Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00584-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00584-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2023-00584-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de octubre de 2023
Radicación: 76001 23 33 000 2023 00584 01
Accionante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001 23 33 000 2023 00584 01
Accionante: SANDRA SOFÍA MARTÍNEZ CAICEDO
Accionado: JUEZ COORDINADORA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE CALI
Tesis: La acción de tutela es improcedente para ordenar la
reubicación de la parte actora a un cargo igual, o superior
al que ocupaba en provisionalidad, cuando no ha
interpuesto el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ni se acredita la
configuración de un perjuicio irremediable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 1 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Sandra Sofía Martínez Caicedo promovió acción de tutela en
contra de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Cali y, adicionalmente, solicitó la
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vinculación del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales al TRABAJO,
SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO: Ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DEL VALLE que, en caso de que la señora MARICELA MORENO
CORTES se posesione en el cargo que ocupo actualmente, reubique
a la suscrita en un cargo de igual o mayor jerarquía y en cualquier
especialidad de la Rama Judicial hasta que reúna el requisito de
cotización para el reconocimiento de la pensión y sea incluida en la
nómina de esta.
TERCERO: Ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DEL VALLE que, en caso de que la señora MARICELA MORENO
CORTES no se posesione en el cargo que ocupo actualmente, se
abstenga de publicarlo para aplicación de lista de elegibles hasta que
la suscrita reúna el requisito de cotización para el reconocimiento de
la pensión y sea incluida en la nómina […]”. [Mayúsculas y negrillas
en el escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que ha laborado para la Rama Judicial desde el
año 1998, desempeñando el cargo de citadora grado 3 en el Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali, de
manera ininterrumpida.
Manifestó que, por medio de la Resolución nro. 011 del 21 de febrero de
2022, el entonces Juez Coordinador del Centro de Servicios de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali, le reconoció la
estabilidad laboral reforzada en calidad de prepensionada por encontrarse
a menos de tres años de cumplir la edad y las semanas cotizadas que se
requiere para obtener el derecho a la pensión de jubilación.
Anotó que se encuentra en trámite una demanda laboral que instauró en
el año 2022 contra Colpensiones y Porvenir, en la que solicitó traslado de
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fondo de pensiones, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Cali.
Señaló que, a pesar de haberse notificado al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca la precitada resolución del 21 de febrero de
2022, dicha Corporación publicó en el mes de mayo el cargo de citadora
que ocupaba para que se diera aplicación a la lista de elegibles y, una vez
conformada, ésta fue remitida a la juez coordinadora para lo de su
competencia.
Indicó que “(…) la Juez Coordinadora, Dra. SANDRA LILIANA PORTILLA
LÓPEZ, habiéndole comunicado de mi situación previamente, resolvió
nombrar a los integrantes de la lista de elegibles sin haberme notificado
de dichas actuaciones administrativas, mucho menos, tener en cuenta mi
condición laboral en calidad de PREPENSIONADA y mi estado de salud del
cual he aportado las respectivas historias clínicas, en estos momentos me
encuentro con restricciones médicas laborales debido a una caída que
tuve desde mi propia altura el día 12 de noviembre de 2022 donde se me
fisuró el hueso que soporta la prótesis del reemplazo total de la cadera
derecha. Es preciso informar que actualmente se ha nombrado a la señora
MARICELA MORENO CORTES, quien ocupa el tercer y último lugar en la
lista de elegibles, toda vez que los dos primeros integrantes declinaron
del nombramiento (…)”2. (mayúsculas del escrito de tutela).
Arguyó que solicita la protección de los derechos fundamentales al
trabajo, a la seguridad social, en conexidad con el mínimo vital, a la
estabilidad laboral reforzada y al debido proceso administrativo y que
acude a la acción de tutela como medida transitoria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, debido a que “(…) para nadie
es un secreto, que en nuestra sociedad cuando una persona de mi edad
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es retirada de su cargo, difícilmente vuelve a conseguir trabajo, lo que le
estaría afectando su mínimo vital (…)”3.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 23 de agosto de 2023 vía correo electrónico4
ante la oficina judicial de reparto de Cali y correspondió por reparto a la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, por auto
del 24 de agosto de 2023 5 la remitió por competencia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
3.2. Por auto del 25 de agosto de 20236, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca avocó conocimiento de la acción y dispuso notificar al
Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Cali7, como parte accionada, así como vincular al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca8, a la señora Marcela Moreno Cortés9 y a
los demás participantes10 que integran el registro de elegibles del cargo
de citador grado 3 del Centro de Servicios de los Juzgados Penales del
Circuito Especializado como terceros interesados en el resultado del
proceso.
3
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
5
Ibidem.
6
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
7
Esta orden se cumplió el 28 de agosto de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 76001 23 33 000 2023
00584 00.
8
Ibidem.
9
Esta orden se cumplió el 29 de agosto de 2023. Visto en el índice 11 y 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 76001 23 33 000 2023
00584 00.
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Esta orden se cumplió el 29 de agosto de 2023. Visto en el índice 15 y 16 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 76001 23 33 000 2023
00584 00.
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3.3. La presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca allegó escrito11 en el que se opuso a las pretensiones de la tutela
y sostuvo que dicha Corporación no ha incurrido en vulneración alguna de
los derechos invocados por la accionante, comoquiera que la competencia
para determinar la existencia de alguna situación administrativa y decidir
sobre la aplicación o no de efectos frente a la lista de candidatos
formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura, le corresponde a la
autoridad nominadora que para el caso concreto es la Juez Coordinadora
del Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado
de Cali.
Precisó que la solicitud de amparo presentada no cumple con el requisito
de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la parte actora no ha agotado
los mecanismos ordinarios existentes en el ordenamiento jurídico para
debatir las decisiones adoptadas por medio de actos administrativos.
Finalmente, solicitó que se declare que el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca no ha violado derecho fundamental alguno
a la señora Martínez Caicedo y que, en consecuencia, se desvincule a
dicha Corporación del trámite tutelar.
3.4. La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali rindió informe12 en el
que expuso que es cierto que en la hoja de vida de la accionante obra la
Resolución nro. 011 del 21 de febrero de 2022 proferida por el juez
coordinador que la antecedió, por medio de la cual se reconoció “(…) el
derecho a la estabilidad laboral de la empleada Sandra Sofía Martínez
Caicedo (…)”.
Explicó que en la parte considerativa del precitado acto administrativo se
indicó que, para la fecha de su emisión, la señora Martínez Caicedo
contaba con un total de 1227 semanas cotizadas y 56 años de edad. En
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
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ese sentido, afirmó haber requerido en varias oportunidades a la hoy
accionante para que actualizara la información respecto al número de
semanas cotizadas, quien solo respondió haciendo referencia a un
traslado de fondo de pensiones que se encontraba en trámite, sin
mencionar nada frente a las semanas cotizadas.
Adujo que, mediante oficio C.S.A. 140 del 21 de marzo de 2023, reportó
la vacante que estaba ocupando en provisionalidad la hoy accionante
aclarando que “(…) ante el silencio reiterado por parte de la empleada, y
en cumplimiento de mis deberes legales y constitucionales, debía
proceder en ese sentido (…)”.
Agregó que el 6 de junio de 2023 recibió la Resolución nro. CSJVAR23-
547 del 26 de mayo de 202313, razón por la cual procedió a nombrar en
el cargo de citador a la primera persona de la lista de elegibles, quien
declinó del nombramiento. Por lo anterior, procedió a nombrar al siguiente
de la lista, quien guardó silencio, por lo tanto, revocó dicho nombramiento
y finalmente nombró a la señora Maricela Moreno Cortés.
Aseveró que ha actuado conforme lo establece la Ley 270 de 1996,
tratando de ponderar los derechos de la persona que goza de estabilidad
laboral reforzada, con los derechos al mérito, “(…) encontrando un silencio
total por parte de la señora accionante SANDRA SOFIA MARTÍNEZ
CAICEDO (…)”.
En cuanto al estado de salud al que hace referencia la accionante, aclaró
que “(…) reposa en su hoja de vida, con fecha del 09 de diciembre de
2022, bajo la anterior Coordinación, que la señora SANDRA después de
una incapacidad por una caída en su domicilio, se presentó a trabajar
desplazándose con ayuda de un caminador y sin informar su estado de
13
“Por la cual se formula ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativo
de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali - Valle del Cauca, la Lista de
Candidatos del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo No. CSJVAA17-71
del 06 de octubre de 2017, para cargos de Empleados de Carrera, para proveer en
propiedad (1) cargo de Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo - Grado 3”.
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salud. Razón por la que se le hizo requerimiento por parte del señor Juez
Coordinador del momento, bajo el asunto “obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social”, estableciéndose en esa oportunidad unas
restricciones laborales en favor de la accionante (…)”.
3.5. El señor Jhon Gilberto Giraldo, integrante de la lista de elegibles del
cargo de citador grado 3 del Centro de Servicios de los Juzgados Penales
del Circuito Especializado, remitió correo electrónico14 mediante el cual
informó que, el 4 de julio de 2023 puso en conocimiento del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali que
ya no aceptaría el precitado cargo debido a que reside en Tuluá.
3.6. La señora Maricela Moreno Cortés presentó escrito 15 en el que
manifestó que, si bien puede ser legítimo el reclamo de la parte actora
por considerar que existen irregularidades en su desvinculación de la
función pública, ese asunto le concierne resolverlo exclusivamente a la
justicia contenciosa administrativa, razón por la cual estima que la
accionante debe demandar el acto administrativo que declaró la
insubsistencia de su cargo.
Alegó que no puede recaer sobre ella la responsabilidad en la
desvinculación de la señora Martínez Caicedo, comoquiera que participó
legítimamente del concurso de méritos convocado a través del Acuerdo
nro. CSJVAA17-71 del 6 de octubre de 2017 y cumplió con todas las
etapas previstas en el proceso, así como con los requisitos legales para
ser nombrada en el cargo de citadora del Centro de Servicios de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali.
Finalmente, solicitó su desvinculación del trámite tutelar teniendo en
cuenta que no tiene competencia legal para intervenir en las pretensiones
de la accionante y es a la accionada a quien le corresponde resolverlas de
fondo.
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Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
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Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 1 de
septiembre de 202316, negó la solicitud de amparo.
Explicó que, conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional, la
estabilidad laboral reforzada se predica únicamente de quienes (i) se
encuentren amparados por fuero sindical, (ii) se hallen en condiciones de
invalidez o discapacidad, (iii) las mujeres en estado de embarazo y (iv)
quienes estén próximos a pensionarse, por lo que, si bien en el caso de
los empleados provisionales constituye una causal válida para el retiro la
provisión en carrera de quien ganó el concurso de méritos, lo cierto es
que, no pueden desconocerse las condiciones especiales de quienes serán
removidos con ocasión de la lista de elegibles.
Expuso que jurisprudencialmente es conocido que, adquiere la estabilidad
laboral reforzada por fuero de pensión el trabajador al que le faltan tres
años o menos para completar el mínimo de semanas de cotización
exigidas en el régimen de prima media con prestación definida para
obtener la pensión, siendo actualmente exigibles 1300 semanas.
Resaltó que, “(…) cuando el único requisito faltante es la edad, no puede
predicarse la condición de pre pensionado, pues tal como lo explicó la
Corte Constitucional en la Sentencia SU 003 de 2018, si se acredita el
cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, en caso de
desvinculación, no se frustra el acceso a la pensión de vejez, de allí que
no haya lugar a considerar que la persona beneficiaria del fuero de
estabilidad laboral reforzada de pre pensionable, dado que el requisito
faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con
o sin vinculación laboral vigente (…)”.
16
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
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En cuanto al régimen de ahorro individual con solidaridad, indicó que, si
bien los requisitos para alcanzar la pensión son distintos, prevaleciendo
el deber del afiliado de acumular capital suficiente que le permita financiar
una pensión superior al 110% del salario mínimo vigente, para los
afiliados a dicho régimen también aplica la condición de pre pensionable.
Al respecto, adujo que la Corte Constitucional ha señalado que podrá
gozar de tal condición “(…) quien se encuentre a tres años o menos de
alcanzar el monto mínimo previsto para acreditar el derecho o, acudiendo
a la analogía con lo dispuesto para los afiliados al Régimen de Prima
Media, quien esté a tres años o menos de contemplar las semanas que le
permitan ser beneficiario de la garantía de la pensión mínima (…)”.
Precisó que la garantía de la pensión mínima de que trata el artículo 65
de la Ley 100 de 1993 consiste en que, el afiliado del régimen de ahorro
individual que no haya alcanzado el monto para financiar una pensión en
cuantía del salario mínimo, pero haya alcanzado la edad de pensión (57
años para las mujeres y 62 años para los hombres) y hubiese cotizado
por lo menos 1150 semanas, tendrá derecho a que el Gobierno Nacional,
en desarrollo del principio de solidaridad, le complete la parte que haga
falta para obtener una pensión en cuantía de un mínimo.
Frente al caso en concreto, anotó que a la señora Maricela Moreno Cortés
le asiste una prevalencia por tener mejor derecho para ocupar el cargo de
citador grado 3 del Centro de Servicios de los Juzgados Penales del
Circuito Especializado de Cali, debido a que superó las fases clasificatorias
y eliminatorias del concurso de méritos hasta hacer parte de la lista de
elegibles; sin embargo, aclaró que “(…) tampoco desconoce la Sala que,
con la aplicación de la lista de elegibles puede surgir (…) una
confrontación o tensión entre derechos de quien ganó el concurso de
méritos versus quien ejercía el cargo en provisionalidad y goza de
condiciones especiales que le otorgan una estabilidad laboral, como es el
caso de los pre pensionados (…)”.
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Manifestó que, aunque la accionante afirmó encontrarse en condición de
prepensionada, al revisar la historia laboral que fue solicitada
telefónicamente, se evidenció que con corte a 31 de agosto de 2023
cuenta con (i) 57 años, (ii) ha cotizado 1311 semanas, (iii) ha acumulado
un capital de $134.773.888 pesos y (iv) se encuentra afiliada al régimen
de ahorro individual con solidaridad en la AFP Porvenir, razón por la cual,
concluyó que la señora Martínez Caicedo no está en condición de
prepensionada.
Argumentó que, si bien es cierto que la accionante no goza aún de la
mesada pensional y a pesar de desconocerse si ha acumulado capital
suficiente para financiar una pensión del 100% superior a un salario
mínimo, lo cierto es que al tenor de lo señalado por la Corte Constitucional
podría acceder ahora mismo a la pensión de garantía mínima de que trata
el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 aplicable para el régimen de ahorro
individual con solidaridad y, en tal sentido, con la desvinculación por
aplicación de la lista de elegibles, no quedaría frustrada su expectativa de
adquirir la pensión.
Recordó que la aplicación de la lista de elegibles constituye una causal
válida para la desvinculación de un empleado en provisionalidad, sin
embargo, aseveró que la accionante cuenta con un mecanismo de defensa
jurisdiccional para debatir la legalidad del acto de retiro.
Subrayó que “(…) la actora señaló que demandó la nulidad del traslado
de afiliación del fondo público al privado, aspirando retornar con sus
aportes a COLPENSIONES, circunstancia que merece dos conclusiones,
siendo la primera que, dicho pleito no impide per se su retiro en condición
de provisionalidad por cuanto sería contrario a derecho pretender la
continuidad en el cargo hasta tanto se solucione la contienda, habida
cuenta que un proceso en curso no apareja ninguna de las condiciones
especiales descritas por la Corte Constitucional para ser merecedora de
la estabilidad laboral reforzada; y la segunda conclusión consiste en que,
de salir vencedora en el proceso judicial y lograse el traslado a
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COLPENSIONES, ya cuenta con más de 1.300 semanas para conseguir el
derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media (…)”.
Sostuvo que, la accionante tiene la posibilidad de elegir si solicita ante
Porvenir la garantía de pensión mínima de no haber alcanzado el capital
suficiente para financiar su pensión, completando el Gobierno el
excedente para obtener una mesada en cuantía del mínimo o, si espera
el resultado del proceso judicial de nulidad de traslado y en caso positivo,
solicitar la pensión ante Colpensiones al contar con más de 1300
semanas.
Finalmente, arguyó que al no verse impedida la posibilidad de acceder a
la pensión con el retiro del servicio por la aplicación de la lista de elegibles,
no se encontró que se haya trasgredido derecho alguno, especialmente al
no tener la accionante la condición de prepensionada, comoquiera que ya
cuenta con los requisitos que la habilitan para gozar de una mesada
pensional.
4.2. De otra parte, el 5 de septiembre de 2023, la accionante envió correo
electrónico 17 con destino a este trámite tutelar en el que solicitó se
ordenara a la accionada que se abstuviera de posesionar en propiedad a
la señora Maricela Moreno Cortés hasta tanto no se resolviera su situación
laboral y pensional, y que de ser posible sea reubicada en otra
dependencia a un cargo igual o superior al que desempeñaba.
Lo anterior, por cuanto fue notificada por la secretaria del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali que
ese día, esto es, el 5 de septiembre de 2023, culminaban sus labores
porque el 6 de septiembre de 2023 se posesionaría en el cargo de citador
grado 3 la señora Moreno Cortés.
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Por auto del 5 de septiembre de 202318, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó la solicitud de medida cautelar requerida por la parte
actora, teniendo en cuenta que en la sentencia de primera instancia
proferida el 1 de septiembre de 2023 se negaron las pretensiones de la
acción de tutela, por lo tanto “(…) la solicitud de medida queda subsumida
en el fallo, el cual fue objeto de notificación a las partes (…)”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó19
manifestando lo siguiente:
Frente al argumento del a quo, de que puede acudir a la jurisdicción
contenciosa para debatir la legalidad del acto de retiro, la accionante
indicó que “(…) para quienes laboramos en la administración de justicia
por tantos años, equivalentes a 22 años largos, como yo no es un secreto
que por razón de la exagerada carga laboral y los pocos recursos para
afrontarla, los litigios judiciales no se resuelven en los tiempos legalmente
contemplados (…)”.
Agregó que “(…) aunque existe la vía administrativa para demandar la
presentación de la demanda, no resuelve la manera de acceder de
inmediato al mínimo vital de una persona de 57 años, con graves falencias
en la salud que no tiene un ingreso diverso al salario que percibe como
notificadora del Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos de
los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali (…)”.
Alegó que discrepa del segundo argumento del a quo respecto a que no
se encuentran frustradas sus expectativas pensionales porque ya cuenta
con los requisitos para acceder a ella, y agregó que no se advirtió que la
decisión de pensionarse no está en sus manos pues el traslado del fondo
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Radicación: 76001 23 33 000 2023 00584 01
Accionante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
de pensiones privado a Colpensiones no ha sido resuelto en segunda
instancia, por lo tanto, no se ha definido a quien debe solicitar su pensión.
Anotó que el a quo sugiere que se dirija al fondo privado y reclame la
garantía mínima de la pensión, ante lo cual expuso que aspira a una
mesada pensional mayor, acorde con sus necesidades básicas y las de las
personas que dependen de ella, razón por la cual presentó la demanda
laboral de nulidad del traslado de fondo, que se ha convertido en “el
obstáculo insalvable por el cual no he podido tramitar mi pensión”.
Señaló que el único ingreso con el que cuenta para su subsistencia es el
salario que devenga como notificadora, y que “(…) tener los requisitos
para acceder a la pensión, pero no tener la certeza a quien reclamarlos
es una circunstancia que amerita el amparo temporal para una persona
de escasos recursos que, por la edad y estado de salud, difícilmente puede
acceder a alguna alternativa para derivar su sustento (…)”.
Expuso que “(…) no está en mis manos el iniciar el proceso administrativo
de reconocimiento de la pensión, yo no interpuse ningún recurso son
trámites ajenos a mi voluntad que no fueron atendidos ni evaluados por
la señora Coordinadora, como tampoco fueron analizados en el fallo de
primera instancia y es por lo que respetuosamente les pido REVOCAR el
fallo de primera instancia y salvaguardar mis derechos fundamentales
vulnerados, conforme lo he explicado en el texto de la acción de tutela
(…)”.
Arguyó que la discusión de fondo es “(…) como se garantiza la estabilidad
laboral de la accionante por las particularísimas circunstancias por las que
atraviesa mientras recibe el reconocimiento de su derecho pensional,
frente a la tensión de derechos de una persona que, si bien accedió a un
legítimo derecho con ocasión del concurso, tiene más alternativas para
hacerlo valer pues no es la única vacante existente en Cali respecto de
dicha categoría (…)”.
13
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Accionante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Por auto del 13 de septiembre de 2023 se concedió la impugnación20 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto de la misma fecha,
esto es, el 13 de septiembre de 202321.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 1991 22 , en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201523, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 24 , así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201925 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:
20
Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 01.
22
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
23
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
24
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela".
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
26
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
14
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6.2.1. Que la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo nació el 8 de octubre
de 1965, por lo tanto, actualmente cuenta con 58 años de edad27.
6.2.2. Mediante la Resolución nro. 011 del 21 de febrero de 202228, el
entonces Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali reconoció a la señora
Sandra Sofía Martínez Caicedo la garantía constitucional de la estabilidad
laboral reforzada en su calidad de prepensionada, por faltarle menos de
3 años para completar la edad y las semanas exigidas para acceder a la
garantía de pensión mínima de vejez.
6.2.3. Según certificación del 22 de febrero de 2023 29 suscrita por el
secretario del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, consta que en
ese despacho cursa demanda ordinaria laboral de primera instancia
adelantada por la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo contra
Colpensiones, Porvenir S.A. y Colfondos S.A., proceso en el cual se profirió
sentencia el 21 de octubre de 2022 accediendo a las pretensiones de la
demandante. Adicionalmente, se indicó que el expediente fue remitido a
la Sala Laboral del Tribunal Superior para ser revisado en el grado
jurisdiccional de consulta y a la fecha de la expedición de dicha
certificación, no había regresado al juzgado.
6.2.4. Mediante la Resolución nro. 029 del 11 de agosto de 2023 30
expedida por la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, se revocó el
nombramiento en propiedad al señor Andrés Alberto Parra Ortegón como
citador grado 3 del mencionado centro de servicios, que se hizo mediante
la Resolución nro. 021 del 5 de julio de 2023. En consecuencia, se nombró
en propiedad en el precitado cargo a la señora Maricela Moreno Cortés.
27
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
28
Documento aportado por la accionante. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
29
Documento aportado por la accionante. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
30
Documento aportado por la accionada. Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
15
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6.2.5. En la “Historia laboral consolidada” 31 de la accionante que se
aportó, expedida por la AFP Porvenir, se videncia que la señora Martínez
Caicedo tiene un total de 1311 semanas cotizadas.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el a quo negó el amparo, bajo la consideración
de que (i) la lista de elegibles constituye una causal válida para la
desvinculación de un empleado en provisionalidad, sin embargo, la
accionante cuenta con un mecanismo de defensa jurisdiccional para
debatir la legalidad del acto de retiro, y que (ii) la señora Martínez Caicedo
no se encuentra en condición de prepensionada, comoquiera que, con
corte a 31 de agosto de 2023, cuenta con 57 años, ha cotizado 1311
semanas, acumulado un capital de $134.773.888 pesos y se encuentra
afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en la AFP
Porvenir, razón por la cual, al tenor de lo señalado por la Corte
Constitucional, puede acceder a la pensión de garantía mínima de que
trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, aplicable para el régimen de
ahorro individual con solidaridad.
La accionante alegó en el escrito de impugnación que discrepa de la
decisión del a quo porque, si bien reconoce que existe otra “vía
administrativa” para debatir la legalidad del “acto de destitución”, esta
toma mucho tiempo y no resuelve “(…) la manera de acceder de inmediato
al mínimo vital de una persona de 57 años con graves falencias en la salud
que no tiene un ingreso diverso al salario que percibe (…)”32.
La Sala considera que, en ese evento no se cumple el requisito de
subsidiariedad por las razones que pasan a explicarse.
31
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00. En el fallo de tutela de primera instancia,
al a quo indicó que este documento fue solicitado telefónicamente por el despacho.
32
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 76001 23 33 000 2023 00584 00.
16
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El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable33.
En ese sentido, y de conformidad con el numeral primero del artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional debe apreciar 1) la
existencia del medio de defensa judicial, 2) su eficiencia en relación con
las circunstancias concretas del solicitante y 3) establecer si se acredita
el perjuicio irremediable34.
En cuanto a la existencia de otro medio de defensa judicial
(i) En este asunto, la inconformidad que expuso la accionante en el escrito
de impugnación radica en que fue desvinculada del cargo de citadora que
ocupaba en provisionalidad, pese a que goza de una estabilidad laboral
reforzada debido a que afirma tiene la calidad de prepensionada. En ese
sentido, de acuerdo con las pretensiones formuladas, lo que persigue es
que sea reubicada en un cargo de igual o superior jerarquía al que
ocupaba.
(ii) La Sala advierte que la acción de tutela, por regla general, no procede
para ordenar el reintegro de un funcionario público, debido a que existen
otros mecanismos judiciales que permiten ejercer una apropiada defensa,
tal como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo35.
En efecto, la Corte Constitucional ha explicado de manera reiterada que
la tutela es improcedente “(…) cuando se solicita el reintegro de
empleados públicos a sus cargos, toda vez que los actos administrativos
por medio de los cuales la administración decide separarlos de los mismos
33
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
34
Sentencia T- 554 del 20 de noviembre de 2019.
35
Sentencia T- 595 del 31 de octubre de 2016.
17
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pueden controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, salvo que se evidencie la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
pues en estos eventos dicho medio de defensa no proporciona una
protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados y,
en consecuencia, el amparo constitucional procedería de forma
excepcional36”.
(iii) En ese sentido, la parte actora cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del
acto administrativo que dispuso su desvinculación del cargo que ocupaba
en provisionalidad y, a manera de restablecimiento del derecho, solicitar
el reintegro a la Rama Judicial y la reubicación en un cargo igual o de
mayor jerarquía.
(iv) De igual forma, en el escrito de impugnación la accionante manifestó
que, si bien existe otra “vía administrativa” para cuestionar la legalidad
del acto “de destitución por aplicación de registro de elegibles”, “los
litigios judiciales no se resuelven en los tiempos legalmente
contemplados”.
En lo relacionado con dicho argumento, es preciso anotar que, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo para resolver este tipo
de asuntos, dado que en cualquier momento del proceso es posible
solicitar las medidas cautelares para proteger y garantizar el objeto de la
litis, las cuales pueden consistir “(…) en la suspensión de efectos del acto
administrativo cuestionado. De igual manera, es posible que el juez
imponga a la contraparte obligaciones de hacer, como por ejemplo ser
nombrado en provisionalidad en otro cargo, mientras se resuelve el
asunto de fondo37” que, en últimas, es lo que pretende la accionante.
36
Sentencia T- 500 del 22 de octubre de 2019.
37
Sentencia T 554 del 20 de noviembre de 2019.
18
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En cuanto a la eficiencia del medio de defensa judicial en relación
con las circunstancias concretas del solicitante
Frente a este punto, la parte actora alegó que la accionada, al nombrar a
la señora Maricela Moreno Cortés en el cargo de citador grado 3 que
ocupaba no tuvo en cuenta su condición de prepensionada reconocida por
el anterior Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali.
Al respecto, lo primero que se precisa es que, en la sentencia SU-003 de
2018, la Corte Constitucional definió el alcance del concepto de
prepensionado así: “(…) acredita la condición de pre pensionables las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están
próximas (dentro de los tres años siguientes) a acreditar los dos requisitos
necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de
semanas – o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión (…)”.
(se destaca).
Adicionalmente, en la sentencia T-055 de 2020, la Corte Constitucional
explicó que “(…) quien cotice al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad pueda ser considerado un pre pensionado. Pero dado que los
requisitos para acceder a la prestación de vejez en ese sistema son
sustancialmente distintos, la valoración que haga el juez constitucional
respecto a la aplicación de la estabilidad laboral reforzada para ese tipo
de afiliados debe tener en cuenta ese presupuesto 38 . De manera que
38
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS– encuentra sustanciales
diferencias con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPM– en lo que
tiene que ver, principalmente, con la destinación de los aportes, los requisitos para
acceder a la pensión y el monto de la misma. Mientras en el RPM las cotizaciones de sus
afiliados son dirigidas a un fondo común de naturaleza pública, administrado en la
actualidad por Colpensiones, y los requisitos para el reconocimiento de la pensión de
vejez, así como para calcular su cuantía, están definidos en la ley; en el RAIS los aportes
de la persona constituyen una cuenta individual de ahorro, administrada por una entidad
de orden privado, y el reconocimiento y monto de la misma prestación depende del
capital acumulado (que deberá, como mínimo, permitir el acceso a una pensión superior
al 110% del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993).
19
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podrá gozar de la calidad referida quien se encuentre a tres años o menos
de alcanzar el monto mínimo previsto para acreditar el derecho o,
acudiendo a la analogía con lo dispuesto para los afiliados al Régimen de
Prima Media, quien esté a tres años o menos de completar las semanas
que le permitan ser beneficiario de la garantía de la pensión mínima 39
(…)”. (se destaca).
En ese sentido, la Sala advierte que le asiste razón al a quo al señalar que
la señora Martínez Caicedo no se encuentra en condición de
prepensionada porque, si bien es cierto que no goza aún de la mesada
pensional, al tenor de lo señalado por la Corte Constitucional podría
acceder a la pensión de garantía mínima de que trata el artículo 65 de la
Ley 100 de 1993 aplicable para el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad y, en tal sentido, con la desvinculación por aplicación de la
lista de elegibles, no quedaría frustrada su expectativa de adquirir la
pensión.
Lo anterior, debido a que se encuentra acreditado en el expediente que
la accionante a la fecha tiene 58 años, ha cotizado 1311 semanas, ha
acumulado un capital de $134.773.888 pesos y se encuentra afiliada al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en la AFP Porvenir.
Bajo dicho contexto, la Sala le precisa a la accionante que al hacer
referencia a que cumple con los requisitos para acceder a la pensión
mínima en el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo indicó el a quo,
no implica que se le esté manifestando que debe solicitar esa prestación,
sino que, como lo pretendido en la acción de tutela es que se le reconozca
la estabilidad laboral reforzada porque alega su condición de
prepensionada, lo que se le está indicando es que no la tiene, porque ya
39
Ley 100 de 1993, artículo 65. “Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad
si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar
la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado
por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno
Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta
para obtener dicha pensión. // Parágrafo: Para efectos del cómputo de las semanas a
que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente Ley”.
20
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puede acceder a dicho reconocimiento y, en ese sentido, la desvinculación
del cargo no frustraría su derecho a la pensión.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, no sobra advertir
que, en todo caso, la Corte Constitucional también ha dicho que la mera
condición de prepensionado no hace procedente la acción de tutela,
puesto que, además de cumplir con los requisitos de dicha garantía, el
accionante debe acreditar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para
que la tutela sea procedente40.
En cuanto al perjuicio irremediable
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que el
perjuicio sea irremediable debe cumplir con las siguientes características,
(i) ser inminente o próximo a suceder; (ii) grave, esto es, que implique la
afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente
significativo para la persona; (iii) que requiera medidas urgentes para
superar el daño y (iv) que las medidas de protección sean
impostergables41.
En este punto, la parte actora alegó que acudió a la solicitud de amparo
para prevenir la consumación de un perjuicio irremediable porque el
nombramiento en propiedad de la persona de la lista de elegibles afecta
su derecho al mínimo vital al ser desvinculada del cargo porque su único
ingreso es el salario que devengaba como “notificadora” del Centro de
servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Cali y que “(…) para nadie es un secreto, que en nuestra
sociedad cuando una persona de mi edad es retirada de su cargo,
difícilmente vuelve a conseguir trabajo, lo que le estaría afectando su
mínimo vital (…)”42.
40
Sentencia T- 554 del 20 de noviembre de 2019.
41
Corte Constitucional. Sentencia T-318 de 2017.
42
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Respecto de este argumento, se recuerda que, la Corte Constitucional ha
dicho que, le corresponde al accionante demostrar la vulneración de su
mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están siendo
insatisfechas, pues “(…) no sólo basta hacer una afirmación llana respecto
de la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir
acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación,
que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación”43. En
ese mismo sentido, ha establecido que la carga de la prueba en las
acciones de tutela le incumbe al actor de acuerdo con el principio “onus
probandi incumbit actori” de modo que “(…) quien pretenda el amparo de
un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda su
pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza
y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho”44.
Por último, en cuanto a la edad, está acreditado que la señora Martínez
Caicedo tiene 58 años de edad, por lo tanto, no se trata de una persona
de la tercera edad que requiera especial protección constitucional, puesto
que no ha superado la expectativa de vida certificada por el DANE45. Al
respecto, la Corte Constitucional ha indicado que “(…) la esperanza de
vida al nacer para la totalidad de la población en Colombia (sin distinguir
entre hombres y mujeres) se encuentra estimada en los 76 años. Por lo
tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando
supere esa edad, o aquella que certifique el Dane para cada período
específico”46.
Conforme con lo expuesto, la tutela es improcedente comoquiera que, por
regla general, no es el mecanismo judicial para ordenar el reintegro de la
accionante para ser reubicada en otro cargo igual o de mayor jerarquía al
que desempeñaba en provisionalidad, dado que el acto administrativo que
ocasionó la desvinculación puede ser controvertido en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo y, además no se acreditó la ocurrencia de
43
Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 26 de febrero de 2001.
44
Corte Constitucional. Sentencia T-571 del 4 de septiembre de 2015.
45
Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2019.
46
Ibidem.
22
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un perjuicio irremediable, ni que goce de estabilidad laboral reforzada por
condición de prepensionada, o que requiera de especial protección
constitucional por su edad.
En consecuencia, se revocará el fallo proferido el 1 de septiembre de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en consecuencia, se
declarará improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 1 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la
solicitud de amparo, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela interpuesta por la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo,
por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
24
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