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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00552-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00552-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó el amparo deprecado por la señora Ayaid Ortega Ojeda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00552-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de octubre de 2023

Demandante: Ayaid Ortega Ojeda
Demandados: Partido Liberal Colombiano y otros
Radicado: 7600-123-33-000-2023-00552-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00552-01
Demandante: AYAID ORTEGA OJEDA
Demandados: PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - Confirma decisión de primera instancia que
negó la petición del amparo – Ausencia de vulneración al
debido proceso por parte de la RNEC - Aval del partido politíco
militante constituye requisito para la inscripción de candidatos
a cargos de elección popular.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Ayaid Ortega
Ojeda contra la sentencia de 28 de agosto de 2023, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó el amparo deprecado.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ayaid Ortega Ojeda, obrando en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Partido Liberal Colombiano, la Registraduría Nacional del Estado
Civil -RNEC- y el Consejo Nacional Electoral -CNE, con el fin de que el sean
tutelados sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas con ocasión de las actuaciones
de las referidas autoridades que no le permitieron culminar el proceso de inscripción
como candidata del Partido Liberal Colombiano a la Junta Administrativa Local (JAL)
del Corregimiento de los Andes de Cali, para participar en la contienda electoral de
octubre de 2023.

1
El 15 de agosto de 2023 se radicó la acción de tutela por el portal Samai del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

1 Calle 12 N.º 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ayaid Ortega Ojeda
Demandados: Partido Liberal Colombiano y otros
Radicado: 7600-123-33-000-2023-00552-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

Que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en concordancia con el
Partido Liberal, que culmine con su proceso de inscripción para participar en los
comicios electorales como candidata para el cargo de edil en la Junta Administradora
Local del Corregimiento los Andes de Cali.

Que se exhorte al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, para que se pronuncie
sobre la vulneración de la democracia al dejar a los corregimientos sin lista de EDIL
y Comunas, por parte del PARTIDO LIBERAL COLOMBIA.

1.3. Hechos

Como sustento fáctico la tutelante refirió los siguientes:

Manifestó que funge como edil de la Junta Administradora Local (JAL) del
Corregimiento Los Andes de Cali por el Partido Liberal Colombiano, donde es líder
social y militante de ese partido desde el año 2000.

Narró que quedó por fuera de las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023, ya
que por razones ajenas a su voluntad y pese a cumplir con todos los requisitos no
se culminó en debida forma con su proceso de inscripción ante la RNEC para su
candidatura al cargo de edil.

Explicó que mediante Resolución 7531 del 13 de diciembre de 2022, el Partido
Liberal Colombiano reguló el periodo de inscripción para que los aspirantes
pudiesen obtener los avales relacionados con la contienda electoral del 29 de
octubre de 2023, el cual se fijó entre el 27 de enero al 31 de mayo del año 2023.
Dicho periodo posteriormente fue modificado por la Resolución 7624 de 2024, que
amplió el plazo hasta el 12 de junio de 2023, y posteriormente hubo otra porroga
hasta el 20 de junio de 2023.

Afirmó que el Partido Liberal Colombiano «se abstuvo de emitir una explicación
oficial de la razón por la cual no culminó con el proceso de inscripción E-6JL, pese
a que entregó oportunamente su solicitud de aval el 13 de mayo de 2023 con el No.
202200978».

Adujo que también realizó el proceso biométrico ante la Registraduría Especial de
Cali el 29 de julio de 2023, fecha límite para la inscripción de candidaturas, conforme
lo dispuesto en el memorando No. 13 emitido por la RNEC, que permitió la
inscripción presencial de los ciudadanos que no lograron hacerlo en la plataforma
virtual habilitada al efecto.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora adujo que se configura la vulneración al debido proceso por parte
del Partido Liberal Colombiano, toda vez que, de las 22 comunas y 15
corregimientos del Municipio de Cali, solo algunas fueron inscritas ante la
Registraduría, al obtener oportunamente los avales del partido, desconociéndose
las razones por las cuales las demás comunas fueron excluidas.

Que el artículo 7, numeral 7 del Estatuto del Partido Liberal Colombiano, reglamenta
como funciones del Director Nacional expedir los avales a los miembros militantes
que deseen aspirar a un cargo de elección popular.

Afirmó que la Registraduría cambió la metodología de inscripción de candidaturas
a través de una plataforma específica, por lo cual cada partido debía
responsabilizarse de sus listas de candidatos, no obstante, las Directivas del Partido
Liberal Colombiano, omitieron expedir de manera celere el aval correspondiente
para la inscripción de su candidatura.

Que el Director Nacional del Partido Liberal Colombiano, delegó la expedición de
avales al Secretario General, mediante la Resolución 7531 de 2022 artículo 7, la
cual determinó que entre el 17 y el 28 de junio de 2023, debía seleccionar los
candidatos e integrar las listas para las corporaciones públicas de elección popular.
Reprocho el hecho de que el Partido Liberal Colombiano no hubiese emitido una
explicación oficial de la razón por la cual no culminó con el proceso de inscripción
E-6JL, pese a que entregó oportunamente su solicitud de aval el 13 de mayo de
2023 con el No. 202200978 y, además, realizó el proceso biométrico ante la
Registraduría Especial de Cali el día 29 de julio de 2023, fecha límite para la
inscripción de candidaturas, conforme lo dispuesto en el memorando No. 13 emitido
por la RNEC, que permitió la inscripción presencial de los ciudadanos que no
lograron inscribirse en la plataforma virtual habitada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 15 de agosto de 2023, la magistrada ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Partido Liberal Colombiano,
a la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC- y al Consejo Nacional Electoral
-CNE.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

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1.6.1. Partido Liberal Colombiano

Por conducto del director jurídico del Partido Liberal Colombiano, mediante escrito
de 18 de agosto de 2023, rindió informe en el cual solicitó conceder el amparo del
derecho a ser elegido de la actora al ser vulnerado por la RNEC.

Lo anterior lo sustentó en que el partido dio el correspondiente aval a la tutelante y,
pese a ello, la Registraduría no culminó el proceso de inscripción para permitirle
participar en las elecciones del mes de octubre de 2023.

Explicó que, el 4 de agosto de 2023, el partido hizo uso de la plataforma destinada
por la RNEC para la inscripción de los candidatos, pero por la saturación en la
plataforma no fue posible; sin embargo, informó a los candidatos que era necesario
llevar los documentos en forma física a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así concluyó que respecto del partido se deben negar las pretensiones afirmando
que «de acuerdo a los hechos referidos por la accionante, el amparo solicitado
recae sobre la Delegación del Registrador Nacional del Estado Civil, en el
Departamento del Valle del Cauca, por ser quien tenía la obligación por delegación
para la inscripción y/o modificación de la inscripción de los candidatos, en este caso
de la candidata accionante AYAID ORTEGA OJEDA, quien forma parte a la lista de
La JAL (EDIL), por el Corregimiento los Andes, del Municipio de Santiago de Cali,
debidamente avalada por el Partido Liberal Colombiano, quien dio cumplimiento a
los requisitos legales y quien no tiene responsabilidad en la situación presentada».

1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

Mediante correo electrónico de 23 de agosto de 2023, presentó informe en el cual
en primer lugar manifestó que dentro del expediente no existen pruebas que
sustenten los reparos en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
consideró oportuno precisar que las candidaturas a la Gobernación y a la Asamblea
Departamental se debe realizar ante los Delegados del Registrador Nacional del
Estado Civil, y las candidaturas a la Alcaldía, Concejo Municipal y Juntas
Administradoras Locales ante los Registradores Especiales y municipales del
Estado Civil, ello de conformidad con el artículo 90 del Decreto Ley 2241 de 1986.

Luego indicó que puso el conocimiento del asunto a la Registraduría Especial de
Cali la cual expuso en síntesis que:

• El Partido Liberal Colombiano cargó en la plataforma establecida para la
Inscripción de los Candidatos (IDCAN) algunas comunas urbanas y
corregimientos, y no la totalidad de ellas. Sobre el punto hizo hincapié en
que, es a los partidos a quienes les corresponde realizar el cargue de la

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documentación, mientras que a la Registraduría le compete garantizar la
legitimidad, transparencia y efectividad del proceso electoral.

• Que el 29 de julio de 2023, militantes del Partido Liberal Colombiano
acudieron a sus instalaciones, para llevar a cabo la inscripción de la
candidatura de JAL del corregimiento Los Andes - Santiago de Cali, sin
embargo, en ese momento acudieron sin tener el aval del partido, documento
necesario para formalizar el trámite pretendido conforme lo estipula el artículo
28 de la Ley 1475 de 2011.

• Pese a lo anterior, funcionarios de la Regsitraduría Especial procedieron a
realizarles la autenticación biométrica, con la advertencia de que dicha
actividad no se podía tomar como aceptación o registro de la candidatura.

• Indicó que la plataforma para los partidos políticos y grupos significativos de
ciudadanos se suspendió hasta las 18:00 horas del 29 de julio, y a partir de
ese momento la plataforma quedo habilitada exclusivamente para los
funcionarios electorales, permitiendo la permanencia en las instalaciones de
la registraduría a las agrupaciones políticas con la finalidad de cargar la
información y documentos de inscripción hasta las 11:59 pm del 29 de julio
de 2023, sin embargo, la lista de la Junta Administradora Local del
corregimiento los Andes- de Cali, por el Partido Liberal Colombiano no logró
presentar en los términos establecidos en el calendario electoral la
documentación requerida para la inscripción.

Con base en lo anterior solicitó ordenar su desvinculación en la medida que no
vulneró el derecho al debido proceso de la tutelante puesto que la inscripción de
candidaturas es un acto que implica una serie de requisitos de obligatorio
cumplimiento, que deben observar todos los candidatos y listas de candidatos
inscritas por partidos o movimientos políticos o grupo significativos de ciudadanos,
los cuales no fueron acatados a cabalidad. Luego, mal haría en endilgarsele una
responsabilidad por el descuido o negligencia de los partidos y de los mismos
candidatos.

1.6.3. Consejo Nacional Electoral

Esta corporación propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser
la competente para otorgar aval político de partidos o movimientos políticos a los
candidatos a cargos populares, así como tampoco para realizar la inscripción de
las respectivas candidaturas.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 28 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declararó probada la excepción de falta de legitimación en la causa por

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pasiva por parte del Consejo Nacional electoral 2 y negó el amparo por las siguientes
razones:

Adujo que del material probatorio allegado a la acción de tutela se comprobó que
finalmente, el Partido Liberal Colombiano, entregó a la accionante el aval solicitado
para inscribir su candidatura a la Junta Administrativa Local (JAL) del Corregimiento
de los Andes de Cali, con posterioridad al 29 de julio de 2023 3, fecha límite para
la inscripción de candidaturas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,
entidad a la cual en efecto no le fue allegada tal documentación.

Citó la sentencia de 11 de julio de 2013 de la Sección Quinta4 y concluyó que juez
constitucional no está facultado para adoptar ninguna medida en contra del Partido
Liberal Colombiano, ya que la expedición del aval es un acto eminentemente
potestativo de los partidos y movimientos políticos que posibilita una candidatura,
comoquiera que constituye un requisito de fondo para la inscripción de candidatos
que aspiran a cargos de elección popular, y que únicamente puede otorgarse por
el Representante Legal de la organización política o por su delegado, conforme lo
establecido en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 9º de la Ley
130 de 1994.

En el mismo sentido precisó que «dado el carácter especialmente volitivo y libre de
la expedición de los avales respectivos por parte de los partidos políticos, no puede
intervenir este juez constitucional para emitir alguna censura o reproche sobre la
demora presentada, ni para convalidar la actuación tardía, ni mucho menos, para
habilitar nuevos términos ya cerrados por la Registraduría, con el pretexto de
garantizar el derecho electoral que reclama la actora».

Con todo, el a quo refirió que si la actora considera vulnerados sus derechos como
militante del Partido Liberal Colombiano, por no habérsele concedido
oportunamente el aval para su candidatura, cuenta con los mecanismos
establecidos en el Título II de los Estatutos del Partido que consagra los derechos,
garantías y deberes de los militantes.

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad que se imputa a la Registradur ía
Nacional del Estado Civil, el juez de primera instancia tampoco advirtió la
vulneración al derecho fundamental al debido proceso, pues no se acreditó la
existencia de alguna situación irregular respecto a la inscripción de la accionante,
por el contrario, la entidad actuó conforme a los deberes que le impone la Ley como

2
Al considerar que de conformidad con las competencias que le atribuye la ley, no participa del
procedimiento para la inscripción de candidatos a cargos populares.
3
Conforme se consigna en la demanda, la contestación del partido accionado y el oficio del 1 de
agosto de 2023.
4
Radicado 76001233100020120000401, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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autoridad competente de la organización del proceso electoral y debía exigir a todos
los candidatos los mismos requisitos.

Sobre el punto explicó que conforme a la Ley Estatutaria 1475 de 2011,
corresponde a la Registraduría verificar los requisitos de carácter general y
específico para la inscripción de candidaturas, y entre estos el aval constituye un
requisito ad sustancian actus, conforme lo establecido en el artículo 108 de la
Constitución, el artículo 9 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 28 de dicha Ley
estatutaria.

1.8. Impugnación

Inconforme con la sentencia de 4 de septiembre de 2023 5, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la parte actora por medio de escrito allegado al
trámite tutelar el 20 de abril siguiente, indicó:

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 28 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 28 de agosto de 2023, por medio de la cual el

5
La providencia se notificó por medio de correo ese mismo 29 de agosto de 2023, a las 13:58.

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Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó el amparo deprecado por Ayaid
Ortega Ojeda.

Para resolver los argumentos planteados por la parte actora, se revisarán los
siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción de tutela y (iv) el estudio del
caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un
mecanismo de carácter excepcional, subsidiario y residual que permite a cualquier
persona acudir ante el juez constitucional para obtener la protección de sus
derechos fundamentales, cuando resultan vulnerados por la acción u omisión de
autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Ahora bien, la prosperidad de la solicitud de amparo se supedita al cumplimiento
de los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, en virtud de los cuales se
requiere que la vulneración o amenaza del derecho fundamental sea actual y, la
inexistencia de otros medios de defensa judicial idóneos para obtener la protección
efectiva de dichas garantías constitucionales.

Adicionalmente, la inminencia de un perjuicio irremediable habilita su ejercicio como
mecanismo transitorio, caso en el que los efectos futuros se limitan a la activación
por parte del accionante de los instrumentos jurídicos correspondientes.

Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante considera
vulnerados sus derechos fundamentales por las autoridades judiciales accionadas
que no le permitieron culminar el proceso de inscripción como candidata del Partido
Liberal Colombiano a la Junta Administrativa Local (JAL) del Corregimiento de los
Andes de Cali, para participar en la contienda electoral de octubre de 2023. En ese
sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el
instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dichas garantías
constitucionales, máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso
judicial para proceder a su protección.

De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 15 de
agosto de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría
configurado la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por la no
inscripción de su candidatura por parte de la RNEC, por lo que no se observa una
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción 6.

6
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.

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2.2. Caso concreto

La accionante aduce que, pese a que el Partido Liberal Colombiano le expidió el
aval para inscribir su candidatura como edil a la Junta Administradora Local del
corregimiento los Andes de Cali para los comicios electorales del 29 de octubre de
2023, la RNEC no culminó su inscripción, situación que considera contraria a sus
derechos constitucionales.

La Sala anticipa que confirmará la negativa del amparo a los derechos al debido
proceso y elegir y ser elegido en la medida que para la inscripción de candidatos la
RNEC debe apegarse al procedimiento establecido por la ley para la realización de
dicho acto que requiere del aval del respectivo partido o movimiento politíco, el cual
si bien se expidió en la fecha limite para la inscripción nunca fue acreditado ante la
Registraduría.

Lo anterior como pasa a exponerse:

Lo primero a precisar es que el artículo 108 de la Constitución Política señala en su
inciso tercero que «los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica
reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser
avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o
movimiento o por quien él delegue».

De otra parte, la autoridad ante la cual se realiza la inscripción de candidatos es la
Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de toda la organización logística
del proceso electoral.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, es
obligación de la Registraduría Nacional del Estado Civil la verificación de los
requisitos formales al momento de la inscripción, y en c aso de no materializarse,
poner dicha situación en conocimiento del candidato, no pudiendo suscribir el
formulario de inscripción hasta que ellos no cumplan.

Para el caso concreto se tiene que el Partido Liberal Colombiano con Resolución
No. 7639 del 12 de junio de 2023 estableció el cronograma para la inscripción de
ciudadanos para postularse a recibir aval del partido para el proceso electoral de
autoridades locales de octubre de 2023.

Dentro de los plazos allí establecidos, la accionante solicitó ante el Partido Liberal
Colombiano el aval para participar en la contienda electoral de octubre de 2023, la
cual se radicó con el No. 202300978 y en respuesta el partido le indicó: «Recuerde
que los documentos adjuntos se encuentran en proceso de verificación a partir de
este momento, y será notificado por este medio una vez sean revisados».

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Por su parte, de conformidad con el calendario electoral establecido por la RNEC
en la Resolución 28229 del 14 de octubre de 2022, la inscripción de candidatos por
los diferentes partidos políticos y sus respectivas listas, para participar en las
elecciones del 29 de octubre de 2023, cerró el pasado 29 de julio de 2023.

Por otro lado, se estableció que el Partido Liberal Colombiano, entregó a la
accionante el aval solicitado para inscribir su candidatura a la Junta Administrativa
Local (JAL) del Corregimiento de los Andes de Cali, con posterioridad al 29 de julio
de 2023, conforme se consigna en la demanda, en la contestación del partido
accionado y en el oficio del 1 de agosto de 2023, no obstante nunca fue allegada a
la RNEC.

Lo que ocurrió fue que el 29 de julio de 2023, militantes del Partido Liberal
Colombiano, sin tener certeza de que la actora fue una de ellas, acudieron a las
instalaciones de la Registraduría Especial de Cali, para llevar a cabo la inscripción
de la candidatura de JAL del corregimiento Los Andes-Santiago de Cali, sin
embargo, en ese momento no tenían el aval del partido, documento necesario para
formalizar el trámite pretendido conforme lo estipula el artículo 287 de la Ley 1475
de 2011.

Pese a lo anterior, funcionarios de la Regsitraduría Especial procedieron a
realizarles la autenticación biométrica, con la advertencia de que dicha actividad no
se podía tomar como aceptación o registro de la candidatura.

7
Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del
cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así cómo de que no se encuentran
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos
mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan
5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -
exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. Los
Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para
toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas
por las circunscripciones especiales de minorías étnicas. Los candidatos de los grupos significativos
de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá
registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha
de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de
apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los
candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco
y los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad
electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente
iniciativa en los mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán,
en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas
electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya
fijado el Consejo Nacional Electoral.

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En este punto sea oportuno traer a colación que en cuanto al formulario de solicitud
para la inscripción de candidato y la constancia de aceptación de candidatura8, esta
Corporación 9 ha sostenido lo siguiente:

Ahora bien, del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección
popular debe hacer parte el correspondiente aval expedido por el representante
legal del partido o movimiento político, o por su delegado. Ese es el documento
que de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Política debe expedir el
correspondiente partido o movimiento político para los efectos de la inscripción de
candidaturas y, por tanto, el único exigible al representante legal o al delegado de
éste para los efectos de validez del acto de inscripción. En este sentido, no es
requisito esencial que la solicitud de inscripción de candidatos a nombre de un
partido o movimiento político que se debe llevar a cabo ante la correspondiente
dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice por el
representante legal del partido o movimiento político, o por el delegado por éste,
pues, como ya se anotó, la falta de diligenciamiento del "Acta de solicitud de
inscripción y constancia de aceptación de candidatos” por parte del representante
legal del partido o movimiento político, o del delegado por éste, no invalida la
inscripción, si se cumple con la exigencia constitucional y legal de allegar al acto
de inscripción el correspondiente aval expedido, eso sí, por el representante legal
o el delegado por éste. De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como
la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la
jurisprudencia de 17 de noviembre de 200514, en la que claramente se identifican
y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad
mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es
un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos.

Al respecto, en sentencia del 28 de enero de 2021 10, esta Sección precisó:

“… [L]a importancia del aval se funda en que da cuenta de: i) La militancia de los
candidatos; ii) la disciplina partidista; y iii) la moralización de la actividad política.
De este modo es entendible por qué el aval se encuentra reservado
constitucionalmente para que sea el propio representante legal o su delegado del
partido o movimiento político, quienes de manera privativa y exclusiva puedan
otorgarlo. Ahora, en reciente decisión, esta Sección destacó que el aval también
tiene como finalidad “…servir como i) requisito de inscripción de candidatos de un
partido o movimiento político con personería jurídica; ii) ser una garantía para la
comunidad en general de que las personas inscritas por un partido o movimiento
político pertenecen al mismo; y por último iii) constituye un parámetro para
determinar que el inscrito reúne las condiciones en cuanto hace a los requisitos
para desempeñar el cargo y que se encuentra libre de inhabilidades para su
acceso”. (…). En conclusión, no hay duda que el aval de una agrupación política
con personería jurídica constituye uno de los requisitos para la inscripción de
candidatos que se postulen para cargos de elección popular, el cual debe ser

8
Formulario E-6.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero Ponente:
Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de julio de 2013. Radicación No. 76001- 23-31-000-2011-
01779-02. Radicado Interno No. 2011-1779. Demandante: Moisés Orozco Vicuña. Demandado:
Fernando David Murgueitio Cárdenas – Alcalde municipio de Yumbo – Valle.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 28 de enero de
2021, rad. 11001-03-28-000-2020-00022-00.

11 Calle 12 N.º 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ayaid Ortega Ojeda
Demandados: Partido Liberal Colombiano y otros
Radicado: 7600-123-33-000-2023-00552-01

otorgado por el representante legal de la organización política, o por su delegado,
quien deberá estar registrado ante el CNE.

En ese sentido, el aval es una solemnidad, que conecta la voluntad de la agrupación
política con el respaldo a la inscripción de determinada candidatura y compromisos
subsecuentes, en tanto que el acto de inscripción del candidato es un acto
preparatorio, que hace parte de la etapa preelectoral y permite la continuación del
procedimiento eleccionario.

Bajo las consideraciones expuestas, la Sala acompasa la postura del a-quo referida
a que si la actora considera vulnerados sus derechos como militante del Partido
Liberal Colombiano, por no habérsele concedido oportunamente el aval para su
candidatura, cuenta con los mecanismos establecidos en el Título II de los Estatutos
del Partido, que consagra los derechos, garantías y deberes de los militantes.

Por otro lado, sin mayor disquisiciones, la Sección tampoco puede ordenar a la
Registraduría que de manera extemporánea culmine el proceso de inscripción de
la accionante como candidata a la JAL del Corregimiento los Andes de Cali,
conforme se solicita en la demanda, ya que ello implicaría desconocer de manera
flagrante los derechos al debido proceso de los demás candidatos oportunamente
inscritos, en consideración a que el proceso electoral se encuentra sujeto a las
normas constitucionales y legales que regulan la materia, además que cuenta con
un calendario especifico establecido en la Resolución No. 28229 del 14 de octubre
de 2022, que precisó plazos perentorios para cada actuación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó el amparo deprecado por la
señora Ayaid Ortega Ojeda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

12 Calle 12 N.º 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ayaid Ortega Ojeda
Demandados: Partido Liberal Colombiano y otros
Radicado: 7600-123-33-000-2023-00552-01

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Default.aspx“

13 Calle 12 N.º 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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