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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00571-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00571-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de marzo de 2024

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00571-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00571-01
Accionantes: Osman Hipólito Roa Sarmiento a nombre de
Absalón Felipe Valencia Vargas y otros
Accionado: Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de
Cali

Tema: Acción de tutela contra acta de audiencia de conciliación
extrajudicial, en la que se declaró no agotado dicho trámite con
respecto a los accionantes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

Derrotada la ponencia presentada por el Doctor Rafael Francisco Suárez Vargas
para decidir el asunto de la referencia, se procede a resolver la impugnación
formulada por el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento, a nombre de los
señores Absalón Felipe Valencia Vargas Orlando Medina Cobo, Jesús Antonio
Murillo Quinto, José Domingo Ibarguen González, Herman Eloy Cortés Castillo,
Humberto Perea Andrade, Jair Patiño Montehermosa, Alpidio Londoño Ruiz,
Fernando Arce, William Alberto Jaramillo Agudelo, Jairo Alejandro Torres
Rengifo, Valery Eduardo Valencia Muñoz, Rodolfo Romero Rojas, Luz Aidee
Tagara Useche, Esperanza Vinasco Padilla, Elcira Escarria García, Marlene
Sofia Caicedo Ospino, Amelita Borrero Castillo, Liliana Esperanza Tafur Gómez,
Lucy Camargo Osorno, Francia Emérita Martínez Conde, Patricia Caicedo
Solarte, Ana del Socorro Narváez Ordoñez, María Elena Hurtado Tamayo, Gloria

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00571-01

Esneda Beltrán Quintero, Nidia Cuellar Jaramillo, Aura Lilia Valencia Sarmiento,
Maritza Andrade Ángel, Yaneth Vásquez Gaitán, Alba Nubia Ocoro Mina, Nora
Cecilia Rivera Marín, Magnolia Gutiérrez Díaz, Hada Rocío Peña Anturi y Andrés
Julián Santacruz Reina; en contra de la sentencia proferida el 1° de septiembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

Hechos

Narró el señor Osmán Hipólito Roa Sarmiento que el 17 de noviembre de 2022
presentó en nombre de las personas arriba mencionadas, solicitud de
conciliación extrajudicial para lo cual debía convocarse a la Nación, Ministerio de
Educación y al municipio de Cali, Secretaría de Educación; trámite al cual le fue
asignado el radicado E-2022-667246

Que el 15 de diciembre del mismo año la Procuraduría 58 Judicial I para asuntos
administrativos emitió auto exigiendo poderes adicionales y diferentes a los
documentos aportados (contratos de mandato con facultad de apoderamiento) y
el 21 de febrero de 2023 expidió constancia de la audiencia celebrada el 10 de
igual mes y anualidad que declaró fallida por no haber ánimo conciliatorio
respecto de otros convocantes e indicó que no quedó agotado el requisito de
procedibilidad respecto de los aquí accionantes.

Expresa que dicha actuación de la Procuraduría vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal e incurrió en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir poderes adicionales
cuando conforme a la cláusula cuarta de los contratos de mandato celebrados
por cada uno de los accionantes con la sociedad Roa Sarmiento Abogados
Asociados S.A.S. denominada facultad expresa de apoderamiento, se otorgó la
de conciliar y no tuvo en cuenta los argumentos presentados en el recurso de
reposición y en el escrito de subsanación, en cuanto a la idoneidad y validez de
la facultad de apoderamiento, para lo cual citó las sentencias proferidas en las

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acciones de tutela con radicados 11001-03-15-000-2017-00923-01, 11001-03-
15-000-2016-03515-00 y 11001-03-15-000-2016-03167-00; y (ii) defectos fáctico
y sustantivo, considerando la interpretación que realizó de los documentos
aportados al proceso.

Pretensiones

Solicita que se tutelen los derechos invocados y en tal sentido se ordene a la
Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali (i) fijar fecha y
hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación y/o emitir constancia de
haberse agotado ese requisito de procedibilidad al interior del proceso con
radicado núm. E-2022-667246, con respecto a los hoy accionantes, a fin de poder
acudir a instancias judiciales, por lo que debe darse pleno cumplimiento a los
principios constitucionales y legales consagrados en la Constitución Política; y (ii)
tener en cuenta las razones de hecho y de derecho expuestas en el recurso de
reposición presentado contra el auto del 22 de noviembre de 2022, que inadmitió
la solicitud de conciliación prejudicial, y en el escrito de subsanación.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 18 de agosto de 2023, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la acción de la referencia en contra de la Procuraduría
58 Judicial I para Asuntos Administrativos y vinculó a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, y al municipio de Cali, Secretaría de Educación.

Posición de los Accionados y Vinculados

El Municipio de Cali, Secretaría de Educación por conducto de la
Subsecretaria de Calidad Educativa propuso falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no ser la competente para satisfacer las pretensiones, a la vez que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela considerando que no es el
mecanismo adecuado para resolver las controversias de carácter laboral y pago
de acreencias económicas.

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1.3.2. La Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos solo aportó
copia digital del expediente de conciliación extrajudicial con radicado E-2022-
667246.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 1° de
septiembre de 2023 declaró improcedente la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por activa, al considerar que en el expediente no obra
poder especial otorgado por los accionantes a la persona jurídica Roa Sarmiento
Abogados Asociados S.A.S. para adelantar la presente acción constitucional y
que los contratos de mandato profesional no suplen el poder especial para
ejercer este mecanismo, máxime cuando el objeto de ellos es «Obtener el
reconocimiento y pago de primas extralegales acumuladas».

IMPUGNACIÓN

El abogado Osmán Hipólito Roa Sarmiento impugnó la sentencia de primera
instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y,
adicionalmente, afirmó que el Tribunal precitado no tuvo en cuenta de manera
detallada los documentos que se anexaron con el expediente de tutela, los cuales
demostraban que aquel se encontraba facultado para promover la solicitud de
amparo, comoquiera que la cláusula cuarta de cada uno de los contratos de
mandato suscritos por cada accionante con la sociedad ROA SARMIENTO
ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. estableció lo siguiente:

«[…] CUARTA: FACULTADES DEL MANDATARIO: a) FACULTAD EXPRESA DE
APODERAMIENTO: EL MANDANTE faculta expresamente AL MANDATARIO a
otorgar y revocar poderes, para adelantar los trámites administrativos y/o judiciales
o extrajudiciales que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del presente
contrato b) EL MANDATARIO queda ampliamente facultado para decidir sobre la
presentación de cualquier actuación jurídica de acuerdo a su idoneidad y
experiencia. En caso de que el MANDANTE desee que se presente actuación
jurídica alguna contraria al criterio DEL MANDATARIO deberá expresarlo por
escrito. c) El profesional del derecho designado por EL MANDATARIO será
facultado para desistir, recibir, transigir, sustituir, conciliar, renunciar, reasumir,
solicitar copias de los actos administrativos; pedir inspecciones judiciales, e
interponer los recursos a que haya lugar y en general un poder especial, amplio y
suficiente para adelantar todas las acciones tendientes a obtener la defensa de los
derechos DEL MANDANTE, de conformidad con el estatuto de procedimiento civil
(Art. 77 C.G. del P) […]»

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Adicionalmente, indicó que en el literal D de la cláusula referida se señaló de
manera expresa la facultad de apoderamiento para interponer acciones de tutela
por la vulneración de los derechos fundamentales, por lo que, en cumplimiento
de esa estipulación, allegó el poder conferido a aquel por la señora Ángela
Patricia Rodríguez Villarreal, en calidad de representante legal de la sociedad
Roa Sarmiento Abogados Asociados S.A.S que lo legitima para representar los
intereses de los accionantes. Agregó que la acción de tutela es un trámite o
actuación jurídica necesaria para el cumplimiento del objeto de los contratos de
mandato allegados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A fin de decidir la impugnación presentada la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) Legitimación en la causa para accionar en tutela, II) caso concreto.

Legitimación en la causa por activa

La acción de tutela constituye una herramienta procesal preferente, informal,
sumaria y expedita de protección inmediata de las garantías fundamentales,
frente a situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades públicas, o de los particulares en casos excepcionales.

De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991
se ha considerado por la Corte Constitucional que son requisitos mínimos para la
procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela i) la acreditación de
legitimación en la causa (activa y pasiva), ii) la trascendencia ius fundamental del
asunto, iii) el ejercicio oportuno (inmediatez) y iv) la subsidiariedad.1

Por su parte, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, determina la legitimidad e
interés para ejercer la referida acción constitucional, en los siguientes términos:

«[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien

1 Corte Constitucional, sentencias T-426 de 2021, T-480 de 2016, SU-377 de 2014, entre otras.

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actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales
[…]».

De lo anterior se colige que la acción de tutela puede ser presentada por: i) la
persona que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales,
ii) el representante legal, iii) el apoderado judicial revestido de mandato especial
para el asunto específico, iv) el agente oficioso y v) el defensor del pueblo y los
personeros municipales; de tal manera que debe estudiarse en cada caso
concreto si quien presenta el mecanismo de amparo se encuentra legitimado en
la causa por activa. En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia SU-447
de 2011 expresó:

“2.1.1.1. Con fundamento en lo establecido por el artículo 86 de la Constitución
Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta Corte ha afirmado en
variada jurisprudencia que cualquier persona tiene la posibilidad de promover la
acción de tutela, cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten
vulnerados o amenazados. Esta Corporación señaló cuatro situaciones en las
que existe legitimación para la promoción de la acción: (i) el ejercicio directo de
la acción; (ii) su ejercicio por medio de representantes legales -caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas-; (iii) el ejercicio por medio de apoderado judicial -caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción
se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general
respectivo-; y (iv) por medio de agente oficioso2.”

El Caso concreto

El abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento impugnó la sentencia del primero (1°)
de septiembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declaró improcedente la acción de tutela, por falta de legitimación en la
causa por activa.

Fundamentó su recurso en que el fallador de primer grado no tuvo en cuenta los
documentos aportados en el expediente, puesto que en la cláusula cuarta, literal

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Sentencia T-531 de2002

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d) de los contratos de mandato celebrados entre los accionantes y la sociedad
Roa Sarmiento Abogados Asociados S.A.S. se otorgó expresamente la facultad
de promover acciones de tutela por la vulneración de los derechos
fundamentales, de ahí que la representante legal de la sociedad precitada le
confiriera poder para representar los intereses de los accionantes.

En efecto, en los contratos de mandato profesional suscritos por cada una de los
accionantes con la señora Ángela Patricia Rodríguez Villareal, en calidad de
representante legal de la sociedad ROA SARMIENTO ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S, se estableció lo siguiente:

«[…] CUARTA: FACULTADES DEL MANDATARIO: d) Con este documento,
EL MANDANTE faculta al MANDATARIO, de manera expresa y especial para
que confiera poder al profesional del derecho que este considere idóneo, a fin de
presentar ACCIONES DE TUTELA, por la vulneración de los derechos
fundamentales DEL MANDANTE […]».

Los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en relación con la manera
como deben otorgarse los poderes establecen lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 74. PODERES. Los poderes generales para toda clase de
procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno
o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes
especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente
identificados.
(…)

Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los
poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio

ARTÍCULO 75. DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APODERADOS. Podrá
conferirse poder a uno o varios abogados.

Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social
principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en
el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia
y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda
otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma […]»

Por su parte, la Corte Constitucional tiene establecido que <<la falta de poder
especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial,
aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para
ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo
tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de

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legitimación por activa”3>>.4

Acorde a la normas y la jurisprudencia citadas, considera esta Sala de decisión
que la cláusula contenida en el contrato de mandato que autoriza a la persona
jurídica Roa Sarmiento SAS a “presentar ACCIONES DE TUTELA por la
vulneración de los derechos fundamentales DEL MANDANTE”; en forma general
y anticipada, sin determinar contra qué entidades o personas se dirigirá la acción
de tutela ni cuáles son los derechos fundamentales cuya protección ha de
procurarse (por ser futura e incierta la presunta vulneración) debe tenerse por no
escrita, teniendo en cuenta además, que los derechos fundamentales son
personalísimos.

En consecuencia, el abogado no se encuentra legitimado en la causa por activa
para instaurar la acción de tutela, al no contar con los poderes especiales para el
efecto; razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada.

Al margen, no comprende la Sala la insistencia del abogado en que con la
actuación de la procuraduría se le vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de sus clientes, cuando por una
parte, en asuntos laborales es pacífico el criterio de que la conciliación no
constituye requisito de procedibilidad y por otra, ha podido acudir directamente
ante el juez contencioso para que fuera este quien determinara en última
instancia, si debía tenerse por agotado el trámite con los poderes conferidos (en
caso de que fuera obligatorio).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

3
Sentencia T-658 de 2002, que reitera las sentencias T-207 de 1997, T-693 de 1998,
T-526 de 1998, T-695 de 1998 y T-088 de 1999.
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Sentencia T-292 de 2021

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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00571-01

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia dictada el primero (1°) de septiembre de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la
acción de tutela.

Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Conjuez

Con salvamento de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
.

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