Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00579-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00579-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2023-00579-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
27 de marzo de 2025
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00579-01 (29417)
Demandante: CI PAPELCOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00579-01 (29417)
Demandante: CI PAPELCOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Temas: IVA 2 Bimestre del año 2019. Exención del impuesto a las ventas
por la venta de bienes a sociedades de comercialización
internacional. Requisitos. Deudor solidario. Condena en costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la
sociedad actora y fijó como agencias en derecho la suma de $86.690.130.
ANTECEDENTES
La empresa Refinadora Nacional de Aceites y Grasas SAS (Refinal) fabrica aceite de
soya y derivados. Lo vende a varias empresas, entre ellas a la demandante -
Sociedad Comercializadora Internacional Papecolve SAS-. Esta última lo compró
para exportarlo al Ecuador.
El 22 de agosto de 2019, Refinal presentó la declaración del impuesto sobre las
ventas (IVA) del segundo bimestre del año gravable 2019, la cual fue corregida el 19
de julio de 2019 a través del formulario nro. 3004604388287, y nuevamente el 22 de
agosto de 2019 mediante el formulario nro. 3004605093432. El saldo a favor
liquidado fue solicitado en devolución y por la Resolución nro. 62829001425164 del
22 de noviembre de 2019, la DIAN accedió a esta petición.
Mediante requerimiento especial nro. 20210150400017 del 29 de julio de 2021
notificado electrónicamente el 30 de julio de 2021, la Administración propuso
modificar la declaración privada en el sentido de adicionar ingresos por
reclasificación de ventas a zonas francas, adicionar ingresos por reclasificación de
ventas a sociedades de comercialización internacional, rechazar ingresos por ventas
a sociedades de comercialización internacional y disminución de ingresos por ventas
a zona franca. En consecuencia, establecer un impuesto a cargo e imponer una
sanción por inexactitud.
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Demandante: CI PAPELCOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
FALLO
Así mismo, disponer la vinculación y la notificación de la sociedad C.I. PAPECOLVE
S.A.S. como deudora solidaria de las obligaciones tributarias de la sociedad
REFINAL S.A.S. en relación con el impuesto sobre las ventas -IVA, del periodo 02 de
2019.
El 28 de abril de 2022, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión nro.
202201505000022, por la que modificó la declaración privada en los términos
propuestos en el requerimiento especial. Esta decisión fue notificada el 29 de abril de
2022 a la Contribuyente Refinal y a las sociedades, Seguros Generales
Suramericana S.A., C.I. Papecolve S.A.S. y C.I. Atlantic Global Trading S.A.S., en su
condición de deudores solidarios.
Mediante la Resolución nro. 003288 del 24 de abril de 2024, la DIAN resolvió el
recurso de reconsideración, confirmando la decisión.
DEMANDA
La sociedad CI PAPELCOLVE S.A.S. en Liquidación, en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:
“III. PRETENSIONES PRINCIPALES
1. Se declare la nulidad de la Resolución de Liquidación Oficial de Revisión #
202201505000022 del 28 de abril del 2022 proferida por la División de
Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de la Dirección Seccional de
Impuestos de Aduanas de Palmira, en cuanto las operaciones de exportación son
reales.
2. Se declaré la nulidad de la Resolución Número 003288 de fecha 24 de abril de
2023 proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, en cuanto las operaciones de exportación son reales.
3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que la sociedad CI
PAPECOLVE S.A.S. no tiene responsabilidad del pago por impuesto, sanciones
e intereses respecto de la declaración del impuesto sobre las ventas – IVA
PERÍODO GRAVABLE SEGUNDO BIMESTRE DE 2019, presentada por la
sociedad REFINAL.”.
La demandante invocó como normas violadas, los artículos 29 de la Constitución
Política; 742, 793 del Estatuto Tributario; 164 del Código General del Proceso;
Circulares DIAN 020 del 2018 y 010 de 2022.
Como concepto de la violación, expuso lo siguiente:
Indicó que la exportación de la mercancía que le vendió REFINAL a la
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL se encuentra soportada con los
documentos correspondientes.
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Sostuvo que para vincular como deudora solidaria a la CI PAPECOLVE S.A.S., la
Administración tributaria debió probar que esta sociedad hizo parte en los negocios
que adelantó la contribuyente REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS
S.A.S. (Refinal) y que los mismos se realizaron con propósitos de evasión o abuso.
Precisó que las pruebas invocadas por la DIAN, en las que fundamenta la vinculación
de la sociedad CI PAPECOLVE SAS al proceso, carecen de toda credibilidad y no se
encuentran confirmadas por otros medios probatorios que desvirtúen la veracidad de
los hechos.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo los argumentos que se
resumen a continuación:
Señaló que las ventas realizadas por la sociedad REFINAL S.A.S. a la sociedad CI
PAPEPAPECOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, en el periodo 02 de 2019, no fueron
efectivamente exportadas, razón por la que no cumplieron con lo previsto en los
artículos 481 literal b) del ET y 40-5, 40-6 del Decreto 380 de 2012, para tener la
calidad de exentas. En consecuencia, la Comercializadora Internacional debe
responder solidariamente por las obligaciones tributarias dejadas de pagar por el
proveedor.
Indicó que los documentos allegados por la sociedad demandante no acreditaron la
exportación de los bienes, toda vez que la mercancía no salió del territorio aduanero
nacional al Ecuador, tal como lo certificó la aduana de Ipiales al afirmar que los
camiones reportados no cruzaron la frontera.
Dijo que la expedición del certificado al proveedor, y la no materialización de las
exportaciones constituye prueba suficiente del propósito evasivo y abusivo de la
sociedad C.I. PAPECOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN. De manera que, es
procedente su vinculación como deudor solidario de las obligaciones tributarias de la
sociedad REFINAL S.A.S., en relación con el impuesto sobre las ventas – IVA,
correspondiente al periodo 02 de 2019.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Las razones de la decisión se
resumen así:
Sostuvo que la parte actora está legitimada en la causa por activa, toda vez que el
deudor solidario puede comparecer al proceso judicial sin el contribuyente infractor.
Lo anterior tiene como fundamento la sentencia de unificación de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, proferida el 14 de noviembre de 20191.
1 Exp. 23018, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Expresó que los certificados al proveedor no constituyen prueba suficiente para
acreditar la exportación de la mercancía que fue adquirida por la sociedad
demandante, tampoco las facturas y demás documentos, pues ninguno de ellos
demuestra que la mercancía cruzó la frontera.
Precisó que la Comercializadora Internacional no realizó la exportación de los bienes,
por cuanto se evidencia una omisión en el diligenciamiento de los manifiestos de
carga internacional que realiza la aduana de salida, el reporte de que los camiones
no cruzaron la frontera y la certificación de la empresa transportadora en la que se
afirma que no tuvo relación comercial con la parte actora en el año 2019.
Concluyó que, como consecuencia de la simulación de la exportación, la CI debe
responder como deudora solidaria de la contribuyente que solicitó un beneficio
tributario improcedente.
Finalmente, expresó que procede la condena en costas y fijó las agencias en
derecho por el 3% de la sanción impuesta en la liquidación oficial de revisión
($86.690.130).
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión
con fundamento en los siguientes argumentos:
Reiteró lo expuesto en la demanda. Adicionalmente, señaló que las operaciones de
venta se encuentran soportadas con los documentos correspondientes y que la CI
PAPECOLVE SAS cumplió con los requisitos exigidos legalmente para efectos de la
aplicación del artículo 481 del ET.
Dijo que de acuerdo con el artículo 793 del ET, para vincular como solidaria a la
sociedad demandante, la DIAN debió probar que esta hizo parte de los negocios que
adelantó la contribuyente REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS SAS
y que los mismos se realizaron con propósitos de evasión o abuso.
Señaló que la administración tributaria no asumió la carga de la prueba, pues solo se
limitó a mencionar la norma vinculante (únicamente desde lo sustancial) sin distinguir
que esta tiene sus propias exigencias fácticas para que a un tercero no investigado
pueda atribuírsele la carga tributaria de otra persona.
Finalmente, manifestó que la Administración desconoció el principio de la buena fe y
el artículo 742 del ET, que exige que toda decisión administrativa debe fundarse en
hechos debidamente acreditados.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandada no se pronunció respecto al recurso de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
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Por su parte el Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en
numeral 6º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala estudiará la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
202201505000022 del 28 de abril de 2022, por la que la DIAN modificó la declaración
del IVA del segundo bimestre del año 2019, presentada por la sociedad REFINAL
SAS; y de la Resolución nro. 003288 del 24 de abril de 2024, por la que la
Administración tributaria resolvió el recurso de reconsideración, confirmando la
decisión2.
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación, la Sala establecerá si para la procedencia
de la exención de IVA por la venta en el país de bienes de exportación a sociedades
de comercialización internacional, se cumplió en el presente caso el requisito relativo
a la exportación efectiva de los bienes (artículos 479 y 481 literal b) del E.T.).
Con fundamento en lo anterior, determinará si la COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL tiene la calidad de deudora solidaria frente al IVA del segundo
bimestre del año 2019, a cargo de la sociedad REFINADORA NACIONAL DE
ACEITES Y GRASAS SAS.
Legitimación en la causa por activa
La Sala ha precisado que la legitimación en la causa “es la posibilidad de que la
persona formule o contradiga las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto
activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.
En efecto, las personas con legitimación en la causa se encuentran en relación
directa con la pretensión, ya sea desde la parte activa, como demandante, o desde la
parte pasiva, como demandado”. Además, ha indicado que “la falta de legitimación
en la causa es un presupuesto de la pretensión y no del medio de control” y que “no
subsanarlo a tiempo podría conllevar una sentencia inhibitoria”3.
Así, la legitimación en la causa es un presupuesto para dictar sentencia de fondo,
por lo que debe “existir identidad entre quien alega la pretensión y quien, de acuerdo
con el derecho sustancial, tiene la titularidad del derecho que invoca”4.
2 La Sala observa que dentro del proceso 76001-23-33-000-2023-00601-00, en donde figura la sociedad
REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS SAS y se demandaron los actos administrativos de
determinación del IVA correspondiente al segundo bimestre del año 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca profirió sentencia de primera instancia el 31 de octubre de 2024, por la que negó las pretensiones de la
demanda. Por auto del 6 de febrero de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y el expediente se encuentra al despacho desde el 6 de marzo de 2025 para resolver la solicitud de
aclaración que presentó la DIAN en relación con la providencia que concedió el recurso ante el Consejo de
Estado.
3 Sentencia de 23 de noviembre de 2018, exp. 23171 C.P Stella Jeannette Carvajal Basto.
4 Sentencia de 11 de febrero de 2014, exp. 18456, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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En el presente caso, los actos de determinación del IVA del 2 bimestre del año 2019,
modificaron la declaración privada presentada por REFINAL S.A.S. En esos actos la
DIAN dispuso vincular y notificar a la sociedad C.I. PAPECOLVE S.A.S. como
deudora solidaria de las obligaciones tributarias de la sociedad contribuyente en
relación con el impuesto antes citado.
Dada la necesidad de rectificar y unificar la tesis actual sobre la intervención de los
deudores solidarios, garantes y aseguradoras en los procedimientos de
determinación de tributos, imposición de sanción por devolución improcedente y de
cobro coactivo, la Sala mediante la sentencia de unificación del 14 de noviembre de
20195, señaló lo siguiente:
“Los derechos de contradicción y controversia operan en cualquier procedimiento
administrativo tributario y deben cobijar a todas las personas que puedan resultar
obligadas.
Por esa razón, el acto mediante el cual se vincula a los interesados, esto es, a los
deudores solidarios y subsidiarios –entre ellos garantes y aseguradores-, al
proceso de determinación del tributo tiene como finalidad garantizar los derechos
de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido
proceso a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política y, por ello,
reviste especial importancia que se lleve a cabo de manera tal que permita una
participación real de los terceros interesados en el procedimiento administrativo.
(…) Sin perjuicio del fundamento constitucional que pueda tener la
responsabilidad solidaria o subsidiaria en materia tributaria, los deudores
solidarios o subsidiarios, llamados por la ley a responder de obligaciones o
deberes tributarios ajenos, deben tener la posibilidad de ejercer las garantías
derivadas del derecho al debido proceso, no solamente en el momento de
ejecución coactiva de la obligación tributaria, sino, y especialmente, en el
momento de su determinación.
La responsabilidad solidaria o subsidiaria en materia tributaria exige la
determinación e individualización de las personas solidariamente obligadas en
cada uno de los supuestos legales en que dicha solidaridad resulta exigible, así
como las circunstancias de la solidaridad que les incumbe según lo prescrito por
los artículos 793 y siguientes del Estatuto Tributario.
Es decir, dentro del proceso de determinación de la obligación tributaria que
culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la resolución de
sanción, es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente
responsables – deudores solidarios, garantes y aseguradoras- y las
circunstancias de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de hecho a
que se refieren los artículos 793 y siguientes del E.T., pues así lo exige la
naturaleza misma de la solidaridad, sea legal o contractual.
(…) en virtud del derecho a la igualdad, “la vinculación del deudor solidario al
procedimiento de determinación es constitucionalmente inexcusable”, pues si se
prescindiera de la vinculación del deudor solidario, garante y asegurador se le
otorgaría un tratamiento distinto al que se le dispensa al deudor principal, que
podría contestar el requerimiento inicial, pedir pruebas, ser notificado de la
5 Exp. 23018 CE-SUJ-4-011, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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liquidación oficial, interponer recursos contra ella por la vía administrativa e
incluso acudir ante la jurisdicción contenciosa a fin de discutir su validez.
(…) No hay duda que la finalidad del requisito de notificación de la resolución
sanción a los deudores solidarios, garantes y aseguradoras es otorgarles todas
las garantías para que puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa,
tanto en la vía administrativa como en la judicial”.
Para la Sala es claro que la sentencia de unificación es aplicable al caso concreto
debido a que la Comercializadora Internacional Papelcolve SAS en Liquidación es la
deudora solidaria de las obligaciones tributarias de la sociedad contribuyente
REFINAL S.A.S. en relación con el IVA del 2 bimestre del año 2019, tanto es así que
fue vinculada en los actos de determinación del impuesto antes citado.
En ese sentido, la Comercializadora Internacional goza de legitimación en la causa
por activa por tener un interés directo en las resultas de este proceso y, por ende,
puede ejercer el derecho de defensa para desvirtuar las glosas formuladas en los
actos de determinación tributaria tanto en sede administrativa como judicial, lo cual
trae consigo que con su actuar puedan ser anulados total o parcialmente y, con esto
resulte modificada la situación del contribuyente.
Establecido lo anterior, procede la Sala a realizar el estudio de fondo.
Exención por ventas a comercializadoras internacionales.
El artículo 479 del Estatuto Tributario dispone que se encuentran exentos del
impuesto sobre las ventas los bienes corporales muebles que se exporten, y la venta
en el país de bienes de exportación a sociedades de comercialización internacional,
siempre que hayan de ser efectivamente exportados.
Por su parte, el artículo 481 del mismo estatuto, subrogado por el artículo 27 de la
Ley 49 de 1990 (texto vigente para el periodo gravable en discusión), establece la
calidad de exentos de los bienes enajenados a las sociedades de comercialización
internacional siempre que sean efectivamente exportados, de la siguiente manera:
“Artículo 481. Bienes que conservan la calidad de exentos. Únicamente
conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con
derecho a devolución de impuestos:
a) Los bienes corporales muebles que se exporten;
b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de
comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente
exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios
intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y
cuando el bien final sea efectivamente exportado.
[…]”(Subraya la Sala)
De conformidad con el artículo 1º de Decreto 1740 de 1994, modificado por el
artículo 1º. del Decreto 93 de 2003, “[las Sociedades de Comercialización
Internacional son aquellas sociedades nacionales o mixtas que tengan por objeto la
comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el
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mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, con inscripción
vigente en el Registro de Comercializadoras Internacionales del Ministerio de
Comercio Exterior [hoy DIAN]”. Dichas sociedades pueden contemplar entre sus
actividades, la importación de bienes o insumos para abastecer el mercado interno o
para la fabricación de productos exportables.
El artículo 2 del Decreto 93 de 2003, que modificó el artículo 2 del Decreto 1740 de
1994, define el certificado al proveedor de la siguiente manera:
“Artículo 2. Denomínase Certificado al Proveedor, CP, el documento mediante el
cual las Sociedades de Comercialización Internacional reciben de sus
proveedores productos colombianos adquiridos a cualquier título en el mercado
interno o fabricados por productores socios de las mismas, y se obligan a
exportarlos en su mismo estado o una vez transformados, dentro de los términos
establecidos en el artículo 3 del presente decreto.
Para todos los efectos previstos en este decreto y demás normas que lo
adicionen o modifiquen, se presume que el proveedor efectúa la exportación,
desde:
a) El momento en que la Sociedad de Comercialización Internacional recibe las
mercancías y expide el Certificado al Proveedor, CP, o
b) Cuando de común acuerdo con el proveedor, la Sociedad de Comercialización
Internacional expide un solo Certificado al Proveedor que agrupa las entregas por
ésta recibidas, durante un período no superior a dos meses correspondientes a
un bimestre calendario. En este caso, para efecto de los incentivos otorgados por
el Gobierno Nacional en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la
Ley 67 de 1979, solamente tendrán validez los Certificados al Proveedor, CP,
expedidos a más tardar el día quince (15) del mes siguiente al correspondiente
bimestre calendario de compra.
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en los artículos 479 y 481 del Estatuto
Tributario y en el artículo 1 del Decreto 653 de 1990, el Certificado al Proveedor,
CP, será documento suficiente para demostrar la exención del impuesto sobre las
ventas y de la retención en la fuente, respectivamente.
[…].(Subraya la Sala)
Significa lo anterior que el certificado al proveedor que expiden las C.I. es el
documento que demuestra la exención de IVA establecida para los bienes
corporales muebles vendidos a tales sociedades6. Presunción que es de carácter de
legal y, por tanto, admite prueba en contrario.
Conforme al marco jurídico anterior, para ser beneficiario de la exención del impuesto
a las ventas establecida en el artículo 481 literal b) del Estatuto Tributario, el
vendedor debe probar: (i) la venta en Colombia de bienes corporales muebles; (ii)
que la venta se haga a una sociedad de comercialización internacional, y (iii) la
exportación efectiva de las mercancías enajenadas.
6Sentencia del 17 de septiembre de 2020, Rad. 25000-23-37-000-2014-00081-01(23703), M.P. M.P. Milton
Chaves García.
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En este caso, como se desprende de la copia de las facturas y certificados al
proveedor que se encuentran en el expediente, se halla probado que, durante el
segundo bimestre del año 2019, la Comercializadora Internacional adquirió bienes
[aceite refinado de soya y sus derivados] que fueron vendidos por Refinal. Este es un
hecho no discutido por las partes.
No obstante, lo anterior, la DIAN cuestionó exclusivamente el último requisito previsto
en el artículo 481 literal b) del ET, pues consideró que la mercancía que vendió
REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S. a la CI PAPELCOLVE
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN no fue efectivamente exportada. Razón por la cual, a su
juicio, la contribuyente perdió el beneficio de exención de IVA por los bienes
vendidos a una comercializadora internacional.
En efecto, en la liquidación oficial de revisión, se precisó lo siguiente7:
“La investigación establece que en el numeral 112 - descripción de las
declaraciones de exportación y en las facturas de venta expedidas por C.I.
PAPECOLVE, se indica que por cuenta y orden del destinatario la mercancía
debe despacharse a la Sociedad Civil Exporservicios ubicada en AV. La Prensa
No.OE3-70 Intersección: Andara Barrio: La Concepción Provincia: Pichincha:
Quito Ecuador, haciendo uso del transporte terrestre, correspondiéndole a la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, la Aduana de salida de
la mercancía, por lo cual se realizaron las siguientes verificaciones:
Con oficio No. 115201238-0094 del 9 de marzo de 2021 (folios 969 a 971), se
solicita a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, confirmación
del paso por la frontera hacia Ecuador de los vehículos detallados en los
manifiestos de carga aportados por la Comercializadora Internacional, se adjuntó
una base de datos con lugar, país y fecha en que el transportista recibe las
mercancías; Lugar, país y fecha convenida para la entrega de las mercancías;
No. Manifiesto de Carga; Empresa Transportadora Internacional; Producto
Transportado; Marca del Vehículo; Placa; País del Vehículo; Cantidad
Transportada en Kilos; Nombre y Número de Identificación del Conductor.
El 11 de marzo de 2021 la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Ipiales da respuesta (folio 972 a 974) manifestando que una vez revisada la
información anexa de los bimestres marzo – abril, mayo-junio y julio-agosto de
2019, sobre las operaciones realizadas con C.I. PAPECOLVE S.A.S. NIT.
900.962.644 y C.I. ATLANTIC GLOBAL TRADING S.A.S. NIT. 901.134.559, por
concepto de aceite a granel vendido por REFINANDORA NACIONAL DE
ACEITES Y GRASAS S.A.S. NIT. 900.292.211-4, informa que no se encontró
información alguna en la base de datos de exportación por estas empresas.
Igualmente se anexa base de datos en Excel de las placas de vehículos según
manifiestos de las operaciones realizadas por la vigencia 2019, las cuales
pasaron con mercancías diferentes a la que se solicitan de las operaciones con
C.I. PAPECOLVE S.A.S. NIT. 900.962.644 y C.I. ATLANTIC GLOBAL TRADING
S.A.S. NIT. 901.134.559 por concepto de aceite a granel y una relación de placas
7 Anexos de la demanda – folios 17 a 126.
9
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FALLO
de vehículos que no cruzaron con ninguna mercancía hacia el Ecuador (folio
974)...”.
En respuesta a un requerimiento de información, la empresa de transporte
PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A. -Procam (transportadora reportada en el
manifiesto de carga internacional y carta de porte internacional por carretera), negó
el vínculo comercial con la parte actora y señaló que para el año 2019 fue
suplantada para expedir documentos de trasporte internacional por carretera
fraudulentos. En esta comunicación precisó lo siguiente8:
“… nuestra organización no tuvo vínculos de ninguna índole con la empresa CI
Papecolve SAS (…) durante el año gravable 2019 por esta razón no podemos
aportar la información solicitada (…).
En el año 2019 nuestra compañía al parecer fue víctima de la delincuencia
organizada que ingresó a nuestros sistemas a la aplicación o programa (…)
usurpando nuestros usuarios sin nuestra anuencia (…) se procedió a realizar la
denuncia penal correspondiente ante la fiscalía (…) al parecer se utilizó nuestras
claves para elaborar cartas de portes y otros documentos requeridos en
exportaciones de mercancía…”.
Mediante correo electrónico del 10 de marzo de 2021, la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Palmira solicitó a la de Ipiales confirmación sobre
exportaciones hechas por la parte actora durante los períodos 2, 3 y 4 del año
gravable 20199:
“De manera muy gentil nos permitimos solicitarles validar la veracidad de salida
de mercancía del país con destino a Ecuador de la CI PAPECOLVE SAS (…) y la
CI Atlantic Global Trading SAS (…) quienes realizaron transacciones con el
contribuyente Refinadora de Aceites y Grasas SAS, por concepto de aceite,
durante los períodos 2, 3 y 4 del año gravable 2019”.
La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales en respuesta al oficio
anterior, precisó lo siguiente10:
“… me permito colocar en su conocimiento que una vez revisada en medio
magnético la relación anexa de los vehículos de las placas detalladas en los
manifiestos de carga de los bimestres de marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto
de 2019 de las operaciones realizadas con las empresas CI PAPECOLVE SAS
nit (…) y CI ATLANTIC GLOBAL TRADING SAS nit (…) por concepto de aceite a
granel vendido por el contribuyente REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y
GRASAS SAS con nit (…) informando que no se encontró datos en el archivo de
exportación de la vigencia 2019 realizadas por estas empresas en el cruce de
frontera hacia Ecuador.
De igual manera se anexa la base de datos en Excel: información de las placas
de vehículos según manifiestos de las operaciones realizadas en la vigencia
2019, las cuales pasaron con mercancías diferentes a la que usted solicita en el
8 Antecedentes administrativos – folios 1068 a 1094.
9 Antecedentes administrativos – folios 969 a 971.
10 Antecedentes administrativos – folios 972 a 974.
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oficio; como también se relacionan las placas de vehículos según oficio que no
cruzaron con ninguna mercancía hacia el Ecuador”.
Se advierte que si bien existe la presunción de exportación efectiva derivada de la
expedición y entrega del certificado al proveedor, también lo es que se admite
prueba en contrario, tanto es así que la DIAN desvirtuó dicha presunción con la
respuesta de la transportadora reportada en el manifiesto de carga internacional y
carta de porte internacional por carretera; y, a su vez, con la información allegada
por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, que demuestran que
no se hizo la exportación de la mercancía vendida por Refinal a la Comercializadora
Internacional.
De manera que, las ventas realizadas por la sociedad REFINAL S.A.S. a la
Comercializadora Internacional PAPEPAPECOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, en el
bimestre segundo del año 2019, no se concretaron o materializaron en la exportación
de los bienes vendidos, por lo tanto, no se cumplió con lo previsto en los artículos
481 literal b) del ET y 40-5, 40-6 del Decreto 380 de 2012. En consecuencia, dichas
operaciones perdieron la calidad de ventas exentas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad REFINAL S.A.S. hizo uso de un beneficio
tributario del que no tenía derecho debido al incumplimiento de uno de los requisitos
exigidos legalmente para tal efecto [artículo 481, literal b, del ET, específicamente,
por la no exportación de los bienes por parte de la demandante [Comercializadora
Internacional].
Es de anotar que las Comercializadoras Internacionales tienen la obligación de
expedir los certificados al proveedor y responder por la veracidad y exactitud de los
datos consignados en estos de acuerdo con lo previsto en el artículo 40-5 del
Decreto 380 de 201211. Así mismo, la norma dispone que para efectos de la
responsabilidad solidaria de los impuestos exonerados se aplicarán las disposiciones
del ET, que para el caso que nos ocupa, la DIAN estableció que es el artículo 793,
literal g), el cual dispone:
“ARTÍCULO 793. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el
contribuyente por el pago del tributo:
(…) g) Las personas o entidades que hayan sido parten en negocios con
propósitos de evasión o de abuso, por los impuestos, intereses y sanciones
dejados de recaudar por parte de la Administración Tributaria.
(…) PARÁGRAFO 1o. En todos los casos de solidaridad previstos en este
Estatuto, la Administración deberá notificar sus actuaciones a los deudores
solidarios, en aras de que ejerzan su derecho de defensa”.
11 “ARTÍCULO 40-5. OBLIGACIONES. Las personas jurídicas autorizadas como Sociedades Comercializadoras
Internacionales, en ejercicio de su actividad, tendrán entre otras, las siguientes obligaciones:
(…) 3. Expedir en debida forma, de manera consecutiva y en la oportunidad legal los Certificados al Proveedor.
(…) 4. Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en los Certificados al Proveedor. (…)
Parágrafo. Para efectos de la responsabilidad solidaria en el pago de los impuestos exonerados, en caso de que
a ello hubiere lugar, se aplicarán las disposiciones especiales contempladas en el Estatuto Tributario y demás
normas que la modifiquen o adicionen.”
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Al respecto, se observa que en la Resolución 003288 del 24 de abril de 2023, por la
que se resolvió el recurso de reconsideración, la Administración tributaria dijo lo
siguiente12:
“De acuerdo con las disposiciones normativas, es claro que la sociedad de
comercialización para el momento de entregar el certificado al proveedor, le
surge una responsabilidad solidaria en el pago de los impuestos exonerados, y
les son aplicables las previsiones del artículo 793 del ET.
En efecto, como resultado de las actuaciones de fiscalización e investigación
consagradas entre otras normas en el artículo 684 del ET, se verificó que sobre
las operaciones de venta a las comercializadoras internacionales mencionadas
sobre las que Refinal declaró ingresos exentos del impuesto sobre las ventas, no
cumplen los requisitos exigidos en el artículo 481 literal b) ibidem al demostrarse
que los bienes vendidos por Refinal a las señaladas CI no fueron realmente
exportados; por consiguiente, deben responder en forma solidaria con el
contribuyente con el pago del tributo.
(…) ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR electrónicamente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 563, 564 y 566-1del Estatuto Tributario, y los artículos
4º y 6º de la Resolución 000038 de 30 de abril de 2020 del Director General de la
UAE DIAN, a JOHN JAIRO GUZMAN MUÑOZ, identificado con C.C. 88.188.120,
en calidad de representante legal o a quien haga sus veces, de C.I. PAPECOLVE
S.A.S., NIT 900.962.644-5, en su condición de deudor solidario de REFINADORA
NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S., NIT 900.292.211-4, respecto de la
Liquidación Oficial de Revisión nro. 202201505000022 de 28 de abril de 2022”.
En esas condiciones, la expedición del certificado al proveedor por parte de la
sociedad C.I. PAPECOLVE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, y la no materialización de las
exportaciones que estaban a su cargo por las ventas realizadas por la contribuyente,
constituyen prueba suficiente para demostrar que las operaciones tenían propósito
de evasión. En consecuencia, es aplicable el artículo 793 literal g) del ET, tal como lo
hizo la Administración tributaria en los actos acusados para establecer que era
pertinente la vinculación de la CI en el proceso de determinación de la DIAN contra
REFINAL S.A.S. por concepto del IVA, segundo bimestre, del año 2019.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que no prospera el cargo
propuesto por la apelante y, en esa medida, la Sala procede a confirmar la sentencia
apelada, que negó las pretensiones de la demanda.
Sanción por inexactitud.
En el caso concreto, se demostró que la sociedad REFINADORA NACIONAL DE
ACEITES Y GRASAS S.A.S. reportó ventas exentas que no cumplen con las
condiciones establecidas en el artículo 481 del Estatuto Tributario, que derivaron en
un saldo a favor que no correspondía, razón por la que procede la sanción por
inexactitud impuesta en los actos demandados a la tarifa general del 100%, tal como
lo estableció la DIAN en los actos acusados.
12 Anexos demanda – folios 127 a 181.
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FALLO
Condena en costas
La parte demandante no apeló la decisión del Tribunal en relación con la condena en
costas impuesta a la actora, por lo que la Sala no hará un pronunciamiento al
respecto.
Conforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código
General del Proceso, no procede la condena en costas en segunda instancia, por
cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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