la propia interesada, con fundamento en la prohibición
de preconstituir prueba en favor propio, encuentra soporte en principios como la
buena fe procesal y la proscripción de obtener ventajas a partir de la propia
actuación, por lo que no luce contrario al marco adjetivo aplicable. Más aún, por
cuanto la recurrente no formuló argumentos concretos para controvertir este
análisis.

106. Frente a las fotografías, que fueran calificadas como una de las pruebas que
no habilitan el estudio en casación, encuentra respaldo normativo expreso en el
numeral 1° del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el
canon 7° de la ley 16 de 1969, que limita el error de hecho a documentos auténticos,
confesión e inspección judicial.

65 Corte Constitucional, sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“[L]a casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente
una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia. Por ende, hay una
restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los conflictos y solucionar los
problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias”.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

107. Aunado a lo anterior, la decisión de la Alta Corte de abstenerse de examinar
los medios probatorios cuestionados fue apoyada en pronunciamientos
jurisprudenciales previos de ese Colegiado66, circunstancia que no solo reafirma su
razonabilidad y evidencia el respeto por el precedente horizontal, sino que también
descarta la existencia de un apartamiento arbitrario del ordenamiento jurídico.

108. Tampoco prospera el cargo según el cual la Corte Suprema de Justicia
incurrió en un error al reconocer que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
había exigido indebidamente la acreditación de la convivencia durante los cinco
años anteriores al fallecimiento del causante y, pese a ello, concluir que no se
encontraba demostrada la convivencia en cualquier tiempo. Esto porque esa
consideración constituyó un argumento complementario y no la razón determinante
de la decisión de casación -como se explicó, el fundamento principal para
desestimar el recurso extraordinario radicó en las deficiencias técnicas advertidas
en la formulación de los cargos de casación-. Así, el reconocimiento del yerro
jurídico atribuido al Tribunal ordinario no eliminaba los obstáculos técnicos que, a
juicio de la Corte Suprema de Justicia, impedían abordar el estudio de fondo de los
cargos formulados por la recurrente; por ello, aun admitiendo que dicha
consideración pudiera generar una discusión sobre el alcance del requisito de
convivencia, lo cierto es que carecía de entidad para modificar el sentido de la
decisión adoptada, pues la providencia acusada mantenía fundamentos
independientes y suficientes que sustentaban la determinación de no casar la
sentencia impugnada67.

109. En conclusión, a pesar de la falta de dilucidación de sus razones, lo cierto es
que el a quo acertó al considerar que el análisis efectuado por la Sala Laboral de
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia se ajustó a las reglas de la
sana crítica, claro está, dentro del contexto del remedio extraordinario objeto de
decisión. Esta Subsección constata que dicha Corporación, en el ejercicio de la
competencia que le correspondía, circunscrita al examen de los cargos de casación
formulados por Fabiola Muñoz de Castro, expuso de manera expresa y suficiente
las razones por las cuales consideró improcedente abordar su estudio de fondo.
Para ello, advirtió el incumplimiento de los requisitos técnicos que rigen la adecuada
formulación y sustentación del recurso, así como la ausencia de medios probatorios
idóneos para sustentar el error de hecho alegado; tales conclusiones, por las
razones expuestas, responden a una interpretación razonable de las disposiciones
que disciplinan el recurso extraordinario de casación y excluyen la configuración de
un error jurisdiccional.

66
Sobre el particular, la Alta Corte citó las siguientes decisiones: “CSJ SLA924-2020”, “CSJ, SL 29 septiembre
2005, radicado 24450, criterio reiterado en providencia CSJ SU17191-2015”, y “CSJ SL903-2014”.
67 Se precisa que para establecer si la sentencia de casación incurrió en un defecto con entidad suficiente para

comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado no basta constatar la existencia del dislate alegado, sino
también que este sea trascendente, en cuanto posea la aptitud de modificar el sentido de la decisión, y
suficiente, en la medida en que tenga la virtualidad de desvirtuar los fundamentos esenciales o la ratio decidendi
que la sustenta. Solo verificadas tales condiciones -error, trascendencia y suficiencia-, resulta posible establecer
si se configuró un daño personal, cierto y antijurídico susceptible de reparación en favor de la demandante. Al
respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp.
51.674. C.P. María Adriana Marín.

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
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Referencia: Reparación directa

El hecho sobreviniente de la sentencia SU-169 de 2024 y su impacto en la
configuración del error jurisdiccional alegado

110. Antes de abordar este análisis, la Sala precisa que la decisión constitucional
aludida únicamente será considerada en cuanto constituye un hecho sobreviniente
relevante para el análisis de la subsistencia del daño alegado y de la configuración
del error jurisdiccional atribuido a la sentencia de casación. En consecuencia, las
referencias que se hagan a dicha providencia no implican un examen de corrección,
revisión o cuestionamiento de sus fundamentos, toda vez que la demanda no se
dirige contra esa decisión y, en cualquier caso, un pronunciamiento en tal sentido
excedería el ámbito competencial de esta Corporación.

111. Efectuada esta precisión, la Subsección considera que las razones que
llevaron a la Corte Constitucional a dejar sin efectos la sentencia de casación del 10
de mayo de 2021 y a dictar una decisión de reemplazo mediante la Sentencia SU-
169 de 2024 no desmienten el hecho de que la providencia aquí cuestionada es
razonable dentro del estricto marco de la casación. Lo anterior, por supuesto, no
implica desconocer que, desde la óptica de la protección de los derechos
fundamentales, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional advirtió una
vulneración que estimó suficientemente acreditada y que justificó tanto la concesión
del amparo como la adopción de las medidas necesarias para su restablecimiento.

112. El control constitucional y el examen de responsabilidad patrimonial del Estado
constituyen juicios autónomos, regidos por finalidades, competencias y parámetros
de análisis diferentes. Mientras el primero está orientado a determinar la existencia
de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales y a adoptar las medidas
necesarias para su protección efectiva, el segundo, cuando se fundamenta en la
configuración de un error jurisdiccional, exige establecer que la providencia
cuestionada carezca de sustento objetivo y razonable dentro del marco normativo
en vigor para el momento en que se expidió. De ahí que la constatación de una
vulneración de derechos fundamentales no permita concluir, por sí sola, que la Sala
de Casación Laboral incurrió en un yerro susceptible de generar un débito
indemnizatorio a cargo del Estado. La afirmación anterior se explica en las
siguientes razones:

113. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ejercieron funciones
jurisdiccionales distintas, sometidas a finalidades y parámetros de decisión
diferentes. Mientras la primera desarrolló un juicio de naturaleza constitucional
orientado a determinar si la providencia cuestionada vulneraba derechos
fundamentales y a adoptar las medidas necesarias para su protección efectiva, la
segunda ejerció un control dentro del contexto del recurso de casación y los límites
connaturales a ese mecanismo de impugnación caracterizado por carácter
extraordinario.

114. En ese contexto, la Corte Constitucional examinó la compatibilidad de la
sentencia del 10 de mayo de 2021 con las garantías iusfundamentales invocadas y,
para ello, consideró circunstancias del caso como la edad de Fabiola Muñoz de
Castro -quien contaba con aproximadamente noventa (90) años al momento de

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
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proferirse la decisión-, su condición de vulnerabilidad derivada de la ausencia de
otras fuentes de ingreso y el hecho de que, pese a la prolongada duración del litigio,
aún no hubiera obtenido una solución definitiva a la controversia. Tales elementos
resultaron relevantes para determinar la procedencia, necesidad y alcance de las
medidas dirigidas a garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales de la accionante y responden a las características propias de la
acción de tutela, cuyo diseño se distingue por la flexibilidad, la informalidad y las
amplias facultades conferidas al juez constitucional para restablecer el orden
constitucional vulnerado68.

115. La Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, por
su parte, no disponía de esas mismas facultades. Su actuación se encontraba
delimitada, como se ha explicado, por las causales taxativas de procedencia de la
impugnación excepcional y por el cumplimiento de las exigencias técnicas que
delimitan estrictamente su ámbito de competencias, de modo que las razones que
condujeron a desestimar los cargos formulados por Fabiola Muñoz de Castro no
obedecieron a un rigor formal impuesto discrecionalmente para el caso concreto,
sino a la aplicación del régimen jurídico que disciplinaba la casación laboral.

116. La discrepancia entre la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia y
la posteriormente proferida por la Corte Constitucional no puede entenderse,
entonces, como una contradicción entre dos (2) autoridades que resolvieron una
misma cuestión bajo idénticos parámetros de análisis. Cada providencia fue
proferida en ejercicio de funciones jurisdiccionales distintas, orientadas por
finalidades institucionales particulares y sometidas a criterios de valoración
específicos, circunstancia que explica que frente a un mismo caso hubieran podido
adoptarse respuestas judiciales diferentes.

117. Aunque ambas corporaciones participan en la realización de los fines
constitucionales de la administración de justicia, la naturaleza de los procesos
sometidos a su conocimiento determina el alcance de sus atribuciones. Itérese,
mientras la Corte Suprema de Justicia debe ejercer su competencia dentro de los
estrictos límites que disciplinan el recurso extraordinario de casación, la Corte
Constitucional dispone de facultades más amplias, incluso mediante decisiones
extra petita o ultra petita69.

118. Esta última particularidad se reflejó con claridad en la sentencia SU-169 de
2024, en la que la Corte Constitucional no se limitó a conceder el amparo solicitado,
ni a dejar sin efectos la sentencia de casación, sino que, al considerar que las

68 Lo expuesto encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional, según la cual la acción de tutela posee

un carácter informal inherente a su naturaleza, de manera que “las reglas que aplican para otros procesos sobre
los que sí se prevén reglas procesales estrictas, no pueden trasladarse o equipararse automáticamente a este
mecanismo de protección de derechos fundamentales”. Corte Constitucional, Sentencia C-522 de 2023, M.P.
Jorge Enrique Ibáñez Najar. El aparte transcrito se encuentra en armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política y con las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, que consagran para la acción de tutela un trámite
preferente, sumario y orientado a garantizar una protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.
69 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: “[u]na decisión que se adopte por el juez de tutela con carácter

extra y ultra petita, tan solo es válida y resulta ajustada a derecho, cuando ella se sustenta en los hechos
efectivamente narrados, en las pruebas aportadas, recaudadas y valoradas, y en las demás las circunstancias
relevantes que se hayan invocado en la solicitud de tutela”. Sentencia SU-150 de 2021, M.P. Alejandro Linares
Cantillo.

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circunstancias del caso exigían una respuesta definitiva, adoptó directamente una
sentencia de reemplazo, sin ordenar el reenvío del expediente a la jurisdicción
ordinaria laboral para que se profiriera una nueva decisión. Para ello, examinó
directamente el cumplimiento de los requisitos previstos en el literal a) del artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; valoró
integralmente las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente
y concluyó que Fabiola Muñoz de Castro había acreditado la convivencia exigida
para acceder a la pensión de sobrevivientes, razón por la cual dejó en firme la
sentencia de primera instancia que había reconocido dicha prestación.

119. Media una razón adicional: la Corte Constitucional reconoció expresamente
que la Corte Suprema de Justicia distinguió correctamente entre las categorías de
falta de apreciación y apreciación errónea de las pruebas; asimismo, admitió que la
demanda de casación presentada por Fabiola Muñoz de Castro contenía una
imprecisión en la formulación de estos reproches dirigidos contra la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali70. Fue únicamente después de efectuar
esas precisiones que acudió a los precedentes contenidos en las sentencias SU-
143 de 2020 y SU-068 de 2022 para justificar la flexibilización de determinadas
exigencias técnicas del recurso extraordinario, al considerar que ello resultaba
necesario para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la
accionante.

120. Lo anterior demuestra que la decisión adoptada por la máxima corporación de
la jurisdicción ordinaria no careció de fundamento jurídico razonable71. Antes bien
pone de manifiesto que la cuestión debatida admitía más de una interpretación en
un escenario de tensión legítima entre la preservación de la naturaleza excepcional
de la casación y la necesidad de inaplicar algunas exigencias técnicas para

70 “102. Esta corporación comparte lo expuesto por la CSJ respecto de la diferencia entre la falta de valoración

de las pruebas y su apreciación indebida, y advierte que en la demanda de casación hubo una imprecisión. Sin
embargo, a partir de la lectura de la mencionada demanda (supra, num. 91-94), es posible inferir que la
recurrente resalta que, de haberse estudiado las pruebas, como lo describe respecto de cada una de ellas, el
Tribunal Superior de Cali hubiera acreditado el requisito de convivencia entre los cónyuges. En este sentido, el
cargo por la vía indirecta podía interpretarse razonablemente como un reproche por la falta de valoración
probatoria, en atención a la flexibilización de los requisitos formales de la casación laboral reconocida por la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Ello se refuerza, además, con el encabezado explicativo
del reproche, en el que se alegó que la autoridad judicial demandada no dio “por demostrado[,] estándolo”, (i)
que los esposos convivieron los últimos 14 años de vida del causante; (ii) que durante todo el vínculo matrimonial
existió apoyo económico, moral y afectivo; y (iii) que la señora Muñoz de Castro siempre estuvo como
beneficiaria del señor Castro Santiago en el régimen de seguridad social (supra, num. 94)… // 103.
Precisamente, en las sentencias SU-143 de 2020 y SU-068 de 2022, este tribunal se refirió a la flexibilización
que –en este caso– omitió realizar la CSJ, y que permite concluir que existe un defecto fáctico en la dimensión
negativa. En efecto, sin ir más lejos, en la última de las mencionadas sentencias se indicó que esta corporación
ha acogido la tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, conforme con la cual
procede el análisis de fondo del recurso de casación, siempre que (i) el recurrente cumpla con unos requisitos
mínimos de argumentación; y (ii) los errores de técnica sean superables con un esfuerzo interpretativo de parte
del juzgador (Lo anterior, con referencia a las siguientes sentencias de la CSJ: sentencia del 5 de febrero de
2020, SL239-2020; del 5 de junio de 2019, SL3122-2019; del 15 de mayo de 2019, SL1782-2019; y del 20 de
febrero de 2019, SL981-2019)”.
71 Al respecto, la jurisprudencia de este órgano de cierre ha considerado que el error jurisdiccional no se

configura por cualquier desacierto contenido en una providencia judicial; por el contrario, debe provenir de una
determinación carente de fundamento objetivo y razonable. Así, las simples discrepancias interpretativas no son
suficientes para estructurar esta modalidad de responsabilidad estatal, pues su examen debe realizarse dentro
de los márgenes de la autonomía funcional reconocida al juez, en virtud de la cual goza de libertad para valorar
los hechos sometidos a su conocimiento y aplicar las disposiciones normativas que considere pertinentes para
resolver el conflicto jurídico correspondiente, salvo que el criterio adoptado resulte manifiesta y ostensiblemente
contraria al ordenamiento jurídico. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente 45.602. C.P. María Adriana Marín.

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salvaguardar otras finalidades constitucionalmente relevantes. En ese contexto,
debe recordarse que el derecho de acceso a la administración de justicia no
comporta la existencia de una única respuesta judicial posible frente a una
determinada controversia.

121. En efecto, esta Corporación ha sostenido que el error jurisdiccional no se
configura por la mera existencia de interpretaciones divergentes. Ello obedece a que
la actividad judicial se desarrolla dentro del ámbito de autonomía funcional
reconocido por el artículo 228 de la Constitución Política, que faculta a los jueces
para valorar los hechos y determinar el derecho aplicable al caso, salvo que la
interpretación acogida resulte abiertamente incompatible con el ordenamiento
jurídico72.

122. En este punto, conviene precisar que los defectos fáctico y de motivación
identificados por la Corte Constitucional no desvirtúan la conclusión alcanzada de
forma precedente. En cuanto al primero, basta remitirse a lo ya expuesto sobre el
alcance del examen efectuado por la Corte Suprema de Justicia respecto de los
medios probatorios invocados por la recurrente, el cual no descansó en la supuesta
ausencia de prueba calificada, sino en las limitaciones inherentes al recurso
extraordinario de casación y el contenido de la impugnación promovida en el caso
concreto. En cuanto al segundo, ya se indicó que la insuficiencia argumentativa
advertida por la Corte Constitucional en relación con la acreditación de la
convivencia en cualquier tiempo no constituyó la razón para no casar la sentencia,
sino una consideración complementaria dentro de la motivación de la providencia
cuestionada, que sólo se hizo después de advertir que la impugnación excepcional
no podía abrirse paso por los defectos en su proposición.

123. Con todo, más allá de las consideraciones precedentes, existe una razón
adicional que impide derivar de tales deficiencias la configuración de un error
jurisdiccional: la Sala de Casación Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte
Suprema de Justicia actuó dentro de los límites competenciales propios del recurso
extraordinario de casación. En consecuencia, no le correspondía adelantar de oficio
un examen de los derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse
comprometidos en la situación particular de Fabiola Muñoz de Castro, pues tal
análisis excedía el marco rogado y dispositivo que caracteriza dicho mecanismo de
impugnación.

124. En efecto, ninguno de los cargos formulados por la recurrente incorporó una
censura orientada a plantear esa problemática. Además, para la fecha en que se
profirió la sentencia, en la jurisdicción laboral no se encontraba prevista la casación
oficiosa como instrumento para habilitar el estudio de asuntos ajenos a los
planteados en la demanda extraordinaria. De esta manera, habida cuenta del
carácter restringido del recurso y ante la ausencia de una disposición expresa que
autorizara proceder en sentido distinto, el órgano de cierre no podía apartarse de
los contornos fijados por el escrito de sustentación para adentrarse en materias no
sometidas a su consideración.

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 39.969.

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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

125. Así lo había precisado la propia Sala Laboral de esa corporación al señalar
que: “la naturaleza formal y dispositiva del recurso exige que sea el recurrente quien
despliegue la carga argumentativa necesaria para controvertir los fundamentos de
la sentencia impugnada, sin que el juez pueda sustituir esa labor ni adelantar un
examen oficioso no previsto por el legislador”73.

126. Debe agregarse que la sentencia SU-169 de 2024 concluyó, además, que la
providencia del 10 de mayo de 2021 adolecía de otro defecto relacionado con el
desconocimiento del precedente judicial aplicable en materia de acreditación del
requisito de convivencia cuando la interrupción de la cohabitación obedece a causas
justificadas. Sin embargo, ese cuestionamiento no fue planteado por la parte actora
como fundamento de la responsabilidad que reclama en este proceso de reparación
directa. Por tal razón, y en observancia de los principios de congruencia y de justicia
rogada que orientan este medio de control, dicho aspecto no hace parte del objeto
de controversia sometido a consideración de esta Sala.

127. Las conclusiones desarrolladas en los apartados precedentes permiten
establecer que la providencia acusada no incurrió en error jurisdiccional, luego, no
puede considerarse que medió una lesión antijurídica a la aquí demandante, razón
por la que se confirmará el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda.

Condena en costas

128. En el presente asunto, se impondrá condena en costas a la parte demandante,
por cuanto el recurso de apelación que interpuso fue resuelto de manera
desfavorable, de conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General
del Proceso. Asimismo, se encuentran acreditadas en este trámite, en los términos
del numeral 8° de la misma disposición74, pues la Rama Judicial presentó alegatos
de conclusión en esta instancia, con lo que desplegó una gestión encaminada a
controvertir el recurso de apelación formulado por la actora.

129. Entonces, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia, en
aplicación del parágrafo 3° del artículo 3 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de la presente sentencia
en favor de la entidad demandada.

73 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia CSJ SL3089-2022, que reitera el criterio

fijado en CSJ SL250-2020. En el mismo sentido, ver: Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, Sentencia
SL3983-2022, sentencia del 16 de noviembre de 2022, radicación No. 85567, y Sala de Casación Laboral, Sala de
Descongestión No. 3, Sentencia SL1072-2023, sentencia del 16 de mayo de 2023, radicación No. 74766.
74 La Subsección había sostenido sobre el reconocimiento de agencias en derecho, en otras oportunidades, que

la sola designación de un profesional del derecho, para asumir la representación judicial, suponía una labor de
vigilancia que daba lugar al reconocimiento de agencias en derecho. Recientemente (sentencia del 16 de junio
de 2026, expediente 73.959, C.P. José Roberto Sáchica Méndez) modificó ese entendimiento, tras razonar
sobre el alcance del numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme al cual tales
erogaciones deben aparecer causadas -esto es, comprobado que se incurrió en el gasto-, sin que sea dable
inferirlo del hecho de contar con un apoderado judicial porque, hasta tanto no actúe dentro del proceso, no se
tiene la seguridad de que ejerció efectivamente el encargo encomendado, el cual es naturalmente remunerado,
como lo mandan los artículos 2143 y 2184 -numeral 3°- del Código Civil.

31

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00456-01 (72.102)
Demandante: Fabiola Muñoz de Castro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

130. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo,
en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso75.

131. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Por
las agencias en derecho a cargo de la parte actora, y en favor de la Nación – Rama
Judicial, se fijan en 1 SMLMV para esta instancia. El monto del salario mínimo legal
mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de ejecutoria de la presente
sentencia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal
de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

75 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

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